El ministro de Hacienda Germán Ávila explicó a la prensa que el plan financiero del gobierno no se resume en una operación de emisión de bonos; son múltiples las operaciones tanto de manejo como de emisión de deuda que se realizan cada año. Para el 2026 el gobierno tiene previsto adelantar operaciones por cerca de 140 billones de pesos entre deuda interna y deuda externa; las cuales ya se vienen desarrollando.

“El mercado confía en la economía colombiana, pero sabemos que hay un problema fiscal”, sostuvo el ministro. “Los gastos inflexibles del Estado ascienden al 93.7% del Presupuesto General, aprobado en 546 billones de pesos, mientras que los gastos flexibles, orientados a atender diversos frentes de inversión en los planes de desarrollo del gobierno, representan un aproximado de 34 billones de pesos; es decir que no solo se trata del 1% del PIB. Esos 16 billones recortados por el Congreso cuando negó la Ley de Financiamiento representan el 43% del gasto flexible; y un recorte de esa magnitud es bastante incidente. Y es por esa razón que se produce una emergencia”.

El Presupuesto General se vio impactado con esta decisión, pero también con circunstancias nuevas en la ejecución del presupuesto y que no eran previsibles, como la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó equiparar la UPC de los regímenes subsidiado y contributivo del sistema de salud por un costo adicional de 3.3 billones de pesos. También temas de seguridad, en año electoral, con un incremento promedio de 3.7 billones de pesos, entre otros hechos sobrevinientes de obligatoria atención por parte del Estado afectan la bolsa presupuestal de gasto flexible.

“Esto no significa que no podamos seguir operando en materia de manejo de la deuda, aunque la deuda se va a encarecer. Y la decisión que adoptó la junta directiva el Banco de la República de aumentar la tasa de referencia, también va a generar un impacto fiscal”, sostuvo el ministro Avila.

Sin embargo, el Gobierno no permanece estático esperando los dardos que le lanzan desde muchos flancos interesados en impedir que sus políticas económicas redistributivas continúen en marcha. El gobierno se está moviendo, aseguró el titular de la cartera, y se están tomando otras decisiones. “Obviamente en materia del manejo de la deuda seguimos explorando rutas para reducir tanto la amortización como el servicio de deuda”.

El ministro también señaló que el Gobierno respeta las decisiones de la Corte, aunque no las comparta; y por ello se plantea adelantar una acción jurídica ante la misma Corte porque la medida cautelar sobre un decreto de declaratoria de Estado de excepción carece de precedentes en la legislación colombiana y en la normatividad vigente. El ministro Ávila argumenta que “no existen estas suspensiones provisiónales, y por eso vamos a reclamar la no aplicabilidad de una norma que consideramos inconstitucional”. La medida además es contradictoria en relación con la propia jurisprudencia de la Corte.

Sin embargo, la suspensión no es definitiva, se sostiene mientras la Corte estudia a fondo el tema, pero sin efecto jurídico ni económico, es decir, que el Gobierno queda impedido para seguir adelante con el recaudo a las megafortunas y la aplicación de las otras medidas tributarias creadas bajo el estado de excepción.

El ejecutivo, ante la imposibilidad de activar nuevas fuentes de ingreso por la vía legislativa o excepcional, también analiza diversas opciones para asegurar la financiación presupuestal, como un nuevo recorte fiscal, un mayor endeudamiento o la reducción del gasto público como mecanismo de contención fiscal.

El presidente Petro anunció para este efecto, que un recorte por 16 billones de pesos, se sumaría a dos anteriores, uno por 12 y otro por 16 billones, representando una reducción acumulada de 44 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación. No obstante, el gobierno tiene como meta evitar que las consecuencias recaigan en la población, defender la agenda social incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y garantizar los derechos ciudadanos sin dejar de cumplir con todas las obligaciones constitucionales del Estado colombiano.