• El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria y se dictan otras disposiciones”.
• El Proyecto de Ley de Reforma Tributaria se inscribe en la estrategia integral de consolidación fiscal que lidera el Gobierno nacional. Y prevé recaudo de $21,9 billones para el 2027 y de $32,8 billones para el 2028.
• El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), máximo órgano rector de la política fiscal activó la cláusula de escape de la Regla Fiscal, debido al desajuste macroeconómico.


En el inicio de un nuevo periodo legislativo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó un proyecto de ley de reforma tributaria.

Se trata de una decisión estratégica e inaplazable para el país, cuyo objetivo es aumentar el recaudo de forma progresiva y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin que se afecten los sectores más vulnerables de la población ni la canasta básica familiar. El objetivo es también reducir el gasto tributario y equilibrar las finanzas públicas, con especial atención a la protección del medio ambiente y la salud pública.

En la introducción del texto de exposición de motivos, se reconoce que Colombia enfrenta una coyuntura fiscal excepcional, marcada por un desequilibrio estructural de las finanzas públicas que compromete la estabilidad macroeconómica. Esta problemática es causada, principalmente, por el crecimiento sostenido del gasto inflexible por encima de la dinámica de los ingresos. Ante este panorama, el CONFIS decidió activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal, conforme a lo establecido en la Ley 1473 de 2011 y su reglamentación. Esta medida, excepcional y transitoria, autoriza una desviación acotada de las metas fiscales frente a riesgos que amenazan la estabilidad macroeconómica del país. A diferencia de 2024, cuando la caída transitoria del recaudo desfinanció el PGN, el desbalance actual no responde a un hecho sobreviniente, sino a la rigidez del gasto sin un financiamiento asegurado, generando un desequilibrio acumulativo que trasciende el periodo de Gobierno. El cumplimiento estricto de las metas establecidas en la Regla Fiscal implicaría, en el corto plazo, un ajuste drástico del gasto primario, especialmente en inversión pública, lo que no solo podría afectar la dinámica económica, sino también el bienestar de la población.

De otra parte, el texto sostiene que el uso excesivo de los beneficios tributarios impacta de forma negativa en el recaudo tributario y genera desigualdades horizontales y verticales. Esta situación ha incrementado la complejidad del sistema tributario, desincentivando la inversión y disminuyendo la oferta de empleos por parte de las empresas. Además, fomenta la elusión y evasión fiscal, lo que genera barreras para el desarrollo del país. 

En el análisis del gasto tributario, soporte de la iniciativa, se revela que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) concentra la mayor parte de las pérdidas de ingresos fiscales del país, representando en 2023 un 5,6% del PIB, cifra superior a la registrada en 2022. En conjunto, este costo fiscal superó los $88 billones de pesos para la vigencia 2023, con un crecimiento notable frente al año anterior. Buena parte de este gasto tributario corresponde a bienes y servicios excluidos y exentos, que, si bien se justifican en muchos casos, por razones sociales o de política sectorial, su diseño actual genera beneficios que no siempre son progresivos, reduce el potencial recaudatorio y limita el margen de maniobra para financiar inversión y gasto social de manera sostenible. A diferencia de lo ocurrido en el impuesto sobre la renta, donde se han hecho esfuerzos de contención y racionalización de los beneficios otorgados tanto para personas jurídicas como naturales, en el IVA persiste un amplio espacio para revisar y optimizar su estructura.

En este contexto, resulta necesario emprender una revisión técnica y focalizada del gasto tributario asociado al IVA, con el doble propósito de fortalecer el recaudo y mejorar la equidad del sistema. Ello implica evaluar la pertinencia de las exclusiones y exenciones vigentes, reducir distorsiones de tratamientos diferenciales preferenciales que no cumplen su objetivo distributivo y explorar mecanismos de compensación efectivos para mitigar el impacto sobre las poblaciones de menores ingresos.

Por ello se propone retornar al uso equilibrado de los beneficios tributarios, reduciendo el gasto tributario en IVA y en el impuesto de renta de personas naturales; además de la eliminación parcial o total de los beneficios a sectores económicos o regiones específicas, como es el caso de las tarifas preferenciales del Impuesto sobre la Renta para Personas Jurídicas (IRPJ) otorgadas a hoteles, parques temáticos, parques de ecoturismo, muelles náuticos y mega inversiones, así mismo los beneficios concedidos al sector de energía renovables y la construcción de Vivienda de Interés Social. Dado el caso de que se desee impulsar un sector específico, la Comisión sugiere el uso las transferencias directas al sector desde el Presupuesto General de la Nación (PGN), en donde se facilita la asignación y vigilancia de los recursos públicos.

El Gobierno nacional plantea en líneas generales una senda de consolidación fiscal gradual, que más que imponer un ajuste drástico que ponga en riesgo la recuperación económica y comprometa el funcionamiento del Estado, plantee un esquema transitorio en el que la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal permita financiar el funcionamiento del Estado, corregir de manera progresiva los desequilibrios estructurales y restablecer el equilibrio entre ingresos y gastos a partir de 2028, sin afectar la recuperación económica ni los compromisos sociales del Gobierno. “Esta decisión no implica un relajamiento de la disciplina fiscal, por el contrario, reafirma el compromiso con una planeación financiera y presupuestal realista, creíble y coherente con los objetivos de desarrollo económico y social del país”, advierte el texto. 

La propuesta responde también a la necesidad urgente de proteger y fortalecer la inversión pública, en particular en sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud, transición energética y la articulación entre el territorio y la Nación. La evidencia muestra que, en contextos de desaceleración, reducir la inversión pública no solo amplía las brechas existentes, sino que también debilita los fundamentos del crecimiento a mediano plazo. En este sentido, la sostenibilidad fiscal que plantea el proyecto es un requisito indispensable para alcanzar un crecimiento económico más sólido, equitativo y sostenible. Colombia debe reflexionar sobre la imperiosa necesidad de aumentar la tasa de inversión de la economía por encima del 20% para, de esa manera, aumentar el ingreso nacional. La sostenibilidad de las finanzas públicas requiere que la economía crezca a niveles tendenciales por encima del 3%.

Finalmente, el Gobierno reafirma su compromiso con la construcción de un Pacto Fiscal que convoque a todos los actores sociales y políticos en la búsqueda de soluciones de carácter estructural y de largo plazo. Para ello propone una discusión y trámite del Proyecto de Ley con sentido de corresponsabilidad, dado que su eventual archivo no solo retrasaría el avance hacia una consolidación fiscal sostenible, sino que también podría generar riesgos significativos para la estabilidad económica y la confianza en las finanzas públicas del país.

La experiencia internacional respalda este enfoque: los procesos exitosos de consolidación fiscal en economías emergentes se han sustentado en la combinación de gradualismo, reformas estructurales y sostenibilidad política. El desafío no radica únicamente en el tamaño del gasto, sino en su composición y eficiencia; ni solo en el nivel del recaudo, sino también en la equidad y la eficiencia del sistema tributario.

Con esta propuesta de reforma tributaria se recaudaría $21,9 billones en 2027, equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), $32,8 billones en 2028, $35 billones en 2029 y $37 billones en 2030.

Algunos impactos de la reforma

Entre los sectores afectados por la reforma, está el sector de los combustibles, con un aumento del IVA aumento en el IVA para la gasolina y el ACPM, los biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM, el alcohol carburante y todos los demás combustibles derivados del petróleo. También se aumentará el IVA para vehículos híbridos. Con estas medidas el Gobierno busca un recaudo de $3,6 billones para el 2027 y $8 billones desde el 2028.  

Asimismo, se propone fijar un impuesto del IVA del 19% para los juegos de azar y suerte en línea, lo que generaría ingresos tributarios cercanos a $1,7 billones en 2027. Para las ganancias ocasionales distintas de las loterías, rifas, apuestas y similares se incrementaría la tarifa al 30%.  

Los servicios turísticos para no residentes del territorio colombiano también tendrían que pagar un IVA del 19%. 

De otro lado, se aumentaría la sobretasa aplicable a las instituciones financieras, pasando de 5 puntos porcentuales a 15 puntos porcentuales adicionales sobre la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios.

Otra fuente de recaudo provendría de la eliminación del descuento a los dividendos, que reducían la carga efectiva para algunos contribuyentes, para fortalecer la progresividad del impuesto y generando un recaudo de $984.000 millones en 2028.

La propuesta fue firmada por el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas y 34 congresistas del Pacto Histórico, y se solicita que, de conformidad con el artículo144 de la Ley 5 de 1992 se le dé el trámite de publicación y reparto a la Comisión Permanente correspondiente.