Cerca de 5 mil participantes, representantes de organizaciones de la economía popular, solidaria y comunitaria se reunieron en la Universidad de Tolima entre el 23 y 24 de mayo de 2026 para participar en la Segunda Asamblea Nacional de la Economía Solidaria, Popular y Comunitaria, convocada por la Unidad Solidaria. El principal objetivo de este encuentro fue presentar el Plan Decenal 2026-2026, construido con las mismas comunidades, y diseñar la hoja de ruta para su implementación. 

La participación territorial se estableció como condición de validez política y técnica de la construcción del Plan como política pública. “Sus insumos provienen de 12 foros de discusión realizados en 7 departamentos y 11 municipios del país, con la participación de más de mil personas representativas de las diversas formas de organización de la economía solidaria, popular y comunitaria, de diálogos estratégicos con del Departamento Nacional de Planeación, el SENA y el Ministerio de Trabajo, así como de encuentros académicos con semilleros de investigación de las universidades Javeriana y Nacional de Colombia, así como consulta a expertos en economía popular y política social”. (Pág. 12. Plan Decenal de Economía Popular, solidaria y comunitaria 2026-2036).

La formulación del Plan Decenal de Economía Popular, Solidaria y Comunitaria parte de una premisa fundamental, el trabajo no puede seguir siendo valorado desde los criterios tradicionales de productividad mercantil. En Colombia, una parte sustantiva de la población asegura su subsistencia, sostiene redes de cuidado, genera bienes y servicios, dinamiza economías territoriales y contribuye a la cohesión social a través de formas de trabajo popular, solidario y comunitario que, pese a su centralidad económica y social, han permanecido históricamente subvaloradas por el diseño institucional. 

En este contexto, el Plan Decenal 2026-2036 propone un cambio de enfoque al reconocer que existen formas diversas de trabajo, producción y sostenimiento de la vida que deben ser comprendidas y protegidas desde un enfoque de derechos.

Reconocer el trabajo popular como trabajo con derechos implica, entre otros aspectos, promover la libertad de asociación y la co-colectivización productiva, fortalecer las formas de organización solidaria y gremial, erradicar las múltiples formas de discriminación que atraviesan estos sectores y reconocer el valor económico y social del trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y feminizado. También implica garantizar que las actividades de subsistencia desarrolladas en el espacio público, en el ámbito doméstico, en entornos comunitarios o en unidades productivas de baja escala puedan ejercerse en condiciones de seguridad, salubridad, dignidad y respeto institucional. Desde esta lógica, la superación de la pobreza no puede reducirse a una mejora aislada de ingresos ni a la mera ampliación de oportunidades de mercado. El horizonte transformador del Plan se orienta a la consolidación de una verdadera ciudadanía laboral, para que quienes integran la economía popular, solidaria y comunitaria sean reconocidos como sujetos económicos legítimos, titulares de derechos y actores estratégicos del desarrollo territorial y nacional. La ciudadanía laboral supone no solo acceder a medios de vida, sino hacerlo con protección social, con reconocimiento, con capacidad de organización y con participación efectiva en la definición de las políticas que inciden sobre sus condiciones de existencia.

El Plan Decenal es, por tanto, una apuesta de largo plazo que reordena la relación entre Estado, trabajo y protección social, adecuando la institucionalidad pública a las realidades efectivas de la vida económica en Colombia. “Su propósito no es forzar la adaptación de la economía popular, solidaria y comunitaria a moldes institucionales que históricamente la han excluido, sino transformar gradualmente las condiciones normativas, organizativas y de política pública para que esas economías puedan desarrollarse como espacios de dignidad, autonomía, cooperación y garantía material de derechos. De este modo, el Plan no solo busca responder a una deuda social acumulada, sino abrir un nuevo horizonte de justicia económica y social, en el que el trabajo, en todas sus formas, sea reconocido como fundamento de ciudadanía y como eje estructurante de una economía orientada a la vida”. (Pág. 5. Plan Decenal de Economía Popular, solidaria y comunitaria 2026-2036).

El Plan Decenal se desarrolla en dos bloques, cuyo propósito es transformar las condiciones institucionales, productivas, financieras y de reconocimiento que limitan la consolidación de esta forma de economía, como base para el trabajo digno, la ciudadanía social y una economía para la vida. El desajuste sistémico entre la forma real de trabajo y el diseño institucional de aseguramiento conlleva a que “una enorme proporción de quienes trabajan en la EPSC, no logran convertir su actividad económica en acceso efectivo a protección social. El 88.4% de los propietarios de micronegocios no aporta a salud ni cotiza pensión; en el campo, esta cifra asciende a 97.3%”. (Pág. 51. Plan Decenal de Economía Popular, solidaria y comunitaria 2026-2036).

Los dos bloques del componen estratégico del Plan, son: 

Bloque 1. Garantía material de derechos para:
A. Protección social, aseguramiento variable e ingresos protegidos. B. Productividad, tierras, medios de producción y colectivización. C. Inclusión financiera y superación de créditos de usura, mediante un sistema de financiación que esté por fuera del gota a gota. D. Compras públicas, alianzas público-populares, circuitos cortos de abastecimiento, democratizando el presupuesto de inversión pública. 
Bloque 2: Reconocimiento como sujetos de derecho:
A. Asumir a los actores de la economía popular, social, solidaria y comunitaria como sujetos de derechos, es defender el trabajo, las organizaciones y los garantes constitucionales de los trabajadores populares (como fuero solidario, libertad sindical y representación gremial).
B. Planeación y territorialización: Articular los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con los planes de presupuestos participativos permite linear la visión a largo plazo del territorio con los recursos anuales y las necesidades directas de las comunidades.
C. Capítulo étnico con enfoque diferencial, garantizando la consulta previa, libre e informada, y formas organizativas como resguardos, concejos afro y organización campesina, a través de sus asociaciones de base, cooperativas agropecuarias, sindicatos agrarios y confederaciones nacionales.

Igualmente, el Plan reconoce las interacciones estratégicas entre la economía campesina, la economía comunitaria y la de firmantes de paz. Respecto a la primera se estima que produce el 68% de los alimentos con un 30% de la tierra, y sus principales dificultades son la falta de titulación formal de la tierra, trabajo en parcelas arrendadas y dificultades para acceder a un crédito consecuente con su realidad y con los ciclos agrícolas. Por su parte la economía comunitaria admite a las JAC como sistemas de gobierno en los territorios, junto a 896 resguardos (109 creados en el 2026), y enfrenta como principal barrera la exclusión en la contratación estatal a través, por ejemplo, de las Asociaciones Público-Populares (APPO), reglamentadas mediante el Decreto 874 de 2024, como un mecanismo de contratación estatal directa en Colombia. Frente al sector de Firmantes de Paz, el acuerdo exige economías solidarias; por lo cual hoy los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) operan como nodos productivos, que cuentan con cooperativas de trabajo colectivo. Sin embargo, en muchas zonas rurales se carece de seguridad social y no hay acceso a mercado ni a financiamiento, lo que conlleva al riesgo de la reincidencia a falta de caminos concretos para una economía viable. El Plan propone aseguramiento y fortalecimiento de las APPO en los territorios definidos por el Acuerdo Final. 

El plan cuenta además con un eje transversal en educación popular, género y medio ambiente, que se desarrollaría a través del Sena y programas de cuidado, agroecología, entre otros. Sus siete lineamientos se desarrollan a través de 134 acciones que abarcan diversos sectores, 

Como Trazador presupuestal, se consideran seis fuentes de financiación sostenible: Presupuesto General de la Nación, regalías (OCAD, Paz y ciencia), APPO y compras públicas; Sistema Nacional de Cuidado y cooperación internacional.

Un compromiso del Gobierno del Cambio

Si se considera que el principal pilar de la economía nacional es la popular y solidaria, se entiende la importancia de potenciarla, reconocerla y garantizar su incursión en los circuitos formales del mercado nacional. El gobierno ha reconocido que un promedio de 6,7 millones de micronegocios y más de 13 millones de personas (casi el 55% de la población ocupada) hacen parte de la economía popular en Colombia. Este sector moviliza miles de billones de pesos anuales, y se consolida como la base económica del país, en tanto dinamiza el mercado interno, sostiene el tejido social y es la fuente principal de ingresos para millones de familiar. El pasado mes de marzo Prosperidad Social realizó una inversión histórica de $ 71.193 millones, para fortalecer a más de 5.000 pequeños negocios en los 32 departamentos del país y Bogotá, impulsando emprendedores, pequeños productores, artesanos y otros actores de la economía popular, comunitaria y solidaria” (Presidencia de la República; Inversión histórica de más de $ 71.000 millones para apoyar la economía popular en Colombia”. Bogotá, marzo 13 de 2026).
 
El Consejo Nacional de Economía Popular (CONEP), creado a través del artículo 74 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, se creó como una instancia de coordinación y formulación de la política pública para el fortalecimiento la economía popular bajo los siguientes pilares: (i) marco institucional para su inclusión socioeconómica y sociocultural que fortalezca su de generación de ingresos; (ii) reconocimiento, caracterización y visibilización su magnitud y aporte a sociedad tanto en actividades económicas como no mercantiles o comunitarias; (iií) diseño de alianzas público-populares con el fin de constituir instancias de representación colectiva para la interlocución con el Estado y otros actores, y (iv) procesos de participación vinculantes con actores de la EP, que reconozcan sus realidades y a partir de allí se formulen políticas públicas que les beneficie”.
El Consejo se propuso el diseño de la Ley de Economía Popular, y de la Política Publica de Economía Popular con su respectivo Conpes y un Plan Decenal de Economía Popular, bajo la dirección de Ministerio del trabajo, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Asimismo, los avances logrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE) para democratizar el acceso a las compras del Estado, resultan esenciales para la realización del objetivo de disminuir la brecha social, profundizar la democracia participativa e incluyente y fortalecer a los sectores de la economía popular, con una un margen de intervención actual superior al 35% en la contratación pública colombiana, integrando a micronegocios y pequeños productores, así como los Convenios Solidarios y Acuerdos Marco de Precios.

Las características predominantes de la economía popular, solidaria y comunitaria deben ser reconocidas en su diversidad y tramitadas de acuerdo con sus particularidades. Son estas: autoempleo, ingresos variables, intermitencia ocupacional, y el trabajo familiar, comunitario o asociativo. Estas formas de organización laboral evidencian que el modelo contributivo clásico resulta insuficiente para responder a la realidad de millones de personas. “En consecuencia, el Estado está llamado a avanzar hacia esquemas de universalización progresiva que mitiguen la exposición de estas trabajadoras y trabajadores a contingencias como la enfermedad, la vejez, la invalidez, los riesgos laborales y la inestabilidad de ingresos”. (Pág. 4. Plan Decenal de Economía Popular, solidaria y comunitaria 2026-2036).

Consecuente con esta política social, el Plan reconoce el trabajo popular como una actividad amparada por derechos fundamentales; lo que implica, entre otros aspectos, promover la libertad de asociación y la co-colectivización productiva, fortalecer las formas de organización solidaria y gremial, erradicar las múltiples formas de discriminación que atraviesan estos sectores, como en el caso del trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y feminizado. También exige garantizar que las actividades de subsistencia desarrolladas en el espacio público, en el ámbito doméstico, en entornos comunitarios o en unidades productivas de baja escala puedan ejercerse en condiciones de seguridad, salubridad, dignidad y respeto institucional. 

Desde esta lógica, la superación de la pobreza no puede reducirse a una mejora aislada de ingresos ni a la mera ampliación de oportunidades de mercado. El horizonte transformador del Plan se orienta a la consolidación de una verdadera ciudadanía laboral, en la que quienes integran la economía popular, solidaria y comunitaria sean asumidos como sujetos económicos legítimos, titulares de derechos y actores estratégicos del desarrollo territorial y nacional. 

La ciudadanía laboral supone no solo acceder a medios de vida, sino hacerlo con dignidad, protección social, reconocimiento, capacidad de organización y participación efectiva en la definición de las políticas que inciden sobre sus condiciones de existencia.