El economista Diego Carrero Barón, asesor de Despacho del ministro de Hacienda, explicó en el programa Rupturas del Tercer Canal, la razón de ser de la llamada Ley de Financiamiento y el impacto que tendría en la economía del país al subsanar errores y vacíos históricos en materia tributaria. 

“Se estima que el 1% más rico en Colombia concentra el 20% de los ingresos anuales y, al menos, entre el 70% y el 85% del ingreso bruto de ese 1% no estuvo gravado plenamente en la última década, ya bien sea por deducciones, exenciones, o tratamientos especiales entre otros” afirma el asesor. Esta realidad no sólo se refiere a la evasión de impuestos, sino también la normatividad colombiana ha facultado que estos pagos no se realicen de manera concordante con la realidad financiera y patrimonial del tributante. La ley de Financiamiento busca modificar esta normativa.

“Lo que ha pasado históricamente en el país, es que los beneficios tributarios, las exenciones tributarias terminan reduciendo la base gravable sobre la cual las personas con más altos ingresos pagan impuestos. El primer título del proyecto de Ley de Financiamiento, justamente se refiere a la reducción del gasto tributario, es decir, que busca modificar aquellos aspectos que han reducido lo que deberían tributar los diferentes agentes económicos, particularmente los más ricos. La base se ha reducido, así como las tasas marginales y por eso pagan poco”, asegura.

La gran paradoja, según Carrero, es que en el 2014 se hizo un estudio que demostraba como el coeficiente de Gini (el indicador estadístico que mide la concentración de ingresos o riqueza en una población) antes del recaudo de impuestos en Colombia en materia de distribución del ingreso era de 0.52 y después de los impuestos pasaba al 0.56, es decir que el sistema tributario que debería reducir la desigualdad, la incrementaba.

Esta medida, aclara el economista, se redujo “a 0.50 tras la realización de transferencias propias de la compensación monetaria que hace el Estado. Entonces avanzar hacia un sistema tributario más progresivo y que reduzca las desigualdades implica que los que más tienen paguen más. La propuesta actual es avanzar de manera concreta para reducir la evasión y la elusión”.

Desde el Gobierno Nacional se realizan esfuerzos muy importantes para avanzar en acuerdos internacionales que impidan la evasión de impuestos. Un avance importante en este aspecto, son los convenios que buscan reducir y prevenir la evasión, así como en una justicia tributaria para avanzar en la simplificación del sistema tributario colombiano en el contexto de la Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional.

La justicia tributaria, busca algo elemental, y es que la carga de impuestos se distribuya de forma equitativa entre los contribuyentes, de acuerdo con su capacidad económica. Asimismo, la reducción de exenciones y la simplificación del sistema contribuiría a aumentar los ingresos del gobierno, para financiar políticas sociales y de infraestructura, como lo busca la reforma de 2025, que incluye un aumento en las tarifas marginales. 

Para el economista Diego Carrero, avanzar en la reducción de las exenciones pasa por la necesidad de que el Congreso de la República entienda la necesidad de tener una sociedad más equitativa.

Un obstáculo estructural, que arrastra el Estado colombiano desde hace décadas, es la desigualdad en la distribución y acceso a la tierra, que permite que un reducido número de personas o entidades concentren su propiedad en grandes extensiones. Esta problemática genera pobreza, precarización laboral, migración y graves conflictos sociales, de hecho, ha sido base del largo y costoso conflicto armado en Colombia. Cuando se analiza lo que sucede dentro de la frontera agrícola la inequidad es evidente.

“Si tenemos en cuenta sólo los predios privados rurales, el 1% de los propietarios concentran el 50% de la propiedad de la tierra. Es decir que cerca de 36 mil propietarios poseen cerca de 21.4 millones de hectáreas, mientras que el 64% de quienes habitan esa frontera agrícola tienen apenas el 4% de la tierra”, sostiene Diego Carrero.

En Colombia, no sólo hay una concentración del ingreso, también sobre la tenencia de la tierra. Modificar esa realidad, llevando adelante una importante reforma agraria, es un objetivo estructural del actual gobierno; por ello ha formalizado más de 1.7 millones de hectáreas, y por primera vez en la historia, campesinos, indígenas y afros se han convertido en propietarios de sus tierras. El actual gobierno ha “gestionado 662 mil hectáreas de tierra fértil, de las cuales se han comprado al menos 401 mil, y el resto han sido recuperado mediante baldíos o transferencia, como las 13.332 hectáreas a título gratuito provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El objetivo fundamental de la Ley de Financiamiento es garantizar los recursos para realizar reformas y los avances sociales previstos en materia de equidad y justicia social, superar el déficit fiscal, mejorar el recaudo tributario, garantizar la estabilidad económica de los próximos años y disminuir la brecha social que ha hecho de Colombia uno de los países más desiguales e inequitativos del planeta.
 

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