Ante la Comisiones Económicas Conjuntas de Cámara y Senado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, aclaró que la medida propuesta no modifica las metas de gasto primario del Gobierno nacional previstas en el Plan Financiero 2026 (actualizado el 9 de marzo), porque corresponde a recursos ejecutados por un establecimiento público.

“La ejecución de los gastos derivados de la adhesión presupuestal es fiscalmente neutral. No compromete las metas fiscales del Plan Financiero de 2026, en la medida en que dependen en su totalidad de un recaudo efectivo de recursos propios por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El registro de estos gastos cuenta con un respaldo equivalente en los ingresos de recaudo, propios de la entidad provenientes, por un lado, de excedentes financieros y de contribuciones parafiscales, lo que garantiza que la operación presupuestal propuesta no genere presiones adicionales sobre el balance fiscal del Gobierno nacional”, sostuvo el ministro.

Con esta medida, el presupuesto de inversión del ICBF pasará de $9,68 billones a $10,18 billones, mientras que el presupuesto de funcionamiento se mantendrá en $1,28 billones, llevando el presupuesto total de la entidad a $11,46 billones. Además, la adición permitirá garantizar la atención de 1.613.096 niños/as en primera infancia, 4.887 personas con discapacidad y 71.644 niños, niñas y adolescentes en protección especial.

Por su parte, la directora general del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, aseguró ante las Comisiones Económicas Conjuntas, que el instituto requiere 19 billones de pesos para cubrir las necesidades reales de atención de niños, niñas y adolescentes en Colombia, defendió la solicitud de adición presupuestal, negó categóricamente fallas en el manejo de los recursos, y aclaró que los llamados excedentes y rendimientos financieros corresponden a mayores recaudos que ingresan a la Cuenta Única Nacional y que solo pueden ser ejecutados una vez el Congreso apruebe su incorporación mediante una adición presupuestal. La adición está dirigida a dar cumplimiento al termino del año con los incrementos estipulados por ley.

La directora demostró con datos puntuales avances muy importantes en el cierre de brechas de atención a la primera infancia, reducción del embarazo adolescente, atención integral mediante estrategias focalizadas en varios territorios para la atención en temas de salud mental infantil, prevención de suicidios y control de retos virales. También demostró avances sobresalientes en inclusión, derechos y subsidios para las madres comunitarias. 

“17 mil madres comunitarias pasaron al subsidio de sustitución pensional, lo que ha exigido realizar ajustes en las coberturas y en la operación territorial del instituto”, puntualizó.

Se espera que la iniciativa impulsada por el ministro de Hacienda cuente con el respaldo del Congreso, dada su importancia social y su impacto en la garantía de derechos para población vulnerable. La Corte Constitucional ha ratificado reiteradamente que los niños, niñas y adolescentes (NNA) son sujetos de especial protección constitucional y, en muchos casos, de protección reforzada, dada su posición de vulnerabilidad y su proceso de desarrollo. Ello significa implica que sus derechos fundamentales prevalecen sobre los de los demás, obligando al Estado, la familia y la sociedad a garantizar su bienestar integral.