El ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas explicó en rueda de prensa las razones que lo llevaron a abandonar la sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, como respuesta, primordialmente, al incremento de 200 puntos en los intereses de la tasa de referencia; así el Ministerio marca un distanciamiento importante con la entidad. Sus razones parten de un elemental y profundo análisis económico, social y político de la coyuntura mundial, que además de compleja será de largo plazo.
El desacuerdo se produjo durante la última Junta Directiva del Banco de la República cuando cuatro de miembros decidieron votar a favor de incrementar, por segunda vez en el año, la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, situándola en 11,25%. La decisión tomada por el Banco de la República es reiterativa e insiste en desconocer los esfuerzos del Gobierno nacional por garantizar la estabilidad fiscal y un crecimiento económico sostenido que se traduce en bienestar y mayor calidad de vida para el pueblo colombiano. 
El 30 de enero pasado el Banco aumentó sus tasas de interés al 10,25%; un incremento de 100 puntos básicos superior a lo esperado, bajo el argumento de controlar la inflación. Sin embargo, esa decisión, como se advirtió en su momento, solo encarece los créditos y frena la economía. Según un sondeo del Banco, el mercado proyecta una inflación de hasta el 6,5% para el cierre de 2026, pero este dato ha sido desmentido categóricamente por el gobierno y la realidad misma lo contradice: hay estabilidad en la inflación, el peso se mantiene establa frente al dólar, hay disminución en el desempleo y un significativo crecimiento productivo, agrario y en la demanda agregada. Hasta el BBVA lo reconoció recientemente, al informar que la inflación anual en Colombia registra una disminución en el 2026. Diversos analistas también afirman que, pese a la delicada situación fiscal, el panorama económico es alentador, por cuenta de la alineación de la inflación y la tasa de cambio. Además, el impulso en la producción y el consumo interno, mantendrán estable el nivel de empleo.
Por eso el aumento en la tasa interés de referencia, que debería alinearse a los marcadores mencionados “es absolutamente inconveniente e irresponsable”, como lo sostuvo el ministro Ávila. La decisión de elevar de la tasa en 100 puntos básicos afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo del gobierno de mantener la senda de crecimiento económico que se viene dando en el país y las dinámicas recuperación, en un contexto internacional en extremo delicado y con fuertes impactos en la economía global, como efecto de la guerra en Irán, entre otros acontecimientos. A nivel nacional la emergencia a causa de la ola invernal que afectó a nueve departamentos, la negativa del Congreso a aprobar dos reformas tributarias que imponían cargas a los sectores megáricos del país, y la decisión de la Corte Constitucional de suspender la declaratoria de emergencia económica, pese a responder a hechos sobrevinientes, han generado una situación de estrés financiero en el país. “En medio de esta coyuntura, es un despropósito adoptar decisiones de política monetaria que llevan a una contracción de la economía en un momento decisivo”, dijo Ávila, tras abandonar la sesión directiva del Banco.
“Nos retiramos de esta junta porque consideramos que sus decisiones son irresponsables con el país e incoherentes con la realidad mundial y la economía global. Se trata de una decisión desproporcionada con relación a los bancos centrales en el mundo, donde ninguno de ellos se ha atrevido a tomar este tipo de decisiones en medio de la compleja situación global. No hay una sola economía del mundo que proponga elevar en 200 puntos la tasa de referencia”. 
El ministro ha sido enfático en afirmar -y demostrar- que los recientes impactos sobre a la inflación no están dados por efectos de la demanda sino por choques de oferta global, el incremento en el precio de los combustibles y en el valor del petróleo a nivel internacional. “De modo que las medidas de política monetaria que pretende el Banco con esta decisión resultan inocuas para enfrentar choques de oferta, en cambio sí afectan los costos de producción. Claramente en la Junta Directiva del Banco no han reflexionado sobre estos impactos”, indicó Ávila.

Ante este panorama de desconcierto, incertidumbre y desinformación el ministro Ávila ha propuesto convocar a la sociedad a un gran foro público sobre la política económica, funcionamiento y alcances de la Junta Directiva del Banco de la República. “Es necesario abrir este debate para que se conozcan las diferentes visiones de la economía, desde los análisis de escuelas de pensamiento, para tener lecturas variadas de la economía y no solo la que proviene de analistas que representan al sector financiero y defienden intereses de inversionistas en el mercado de capitales”.

El ministro señaló que las decisiones que obedecen a intereses de sectores sobre el bienestar del país deben ser rechazadas, en aras de lograr un equilibrio entre estabilidad económica y bienestar. La política monetaria en Colombia no puede ser decidida por un grupo consultivo que le dice al Banco de la República que decisiones adoptar.  “Lo que ha venido sucediendo es que estas decisiones supeditas a encuestas de opinión de analistas de 25 entidades financieras que se creen con el derecho de decidir el futuro económico y la política monetaria del país sin considerar que allí se encuentran intereses cruzados en la búsqueda de rentabilidad con la deuda pública”. Los llamados a decidir la dinámica de la política monetaria están comprometidos con intereses establecidos en el mercado financiero. 

Para el Ministerio de Hacienda es claro que existe un conflicto en el país entre la economía rentista que pretende a través de la política monetaria obtener beneficios y la economía real que defiende el gobierno. “Y en este gran conflicto, entre economía productiva y rentista, cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco se alinean con estas última”, concluyó el ministro Ávila.

¿A quién perjudica la decisión del Banco de la República?

Un alza de esta magnitud podría frenar la recuperación económica del país, aumentar el costo del servicio de la deuda para hogares, empresas y Estado, y afectar de manera desproporcional a los sectores más vulnerables. En un contexto donde buena parte de la inflación responde a choques transitorios (derivado de precios de alimentos y energía, posibles depreciaciones y desplome del tipo de cambio temporal) y la inversión aún muestra señales de fragilidad, una respuesta monetaria tan agresiva resulta desproporcionada y conlleva riesgos de mayor desempleo y contracción de la demanda interna. La estabilidad financiera y el crecimiento requieren políticas graduales y adaptadas al contexto nacional.

La decisión del Banco Central es una estocada a la economía real y a los sectores más vulnerables del país. En un contexto donde el crecimiento ya es débil, subir la tasa en 100 puntos encarece el crédito para hogares, pymes y productores, frena la inversión privada, aumenta el desempleo, reduce el poder de compra de las familias y dificulta el acceso al crédito, tanto para empresas como para ciudadanos. Esto profundiza la desigualdad y afecta precisamente a quienes menos tienen. 

Los sectores que se podrían ver más afectados con la decisión del Banco de la República serían las PYMES y microempresas por restricciones de liquidez y mayores tasas, riesgo de cierre o reducción de plantilla y de créditos, la construcción, los hogares con deuda a tasa variable (hipotecas y consumo), el comercio minorista el turismo y los sectores informales y de bajos ingresos. 

Por eso el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión correcta al retirarse de la junta directiva. El Gobierno tiene la responsabilidad de defender la estabilidad económica y social; ante una medida que sacrifica crecimiento y empleo en aras de un objetivo que puede abordarse por otras vías, el retiro es una señal clara de protesta y de protección a la mayoría de los colombianos. Además, esta decisión obliga a abrir un debate público informado sobre alternativas: políticas fiscales contracíclicas orientadas a impulsar la demanda, programas de alivio y financiación para pymes, y medidas de protección social para mitigar el impacto sobre los hogares más pobres. Es evidente que las tasas altas asfixian la economía.
La independencia del Banco de la República debe respetarse, pero no puede ser excusa para ignorar las consecuencias sociales y económicas de las decisiones que deterioran el bienestar general. El Ejecutivo actúa con responsabilidad al exigir que la política monetaria considere el equilibrio entre el control de la inflación y la preservación del crecimiento y el empleo. El país necesita políticas coordinadas que protejan a la población, impulsen la inversión y garanticen una recuperación inclusiva.

Si bien el Ministerio ha buscado mantener un diálogo técnico y transparente con el Banco de la República para evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias y coordinar medidas, las decisiones reiterativas de la mayoría de su Junta Directiva obligan a la cartera de Hacienda a tomar distancia y a mantenerse en esta posición en tanto no se evalúe con responsabilidad el impacto de las decisiones adoptadas y se imponga el deber de garantizar estabilidad financiera en el país, sobre los presiones políticas. “Volver a elevar la tasa de interés, después de otro aumento de igual magnitud en enero, sitúa a Colombia en una posición atípica frente a los referentes internacionales”, sostuvo el ministro Avila, señalando que ningún banco central del mundo se atrevería en un contexto tan complejo como el actual, a adoptar decisiones tan extremas y perjudiciales.
 
El país debe saber que existen otros recursos de respuesta al temor inflacionario o a las expectativas impuestas por un comité consultivo, cuyas interpretaciones de la realidad fiscal no pueden ser camisa de fuerza para definir la política monetaria del país. Por ejemplo, se podrían priorizar alternativas focalizadas como medidas fiscales temporales, programas de protección social, respaldo a las reformas tributarias que no tocan a los sectores más vulnerables, y de la declaración de Emergencia Económica, herramientas macroprudenciales, entre otras, antes de optar por un ajuste tan brusco en la tasa de interés. 

El Gobierno nacional reitera su compromiso con la estabilidad de precios, la sostenibilidad fiscal y la protección del empleo y de un ingreso digno para las y los colombianos, rechaza las decisiones del Banco de República y llama a su Junta Directiva a atender otras variables en su enfoque para flexibilizar su margen de expectativa y tomar decisiones responsables, considerando el beneficio del pueblo colombiano en su conjunto, y no el de unas elites financieras.