En el marco del consejo de ministros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance preliminar sobre el impacto del frente frío y la ola invernal que afecta amplias regiones del país, así como las medidas fiscales y financieras propuestas para atender la emergencia y acelerar la recuperación.

El reporte evidencia la magnitud del choque climático: 65 emergencias registradas, 53 de ellas por inundaciones en 61 municipios de ocho departamentos, con más de 69.000 familias afectadas y 10 fallecidos. A esto se suman daños severos en infraestructura crítica como viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, así como la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas y la destrucción de más de 4.100 viviendas.

El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos, lo que plantea un desafío significativo para las finanzas públicas y exige la movilización urgente de nuevas fuentes de recursos.

Financiación extraordinaria para la emergencia climática

Tras la suspensión de medidas tributarias previas por parte de la Corte Constitucional de Colombia, el Gobierno de Colombia propuso un nuevo esquema de financiación mediante decreto de emergencia, con el objetivo de garantizar liquidez inmediata para atender la crisis.

La medida contempla la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas, con una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (equivalentes a aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. De acuerdo con las proyecciones, el 56% del recaudo provendría de estas dos actividades, dada su alta capacidad contributiva.

Este instrumento busca asegurar recursos en el corto plazo, permitiendo financiar la atención humanitaria, la rehabilitación de infraestructura y la reactivación productiva en las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Alivios financieros y retos para la recuperación productiva

En paralelo, el sector financiero presentó un paquete de alivios dirigido a las comunidades afectadas, que incluye un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, la conservación de la calificación crediticia, la suspensión de cobros incluso en cartera en mora, así como atención prioritaria y programas de educación financiera.

Si bien estas medidas fueron valoradas positivamente, el Gobierno destacó la necesidad de avanzar en acciones complementarias. Entre ellas, la reducción de las tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores que enfrentan limitaciones de acceso, aun cuando el Fondo Nacional de Garantías cubre hasta el 90% del riesgo crediticio.

Asimismo, se planteó fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el fin de asegurar que la entrega de tierras esté acompañada de acceso efectivo a capital productivo.

Estas acciones reflejan la importancia de una respuesta coordinada entre la política fiscal y el sistema financiero, no solo para atender la emergencia inmediata, sino también para impulsar una recuperación inclusiva y resiliente, especialmente en las regiones rurales más vulnerables del país.