Las directrices generales apuntan a evitar actos de estigmatización contra los periodistas, no dar declaraciones que puedan interpretarse como instigaciones a la violencia, o no difundir contenidos que puedan entenderse como apología al odio, entre otras.

Esta directiva aplica para ministros, directores de departamentos administrativos, y directores de entidades adscritas y vinculadas del orden nacional.