El ministro Germán Ávila Plazas explicó cómo desde el Gobierno nacional se están tomando medidas para garantizar la estabilidad financiera del país y proteger los derechos de la sociedad colombiana, en especial de las personas con menos ingresos y de las poblaciones más vulnerables.

Respecto a la suspensión del decreto de Emergencia Económica, el ministro advirtió que la medida, además de ser inconstitucional, acarrea graves consecuencias. “Evaluamos que la figura de la suspensión provisional de decretos de estados de excepción no existe en la legislación colombiana; aplicarla viola el derecho fundamental al debido proceso, lo cual habilita a que miles de ciudadanos vía tutela soliciten la protección de este derecho”.

Como antecedente judicial se recordó que en 1994 el legislador intentó la creación de las suspensiones provisionales en estado de excepción y que fue la misma Corte Constitucional la que estableció que era inconstitucional, por lo tanto, no existe dicha figura.

“Hemos visto con total sorpresa que la actual Corte, en contravía de una sentencia, ya bastante consolidada, tomó una decisión que coloca a todos sus miembros en condición de inhabilidad para actuar sobre la decisión definitiva de fondo por cuanto están prejuzgando”, sostuvo el ministro Avila.

De acuerdo con la legislación colombiana, los magistrados que emitieron este preconcepto sobre la constitucionalidad del decreto estarían obligados a declararse impedidos para actuar de fondo en este caso. Esa es la consecuencia de haber establecido un auto transitorio.

Es la primera vez en la historia que la Corte Constitucional suspende un decreto originado en la Presidencia de la República. Los magistrados argumentan, a través de su pronunciamiento, que la crisis fiscal no cumple con el requisito de “urgencia” exigido por la Constitución, pero otros sectores entienden que, al haberse negado la ley de financiamiento en el Congreso de la República, en medio de una crisis fiscal y antes hechos sobrevinientes, la medida es un imperativo para la estabilidad fiscal del país.