La transición energética dejó de ser una conversación ambiental para convertirse en una discusión económica de fondo. Así lo evidenciaron los panelistas del Foro de Finanzas Públicas y Transición Energética, quienes coincidieron en que el principal reto no es avanzar, sino cómo hacerlo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

Desde una perspectiva fiscal, se advirtió que economías como la colombiana enfrentan una tensión estructural: dependen del sector minero-energético para sostener ingresos públicos, exportaciones e inversión extranjera, mientras avanzan hacia un modelo que reduce precisamente esa dependencia. En ese contexto, se explicó que la transición impacta múltiples canales al mismo tiempo: el externo, por la posible caída de exportaciones; el financiero, por cambios en los flujos de inversión, y el fiscal, por la reducción de ingresos asociados a hidrocarburos y regalías.

Los expertos señalaron que, sin una gestión adecuada, este proceso puede derivar en un círculo vicioso: menores ingresos limitan la inversión en transición, aumentan la vulnerabilidad climática y terminan afectando el crecimiento, el riesgo país y el costo del financiamiento.

Frente a este escenario, los panelistas coincidieron en que la política fiscal debe jugar un rol activo. La corrección de subsidios a combustibles fósiles, el fortalecimiento de impuestos al carbono y el uso de instrumentos complementarios son necesarios, pero su implementación debe ser gradual y socialmente viable para evitar impactos regresivos.

El caso colombiano fue mencionado como ejemplo de avances y desafíos. El ajuste al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles evidencia capacidad de corrección fiscal, aunque se insistió en que estos procesos deben acompañarse de compensaciones y de una reasignación clara hacia energías limpias e infraestructura de transición.

Más allá de lo fiscal, el foro planteó una visión más amplia: la transición energética como una estrategia de desarrollo que debe involucrar de manera directa a la sociedad civil y reconocer las dinámicas territoriales. No se trata solo de sustituir fuentes de energía, sino de diversificar la economía, fortalecer capacidades productivas y reducir la dependencia de choques externos.

En ese camino, se destacó el papel del Estado como articulador. La transición no puede depender exclusivamente de señales de mercado, ya que implica inversiones de largo plazo, riesgos tecnológicos y objetivos sociales. Por ello, se requiere coordinación pública, movilización de recursos y una articulación efectiva entre sector público, privado y los territorios.

Los panelistas también advirtieron un riesgo clave: que la transición reproduzca nuevas formas de dependencia si los países se limitan a importar tecnología y financiamiento. Por eso, insistieron en la necesidad de desarrollar capacidades locales que permitan generar valor y no solo consumir energía limpia.

Finalmente, se subrayó que la dimensión territorial será determinante. La participación de las comunidades, la propiedad local de los proyectos y la articulación regional son condiciones necesarias para que la transición genere beneficios reales y sostenibles.

En síntesis, las voces del foro coincidieron en una idea central: la transición energética no es un costo inevitable, sino una oportunidad para ordenar la economía, fortalecer la resiliencia y construir un modelo de desarrollo más sostenible.

La diferencia está en cómo se gestione.