El Ministerio de Hacienda y Grupo Bicentenario buscan realizar la directiva presidencial 11 de 2024

• El fortalecimiento de los medios populares, alternativos y digitales (PACD) es coherencia política.
• La creación de espacios de participación y pedagogía ciudadana son elementos prioritarios de la comunicación popular y tienen su espacio en el Plan de Desarrollo.

Bogotá, 6 de junio de 2025. El 22 de noviembre de 2024 el Gobierno Nacional socializó con ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional la directiva presidencial Nro.11.

Su objetivo es -principalmente- promover la pluralidad informativa, la libertad de opinión y la transparencia en la información garantizando diversidad de opiniones y de fuentes como parte de una estrategia institucional de comunicaciones.

La norma establece que “a partir del año 2025, las entidades públicas de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional procurarán, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, destinar una partida correspondiente al 33.3% de los recursos asignados para los Planes de Medios y/o Comunicaciones, para la divulgación de información oficial, campañas institucionales de interés y contenido social a través del servicio público de radiodifusión sonora comunitario y de televisión comunitaria, medios de comunicación alternativos, radiodifusión digital y nuevas tecnologías”.

La trascendencia de los medios alternativos, comunitarios, populares y digitales en el fortalecimiento de la democracia y de lo público es innegable. Si bien la comunicación se sustenta en buena medida en la publicidad y el periodismo, la comunicación popular y comunitaria trabaja de manera bidireccional con las comunidades, en tanto transmite información de interés colectivo y recoge las voces que dan cuenta de una realidad profunda a la que los medios tradicionales no suelen llegar.

Sin embargo, para algunos de estos comunicadores, que desde hace décadas desarrollan una labor informativa, formativa y participativa en los territorios, incluso en zonas apartadas, la Directiva No. 11 refleja la buena voluntad y la conciencia del Gobierno Nacional sobre el valor de estos medios, pero se queda corta en tanto no desarrolla una política pública efectiva para el fortalecimiento integral de estos medios, no establece un plan ni designa un responsable y tampoco propone una normativa que lo haga viable. Y ahí radica el principal desafío.

“A la directiva le hacen falta dientes; nada más la palabra “procurarán” es limitante pues significa hacer un esfuerzo por lograr algo, pero no es un mandato ni una obligación. La directiva debería designar a un responsable que cumpla el objetivo, analice las dificultades normativas, concrete viabilidad jurídica y cuente con un equipo que rinda informes sobre los avances en su implementación. Porque de lo contrario es letra muerta”, señala el director de un medio alternativo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito público junto al Grupo Bicentenario han propuesto avanzar para concretar su eficacia. Por ello trabajan desde hace varias semanas con varios comunicadores en un ejercicio piloto que se realizará el próximo 11 de junio en Bogotá. Dicho encuentro contará con la participación de redes y asociaciones de medios alternativos, comunitarios y populares provenientes de distintas partes del país, para que a manera de “rueda de negocios”, presenten sus portafolios de trabajo a las entidades adscritas o vinculadas a este sector del Gobierno y puedan diseñar un plan de medios y de pauta, así como generar otros vínculos de cooperación en las regiones. El objetivo,
además de desarrollar la directiva presidencial, es conocer la labor que realizan y su impacto real -medible en programas, talleres, semilleros y procesos organizativos en las comunidades-, lo que les permite potenciarse dentro del programa del gobierno del
cambio.

Para estas entidades vigorizar los medios PACD no es un asunto exclusivo de pauta, aunque esta es necesaria para su sostenimiento. Lo trascendental es construir una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento de los procesos sociales y pedagógicos en las regiones, articular esfuerzos comunitarios, que además de visibilizar los desafíos del Plan Nacional de Desarrollo para universalizar el acceso a internet y a medios populares, contribuya a fortalecer tejidos sociales, formas asociativas de economía solidaria y a conectar las realidades periféricas con el centro del país.

La directiva señala que “de conformidad con el numeral 7º del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, el Estado debe establecer programas para que la población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como
la población rural, tengan acceso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital”.

Esta orientación busca superar la inequidad en el manejo de la información y la exclusión de los medios populares que a través de su labor promueven la participación, la paz, la justicia social y la transformación de la sociedad.