Un nuevo capítulo se desarrolla en el diálogo sobre la Ley de Financiamiento entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República. Durante el primer debate realizado el 26 de noviembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó los ajustes claves realizados al proyecto de ley, que busca recaudar recursos para completar el montón del presupuesto nacional del 2026. 
La propuesta llega después de semanas de concertación con los ponentes y coordinadores de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara, quienes ya habían aprobado el presupuesto por $546,9 billones de pesos, con una reducción de $10 billones, frente a la cifra inicial del gobierno.

Esa decisión se tomó, según recordó el ministro, bajo la claridad de que sería necesario tramitar una Ley de Financiamiento para garantizar el equilibrio fiscal del próximo año. El proyecto inicial contemplado era por $26,2 billones, pero se ajustó a $16,28 billones tras llegar a un consenso. Esta propuesta busca garantizar más equidad, reduciendo los beneficios tributarios, que actualmente favorecen a ingresos altos. Por lo cual, estas medidas no afectarían a la clase media ni a la vivienda familiar. 

Lo que se elimina: ajustes para evitar impactos sociales

En respuestas a las diversas especulaciones y teniendo en cuenta el objetivo principal del gobierno, de hacer una propuesta más justa y conforme a las ganancias de cada ciudadano, se retiraron las siguientes medidas para garantizar que no se ocasionaran efectos sobre la canasta familiar y los sectores sociales más vulnerables. 

•    El aumento del IVA a la gasolina del 5% al 19%.
•    El incremento del IVA al ACPM.
•    IVA a software y servicios en la nube.
•    El impuesto al consumo del 19% para espectáculos culturales y deportivos de más de $500.000.
•    Los impuestos a actividades de las iglesias.
•    Cambios en renta para personas naturales que no generarían recaudo en 2026.

Impuestos focalizados: Mayor ingreso, mayor aporte

El proyecto conserva las medidas consideradas “más progresivas”, dirigidas a patrimonios altos, a personas jurídicas con altos ingresos y a sectores con mayor capacidad de pago. De esta manera, se asegura un aporte consciente en las siguientes medidas:
•    Impuesto al patrimonio: La propuesta mantiene una progresividad que inicia en patrimonios de más de $2.000 millones —excluyendo la vivienda de uso personal— y que llega a tarifas del 5% para quienes superan los $104.800 millones. En total, estas medidas recaudarían cerca de 1,8 billones de pesos.
•    Sector financiero: El proyecto incluye una sobretasa para bancos y otras entidades financieras, ajustando sus tasas efectivas de tributación a niveles que, según el Gobierno, siguen siendo menores a los de sectores como manufactura, agricultura o minería. El recaudo estimado es de $1,2 billones.
•    Impuestos al consumo:
Se mantienen:
•    El IVA a bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky y vinos, excluyendo productos artesanales.
•    El impuesto adicional al tabaco y vapeadores, sustentado en un estudio del Banco Mundial.
•    El IVA del 19% para juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet.
•    El aumento del 20% al 30% en ganancias ocasionales por rifas y apuestas.
En bebidas alcohólicas, el Gobierno redujo el impacto sobre la cerveza, lo que disminuyó la proyección de recaudo inicial de $6,5 billones a $1,9 billones de pesos.
•    Transición energética y economía digital: Se mantienen incentivos para inversiones en energías renovables y un bono fiscal para proyectos de fuentes no convencionales, con un costo fiscal conjunto de $416 mil millones.

Asimismo, se incorpora un impuesto para empresas con presencia económica significativa en Colombia, como plataformas digitales, que recaudaría $220 mil millones.

“Invitamos a los parlamentarios a ser responsables con la economía del país, a ser responsables con la decisión ya tomada frente al presupuesto, y, a evitar que Colombia entre por la vía de una interpretación inadecuada de esta medida de Ley de Financiamiento”, finalizó el ministro Ávila, alertando de los riesgos que representa iniciar el siguiente año con un presupuesto desfinanciado. 

En la actual situación fiscal del país, esta decisión no solo traería un desequilibrio macroeconómico sino la falta de recursos para proyectos sociales fijados por el Gobierno del Cambio en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por lo que, si se mantiene una disposición al diálogo coherente y responsable estos riesgos se evitarían. 
 

¡Conoce el informe completo de los ajustes aquí!