En Casa de Santa Bárbara, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó a los coordinadores y ponentes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Senado de la República y Cámara de Representantes, el Presupuesto General de la Nación, estimado en $556,9 billones de pesos.

“Cada decisión sobre el presupuesto debe tomarse con responsabilidad, porque impacta en sectores sociales y económicos”, insistió el ministro Germán Ávila Plazas, porque reducir el monto tendría implicaciones directas. Igualmente subrayó, que las diferencias entre el Marco Fiscal, el Plan Financiero y el Presupuesto Nacional son normales dentro del proceso de planeación.

Uno de los puntos centrales de su intervención giró en torno a las vigencias futuras, es decir, los compromisos de gasto con proyección a varios años.  El Gobierno Nacional prioriza la inversión de sus recursos a proyectos que realmente avancen, indicó.

Otro de los temas que generó atención, fue el costo de los subsidios de energía y gas, que hoy representan más de $7 billones anuales para los estratos 1, 2 y 3, cubiertos directamente por el Presupuesto de la Nación. Con el nuevo decreto, el Gobierno ajustará las tarifas a los sectores industrial y comercial, sin afectar a las manufactureras, con el objetivo de recaudar $1,5 billones adicionales al año, garantizando la continuidad de los subsidios y, al mismo tiempo, obtener una fuente de apoyo.

Por último, se refirió a la advertencia de la Contraloría General de la Nación sobre el riesgo de interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y aseguró, que es necesario encontrar una solución inmediata al problema, sin embargo, es importante conocer el origen de este. “Nos toca enfrentar la solución al problema, pero analicemos el origen: no fue falta de presupuesto ni de transferencia de los recursos”, afirmó el ministro Ávila.

El interés del Gobierno Nacional por garantizar la cobertura y mejorar la calidad del servicio en los territorios, se ve reflejado en el incremento de los recursos a este programa, los cuales pasaron de $1,26 billones de pesos en 2022 a $2,13 billones en 2025, representando un aumento del 68%. Cabe resaltar que, la destinación de estos recursos y la debida operación del PAE, es también responsabilidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), lo que implica una planificación y ejecución oportuna de los procesos de contratación del servicio.

La capacidad de las ETC para lograr la correcta implementación de este programa ha generado preocupaciones al gobierno. Su compromiso con reducir el hambre se ve afectado por diversas medidas, como el no cumplimiento de los criterios en los procesos de contratación y distribución de complementos alimentarios y deficiencias en los procesos de planeación, entre otras medidas que han causado un impacto negativo.

El ministro Germán Ávila insiste en reafirmar el compromiso de cumplir con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta final de año, por lo que se establecerán métodos de vigilancia y control para garantizar el uso eficiente de los recursos.

Los encuentros para la deliberación y el análisis se desarrollarán a lo largo de la semana esperando obtener un avance en el proceso de presentación del Presupuesto General de la Nación 2026.

En el encuentro estuvieron presentes los parlamentarios Saray Robayo, Wilder Yair Castellanos, Wadith Manzur, John Edgar Pérez, Gloria Liliana Rodríguez, Juliana Aray, Carlos Alberto Carreño, Sonia Bernal, Karina Espinosa, Enrique Cabrales, Richard Fuelantala, Paulino Riascos, Carlos Mario Farelo, Angélica Lozano y Aida Avella.

En la sesión participó el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.