Que el Decreto 2555 de 2010 compila las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado
de valores y por lo tanto ninguna disposici�n all� contenida ha sido compilada
por este Decreto �nico.
Que el Decreto 712 de 2004, modificado por el Decreto 1266 de 2005 regula
el numeral 1 del art�culo 48 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero y los Decretos 790 de 2003, 2280 de 2003, 3965 de
2006, 2058 de 2009, 37 de 2015 y 756 de 2000 se refieren a reglamentaci�n
sobre cooperativas que realizan actividades financieras y ser�n compilados en
el Decreto 2555 de 2010 con posterioridad a la
expedici�n de este Decreto �nico. Por lo anterior, estos decretos no han sido
compilados en este Decreto �nico.�
Que
en el an�lisis compilatorio se identific� que la normativa sobre pensiones, y
afiliaci�n al Sistema General de Seguridad Social tiene un car�cter
especialmente intersectorial, por lo que las disposiciones sobre estos temas no
han sido incluidas en este decreto.��
Que
el volumen de decretos en materia tributaria hace necesaria la expedici�n de un
decreto aparte que de manera general compile la reglamentaci�n tributaria.
Que
los decretos expedidos en virtud de la Ley 1314 de 2009, sobre normas
internacionales de contabilidad, informaci�n financiera NIIF y de aseguramiento
de la informaci�n NIA por su extensi�n tampoco han sido incluidos en este
decreto.
Que
por tratarse de un decreto compilatorio de normas preexistentes, las mismas no
requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al
momento de su expedici�n con las regulaciones vigentes sobre la materia.
Que
la tarea de compilar y racionalizar las normas de car�cter reglamentario
implica, en algunos casos, la simple actualizaci�n de la normativa compilada,
para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo
cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad
reglamentaria.
Que
en virtud de sus caracter�sticas propias, el contenido material de este decreto
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no
puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y dem�s
actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con
fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados.
Que
la compilaci�n de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad
vigente al momento de su expedici�n, sin perjuicio de los efectos ultractivos
de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el art�culo 38 de la
Ley 153 de 1887.
Que las normas cuya
vigencia ya se agot� en el tiempo no fueron incorporadas, lo que no afecta las
situaciones, obligaciones o derechos que se consolidaron durante la vigencia de
las mismas.
Que
por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilaci�n de
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en
cada art�culo se indica el origen del mismo.
Que
las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza
reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general
administrativa del sector.
Que
durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verific�
que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaraci�n de nulidad o de
suspensi�n provisional, acudiendo para ello a la informaci�n suministrada por
la Relator�a y la Secretar�a General del Consejo de Estado.
Que
con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de car�cter reglamentario
que rigen en el sector y contar con un instrumento jur�dico �nico para el
mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto �nico Reglamentario Sectorial.
Por
lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
Art�culo 1.1.1.1.
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico tiene como objetivo la
definici�n, formulaci�n y ejecuci�n de la pol�tica econ�mica del pa�s, de los
planes generales, programas y proyectos relacionados con esta, as� como la
preparaci�n de las leyes, la preparaci�n de los decretos y la regulaci�n, en
materia fiscal, tributaria, aduanera, de cr�dito p�blico, presupuestal, de tesorer�a,
cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria y crediticia, sin perjuicio de
las atribuciones conferidas a la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, y
las que ejerza, a trav�s de organismos adscritos o vinculados, para el
ejercicio de las actividades que correspondan a la intervenci�n del Estado en
las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquiera otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversi�n de los recursos del ahorro p�blico y
el tesoro nacional, de conformidad con la Constituci�n Pol�tica y la ley.
(Art. 2 del Decreto
4712 de 2008)
Art�culo 1.1.2.1.
Unidad de Proyecci�n Normativa y Estudios de Regulaci�n
Financiera. La Unidad de Proyecci�n Normativa y Estudios de
Regulaci�n Financiera (URF), tendr� por objeto, dentro del marco de pol�tica
fijado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y sin perjuicio de las
atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, la preparaci�n de
la normativa para el ejercicio de la facultad de reglamentaci�n en materia
cambiaria, monetaria y crediticia y de las competencias de regulaci�n e
intervenci�n en las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquiera
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi�n de los recursos
captados del p�blico, para su posterior expedici�n por el Gobierno nacional.
(Art. 2 Decreto 4172 de 2011)
Art�culo 1.1.2.1.
Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y
Contribuciones. Es Unidad Administrativa Especial
del orden nacional de la Rama Ejecutiva, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, sin personer�a jur�dica, con autonom�a administrativa y
patrimonio independiente.
(Creaci�n
mediante Decreto Ley 4173 de 2011)
T�TULO 3
Art�culo 1.1.3.1.
Comisi�n Intersectorial para la coordinaci�n de la
reinstitucionalizaci�n del R�gimen de Prima Media a trav�s de la UGPP.
(Decreto
4602 de 2008)
Art�culo 1.1.3.2.
Comisi�n Intersectorial para la Educaci�n Econ�mica y
Financiera
(Derogado
por el Decreto 1517 de 2021)
Art�culo 1.1.3.3.
Comisi�n IntersectoriaI del Operador Econ�mico Autorizado
(Decreto 3568 de 2011)
Art�culo 1.1.3.4.
Comisi�n Intersectorial para el Programa de Inversi�n Banca de
las Oportunidades
(Art.
10.4.2.1.3, Decreto 2555 de 2010)
Art�culo 1.1.3.5.
Comisi�n Intersectorial de Estad�sticas
de Finanzas P�blicas
�
(Decreto
574 de 2012)
Art�culo 1.1.3.6.
Comisi�n Intersectorial del FUT
(Art.
5 del Decreto 3402 de 2007)
Art�culo 1.1.3.7.
Comisi�n Intersectorial de Extinci�n de Dominio
(Art. 2 Decreto 1777 de 2016)
Art�culo 1.1.3.8.
Comisi�n Intersectorial para el Aprovechamiento de Activos
P�blicos �CAAP
(Art. 2 Decreto 1411 de 2017)
Art�culo 1.1.3.9.
Comisi�n Intersectorial de Coordinaci�n del Subsector de la
econom�a solidaria que presta servicios de ahorro y cr�dito -CCAC
(Art.
6, Decreto 1997 de 2019)
Art�culo
1.1.4.1. Consejo
Superior de Pol�tica Fiscal � CONFIS.
(Decreto 411 de 1990)
Art�culo
1.1.4.2. Comit�
de Seguimiento al Sistema Financiero
(Creador por
el Art. 92 de la Ley 795 de 2003 y Art 11.1.1.1.1 Decreto 2555 de 2010)
Art�culo
1.1.4.3. Consejo
Macroecon�mico.
(Decreto 2036 de 1991)
Art�culo
1.1.4.4. Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA)
(Decreto 4144 de 2011)
Art�culo 1.1.4.5.
Comit� Consultivo para la
Regla Fiscal
(Decreto
1790 de 2012)
Art�culo 1.1.4.6.
Mecanismo de Participaci�n de
Expertos para la Discusi�n y Revisi�n de la Metodolog�a para el C�lculo de la
Rentabilidad M�nima
(Decreto 2837 de 2013)
Art�culo 1.1.4.7.
Comit� para riesgos pol�ticos y extraordinarios.
(Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 1.1.5.1.
Sistema Administrativo
Nacional para la Educaci�n Econ�mica y Financiera. El Sistema Administrativo Nacional para la Educaci�n
Econ�mica y Financiera es el conjunto de pol�ticas, lineamientos,
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones
p�blicas y privadas relacionados con la educaci�n econ�mica y financiera.
(Derogado por el Decreto 1517 de 2021)
Art�culo 1.1.6.1.
Fondo de Estabilizaci�n de
Precios de los Combustibles-FEPC. Es
un fondo cuenta sin personer�a jur�dica, adscrito y administrado por el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el cual tendr� como funci�n atenuar
en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los
combustibles en los mercados internacionales.
(Art. 2 Decreto 1880 de 2014)
Art�culo 1.1.6.2.
Fondo CREE. Es un Fondo Especial sin personer�a
jur�dica que ser� administrado por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuyos recursos
est�n destinados a atender los gastos de que tratan los art�culos 20 y 28 de la
Ley 1607 de 2012, as� como los necesarios para garantizar el crecimiento
estable de los presupuestos del Sena, ICBF y del Sistema de Seguridad Social en
Salud a trav�s de los recursos provenientes de la subcuenta de que trata el
art�culo 29 de la misma ley.
(Art. 1 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 1.1.6.3.
Fondo de Desarrollo para La Guajira-FONDEG. El Fondo de Desarrollo para La Guajira - FONDEG,
es una cuenta especial sin personer�a jur�dica adscrita al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico. El FONDEG tiene por objeto, administrar los
recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercanc�a, previsto en el
art�culo 18 de la Ley 677 de 2001.
�
(Art. 1 y 2 del Decreto 611 de 2002)
Art�culo 1.1.6.4.
Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera
Hipotecaria � FRECH. El Fondo de Reserva para la
Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria � FRECH fue creado por el art�culo 48
de la Ley 546 de 1999, como un fondo-cuenta de la Naci�n y administrado por el
Banco de la Rep�blica.
(Definici�n ajustada del Art. 1 del Decreto
2587 de 2004)
Art�culo 1.1.7.1
Conformaci�n de la Comisi�n. La Comisi�n ad hon�rem de que trata el art�culo 361 de la Ley 1819 de
2016, para la consolidaci�n de las propuesta que deber� entregar al Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico, contar� con un plazo m�ximo de diez (10) meses
contados a partir de la vigencia del decreto que incorpora el presente T�tulo,
sin perjuicio de la presentaci�n de informes trimestrales que ser�n entregados
al Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Los
integrantes de la Comisi�n, adem�s de su Presidente, son los siguientes:
1. Director del Departamento Nacional de Planeaci�n o su delegado.
2. Raquel Bernal Salazar.
3. Juan Manuel Charry Urue�a.
4. Jorge Iv�n Gonz�lez Borrero
5. Juan Carlos Henao Perez.
6. Roberto Junguito Bonnet.
7. Marcela Mel�ndez Arjona.
8. Armando Montenegro Trujillo.
9. Juan Carlos Ramirez Jaramillo.
10. Jose Dar�o Uribe Escobar.
11. Leonardo Villar Gomez.
Conforme con lo previsto en el art�culo 361 de la Ley 1819 de 2016, el
Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, o su delegado, presidir� las sesiones
de la Comisi�n. Dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la vigencia del
decreto que incorpora el presente T�tulo. La Comisi�n establecer� qui�n
ejercer� la Secretaria T�cnica y detallar� sus funciones.
Podr�n
ser invitados especiales de la Comisi�n, los expertos que designe el Ministro
de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo 1�. El Ministro de Hacienda y
Cr�dito P�blico y el Director del Departamento Nacional de Planeaci�n Nacional
podr�n delegar su asistencia al Comit� de Estudios del Gasto P�blico y de la
Inversi�n en Colombia, exclusivamente en sus viceministros y en el Subdirector
Territorial y de Inversi�n P�blica o Subdirector Sectorial, respectivamente.
Par�grafo 2�. La Comisi�n podr� conformar
mesas de trabajo con expertos nacionales e internacionales, en cada una de las
materias objeto de estudio.
Par�grafo 3�. Podr�n asistir en calidad de
invitados los funcionarios del Gobierno que la Comisi�n determine.
Par�grafo 4�. La Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y la
Direcci�n de Inversiones del Departamento Nacional de Planeaci�n deber�n
suministrar la informaci�n que la Comisi�n considere pertinente.
Par�grafo 5�. La Comisi�n podr� recibir y
discutir estudios y propuestas sobre los temas a que se refiere el art�culo 361
de la Ley 1819 de 2016, que presenten de manera oportuna y conforme con el
reglamento que adopte la Comisi�n: los Gremios, la Academia, los Centros de
Pensamiento en temas econ�micos, los Organismos y Agencias Internacionales,
entre otros.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.2
Recursos para el funcionamiento de la
Comisi�n. Para el funcionamiento de la Comisi�n,
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, asignar� los recursos f�sicos,
tecnol�gicos, y los dem�s que se requieran para el cumplimiento del objeto de
la Comisi�n.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.3
�Instalaci�n formal para el
funcionamiento de la Comisi�n. Dentro de los diez (10) d�as siguientes
a la vigencia del decreto que incorpora el presente T�tulo, el Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico, instalar� formalmente la Comisi�n.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.4
Reglamento para el funcionamiento de la
Comisi�n. Luego de instalada la Comisi�n, el
Presidente pondr� a consideraci�n de todos los miembros el Proyecto de
Reglamento para el funcionamiento.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.5
Metodolog�a para el funcionamiento de la
Comisi�n y entrega de informes y propuestas oportunamente al Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico. La metodolog�a para el
funcionamiento de la Comisi�n, la entrega de los informes, las propuestas y el
ejercicio de las labores que se requieran para el cumplimiento del objeto de la
Comisi�n, ser� la que apruebe la Comisi�n.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.6
Gesti�n Documental. La Gesti�n Documental y su custodia estar� a cargo de la Secretar�a
T�cnica de la Comisi�n.
La Secretar�a T�cnica elaborar� un plan para facilitar la
identificaci�n, gesti�n, clasificaci�n, organizaci�n, conservaci�n y
disposici�n de la informaci�n que se produzca por la Comisi�n desde su creaci�n
hasta su clausura.
La Secretaria T�cnica ser� la responsable de garantizar la reserva de
la informaci�n, al igual que el Presidente, los miembros de la Comisi�n, los
invitados y funcionarios de entidades p�blicas que tengan acceso a ella.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.7.7
Clausura de la Comisi�n. La Comisi�n ser� clausurada en la sesi�n final que se realice en un
t�rmino m�ximo de diez (10) meses contados a partir de la vigencia del decreto
que incorpora el presente T�tulo.
(Art. 1 Decreto 320 de 2017)
Art�culo 1.1.8.1
Conformaci�n de la Comisi�n. La Comisi�n ad honorem de que trata el art�culo
106 de la Ley 1943 de 2018, estar� conformada por:
1.
El Viceministro T�cnico del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico en calidad de Presidente.
2.
Un Gobernador, elegido por la Federaci�n Nacional
de Departamentos.
3.
Un Alcalde, elegido por la Asociaci�n Colombiana de
Ciudades Capitales.
4.
Un Alcalde, elegido por la Federaci�n Colombiana de
Municipios.
Adem�s de los miembros se�alados en el inciso anterior, la Comisi�n
estar� conformada por nueve (9) expertos en materia tributaria y otras
disciplinas relacionadas con los asuntos a estudiar por la Comisi�n, que podr�n
ser acad�micos, miembros de centros de pensamientos en temas econ�micos o
tributarios del sector p�blico o privado. Estos expertos ad honorem ser�n
designados mediante resoluci�n expedida por el Ministro de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
Par�grafo 1. La Comisi�n contar� con la
asesor�a permanente de la Direcci�n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo 2. La Secretar�a T�cnica ser�
designada por la Comisi�n, esta �ltima podr� conformar mesas de trabajo con
expertos nacionales e internacionales ad honorem, en cada una de las materias
objeto de estudio.
Podr�n ser invitados a las mesas de trabajo de las que trata este
par�grafo y a sus sesiones, los funcionarios del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico y de otras entidades p�blicas que para el efecto convoque la
Comisi�n.
Par�grafo 3. La Comisi�n de expertos ad
honorem podr� recibir y discutir estudios y propuestas sobre los temas a que se
refiere el art�culo 106 de la Ley 1943 de 2018, que se presenten de manera
oportuna y conforme con el reglamento que adopte la Comisi�n.
Par�grafo 4. En ausencia del Viceministro
T�cnico de Hacienda y Cr�dito P�blico la representaci�n de este Ministerio en
la Comisi�n, recaer� en el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico o en funcionarios del nivel directivo.�
Par�grafo 5. Las entidades p�blicas del orden
nacional o territorial, deber�n suministrar la informaci�n que la Comisi�n
considere pertinente para el desarrollo de sus funciones.
Par�grafo 6. Dentro de los quince (15) d�as
h�biles siguientes a la expedici�n del Decreto que incorpora este T�tulo, la
Federaci�n Nacional de Departamentos, la Asociaci�n Colombiana de Ciudades
Capitales y la Federaci�n Colombiana de Municipios deber�n comunicar al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el miembro elegido para conformar la
Comisi�n.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.2
Entrega de propuestas al Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico. La Comisi�n entregar� las propuestas a que se refiere el inciso segundo
del art�culo 106 de la Ley 1943 de 2018, al Ministro de Hacienda y Cr�dito
P�blico en el t�rmino m�ximo de doce (12) meses, contados a partir de su
conformaci�n, sin perjuicio de la presentaci�n de informes trimestrales que
ser�n entregados al mismo.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.3
Recursos para el funcionamiento de la
Comisi�n. Para el funcionamiento de la Comisi�n ad
honorem, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, asignar� los recursos
f�sicos, tecnol�gicos, y los dem�s que se requieran para el cumplimiento del
objeto de la Comisi�n.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.4
Instalaci�n formal para el funcionamiento
de la Comisi�n. Una
vez expedida la resoluci�n de la que trata el inciso 2 del Art�culo 1.1.8.1.
del presente Decreto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico instalar�
formalmente la Comisi�n dentro de los quince (15) d�as h�biles siguientes.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.5
Reglamento para el funcionamiento de la
Comisi�n. Instalada la Comisi�n, el Presidente
pondr� para consideraci�n y aprobaci�n de todos los miembros,
el Proyecto de Reglamento para el funcionamiento.
El Reglamento, deber� incluir cuando menos las funciones de la
Secretar�a T�cnica, la metodolog�a para el funcionamiento de la Comisi�n,
reglas de quorum para la deliberaci�n y decisi�n de los asuntos, la entrega de
los informes, las propuestas y el ejercicio de las labores que se requieran
para el cumplimiento del objeto de la Comisi�n.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.6
Gesti�n documental. La Gesti�n Documental y su custodia estar� a cargo de la Secretar�a
T�cnica de la Comisi�n.
La Secretar�a T�cnica elaborar� un plan para facilitar la
identificaci�n, gesti�n, clasificaci�n, organizaci�n, conservaci�n y
disposici�n de la informaci�n que se produzca por la Comisi�n desde su creaci�n
hasta su clausura.
La Secretaria T�cnica ser� la responsable de garantizar la reserva de
la informaci�n, al igual que el Presidente, los miembros de la Comisi�n, los
invitados y funcionarios de entidades p�blicas que tengan acceso a ella.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.1.8.7
Clausura de la Comisi�n. La Comisi�n ser� clausurada en la sesi�n final que se realice en un
t�rmino m�ximo de doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente
decreto.
(Art.
1, Decreto 873 de 2019)
Art�culo 1.2.1.1.
Fondo de
Garant�as de Instituciones Financieras � FOGAFIN. El objeto general del Fondo de Garant�as
de Instituciones Financieras consistir� en la protecci�n de la confianza de los
depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas,
preservando el equilibrio y la equidad econ�mica e impidiendo injustificados
beneficios econ�micos o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y
administradores causantes de perjuicios a las instituciones financieras.
(Inciso
Art 2. Ley 117 de 1985)
Art�culo 1.2.1.2.
Fondo
Adaptaci�n. El objeto del Fondo Adaptaci�n ser� la
recuperaci�n, construcci�n y reconstrucci�n de las zonas afectadas por el
fen�meno de �La Ni�a�, con personer�a jur�dica, autonom�a presupuestal y
financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art.
1 Decreto 4819 de 2010)
Art�culo 1.2.1.3.
Superintendencia
Financiera de Colombia. La
Superintendencia Financiera de Colombia ejerce la inspecci�n, vigilancia y
control sobre las personas que realicen actividades financiera, burs�til,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o
inversi�n de recursos captados del p�blico.
La
Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el
sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad
y confianza, as� como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores
colombiano y la protecci�n de los inversionistas, ahorradores y asegurados.
(Objeto ajustado del Art. 11.2.1.3.1, Decreto 2555 de 2010)
Art�culo 1.2.1.4.
Superintendencia
de Econom�a Solidaria.
La Superintendencia de
la Econom�a Solidaria, es un organismo de car�cter t�cnico, adscrito al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, con personer�a jur�dica, autonom�a
administrativa y financiera. En su car�cter de autoridad t�cnica de supervisi�n
desarrollar� su gesti�n con los siguientes objetivos y finalidades generales:
1. Ejercer el
control, inspecci�n y vigilancia sobre las entidades que cobija su acci�n para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de las
normas contenidas en sus propios estatutos.
2. Proteger
los intereses de los asociados de las organizaciones de econom�a solidaria, de
los terceros y de la comunidad en general.
3. Velar por
la preservaci�n de la naturaleza jur�dica de las entidades sometidas a su
supervisi�n, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y
caracter�sticas esenciales.
4. Vigilar la
correcta aplicaci�n de los recursos de estas entidades, as� como la debida
utilizaci�n de las ventajas normativas a ellas otorgadas.
5. Supervisar
el cumplimiento del prop�sito socioecon�mico no lucrativo que ha de guiar la organizaci�n
y funcionamiento de las entidades vigiladas.
(Art. 4 Decreto 1401 de 1999)
Art�culo 1.2.1.5.
Unidad
Administrativa Especial
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. La Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y
Aduanas Nacionales, estar� organizada como una unidad administrativa especial
del orden nacional de car�cter eminentemente t�cnico y especializado, con
personer�a jur�dica, autonom�a administrativa y presupuestal y con patrimonio
propio.
�La Unidad Administrativa Especial
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - tiene como objeto
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano y la
protecci�n del orden p�blico econ�mico nacional, mediante la administraci�n y
control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias, y la facilitaci�n de las operaciones de comercio exterior en
condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
(Inciso 1
del Art. 1 y Art. 4 del Decreto 1071 de 1999)
Art�culo 1.2.1.6.
Administrativa
Especial Contadur�a
General de la Naci�n. Unidad Administrativa Especial Contadur�a General
de la Naci�n. Corresponde a la Contadur�a General de
la Naci�n, a cargo del Contador General de la Naci�n, llevar la contabilidad
general de la Naci�n y consolidarla con la de las entidades descentralizadas
territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan. Igualmente, uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad
p�blica, elaborar el balance general y determinar las normas contables que
deben regir en el pa�s, conforme a la ley.
(Art. 1 Decreto 143 de 2004)
Art�culo 1.2.1.7.
Unidad
Administrativa Especial
de Informaci�n y An�lisis Financiero � UIAF. La Unidad de Informaci�n y An�lisis
Financiero, es una Unidad Administrativa Especial con personer�a jur�dica,
autonom�a administrativa, patrimonio independiente y reg�menes especiales en
materia de administraci�n de personal, nomenclatura, clasificaci�n, salarios y
prestaciones, de car�cter t�cnico. La Unidad tendr� como objetivo la prevenci�n
y detecci�n de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el
ocultamiento, manejo, inversi�n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero
u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su
financiaci�n, o para dar apariencia de legalidad
a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las
mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiaci�n del terrorismo.
(Incisos
primeros de los Arts. 1 y 3 de la Ley 526 de 1999)
Art�culo 1.2.1.8.
Unidad
Administrativa de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protecci�n Social � UGPP. La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) es una entidad
administrativa del orden nacional con personer�a jur�dica, autonom�a
administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
La Unidad Administrativa
Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n
Social (UGPP) tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales
y prestaciones econ�micas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores
p�blicos del R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida del orden nacional
o de las entidades p�blicas del orden nacional que se encuentren en proceso de
liquidaci�n, se ordene su liquidaci�n o se defina el cese de esa actividad por
quien la est� desarrollando.
As� mismo, la entidad tiene por objeto efectuar, en coordinaci�n
con las dem�s entidades del Sistema de la Protecci�n Social, las tareas de
seguimiento, colaboraci�n y determinaci�n de la adecuada, completa y oportuna
liquidaci�n y pago de las contribuciones parafiscales de la Protecci�n Social,
as� como el cobro de las mismas.
(Arts. 1 y 2 Decreto 575 de 2013)
Art�culo 1.2.2.1.
Fondo de
Garant�as de Entidades Cooperativas Financieras y Ahorro y Cr�dito - FOGACOOP. El objeto del Fondo consistir� en la
protecci�n de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades
cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad econ�mica e
impidiendo injustificados beneficios econ�micos o de cualquier otra naturaleza
a los asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades
cooperativas.
(Art. 2 Decreto 2206 de 1998)
Art�culo 1.2.2.2.
Financiera de Desarrollo Territorial S.A� - FINDETER.
Es una sociedad de econom�a mixta del orden
nacional, del tipo de las an�nimas, organizada como un establecimiento de
cr�dito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y sometida a la
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. �El objeto
social es la promoci�n del desarrollo regional y urbano, mediante la
financiaci�n y la asesor�a en lo referente a dise�o, ejecuci�n y administraci�n
de proyectos o programas de inversi�n relacionados con las siguientes
actividades:
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a) Construcci�n,
ampliaci�n y reposici�n de infraestructura correspondiente al sector de agua
potable y saneamiento b�sico;
b) Construcci�n,
pavimentaci�n y remodelaci�n de v�as urbanas y rurales;
c) Construcci�n,
pavimentaci�n y conservaci�n de carreteras departamentales, veredales, caminos
vecinales, puentes y puertos fluviales;
d) Construcci�n,
dotaci�n y mantenimiento de la planta f�sica de los planteles educativos
oficiales de primaria y secundaria;
e) Construcci�n
y conservaci�n de centrales de transporte;
f) Construcci�n,
remodelaci�n y dotaci�n de la planta f�sica de puestos de salud y ancianatos;
g) Construcci�n,
remodelaci�n y dotaci�n de centros de acopio, plazas de mercado y plazas de
ferias;
h) Recolecci�n,
tratamiento y disposici�n final de basuras;
i) Construcci�n,
remodelaci�n y dotaci�n de mataderos;
j) Ampliaci�n
de redes de telefon�a urbana y rural;
k) Otros
rubros que sean calificados por la Junta Directiva de la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, como parte o complemento de las
actividades se�aladas en el presente art�culo;
l) Asistencia
t�cnica a las entidades beneficiarias de financiaci�n, requerida para adelantar
adecuadamente las actividades enumeradas;
m) Financiaci�n de
contrapartidas para programas y proyectos relativos a las actividades de que
tratan los numerales precedentes, que hayan sido financiados conjuntamente por
otras entidades p�blicas o privadas;
n) Adquisici�n
de equipos y realizaci�n de operaciones de mantenimiento, relacionadas con las
actividades enumeradas en este art�culo.
(Art.1
del Decreto 4167 de 2011 y Art. 1 de la Ley 57 de 1989)
Art�culo 1.2.2.3.
Financiera
de Desarrollo Nacional S.A - FDN. La
Financiera de Desarrollo Nacional SA, una sociedad de econom�a mixta del orden
nacional, del tipo de las an�nimas, organizada como un establecimiento de
cr�dito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y sometida a la
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, con un r�gimen legal
propio, tiene por objeto principal promover, financiar y apoyar empresas o
proyectos de inversi�n en todos los sectores de la econom�a, para lo cual
podr�:
a) Desarrollar las operaciones previstas
para las Corporaciones Financieras y las previstas en el numeral 1 del Art�culo
261 del Decreto 663 de 1993,
b) Recibir, administrar y canalizar los
aportes de organismos p�blicos o privados, nacionales o extranjeros, o de
organismos internacionales, destinados a la consolidaci�n, dise�o, construcci�n,
desarrollo y operaci�n de empresas o proyectos,
c) Estructurar productos financieros y
esquemas de apoyo, soporte, promoci�n y financiaci�n de empresas o proyectos,
d) Conseguir y gestionar recursos de
financiaci�n para el desarrollo de empresas o proyectos,
e) Proveer cooperaci�n t�cnica para la
preparaci�n, financiamiento y ejecuci�n de proyectos incluyendo la
transferencia de tecnolog�a apropiada a trav�s de los esquemas que considere
pertinentes.
(Art.
258 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero)
Art�culo 1.2.2.4.
La
Previsora S.A. Compa��a de Seguros S.A. La Previsora S.A. es una sociedad de econom�a mixta del
orden nacional, sometida al r�gimen de las empresas industriales y comerciales
del Estado. Cuenta con personer�a jur�dica y autonom�a administrativa,
est� vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y es vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
El
objeto de la Sociedad es el de celebrar y ejecutar contratos de Seguro,
Coaseguro y Reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las
personas naturales o jur�dicas privadas, as� como los que directa o
indirectamente tengan la Naci�n, el Distrito Capital de Bogot�, los
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
de cualquier orden, asumiendo todos los riesgos que de acuerdo con la ley puedan
ser materia de estos contratos.
(Art. 3
Estatutos vigentes marzo de 2012)
Art�culo 1.2.2.5.
Administradora
del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS. La Empresa Industrial y Comercial del
Estado COLJUEGOS, tendr� como objeto la explotaci�n, administraci�n, operaci�n
y expedici�n de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio
rent�stico sobre los juegos de suerte y azar que por disposici�n legal no sean
atribuidos a otra entidad. Su domicilio ser� la ciudad de Bogot� D.C.
(Art.
2, Decreto 4142 de 2011)
Art�culo 1.2.2.6.
Central de
Inversiones S.A. - CISA. CISA
tendr� por objeto gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar,
recaudar, intermediar, enajenar y arrendar, a cualquier t�tulo, toda clase de
bienes inmuebles, muebles, acciones, t�tulos valores, derechos contractuales,
fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos
liquidatorios, cuyos propietarios sean entidades p�blicas de cualquier orden o
rama, organismos aut�nomos e independientes previstos en la Constituci�n
Pol�tica y en la ley, o sociedades con aportes estatales de r�gimen especial y
patrimonios aut�nomos titulares de activos provenientes de cualquiera de las
entidades descritas, as� como prestar asesor�a t�cnica y profesional a dichas
entidades en el diagn�stico y/o valoraci�n de sus activos y sobre temas
relacionados con el objeto social.
(Inciso
primero Art 2. Decreto 4819 de 2007, modificado por el Art. 1 Decreto 3409 de 2008)
Art�culo 1.2.2.7.
Sociedad
de Activos Especiales S.A.S. - SAE.� La sociedad tiene por objeto adquirir, administrar,
comercializar, intermediar, enajenar y arrendar a cualquier t�tulo, bienes
muebles, inmuebles, unidades comerciales, empresas, sociedades, acciones,
cuotas sociales y partes de inter�s en sociedades civiles y comerciales, sin
distinci�n de su modalidad de constituci�n, as� como el cobro y recaudo de los
frutos producto de los mismos, respecto de los cuales se haya decretado total o
parcialmente medidas de incautaci�n, extinci�n de dominio, comiso, decomiso,
embargo, secuestro o cualquier otra que implique la suspensi�n del poder
dispositivo en cabeza de su titular o el traslado de la propiedad del bien a la
Naci�n, por orden de autoridad competente conforme a los procedimientos
establecidos por la ley para tales fines.
(Inciso 1
del Art 5, Estatutos SAE - Acta No. 012, 23 de Abril de 2012)
Art�culo 1.2.2.8.
Fiduciaria
la Previsora S.A. El
objeto exclusivo de la sociedad es la celebraci�n, realizaci�n y ejecuci�n de
todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas
generales, y a la presente sociedad, por normas especiales, esto es, la
realizaci�n de los negocios� fiduciarios, tipificados en el C�digo de Comercio
y previstos tanto en el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero como en el
Estatuto de Contrataci�n de la Administraci�n� P�blica, al igual que en las
disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten a las
anteriores.
En
consecuencia, la sociedad podr�:
a) Tener la calidad de fiduciario, seg�n lo
dispuesto en el art�culo 1.226 del� C�digo de Comercio.
b) Celebrar negocios fiduciarios que
tengan� por objeto la realizaci�n de inversiones, al administraci�n de bienes o
la ejecuci�n de actividades relacionadas con el otorgamiento de garant�as por
terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones, la administraci�n o
vigilancia de los bienes sobre los que s constituyan las garant�as y la
realizaci�n de las mismas, con sujeci�n a las restricciones legales.
c) Obrar como agente de trasferencia y
registro de valores.
d) Obrar como representante de tenedores d
bonos.
e) Obrar, en los casos en que sea
procedente con arreglo a la Ley, como s�ndico, curador de bienes o depositario
de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden de autoridad judicial
competente o por determinaci�n de la personas que tengan facultad legal para
designarlas con tal fin.
f) Prestar servicio de asesor�a financiera.
g) Emitir bonos por cuenta de una fiducia
mercantil o de dos o m�s empresas, de conformidad con las disposiciones
legales.
h) Administrar fondos de pensiones de
jubilaci�n e invalidez.
i) Actuar como intermediario en el mercado
de valores en los eventos autorizados por las disposiciones vigentes.
j) Obrar como agente de titularizaci�n de
activos.
k) Ejecutar las operaciones especiales
determinadas por el art�culo 276 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero.
l) En general, realizar todas las
actividades que le sean autorizadas por la Ley.
(Art.
5 Estatutos Sociales)
Art�culo 1.2.2.9.
Positiva
Compa��a de Seguros S.A. Positiva
Compa��a de Seguros S. A., tiene por objeto la realizaci�n de operaciones de
seguros de vida y afines, bajo las modalidades y los ramos autorizados
expresamente; de coaseguros y reaseguros; y en aplicaci�n de la Ley 100 de
1993, sus decretos reglamentarios y dem�s normas que los modifiquen o
adicionen, el desarrollo de todas aquellas actividades que por ley sean
permitidas a este tipo de sociedades.
(Art.
2 Decreto 1234 de 2012)
Art�culo 2.1.1.
Objeto. El objeto de este decreto
es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio principalmente
de la facultad reglamentaria conferida por el numeral 11 del art�culo 189 de la
Constituci�n Pol�tica, para la cumplida ejecuci�n de las leyes del Sector
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Tambi�n se han incluido en la presente compilaci�n los decretos que
desarrollan leyes marco sobre r�gimen cambiario y algunos decretos expedidos en
ejercicio conjunto de las facultades de los numerales 11 y 25 del art�culo 189
de la Constituci�n Pol�tica. Estos� �ltimos aunque tienen disposiciones sobre
las actividades financiera, burs�til y/o aseguradora, la tem�tica principal que
regulan no corresponde a dichas actividades, y por tanto, no est�n ni ser�n incluidos
en el Decreto 2555 de 2010.
Art�culo 2.1.2.
�mbito de Aplicaci�n. El presente
decreto aplica a las entidades del sector Hacienda y Cr�dito P�blico y rige en
todo el territorio nacional.�
Art�culo 2.2.1.1.
�mbito de aplicaci�n.
El presente T�tulo aplica a las operaciones de cr�dito p�blico y
asimiladas, las de manejo de deuda p�blica y las conexas con las anteriores de
que trata el par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993, que realicen las
siguientes entidades estatales, aun cuando est�n sometidas al derecho privado:
La Naci�n, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito
capital y los distritos especiales, las �reas metropolitanas, las asociaciones
de departamentos, las asociaciones de municipios, los territorios ind�genas y
los municipios, los establecimientos p�blicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de econom�a mixta en las que el Estado
tenga participaci�n p�blica mayoritaria, los entes universitarios aut�nomos, la
agencias que tengan autorizaci�n para endeudarse, las corporaciones aut�nomas
regionales, as� como las entidades descentralizadas indirectas y las dem�s
personas jur�dicas en las que exista participaci�n p�blica mayoritaria
cualquiera sea la denominaci�n que ellas adopten, en todos los �rdenes y
niveles, yen general las dem�s figuras jur�dicas, �rganos o dependencias
p�blicas a los que la ley les otorgue capacidad para ser receptores de derechos
y/u obligaciones, incluyendo los patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico que
hayan sido autorizados por ley para celebrar operaciones de cr�dito p�blico.
Para efectos del presente T�tulo, dichas entidades se denominar�n
Entidades Estatales. De igual forma, por participaci�n p�blica mayoritaria, se
entender�: (i) que los �rganos de direcci�n est�n sujetos al control de una o
m�s Entidades Estatales sujetas al �mbito de aplicaci�n de este T�tulo; o (ii)
que el capital o el patrimonio de la entidad sea mayoritariamente p�blico, es
decir, superior al 50%.
Los establecimientos de cr�dito, las compa��as de seguros y las dem�s
entidades financieras de car�cter estatal, no estar�n sujetas a las disposiciones
de este T�tulo en virtud del par�grafo 1 del art�culo 32 de la Ley 80 de 1993.
PAR�GRAFO. Para efecto de las autorizaciones
de que trata este T�tulo, los patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico deber�n
atender los requisitos propios de las operaciones de la entidad fideicomitente.
(Art. 1 Decreto 2681 de 1993, Modificado por
el Art.1 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.2.
Celebraci�n de operaciones a nombre de la naci�n. Se celebrar�n a nombre de la Naci�n las operaciones de cr�dito p�blico
y asimiladas, las de manejo de deuda p�blica y las conexas con las anteriores
de: los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias,
las Unidades Administrativas Especiales, el Consejo Superior de la Judicatura,
la Fiscal�a General de la Naci�n, la Contralor�a General de la Rep�blica, la
Procuradur�a General de la Naci�n, la Registradur�a Nacional del Estado Civil,
el Senado de la Rep�blica, la C�mara de Representantes y los dem�s organismos o
dependencias del Estado del orden nacional que carezcan de personer�a jur�dica
y a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
Los embajadores y dem�s agentes diplom�ticos y consulares de la
Rep�blica, podr�n suscribir, previa autorizaci�n del respectivo representante
de la Naci�n, los actos, documentos y contratos requeridos para la celebraci�n
y ejecuci�n de las operaciones de que trata el par�grafo 2 del art�culo 41 de
la Ley 80 de 1993. Tales actos, documentos y contratos se perf�ccionar�n con la
firma del embajador o agente diplom�tico autorizado.
De igual forma, los agentes consulares podr�n ser autorizados por el
respectivo representante de la Naci�n para recibir notificaciones en nombre de
�sta en los procesos que se adelanten en relaci�n con las mencionadas
operaciones."
(Art. 2 Decreto 2681 de 1993, modificado por
el Art.2 del Decreto 1575 de 2022
Art�culo 2.2.1.3.
Delegaci�n celebraci�n de operaciones en nombre de la Naci�n. Conforme
a lo dispuesto por los art�culos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993 y al inciso
primero del art�culo anterior y, salvo que se trate de cr�ditos de proveedores,
las operaciones a que se refiere este t�tulo s�lo podr�n ser celebradas en
nombre de la Naci�n por el Presidente de la Rep�blica y por los funcionarios en
quienes se delega esta facultad� de acuerdo con los dos art�culos siguientes.
(Art. 1 Decreto 2540 de 2000)
Art�culo 2.2.1.4.
Delegaci�n operaciones de empr�stito externo por su cuant�a. Del�guese
en el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, la facultad de celebrar contratos
de empr�stito externo en nombre de la Naci�n, cuando su cuant�a no exceda de
mil cien millones de d�lares de los Estados Unidos de Am�rica
(US$1.100.000.000), o su equivalente en otras monedas.
Esta
facultad comprende la de suscribir los avales y garant�as que se requieran para
dichos empr�stitos externos.
Cuando
los anteriores contratos de empr�stito externo sean atinentes al: despacho de los
dem�s ministerios o departamentos administrativos; del�guese en el Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico y en el respectivo ministro o director de departamento
administrativo la facultad de celebrar dichos contratos. En consecuencia, tales
contratos deber�n ser suscritos conjuntamente por el correspondiente ministro o
director del departamento administrativo y por el Ministro de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
(Art. 2 Decreto 2540 de 2000, modificado por el Art
1 del Decreto 769 de 2008, modificado por el Art.
1 del Decreto 2075 de 2016)
Art�culo 2.2.1.5.
Delegaci�n operaciones diferentes a los de empr�stito externo.
Del�gase en el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico la facultad de
celebrar en nombre de la Naci�n y sin limitaci�n de cuant�a, las operaciones a
nombre de la Naci�n de que trata el art�culo 2.2.1.3 del presente t�tulo,
diferentes a los contratos de empr�stito externo de que trata el art�culo
anterior.
(Art. 3 Decreto 2540 de 2000)
Art�culo 2.2.1.6.
Emisi�n de autorizaciones y conceptos. Para
emitir los conceptos que les corresponden, el Consejo Nacional de Pol�tica
Econ�mica y Social - CON PES, el Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP Y el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, tendr�n en cuenta, entre otros, la
adecuaci�n de las respectivas operaciones a la pol�tica del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico en materia de cr�dito p�blico y su conformidad con
el Programa Macroecon�mico y el Plan
Financiero aprobados por el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social-
CONPES, y el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal- CONFIS.
Para las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas de la Naci�n se
requerir� concepto del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social -
CONPES. Los conceptos del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social-
CONPES , as� como los montos m�ximos de endeudamiento aprobados, se entender�n
vigentes hasta tanto el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social- CON
PES emita concepto en sentido contrario, y se expedir�n sobre la justificaci�n
t�cnica, econ�mica, financiera y social del proyecto o gastos a financiar en el
Presupuesto General de la Naci�n o de las Entidades Estatales que puedan ser
beneficiarias de la garant�a de la Naci�n a trav�s de operaciones de cr�dito
p�blico.
En caso en que el concepto se refiera al otorgamiento de la garant�a de
la Naci�n, tambi�n deber� contemplar la evaluaci�n sobre la capacidad de pago
de la entidad estatal garantizada y que su endeudamiento se encuentre en el
nivel adecuado teniendo en cuenta su situaci�n financiera, su plan de
financiaci�n por fuentes de recursos y el cronograma de gastos anuales.
Para las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas internas de la
Naci�n y de las entidades descentralizadas del orden Nacional, las entidades
territoriales y sus descentralizadas, incluidos los patrimonios aut�nomos que
�stas constituyan, que comprendan el financiamiento de gastos de inversi�n se
requerir� concepto del Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP. Los conceptos
del Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP se expedir�n sobre la
justificaci�n t�cnica del proyecto y la alineaci�n con el respectivo Plan de
Desarrollo y las pol�ticas sectoriales aplicables. As� mismo, deber�n verificar
que el endeudamiento de las Entidades Estatales se encuentra en el nivel
adecuado teniendo en cuenta su situaci�n financiera y su proyecci�n financiera.
Los conceptos emitidos por el Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP deber�n
establecer como m�nimo la vigencia de estos y, en caso de ser procedente, el
monto m�ximo a que se refiere dicho concepto.
Los conceptos emitidos por el Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP
que no se refieran a planes de inversi�n plurianuales tendr�n una vigencia de
hasta por un (1) a�o. Para aquellos conceptos emitidos en relaci�n con la
adquisici�n de endeudamiento para financiar planes de inversi�n plurianuales,
estos tendr�n una vigencia igual a la del periodo del plan de inversi�n a
financiar. Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Estatales deber�n
presentar anualmente ante el Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP la calificaci�n
de riesgo actualizada para cada vigencia, cuando la normatividad vigente lo
requiera y, certificaci�n del representante legal que acredite: (i) que no se
ha modificado el objeto del proyecto de inversi�n a financiarse con esos
recursos; y (ii) que no se ha presentado un cambio adverso, entendiendo por
tal, todo hecho que tenga un efecto significativamente adverso sobre la
situaci�n jur�dica, administrativa o financiera de la entidad estatal
solicitante, que afecte o pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones de
pago contra�das. Con base en esta documentaci�n, el Departamento Nacional de
Planeaci�n � DNP definir� de forma escrita si el concepto debe ser refrendado.
Para las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas de las Entidades
Estatales diferentes a la Naci�n que comprendan el financiamiento de gastos
diferentes a inversi�n, el concepto ser� emitido por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Dicho concepto tendr� en cuenta los estados financieros actualizados y la
consistencia de las proyecciones financieras de la entidad estatal, con el fin
de determinar si �sta cuenta con niveles adecuados de liquidez, solvencia y
capacidad de pago para asumir un nuevo endeudamiento. Los conceptos emitidos
por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico tendr�n una vigencia hasta por
un (1) a�o.
PAR�GRAFO 1. Los conceptos mencionados en este
art�culo se podr�n solicitar por las Entidades Estatales ara una o varias o operaciones
de cr�dito. Para el efecto la entidad estatal deber� proveer la informaci�n
requerida por la entidad o instancia competente de la emisi�n del concepto,
seg�n corresponda.
PAR�GRAFO 2. La entidad estatal beneficiaria
de los conceptos de que trata este art�culo deber� hacerle seguimiento
peri�dico al monto m�ximo de endeudamiento aprobado en estos hasta su
utilizaci�n total, deber� certificar su afectaci�n, el saldo disponible y que
no se ha presentado un cambio adverso en su situaci�n financiera previo a cada
solicitud de afectaci�n.
(Modificado
Art. 1, Decreto 473 de 2020; Art. 40 Decreto 2681 de 1993; Modificado por el
Art.3 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.7.
Emisi�n de autorizaciones sobre operaciones de
cr�dito p�blico y asimiladas. Previa a la emisi�n de
las autorizaciones de que trata el presente T�tulo, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico tendr� en cuenta las condiciones del mercado, las fuentes de
recursos del cr�dito, la competitividad de las ofertas, la situaci�n financiera
de la entidad estatal, el servicio de la deuda de las obligaciones de la
entidad estatal garantizadas por la Naci�n, los estados financieros
actualizados y sus proyecciones para determinar que la entidad estatal cuenta
con niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago para asumir un
nuevo endeudamiento, entre otros criterios. En todo caso, cuando exista
concepto del Departamento Nacional de Planeaci�n-DNP sobre gastos �nicamente
relacionados con inversi�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no
deber� pronunciarse sobre los aspectos analizados por dicha entidad.
PAR�GRAFO. Las autorizaciones mencionadas en
el presente art�culo se podr�n solicitar por las Entidades Estatales para una o
varias operaciones determinadas. Para el efecto la entidad estatal deber�
proveer la informaci�n financiera requerida por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.".
(Art. 41 Decreto 2681 de 1993 incisos derogados por
la Ley 185 de 1995; Modificado por el
Art.4 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.8.
Situaci�n financiera y cupos de cr�dito. Corresponde
al Departamento Nacional de Planeaci�n, cuando se trate de la emisi�n de
conceptos de dicho organismo o del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y
Social, CONPES, verificar que el endeudamiento de las entidades estatales se
encuentra en el nivel adecuado teniendo en cuenta su situaci�n financiera.
(Art. 42 Decreto 2681 de 1993 modificado por la Ley 185 de 1995)
Art�culo 2.2.1.9.
Disposiciones transitorias. La celebraci�n de
operaciones de cr�dito p�blico, operaciones asimiladas, operaciones propias del
manejo de la deuda y las conexas con las anteriores que estuvieren iniciadas al
31 de diciembre de 1993, se continuar�n rigiendo por las normas con las cuales
se iniciaron, en cuanto a los tr�mites y requisitos que faltaren para la
suscripci�n de los respectivos contratos.
Par�grafo.�
En concordancia con lo previsto en este art�culo para la celebraci�n de
operaciones de cr�dito p�blico, operaciones asimiladas, operaciones propias del
manejo de la deuda p�blica y las conexas con las anteriores, el contenido de
los contratos se someter� a la Ley vigente al momento de la aprobaci�n de la
minuta.
(Art. 44 Decreto 2681 de 1993, par�grafo a�adido del
Art. 1 Decreto 1121 de 1994)
Art�culo 2.2.1.1.1.
Operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas. Son operaciones de cr�dito p�blico aquellas que tienen por objeto
dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su
pago, as� como aquellas mediante las cuales la entidad estatal actlJa como
deudor solidario o cuando otorgue garant�as sobre obligaciones dinerarias con
plazo para su pago. Dentro de estas operaciones est�n comprendidas, entre
otras, la contrataci�n de empr�stitos, la emisi�n, suscripci�n y colocaci�n de
t�tulos de deuda p�blica, el financiamiento con proveedores y el otorgamiento
de garant�as para obligaciones de pago dinerarias con plazo para su pago.
Son operaciones asimiladas a las operaciones de cr�dito p�blico,
aquellas en virtud de las cuales la entidad estatal contrae obligaciones
dinerarias con plazo para el pago sin que se dote de recursos, bienes o
servicios. Dentro de estas operaciones se encuentran los contratos de leasing
financiero, el factoring con recurso, los cr�ditos documentarios cuando el
banco emisor de la carta de cr�dito otorgue un plazo para cubrir el valor de su
utilizaci�n y la novaci�n o modificaci�n de obligaciones, cuando la nueva
obligaci�n implique el otorgamiento de un plazo para el pago. Las operaciones
asimiladas que tengan un plazo para el pago igualo menor a un (1) a�o est�n
autorizadas por v�a general y no requerir�n los conceptos mencionados en el
par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993.
Para efectos de lo dispuesto en el presente T�tulo, las operaciones de
cr�dito p�blico y las asimiladas pueden ser internas o externas. Son
operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas internas las que al momento de su
celebraci�n se realicen entre residentes del territorio colombiano, de acuerdo
con lo definido en el art�culo 2.17.1.2. del presente Decreto, y est�n
denominadas en moneda legal colombiana, de conformidad con las disposiciones
cambiarias. Son operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas externas todas las
dem�s.
Art�culo 2.2.1.1.2. Operaciones de manejo de deuda p�blica. Constituyen operaciones propias del manejo de deuda p�blica las que no
incrementan el endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar
el perfil de la deuda en t�rminos de plazo, tasa de inter�s, exposici�n a
moneda extranjera, entre otros. Estas operaciones, en tanto no constituyen
financiamiento nuevo o adicional, no afectan el cupo de endeudamiento.
Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre
otras, la refinanciaci�n o reestructuraci�n, la renegociaci�n, el
reordenamiento, los acuerdos de pago, la conversi�n, el intercambio, la
sustituci�n, las operaciones de cobertura de riesgos, las que tengan por objeto
reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, la titularizaci�n de activos,
las relativas al manejo de los excedentes de liquidez por parte de la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico de las que trata el T�tulo 3 de la Parte 3 del Libro 2 del
presente Decreto, y las dem�s normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen, y
todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se
desarrollen.
PAR�GRAFO. Las operaciones que impliquen
adici�n al monto de financiamiento contratado o incremento en el endeudamiento
neto de la entidad estatal deber�n sujetarse al procedimiento requerido para
obtener las autorizaciones pertinentes para la contrataci�n de nuevas
operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas de conformidad con lo establecido
en el presente T�tulo, salvo aquellas en las que act�e como acreedor la Naci�n
- Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional.
Art�culo 2.2.1.1.3. Operaciones conexas. Son
conexas a las operaciones de cr�dito p�blico, asimiladas y a las de manejo de
deuda p�blica, entre otros, los actos y contratos que constituyan un medio
necesario para: el otorgamiento de garant�as o contragarant�as a operaciones de
cr�dito p�blico, asimiladas o de manejo; los contratos de emisi�n, colocaci�n,
incluida la colocaci�n garantizada, fideicomiso, encargo fiduciario, garant�a y
administraci�n de t�tulos de deuda p�blica en el mercado de valores, as� como
los contratos para la calificaci�n de la inversi�n o de valores, y, en general,
los contratos para la prestaci�n de servicios requeridos para la celebraci�n de
operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas, la emisi�n y colocaci�n de t�tulos
en los mercados de capitales, o la celebraci�n de operaciones de manejo de
deuda.
Igualmente son conexos a operaciones de cr�dito p�blico, asimiladas y a
las de manejo de la deuda p�blica, los contratos de intermediaci�n para llevar
a cabo tales operaciones y los de asistencia o asesor�a necesarios para la
negociaci�n, contrataci�n, o representaci�n de la entidad estatal que deban
realizarse por personas o entidades expertas en estas materias.
La celebraci�n de estas operaciones no requerir� de conceptos previos
del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social - CONPES, del Departamento
Nacional de Planeaci�n - DNP, ni de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de que trata el
art�culo 2.2.1.6. del presente Decreto.
PAR�GRAFO 1. En el caso de los contratos de
garant�a y/o contragarant�a que suscriban las Entidades Estatales a favor de la
Naci�n, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� aprobar previo a la celebraci�n
de la operaci�n conexa las cl�usulas relacionadas con dichas garant�as y/o
contragarant�as.
PAR�GRAFO 2. Requerir�n autorizaci�n del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico las operaciones conexas que proyecte
celebrar la Naci�n o las entidades descentralizadas del orden nacional, de
conformidad con lo establecido en el art�culo 15 de la Ley 185 de 1995."
Art�culo 6. Modif�quese la Secci�n 1 del
Cap�tulo 2 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, la
cual quedar� as�:
SECCI�N 1. CONTRATACI�N DE OPERACIONES DE CR�DITO
P�BLICO Y ASIMILADAS
Art�culo 2.2.1.2.1.1. Contratos de empr�stito.
Son contratos de empr�stito los que tienen por objeto proveer a la entidad
estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para
su pago.
Los empr�stitos se contratar�n en forma directa, sin someterse al
procedimiento de licitaci�n o concurso de m�ritos. Su celebraci�n se sujetar� a
lo dispuesto en los art�culos siguientes.
PAR�GRAFO. De conformidad con lo dispuesto en
el par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993, los sobregiros est�n
autorizados por v�a general y no requerir�n los conceptos all� mencionados.
Art�culo 2.2.1.2.1.2. Celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico
externas y sus asimiladas a nombre de la Naci�n. La
celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico externas y sus asimiladas a
nombre de la Naci�n, que tengan plazo superior a un a�o y que no tengan un
tr�mite de autorizaci�n especial en este T�tulo, requerir�n autorizaci�n para
suscribir el contrato o instrumento impartida mediante resoluci�n por el
lVIinisterio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se
cuente con:
1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y
Social- CONPES; 2. Concepto previo y definitivo de la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico; y 3. La aprobaci�n de la minuta
definitiva del contrato impartida por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Art�culo 2.2.1.2.1.3. Celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico
internas y sus asimiladas a nombre de la Naci�n. La
celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico internas y sus asimiladas a
nombre de la Naci�n que no tengan un tr�mite de autorizaci�n especial en este
T�tulo, requerir� autorizaci�n para celebrar la correspondiente operaci�n
impartida mediante resoluci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
�sta podr� otorgarse una vez se cuente con:
1. El concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n,
cuando se trate de proyectos de inversi�n; y
2. La aprobaci�n de la minuta definitiva del contrato impartida por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Art�culo 2.2.1.2.1.4. Operaciones de cr�dito p�blico externas y sus
asimiladas de Entidades Estatales diferentes de la Naci�n. La celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico externas y sus
asimiladas que no tengan un tr�mite de autorizaci�n especial en este T�tulo,
as� como el otorgamiento de garant�as a los prestamistas, por parte de: i)
entidades territoriales; ii) entidades descentralizadas de cualquier orden;
iii) los patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico autorizados por la ley para
celebrar operaciones de cr�dito p�blico; y iv) todas las dem�s entidades
estatales a las que la ley les otorgue capacidad para ser receptoras de
derechos y/o obligaciones, requerir�n autorizaci�n impartida mediante
resoluci�n por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Dicha autorizaci�n ser� expedida una vez se cuente con el
correspondiente concepto favorable en los t�rminos del art�culo 2.2.1.6. del
presente Decreto, el documento t�cnico justificativo de que trata el art�culo
2.2.1.5.2. del presente Decreto y la aprobaci�n de la minuta definitiva del
contrato o instrumento impartida por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Art�culo 2.2.1.2.1.5. Operaciones de cr�dito p�blico internas y sus
asimiladas de entidades estatales del orden nacional diferentes a la Naci�n. La celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico internas y sus
asimiladas que no tengan un tr�mite de autorizaci�n especial en este T�tulo,
as� como el otorgamiento de garant�as a los prestamistas por parte de i) las
entidades descentralizadas del orden nacional; ii) los patrimonios aut�nomos de
car�cter p�blico cuyo fideicomitente sea del orden nacional, autorizados por la
ley para celebrar operaciones de cr�dito p�blico; y �ii) todas las dem�s
entidades estatales del orden nacional a las que la ley les otorgue capacidad
para ser receptoras de derechos y/u obligaciones, requerir�n autorizaci�n
impartida mediante resoluci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para
celebrar operaciones de cr�dito p�blico internas, sus asimiladas y para otorgar
garant�as, siempre y cuando se cuente con el correspondiente concepto favorable
de que trata el art�culo 2.2.1.6. del presente Decreto, el documento
justificativo de que trata el art�culo 2,2.1,5.2. del presente Decreto y con la
aprobaci�n de la minuta definitiva del contrato o instrumento impartida por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Art�culo 2.2.1.2.1.6. Celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico
internas y sus asimiladas de entidades territoriales y sus descentralizadas. La celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico internas y sus
asimiladas por las entidades territoriales y sus descentralizadas se regir� por
lo se�alado en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986, la Ley 358 de 1997, la Ley
617 de 2000 y dem�s normas que le adicionen, complementen y modifiquen seg�n el
caso,
Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci�n de registro de las
operaciones en la Base �nica de Datos administrada por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
de conformidad con lo establecido en el art�culo 16 de la Ley 185 de 1995
modificado por el art�culo 13 de la Ley 533 de 1999 y las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan. Dicho registro se har� con fines �nicamente
estad�sticos y no implicar� un control de legalidad frente a los tr�mites y
dem�s requisitos necesarios para la celebraci�n de la operaci�n. Las entidades
territoriales y sus descentralizadas ser�n las �nicas responsables del
cumplimiento de tales tr�mites y requisitos, as� como por la veracidad,
legalidad, completitud de la informaci�n y certificaciones que remitan a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico para efectos del registro.
PAR�GRAFO: En el caso en que la entidad
territorial pretenda celebrar operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas que
excedan su capacidad de pago, cuando sea aplicable deber� contar con la
autorizaci�n impartida mediante resoluci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, de conformidad con los t�rminos del art�culo 6 de la Ley 358 de 1997,
modificado por el art�culo 30 de la Ley 2155 de 2021, y las normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan, Para la emisi�n de dicha autorizaci�n, se
deber� contar con el concepto favorable sobre el plan de desempe�o expedido por
la Direcci�n de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y la
aprobaci�n de las minutas definitivas por parte del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico- Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
Art�culo 2.2.1.2.1.7. Cr�ditos de presupuesto.
Los empr�stitos que celebren las Entidades Estatales con la Naci�n con cargo a
apropiaciones presupuestales, en los t�rminos del Estatuto Org�nico del
Presupuesto, requerir�n autorizaci�n impartida mediante resoluci�n del
Ministerio de Hacienda Cr�dito P�blico la cual se expedir� una vez se cuente con el correspondiente concepto
favorable de que trata el art�culo 2.2.1.6. del presente Decreto.
Los cr�ditos de presupuesto que otorgue la Naci�n para transferir a
determinadas entidades estatales los recursos provenientes de cr�ditos externos
contratados por �sta no requerir�n el concepto de que trata el art�culo
2.2.1.6. del presente Decreto.
Art�culo 2.2.1.2.1.8. Cr�ditos de corto plazo.
Son cr�ditos de corto plazo los empr�stitos que celebren las Entidades
Estatales indicadas en el art�culo 2.2.1.1. del presente Decreto, con plazo
igual o inferior a un a�o. Requerir� autorizaci�n impartida mediante oficio del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la celebraci�n de cr�ditos de corto
plazo de entidades estatales diferentes de la Naci�n y diferentes a los
cr�ditos internos de corto plazo de las entidades territoriales y sus
descentralizadas.
Los cr�ditos de corto plazo podr�n ser cr�ditos transitorios o de
tesorer�a. Son cr�ditos transitorios los que vayan a ser pagados con
operaciones de cr�dito p�blico de plazo superior a un (1) a�o, respecto de los
cuales exista oferta en firme del prestamista. Son cr�ditos de tesorer�a, los
que deben ser pagados con recursos diferentes a aquellos provenientes de
operaciones de cr�dito. Los cr�ditos de tesorer�a no podr�n convertirse en
fuente para financiar adiciones en el presupuesto de gastos ni tendr�n caracter�sticas
de un cr�dito rotativo o revolvente.
Cuando se trate de cr�ditos de tesorer�a, dicha autorizaci�n podr�
solicitarse para toda una vigencia fiscal o para cr�ditos individualmente
considerados, seg�n sea el caso. Para tal efecto, las cuant�as de los cr�ditos
de tesorer�a o los saldos adeudados no podr�n sobrepasar en conjunto el diez
por ciento (10%) de los ingresos corrientes presupuestados de la respectiva
entidad sin incluir los recursos de capital, de la correspondiente vigencia
fiscal. No obstante, cuando haya eventos de urgencia evidente, el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico podr� autorizar porcentajes superiores al
mencionado, siempre y cuando el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social
- CONPES, haya conceptuado sobre la evidencia de dicha urgencia.
Los cr�ditos de tesorer�a de las entidades territoriales, se regir�n
por lo establecido en el art�culo 15 de la Ley 819 de 2003, y las normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Los cr�ditos de tesorer�a de las entidades
descentralizadas de nivel territorial se regir�n por lo establecido en los
Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986, y dem�s normas que le adicionen, complementen
y modifiquen.
PAR�GRAFO 1. De conformidad con lo dispuesto
en el par�grafo 20. del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993, los cr�ditos de
tesorer�a que contrate la Naci�n est�n autorizados por v�a general y no
requerir�n los conceptos all� mencionados.
PAR�GRAFO 2. La celebraci�n de cr�ditos de
tesorer�a externos por parte de las entidades territoriales y sus
descentralizadas requerir�n de la autorizaci�n previa por parte del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico en los t�rminos del presente art�culo.
PAR�GRAFO 3. En los eventos en los cuales sea
declarada una emergencia econ�mica, social y ecol�gica por el Presidente de la
Rep�blica y mientras dure su declaratoria, las entidades estatales del orden
nacional podr�n extinguir las obligaciones originadas en cr�ditos de tesorer�a
con recursos provenientes de nuevos cr�ditos. Para estos efectos se podr� utilizar
la figura de la novaci�n, entre otras.
PAR�GRAFO 4. Durante los doce (12) meses
siguientes a la declaratoria de emergencia econ�mica, social y ecol�gica por el
Presidente de la Rep�blica o sus pr�rrogas, en aquellos eventos en que las
entidades estatales del orden nacional requieran contratar cr�ditos de tesorer�a
para aliviar presiones de liquidez devenidas de la misma, dichos cr�ditos no podr�n
sobre asar en conjunto el quince por ciento 15% de los ingresos corrientes presupuestados de la respectiva entidad, sin
incluir los recursos de capital, de la correspondiente vigencia fiscal. Para el
efecto se requerir� de la autorizaci�n previa del Director General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual
podr� otorgarse una vez se cuente con:
1. Autorizaci�n impartida por el �rgano directivo para celebrar el
cr�dito de tesorer�a. 2. Proyecciones estresadas del flujo de caja del a�o en
curso y la siguiente vigencia fiscal, avaladas por el �rgano directivo de la
entidad estatal.
3. Certificaci�n del representante legal donde se justifique la
necesidad de liquidez como consecuencia de la emergencia econ�mica, social y
ecol�gica declarada.
4. Concepto de no objeci�n a la operaci�n, emitido por la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
PAR�GRAFO 5. Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y las Sociedades de Econom�a Mixta que tengan r�gimen de
Empresa Industrial y Comercial del Estado, que celebren cr�ditos de tesorer�a
en los t�rminos del art�culo 62 de la Ley 1955 de 2019 deber�n notificar al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional, sobre la celebraci�n de �stos dentro de los diez (10) d�as
calendario siguientes a su celebraci�n. En todo caso, para la celebraci�n de
los cr�ditos de tesorer�a externos se deber� contar con las autorizaciones de
que trata el presente art�culo.
Art�culo 2.2.1.2.1.9 L�neas de cr�dito de Gobierno a Gobierno. Se consideran l�neas de cr�dito de gobierno a gobierno los acuerdos
mediante los cuales un gobierno extranjero adquiere el compromiso de poner a
disposici�n del Gobierno nacional los recursos necesarios para la financiaci�n
de determinados proyectos, bienes o servicios.
Los acuerdos o convenios constitutivos de l�neas de cr�dito de gobierno
a gobierno no se consideran empr�stitos y s�lo requerir�n para su celebraci�n
la aprobaci�n de minuta definitiva impartida por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Para la utilizaci�n de las l�neas de cr�dito de gobierno a gobierno
deber�n celebrarse contratos de empr�stito externo y de garant�a, seg�n el
caso, y se someter�n a las autorizaciones y requisitos que para el efecto se
hayan establecido en el presente T�tulo.
La adquisici�n de bienes o servicios con cargo a las l�neas de cr�dito
de gobierno a gobierno se regir� por lo establecido para tal efecto en la Ley
80 de 1993 y dem�s normas que le adicionen, complementen y modifiquen."
(Art.
3 Decreto 2681 de 1993,
agregado por el Art.6 del Decreto 1575 de 2022
Art�culo 2.2.1.1.2.
Actos asimilados a operaciones de cr�dito p�blico. Los
actos o contratos an�logos a las operaciones de cr�dito p�blico, mediante los
cuales se contraigan obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las
mencionadas operaciones de cr�dito p�blico.
Dentro de los
actos o contratos asimilados a las operaciones de cr�dito p�blico se encuentran
los cr�ditos documentarios, cuando el banco emisor de la carta de cr�dito
otorgue un plazo para cubrir el valor de su utilizaci�n y la novaci�n o
modificaci�n de obligaciones, cuando la nueva obligaci�n implique el
otorgamiento de un plazo para el pago.
A las
operaciones de cr�dito p�blico asimiladas con plazo superior a un a�o, les
ser�n aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de cr�dito
p�blico, seg�n se trate se operaciones internas o externas y la entidad estatal
que las celebre. En consecuencia, las operaciones de cr�dito p�blico asimiladas
con plazo igual o inferior a un (1) a�o, est�n autorizadas por v�a general y no
requerir�n los conceptos mencionados en el par�grafo 2 del art�culo 41 de la
Ley 80 de 1993.
(Art. 4 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.1.3.
Operaciones de manejo de la deuda p�blica. Constituyen
operaciones propias del manejo de la deuda p�blica las que no incrementan el
endeudamiento neto de la entidad estatal y contribuyan a mejorar el perfil de
la deuda de la misma. Estas operaciones, en tanto no constituyen un nuevo
financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento.
Dentro de las
anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre otras, la
refinanciaci�n, reestructuraci�n, renegociaci�n, reordenamiento, conversi�n o
intercambio, sustituci�n, compra y venta de deuda p�blica, los acuerdos de
pago, el saneamiento de obligaciones crediticias, las operaciones de cobertura
de riesgos, la titularizaci�n de deudas de terceros, las relativas al manejo de
la liquidez de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional y
todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se
desarrollen.
Las operaciones
de intercambio o conversi�n de deuda p�blica se podr�n realizar siempre y
cuando tengan por objeto reducir el valor de la deuda, mejorar su perfil o
incentivar proyectos de inter�s social o de inversi�n en sectores prioritarios.
Par�grafo.
Las operaciones que impliquen adici�n al monto contratado o incremento en el
endeudamiento neto de la entidad deber�n tramitarse conforme a lo dispuesto en
el presente t�tulo para la contrataci�n de nuevos empr�stitos.
(Art. 5 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.1.4.
Operaciones conexas. Se consideran conexas a las
operaciones de cr�dito p�blico, a las operaciones asimiladas o a las de manejo
de la deuda p�blica, los actos o contratos relacionados que constituyen un
medio necesario para la realizaci�n de tales operaciones.
Son conexos a
las operaciones de cr�dito p�blico, entre otros, los contratos necesarios para
el otorgamiento de garant�as o contragarant�as a operaciones de cr�dito
p�blico; los contratos de edici�n, colocaci�n, incluida la colocaci�n
garantizada, fideicomiso, encargo fiduciario, garant�a y administraci�n de
t�tulos de deuda p�blica en el mercado de valores, as� como los contratos para
la calificaci�n de la inversi�n o de valores, requeridos para la emisi�n y
colocaci�n de tales t�tulos en los mercados de capitales.
Igualmente son
conexos a operaciones de cr�dito p�blico, a las operaciones asimiladas a �stas
o a las de manejo de la deuda, los contratos de intermediaci�n necesarios para
llevar a cabo tales operaciones y los de asistencia o asesor�a necesarios para
la negociaci�n, contrataci�n, o representaci�n de la entidad estatal en el
exterior que deban realizarse por personas o entidades expertas en estas
materias.
Las operaciones
conexas se contratar�n en forma directa, sin someterse al procedimiento de
licitaci�n o concurso de m�ritos.
(Art. 6 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.1.
Contratos de empr�stito. Son contratos de empr�stito
los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos
en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.
Los empr�stitos
se contratar�n en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitaci�n o
concurso de m�ritos. Su celebraci�n se sujetar� a lo dispuesto en los art�culos
siguientes.
Par�grafo.
De conformidad con lo dispuesto en el par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80
de 1993, los sobregiros est�n autorizados por v�a general y no requerir�n los
conceptos all� mencionados.
(Art. 7 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.2.
Empr�stitos externos de la naci�n. La celebraci�n de
contratos de empr�stito externo a nombre de la Naci�n, requerir�:
a) Autorizaci�n
para iniciar gestiones, impartida mediante resoluci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con:
1.
Concepto favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social,
CONPES; y
2.
Concepto de la Comisi�n de Cr�dito P�blico si el empr�stito tiene plazo
superior a un a�o.
b) Autorizaci�n
para suscribir el contrato impartida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico con base en la minuta definitiva del mismo.
(Art. 8 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.3.
Empr�stitos Internos de la Naci�n. La celebraci�n de
contratos de empr�stito interno a nombre de la Naci�n, requerir� autorizaci�n
para suscribir el contrato, impartida mediante resoluci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con el
concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n, cuando se trate de
proyectos de inversi�n, y la minuta definitiva del contrato.
(Art. 9 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.4.
Empr�stitos externos de entidades descentralizadas del orden
nacional y de entidades territoriales y sus descentralizadas. La
celebraci�n de contratos de empr�stito externo por las entidades
descentralizadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en el
art�culo 2.2.1.2.1.6. del presente cap�tulo, y por las entidades territoriales
y sus descentralizadas requerir�:
a)
Autorizaci�n para iniciar gestiones, impartida mediante resoluci�n del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se
cuente con concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n; y
b)
Autorizaci�n para suscribir el contrato y otorgar garant�as al
prestamista, impartida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, con
base en las correspondientes minutas definitivas.
(Art. 10 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.5.
Empr�stitos internos de entidades descentralizadas del orden
nacional. La celebraci�n de contratos de empr�stito interno por las
entidades descentralizadas del orden nacional, diferentes de las mencionadas en
el art�culo siguiente, requerir� autorizaci�n para suscribir el contrato y
otorgar garant�as al prestamista, impartida mediante resoluci�n del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con el
concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n y las
correspondientes minutas definitivas.
(Art. 11 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.6.
Empr�stitos de entidades con participaci�n estatal superior al
cincuenta por ciento e inferior al noventa por ciento de su capital. La
celebraci�n de contratos de empr�stito por las entidades estatales con
participaci�n del Estado superior al cincuenta por ciento e inferior al noventa
por ciento de su capital, requerir� autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con el concepto
favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n.
(Art. 12 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.7.
Empr�stitos internos de entidades territoriales y sus
descentralizadas. La celebraci�n de empr�stitos internos de las
entidades territoriales y sus descentralizadas continuar� rigi�ndose por lo
se�alados en los Decretos Ley 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias,
seg�n el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci�n de registro de los
mismos en la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
No podr�n
registrarse en la mencionada Direcci�n los empr�stitos que excedan los montos
individuales m�ximos de cr�dito de las entidades territoriales.
(Art. 13 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.8.
Cr�ditos de presupuesto. Los empr�stitos que celebren
las entidades estatales con la Naci�n con cargo a apropiaciones presupuestales
en los t�rminos del Estatuto Org�nico del
Presupuesto General de la Naci�n requerir�n autorizaci�n del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual se expedir� una vez se cuente con el
concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n cuando tales
empr�stitos se efect�en para financiar gastos de inversi�n.
No obstante, el
concepto del Departamento Nacional de Planeaci�n no se requerir� en los
cr�ditos de presupuesto que celebre la Naci�n para la transferencia a
determinadas entidades estatales de recursos de cr�ditos externos contratados
por �sta.
(Art. 14 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.9.
Cr�ditos de corto plazo. Son cr�ditos de corto plazo
los empr�stitos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior
a un a�o. Los cr�ditos de corto plazo podr�n ser transitorios o de tesorer�a.
Son cr�ditos de
corto plazo de car�cter transitorio los que vayan a ser pagados con cr�ditos de
plazo mayor a un a�o, respecto de los cuales exista oferta en firme del
negocio. Son cr�ditos de corto plazo de tesorer�a, los que deben ser pagados
con recursos diferentes del cr�dito.
La celebraci�n
de cr�ditos de corto plazo de entidades estatales diferentes de la Naci�n, con
excepci�n de los cr�ditos internos de corto plazo de las entidades
territoriales y sus descentralizadas, requerir� autorizaci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Cuando se trate
de cr�ditos de tesorer�a, dicha autorizaci�n podr� solicitarse para toda una
vigencia fiscal o para cr�ditos determinados. Para tal efecto, las cuant�as de
tales cr�ditos o los saldos adeudados, seg�n el caso, no podr�n sobrepasar en
conjunto el diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes de la respectiva
entidad, sin incluir los recursos de capital, de la correspondiente vigencia
fiscal. No obstante, cuando se trate de financiar proyectos de inter�s social o
de inversi�n en sectores prioritarios o se presente urgencia evidente en
obtener dicha financiaci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, podr�
autorizar porcentajes superiores al mencionado, siempre y cuando el Consejo
Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES, haya conceptuado sobre la
ocurrencia de alguno de los mencionados eventos.
Los cr�ditos de
tesorer�a no podr�n convertirse en fuente para financiar adiciones en el
presupuesto de gastos.
Par�grafo.
De conformidad con lo dispuesto en el par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80
de 1993, los cr�ditos de tesorer�a que contrate la Naci�n est�n autorizados por
v�a general y no requerir�n los conceptos all� mencionados.
PAR�GRAFO 2. En los eventos en los cuales sea declarada una
emergencia econ�mica, social y ecol�gica por el Presidente de la Rep�blica y
mientras dure su declaratoria, las entidades estatales podr�n extinguir las
obligaciones originadas en cr�ditos de tesorer�a con recursos provenientes de
nuevos cr�ditos. Para estos efectos se podr� utilizar la figura de la novaci�n,
entre otras.
En aquellos eventos en que la entidad estatal requiera
contratar cr�ditos de tesorer�a para aliviar presiones de liquidez devenidas de
una emergencia econ�mica, social y ecol�gica declarada por el Presidente de la
Rep�blica, dichos cr�ditos no podr�n sobrepasar en conjunto el quince (15%) de
los ingresos corrientes de la respectiva entidad, sin incluir los recursos de
capital, de la correspondiente vigencia fiscal. Para el efecto, se
requerir� de la autorizaci�n previa del Director General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr�
otorgarse una vez se cuente con:
1. Autorizaci�n impartida por el �rgano directivo para
celebrar el cr�dito de tesorer�a.
2. Las proyecciones estresadas del flujo de caja del a�o en
curso y la siguiente vigencia fiscal, avaladas por el �rgano directivo de la
entidad estatal.
3. Certificaci�n del representante legal donde se justifique
la necesidad de liquidez como consecuencia de la crisis econ�mica, social y
ecol�gica declarada.
4. Concepto de no objeci�n a la operaci�n, emitido por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
(Par�grafo 2
adicionado por Art. 2, Decreto 473 de 2020; Art. 15 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.1.10.
L�neas de cr�dito de gobierno a gobierno. Se
consideran l�neas de cr�dito de gobierno a gobierno los acuerdos mediante los
cuales un gobierno extranjero adquiere el compromiso de poner a disposici�n del
gobierno nacional los recursos necesarios para la financiaci�n de determinados
proyectos, bienes o servicios.
Los acuerdos o
convenios constitutivos de l�neas de cr�dito de gobierno a gobierno no se
consideran empr�stitos y s�lo requerir�n para su celebraci�n el concepto favorable
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional.
En todo caso,
para la utilizaci�n de las l�neas de cr�dito deber�n celebrarse contratos de
empr�stito externo y de garant�a, seg�n el caso, que se someter�n a lo
dispuesto para el efecto en el presente t�tulo, seg�n la entidad estatal que
los celebre.
La adquisici�n
de bienes o servicios con cargo a las l�neas de cr�dito se regir� por lo
establecido para tal efecto en la Ley 80 de 1993.
(Art. 16 Decreto 2681 de 1993)
Art�culo 2.2.1.2.2.1.
L�neas De Cr�dito Contingentes. Se consideran l�neas de cr�dito contingentes los acuerdos, convenios o
contratos que tienen como prop�sito permitir a la Naci�n el acceso a recursos
que otorgan los organismos multilaterales y entidades financieras
internacionales, en aquellos eventos en los cuales la Naci�n no pueda obtener
recursos para financiar el Presupuesto General de la Naci�n en condiciones
ordinarias y sean necesarios para mantener y/o restablecer la estabilidad
fiscal y/o econ�mica del pa�s.
(Art. 1� Decreto
3996 de 2008)
Art�culo 2.2.1.2.2.2.
Requisitos para la celebraci�n de L�neas
de Cr�dito Contingentes. Los acuerdos, convenios o contratos de l�neas de cr�dito contingente,
requerir�n para su celebraci�n autorizaci�n impartida mediante Resoluci�n del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con base en la minuta definitiva de
los mismos, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con:
a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social,
CONPES, y
b) Concepto de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico.
(Art. 2� Decreto
3996 de 2008)
Art�culo 2.2.1.2.2.3.
L�neas de Cr�dito de Emergencia a Entidades
Estatales diferentes a la Naci�n. Durante los doce
(12) meses siguientes a la declaratoria de emergencia econ�mica, social y
ecol�gica por el Presidente de la Rep�blica, las entidades descentralizadas del
orden nacional podr�n celebrar l�neas de cr�dito a trav�s de acuerdos,
convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales,
organismos bilaterales y multilaterales y, entidades estatales que pertenezcan
al mismo grupo econ�mico, cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presi�n
de liquidez originada por la emergencia, siempre y cuando se mantenga la
capacidad de pago y sostenibilidad del endeudamiento de la entidad. Dichos
cr�ditos estar�n destinados a financiar la reducci�n en los ingresos ordinarios
de la correspondiente vigencia fiscal producto de la emergencia.
Para estas operaciones, las entidades descentralizadas del orden
nacional requerir�n de la autorizaci�n impartida mediante resoluci�n del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se
cuente con:
1. Documento justificativo mediante el cual la entidad estatal acredite
como m�nimo:
1.1 La conveniencia de la estructura y condiciones financieras de la
operaci�n de cr�dito p�blico.
1.2 Descripci�n y cuantificaci�n de la reducci�n en los ingresos
ordinarios a causa de la emergencia y
1.3 Las proyecciones estresadas del flujo de caja para las vigencias
fiscales en las que se amortizar� el cr�dito.
2. Concepto de no objeci�n sobre liquidez, solvencia y capacidad de
pago, emitido por el Director General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
3. Aprobaci�n de la minuta definitiva del contrato impartida por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico."
(Adicionado por Art. 3, Decreto 473 de 2020, modificado por el Art. del Decreto 1575 de 2022)
SECCI�N
3 FINANCIAMIENTO CON PROVEEDORES
Art�culo
2.2.1.2.3.1. Financiamiento con proveedores. Se
denomina financiamiento con proveedores los actos o contratos que incluyan una
obligaci�n con plazo para su pago, en los que el financiador de la entidad
estatal sea el proveedor que transfiere el bien o presta el servicio, siempre y
cuando la entidad contratista no sea una entidad financiera.
Lo anterior deber�
entenderse sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos para
la adquisici�n de bienes o servicios en la Ley 80 de 1993 y dem�s normas que le
adicionen, complementen y modifiquen.
PAR�GRAFO. De conformidad con lo dispuesto en el par�grafo 2 del art�culo 41 de
la Ley 80 de 1993, el financiamiento con proveedores con plazo igual o inferior
a un a�o est� autorizado por v�a general y no requerir� los conceptos all�
mencionados. El financiamiento con proveedores que se contrate con plazo
superior a un (1) a�o, deber� agotar los requisitos para celebrar operaciones
de cr�dito p�blico establecidos en los art�culos 2.2.1.2.1.4. y siguientes del
presente Decreto.
Art�culo 2.2.1.2.3.2.
Excepci�n en financiamiento con proveedores.
Except�ense de lo dispuesto en el inciso primero del art�culo 2.2.1.2. del
presente Decreto el financiamiento con proveedores, el que se celebrar� a
nombre de las entidades estatales all� mencionadas con sujeci�n a lo dispuesto
en los art�culos 2.2.1.2.1.4. y 2.2.1.2.1.5. del presente Decreto para las
operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas de las entidades descentralizadas
del orden nacional y sin perjuicio de lo establecido en el par�grafo del art�culo
anterior.
(Art. 17 Decreto 2681 de 1993,
modificado por el Art. 8 del Decreto 1575 de 2022)
SECCI�N 4. Garant�a de la Naci�n
Art�culo
2.2.1.2.4.1. Garant�a de la Naci�n. Para obtener la garant�a de la Naci�n,
las Entidades Estatales deber�n sujetarse a lo establecido en este T�tulo y
constituir previamente las contragarant�as adecuadas, a juicio del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico.
La garant�a de
la Naci�n s�lo se podr� otorgar para garantizar obligaciones de pago de otras
Entidades Estatales conforme a la Ley. En ning�n caso el beneficiario de la
garant�a de la Naci�n podr� ser un particular o un patrimonio aut�nomo. As�
mismo, no podr�n contar con la garant�a de la Naci�n las obligaciones internas
de a o de las entidades territoriales y sus descentralizadas, ni los t�tulos
valores y documentos de contenido crediticio con plazo para su redenci�n que
emitan los establecimientos de cr�dito, las compa��as de seguros y las dem�s
entidades financieras de car�cter estatal, que correspondan al giro ordinario
de las actividades propias de su objeto social, salvo aquellos que se emitan en
los mercados de capitales internacionales con plazo mayor a un a�o.
La Naci�n
tampoco podr� garantizar obligaciones de pago de Entidades Estatales que se
encuentren en mora en sus compromisos con la misma por operaciones de cr�dito
p�blico, ni podr� extender su garant�a a operaciones ya contratadas si
originalmente fueron contra�das sin garant�a de la Naci�n.
PAR�GRAFO.
Para cada operaci�n de cr�dito p�blico o asimilada en el marco de la cual se
pretenda obtener la garant�a de la Naci�n, el Consejo de Pol�tica Econ�mica y
Social � CON PES determinar� las condiciones generales que deber�n satisfacer
dichas operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas, incluido el monto m�ximo a
garantizar, as� como los dem�s aspectos establecidos en el art�culo 2.2.1.6.
del presente Decreto.
Art�culo
2.2.1.2.4.2. Otorgamiento de la garant�a de la Naci�n. Sin perjuicio de lo
establecido en el art�culo anterior, la Naci�n podr� otorgar su garant�a a
obligaciones de pago una vez se cumplan los siguientes requisitos:
1. Concepto
favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social - CON PES,
respecto del otorgamiento de la garant�a y el empr�stito o la obligaci�n de
pago, seg�n el caso, en los t�rminos del art�culo 2.2.1.6 del presente Decreto;
2. Concepto
�nico de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico respecto del
otorgamiento de la garant�a de la Naci�n, si �sta se otorga por un plazo
superior a un (1) a�o y,
3. El
cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Cap�tulo 2 y en el Cap�tulo 3
del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto, para las
operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas que vayan a ser garantizadas por la
Naci�n, seg�n se trate de operaciones internas o externas y la entidad estatal
que las celebre.
PAR�GRAFO.
La Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no podr� suscribir el
documento en el cual otorgue su garant�a, hasta tanto no se hayan constituido
las contragarant�as a su favor.
(Art. 23 Decreto 2681 de 1993,
modificado por el Art. 9 del Decreto 1575 de 2022)
SECCI�N 5 Garant�as de la Naci�n para Sistemas de Transporte P�blico
Colectivo y Masivo
Art�culo 2.2.1.2.5.1.
Objeto. La presente secci�n La presente
secci�n aplica para el otorgamiento de la garant�a de la Naci�n a las
operaciones de financiamiento externo e interno que realicen las entidades
territoriales y sus descentralizadas, en el marco de la cofinanciaci�n de
sistemas de transporte p�blico colectivo y masivo que sean desarrollados por
medio de contratos de concesi�n.
Dentro de las operaciones de financiamiento que pueden contar con garant�a de
la Naci�n se encuentran, entre otras, la emisi�n de t�tulos de deuda p�blica y
de t�tulos valores como mecanismos de pago.
(Art. 1, Decreto 1110 de 2019)
Art�culo 2.2.1.2.5.2.
Otorgamiento de la garant�a de la Naci�n La Naci�n podr� otorgar garant�as a las operaciones de financiamiento
de las entidades de que trata el art�culo anterior, en el marco de la
cofinanciaci�n de que trata el art�culo 107 de la Ley 1955 de 2019, una vez
cuenten con lo siguiente:
1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social,
CONPES, respecto del otorgamiento de la garant�a y la respectiva operaci�n de
financiamiento;
2. Concepto de la Comisi�n de Cr�dito P�blico respecto del otorgamiento de
la garant�a de la Naci�n, si estas se otorgan por plazo superior a un (1) a�o;
3. Autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para celebrar
la operaci�n de financiamiento que va a ser garantizada por la Naci�n, de la
que tratan los art�culos 2.2.1.2.5.3 y 2.2.1.2.5.4 de la presente secci�n,
seg�n corresponda;
4. Autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para otorgar
la garant�a soberana;
5. Las contragarant�as adecuadas a juicio del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico y debidamente constituidas a favor de la Naci�n.
Par�grafo 1. Sin perjuicio de lo establecido
en el art�culo 3 de la Ley 310 de 1996 para las operaciones de financiamiento
externo, la Naci�n solo podr� otorgar su garant�a a las operaciones de
financiamiento interno en el marco del art�culo 107 de la Ley 1955 de 2019,
cuando se hayan pignorado a su favor rentas en cuant�as suficientes que cubran
el pago de la participaci�n de las entidades territoriales.
Par�grafo 2. Para la constituci�n de las
contragarant�as a favor de la Naci�n, se podr�n otorgar como contragarant�a los
flujos correspondientes a las vigencias futuras de las entidades del orden
nacional o territorial aprobadas por las instancias correspondientes. La Naci�n
no podr� suscribir el documento mediante el cual otorgue su garant�a a las
operaciones de financiamiento, hasta tanto no se hayan constituido las
contragarant�as adecuadas a su favor.
Par�grafo 3. Cuando alguna
obligaci�n de pago sea garantizada por la Naci�n en los t�rminos de este
art�culo, la entidad estatal deber� realizar aportes al Fondo de Contingencias
de las Entidades Estatales en los t�rminos establecidos en el presente decreto
y la Resoluci�n 0932 de 2015, expedida por la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y las
dem�s normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Par�grafo 4. La
garant�a de la que trata este art�culo solo podr� otorgarse a entidades
estatales que hayan suscrito convenios de cofinanciaci�n con la Naci�n, con el
lleno de los requisitos legales y reglamentarios.
(Art. 1, Decreto 1110 de 2019)
Art�culo 2.2.1.2.5.3.
Operaciones de financiamiento interno con garant�a Naci�n.
La celebraci�n de operaciones de financiamiento interno de las entidades a las
que se refiere el presente decreto, que vayan a ser garantizadas por la Naci�n,
requerir�n de la autorizaci�n impartida mediante resoluci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico para celebrar la operaci�n de financiamiento y
otorgar garant�as, la cual podr� otorgarse una vez se cuente con las
correspondientes minutas definitivas o la determinaci�n de las caracter�sticas
y condiciones financieras, seg�n corresponda.
(Art. 1, Decreto 1110 de 2019)
Art�culo 2.2.1.2.5.4.
Operaciones de financiamiento externo con garant�a Naci�n.
La celebraci�n de operaciones de financiamiento externo de las entidades a las
que se refiere el presente decreto, que vayan a ser garantizadas por la Naci�n,
requerir�n:
1. Autorizaci�n
para iniciar gestiones, impartida mediante resoluci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico;
2. Autorizaci�n
para celebrar la operaci�n y otorgar las garant�as correspondientes, impartida
por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, con base en las
correspondientes minutas definitivas o la determinaci�n de las caracter�sticas
y condiciones financieras, seg�n corresponda.
(Art. 1, Decreto 1110 de 2019)
Art�culo 2.2.1.2.5.5.
Remisi�n normativa. En lo no previsto en la presente Secci�n y en
este decreto se aplicar�n las dem�s normas vigentes.
(Art. 1, Decreto 1110 de 2019)
Art�culo 2.2.1.3.1.
T�tulos de deuda p�blica. Son t�tulos de
deuda p�blica los bonos y dem�s t�tulos valores de contenido crediticio
emitidos por las Entidades Estatales en el marco de operaciones de cr�dito
p�blico, con plazo para su redenci�n.
No se consideran t�tulos de deuda p�blica los valores que, en relaci�n
con las operaciones del giro ordinario de las actividades propias de su objeto
social, emitan los establecimientos de cr�dito, las compa��as de seguros y las
dem�s entidades financieras de car�cter estatal. La colocaci�n de los t�tulos de
deuda p�blica se sujetar� a las condiciones financieras de car�cter general que
se�ale la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y se atender�n con cargo a
las apropiaciones presupuestales del rubro de servicio de la deuda o su
equivalente de la entidad estatal emisora.
Art�culo 2.2.1.3.2. T�tulos de deuda p�blica externa de la Naci�n. La emisi�n y colocaci�n de t�tulos de deuda p�blica externa, incluidos
los t�tulos tem�ticos, a nombre de la Naci�n en el marco de las autorizaciones
conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de cr�dito p�blico y
asimiladas requerir� autorizaci�n, impartida mediante resoluci�n del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr� otorgarse una vez se cumplan con
los siguientes requisitos:
1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y
Social - CON PES; y,
2. Concepto �nico de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico
si se trata de t�tulos de deuda p�blica externa con plazo superior a un (1)
a�o.
Art�culo 2.2.1.3.3. T�tulos de deuda p�blica externa de entidades
diferentes a la Naci�n. La emisi�n y colocaci�n de
t�tulos de deuda p�blica externa, incluidos los t�tulos tem�ticos, as� como la
aprobaci�n de la suscripci�n de los contratos correspondientes, por parte de:
i) entidades territoriales, ii) entidades descentralizadas de cualquier orden,
iii) los patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico autorizados por la ley para
la celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico; y iv) todas las dem�s
Entidades Estatales a las que la ley les otorgue capacidad para ser receptoras
de derechos y/o obligaciones requerir� autorizaci�n impartida mediante
resoluci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en la cual se
determine las caracter�sticas y condiciones generales de la colocaci�n de
acuerdo con las condiciones del mercado.
PAR�GRAFO. La mencionada autorizaci�n podr�
otorgarse una vez se cuente con el correspondiente concepto favorable de que
trata el art�culo 2.2.1.6. del presente Decreto. La solicitud de autorizaci�n
de emisi�n y colocaci�n y la remisi�n de los contratos correspondientes, debe
ir acompa�ada del documento t�cnico justificativo de que trata el art�culo
2.2.1.5.2 de este Decreto.
Art�culo 2.2.1.3.4. T�tulos de deuda p�blica interna de entidades
descentralizadas del orden nacional. La emisi�n y
colocaci�n de t�tulos de deuda p�blica interna, incluidos los t�tulos
tem�ticos, de: i) entidades descentralizadas del orden nacional; ii) los
patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico cuyo fideicomitente sea del orden nacional
autorizados por la ley para celebrar operaciones de cr�dito p�blico; y iii)
todas las dem�s entidades estatales del orden nacional a las que la ley les
otorgue capacidad para ser receptoras de derechos y/u obligaciones, requerir�
autorizaci�n, impartida mediante resoluci�n del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, en la cual se determinen las caracter�sticas y condiciones de
la colocaci�n. La mencionada autorizaci�n podr� otorgarse una vez se cuente con
el concepto favorable en los t�rminos del art�culo 2.2.1.6. del presente
Decreto.
PAR�GRAFO. Con la solicitud de autorizaci�n de
emisi�n, cada entidad deber� allegar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico el documento justificativo de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. de este
Decreto.
Art�culo 2.2.1.3.5. T�tulos de deuda p�blica interna de entidades
territoriales y sus descentralizadas. La emisi�n y
colocaci�n de t�tulos de deuda p�blica interna, incluidos los t�tulos
tem�ticos, de i) entidades territoriales; ii) entidades descentralizadas de
orden territorial; iii) los patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico cuyo
fideicomitente sea del mismo orden autorizados por la ley para celebrar
operaciones de cr�dito p�blico; y iv) todas las dem�s entidades estatales del
orden territorial a las que la ley les otorgue capacidad para ser receptoras de
derechos y/u obligaciones, requerir� autorizaci�n impartida mediante resoluci�n
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en la cual se determinen las
caracter�sticas y condiciones de la colocaci�n de acuerdo con las condiciones
del mercado. De conformidad con el par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80 de
1993, la mencionada autorizaci�n podr� otorgarse una vez se cuente con el
concepto favorable de los organismos departamentales o distritales
correspondientes, seg�n el caso, en los t�rminos de los Decretos Ley 1222 y
1333 de 1986, y dem�s normas que los adicionen, complementen y modifiquen, y
deber� recaer sobre la justificaci�n t�cnica, econ�mica y social del proyecto.
PAR�GRAFO. Con la solicitud de autorizaci�n de
emisi�n, cada entidad deber� remitir el documento t�cnico justificativo que
trata el art�culo 2.2.1.5.2. de este Decreto, a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda Cr�dito P�blico.
En la respectiva resoluci�n de autorizaci�n se establecer�n los
mecanismos .de emisi�n y colocaci�n de los t�tulos de deuda p�blica de que
trata este art�culo, para efectos de asegurar que dicha operaci�n se realice en
condiciones de mercado.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� pronunciarse sobre
la autorizaci�n solicitada dentro del t�rmino de dos (2) meses, contados a
partir de la fecha en que se reciba por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro la documentaci�n
requerida en forma completa."
(Modificado
por el Art. 8 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.3.1.1.
Caracter�sticas y requisitos para emisi�n de TES clase
"B".
Los TES clase "B" para financiar apropiaciones del
Presupuesto General de la Naci�n, para efectuar operaciones temporales de
Tesorer�a, y para efectuar Operaciones de Transferencia Temporal de Valores de
que tratan los art�culos 4 y 6 de la Ley 51 de 1990 tendr�n las siguientes
caracter�sticas y se sujetar�n a los siguientes requisitos:
1. Podr�n ser administrados directamente por la Naci�n o �sta podr�
celebrar con el Banco de la Rep�blica o con otras entidades nacionales o
extranjeras, contratos de administraci�n fiduciaria, y todos aquellos
necesarios para la agencia, edici�n, emisi�n, colocaci�n, garant�a,
administraci�n o servicio de los respectivos t�tulos.
2. No contar�n con garant�a del Banco de la Rep�blica.
3. La emisi�n o emisiones de los TES clase "B" para financiar
apropiaciones presupuestales, no afectar�n el cupo de endeudamiento del
art�culo 1 de la Ley 51 de 1990 y leyes que lo adicionen. El monto de la
emisi�n o emisiones se limitar� al monto de la apropiaci�n presupuestal que sea
financiada con dicha fuente de recursos. En el caso de los TES clase
"B" para efectuar operaciones temporales de Tesorer�a, y Operaciones
de Transferencia Temporal de Valores el monto de emisiones se fijar� mediante
el Decreto que la autorice.
4. El servicio de la deuda de los t�tulos de que trata este art�culo,
ser� apropiado en el Presupuesto General de la Naci�n.
5. Su emisi�n solo requerir�:
5.1 Concepto de car�cter general de la Junta Directiva del Banco de la
Rep�blica sobre las caracter�sticas de la emisi�n y sus condiciones
financieras.
5.2 Decreto del Gobierno Nacional que autorice la emisi�n y fije las
caracter�sticas financieras y de colocaci�n de los t�tulos."
(Art.
13 Decreto 1250 de 1992, modificado por el
Art. 8 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.3.1.2.
Normas reguladoras de los TES clase "A". Los
TES clase "A� continuar�n rigi�ndose por lo dispuesto en la Ley 51 de 1990
y normas que la desarrollen.
(Art. 14 Decreto 1250 de 1992)
Art�culo 2.2.1.3.1.3.
Apropiaciones financiadas con emisiones de t�tulos. Las
apropiaciones financiadas con recursos provenientes de emisi�n de t�tulos se
afectar�n a partir del momento en que se expida el Acto Administrativo que
ordene su emisi�n.
(Art. 1 Decreto 2424 de 1993)
Art�culo 2.2.1.3.2.1.
Emisi�n de "T�tulos de Tesorer�a -TES-
Clase B" para financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Naci�n
de la vigencia fiscal del a�o 2015. Ord�nese la
emisi�n, a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, de ''T�tulos de
Tesorer�a -TES- Clase B" hasta por la suma de TREINTA Y CUATRO BILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($34,477,000,000,000)
moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto
General de la Naci�n de la vigencia fiscal del a�o 2015.
(Art. 1 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.2.
Emisi�n de "T�tulos de Tesorer�a -TES-
Clase B" para financiar operaciones temporales de tesorer�a. Ord�nese la emisi�n, a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico de "T�tulos de Tesorer�a -TES- Clase B", denominados en
moneda legal colombiana, hasta por la suma de DIEZ BILLONES DE PESOS
($10,000,000,000,000) moneda legal colombiana, destinados a financiar
operaciones temporales de tesorer�a, los cuales tendr�n las caracter�sticas y
condiciones de emisi�n y colocaci�n establecidas en el art�culo 2.2.1.3.2.4. de
la presente secci�n salvo el plazo, el cual deber� ser superior a treinta (30)
d�as calendario e inferior a un (1) a�o.
La
autorizaci�n conferida en este art�culo comprende tambi�n la facultad de emitir
nuevos "T�tulos de Tesorer�a - TES- Clase B" para reemplazar los que
se amorticen por redenci�n o recompra hasta por la cuant�a anteriormente
se�alada.
(Art. 2 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.3.
Caracter�sticas financieras y condiciones de las
colocaciones. De acuerdo con el Plan Financiero
aprobado por el CONFIS, el Programa Anual Mensualizado de Caja y los
requerimientos de tesorer�a, entre otros, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico determinar� las caracter�sticas y condiciones de las colocaciones, as�
como su oportunidad y monto de las mismas; tanto de los "T�tulos de
Tesorer�a -TES- Clase B" destinados a financiar apropiaciones
presupuestales como de los destinados a financiar operaciones temporales de
tesorer�a.
(Art. 3 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.4.
Caracter�sticas financieras y condiciones de
emisi�n de "T�tulos de Tesorer�a -TES- Clase B� para financiar apropiaciones
del Presupuesto General de la Naci�n de la vigencia fiscal del a�o 2015. Los "T�tulos de Tesorer�a -TES- Clase
B" de que trata el art�culo 2.2.1.3.2.1. de la presente secci�n tendr�n
las siguientes caracter�sticas financieras y condiciones de emisi�n y
colocaci�n:
1. Nombre de los t�tulos: T�tulos de Tesorer�a
-TES- Clase B.
2. Denominaci�n: Moneda Legal Colombiana, Moneda
Extranjera o UVR.
3. Moneda de pago de principal e intereses: Legal
Colombiana.
4. Ley de circulaci�n y recompra anticipada:
Ser�n t�tulos a la orden y libremente negociables en el mercado. Podr�n tener
cupones para intereses, tambi�n libremente negociables. No podr�n colocarse con
derecho de recompra anticipada.
5. Cuant�a m�nima de los t�tulos: Para los
t�tulos denominados en moneda legal colombiana, la cuant�a m�nima ser� de
quinientos mil pesos ($500.000) y para sumas superiores, esta cuant�a se
adicionar� en m�ltiplos de cien mil pesos ($100.000). Para los t�tulos
denominados en moneda extranjera, la cuant�a m�nima ser� de mil d�lares de los
Estados Unidos de Am�rica (US$1.000) o su equivalente en otras monedas
extranjeras y para sumas superiores esta cuant�a se adicionar� en m�ltiplos de
cien d�lares de los Estados Unidos de Am�rica (US$100) o su equivalente en otras
monedas extranjeras. Para los t�tulos denominados en UVR, la cuant�a m�nima
ser� de diez mil (10.000) UVR y para valores superiores esta cuant�a se
adicionar� en m�ltiplos de mil (1 .000) UVR.
6. Plazo y Pago del Principal: Para t�tulos
destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Naci�n, el
plazo se determinar� con sujeci�n a las necesidades presupuestales y no podr�
ser inferior a un (1) a�o. En todo caso, el pago del principal se deber�
efectuar con cargo a recursos presupuestales de vigencias fiscales posteriores
a aquellas en las cuales se emitan los t�tulos.
7. Tasas M�ximas de Inter�s: Las tasas m�ximas de
rentabilidad efectiva estar�n dentro de los l�mites que registre el mercado,
seg�n las directrices que establezca la Junta Directiva del Banco de la
Rep�blica.
8. Lugar de Colocaci�n: Mercado de Capitales
Colombiano.
9. Forma de Colocaci�n: Podr�n ser colocados en
el mercado bien directamente o por medio de sistemas de oferta, remates o
subastas, seg�n lo determine el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Para
este prop�sito se podr�n utilizar como intermediarios a las personas legalmente
habilitadas para el efecto. Tambi�n se entienden como colocaciones directas las
colocaciones privadas de "T�tulos de Tesorer�a �TES Clase B�, as� como la
entrega de "T�tulos de Tesorer�a -TES- Clase B� a beneficiarios de
sentencias y conciliaciones judiciales conforme a lo dispuesto en el art�culo
29 de la Ley 344 de 1996 y dem�s normas concordantes.
10. Compra: Con descuento o prima sobre su valor nominal, seg�n las condiciones
del mercado, que ser�n reflejadas mediante los sistemas previstos en la forma
de colocaci�n que determine el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, de
conformidad con lo dispuesto en la presente secci�n.
(Art. 4 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.5.
Unidad de Valor Real o UVR. Para efectos de lo previsto en la presente secci�n, la Unidad de Valor
Real o UVR es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la
moneda, con base exclusivamente en la variaci�n del �ndice de precios al
consumidor certificada por el DANE, cuyo valor en pesos se calcular� de
conformidad con la metodolog�a que establezca la Junta Directiva del Banco de
la Rep�blica.
(Art. 5 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.6.
Administraci�n de los "T�tulos de Tesorer�a
-TES- Clase B�. Los �T�tulos de Tesorer�a -TES-
Clase B" podr�n ser administrados directamente por la Naci�n, o �sta podr�
celebrar con el Banco de la Rep�blica o con otras entidades nacionales o
extranjeras contratos de administraci�n fiduciaria y todos aquellos necesarios
para la agencia, administraci�n o servicio de los respectivos t�tulos, en los
cuales se podr� prever que la administraci�n de los "T�tulos de Tesorer�a
-TES- Clase B" y de los cupones que representan los rendimientos de los
mismos se realice a trav�s de dep�sitos centralizados de valores.
(Art. 6 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.7.
Remanente del Cupo de Emisi�n. El cupo de emisi�n de "T�tulos de Tesorer�a -TES- Clase B"
autorizado por el art�culo 2.2.1.3.2.1. de la presente secci�n que no se haya
utilizado para realizar pagos correspondientes a la vigencia presupuestal del
a�o 2015 podr� ser utilizado en el a�o 2016 para atender las reservas
presupuestales correspondientes a la vigencia del a�o 2015 y en todo caso se
entender� agotado el 31 de diciembre del a�o 2016.
(Art. 7 Decreto 2684 de 2014)
Art�culo 2.2.1.3.2.8.
Aclaraci�n de vigencia. Los art�culos
2.2.1.3.2.1. a 2.2.1.3.2.7 de la presente secci�n compilan el Decreto 2684 de 2014 que fue publicado en el
Diario Oficial el 23 de diciembre de 2014. Por lo anterior las
�rdenes contenidas en esta secci�n de la compilaci�n no pueden entenderse como
nuevas instrucciones de emisi�n.
(Art�culo
nuevo aclaratorio de vigencia)
Art�culo 2.2.1.4.1.
Contrataci�n de operaciones de manejo de deuda.
Las operaciones propias del manejo de la deuda se podr�n celebrar
directa o indirectamente por la entidad estatal a trav�s de contratos de
agencia y dem�s formas de intermediaci�n. Las operaciones para el manejo de la
deuda se contratar�n en forma directa, sin someterse al procedimiento de
licitaci�n o concurso de m�ritos y se sujetar�n a lo dispuesto en los art�culos
siguientes.
No obstante, el saneamiento de obligaciones crediticias se continuar�
rigiendo, en lo pertinente, por las normas del cap�tulo III de la Ley 51 de
1990 y la Ley 185 de 1995 y la titularizaci�n de deudas de terceros, por las
normas especiales que al efecto se expidan.
Art�culo 2.2.1.4.2. Autorizaci�n para la celebraci�n de operaciones de
manejo de deuda de entidades diferentes a la Naci�n.
La celebraci�n de operaciones de manejo de deuda de las entidades estatales
diferentes a la Naci�n requerir� autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico cuando la operaci�n de cr�dito p�blico o asimilada subyacente
haya sido autorizada por �ste. Para la emisi�n de dicha autorizaci�n se
requerir� lo siguiente:
1. Solicitud de autorizaci�n que deber� estar acompa�ada por el
documento t�cnico justificativo de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. del
presente Decreto que soporte la operaci�n de manejo de deuda;
2. Autorizaci�n del �rgano directivo de la entidad estatal para
celebrar la operaci�n de manejo de deuda;
3. El concepto de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con base en la
documentaci�n allegada por la entidad estatal; y
4. Aprobaci�n de la minuta definitiva correspondiente impartida por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, en caso de ser aplicable.
Art�culo 2.2.1.4.3. Operaciones de manejo de deuda externa de la
Naci�n. La celebraci�n de operaciones para el manejo
de la deuda externa de la Naci�n requerir� autorizaci�n, impartida mediante
resoluci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual podr�
otorgarse siempre y cuando se demuestre la conveniencia y justificaci�n
financiera de la operaci�n y sus efectos sobre el perfil de la deuda.
Art�culo 2.2.1.4.4. Operaciones de manejo de la deuda externa de
entidades estatales distintas a la Naci�n. La
celebraci�n de operaciones para el manejo de la deuda externa por parte de i)
entidades territoriales; ii) entidades descentralizadas de cualquier orden;
iii) patrimonios aut�nomos de car�cter p�blico autorizados por la ley para
celebrar operaciones de cr�dito p�blico; y iv) todas las dem�s entidades estatales
a las que la ley les otorgue capacidad para ser receptoras de derechos y/u
obligaciones, requerir� autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico. Con la solicitud de autorizaci�n de la operaci�n, la entidad deber�
aportar el documento t�cnico justificativo de que trata el numeral (1) del
art�culo 2.2.1.4.2. de este Decreto. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico podr� solicitar informaci�n adicional a la presentada en el documento
t�cnico justificativo para efectos de la mencionada autorizaci�n.
Art�culo 2.2.1.4.5. Operaciones de sustituci�n de deuda p�blica. Son operaciones de sustituci�n de deuda p�blica aquellas operaciones
de manejo de deuda en virtud de las cuales la entidad estatal contrae una
obligaci�n crediticia cuyos recursos se destinan a pagar de manera anticipada
otra obligaci�n ya vigente. En ning�n caso la operaci�n de sustituci�n de deuda
podr� incrementar el endeudamiento neto de la entidad estatal y deber�
contribuir a mejorar el perfil de la deuda.
La celebraci�n de operaciones de sustituci�n de deuda p�blica externa
de la Naci�n y las dem�s entidades estatales se sujetar� a lo dispuesto en los
art�culos anteriores para las operaciones de manejo de deuda externa. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el par�grafo del art�culo
2.2.1.1.2. del presente Decreto.
PAR�GRAFO: Para la sustituci�n de operaciones
de deuda p�blica interna por operaciones de deuda p�blica externa por parte de
entidades territoriales y sus descentralizadas, se deber� tramitar la operaci�n
conforme a lo establecido en el art�culo 2.2.1.2.1.4 o 2.2.1.3.3. del presente
Decreto, seg�n sea el caso, lo cual no afectar� el cupo de endeudamiento de la
entidad otorgado por las instancias territoriales ni requerir� un cupo nuevo,
dado que se trata de una operaci�n de manejo de las que trata el art�culo
2.2.1.1.2.
Art�culo 2.2.1.4.6. Acuerdos de Pago entre Entidades Estatales. Son acuerdos de pago entre entidades estatales aquellos que se
celebren entre acreedores y deudores con el fin de establecer la forma y
condiciones de pago de obligaciones dinerarias previamente adquiridas. La
celebraci�n de acuerdos de pago entre entidades estatales s�lo requerir� para
SIJ perfeccionamiento la firma de las partes, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en el art�culo 2.2.1.4.2. del presente Decreto. No se
podr�n celebrar acuerdos de pago sobre cr�ditos de corto plazo, salvo que la
entidad demuestre que su situaci�n financiera le imposibilite atender sus
obligaciones en el corto plazo. El acreedor deber� analizar en cada caso la
viabilidad de la celebraci�n del acuerdo de pago respectivo.
Art�culo 2.2.1.4.7. Operaciones de cobertura de riesgos de deuda. Las operaciones de cobertura de riesgos de deuda de las entidades
estatales son operaciones de manejo de deuda, que se podr�n celebrar en
relaci�n con una o varias operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas, una vez
se demuestre la conveniencia y justificaci�n financiera de la operaci�n
mediante el documento de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. del presente Decreto.
Se podr�n celebrar operaciones de cobertura de riesgo total o parcial sobre
montos y plazos, aunque los mismos no coincidan con los de las obligaciones de
pago de las operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas objeto de la cobertura.
En ning�n caso la operaci�n de cobertura de riesgo de deuda podr� incrementar
el endeudamiento neto de la entidad estatal y deber� contribuir a mejorar el
perfil de la deuda.
La autorizaci�n por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
podr� versar sobre una o varias operaciones de cobertura de riesgos de deuda
que recaigan sobre una o varias operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas que
hayan sido previamente autorizadas por el mismo.
Ser� responsabilidad de la entidad, contar con el presupuesto
respectivo para la ejecuci�n y pago de las obligaciones que se puedan derivar
de la ejecuci�n o cumplimiento de las operaciones de cobertura de riesgo de que
trata el presente art�culo.
Art�culo 2.2.1.4.8. Otorgamiento de garant�as de pago sobre operaciones
de cobertura de riesgos. Cuando una entidad estatal
otorgue garant�a de pago a otra entidad estatal sobre operaciones de cr�dito
p�blico o asimiladas, podr� garantizar y/o asumir las obligaciones que se
originen o deriven con ocasi�n de la contrataci�n y el cumplimiento de
operaciones de cobertura de riesgos sobre la operaci�n garantizada. As� mismo,
las entidades estatales podr�n garantizar los costos y gastos asociados a las
operaciones de cobertura de riesgos, as� como acordar los t�rminos y
condiciones en los cuales la entidad garantizada debe asumir el pago de dichas
obligaciones, costos y/o gastos. En todo caso, tanto la entidad garante, como
la entidad garantizada, deber�n obtener las autorizaciones respectivas para tal
fin, seg�n las obligaciones que asuman en la operaci�n de cobertura de riesgos.
Art�culo 2.2.1.4.9. Autorizaci�n de operaciones de cobertura de riesgos
con operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas.
Cuando se trate de operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas sujetas a la
aprobaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, se podr�n autorizar de
forma simult�nea en la misma resoluci�n estas operaciones junto con las
operaciones de cobertura de riesgos. En todo caso la entidad autorizada solo
podr� contratar la operaci�n de cobertura de riesgos sobre los montos
efectivamente desembolsados de la operaci�n de cr�dito p�blico o asimilada de
forma total o parcial. En el documento justificativo del que trata el art�culo
2.2.1.5.2. deber� discriminarse de igual forma el an�lisis de la operaci�n de
cr�dito p�blico o asimilada, la correspondiente operaci�n de cobertura de
riesgos y la conveniencia de contar con la autorizaci�n de manera simult�nea.
Art�culo 2.2.1.4.10. Operaciones de cobertura de riesgos en relaci�n
con obligaciones de pago derivadas de otras operaciones de cobertura. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas presupuestales las operaciones
de cobertura de riesgos que celebren las entidades estatales podr�n consistir en operaciones de cobertura sobre
las obligaciones de pago derivadas de operaciones de esa naturaleza previamente
celebradas y autorizadas mediante resoluci�n del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico. Lo anterior, siempre que se demuestre, en el documento t�cnico
justificativo de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. de este Decreto, la
conveniencia de la estructura y el efecto sobre dichas obligaciones y sobre el
endeudamiento neto de la respectiva entidad estatal.
Art�culo 2.2.1.4.11. Terminaci�n anticipada de operaciones de cobertura
de riesgos. Las operaciones de cobertura de riesgos
podr�n terminarse anticipadamente por mutuo acuerdo entre las partes
contratantes siempre que se d� cumplimiento a las normas presupuestales y
previa la autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Para
obtener la autorizaci�n de terminaci�n anticipada por parte del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico la entidad deber� demostrar la conveniencia t�cnica,
financiera y jur�dica de la terminaci�n anticipada mediante el documento
justificativo de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. de este Decreto.
Par�grafo: Cuando la operaci�n de cr�dito
p�blico o asimilada subyacente a la operaci�n de cobertura de riesgos se pague
parcialmente o se extinga con recursos diferentes de cr�dito o con recursos
provenientes de operaciones que no hayan sido objeto de autorizaci�n del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la terminaci�n anticipada de la
operaci�n de cobertura de riesgos no requerir� autorizaci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico. Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci�n de la
entidad de realizar el estudio t�cnico correspondiente, el cual se deber�
plasmar en el documento t�cnico justificativo de que trata el art�culo
2.2.1.5.2. de este Decreto.
(Modificado
por el Art. 12 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.5.1.
Contrataci�n directa y selecci�n de contratistas. Las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas, las operaciones de
manejo de la deuda y las conexas con las anteriores, se contratar�n en forma
directa sin someterse al procedimiento de licitaci�n o concurso de m�ritos.
Para la selecci�n de los contratistas se aplicar�n los principios de
econom�a, transparencia y selecci�n objetiva contenidos en la Ley 80 de 1993,
seg�n lo dispuesto en este Cap�tulo en desarrollo de lo previsto en el
par�grafo 2 del art�culo 24 de la citada Ley, y en las normas que la modifiquen
adicionen o sustituyan.
Art�culo 2.2.1.5.2.- Evaluaci�n de formas de financiamiento. Previa la celebraci�n de operaciones de cr�dito p�blico y las
asimiladas, las de manejo de la deuda p�blica y las conexas con las anteriores,
las entidades estatales deber�n evaluar diferentes formas de financiamiento y
la conveniencia financiera y fiscal de realizar tales operaciones frente al
financiamiento con recursos diferentes del cr�dito.
El resultado de dicho an�lisis deber� consagrarse en el documento
t�cnico justificativo que soporte la operaci�n, el cual deber� contener como
m�nimo la conveniencia y justificaci�n financiera de la operaci�n, sus efectos
sobre el perfil de la deuda, y evidencia de que las condiciones financieras de
dicha operaci�n se ajustan a las de mercado. El documento justificativo deber�
ser suscrito por el representante legal de la entidad o por el funcionario de
la entidad en quien el �rgano directivo delegue tal facultad y deber� estar
acompa�ado de la autorizaci�n de su m�ximo �rgano directivo sobre la operaci�n
objeto de la solicitud.
La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, podr� asesorar a las entidades
estatales respecto de la realizaci�n de operaciones de cr�dito p�blico y las
operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con
las anteriores para la obtenci�n de recursos del cr�dito en condiciones
favorables. Para las entidades territoriales y sus descentralizadas dicha
asesor�a se prestar� en coordinaci�n con la Direcci�n de Apoyo Fiscal.
PAR�GRAFO. El Departamento Nacional de
Planeaci�n - DNP elaborar� y publicar� indicadores con el fin de hacer
seguimiento a la gesti�n financiera de las entidades territoriales. A su vez,
comunicar� al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a partir del mes de
julio de la vigencia correspondiente y de forma anual, sobre situaciones de
alto endeudamiento de las entidades territoriales, para las operaciones que
incluyan el financiamiento de gastos de inversi�n, as� mismo servir�n como
insumo para las labores de capacitaci�n y asistencia t�cnica que brinde el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a las entidades territoriales.
Art�culo 2.2.1.5.3. Criterios para la evaluaci�n de ofertas del
mercado. Las i) entidades territoriales; ii) entidades
descentralizadas de cualquier orden; iii) los patrimonios aut�nomos de car�cter
p�blico autorizados por la ley para celebrar operaciones de cr�dito p�blico; y
iv) todas las dem�s entidades estatales a las que la ley les otorgue capacidad
para ser receptoras de derechos y/o obligaciones, deber�n evaluar las
diferentes alternativas del mercado, para lo cual, en cuanto lo permitan las
condiciones del mismo y el tipo de la operaci�n a realizar, solicitar�n al
menos dos ofertas financieras.
As� mismo, las entidades estatales de que trata el inciso anterior
deber�n tener en cuenta el ofrecimiento m�s favorable en t�rminos de costos,
mitigaci�n de riesgos financieros y no financieros, tipo de cr�dito, tasas de
inter�s, plazos y comisiones, entre otros. Para tal efecto se consideran
factores de escogencia, que las entidades cuenten con las autorizaciones
correspondientes conforme al pa�s de origen, experiencia, organizaci�n,
programas de cumplimiento asociados al riesgo de corrupci�n y que se encuentren
sujetas a una supervisi�n en materia de lavado de activos y financiaci�n del
terrorismo, entre otros.
PAR�GRAFO. Aquellas operaciones de cr�dito
p�blico y las asimiladas, las de manejo de la deuda p�blica y las conexas con
las anteriores que por su naturaleza no sea posible tener diferentes
alternativas de mercado, estar�n eximidas del requisito de presentaci�n de al
menos dos ofertas financieras, tal como es el caso de algunas operaciones
realizadas con organismos bilaterales y multilaterales de cr�dito y operaciones
en los mercados de capitales, caso en el cual deber� incluir su justificaci�n
en el documento t�cnico de que trata el art�culo 2.2.1.5.2. del presente
Decreto.
Art�culo 2.2.1.5.4. Adquisici�n de bienes o servicios con financiaci�n. Cuando se vayan a adquirir bienes o servicios para los cuales la
entidad estatal proyecte obtener financiaci�n, dicha adquisici�n de bienes o
servicios se someter� al procedimiento y requisitos establecidos para tal
efecto por la Ley 80 de 1993, o las normas de contrataci�n aplicables seg�n el
r�gimen de contrataci�n de la entidad estatal, seg�n sean adicionadas,
modificadas o sustituidas. Por su parte, la operaci�n de cr�dito p�blico
respectiva se ce�ir� a lo establecido en el presente T�tulo.
En los contratos de empr�stito y dem�s formas de financiamiento,
distintos del financiamiento con proveedores y de aquellos que sean resultado
de una licitaci�n, se buscar� que no se exija el empleo, la adquisici�n de
bienes o la prestaci�n de servicios de procedencia extranjera espec�fica o que
a ello se condicione el otorgamiento del empr�stito. As� mismo, se buscar�
incorporar condiciones que garanticen la participaci�n de oferentes de bienes y
servicios de origen nacional, salvo que dichos bienes o servicios no puedan ser
contratados o adquiridos en el territorio nacional.
Cuando se trate de los contratos regulados por reglamentos de entidades
de derecho p�blico internacional de que trata el art�culo 2.2.1.5.10. del
presente Decreto. se buscar� la utilizaci�n de procedimientos que aseguren la
libre competencia y la aplicaci�n de los principios de econom�a, transparencia
y selecci�n objetiva, contenidos en la Ley 80 de 1993.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para pronunciarse sobre las
autorizaciones que le correspondan, evaluar� que se haya dado aplicaci�n a lo dispuesto
en este art�culo y tendr� en cuenta para tal efecto la justificaci�n que sobre
el particular presente la entidad.
Art�culo 2.2.1.5.5. Previsiones en contrataci�n con organismos
financieros internacionales multilaterales y bilaterales, entidades de fomento
y gobiernos. Conforme a lo establecido en el art�culo
40 de la Ley 80 de 1993. en las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas y
las conexas a las anteriores que se contraten con organismos financieros
internacionales multilaterales y bilaterales, entidades de fomento y gobiernos.
se podr�n incluir las previsiones y particularidades contempladas en los
reglamentos y pol�ticas de tales entidades que no sean contrarias a la
Constituci�n Pol�tica o a la ley.
Constituyen previsiones o particularidades en las operaciones de
cr�dito p�blico y las asimiladas a las anteriores y las conexas. la auditor�a,
la presentaci�n de reportes o informes de ejecuci�n, la apertura de cuentas
para el manejo de los recursos del cr�dito, y en general, las propias de la
debida ejecuci�n de dichos contratos.
PAR�GRAFO. Le corresponde al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico y al Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP la
programaci�n del cr�dito de entidades estatales con organismos financieros
internacionales multilaterales y bilaterales, entidades de fomento y gobiernos
que requieran autorizaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, seg�n
aplique. En consecuencia, las gestiones propias de la celebraci�n de tales
operaciones de cr�dito p�blico deber�n ser coordinadas con el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico y el Departamento Nacional de Planeaci�n - DNP,
seg�n aplique.
Art�culo 2.2.1.5.6. Estipulaciones Prohibidas.
Salvo determinaci�n en contrario por parte del Consejo de Ministros, queda
prohibida cualquier estipulaci�n que obligue a la entidad estatal prestataria a
adoptar medidas en materia de precios, tarifas, y en general, el compromiso de
asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia en
virtud de su car�cter p�blico.
Art�culo 2.2.1.5.7. Ley y jurisdicci�n. Las
operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas. las operaciones de manejo de la
deuda y las conexas con las anteriores, que se celebren en Colombia y deban
ejecutarse o cumplirse en el extranjero podr�n someterse a la ley extranjera.
As� mismo, las operaciones que se celebren en el exterior se someter�n a la
jurisdicci�n que se pacte entre las partes en los respectivos contratos, salvo
que tales operaciones se celebren para ser ejecutadas exclusivamente en
Colombia. Se considerar� que la operaci�n se ejecuta o cumple en el exterior
cuando una de las obligaciones esenciales deba ejecutarse o cumplirse en el
exterior.
Art�culo 2.2.1.5.8. Perfeccionamiento y publicaci�n. Las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas, las operaciones de
manejo de la deuda y las conexas con las anteriores. se perfeccionar�n con la
firma de las partes. Su publicaci�n se efectuar� en el Sistema Electr�nico para
la Contrataci�n P�blica -SECOP. Dicha publicaci�n se har� con car�cter
reservado. En los contratos de las entidades descentralizadas del orden
nacional, el requisito de publicaci�n se entender� surtido en la fecha de
publicaci�n en el Sistema Electr�nico para la Contrataci�n P�blica -SECOP.
En todo caso. en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del art�culo 24
de la Ley 1437 de 2011, las condiciones financieras de las operaciones de
cr�dito p�blico y las de tesorer�a que celebre la Naci�n, est�n sometidos a
reserva por un t�rmino de seis (6) meses contados a partir de la realizaci�n de
la respectiva operaci�n.
Los contratos de las entidades territoriales y sus descentralizadas se
publicar�n en la gaceta oficial correspondiente a la respectiva entidad
territorial, o a falta de dicho medio, por alg�n mecanismo determinado en forma
general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los
habitantes conocer su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgaci�n
oficial, este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos
correspondientes o con la publicaci�n en el Sistema Electr�nico para la
Contrataci�n P�blica - SECOP.
Las entidades cuyos actos y contratos se rijan por el derecho privado,
no deber�n publicar dichas operaciones de cr�dito p�blico en el Sistema
Electr�nico para la Contrataci�n P�blica - SECOP.
Art�culo 2.2.1.5.9. Cesi�n. La cesi�n de
operaciones de cr�dito p�blico y las asimiladas, las operaciones de manejo de
la deuda y las conexas con las anteriores, no podr�n cederse sin previa
autorizaci�n escrita de la entidad estatal contratante.
En todo caso, la cesi�n de las operaciones de las que trata el presente
art�culo se perfeccionar� con la notificaci�n de la cesi�n a la entidad estatal
cedida. Una vez perfeccionada la cesi�n se deber� surtir el tr�mite de
notificaci�n y registro de que trata el art�culo 16 de la Ley 185 de 1995
modificado por el art�culo 13 de la Ley 533 de 1999.
PAR�GRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido
en el presente art�culo, la cesi�n de las operaciones de cr�dito p�blico
garantizadas por la Naci�n requerir� el concepto previo por parte de la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
PAR�GRAFO 2. En el caso de las operaciones de
cr�dito p�blico, sus asimiladas, las de manejo de deuda p�blica y conexas cuyas
minutas hayan sido aprobadas por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional, se podr� incluir la autorizaci�n de cesi�n desde el momento de
la celebraci�n.
Art�culo 2.2.1.5.10. Contratos regulados por reglamentos de entidades
de derecho p�blico internacional. Conforme a lo
establecido en el art�culo 20 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen, cuando se celebren contratos con personas
de derecho p�blico internacional, organismos internacionales de cooperaci�n,
asistencia o ayuda internacional o se trate de contratos cuya financiaci�n
provenga de operaciones de cr�dito con organismos multilaterales, tales
contratos se podr�n someter a los reglamentos de dichas entidades, en todo lo
relacionado con los procedimientos para su formaci�n y adjudicaci�n, as� como a
las cl�usulas especiales de ejecuci�n, cumplimiento, pago y ajustes.
Los reglamentos de los organismos multilaterales incluyen las leyes de
adhesi�n del pa�s a los tratados o convenios respectivos, los acuerdos
constitutivos, los normativos y las disposiciones generales que hayan adoptado
dichos organismos para regir los contratos que se celebren con las
mismas."
(Art. 39 Decreto 2681 de 1993,
Art�culo 2.2.1.6.1.Solicitud. Con el fin de someter
las operaciones de cr�dito p�blico y asimiladas a concepto de los miembros de
la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico, las entidades estatales
deber�n efectuar la respectiva solicitud al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico-Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, como m�nimo con
quince (15) d�as h�biles de antelaci�n a la celebraci�n de la respectiva
reuni�n, proporcionando la informaci�n y la documentaci�n que se requiera.
La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional se abstendr� de tramitar la convocatoria
de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico cuando no se cumplan los
t�rminos y requisitos que se establecen en el presente cap�tulo.
(Art. 1 Decreto 2757 de 2005, modificado por
el Art. 13 del Decreto 1575 de 2022)
Art�culo 2.2.1.6.2.Convocatoria. Los miembros de la
Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico ser�n convocados de forma
ordinaria por escrito por el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico o el
Viceministro, como m�nimo con ocho (8) d�as corrientes de antelaci�n. La
respectiva reuni�n se llevar� a cabo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, salvo que el Ministerio disponga otra cosa.
(Art. 2 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.3.Contenido de la convocatoria. La
convocatoria para la emisi�n del concepto deber� contener la fecha, hora y
lugar de la reuni�n, el temario y el tiempo estimado para cumplir con el objeto
de la misma. A esta se deber� acompa�ar copia del proyecto de acta de la
pen�ltima reuni�n y de la informaci�n que soporta la solicitud por parte de las
entidades estatales interesadas y la que suministre el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico para cada operaci�n en los t�rminos del presente cap�tulo.
Adem�s de lo anterior, en la convocatoria deber� tenerse en cuenta que
�nicamente podr�n incorporarse operaciones que cumplan las condiciones
establecidas en el presente cap�tulo.
(Art. 3 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.4.Solicitud de concepto. El Ministro
de Hacienda y Cr�dito P�blico o el Viceministro que presida la reuni�n para la
cual se convoc� a los miembros de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito
P�blico, deber� solicitar el concepto a los miembros de dicha Comisi�n sobre
cada operaci�n una vez la misma haya sido estudiada, antes de continuar con el
siguiente tema listado en la convocatoria respectiva.
(Art. 4 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.5.Secretar�a de la reuni�n convocada.
La secretar�a de la reuni�n convocada ser� ejercida por el funcionario que para
tal efecto designe el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico quien, entre otras
funciones, estar� a cargo de la elaboraci�n de las actas de cada reuni�n. Todas
las reuniones ser�n grabadas y, dichas grabaciones, servir�n de soporte para la
elaboraci�n de las actas y reposar�n en los archivos del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional. Las
actas ser�n una trascripci�n de las grabaciones.
(Art. 5 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.6.Invitados y deber de asistencia.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico citar� a los Ministros o
Viceministros de Despacho, Directores o Subdirectores de Departamentos
Administrativos y los dem�s funcionarios de las entidades estatales que tengan
inter�s en las operaciones sometidas a concepto de la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico. La asistencia de los invitados ser�
obligatoria.
(Art. 6 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.7.Documentos de la convocatoria. Con
el fin de que los miembros de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico
cuenten con la adecuada informaci�n para la emisi�n del concepto respectivo, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� acompa�ar la convocatoria de la
siguiente documentaci�n:
1. Para las
operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas de la Naci�n de libre destinaci�n,
diferentes a la emisi�n de bonos, que se someten a concepto previo de la
Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico:
1.1. �Ficha t�cnica
de la operaci�n la cual deber� contener:
1.1.1. �Monto m�ximo que se
proyecta gestionar
1.1.2. Entidad prestataria
1.1.3. Destinaci�n de los
recursos
1.1.4. Contextualizaci�n del
monto a gestionar dentro de las fuentes del Plan Financiero del a�o en curso
1.1.5. Posibles fuentes de financiaci�n
y sus caracter�sticas
1.1.6. Justificaci�n
1.1.7. Aprobaci�n Conpes:
N�mero de documento y fecha de aprobaci�n
1.1.8. Recomendaci�n y
solicitud del concepto.
1.2. Fotocopia del
documento del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica Social, Conpes.
2. Para las
operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas de la Naci�n de libre destinaci�n,
diferentes a la emisi�n de bonos, que se someten a concepto definitivo de la
Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico:
2.1. Ficha t�cnica de
la operaci�n la cual debe contener:
2.1.1. Ficha t�cnica
presentada para concepto previo
2.1.2. Fecha y monto del
concepto previo
2.1.3. Monto de la operaci�n
2.1.4. Entidad prestataria y
prestamista
2.1.5. Cronograma de los desembolsos:
monto(s) y vigencia(s)
2.1.6. Objetivos de pol�tica
derivados de la operaci�n (si aplica)
2.1.7. Condiciones especiales
de desembolso (si aplica)
2.1.8. Condiciones
financieras de la operaci�n
2.1.9. Evaluaci�n de costo de
la operaci�n respecto a la curva de rendimientos
2.1.10.
Recomendaci�n y solicitud del concepto definitivo.
3. Para las
operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas de la Naci�n de destinaci�n
espec�fica, que se someten a concepto previo de la Comisi�n Interparlamentaria
de Cr�dito P�blico:
3.1. �Ficha t�cnica de la operaci�n la
cual deber� contener:
3.1.1. Monto m�ximo de la
operaci�n que se proyecta gestionar
3.1.2. Entidad prestataria
3.1.3. Destinaci�n de los
recursos
3.1.4. Objetivos y
descripci�n preliminar del proyecto
3.1.5. Costo estimado del
proyecto (cr�dito/contrapartida)
3.1.6. Contextualizaci�n del
monto a gestionar dentro de las fuentes del Plan Financiero del a�o en curso
3.1.7. Cronograma estimado de
desembolsos (montos y vigencias)
3.1.8. Posibles fuentes de
financiaci�n y sus caracter�sticas
3.1.9. Justificaci�n
3.1.10.
Aprobaci�n Conpes: N�mero de documento y fecha de aprobaci�n
3.1.11.
Recomendaci�n y solicitud del concepto.
3.2. Fotocopia del documento del
Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica Social,� Conpes
4. Para las
operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas de la Naci�n de destinaci�n
espec�fica, que se someten a concepto definitivo de la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico:
4.1. Ficha t�cnica de
la operaci�n la cual debe contener:
4.1.1. Ficha t�cnica
presentada para concepto previo
4.1.2. Fecha y monto del
concepto previo
4.1.3. Monto de la operaci�n
4.1.4. Entidad(es)
prestataria(s), prestamistas(s) y ejecutora(s)
4.1.5. Objetivos y
descripci�n definitiva del proyecto
4.1.6. Costo definitivo del
proyecto por componente (cr�dito/contrapartida)
4.1.7. Cronograma de los
desembolsos: monto(s) y vigencia(s)
4.1.8. Fuentes definitivas de
financiaci�n y sus caracter�sticas
4.1.9. Condiciones
financieras de la operaci�n
4.1.10.
Evaluaci�n de costo de la operaci�n respecto a la curva de rendimientos
4.1.11.
Recomendaci�n y solicitud del concepto.
5. Para
concepto �nico de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico cuando la
Naci�n proyecte endeudarse a trav�s del mecanismo de emisi�n de bonos:
5.1. Ficha t�cnica de
la operaci�n la cual debe contener:
5.1.1. Monto solicitado.
5.1.2. Prestamistas
5.1.3. Contextualizaci�n del
monto a aprobar dentro de las fuentes del Plan Financiero del a�o en curso (si
aplica)
5.1.4. Contextualizaci�n
frente al l�mite m�ximo establecido en el numeral 5.3. (si aplica). Debe
incluir:
5.1.4.1. Proyecci�n anual
y mensual del servicio de la deuda externa proyectado para el a�o siguiente
discriminando capital e intereses
5.1.4.2. Capacidad m�xima
de prefinanciamiento
5.1.4.3. Capacidad m�xima
de prefinanciamiento disponible
5.1.4.4. Recientes
emisiones efectuadas y condiciones obtenidas
5.1.4.5. �Condiciones
actuales del mercado y otros
5.1.4.6. Aprobaci�n Conpes:
N�mero de documento y fecha de aprobaci�n
5.1.4.7. Recomendaci�n y
solicitud del concepto �nico.
5.2. Fotocopia del
documento del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica Social, Conpes.
5.3. En caso de que
el concepto solicitado a la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico de
que trata este numeral se destine a prefinanciaci�n, se deber� tener en cuenta
que el monto solicitado no puede superar el 80% del servicio de la deuda
externa proyectado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para el a�o
siguiente.
6. Para
concepto �nico de operaciones de cr�dito p�blico o asimiladas que proyecten
celebrar las entidades estatales diferentes de la Naci�n con la garant�a de la
Naci�n:
6.1. Ficha t�cnica de
la operaci�n la cual debe contener:
6.1.1. Monto de la garant�a
solicitada
6.1.2. Prestatario y garante
6.1.3. 6.1.3 Aprobaci�n
Conpes: N�mero de documento y fecha de aprobaci�n
6.1.4. Descripci�n del
proyecto
6.1.5. Justificaci�n de la
operaci�n
6.1.6. Condiciones
financieras estimadas de la operaci�n
6.1.7. Flujo de caja del proyecto
6.1.8. Contragarant�as
elegibles a favor de la Naci�n
6.1.9. Recomendaci�n y
solicitud del concepto.
6.2. Fotocopia del
documento del Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica Social,� Conpes.
7. Adicional
a los requisitos de informaci�n relacionados para las respectivas operaciones
en los numerales� anteriores, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
deber� presentar en cada reuni�n de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito
P�blico la siguiente informaci�n:
7.1. Informe
resumen sobre el cupo de la ley de endeudamiento de la Naci�n:
7.1.1. Cupo autorizado
7.1.2. Monto de reembolsos
y/o cancelaciones
7.1.3. Afectaciones de
conformidad con las leyes vigentes
7.1.4. Cupo disponible real
7.1.5. Relaci�n de conceptos
previos, definitivos y �nicos emitidos por la Comisi�n Interparlamentaria de
Cr�dito P�blico que no han afectado el cupo de endeudamiento
7.1.6. Relaci�n de
operaciones con concepto previo, definitivo y �nico que no continuar�n su
tr�mite
7.1.7. Cupo disponible
proyectado tomando como base el cupo disponible real y los conceptos de la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico cuyas operaciones no han dado lugar a la
afectaci�n correspondiente y que continuar�n su tr�mite
7.2. Informe
resumen sobre el cupo de garant�as Naci�n:
7.2.1. Cupo autorizado
7.2.2. Monto de cancelaciones
7.2.3. Afectaciones de conformidad
con las leyes vigentes
7.2.4. Cupo disponible real
7.2.5. Relaci�n de conceptos
emitidos por la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico que no han
afectado el cupo de garant�as Naci�n
7.2.6. Relaci�n de
operaciones con concepto de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico
que no continuar�n su tr�mite
7.2.7. Cupo disponible
proyectado tomando como base el cupo disponible real y los conceptos de la
Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico cuyas operaciones no han dado
lugar a la afectaci�n correspondiente y que continuar�n su tr�mite
7.3. Relaci�n
deuda/PIB
7.3.1. Relaci�n deuda/PIB fin
a�o anterior
7.3.2. Relaci�n deuda/PIB a�o
en curso
Si por la
especial naturaleza de una operaci�n se requiere informaci�n adicional a la
anteriormente se�alada, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico evaluar� su
relevancia frente a la operaci�n de cr�dito p�blico o asimilada sujeta a
consideraci�n de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico, y podr�
solicitar, por una sola vez, un t�rmino adicional de m�ximo diez (10) d�as
h�biles para suministrar informaci�n complementaria, y aprobada dicha solicitud
deber� convocar a una nueva reuni�n dentro de dicho lapso para la rendici�n del
concepto. En el acta respectiva se consignar� la motivaci�n de la
administraci�n en relaci�n con la relevancia o no de la informaci�n adicional
solicitada.
Para los
anteriores efectos, las entidades estatales deber�n remitir al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico-Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional, la respectiva informaci�n a m�s tardar cuatro (4) d�as h�biles antes
del vencimiento del plazo solicitado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico a los miembros de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico.
En caso de que
la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico no rinda concepto, habiendo
sido convocada previamente y suministrada la informaci�n a que hace referencia
el presente cap�tulo se dar� aplicaci�n a lo establecido en el par�grafo del
art�culo 21 de la Ley 51 de 1990 y el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
deber� dar por cumplido este requisito.
(Art. 7 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.8.Informes peri�dicos. Para rendir
los informes semestrales al Congreso de la Rep�blica, el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico suministrar� la siguiente informaci�n a la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico, a m�s tardar el 30 de marzo y el 30 de
septiembre con corte 31 de diciembre y 30 de junio, respectivamente:
1. Informe sobre el cupo de
endeudamiento de la Naci�n:
1.1 Relaci�n de operaciones de
cr�dito p�blico y asimiladas contratadas por la Naci�n que han afectado el cupo
de endeudamiento, con la siguiente discriminaci�n:
1.1.1 Sector
beneficiado
1.1.1.1 Fuente de
financiaci�n
1.1.2 Prestamista
1.1.3 Ejecutor
1.1.4 Valor del
cr�dito en d�lares de los Estados Unidos de Am�rica
1.1.5 Fecha de firma
del contrato
1.1.6 Destinaci�n
1.1.7 Monto
desembolsado
1.1.8 Monto por
desembolsar
1.1.9 Marco dentro del
plan de desarrollo
1.1.10 Estado de avance del proyecto
1.2 Reembolsos de cr�ditos
contratados por la Naci�n que incrementan la disponibilidad del cupo de
endeudamiento, con la siguiente discriminaci�n:
1.2.1 Sector
1.2.2 Fuente de
financiaci�n
1.2.3 Prestamista
1.2.4 Valor del
cr�dito en d�lares de los Estados Unidos de Am�rica
1.2.5 Fecha de firma
del contrato
1.2.6 Destinaci�n
1.2.7 Monto
desembolsado
1.2.8 Monto por
desembolsar
1.2.9 Reembolsos
efectuados
1.3 Cancelaciones de cr�ditos de
la Naci�n que incrementan la disponibilidad del cupo de endeudamiento se�alando
lo siguiente:
1.3.1 Sector
1.3.2 Fuente de
financiaci�n
1.3.3 Prestamista
1.3.4 Valor del
cr�dito en d�lares de los Estados Unidos de Am�rica
1.3.5 Fecha de firma
del contrato (si aplica)
1.3.6 Destinaci�n
1.3.7 Monto
desembolsado (si aplica)
1.3.8 Monto por
desembolsar (si aplica)
1.3.9 Cancelaciones
efectuadas por no utilizaci�n
1.3.10 Razones de la cancelaci�n
2. El informe de garant�as
deber� contener:
Relaci�n de operaciones de cr�dito
p�blico y asimiladas garantizadas por la Naci�n que han afectado el cupo de
garant�as, la cual deber� contener la siguiente informaci�n:
2.1. �Sector
2.2. Fuente de
financiaci�n
2.3. Prestamista
2.4. Prestatario
2.5. Valor del
cr�dito en d�lares de los Estados Unidos de Am�rica
2.6. Fecha de firma
del contrato
2.7. Destinaci�n
2.8. Fecha del
concepto �nico
2.9. Contragarant�as
2.10. Monto desembolsado
2.11. Monto por desembolsar
2.12. Cancelaciones efectuadas por no
utilizaci�n
2.13. Razones de la cancelaci�n
2.14. Informe de cumplimiento del
prestatario de sus obligaciones de pago
2.15. Estado de avance del proyecto.
Par�grafo.
Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en este art�culo, las
entidades estatales deber�n remitir al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico-Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, a m�s tardar el
1� de marzo y el 1� de septiembre de cada a�o, con corte a 31 de diciembre y 30
de junio respectivamente, el estado de avance de todos los proyectos
financiados con recursos de fuente espec�fica o garantizada por la Naci�n tanto
aquellos que no hubieran culminado su ejecuci�n antes de la presentaci�n del
informe inmediatamente anterior como los que se hubieran iniciado a partir de
la presentaci�n de dicho informe.
(Art. 8 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.1.6.9.Car�cter de los conceptos. Los
conceptos de la Comisi�n Interparlamentaria de Cr�dito P�blico en ejercicio de
sus funciones legales, no tendr�n car�cter vinculante, excepto cuando la
motivaci�n del mismo sea la del art�culo 3� de la Ley 18 de 1970.
Para la
aplicaci�n de este art�culo, siempre debe entenderse que los recursos internos
complementarios del endeudamiento externo para financiar el gasto de la Naci�n
son sanos en los t�rminos definidos en el referido art�culo 3� de la Ley 18 de
1970, cuando no correspondan a emisi�n primaria del Banco de la Rep�blica. No
obstante lo anterior, si se presenta este evento, le corresponder� al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico aportar el documento t�cnico
respectivo donde se demuestre que dichos recursos no son inflacionarios por s�
solos.
(Art. 9 Decreto 2757 de 2005)
Art�culo 2.2.2.1.1.
Operaciones de cr�dito p�blico. Para efectos de lo
previsto en la Ley 358 de 1997, se encuentran comprendidos dentro de las
operaciones de cr�dito p�blico los actos o contratos que tengan por objeto
dotar a las entidades territoriales de recursos con plazo para su pago, de
bienes o servicios con plazo para su pago superior a un a�o, as� como los actos
o contratos an�logos a los anteriores. Tambi�n se encuentran comprendidos
aquellos actos o contratos mediante los cuales las entidades territoriales
act�en como deudoras solidarias o garantes de obligaciones de pago y aquellos
relacionados con operaciones de manejo de la deuda p�blica.
(Art. 1 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.2.
Informaci�n para determinar los ingresos corrientes.
Para efectuar el c�lculo de los indicadores intereses/ahorro operacional y
saldo de la deuda/ingresos corrientes, a los que se refiere la Ley 358 de 1997,
la informaci�n sobre ingresos corrientes corresponde a los ingresos
presupuestados y efectivamente recibidos en la vigencia fiscal inmediatamente
anterior, incluidos los ingresos por recuperaci�n de cartera tributarios y no
tributarios.
Para determinar
los ingresos corrientes aludidos no se tienen en cuenta los siguientes
conceptos:
a) Los
recursos de cofinanciaci�n;
b) El
producto de las cuotas de fiscalizaci�n percibido por los �rganos de control
fiscal;
c) Los
ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o convencional,
las entidades territoriales est�n encargadas de administrar, recaudar o
ejecutar;
d) Los
activos, inversiones y rentas titularizados, as� como el producto de los
procesos de titularizaci�n;
e) Los
recursos del Sistema General de Participaciones cuando los departamentos,
distritos o municipios no hayan sido certificados para administrarlos
aut�nomamente;
f) El
producto de la venta de activos fijos; y
g) Los
excedentes financieros de las entidades descentralizadas que se transfieran a
la administraci�n central.
(Art. 2 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.3.
Determinaci�n de los intereses de la deuda. Para
determinar el monto de los intereses de la deuda que ha de emplearse en el
c�lculo del indicador intereses/ahorro operacional se suman los intereses
pagados durante la vigencia fiscal; los causados cuyo pago deba efectuarse
dentro de la misma vigencia; los de la nueva operaci�n de cr�dito p�blico; los
intereses de mora; los de cr�ditos de corto plazo; y los de sobregiros. Para
este prop�sito, la vigencia fiscal corresponde al per�odo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del a�o en el que se realice el c�lculo del
respectivo indicador de capacidad de pago.
(Art. 3 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.4.
Cr�ditos de corto plazo. Los cr�ditos de corto plazo
que celebren las entidades territoriales podr�n destinarse a fines distintos al
gasto de inversi�n, siempre y cuando sean cancelados con recursos diferentes
del cr�dito y dentro de la misma vigencia fiscal en que se contraten.
(Art. 4 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.5.
Obligaciones contingentes. Para efectos del c�lculo
del saldo de la deuda a que se refiere el art�culo 6 de la Ley 358 de 1997, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico fijar� el porcentaje por el cual se
computar�n las obligaciones contingentes seg�n la clase de operaci�n de que se
trate.
(Art. 5 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.6.
C�lculo de indicadores. Los indicadores
intereses/ahorro operacional y saldo de la deuda/ingresos corrientes, de que
trata la Ley 358 de 1997, se deben calcular para la celebraci�n de cada
operaci�n de cr�dito p�blico.
(Art. 6 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.7.
Verificaci�n y estudio de la capacidad de pago. Las
entidades que otorguen cr�ditos a las entidades territoriales deber�n verificar
la capacidad de pago de las mismas. Si hay lugar a ello, deber�n, asimismo,
acordar el dise�o del plan de desempe�o en los t�rminos del art�culo
2.2.2.1.10. del presente t�tulo y exigir la autorizaci�n de endeudamiento. La
inobservancia de esta disposici�n dar� lugar a la aplicaci�n de sanciones
correspondientes.�
(Art. 7 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.8.
Endeudamiento que requiere autorizaci�n. Las entidades
territoriales requieren autorizaci�n de endeudamiento cuando se presente
cualquiera de los siguientes eventos:
a. Cuando la
relaci�n intereses/ahorro operacional sea superior al 40% sin exceder el 60%,
siempre que el saldo de la deuda de la vigencia anterior se incremente, con la
nueva operaci�n, a una tasa superior a la variaci�n del �ndice de precios al
consumidor (IPC), o meta de inflaci�n, proyectada por el Banco de la Rep�blica
para la vigencia;
b. Cuando la
relaci�n intereses/ahorro operacional supere el 60%;
c. Cuando
la relaci�n saldo de la deuda/ingresos corrientes supere el 80%.
Par�grafo.
Las operaciones de manejo de la deuda p�blica a que se refiere el art�culo
2.2.1.1.3. del Cap�tulo 1 del T�tulo 1 de esta misma parte no requieren
autorizaci�n de endeudamiento.
Las operaciones
de cr�dito p�blico que impliquen la refinanciaci�n de intereses requieren
autorizaci�n de endeudamiento cuando se presente cualquiera de los eventos
descritos en los literales a), b) y c) de este art�culo.
(Art. 8 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.9.
Solicitud de autorizaciones. Los municipios no
capitales que se encuentren en la situaci�n prevista en el literal a) del
art�culo anterior� presentar�n la solicitud de autorizaci�n de endeudamiento
ante el respectivo Departamento.
En los dem�s casos
en que se requiera autorizaci�n de endeudamiento, la misma se solicitar� ante
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de la Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
(Art. 9 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.10.
Planes de desempe�o. Los planes de desempe�o de que
trata la Ley 358 de 1997 y el presente cap�tulo contendr�n un diagn�stico
financiero e institucional de las respectivas entidades territoriales, incluido
el c�lculo de los indicadores de capacidad de pago. Contendr�n, as� mismo, las
acciones, medidas y metas que se comprometen a instaurar o lograr en un per�odo
determinado, con base en las capacidades, instrumentos y restricciones con que
cuenten las entidades territoriales, y deber�n estar orientados a restablecer
su solidez econ�mica y financiera.
El contenido de
los planes de desempe�o deber� ser acordado entre la entidad territorial y la
entidad prestamista, teniendo en cuenta, para el efecto, su viabilidad e
incidencia fiscal y financiera, as� como la correspondencia entre el uso
previsto de los recursos del cr�dito y el uso legalmente autorizado.
La ejecuci�n y
el cumplimiento de los planes de desempe�o son responsabilidad exclusiva de la
respectiva entidad territorial.
(Art. 10 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.11.
Conformidad con los planes de desempe�o. Para efectos
de dar su conformidad con los planes de desempe�o que les presenten las
entidades territoriales, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -
Direcci�n General de Apoyo Fiscal- o los departamentos, seg�n el caso,
observar�n los siguientes aspectos:
a) Viabilidad
de las medidas, acciones y metas previstas en el plan de desempe�o;
b) Incidencia
del plan de desempe�o sobre la situaci�n fiscal, financiera y administrativa de
la respectiva entidad territorial; y efectividad probable de las medidas,
acciones y metas previstas para restablecer la solidez econ�mica y financiera
de las mismas o para evitar su deterioro;
c) Efectos
del cr�dito que se pretende contratar sobre las finanzas de la entidad territorial,
y correspondencia entre el uso previsto de los recursos del cr�dito y el uso
autorizado por la Ley; y
d) Antecedentes
de la entidad territorial en relaci�n con el cumplimiento de planes de
desempe�o.
Par�grafo. La
conformidad con los planes de desempe�o y las autorizaciones de endeudamiento,
por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o de los Departamentos,
en ning�n caso constituye aval, garant�a o compromiso en relaci�n con las
operaciones de cr�dito p�blico que en desarrollo de las mismas celebre la
entidad territorial.
(Art. 11 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.12.
Cumplimiento de los planes de desempe�o. Sin perjuicio
de la funci�n de evaluaci�n atribuida por la Ley 358 de 1997 a la Direcci�n
General de Apoyo Fiscal, los Departamentos har�n el seguimiento de los planes
de desempe�o de los municipios no capitales a los que les otorguen autorizaci�n
de endeudamiento. En el evento de que estos municipios incumplan los planes de
desempe�o, los Departamentos enviar�n a la Direcci�n General de Apoyo Fiscal
los informes correspondientes para dar aplicaci�n a lo dispuesto en el
siguiente art�culo.
(Art. 12 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.13.
Informaci�n sobre incumplimiento. El Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General de Apoyo Fiscal - informar�,
para los efectos previstos en las normas vigentes, a la Superintendencia
Financiera de Colombia sobre las entidades territoriales que incumplan con los
planes de desempe�o.
(Art. 13 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.1.14.
Sobre el alcance del registro del cr�dito. El registro
de las operaciones de cr�dito p�blico que deben realizar las entidades
territoriales no las exime de las autorizaciones y requisitos exigidos por la
Ley 358 de 1997 y el presente cap�tulo.
�(Art. 14 Decreto 696 de 1998)
Art�culo 2.2.2.2.1.
Calificaci�n de capacidad de pago. Establ�cese el
sistema obligatorio de calificaci�n de capacidad de pago para las entidades
descentralizadas del orden territorial. En consecuencia, dichas entidades no
podr�n gestionar endeudamiento externo ni efectuar operaciones de cr�dito
p�blico externo o interno con plazo superior a un a�o, si no han obtenido
previamente la calificaci�n sobre su capacidad de pago.
Las entidades
atr�s indicadas tambi�n deber�n contar con la calificaci�n sobre su capacidad
de pago cuando vayan a llevar a cabo titularizaciones a que se refiere la
Circular Externa n�mero 001 expedida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico el 25 de enero de 1996.
(Art.1 Decreto 610 de 2002)
Art�culo 2.2.2.2.2.
Criterios para determinar la capacidad de pago. La
capacidad de pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales
ser� determinada a partir de los siguientes criterios, cuyo an�lisis es
obligatorio:
a) Con
respecto a las caracter�sticas de la entidad:
1.
Naturaleza jur�dica de la entidad calificada.
2.
Descripci�n del sector e �ndole de las actividades a su cargo.
3.
Competidores y posici�n competitiva.
4.
Situaci�n econ�mica, de orden p�blico, pol�tica y social en que se
desenvuelve la entidad objeto de la calificaci�n.
5.
Recursos tecnol�gicos con que cuenta la entidad.
6.
Promoci�n de las actividades y servicios que constituyen el objeto de la
entidad p�blica calificada.
7.
Solidez de la posici�n de la entidad frente a condiciones adversas de
cualquier �ndole.
b) Con
respecto a las actividades propias de su objeto:
1.
�ndole del objeto y destinaci�n de recursos de la entidad.
2.
Estructura administrativa de la entidad y recursos humanos.
3.
Orientaci�n estrat�gica de la entidad.
4.
Actividad de la entidad y tendencia actual.
5.
Grado de regulaci�n normativa acerca de su acci�n.
6.
Barreras de entrada y salida para la actividad desarrollada por la
entidad objeto de la calificaci�n.
7.
Logros m�s importantes de la entidad con respecto a su gesti�n
financiera y operativa.
8.
Propiedad y posible apoyo en caso de dificultades financieras.
9.
Contingencias econ�micas que pueden surgir por pleitos legales.
c) Con
respecto a la composici�n general de ingresos y gastos:
1.
An�lisis financiero, incluyendo proyecciones sobre los principales
indicadores de rentabilidad, endeudamiento, capital, activos y liquidez.
2.
An�lisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la
entidad.
3.
Requerimientos de inversi�n y desarrollo futuro.
4.
Pol�ticas de financiaci�n y capitalizaci�n.
5.
Cumplimiento de presupuestos anteriores y pol�ticas para presupuestaci�n
futura.
6.
Compromisos adquiridos con proveedores, Gobierno Nacional, otras
entidades p�blicas y clientes.
7.
Garant�as otorgadas por la entidad calificada.
8.
Garant�as recibidas por la entidad calificada.
9.
Informaci�n p�blica de organismos reguladores.
10.
En caso de existir documentos externos de an�lisis financiero provistos
por analistas independientes.
Par�grafo.�
Cuando las entidades descentralizadas del orden territorial requieran celebrar
operaciones relacionadas con cr�dito p�blico externo o interno, con plazo mayor
a un a�o, para atender gastos diferentes a inversi�n, deber�n cumplir adem�s de
lo establecido en este art�culo, los criterios especiales� que se exponen a
continuaci�n, sin perjuicio de las autorizaciones legales, estatutarias y dem�s
tr�mites que sean requeridos:
a)
Tener capacidad de pago de acuerdo
a lo establecido en el presente Cap�tulo.
b)
Para operaciones internas, haber
contado en los �ltimos 3 a�os con una calificaci�n de largo plazo de por lo
menos AA+ o sus equivalentes de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades
calificadoras.
c)
Para las operaciones externas,
contar con una calificaci�n de riesgo inferior en una escala, a la calificaci�n
de riesgo de la Naci�n.
d)
Dichas calificaciones deben ser
emitidas por una calificadora de riesgo nacional o internacional seg�n corresponda,
autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de las que
califiquen la deuda externa de la Naci�n y est�n vigentes.
(Art. 4 Decreto 610 de 2002, adicionado par�grafo
por el Art. 1 del Decreto 2339 de 2015)
Art�culo 2.2.2.2.3.
Entidades autorizadas para calificar la capacidad de pago.
La calificaci�n de la capacidad de pago de las entidades descentralizadas de
los entes territoriales, ser� realizada por las sociedades calificadoras de
valores y actividades an�logas que se encuentren debidamente autorizadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
(Art. 5 Decreto 610 de 2002)
Art�culo 2.2.2.2.4.
Obligaciones de las Calificadoras de valores. La
calificaci�n sobre capacidad de pago de las entidades descentralizadas del
orden territorial que emitan las calificadoras de valores, deber� expresar que
se siguieron los criterios se�alados en el art�culo 2.2.2.2.2. del presente cap�tulo.
En el evento en
que la entidad calificadora estime que alguno de los criterios indicados no
puede aplicarse a la entidad descentralizada, deber� justificarlo expresamente
al emitir la correspondiente calificaci�n sobre su capacidad de pago.
En todo caso,
cuando se califique la capacidad de pago de una entidad descentralizada del
orden territorial, quien haya emitido la calificaci�n deber� efectuar un
seguimiento sobre la calificada a fin de verificar peri�dicamente su vigencia.
Calificada la
capacidad de pago de una entidad descentralizada del orden territorial, la
entidad que haya emitido la correspondiente calificaci�n deber� ponerla en
conocimiento del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, as� como todos los cambios que advierta en
lo sucesivo, en relaci�n con la misma, a ra�z del correspondiente seguimiento.
(Art. 6 Decreto 610 de 2002)
Art�culo 2.2.2.2.5.
Selecci�n de la Calificadora de Valores. Las entidades
se�aladas en el art�culo 2.2.2.2.1. del presente cap�tulo que requieran una
calificaci�n sobre su capacidad de pago, deber�n escoger quien deba efectuarla
de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de Contrataci�n
Administrativa.
Sin perjuicio
de lo anterior, los contratos que se celebren para obtener la calificaci�n de
la capacidad de pago de las entidades a que se refiere el presente art�culo, se
considerar�n incluidos dentro de las operaciones reguladas por el art�culo
2.2.1.1.4 del Cap�tulo 1 del T�tulo 1 de la presente parte o las normas que lo
modifiquen.
(Art. 7 Decreto 610 de 2002)
Art�culo 2.2.2.2.6.
Informaci�n financiera b�sica. No obstante que las
personas autorizadas para calificar capacidad de pago de las entidades a que se
refiere el presente cap�tulo puedan emplear informaci�n complementaria para la
elaboraci�n de los estudios pertinentes, la informaci�n financiera b�sica que
deber�n utilizar ser� la registrada en la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 8 Decreto 610 de 2002)
Art�culo 2.2.2.2.7.
Obligaciones de las Juntas o Consejos Directivos para la gesti�n
o autorizaci�n de operaciones de cr�dito p�blico. En los t�rminos del
art�culo 8 del de la Ley 538 de 1997, los miembros de las Juntas o Consejos
Directivos de las entidades descentralizadas del orden territorial son
responsables y deber�n verificar al autorizar la gesti�n y celebraci�n de
operaciones de cr�dito p�blico, el cabal cumplimiento del art�culo 364 de la
Constituci�n Pol�tica en el sentido de no exceder la capacidad de pago , tener
presente la situaci�n financiera� de la entidad, las eficiencias que se generen
y el uso adecuado de los recursos.
(Art. 9 Decreto 610 de 2002, modificado por el Art.
2 del Decreto 2339 de 2015)
Art�culo 2.2.2.2.8.
Deberes de las entidades prestamistas. El cumplimiento de los
requisitos se�alados en este Cap�tulo por parte de las entidades
descentralizadas del orden territorial, no eximir� a las entidades prestamistas
de adelantar los an�lisis de riesgo crediticio que le corresponden.
(Art. 3 del Decreto 2339 de 2015)
Art�culo 2.2.2.3.1.
�mbito de aplicaci�n. Para los efectos del art�culo 7
de la Ley 781 de 2002, las siguientes entidades estatales podr�n demostrar su
capacidad de pago seg�n lo dispuesto por el Cap�tulo 2 anterior:
1.
Las �reas metropolitanas.
2.
Las asociaciones de municipios.
3.
Los entes universitarios aut�nomos.
4.
Las corporaciones aut�nomas regionales.
5.
La Autoridad Nacional de Televisi�n.
(Art.1 Decreto 3480 de 2003)
Art�culo 2.2.2.3.2.
�Verificaci�n de la existencia de capacidad de pago.
El funcionario competente para autorizar las operaciones de cr�dito p�blico de
las entidades se�aladas en el art�culo anterior, deber� comprobar previamente
que ellas tienen capacidad de pago, mediante el concepto a que se refiere el
art�culo� 2.2.1.8. del T�tulo 1 de la presente parte de este Decreto �nico o
por medio de la calificaci�n expedida seg�n el Cap�tulo 2 anterior y que tales
requisitos han sido satisfechos siguiendo los criterios que establece el
art�culo 2.2.2.2.2. de este �ltimo.
(Art. 2 Decreto 3480 de 2003)
Art�culo 2.2.2.3.3.
Informe al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico sobre
variaciones de la situaci�n financiera. Las entidades
estatales enumeradas por el art�culo 2.2.2.3.1. del presente cap�tulo que
celebren operaciones de cr�dito p�blico autorizadas con fundamento en los
documentos que indica el art�culo precedente, deber�n informar trimestralmente
al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional- las variaciones en su situaci�n financiera que, a
juicio de la entidad que efectu� inicialmente su valoraci�n, pueden afectarla
de manera significativa y adversa.
(Art.3 Decreto 3480 de 2003)
Art�culo 2.2.2.3.4.
Validez de la calificaci�n de capacidad de pago. La
calificaci�n sobre capacidad de pago ser� v�lida solamente si se fundamenta en
la informaci�n financiera registrada en la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 4 Decreto 3480 de 2003)
Art�culo 2.2.3.1.
Pr�stamos a las Entidades
Territoriales y a las Entidades Descentralizadas. Para
efectos de los pr�stamos de que trata el art�culo 43 del� Estatuto Org�nico del
Presupuesto General de la Naci�n corresponder� al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico fijar en los contratos respectivos las condiciones financieras
y las garant�as, de conformidad con el estudio que adelante a trav�s de la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, para lo cual el ente destinatario
o la entidad prestataria deber� presentar ante la citada dependencia los
siguientes documentos:
a) Solicitud
suscrita por el ministro, jefe de departamento administrativo, gobernador,
alcalde, administrador o representante del ente destinatario de los recursos,
de ser �ste el caso;
b) Copia
debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resoluci�n o acta
que autorice al representante del prestatario o a �ste como administrador o
representante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para
contratar el pr�stamo y otorgar las garant�as que lo respalden.
c) En los
casos en que la autorizaci�n proceda mediante acta de junta directiva u otro
organismo directivo que haga sus veces, bastar� allegar la certificaci�n del
secretario de la misma, la cual deber� contener el extracto correspondiente;
d) Certificado
de libertad de las garant�as que habr�n de otorgarse, suscrito por la autoridad
competente, y
e) Los
documentos demostrativos de la situaci�n financiera de la entidad prestataria y
del ente destinatario de los recursos, de ser �ste el caso, as� como los dem�s
que, a juicio del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico −Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional−, deba aportar.
(Art. 1 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.2.
Suscripci�n y perfeccionamiento de los contratos de pr�stamo.
Los contratos de pr�stamo de que trata el art�culo anterior, ser�n suscritos
por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico,
en nombre de la Naci�n, o por este �ltimo, conforme a las normas de delegaci�n
vigentes, y, por el representante del prestatario. Estos contratos se
perfeccionar�n mediante su publicaci�n en el Sistema Electr�nico para Ia Contrataci�n
P�blica -SECOP.
(Art. 2 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.3.
Desembolsos. Previo el cumplimiento de los requisitos
contractuales, el Gobierno Nacional efectuar� los desembolsos con sujeci�n a
las apropiaciones presupuestales y con estricto cumplimiento de las
disposiciones presupuestales.
�(Art.
3 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.4.
Requisito previo a la celebraci�n de los contratos de pr�stamo.
Los contratos de pr�stamo de que trata el art�culo 43 del� Estatuto Org�nico
del Presupuesto General de la Naci�n, s�lo podr�n celebrarse con los entes y
entidades que se encuentren a paz y salvo con la Naci�n en el pago de pr�stamos
u otras operaciones de cr�dito respectivamente otorgados o celebrados con
anterioridad.
Lo anterior es
igualmente aplicable a las entidades de cualquier naturaleza que, como
administradoras o representantes de los entes destinatarios de los recursos,
act�en como prestatarias en los contratos de pr�stamo de que trata el art�culo
43
del� Estatuto
Org�nico del Presupuesto General de la Naci�n.
(Art. 4 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.5.
Reestructuraci�n de los pr�stamos. El Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico podr� autorizar mediante resoluci�n, la
restructuraci�n de los pr�stamos otorgados por la Naci�n en desarrollo de lo
previsto en el 43� del� Estatuto Org�nico del Presupuesto General de la Naci�n,
previo estudio correspondiente que adelante la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional, para lo cual, la entidad o ente interesado deber�
allegar a dicha Direcci�n los siguientes documentos:
a) Solicitud
motivada suscrita por el representante de la entidad prestataria;
b) Copia
debidamente autenticada de la ordenanza, acuerdo, decreto, resoluci�n o acta
que autorice al representante del prestatario o a �ste como administrador o
representante del ente destinatario de los recursos, de ser el caso, para
contratar el pr�stamo y otorgar las garant�as que lo respalden.
c) En los
casos en que la autorizaci�n proceda mediante acta de junta directiva u otro
organismo directivo que haga sus veces, bastar� allegar la certificaci�n del
secretario de la misma, la cual deber� contener el extracto correspondiente;
d) Certificado
de libertad de las garant�as que habr�n de otorgarse, suscrito por la autoridad
competente, y
e) Los
documentos demostrativos de la situaci�n financiera de la entidad prestataria y
los dem�s que, a juicio del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
−Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional −, deba
aportar.
Par�grafo.
Una vez cumplidos los requisitos anteriores y aprobada la restructuraci�n de
los contratos de pr�stamo de que trata el presente art�culo, los contratos
respectivos ser�n elaborados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional y suscritos por el Presidente de la Rep�blica y el Ministro de
Hacienda y Cr�dito P�blico, en nombre de la Naci�n, o por este �ltimo, conforme
a las normas de delegaci�n vigentes y por el representante del prestatario.
Estos contratos se perfeccionar�n mediante su publicaci�n en el Sistema Electr�nico para Ia Contrataci�n
P�blica �SECOP.
(Art. 5 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.6.
Consignaci�n al Tesoro Nacional. Las entidades
prestatarias deber�n consignar a disposici�n del Tesoro Nacional, en las fechas
de pago pactadas en los contratos, el valor de las cuotas de amortizaci�n,
intereses, comisiones, gastos y dem�s erogaciones correspondientes al servicio
de la deuda contra�da con la Naci�n.
(Art. 6 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.2.3.7.
Inclusi�n de la deuda en los proyectos anuales de presupuesto.�
Las entidades prestatarias estar�n obligadas a incluir en sus proyectos anuales
de presupuesto el valor de las amortizaciones, intereses, comisiones, gastos y
dem�s erogaciones correspondientes a las deudas contra�das con la Naci�n.
(Art. 7 Decreto 1945 de 1992)
Art�culo 2.3.1.1.
Definici�n del Sistema de Cuenta �nica
Nacional. El Sistema
de Cuenta �nica Nacional (SCUN) es el conjunto de procesos de recaudo,
traslado, administraci�n y giro de recursos realizados por los �rganos que
conforman el Presupuesto General de la Naci�n. Los lineamientos y
procedimientos para el traslado de recursos al SCUN, su administraci�n y giro
ser�n establecidos por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, conforme a las normas
org�nicas del presupuesto.
Los
ingresos del Sistema de Cuenta �nica Nacional corresponden al recaudo de las
rentas y recursos de capital establecidos en el art�culo siguiente y su
correspondiente traslado a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional.
Los
recursos que se trasladen al Sistema de Cuenta �nica Nacional ser�n
administrados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico hasta tanto se efect�en los giros para
atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General
de la Naci�n.
Los
giros corresponden al pago de obligaciones en nombre de cada �rgano ejecutor
del Presupuesto General de la Naci�n, con los recursos disponibles en el
Sistema de Cuenta �nica Nacional.
Los
procedimientos corresponden a las disposiciones que de conformidad con las
normas presupuestales imparta la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para la administraci�n de
los recursos que integran el Sistema de Cuenta �nica Nacional en los t�rminos
del art�culo 2.3.1.5. de este t�tulo.
Para
la administraci�n de los recursos del Sistema de Cuenta �nica Nacional, la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico contar� con un mecanismo de registro por entidad,
tanto de los traslados como de los giros de recursos realizados con cargo al
Sistema de Cuenta �nica Nacional.
Par�grafo. En los casos en que no se
pueda realizar pago a beneficiario final, los recursos se podr�n ubicar en la cuenta
que para el efecto indique previamente la entidad estatal.
(Art. 1 Decreto 2785 de 2013)
Art�culo 2.3.1.2.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del Sistema de
Cuenta �nica Nacional se aplicar�n a los recursos que forman parte del
Presupuesto General de la Naci�n, y a los que por disposici�n legal administre
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, con excepci�n de los establecimientos p�blicos que
administran contribuciones parafiscales y los �rganos de previsi�n y seguridad
social que administren prestaciones sociales de car�cter econ�mico.
Los recursos
del Sistema de Cuenta �nica Nacional seguir�n conservando la naturaleza,
propiedad y fines de la ley que los cre�.
(Art. 2 Decreto 2785 de 2013)
Art�culo 2.3.1.3.
Recaudo y ejecuci�n de recursos del Sistema de Cuenta �nica
Nacional. Las respectivas entidades estatales y sus correspondientes
�rganos de administraci�n o direcci�n ser�n los responsables del recaudo,
clasificaci�n y ejecuci�n de sus recursos propios, administrados y de los
fondos especiales que sean trasladados al Sistema de Cuenta �nica Nacional.
(Art. 3 Decreto 2785 de 2013)
Art�culo 2.3.1.4.
Traslado de Recursos a la Cuenta �nica Nacional. A
partir del 18 de septiembre de 2014 y previa
instrucci�n de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, los recaudos de los recursos propios,
administrados y de los fondos especiales de los �rganos que forman parte del
Presupuesto General de la Naci�n deber�n trasladarse a la Cuenta �nica que para
estos efectos disponga la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Los recursos
propios, administrados y de los fondos especiales que al 29 de noviembre de
2013 se encuentren invertidos en T�tulos de Deuda P�blica emitidos por la
Naci�n o cualquier otro activo financiero distinto de estos y que no se
encuentren generando p�rdidas de capital, se incorporar�n como ingresos del
Sistema de Cuenta �nica Nacional por su valor equivalente a precios de mercado,
para lo cual se realizar� una transferencia de los derechos incorporados en
dichos t�tulos ante el Dep�sito Central de Valores del Banco de la Rep�blica a
favor de la Naci�n - Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
En el evento en
que las inversiones que no hayan sido trasladadas al Sistema de Cuenta �nica
Nacional por encontrarse generando p�rdidas de capital, produzcan alg�n recaudo
por concepto de rendimientos, dividendos o amortizaci�n, se deber� proceder con
el traslado de este recaudo en los t�rminos del presente art�culo. En todo
caso, se deber� proceder al traslado de dichas inversiones cuando las mismas
hayan dejado de generar p�rdidas de capital.
Par�grafo.
Hasta tanto la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional no emita
la instrucci�n de inclusi�n de recursos al Sistema de Cuenta �nica Nacional, de
conformidad con lo descrito en el art�culo 2.3.1.7. del presente t�tulo, los
�rganos que forman parte del Presupuesto General de la Naci�n deber�n continuar
administrando y ejecutando directamente sus ingresos por concepto de recursos
propios, administrados y de los fondos especiales.
La inversi�n de
los excedentes de liquidez que se generen en esta administraci�n seguir� atendiendo
las disposiciones legales aplicables y se podr�n liquidar anticipadamente con
el fin de atender compromisos de gasto, de conformidad con lo dispuesto en los
art�culos 2.3.3.2.4. y 2.3.3.3. del T�tulo 3 de la presente parte� o cualquier
norma que lo modifique o adicione.
(Art. 4 Decreto 2785 de 2013 modificado por el Art.
1 del Decreto 1780 de 2014)
Art�culo 2.3.1.5.
Administraci�n de recursos del Sistema de Cuenta �nica
Nacional. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico establecer� para cada entidad o fondo
especial a los que se les aplique el presente t�tulo, los procedimientos
operativos, plazos y flujos de informaci�n requeridos para el funcionamiento
del Sistema de Cuenta �nica Nacional de conformidad con lo establecido en el
art�culo 2.3.1.7 del presente t�tulo.
(Art. 5 Decreto 2785 de 2013)
Art�culo 2.3.1.6.
Disponibilidad de recursos para la atenci�n de giros. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico se abstendr� de efectuar giros a beneficiarios de
gastos, financiados con recursos propios de los establecimientos p�blicos del
orden nacional y los fondos especiales, en caso de no existir disponibilidad de
los mismos en el Sistema Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF) Naci�n.
(Art. 6 Decreto 2785 de 2013)
Art�culo 2.3.1.7.
Art�culo� transitorio. Plazos y Criterios
para la inclusi�n de recursos en el Sistema de Cuenta �nica Nacional. Para que los recursos de que trata el
art�culo 2.3.1.2. del presente t�tulo sean incluidos en el Sistema de Cuenta
�nica Nacional, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
mediante comunicaci�n escrita emitir� la instrucci�n correspondiente para que
el �rgano respectivo efect�e el traslado. En todo caso, a m�s tardar el 31 de
diciembre de 2015, las entidades obligadas deber�n trasladar a la Cuenta �nica
que para estos efectos disponga la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico los recursos
propios, administrados o de fondos especiales.
Par�grafo. A partir del 26 de diciembre de
2014 y hasta el 31 de diciembre de 2015, la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional tendr� en cuenta cualquiera de los siguientes
criterios para incluir en forma progresiva los recursos de las entidades que
deban trasladarse a la Cuenta �nica Nacional: i) Entidades o fondos que hayan
reportado los mayores promedios mensuales de que trata el art�culo 2.3.3.2.10.
del Cap�tulo 2 del T�tulo 3 de la presente parte durante la �ltima vigencia
fiscal, o, ii) entidades o fondos que presenten el mayor crecimiento del saldo
nominal de TES de los �ltimos doce (12) meses, o iii) entidades o fondos que
tengan la menor ejecuci�n presupuestal de la vigencia con cargo a recursos
propios.
(Art. 7 Decreto 2785 de 2013 modificado por el Art
1 del Decreto 2711 de 2014)
Art�culo 2.3.1.8.
Rendimientos financieros. La Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional abonar� una vez al a�o, m�ximo hasta el
�ltimo d�a h�bil bancario de la vigencia fiscal, el valor de los rendimientos
generados por los recursos administrados en el SCUN de acuerdo a los recursos
manejados y a las inversiones realizadas en el lapso en que permanecieron los
saldos disponibles.
(Art. 2 Decreto 1780 de 2014)
Art�culo 2.3.1.9.
Banco agente para la implementaci�n del Sistema de Cuenta
�nica Nacional. El Banco de la Rep�blica actuar� como �nico banco
agente para la implementaci�n de la Cuenta �nica Nacional, de acuerdo con la
relaci�n contractual que para el efecto se establezca.
(Art 2 Decreto 1425 de 1998)
Art�culo 2.3.1.10. Pagos
con cargo al Presupuesto General de la Naci�n. Todos los pagos a
beneficiarios originados en los �rganos con cargo a los recursos del
Presupuesto General de la Naci�n, deber�n ser realizados por la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional mediante abono en cuenta, a trav�s
del sistema ACH del banco agente.
(Art 3 Decreto 1425 de 1998)
Art�culo 2.3.1.1.1. Reintegro de tesorer�a de saldos de recursos p�blicos en patrimonios
aut�nomos. Las
entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Naci�n que hayan recibido
aportes de la Naci�n destinados a la ejecuci�n de recursos a trav�s de
patrimonios aut�nomos deben ordenar a los administradores de los patrimonios
aut�nomos, siempre que el contrato lo permita, el reintegro a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico� de los saldos disponibles en dichos patrimonios que no est�n
amparando obligaciones cuyo giro se haya realizado con m�s de dos a�os de
anterioridad. Dicho reintegro de tesorer�a se efectuar� a la cuenta que para
ello indique la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional seg�n su capacidad
operativa podr� definir la gradualidad en la que se hagan los reintegros.
Trat�ndose
de contratos de fiducia que respalden el pago de obligaciones sujetas a
condici�n, las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Naci�n que
hayan recibido aportes de la Naci�n destinados a la ejecuci�n de recursos a
trav�s de patrimonios aut�nomos, ceder�n los derechos fiduciarios que reflejen
dichos saldos disponibles a favor de la Naci�n -Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional- para que esta reporte los derechos fiduciarios, sin
que ello afecte los recursos en los patrimonios aut�nomos.
Por
saldos p�blicos disponibles en patrimonios aut�nomos se entender�n los saldos
de la cuenta contable de la entidad ejecutora de presupuesto respecto de
recursos de la Naci�n girados al patrimonio aut�nomo, que no se encuentren
amparando obligaciones, deduciendo el valor de los aportes efectuados con
recursos de la Naci�n que se hayan girado en los �ltimos dos (2) a�os
calendario.
Par�grafo 1o. Except�ese de la obligaci�n
de reintegro de que trata el presente art�culo a los patrimonios aut�nomos
constituidos con recursos p�blicos para atender proyectos de agua potable y
saneamiento b�sico, y los recursos de previsi�n y seguridad social que
administren prestaciones sociales de car�cter econ�mico.
Par�grafo 2o. En el marco de este cap�tulo
enti�ndase por recursos de la Naci�n girados a patrimonios aut�nomos que se
encuentren amparando obligaciones, aquellos recursos que amparen obligaciones
exigibles soportadas en cuentas por pagar con ocasi�n de la adquisici�n de
bienes o servicios por parte del patrimonio aut�nomo.
Par�grafo 3o. Los recursos que reposen en
el patrimonio aut�nomo seguir�n conservando la naturaleza, y fines por los
cuales fueron constituidos, por lo que de ninguna manera su cesi�n exime de
responsabilidad a la entidad estatal del seguimiento de la debida ejecuci�n de
los recursos.
Par�grafo 4o. Las operaciones de reintegro
o de cesi�n de derechos, seg�n sea el caso, no generar�n operaci�n presupuestal
alguna.
(Art. 1 Decreto
2712 de 2014)
Art�culo 2.3.1.1.2.Devoluci�n de recursos reintegrados. En
el evento en que haya habido reintegro material de recursos a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, una vez se haga exigible
el derecho al pago de la obligaci�n, la administradora del patrimonio aut�nomo,
a trav�s de la entidad ejecutora de presupuesto, solicitar� a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional que se realice el giro de
devoluci�n respectivo. El giro ser� realizado por la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional al patrimonio aut�nomo en
un plazo no mayor a 5 d�as. Las operaciones de devoluci�n no generar�n
operaci�n presupuestal alguna.
(Art. 2 Decreto
2712 de 2014)
Art�culo 2.3.1.1.3.Reintegro de
tesorer�a a la Naci�n con plazos menores a dos (2) a�os. Los �rganos
que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n que sean fideicomitentes
de negocios fiduciarios que administren recursos girados por la Naci�n o que
hayan celebrado convenios interadministrativos para la ejecuci�n de proyectos
y/o administraci�n de sus recursos, podr�n realizar el reintegro de recursos
que no est�n amparando obligaciones a favor de la Naci�n conforme lo
contemplado en el presente cap�tulo, aun cuando no hayan transcurrido dos (2)
a�os desde la realizaci�n del giro correspondiente. La devoluci�n, si hubiera
lugar a ella, se efectuar� por la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional en los mismos t�rminos del art�culo anterior.
(Art. 3 Decreto
2712 de 2014)
Art�culo 2.3.1.1.4.Reporte de informaci�n y afectaci�n de los
saldos registrados como reintegro a favor de la Naci�n. La entidad
ejecutora presentar� al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico un informe
mensual del estado de la ejecuci�n de recursos p�blicos a trav�s de patrimonios
aut�nomos, con corte al mes anterior.
En los informes
se discriminar� la siguiente informaci�n:
1. Saldos
iniciales registrados en la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional.
2. Ingreso
por nuevos aportes girados de la Naci�n.
3. Rendimientos
Financieros por aportes Naci�n.
4. Gastos con
cargo a recursos Naci�n por adquisici�n de bienes y/o servicios del proyecto de
inversi�n.
5. Obligaciones
exigibles de pago con cargo al proyecto de inversi�n al fin de mes.
6. Saldos al
fin de mes de recursos a registrar a favor de la Naci�n en la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
Dicha
informaci�n deber� ser remitida dentro de los primeros diez (10) d�as h�biles
de cada mes, con fecha de corte del mes anterior.
Con base en la
informaci�n reportada por la entidad ejecutora, la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional proceder� a la
actualizaci�n de los registros contables de los saldos de que trata el art�culo
2.3.1.1.1. del presente cap�tulo.
Par�grafo.
La entidad ejecutora p�blica ser� responsable de implementar los mecanismos de
informaci�n tendientes a obtener del administrador del patrimonio aut�nomo el
estado de ejecuci�n de los recursos del proyecto que administra, con las
especificaciones, caracter�sticas y periodicidad requerida. La entidad
ejecutora p�blica ser� la �nica responsable de la veracidad de los reportes
contables remitidos.
(Art. 4 Decreto
2712 de 2014)
Art�culo 2.3.1.1.5.Registros
en el Sistema Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF) Naci�n. El administrador del SIIF dispondr� de la
funcionalidad que permita la definici�n contable de forma autom�tica tanto para
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional como para la entidad
ejecutora.
(Art. 5 Decreto
2712 de 2014)
Art�culo 2.3.2.1.
Aplicaci�n transitoria de los procesos de pago. Las
disposiciones contenidas en el presente t�tulo sobre el Programa Anual
Mensualizado de Caja, las cuentas autorizadas y registradas y los pagos del
Tesoro Nacional se aplicar�n con car�cter transitorio mientras se desarrolla el
Sistema de Cuenta �nica Nacional.
(Art. 1 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.2.
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. El Programa
Anual Mensualizado de Caja - PAC, es el instrumento mediante el cual se define
el monto m�ximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional para los �rganos financiados con
recursos de la Naci�n y el monto m�ximo mensual de pagos de los
establecimientos p�blicos del orden nacional con sus propios ingresos, con el
fin de cumplir sus compromisos.
(Art. 1 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.3.
Programaci�n diaria de giros. La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional har� la programaci�n diaria de
giros con base en la informaci�n registrada por las Unidades Ejecutoras en el Sistema Integrado de Informaci�n Financiera �
SIIF.
(Art�culo
actualizado en compilaci�n fundamentado en el Art. 2 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.4.
Transferencia de recursos �nicamente a cuentas autorizadas o
registradas. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico solo podr� transferir
recursos de la Naci�n a trav�s de las cuentas autorizadas o registradas.
Los ingresos
propios de los establecimientos p�blicos deber�n manejarse en entidades financieras
sometidas al control y vigilancia del Estado y deber�n sujetarse a los mismos
esquemas definidos para la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y� Tesoro
Nacional, bajo la responsabilidad de los funcionarios que tengan la facultad de
su manejo.
Los
establecimientos p�blicos podr�n pagar con sus propios ingresos obligaciones
financiadas con recursos del Presupuesto Nacional mientras la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico transfiere los recursos respectivos.
(Art. 13 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.5.
Definici�n Cuentas Autorizadas y Registradas. Se
denominan CUENTAS AUTORIZADAS las cuentas en las que los �rganos del orden
nacional de la Administraci�n P�blica manejan recursos del Presupuesto General
de la Naci�n excluyendo los ingresos propios de los establecimientos p�blicos.
La autorizaci�n correspondiente ser� impartida por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
Se denominan
CUENTAS REGISTRADAS las cuentas, diferentes a las AUTORIZADAS, a las que la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional traslade recursos de
la Naci�n.
Se except�an de
la autorizaci�n y registro establecidos en el presente art�culo las siguientes
cuentas, que ser�n responsabilidad de los funcionarios encargados de su manejo:
1. Las
cuentas destinadas al manejo de las rentas parafiscales.
2. Las
cuentas de manejo de devoluci�n de impuestos de la Direcci�n de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN.
3. Las
cuentas en que se manejen recursos de caja menor.
4. Las
cuentas radicadas en el exterior. En este caso, el �rgano titular deber� mantener
informada a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional sobre las
aperturas y cancelaciones de cuentas.
(Art. 3 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.6.
Objetivo de los recursos que se entregan. Los
recursos que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, entregue a los �rganos y entidades
financiados con recursos de la Naci�n, no tendr�n por objeto proveer de fondos
las cuentas bancarias oficiales, sino atender los compromisos y obligaciones
asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las
apropiaciones presupuestales legalmente autorizadas.
(Art. 10 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.7.
Restricci�n del uso de los recursos entregado por la Naci�n.
De conformidad con lo dispuesto en el art�culo anterior, los recursos de la
Naci�n que entregue el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,� - Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional-, a las entidades ejecutoras, no
podr�n utilizarse para la constituci�n de dep�sitos de ahorro y a t�rmino, ni a
la suscripci�n de ning�n tipo de activos financieros.
�(Art. 11 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.8.
Plazo m�ximo que pueden permanecer los recursos girados en las
cuentas autorizadas. Los recursos que formen parte del
Presupuesto Nacional, girados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, no podr�n
mantenerse en cuentas corrientes AUTORIZADAS por m�s de cinco (5) d�as promedio
mensual, contados a partir de la fecha de los giros respectivos, sin perjuicio
de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no
cobrados.
En el caso de
aquellos �rganos que hacen giros a sus oficinas regionales, los cinco (5) d�as
de que trata el inciso anterior se contar�n de la siguiente manera: La oficina
central deber� hacer el giro a las seccionales a m�s tardar el d�a h�bil
siguiente a aquel en que recibi� la transferencia de los recursos de la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional. Las seccionales deber�n
hacer uso de los recursos en los mismos t�rminos del inciso anterior.
Los saldos de
meses anteriores que se mantengan sin utilizar har�n parte del c�lculo anterior
en el mes respectivo, mientras persista esta situaci�n.
Una vez finalizado
el mes, si la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional detecta
que se mantuvieron recursos en cuentas autorizadas por m�s de cinco (5) d�as
promedio al mes, lo reportar� a la Procuradur�a General de la Naci�n -
Procuradur�a Delegada y a la Contralor�a General de la Rep�blica para que hagan
las investigaciones sumarias y apliquen las sanciones del caso.
La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional establecer� los procedimientos y
requisitos para el cumplimiento del presente art�culo.
Par�grafo.
Los recursos destinados a gastos reservados no estar�n sujetos al l�mite
establecido en el inciso 1 del presente art�culo.�
(Art. 15� Decreto 359 de 1995, par�grafo adicionado
por el Art 1 del Decreto 2001 de 2005)
Art�culo 2.3.2.9.
Tiempo de permanencia superior en raz�n a reciprocidad por
servicios especiales. �Los recursos del Presupuesto Nacional
podr�n permanecer por un tiempo superior al establecido en el art�culo anterior
en cuentas corrientes, cuando as� se haya convenido como reciprocidad a
servicios especiales que preste el establecimiento financiero donde se
encuentra radicada la cuenta. En este evento, los respectivos servicios y el
tiempo de reciprocidad deben acordarse previamente y por escrito y las
condiciones financieras las autorizar� la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 16 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.10.
Solicitud de registro de cuenta. La solicitud
de registro de una cuenta, debidamente diligenciada y suscrita por quien tenga
la capacidad de ordenar el gasto, y el tesorero o pagador, deber� enviarse a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional en el formato que �sta
dise�e al efecto.
(Art. 19 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.11.
Manual para autorizaci�n de cuentas. Corresponde a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional expedir los manuales en
que se establezcan los procedimientos y tr�mites que deben cumplir los �rganos
para obtener la autorizaci�n de apertura y terminaci�n de cuentas autorizadas.
(Art. 4 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.12.
Selecci�n del establecimiento financiero. Sin
perjuicio de lo establecido por la Ley 80 de 1993 sobre negocios fiduciarios,
para la selecci�n, en forma directa, del establecimiento financiero donde los
�rganos puedan manejar, administrar, invertir o mantener sus recursos, al ser
esta una actividad de prestaci�n de servicios profesionales, se tendr�n en
cuenta criterios comerciales de calidad, costo, seguridad, rapidez y eficiencia
de los servicios ofrecidos.
(Art. 20 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.13.
Causales para negar autorizaci�n de cuentas. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� negar la autorizaci�n
para la celebraci�n de contratos para el manejo financiero de los recursos del
Presupuesto Nacional, en los siguientes casos:
1. Incumplimiento
por parte del �rgano solicitante de la obligaci�n de inversi�n forzosa prevista
en la legislaci�n vigente.
2. No
remisi�n o env�o extempor�neo de la informaci�n que el respectivo �rgano deba
suministrar a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, en
especial de la prevista en este t�tulo.
3. Cuando la
pagadur�a, respectiva tenga vigente un contrato con una entidad financiera por
el mismo concepto de gasto, salvo que se trate de sustituci�n de cuenta.
4. Cuando el
establecimiento financiero correspondiente se encuentre sometido a la
vigilancia especial de los �rganos de control del estado o a toma de posesi�n o
liquidaci�n forzosa administrativa.
5. Cuando la
calificaci�n del establecimiento financiero por la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional no sea satisfactoria. Para estos efectos se tendr�n
en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las tarifas, la
tecnolog�a disponible y la oportunidad y calidad de los reportes peri�dicos de
informaci�n.
6. Cuando
durante el �ltimo a�o la entidad financiera haya incumplido las obligaciones de
los contratos de cuenta corriente suscritos con los �rganos Ejecutores de
Presupuesto Nacional.
7. No
remisi�n o env�o extempor�neo y/o incompleto de la informaci�n que el
respectivo �rgano deba suministrar a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional, en raz�n a convenios vigentes, a la normatividad aplicable y a
los manuales expedidos por la mencionada Direcci�n.
8. Cuando la
calificaci�n de la entidad financiera, realizada por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, no sea satisfactoria. Para estos efectos se
tendr�n en cuenta las condiciones de calidad y cobertura del servicio, las
tarifas, la tecnolog�a disponible y, en especial, y la oportunidad y calidad de
todos los reportes peri�dicos de informaci�n que la entidad financiera deba
presentar ante dicha Direcci�n, en raz�n a convenios vigentes o a la
normatividad aplicable.
9. Cuando al
�rgano, en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud, se le haya
otorgado autorizaci�n para la celebraci�n de un contrato de cuenta por el mismo
concepto, y no lo haya celebrado en el t�rmino indicado en los manuales
expedidos por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
Par�grafo.�
Por solicitud expresa de los �rganos p�blicos, diligenciada y suscrita por el
ordenador del gasto y el tesorero o pagador respectivo, la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber� autorizar la apertura de cuentas
corrientes, ya sea de nuevas cuentas o por sustituci�n, en establecimientos
financieros que cuenten con capital garant�a otorgado por el Fondo de Garant�as
de Instituciones Financieras FOGAFIN.
Lo anterior
siempre y cuando, de acuerdo con el art�culo anterior, prevalezca la calidad,
seguridad y eficiencia de los servicios ofrecidos por la entidad financiera, y
que ello no implique la dispersi�n de fondos a m�s de un beneficiario final,
para garantizar la implantaci�n de la Cuenta �nica Nacional.
(Art. 22 Decreto 359 de 1995, numeral 6 incluido por
el art�culo 2 del Decreto 564 de 2013, y par�grafo adicionado
mediante el art�culo 1 del Decreto 1183 de 1998. Numerales 7, 8 y 9
a�adidos en compilaci�n del art�culo 5 del Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.14.
Terminaci�n contrato de cuenta autorizada. El �rgano
que desee dar por terminado un contrato de cuenta autorizada deber� remitir a
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, la solicitud correspondiente debidamente
diligenciada y suscrita por el ordenador del gasto y el tesorero o pagador
respectivo.
El contrato de
cuenta se dar� por terminado dentro del mes siguiente a la fecha en que la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional autorice su terminaci�n.
(Art. 23 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.15.
Causales para solicitar la terminaci�n de una cuenta.
Cada �rgano podr� solicitar la terminaci�n de una cuenta, en los siguientes
eventos:
1. P�rdida,
destrucci�n o hurto de la respectiva chequera, talonario o similar. En
este evento, la cuenta que la sustituya deber� abrirse en la misma sucursal o
agencia y entidad financiera en que se manejaba la cuenta cuyo contrato se
autoriza terminar;
2. Cierre de
la sucursal o agencia en que se hab�a abierto la respectiva cuenta;
3. Cambio de
domicilio de la entidad.
Par�grafo.
La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� ordenar la
terminaci�n de los contratos con las entidades financieras en las que se
manejan los recursos del Presupuesto Nacional, en los siguientes eventos:
1.
Incumplimiento por parte de la entidad financiera de los requisitos
establecidos para el desarrollo de la Cuenta �nica Nacional;
2.
Cuando la entidad financiera se reh�se a participar, o demande
condiciones remuneratorias que no sean aceptadas por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
para el desarrollo del plan piloto o el establecimiento de la Cuenta �nica
Nacional, o niegue la apertura de cuentas pertenecientes a la Cuenta �nica
Nacional;
3.
Cuando se env�e en forma extempor�nea o incorrecta la informaci�n que se
le solicite en desarrollo de lo dispuesto en el presente t�tulo.
�
4.
En caso de cambio de domicilio del �rgano, y cuando la entidad
financiera no cumpla con los criterios m�nimos de calificaci�n, seg�n los
par�metros establecidos por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional.
(Art. 24 Decreto 359 de 1995, numeral 3 derogado por
el Art. 7 del Decreto 564 de 2013. Numeral 4 a�adido en
compilaci�n del Art. 6 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.16.
Obligatoriedad de los requisitos en el manejo de las cuentas.
Las entidades financieras no podr�n abrir, manejar o terminar los contratos de
cuenta con los �rganos, sin el lleno de los requisitos establecidos en el
presente t�tulo y en las dem�s normas aplicables. Los �rganos de vigilancia
estatales velar�n por el cumplimiento de tales requisitos y por la oportuna y
completa remisi�n de la informaci�n solicitada por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, e impondr�n las sanciones a que haya lugar.
(Art. 25 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.17.
Plazo y condiciones de sustituci�n de cuentas
corrientes. Durante los meses de marzo y abril de los a�os
impares, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico autorizar�, a solicitud de los �rganos
Ejecutores del Presupuesto Nacional, la sustituci�n de las cuentas corrientes autorizadas.
Dichas
sustituciones, se realizar�n por iniciativa del �rgano Ejecutor, siempre y
cuando las respectivas cuentas corrientes a sustituir tengan como m�nimo un (1)
a�o de apertura, y no se presente cualquiera de los presupuestos jur�dicos
establecidos en el Art�culo 2.3.2.13.
Sin perjuicio
de lo anterior, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� por solicitud de los �rganos
Ejecutores del Presupuesto Nacional, de acuerdo con los procedimientos internos
que esta defina, efectuar la sustituci�n de cuentas corrientes autorizadas a
otra entidad financiera, en caso de que la entidad financiera no preste un
servicio adecuado, en t�rminos de calidad, costos, seguridad y eficiencia.
(Art 4 Decreto 1425 de 1998 modificado por el Art
1 del Decreto 564 de 2013)
Art�culo 2.3.2.18.
Calificaci�n de las entidades seleccionadas. Sin
perjuicio de las dem�s normas aplicables, los �rganos Ejecutores del
Presupuesto Nacional solo podr�n sustituir las cuentas corrientes con entidades
financieras que aprueben la calificaci�n de riesgo efectuada por la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
(Art 3 Decreto 564 de 2013)
Art�culo 2.3.2.19.
Selecci�n objetiva para la sustituci�n de cuentas autorizadas.
En el marco de la normativa de contrataci�n aplicable al �rgano Ejecutor, para
la sustituci�n de cuentas autorizadas a otra entidad financiera, el �rgano
Ejecutor deber� implementar un proceso de selecci�n objetiva conforme a los
principios de contrataci�n administrativa. Asimismo para la selecci�n de la
entidad financiera considerar� par�metros tales como seguridad, cobertura
geogr�fica, calidad, servicios adicionales y tecnolog�a disponible, eficiencia
y menores costos para la Naci�n y el �rgano Ejecutor.
(Art 4 Decreto 564 de 2013)
Art�culo 2.3.2.20.
Responsabilidad. Una vez autorizada la sustituci�n de
las cuentas corrientes por parte de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el �rgano
Ejecutor ser� responsable de exigir a la entidad financiera la adecuada
prestaci�n del servicio conforme a los par�metros de selecci�n y los t�rminos
del contrato de cuenta corriente suscrito.
(Art 5 Decreto 564 de 2013)
Art�culo 2.3.2.21.
Sustituci�n de cuentas corrientes en una sola entidad
financiera. Para efectos de evitar la dispersi�n de las cuentas
corrientes requeridas por un �rgano Ejecutor en varias entidades financieras,
se autorizar� la sustituci�n de cuentas corrientes en una sola entidad financiera.
Par�grafo.
Excepcionalmente por circunstancias de cobertura y eficiencia se autorizar�
cuentas corrientes en m�s de una entidad financiera, situaci�n que ser�
evaluada por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 6 Decreto 564 de 2013)
Art�culo 2.3.2.22.
Env�o de informaci�n a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional. Los �rganos deber�n enviar a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, dentro de los siete (7) primeros
d�as calendario de cada mes, la informaci�n que �sta solicite de manera
general, relativa al manejo de las cuentas autorizadas o registradas. En todo
caso el �rgano deber� suministrar cualquier informaci�n adicional en los plazos
y condiciones que establezca la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional.
El ordenador
del gasto ser� responsable del env�o oportuno y completo de la informaci�n
respectiva.
(Art. 26 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.23.
Env�o relaci�n de cuentas autorizadas a la Contralor�a General
de la Rep�blica. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional remitir� a la Contralor�a General de la Rep�blica, en las
condiciones y dentro de los t�rminos que la misma Direcci�n establezca, una
relaci�n de las cuentas autorizadas y registradas durante el trimestre
inmediatamente anterior, para las investigaciones a que hubiere lugar.
(Art. 7 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.24.
Pago directo de las obligaciones de la Naci�n. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� situar
directamente al beneficiario final, los fondos para el cumplimiento de
obligaciones de la Naci�n por los siguientes conceptos:
1. Servicio
de la deuda p�blica nacional interna o externa.
2. Cuotas o
aportes a instituciones internacionales.
3. El Sistema
General de Participaciones.
4. Pagos que
deban hacerse en desarrollo de los convenios celebrados para implantar el
esquema de Plan Piloto de la Cuenta �nica Nacional.
5. Las
obligaciones derivadas de la redenci�n de bonos pensi�nales.
Para atender el
pago del servicio de la deuda p�blica interna y externa el documento de
instrucci�n de pago deber� ser firmado por el Director General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional.
(Art. 28 Decreto 359 de 1995, adicionados numerales
4 y 5 y modificado inciso primero en compilaci�n por el art�culo 8 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.25.
Propiedad de los rendimientos de inversiones financieras
obtenidos con recursos de la Naci�n. Los rendimientos de
inversiones financieras obtenidos con recursos de la Naci�n, si se causan
pertenecen a �sta y en consecuencia, deber�n consignarse dentro de los tres (3)
d�as h�biles siguientes a la fecha de su liquidaci�n, en la Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
De conformidad
con lo dispuesto en el par�grafo segundo del art�culo 16 del Estatuto Org�nico
del Presupuesto General de la Naci�n, except�ense los obtenidos con los
recursos recibidos por los �rganos de previsi�n y seguridad social, para el
pago de prestaciones sociales de car�cter econ�mico.
(Art. 12 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.26.
Excedentes de Liquidez. Los excedentes de
liquidez generados por los ingresos de los establecimientos p�blicos, no podr�n
mantenerse en dep�sitos en cuenta corriente bancaria por m�s de cinco d�as
h�biles, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques
entregados al beneficiario y no cobrados, pasados los cuales deber�n invertirse
de conformidad con lo establecido por el art�culo 102 del� Estatuto Org�nico
del Presupuesto General de la Naci�n.
(Art. 29 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.2.27.
Excedentes financieros.
Los excedentes financieros del ejercicio fiscal anterior de los
establecimientos p�blicos del orden nacional y de las empresas industriales y
comerciales del Estado y sociedades de econom�a mixta con el r�gimen de
aqu�llas, deber�n ser consignados a nombre de la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional, en la cuant�a y fecha establecidas por el CONPES. El
incumplimiento en dicho plazo, generar� intereses de mora a la tasa m�xima
legal permitida, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia,
liquidados sobre el saldo insoluto de la obligaci�n.
(Art. 13 Decreto 630 de 1996)
Art�culo 2.3.2.28.
Compensaci�n de servicios de Instituciones Financieras. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico podr� compensar servicios prestados por las
Instituciones Financieras, a trav�s del manejo de los promedios de sus cuentas
corrientes en la respectiva instituci�n.
La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� recurrir, para efectos de
dicha compensaci�n, a otros tipos de dep�sitos, siempre y cuando, de su
evaluaci�n comparativa bajo condiciones de mercado, se determinen que en
t�rminos financieros y de requerimiento de recursos, son m�s favorables para la
Naci�n que los indicados en el inciso anterior. En este caso, la tasa de
rentabilidad y los plazos pactados, reflejar�n el costo, valorado en
condiciones de mercado, de los servicios prestados por la instituci�n
financiera.
(Art. 1 Decreto 358 de 1995)
Art�culo 2.3.2.29.
Autorizaci�n del CONFIS. Asignase al Consejo Superior
de Pol�tica Fiscal CONFIS, la funci�n de autorizar, para cada caso, la
celebraci�n de las operaciones a que se refiere el art�culo anterior, previa
solicitud presentada por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional, en la que se deber�n especificar:
a. El origen
de la operaci�n;
b. La evaluaci�n
t�cnica correspondiente;
c. Las
condiciones financieras en que se celebrar� la operaci�n y la vigencia de la
misma;
d. Las
entidades involucradas en la operaci�n.
(Art. 2 Decreto 358 de 1995)
Art�culo 2.3.2.30.
Informes Mensuales al CONFIS. La Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber� presentar al CONFIS informes mensuales
sobre los recursos que se encuentren comprometidos mediante el sistema de
compensaci�n a que se refiere el presente t�tulo.
(Art. 3 Decreto 358 de 1995)
Art�culo 2.3.2.31.
Omisi�n en el cumplimiento de las obligaciones. La
omisi�n en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas en el
presente t�tulo ser� reportada a la Procuradur�a General de la Naci�n, para las
investigaciones y sanciones a que hubiera lugar.
(Art. 43 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.3.3.1.
Definici�n de excedentes de liquidez. Para los efectos
previstos en los Cap�tulos 3 a 5 del presente t�tulo, se entiende por
excedentes de liquidez todos aquellos recursos que de manera inmediata no se
destinen al desarrollo de las actividades que constituyen el objeto de las
entidades a que se refieren los mencionados cap�tulos.
(Art. 55 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.2.
Ofrecimiento de los excedentes de liquidez a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.� Las entidades
financieras que manejen excedentes de liquidez de las entidades estatales a que
se refiere el Cap�tulo 3 del presente t�tulo mediante contratos de
administraci�n delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios aut�nomos,
con excepci�n de aquellas que administren recursos de la seguridad social,
deber�n ofrecer a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el 100% de los excedentes de liquidez
que se generen en virtud de dicha administraci�n.
Las entidades estatales a las que
va dirigido el presente t�tulo, as� como las entidades financieras que manejen
excedentes de liquidez de estas entidades mediante contratos de administraci�n
delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios aut�nomos, podr�n
utilizar dichos excedentes para celebrar operaciones repo o simult�neas
exclusivamente con el Banco de la Rep�blica o con la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
hasta por el 30% del valor del activo administrado
(Modificado
por Art. 1, Decreto 400 de 2020; Art. 56 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.
Oferta de t�tulos a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional. Las entidades estatales a que se refiere el presente
t�tulo que requieran liquidez podr�n ofrecer los t�tulos, en primera opci�n, a
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, salvo las entidades estatales a que hace referencia
el Cap�tulo 2 del presente t�tulo las cuales est�n obligadas a realizar tal
ofrecimiento. Para tales efectos, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en condiciones de
mercado y con sujeci�n a su flujo de caja, deber� comunicar a la entidad dentro
de los dos d�as siguientes al ofrecimiento, si se encuentra interesada en la
compra, con indicaci�n de las condiciones ofrecidas; en caso contrario, la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber� manifestar por
escrito su autorizaci�n para que la entidad acuda al mercado secundario para la
negociaci�n de los respectivos t�tulos.
Este
ofrecimiento debe realizarse v�a fax u otro mecanismo id�neo, detallando las
siguientes caracter�sticas del t�tulo a redimir: n�mero de emisi�n, fecha de
emisi�n, fecha de vencimiento, tasa cup�n, valor nominal, y aclarar si fue
adquirido mediante inversi�n convenida o forzosa. En este �ltimo caso se deber�
adicionar la fecha y tasa de compra del t�tulo que desea redimir.
Cuando las
entidades estatales a que se refiere el presente t�tulo requieran vender la
respectiva inversi�n en valores, no podr�n registrar p�rdidas por concepto de
capital y las negociaciones deber�n efectuarse en condiciones de mercado. No
obstante, los recursos manejados a trav�s de carteras colectivas, se sujetar�n
a las disposiciones propias de este tipo de instrumentos.
(Art. 57 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.4.
Reporte trimestral sobre el portafolio de inversiones. Las
entidades a las que se refiere el presente t�tulo salvo las previstas en el
Cap�tulo 5, deber�n reportar a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional, la informaci�n relacionada con su portafolio de inversiones con una
periodicidad trimestral con corte a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre
y 31 de diciembre de cada a�o, la cual deber� presentarse ante la misma
Direcci�n, m�ximo un mes despu�s de la fecha de corte. Dicha informaci�n deber�
contener como m�nimo, fecha de la inversi�n, fecha de vencimiento del
instrumento, valor nominal y valor de giro al momento de la compra, tasa de
rentabilidad efectiva anual para el inversionista y contraparte con la cual se
realiz� la operaci�n. Igualmente, se deber� indicar las pol�ticas de inversi�n
que se han aplicado durante el per�odo reportado para el manejo de los
excedentes de liquidez, dicha informaci�n deber� ser suscrita por el
representante legal de la respectiva entidad.
(Art. 58 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.5.
Irrevocabilidad de las operaciones con TES. Para las
operaciones de compra y venta de T�tulos de Tesorer�a TES, Clase �B� negociadas
con la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional,
se entiende que una vez en firme, las mismas son irrevocables y deben
ejecutarse en los t�rminos pactados. En caso que la Entidad incumpla con las
obligaciones a su cargo, tal situaci�n ser� reportada a los respectivos �rganos
de Control.
(Art. 59 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.6.
Adquisici�n transitoria de los t�tulos de deuda de la misma
entidad. Las entidades estatales a las que les aplica el presente
t�tulo podr�n adquirir como inversi�n transitoria los t�tulos de deuda emitidos
por la respectiva entidad, sin que en este evento opere el fen�meno de la
confusi�n. En este caso los t�tulos adquiridos podr�n ser declarados de plazo
vencido o negociarlos nuevamente en el mercado secundario.
(Art. 60 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.7.
Valoraci�n de inversiones a precios de mercado. Las
inversiones a que se refiere el presente t�tulo deber�n estar valoradas y
contabilizadas a precio de mercado.
(Art. 61 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.8.
Recursos de la seguridad social. Las disposiciones
previstas en el presente t�tulo, no aplican respecto a los recursos de la
seguridad social, para cuya administraci�n se deber�n cumplir las disposiciones
especiales previstas, en especial respecto a la constituci�n, administraci�n,
redenci�n y liquidaci�n de las inversiones.
(Art. 62 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.1.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones establecidas
en el presente cap�tulo le ser�n aplicables a los establecimientos p�blicos del
orden nacional, entidades estatales del orden nacional a las cuales se les
apliquen las disposiciones de orden presupuestal de aquellos.
Par�grafo.
Lo establecido en el presente cap�tulo, podr� ser aplicado por las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Econom�a Mixta, las
empresas de servicios p�blicos domiciliarios mixtas, por la Autoridad Nacional
de Televisi�n, las Corporaciones Aut�nomas Regionales y los entes
universitarios.
(Art. 50 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.1.2.
Autorizaci�n para invertir excedentes de liquidez en moneda
extranjera. Las entidades estatales a las que se refiere el inciso
�nico del art�culo anterior y que en desarrollo de su objeto social cuenten con
excedentes de liquidez en moneda extranjera, deber�n solicitar autorizaci�n a
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional para invertir dichos
recursos, en el evento en que se emita la citada autorizaci�n, podr�n hacer las
siguientes inversiones:
a) T�tulos de
deuda p�blica externa colombiana, y
b) T�tulos de
deuda p�blica emitidos por otros gobiernos, cuentas corrientes o de ahorro en
moneda extranjera, dep�sitos remunerados en moneda extranjera, certificados de
dep�sito en moneda extranjera.
Par�grafo
1. Las inversiones a que hace referencia el literal b) del presente
art�culo, deber�n ser constituidas en gobiernos o instituciones financieras
internacionales que cuenten con una calificaci�n de riesgo de largo plazo como
m�nimo de (A+) o su equivalente y una calificaci�n de riesgo de corto plazo
como m�nimo de (A-1+) o su equivalente, emitidas �nicamente por aquellas
agencias calificadoras de riesgo que califiquen la deuda externa de la Naci�n.
Igualmente podr�n invertir en sucursales en el exterior de establecimientos
bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia que cuenten
con la m�xima calificaci�n vigente para largo y corto plazo seg�n la escala
utilizada por las sociedades calificadoras.
�
Par�grafo
2. En el evento en que no se imparta la autorizaci�n para efectuar
inversiones por parte de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional, la entidad estatal deber� proceder a monetizar los excedentes de
liquidez en moneda extranjera.
(Art. 51 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.1.3.
Compra o venta de recursos en moneda extrajera. Las
entidades estatales a que se refiere el art�culo 2.3.3.1.1. del presente
cap�tulo que requieran comprar o vender recursos en moneda extranjera, deber�n
en primera instancia acudir a la Subdirecci�n de Tesorer�a de la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, informando como m�nimo con un d�a h�bil de antelaci�n las
condiciones de la respectiva transacci�n.
En el evento en
que la Subdirecci�n de Tesorer�a de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, no est�
interesada en celebrar la operaci�n, deber� notificar a la entidad oferente su
decisi�n por escrito a m�s tardar el d�a h�bil siguiente a la fecha del
ofrecimiento Si dicha notificaci�n no se presenta en el t�rmino indicado, se
entender� que la entidad estatal podr� acudir a un Intermediario del Mercado
Cambiario (IMC) seleccionado de acuerdo con las pol�ticas de riesgo
establecidas por la entidad para tal efecto.
(Art. 52 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.1.4.
Reporte de las inversiones en moneda extranjera. Las
entidades estatales a que se refiere el art�culo 2.3.3.1.1. del presente
cap�tulo que posean recursos o inversiones en moneda extranjera en los t�rminos
se�alados en los art�culos anteriores, deber�n reportar a la Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico la citada informaci�n en forma mensual de conformidad con los
procedimientos que para tal efecto establezca la mencionada Direcci�n.
(Art. 53 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.1.5.
Condiciones para las inversiones de algunas entidades
territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial.
En desarrollo de lo dispuesto en el art�culo 17 de la Ley 819 de 2003, las
entidades a que hace referencia el art�culo 2.3.3.5.1. deber�n invertir sus
excedentes de liquidez en moneda extranjera de conformidad con los par�metros
establecidos en el art�culo 2.3.3.1.2. del presente t�tulo. Adicionalmente y en
el evento en que las citadas entidades requieran comprar o vender divisas,
podr�n acudir a la Subdirecci�n de Tesorer�a de la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en las
condiciones previstas en el art�culo 2.3.3.1.3. del presente t�tulo.
(Art. 54 Decreto 1525 de 2008)
(Cap�tulo
modificado por Art. 2, Decreto 400 de 2020)
Art�culo 2.3.3.2.1.
�mbito de aplicaci�n. Los
recursos de los establecimientos p�blicos y las entidades estatales del orden
nacional que conforman el Presupuesto General de la Naci�n ser�n administrados
por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s del sistema de Cuenta �nica Nacional
conforme lo previsto por el Titulo 1 de la Parte 3 Libro 2 del presente Decreto
Par�grafo. El presente Capitulo no aplicar� a
los Fondos Especiales que tengan definido un r�gimen especial de inversi�n de
sus recursos en la respectiva ley de creaci�n de los mismos, sin perjuicio del cumplimiento
de la finalidad establecida para cada fondo en sus respectivas normas de
creaci�n
(Modificado
por Art. 2, Decreto 400 de 2020; Art. 1 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.2.2.
Disponibilidad en cuenta corriente. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo
anterior, cualquier excedente de liquidez podr� permanecer en cuenta corriente
por un tiempo superior al de cinco (5) d�as h�biles, establecido en el art�culo
2.3.2.26, o en dep�sitos de ahorro o certificados de ahorro a t�rmino, cuando
as� se haya convenido como reciprocidad a servicios especiales que preste el
establecimiento financiero.
Los
convenios deber�n constar por escrito y determinarse en ellos los servicios,
modalidad, monto y tiempo de la reciprocidad, que en ning�n caso podr� exceder
del tercer (3) d�a h�bil anterior al cierre del mes respectivo; adem�s, deber�n
guardar equilibrio entre el servicio prestado por la entidad financiera y la
retribuci�n pactada
(Modificado
por Art. 2, Decreto 400 de 2020; Art. 2 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.2.3.
Fondo para la redenci�n anticipada de t�tulos
valores emitidos por la Naci�n. De conformidad con
las facultades conferidas por el art�culo 98 del Estatuto Org�nico del
Presupuesto, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
mantendr� como una cuenta de la misma, el Fondo para la redenci�n anticipada de
los t�tulos valores emitidos por la Naci�n que adquiera como inversi�n
transitoria de liquidez.
(Modificado
por Art. 2, Decreto 400 de 2020, Art. 3 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.1.
�mbito de aplicaci�n. El presente Cap�tulo se
aplica a los actos y contratos que en relaci�n con los excedentes de liquidez,
impliquen de cualquier manera el dep�sito, la disposici�n, adquisici�n, manejo,
custodia, administraci�n de dinero, de t�tulos y en general de valores, por
parte de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional
y de las Sociedades de Econom�a Mixta sujetas al r�gimen de aquellas, dedicadas
a actividades no financieras, as� como a las empresas sociales del Estado y las
empresas de servicios p�blicos en las que la participaci�n del Estado sea
superior al noventa por ciento (90%) de su capital.
En todos los
casos, las inversiones financieras deber�n efectuarse bajo los criterios de
transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, y en condiciones de mercado.
Par�grafo
1�. Cuando las entidades a las cuales se les aplique este Cap�tulo
celebren contratos de administraci�n con terceros, para que estos efect�en
cualquiera de las actividades mencionadas en el presente art�culo, con dinero,
t�tulos o en general valores de propiedad de dichas entidades, incluyendo
aquellos que se celebren para ejercer la facultad consagrada en el par�grafo
del art�culo 10 de la Ley 533 de 1999 o la norma que lo adicione o sustituya,
deber�n asegurarse que aquellos den estricto cumplimiento a lo establecido en
el presente t�tulo.
Par�grafo
2�. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, podr�
administrar y manejar los excedentes de liquidez de las empresas industriales y
comerciales del Estado para lo cual suscribir� los convenios a que haya lugar.
(Art. 13 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.2.
Oferta de recursos a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del
orden nacional y las Sociedades de Econom�a Mixta con r�gimen de aquellas,
dedicadas a actividades no financieras y las asimiladas a estas, deber�n
ofrecer a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional en primera
opci�n y en condiciones de mercado, el ciento por ciento (100%) de la liquidez
en moneda nacional, cualquiera fuere el plazo de la citada liquidez.
En el evento en
que la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional no est�
interesada en tomar los recursos ofrecidos, deber� notificar a la entidad
oferente su decisi�n por escrito a m�s tardar el d�a h�bil siguiente a la fecha
del ofrecimiento. Si la citada notificaci�n no se presenta dentro del t�rmino
indicado, se entender� que la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional no est� interesada en la negociaci�n, caso en el cual las entidades de
que trata el presente cap�tulo podr�n efectuar inversiones financieras, con
sujeci�n a las normas legales que las rigen y con base en las pol�ticas y
criterios que establezcan las Juntas Directivas o Consejos Directivos de la
respectiva entidad.
(Art. 14 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.3.
Pol�ticas, reglas y procedimientos para la ejecuci�n de los
actos o contratos. Todos los actos o contratos a que se refiere el
art�culo 2.3.3.3.1. del presente cap�tulo, deber�n ser ejecutados con estricta
sujeci�n a pol�ticas, reglas y procedimientos, previamente definidos y
divulgados por la junta o consejo directivo de la respectiva entidad. En dichas
pol�ticas, reglas y procedimientos, se deber� prever, como m�nimo, lo
siguiente:
1. Criterios
para la selecci�n de agentes para la administraci�n delegada de recursos.
2. Criterios
de selecci�n de los sistemas transaccionales de negociaci�n de valores a trav�s
de los cuales se exponen y concretan las operaciones.
3. Justificaci�n
y documentaci�n de la selecci�n a que se refieren los numerales anteriores.
4. Criterios
para la administraci�n o inversi�n de los activos a que se refiere el art�culo
2.3.3.3.1. del presente cap�tulo.
5. Metodolog�as
definidas con criterios t�cnicos aplicables a la inversi�n de los excedentes
para la determinaci�n de precios de referencia.
6. Regulaci�n
de los conflictos de inter�s entre la respectiva entidad y funcionarios o
terceros, as� como de la obligaci�n de manifestar oportunamente tales
conflictos en todos los eventos en que se presenten.
7. Regulaci�n
respecto de la prevenci�n y prohibici�n del uso indebido de informaci�n
conocida en raz�n de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en
provecho de funcionarios, agentes o terceros.
8. Criterios
y razones que motivan de manera general las decisiones para la administraci�n e
inversi�n de los excedentes, sea que se efect�en directamente o mediante
agentes.
9. Descripci�n
clara de los eventos en los cuales sea admisible aplicar pol�ticas, reglas y
procedimientos de manera especial o restringida. Cuando tales eventos tengan
lugar se deber� justificar plenamente, dejando expresa constancia de la
respectiva necesidad.
10. En general, deber� dejarse
registro detallado y documentaci�n de todas las operaciones a las que se
refiere este Cap�tulo, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las
pol�ticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deber� permanecer a
disposici�n de las personas o entidades que tengan la facultad de inspecci�n o
verificaci�n. Igualmente, deber� dejarse registro y documentaci�n de la forma
como el respectivo organismo haya dado aplicaci�n al principio de la selecci�n
objetiva.
(Art. 15 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.4.
Selecci�n de los agentes para la administraci�n delegada de
recursos. Para la selecci�n de los agentes a que se refiere el
numeral 1 del art�culo anterior se tendr� en consideraci�n, como m�nimo, lo
siguiente:
a) Que dichos
agentes se encuentren legalmente facultados para realizar la administraci�n de
tales recursos;
b) Que dichos
agentes est�n espec�ficamente calificados en la actividad de administraci�n de
recursos o de fondos por al menos una firma calificadora debidamente
autorizada;
c) Que las
calificaciones superen los m�nimos establecidos en las pol�ticas promulgadas
por la respectiva entidad, en cumplimiento de lo aqu� previsto.
Par�grafo.
Cuando se entreguen recursos en administraci�n a terceros, las entidades a las
que se refiere el presente Cap�tulo deber�n determinar las pol�ticas,
par�metros y criterios para el manejo de los recursos por parte del contratista
administrador, incluida la obligatoriedad para este �ltimo de realizar las
operaciones a trav�s de sistemas transaccionales de negociaci�n de valores y/o
mecanismos de subasta, con sujeci�n a lo establecido en el presente Cap�tulo;
as� como evaluar la conveniencia por parte de la entidad de contratar una
auditor�a externa.
(Art. 16 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.5.
Operaciones a trav�s de Sistemas de Negociaci�n de Valores. Las
entidades a que se refiere el presente Cap�tulo deber�n realizar directamente
las operaciones sobre valores a trav�s de sistemas de negociaci�n de valores
autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Art. 17 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.6.
Mecanismos de subasta. Cuando las entidades en la
realizaci�n de sus operaciones no utilicen sistemas de negociaci�n de valores,
deber�n recurrir a mecanismos de subasta las cuales podr�n realizarse a trav�s
de sistemas electr�nicos, salvo que se trate de operaciones
interadministrativas.
(Art. 18 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.7.
Reglamentaci�n de las subastas. Ser� responsabilidad
de cada entidad estatal a que se refiere el presente Cap�tulo expedir la
reglamentaci�n de las respectivas subastas la cual deber� constar por escrito,
y asegurar que las operaciones se celebren en condiciones de transparencia,
seguridad, solidez, liquidez y rentabilidad, y en condiciones de mercado.
Las entidades
estatales a que se refiere el presente Cap�tulo deber�n informar al mercado
sobre los medios a trav�s de los cuales realizar�n la convocatoria de las
subastas y la comunicaci�n de los resultados de las mismas. Para el efecto,
podr�n utilizar sistemas electr�nicos de comunicaci�n o cualquier otro medio
que consideren id�neo. En todo caso, las entidades deber�n asegurarse que las
contrapartes y emisores id�neos quedar�n oportunamente informados con los
medios seleccionados.
(Art. 19 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.8.
Registro de las operaciones efectuadas mediante subasta.
El emisor y/o la contraparte a que se refiere el presente Cap�tulo deber�n
registrar en el sistema de registro de valores aprobado por la Superintendencia
Financiera de Colombia todas las operaciones efectuadas mediante el mecanismo
de subasta, el mismo d�a de su realizaci�n.
(Art. 20 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.9.
Tipos de subastas. Las subastas para la constituci�n
de certificados de dep�sito y de ahorro a t�rmino pueden ser de dos tipos: tipo
oferta y tipo demanda.
(Art. 21 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.10.
Subasta tipo oferta. Se denomina subasta tipo oferta
aquella mediante la cual las entidades ofrecen recursos para constituir
certificados de dep�sito y de ahorro a t�rmino y se adjudica a los emisores
id�neos que presenten las propuestas en las mejores condiciones de mercado.
Art�culo 2.3.3.3.11.
Estas subastas
deber�n ser organizadas y realizadas directamente por las entidades.
Par�grafo
1. Con sujeci�n a las pol�ticas de las entidades, en aplicaci�n del
presente Cap�tulo, estas deber�n definir las caracter�sticas y requisitos para
que un emisor sea considerado id�neo.
Par�grafo
2. Se considera oferta o propuesta en las mejores condiciones de
mercado, aquella que cumpla con los criterios de seguridad, liquidez y
rentabilidad, que para el efecto defina la respectiva entidad.
(Art. 22 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.12.
Exigencias para la realizaci�n de subastas tipo oferta.
Las entidades al organizar y realizar subastas tipo oferta, como m�nimo,
deber�n:
a) Divulgar
de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos para la
presentaci�n de las propuestas, adjudicaci�n y cumplimiento de las subastas;
b) Informar
previamente el plazo de los recursos ofrecidos en cada subasta;
c) Exigir que
las propuestas presentadas sean en firme, y s�lo admitir modificaciones que
impliquen mejorar los t�rminos de la oferta;
d) Ofrecer
plazos en m�ltiplos de 30 para aquellos mayores de 30 d�as, sin perjuicio de
que puedan subastarse recursos a plazos inferiores de 30 d�as cuando se trate
de certificados de ahorro a t�rmino;
e) Exigir que
la modalidad y pago de intereses sea por periodos vencidos, los montos
expresados en m�ltiplos de cien mil pesos y que los t�tulos se encuentren
desmaterializados en un dep�sito centralizado de valores;
f) Exigir
que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra
pago;
g) Suministrar,
como m�nimo, informaci�n global de montos, plazos y tasas de adjudicaci�n.
Par�grafo.
La entidad previa la convocatoria de cada subasta, deber� determinar la tasa
m�nima por plazo a la cual est� dispuesta a colocar los recursos. Todos los
elementos y factores considerados para su definici�n deber�n constar por
escrito.
Dicha tasa, en
ning�n caso, deber� ser informada al mercado.
(Art. 23 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.13.
Subasta tipo demanda. Se denomina subasta tipo demanda
aquella a trav�s de la cual las entidades financieras sujetas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, demandan recursos
contra la expedici�n de certificados de dep�sito o de ahorro a t�rmino.
(Art. 24 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.14.
Exigencias para la realizaci�n de subastas tipo demanda.
Las entidades podr�n participar en subastas tipo demanda, si:
1.
Son realizadas a trav�s de sistemas electr�nicos;
2. La
convocatoria es abierta, esto es, que permita la libre participaci�n del mayor
n�mero posible de entidades p�blicas y de las vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia en desarrollo de su objeto;
3. Se divulga
de manera previa y adecuada, por parte de la respectiva entidad financiera, el
horario, mecanismos y procedimientos para la presentaci�n de las propuestas,
adjudicaci�n y cumplimiento de las subastas;
4. Se informa
de manera previa y adecuada, por parte de la respectiva entidad financiera, el
monto m�nimo a subastar, clase de t�tulo a expedir, plazo, modalidad y
periodicidad de pago de los intereses;
5. Las
propuestas presentadas son en firme y solo admiten modificaciones que impliquen
mejorar los t�rminos de la oferta;
6. El
ofrecimiento de plazos es en m�ltiplos de 30 para aquellos mayores de 30 d�as,
sin perjuicio de que puedan demandarse recursos a plazos inferiores de 30 d�as
cuando se trate de certificados de ahorro a t�rmino;
7. Hay
manifestaci�n expresa, por parte de las entidades financieras, de que los
t�tulos ofrecidos ser�n expedidos bajo la modalidad de pago de intereses por
periodo vencido, los montos expresados en m�ltiplos de cien mil pesos y se
encuentren desmaterializados en un dep�sito centralizado de valores;
8. El
cumplimiento de las operaciones es compensado, esto es, entrega contra pago;
9. Se
suministra, como m�nimo, informaci�n global sobre montos, plazos y tasas de
adjudicaci�n.
Par�grafo.
Las entidades participantes en este tipo de subasta deber�n sustentar por
escrito los criterios que consideraron para determinar la tasa de su oferta.
(Art. 25 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.15.
Subastas para la compra y venta de t�tulos en el mercado
secundario. A trav�s de las Subastas para la compra y venta de t�tulos
y en general de valores en el mercado secundario las entidades ofrecen comprar
o vender t�tulos en el mercado secundario, previamente especificados en cuanto
a clase y plazo, a contrapartes id�neas del sector p�blico y de las sometidas
al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia en
desarrollo de su objeto.
Las entidades
podr�n optar por organizar directamente este tipo de subastas, garantizando la
convocatoria de otras entidades p�blicas o participar en las que otras
entidades p�blicas realicen.
Par�grafo
1. Contraparte id�nea se entender� en los t�rminos del art�culo
2.3.3.3.28. del presente cap�tulo.
Par�grafo
2. Las entidades previa la convocatoria de cada subasta deber�n
determinar por plazo la tasa m�nima de rentabilidad que la entidad est�
dispuesta a aceptar para realizar la compra o la tasa m�xima de rentabilidad
que la entidad est� dispuesta a ceder para realizar la venta. Todos los
elementos y factores considerados para la definici�n de las tasas deber�n
constar por escrito. Dichas tasas, en ning�n caso, deber�n ser informadas al
mercado.
(Art. 26 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.16.
Exigencias para la realizaci�n de subastas en el mercado
secundario. Las entidades en la realizaci�n de las subastas para la
compra y venta de t�tulos y en general de valores en el mercado secundario,
como m�nimo, deber�n:
a) Efectuar
convocatoria abierta, esto es, que permita la libre participaci�n de las
entidades p�blicas y de las vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia en desarrollo de su objeto, que sean consideradas como contrapartes
id�neas;
b) Divulgar
de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos para la
presentaci�n de las ofertas de compra y venta, adjudicaci�n y cumplimiento de
las subastas;
c) Informar
previamente, entre otros, la clase de t�tulo objeto de la subasta, fechas de
emisi�n y vencimiento o plazo y tasa facial;
d) Exigir que
las propuestas presentadas sean en firme y solo admitir modificaciones que
impliquen mejorar los t�rminos de la oferta;
e) Informar
que solo negociar�n t�tulos que se encuentren desmaterializados en un dep�sito
centralizado de valores;
f) Exigir
que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra
pago;
g) Suministrar,
como m�nimo, informaci�n global de montos, plazos y tasas de adjudicaci�n.
(Art. 27 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.17.
Dise�o de subastas para otras operaciones. Las
entidades deber�n dise�ar subastas para la realizaci�n de operaciones distintas
de las previstas en el presente Cap�tulo, cuando las mismas no puedan
efectuarse bajo la modalidad de interadministrativa o a trav�s de los sistemas
de negociaci�n de valores.
En todo caso,
dicho dise�o deber� contemplar los aspectos previstos para los diferentes tipos
de subasta y subordinarse a lo se�alado en el presente Cap�tulo.
(Art. 28 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.18.
Excepciones a la utilizaci�n de sistemas de negociaci�n de
valores y/o mecanismos de subasta. Las entidades no estar�n obligadas a
utilizar sistemas de negociaci�n de valores y/o mecanismos de subasta cuando
realicen operaciones en el exterior, compren y/o vendan divisas en el pa�s y/o
celebren operaciones interadministrativas.
(Art. 29 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.19.
Condiciones para las operaciones en el exterior y para la
compra y venta de divisas en el pa�s. La modalidad de negociaci�n
utilizada por las entidades estatales a las que aplica el presente cap�tulo
para las operaciones en el exterior y para la compra y venta de divisas en el
pa�s, deber� ser establecida por la junta o consejo directivo de la entidad y
deber�n realizarse en condiciones que garanticen una amplia exposici�n al
mercado, las cuales se documentar�n previamente.
Adem�s, se
dejar� registro de las operaciones, de forma que pueda examinarse f�cilmente el
cumplimiento de las condiciones establecidas. Estas operaciones deber�n
realizarse en condiciones de mercado.
(Art. 30 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.20.
Pol�ticas para la realizaci�n de las operaciones. Para
realizar las operaciones de que trata este Cap�tulo, las entidades deber�n como
m�nimo, formular y aplicar pol�ticas relacionadas con:
a) Planeaci�n
financiera;
b) Manejo de
cuentas corrientes y de ahorros, recaudos y pagos;
c) Riesgo;
d) Rentabilidad;
e) Liquidez,
y
f) Estructura
de portafolios.
Las juntas o
consejos directivos de las entidades estatales a que se refiere el presente
Cap�tulo son las responsables de la adopci�n y actualizaci�n permanente de las
pol�ticas a que se refiere el presente Cap�tulo. Dichas pol�ticas deber�n
constar por escrito mediante acta aprobada, a la cual deber�n anexarse los
documentos soporte.
(Art. 31 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.21.
Adopci�n de herramientas gerenciales. En el
manejo de los excedentes de liquidez las entidades estatales a que se refiere
el presente Cap�tulo, deber�n adoptar herramientas gerenciales, entre las
cuales dar�n prioridad a la implantaci�n y utilizaci�n permanente del flujo de
caja para la toma de decisiones, y en estas deber� primar la atenci�n de los
compromisos derivados del desarrollo del objeto de cada organismo, frente a la
generaci�n de excedentes para realizar operaciones de tesorer�a.
(Art. 32 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.22.
Estructuraci�n y actualizaci�n del flujo de caja. Para
la estructuraci�n y actualizaci�n del flujo de caja las entidades deber�n
considerar, como m�nimo, los siguientes aspectos:
a) Control y
seguimiento a las fuentes constitutivas de ingresos;
b) Planeaci�n
y programaci�n de pagos;
c) Previsi�n
oportuna de financiaci�n.
Par�grafo.
Las entidades, con base en el resultado del flujo de caja, deber�n definir las
pol�ticas para la optimizaci�n de los excedentes y/o para determinar, con
sujeci�n a las normas legales aplicables, las alternativas, caracter�sticas y
oportunidad de la financiaci�n requerida.
(Art. 33 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.23.
Criterios m�nimos en la definici�n de las pol�ticas sobre
flujo de caja. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales
aplicables, las entidades estatales a que se refiere el presente Cap�tulo, en
la definici�n de las pol�ticas relacionadas con los aspectos del art�culo
precedente, deber�n establecer, como m�nimo, criterios que les permitan:
a) Evaluar
los niveles de riesgo de la entidad a seleccionar y de los procesos
relacionados con la prestaci�n de los servicios demandados, as� como la calidad
y oportunidad de los mismos y de la informaci�n requerida;
b) Establecer
metodolog�as para la selecci�n de las entidades prestadoras de los servicios y
para la evaluaci�n y seguimiento de estas y de los servicios prestados;
c) Formular
directrices relacionadas con los montos m�ximos de exposici�n y el n�mero de
d�as de permanencia de los recursos en cuentas no remuneradas;
d) Definir
pol�ticas y metodolog�as para la determinaci�n de la remuneraci�n mediante
compensaci�n o pago por los servicios prestados;
e) Determinar
la modalidad de pago a los acreedores de la entidad estatal a que se refiere el
presente Cap�tulo, previa evaluaci�n de las distintas alternativas existentes,
teniendo en cuenta aspectos tales como, seguridad, calidad, eficiencia,
oportunidad y costo.
Par�grafo.
Cuando se trate de pagos mediante abono en cuenta del beneficiario final, la
entidad estatal a que se refiere el presente Cap�tulo en ning�n caso podr�
indicar o sugerir al proveedor o beneficiario, la entidad financiera en la cual
este debe realizar la apertura de la cuenta receptora de los recursos.
En el registro
de cuentas de beneficiarios finales, las entidades estatales a que se refiere
el presente Cap�tulo deber�n establecer procedimientos eficientes y seguros,
que involucren adecuados controles, orientados a impedir el desv�o de recursos
p�blicos.
(Art. 34 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.24.
Pol�ticas de riesgo. Para el establecimiento de las
pol�ticas de riesgo, las entidades deber�n considerar, como m�nimo, los
siguientes riesgos:
a) De
depositarios de recursos p�blicos y de cr�dito de emisores;
b) De
contraparte;
c) Administrativos;
d) De
mercado.
(Art. 35 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.25.
Riesgo de depositarios. El riesgo de depositarios a
trav�s de cuentas corrientes, de ahorro y de recaudo y de cr�dito de emisores
se origina en la probabilidad de deterioro de la situaci�n financiera de la
entidad depositaria de los recursos o en el deterioro del cr�dito de los emisores
de los t�tulos y en general de valores.
Las entidades
en la definici�n de la pol�tica para el control de este riesgo, deber�n
considerar al menos los siguientes elementos: selecci�n de entidades
depositarias y emisoras, selecci�n de t�tulos y en general de valores,
determinaci�n de cupos o montos m�ximos de exposici�n por entidad y plazos
m�ximos por entidad y por t�tulo.
(Art. 36 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.26.
Pautas m�nimas para la asignaci�n de cupos o montos m�ximos de
exposici�n. Para la asignaci�n de cupos o montos m�ximos de exposici�n,
las entidades deber�n tener en cuenta, como m�nimo, las siguientes pautas:
a)
Verificar la existencia de calificaci�n vigente de la deuda de las
entidades emisoras nacionales e internacionales, publicada en los boletines
expedidos por las sociedades calificadoras de riesgo debidamente autorizadas o
reconocidas;
b)
Determinar el nivel m�nimo de calificaci�n aceptable;
c)
Realizar el estudio t�cnico para la evaluaci�n del riesgo, mediante la
aplicaci�n de su propia metodolog�a;
d)
Asignar los cupos o montos m�ximos respectivos, en concordancia con las
pol�ticas que cada organismo adopte, teniendo en cuenta la calificaci�n de la
sociedad calificadora de riesgo y la obtenida al aplicar su propia metodolog�a.
Par�grafo
1. En el caso de las inversiones en el exterior, aun cuando no se exige
la adopci�n de metodolog�as propias para la evaluaci�n del riesgo emisor y/o de
depositarios de recursos p�blicos, es indispensable que se adopten mecanismos
que permitan conocer oportunamente los factores que directa o indirectamente
puedan afectar en el corto, mediano o largo plazo, la situaci�n de los emisores
y /o depositarios y modificar los riesgos inherentes a los t�tulos pose�dos.
Par�grafo
2. El cupo asignado o monto m�ximo de exposici�n se definir� en funci�n
del an�lisis del riesgo de la respectiva entidad depositada o emisora y no de
la mayor disponibilidad de liquidez del organismo.
(Art. 37 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.27.
Vigencia de los cupos asignados o montos m�ximos de exposici�n
y criterios de medici�n mensual. Los cupos asignados o montos m�ximos
de exposici�n podr�n tener una vigencia hasta de seis (6) meses; no obstante,
las entidades deber�n establecer criterios de medici�n mensual, que les
permitan identificar �gilmente signos de deterioro en la situaci�n financiera
de las entidades, para realizar los ajustes requeridos y adoptar oportunamente
las decisiones tendientes a minimizar o eliminar el riesgo.
De manera
simult�nea con la asignaci�n de cupos, las entidades deber�n establecer
pol�ticas de plazo m�ximo por emisor, en funci�n del riesgo, del flujo de caja
y de otros factores que consideren importantes para su determinaci�n.
En todo caso
los t�tulos a que hace referencia este T�tulo 3 deber�n ser desmaterializados
en un dep�sito centralizado de valores.
(Art. 38 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.28.
Riesgo de contraparte. El riesgo de contraparte hace
referencia a los eventuales incumplimientos de la entidad con la que se realiza
la negociaci�n.
Las entidades,
con sujeci�n a sus propias pol�ticas, deber�n definir las caracter�sticas y
requisitos para que una contraparte sea considerada id�nea.
Para minimizar
este riesgo las entidades deber�n considerar, como m�nimo, lo siguiente:
a)
Asignar cupos y/o l�mites a las contrapartes seg�n el tipo de operaci�n
que realicen, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes de
cumplimiento;
b)
Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es,
entrega contra pago y establecer mecanismos que minimicen el riesgo de
contraparte, cuando se trate de operaciones en el exterior que no puedan ser compensadas;
c)
Establecer como pol�tica en la compra de divisas en el pa�s, que el pago
se realice una vez estas hayan sido abonadas en la cuenta del organismo, y en
el caso de la venta en el pa�s, que el traslado de las mismas se produzca
previo el abono de los pesos equivalentes en la cuenta del organismo, lo cual
no aplica en el caso de las operaciones interadministrativas.
(Art. 39 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.29.
Riesgo administrativo. El riesgo administrativo hace
referencia a las eventuales p�rdidas por debilidades en los procesos operativos
y administrativos. Las entidades en la definici�n de esta pol�tica deber�n
considerar al menos los siguientes elementos:
a)
Adquisici�n de t�tulos desmaterializados y vinculaci�n directa y
obligatoria a un dep�sito centralizado de valores;
b)
Adopci�n de las medidas necesarias para la realizaci�n de las
operaciones a trav�s de sistemas y, en su defecto, la utilizaci�n de mecanismos
de subasta, en los t�rminos establecidos en el presente t�tulo;
c)
Establecimiento de mecanismos id�neos que permitan la adopci�n y ajustes
de las pol�ticas en forma oportuna y �gil, seguimiento eficaz al cumplimiento
de las pol�ticas y evaluaci�n de los resultados de la gesti�n en el manejo de
los excedentes;
d)
Adopci�n de mecanismos que les permitan determinar las necesidades de
capacitaci�n de las personas encargadas de la administraci�n o inversi�n de los
excedentes y el desarrollo de programas de capacitaci�n y actualizaci�n
acad�mica requeridos;
e)
Elaboraci�n de manuales de pol�ticas y procedimientos y difusi�n de
estos al interior de las entidades, as� como de las normas que regulan la
actividad de la administraci�n o inversi�n de los excedentes;
f)
Definici�n de niveles de atribuci�n y responsabilidad para la
administraci�n o inversi�n de los excedentes;
g)
Utilizaci�n, con sujeci�n a las normas legales, de un sistema de
grabaci�n de llamadas telef�nicas en las �reas que tengan a su cargo el manejo
de los excedentes;
h)
Aplicaci�n rigurosa del control interno en los t�rminos de la Ley 87 de
1993 o de las normas que la modifiquen o sustituyan;
i)
Definici�n de pol�ticas y procedimientos, de acuerdo con las normas
legales, para que las personas encargadas de la administraci�n o inversi�n de
los excedentes expongan ante la direcci�n de la entidad y los �rganos de
control interno los conflictos de inter�s, as� como las situaciones de car�cter
intelectual, moral o econ�mico que les inhiba, ocasional o permanentemente,
para cumplir dichas funciones;
j)
Adopci�n de herramientas adecuadas que permitan, entre otros, la
inclusi�n detallada de las operaciones, su liquidaci�n, valoraci�n,
contabilizaci�n, control de vencimientos y generaci�n de informes;
k)
Evaluaci�n de la necesidad y conveniencia de contratar p�lizas de
infidelidad y riesgos financieros.
(Art. 40 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.30.
Riesgo de mercado. El riesgo de mercado se entiende
como la contingencia de p�rdida o ganancia, por la variaci�n del valor de
mercado frente al valor registrado de la inversi�n, producto del cambio en las
condiciones de mercado, incluida la variaci�n en las tasas de inter�s o de
cambio. Para el efecto, las entidades deber�n considerar, como m�nimo, lo
siguiente:
a)
Identificaci�n y an�lisis de las variables que permitan prever el
comportamiento futuro de las tasas de inter�s y de cambio y la liquidez del
mercado. Lo anterior, con el objeto de establecer tasas de referencia, evaluar
el portafolio constituido, tomar las decisiones respectivas y asumir
estrategias de inversi�n;
b)
Adopci�n de pol�ticas y procedimientos en cuanto a liquidez, estructura
y cobertura, con sujeci�n a las directrices contenidas en este t�tulo;
c)
Adopci�n de pol�ticas restrictivas en relaci�n con la realizaci�n de
operaciones en corto u otras que se consideren de alto riesgo.
(Art. 41 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.31.
Pol�ticas de rentabilidad. Las pol�ticas de
rentabilidad son las pol�ticas m�nimas orientadas a optimizar la administraci�n
o inversi�n de los excedentes de liquidez, con sujeci�n a la seguridad y
responsabilidad que en todo momento deber�n observar las entidades.
Al definir
estas pol�ticas, las entidades deber�n, por lo menos:
a)
Formular metas de rentabilidad con sujeci�n a las pol�ticas de riesgo,
estructura y liquidez del portafolio, con referencia en la tasa libre de
riesgo;
b)
Dise�ar una metodolog�a para la definici�n de las metas, realizar
seguimiento peri�dico y efectuar los ajustes a que haya lugar;
c)
Establecer lineamientos para la adopci�n de una estrategia racional de
mercado, para que la participaci�n de las entidades en los sistemas transaccionales
de negociaci�n de valores y en los mecanismos de subasta, no atenten contra la
adecuada formaci�n de precios ni conduzca al deterioro del patrimonio p�blico.
Par�grafo.
Trat�ndose de inversiones en moneda legal colombiana, enti�ndese por tasa libre
de riesgo la correspondiente a la tasa de mercado de los T�tulos de Tesorer�a
�TES� para el plazo respectivo.
(Art. 42 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.32.
Pol�ticas de liquidez. Las pol�ticas de liquidez son
las pol�ticas m�nimas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos,
que les permita a las entidades atender en forma adecuada y oportuna las
obligaciones, sin perjuicio de la optimizaci�n de los excedentes.
Las entidades
deber�n tener en cuenta, al establecer sus pol�ticas de liquidez, como m�nimo,
lo siguiente:
a) El
an�lisis del flujo de caja, las contingencias de ingresos y egresos y la capacidad
del portafolio de generar liquidez;
b) La
fijaci�n de un nivel m�nimo de liquidez permanente para cubrir eventuales
contingencias del flujo de caja, determinado con base en la aplicaci�n de una
metodolog�a adecuada.
(Art. 43 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.33.
Pol�ticas de estructura del portafolio. Las pol�ticas
de estructura del portafolio responden principalmente al manejo responsable y
seguro del portafolio. Estas pol�ticas deben ser consistentes con las de
riesgo, rentabilidad y liquidez.
Las entidades,
en la definici�n de esta pol�tica deber�n, como m�nimo:
a) Establecer
cupos porcentuales m�ximos de inversi�n sobre el total de su portafolio por
tipo de operaci�n, de t�tulos, de tasas de inter�s, de emisores, de monedas y
por niveles de riesgo, con base en los cuales deben dise�ar un portafolio de
referencia;
b) Adoptar
mecanismos �giles para ajustar el portafolio real al de referencia, cuando se
presenten desviaciones por cambios en las condiciones del mercado, y/o por la
modificaci�n del de referencia, como consecuencia de modificaciones de las
pol�ticas de estructura.
(Art. 44 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.34.
Operaciones directas entre entidades p�blicas. Se
podr� dar prioridad a la realizaci�n de operaciones directas entre entidades
p�blicas siempre que as� se establezca en las pol�ticas de cada organismo,
salvo que se trate de contratos celebrados con las entidades de car�cter
p�blico para ejercer la facultad consagrada en el par�grafo del art�culo 10 de
la Ley 533 de 1999, o en general, contratos con entidades p�blicas cuyo objeto
legal principal sea de servicios financieros o de administraci�n de los activos
a que se refiere este t�tulo.
Par�grafo
1�. Las inversiones en T�tulos de Tesorer�a TES, Clase �B� del mercado
primario deber�n pactarse con la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional.
Par�grafo
2�. La negociaci�n de divisas podr� realizarse como operaci�n
interadministrativa, mediante la compra o venta de saldos en cuentas de
compensaci�n, con estricta sujeci�n a las normas cambiarias vigentes.
(Art. 45 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.35.
Operaciones interadministrativas. Las operaciones
interadministrativas deber�n registrarse con sujeci�n a lo se�alado en el
art�culo 2.3.3.3.8 del presente cap�tulo. Se except�an de esta obligaci�n las
interadministrativas realizadas a trav�s de sistemas transaccionales de
negociaci�n de valores la suscripci�n primaria de TES y la negociaci�n de
divisas.
(Art. 46 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.3.36.
Revisi�n peri�dica de las pol�ticas, reglas y procedimientos.
Las pol�ticas, reglas y procedimientos que se fijen en desarrollo de lo
previsto en el presente t�tulo deber�n ser revisadas peri�dicamente, teniendo
en cuenta, entre otras, la evoluci�n del mercado y las operaciones de la
respectiva entidad.
(Art. 47 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.4.1.
�mbito de aplicaci�n. Las Sociedades de Econom�a Mixta
con participaci�n p�blica inferior al noventa por ciento (90%) de su capital,
las empresas de servicios p�blicos domiciliarios mixtas, as� como de aquellas
con participaci�n directa o indirecta del Estado superior al cincuenta por
ciento de su capital social del orden nacional, la Autoridad Nacional de
Televisi�n, las Corporaciones Aut�nomas Regionales y los entes universitarios
aut�nomos podr�n ofrecer a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional, en condiciones de mercado sus excedentes de liquidez.
En el evento en
que la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacionalno est� interesada
en tomar los recursos ofrecidos, deber� notificar a la entidad oferente su
decisi�n por escrito a m�s tardar el d�a h�bil siguiente a la fecha del
ofrecimiento.
(Art. 48 Decreto 1525 de 2008)
Art�culo 2.3.3.5.1.
�mbito de aplicaci�n. En desarrollo de lo dispuesto en
el art�culo 17 de la Ley 819 de 2003, las entidades a que hace referencia el
presente cap�tulo deber�n invertir sus excedentes de liquidez, as�:
i. En
T�tulos de Tesorer�a (TES) Clase �B�, tasa fija o indexados a la UVR, del
mercado primario directamente ante la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional o en el mercado secundario en condiciones de mercado, y,
ii. En
certificados de dep�sitos a t�rmino, dep�sitos en cuenta corriente, de ahorros
o a t�rmino en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados
por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con reg�menes
especiales contemplados en la parte d�cima del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero.
Par�grafo
1. Para efectos de las inversiones a que hace referencia el numeral ii)
en lo concerniente a los establecimientos bancarios, dichos establecimientos
deber�n contar con la siguiente calificaci�n de riesgo, seg�n el plazo de la
inversi�n, as�:
a) Para
inversiones con plazo igual o inferior a un (1) a�o, el establecimiento
bancario deber� contar con una calificaci�n vigente correspondiente a la m�xima
categor�a para el corto plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las
sociedades calificadoras que la otorgan y contar como m�nimo con la segunda
mejor calificaci�n vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas
sociedades;
b) Para
inversiones con plazo superior a un (1) a�o, el establecimiento bancario deber�
contar con la segunda mejor calificaci�n vigente para el largo plazo, seg�n la
escala utilizada por las sociedades calificadoras y la m�xima calificaci�n para
el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para este plazo.
Par�grafo
2. Respecto a los actos y contratos que impliquen de cualquier manera
el dep�sito, la disposici�n, adquisici�n, manejo, custodia, administraci�n de
dinero, de t�tulos y en general de valores celebrados por las entidades
territoriales y sus descentralizadas, se aplicar�n como m�nimo los par�metros
establecidos en el art�culo 2.3.3.3.3. del presente t�tulo; en todo caso el
r�gimen de inversi�n previsto para las entidades territoriales y sus entidades
descentralizadas ser� el previsto en el presente Cap�tulo.
Par�grafo
3. Las sociedades fiduciarias que administren o manejen recursos
p�blicos vinculados a contratos estatales y/o excedentes de liquidez de las
entidades territoriales y sus descentralizadas a trav�s de fiducia p�blica
deben sujetarse a lo previsto en el inciso �nico y los par�grafos 1 y 2 del
presente art�culo. Cuando dichas sociedades administren excedentes de liquidez
de las entidades territoriales y sus descentralizadas, deber�n adem�s contar
con la segunda mejor calificaci�n vigente en fortaleza o calidad en la
administraci�n de portafolio seg�n la escala de la sociedad calificadora que la
otorga y que la misma est� vigente.
Igualmente, las
entidades territoriales y sus descentralizadas, podr�n invertir los recursos a
que se refiere el presente par�grafo, en carteras colectivas del mercado
monetario o abiertas sin pacto de permanencia, en ambos casos siempre y cuando
la sociedad fiduciaria administradora de las mismas, cuente con la calificaci�n
prevista en el presente par�grafo y cumpla, como administrador de la cartera
colectiva con el r�gimen de inversi�n previsto en el inciso �nico y el
par�grafo 1 del presente art�culo.
(Art 49 Decreto 1525 de 2008 Modificado por el art.
1, Decreto 4866 de 2011, Modificado por el
art. 1, Decreto 600 de 2013.� Adicionado por el Decreto 4471 de 2008. Par�grafo 4 Derogado
por el art.9, Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.1.
Entidades de bajo riesgo crediticio. Para los efectos
de la administraci�n de excedentes de liquidez de que trata el art�culo 17 de
la Ley 819 de 2003, se considerar�n como de bajo riesgo crediticio, �nicamente
los institutos de fomento y desarrollo de las entidades territoriales que re�nan
los siguientes requisitos:
1. Autorizaci�n
de la Superintendencia Financiera de Colombia, para hacer parte del r�gimen
especial de control y vigilancia de que trata el art�culo siguiente de esta
Secci�n.
2. Contar con
una calificaci�n de bajo riesgo crediticio conforme lo establece el par�grafo
del art�culo 17 de la Ley 819 de 2003, la cual deber� ser como m�nimo la
segunda mejor calificaci�n para corto y largo plazo de acuerdo con las escalas
usadas por las sociedades calificadoras, emitida por una calificadora de
valores vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Par�grafo.
Cuando los Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisi�n de la
calificaci�n de riesgo de corto o largo plazo, disminuyan la calificaci�n
vigente por debajo de las calificaciones m�nimas a que se refiere el numeral 2
del presente art�culo, pero se mantengan dentro del grado de inversi�n en ambos
plazos, de acuerdo con las escalas utilizadas por las sociedades calificadoras,
deber�n abstenerse de ser depositarios de nuevos recursos de los que trata el
presente T�tulo 3, hasta que se realice la siguiente revisi�n de su
calificaci�n y esta sea al menos igual a la calificaci�n otorgada para ambos
plazos antes de la disminuci�n. Si en la siguiente revisi�n no se alcanza al
menos la calificaci�n otorgada para ambos plazos antes de la disminuci�n, el
representante legal del respectivo instituto deber�, dentro de los quince (15)
d�as h�biles siguientes a la notificaci�n de la calificaci�n, presentar ante el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico un plan de desmonte de las operaciones
activas y pasivas perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deber�
superar un (1) a�o.
Cuando los
Institutos de Fomento y Desarrollo, por efecto de la revisi�n de la calificaci�n
de riesgo de corto o de largo plazo, disminuyan la calificaci�n vigente pasando
a grado de especulaci�n, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades
calificadoras, deber�n abstenerse de seguir siendo depositarios de recursos de
que trata el presente T�tulo 3. En este evento, el representante legal del
respectivo instituto deber�, dentro de los quince (15) d�as h�biles siguientes
a la notificaci�n de la calificaci�n, presentar ante el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico un plan de desmonte de las operaciones activas y pasivas
perfeccionadas con dichos recursos. Dicho desmonte no deber� superar un (1)
a�o.
(Art. 1 Decreto 1117 de 2013, Par�grafo a�adido en
el ejercicio compilatorio del Art. 49 Decreto 1525 de 2008 adicionado
mediante el Decreto 4471 de 2008 y modificado mediante
los Decretos 2805 de 2009, 4686 de 2010, 4866 de 2011, 1468 de 2012, 600 de 2013 y 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.2.
Control y vigilancia. La Superintendencia Financiera
de Colombia ejercer� control y vigilancia sobre los institutos de fomento y
desarrollo de que trata la presente secci�n, a trav�s del r�gimen especial
expedido por dicha entidad, el cual debe comprender por lo menos las siguientes
materias, adem�s de las disposiciones dictadas sobre la financiaci�n de las actividades
previstas en el numeral 2 del art�culo 268 del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero:
1. Los
requisitos e informaci�n que debe incorporar la solicitud para hacer parte del
r�gimen especial de control y vigilancia y el tr�mite de la misma, seg�n las
especificaciones que determine la misma Superintendencia.
2. Las
funciones previstas en el art�culo 326 del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero en lo que resulte acorde con la naturaleza y operaciones autorizadas
a las entidades a las que se refiere el art�culo anterior.
3. Instrucciones
que comprendan reglas por lo menos sobre segregaci�n de funciones, gobierno
corporativo, control interno y revelaci�n de informaci�n contable, adem�s de
exigencias en materia de manejo de los riesgos que se derivan de las
actividades de los institutos de fomento y desarrollo territorial que de
acuerdo con el art�culo siguiente son objeto de supervisi�n por parte de dicha
Superintendencia.
4. Las
previsiones de los art�culos 208 a 211 del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero y disposiciones reglamentarias.
5. Las
disposiciones de los art�culos 72 y 74 del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero, en lo que considere pertinente la Superintendencia Financiera de
Colombia, y dem�s aplicables sobre deberes de los administradores.
(Art. 2 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.3.
Supervisi�n. La Superintendencia Financiera de
Colombia ejercer� la supervisi�n sobre las siguientes operaciones adelantadas
por los institutos de fomento y desarrollo que hagan parte del r�gimen especial
de control y vigilancia que adelanta la Superintendencia Financiera sobre
dichos institutos:
a) Administraci�n
de excedentes de liquidez de las entidades territoriales;
b) Otorgamiento
de cr�ditos;
c) Financiaci�n
de las actividades previstas en el numeral 2 del art�culo 268 del Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero;
d) Descuento
y negociaci�n de pagar�s, giros, letras de cambio y otros t�tulos de deuda;
e) Administraci�n
de fondos especiales.
(Art. 3 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.4.
L�mites a la autorizaci�n. La autorizaci�n impartida
por la Superintendencia Financiera de Colombia y la aplicaci�n del r�gimen
especial de control y vigilancia no implicar�, ni tendr� como efecto, la
facultad para los institutos de fomento y desarrollo de las entidades
territoriales de adelantar las operaciones autorizadas exclusivamente a las
instituciones vigiladas que no hacen parte del r�gimen especial de control y
vigilancia que adelanta la Superintendencia Financiera de Colombia sobre dichos
institutos.
(Art. 4 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.5.
Suspensi�n de la autorizaci�n. Sin perjuicio de
la aplicaci�n de lo previsto en el par�grafo� del art�culo 2.3.3.5.1.1. de esta
Secci�n, la autorizaci�n de que trata la presente Secci�n podr� ser suspendida
por la Superintendencia Financiera de Colombia cuando evidencie que existen
razones que justifican la decisi�n. En este evento, el representante legal del
respectivo instituto deber�, dentro de los quince (15) d�as h�biles siguientes
a la notificaci�n de la respectiva resoluci�n, presentar ante la
Superintendencia Financiera de Colombia para su aprobaci�n, un plan de desmonte
de la administraci�n de excedentes de liquidez. Dicho desmonte no deber�
superar un (1) a�o.
�
(Art. 5 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.6.
Auditor�a de la informaci�n. Los estados financieros y
los balances contables que presenten las entidades a las que se refiere el
2.3.3.5.1.1. de esta Secci�n, tanto a las Secretar�as de Hacienda como a las
firmas calificadoras de riesgo, deben estar auditados por un revisor fiscal y
remitirse a la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Art. 6 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.7.
Control fiscal. El control y vigilancia adelantados
por la Superintendencia Financiera de Colombia en desarrollo de las previsiones
de la presente secci�n, no se entender�n como sustitutivos del control fiscal a
que se refiere la Ley 42 de 1993 y dem�s normas sobre la materia.
(Art. 7 Decreto 1117 de 2013)
Art�culo 2.3.3.5.1.8.
Plazo. Los institutos de fomento y desarrollo de las
entidades territoriales que no hayan reunido los requisitos previstos en el
art�culo 2.3.3.5.1.1. de esta Secci�n a 30 de noviembre de 2014, deber�n
someterse al Plan Gradual de Ajuste de que trata el art�culo siguiente, con el
fin de continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades
territoriales y sus entidades descentralizadas
(Art. 8 Decreto 1117 de 2013 modificado por el Art
1 del Decreto 2463 de 2014)
Art�culo 2.3.3.5.1.9.
Plan Gradual de Ajuste. Los institutos de fomento y
desarrollo que al 30 de noviembre de 2014 no cumplieron con lo dispuesto en los
art�culos anteriores de esta Secci�n, esto es, contar con la autorizaci�n de la
Superintendencia Financiera de Colombia, para hacer parte del r�gimen especial
de control y vigilancia y obtener por lo menos la segunda mejor calificaci�n
para el corto y el largo plazo, emitida por una calificadora de valores
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, se someter�n a las
siguientes reglas para el desmonte de la administraci�n de excedentes de
liquidez, de acuerdo al grupo de entidades al que corresponda, seg�n se indica
a continuaci�n:
�
GRUPO 1: Institutos de fomento y desarrollo que a 30 de
noviembre de 2014 presentaron la documentaci�n exigida por la Superintendencia
Financiera de Colombia con el prop�sito de someterse al r�gimen especial de
control y vigilancia pero que a esa fecha no lograron su autorizaci�n, y en los
�ltimos dos (2) a�os presentaron una mejora en la calificaci�n de riesgo
prevista para el corto y largo plazo.
�
GRUPO 2: Institutos de fomento y desarrollo que a 30 de
noviembre de 2014 presentaron la documentaci�n exigida por la Superintendencia
Financiera de Colombia con el prop�sito de someterse al r�gimen especial de
control y vigilancia pero que a esa fecha no lograron su autorizaci�n, y en los
�ltimos dos (2) a�os no presentaron una mejora en la calificaci�n de riesgo
prevista para el corto y largo plazo.
�
GRUPO 3: Institutos de fomento y desarrollo que a 30 de
noviembre de 2014 no presentaron la documentaci�n exigida por la
Superintendencia Financiera de Colombia con el prop�sito de someterse al
r�gimen especial de control y vigilancia.
1. El GRUPO 1
podr� continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades
territoriales y sus descentralizadas, m�ximo en los porcentajes que se se�alan
a continuaci�n:
a)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2014 al 1 de diciembre de 2015,
el 90% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
b)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2016,
el 70% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
c)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2016 al 1 de diciembre de 2017,
el 50% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
d)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2017 al 1 de diciembre de 2018,
el 30% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
e)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre de 2019,
el 10% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
2. El GRUPO 2
podr� continuar administrando los excedentes de liquidez de las entidades
territoriales y sus descentralizadas, m�ximo en los porcentajes que se se�alan
a continuaci�n:
a)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2014 al 1 de diciembre de 2015 el
80% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la informaci�n
contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10 operaciones
de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte disponible
al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
b)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2016,
el 60% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
c)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2016 al 1 de diciembre de 2017,
30% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la informaci�n
contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10 operaciones
de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte disponible
al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
d)
Para la vigencia del 2 de diciembre de 2017 al 1 de diciembre de 2018,
el 10% de los excedentes de liquidez administrados de acuerdo con la
informaci�n contable p�blica reportada a trav�s del CHIP en la cuenta �2.1.10
operaciones de captaci�n y servicios financieros - saldo final�, para el corte
disponible al 30 de septiembre de 2014, de la Contadur�a General de la Naci�n.
3. El GRUPO 3
no podr� continuar con la administraci�n de los excedentes de liquidez de las
entidades territoriales y sus descentralizadas. Estos institutos de fomento y
desarrollo debieron haber presentado a la Subdirecci�n de Financiamiento
Interno de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a m�s tardar el 1 de marzo de 2015,
un plan de desmonte de la administraci�n de los excedentes de liquidez, el cual
no puede superar el plazo de dos (2) a�os
Par�grafo
1. Los institutos de fomento y desarrollo que pertenecen al Grupo 1 o
2, y que al� 2 de diciembre de 2014 estuvieren administrando excedentes de
liquidez en un monto superior al permitido para el primer a�o seg�n el tipo de
grupo, debieron haber presentado el 31 de diciembre de 2014 a la Subdirecci�n
de Financiamiento Interno de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, un plan de desmonte para
la devoluci�n del exceso de los excedentes de liquidez que no les est�
autorizado administrar. Dicho plan de desmonte debi� realizarse a m�s tardar el
1 de abril de 2015.
Par�grafo
2. Si vencido el �ltimo a�o del plan de ajuste seg�n el tipo de grupo,
los institutos de fomento y desarrollo no han logrado la segunda mejor
calificaci�n para el corto y largo plazo y no han logrado someterse al r�gimen
especial de control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia,
dichas entidades deber�n presentar a la Subdirecci�n de Financiamiento Interno
de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro de los tres (3) meses siguientes, un plan de
desmonte de la administraci�n de los excedentes de liquidez, el cual no podr�
superar el plazo de dos (2) a�os. Aquellos institutos de fomento y desarrollo
que se encuentren en esta situaci�n, bajo ninguna circunstancia podr�n captar
excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas.
Par�grafo
3. Para efectos de definir el grupo al que debe pertenecer un instituto
de fomento y desarrollo, en virtud de la calificaci�n obtenida en los �ltimos
dos (2) a�os, se entiende que una entidad podr� pertenecer al GRUPO 1 si
present� la documentaci�n exigida por la Superintendencia Financiera de
Colombia, con el prop�sito de someterse al r�gimen especial de control y
vigilancia, y mejor� hasta obtener al menos las siguientes calificaciones para
el largo y para el corto plazo:
|
Calificadora de
Riesgo
|
Calificaci�n
Largo Plazo
|
Calificaci�n de
Corto Plazo
|
|
BRC Investor Services S.A.
|
A
|
BRC2
|
|
Fitch Ratings Colombia S.A.
|
A
|
F2
|
|
Value & Risk Rating
|
A
|
VrR2
|
Par�grafo
4. Aquellos institutos que logren la segunda mejor calificaci�n para el
corto y el largo plazo y se sometan al r�gimen especial de control y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia, podr�n volver a captar los
excedentes de liquidez de las entidades territoriales y sus descentralizadas.
(Art. 9 Decreto 1117 de 2013 adicionado por el Art
2 del Decreto 2463 de 2014)
Art�culo 2.3.4.1.1.
Definiciones. Para los efectos del funcionamiento y
operatividad del Fondo de Estabilizaci�n de Precios de los Combustibles, en
adelante FEPC, creado mediante el art�culo 69 de la Ley 1151 de 2007, se
establecen las siguientes definiciones:
1. Precio de
Paridad Internacional. Es el precio calculado por el Ministerio de Minas y
Energ�a, de acuerdo con la metodolog�a expedida para el efecto, tomando como
referencia el precio diario de los combustibles en el mercado de la Costa
Estadounidense del Golfo de M�xico u otro mercado competitivo. Para el caso de
las importaciones, se tendr�n en cuenta los costos asociados para atender el
abastecimiento nacional determinados por el Ministerio de Minas y Energ�a;
2. Ingreso al
Productor. Es el precio por gal�n fijado por el Ministerio de Minas y Energ�a o
por la entidad que haga sus veces, al que los refinadores e importadores venden
la gasolina motor corriente o el ACPM, para atender el mercado nacional;
3. Diferencial
de Compensaci�n. Es la diferencia presentada entre el Ingreso al Productor y el
Precio de Paridad Internacional, cuando el segundo es mayor que el primero en
la fecha de emisi�n de la factura de venta, multiplicada por el volumen de
combustible vendido;
4. Diferencial
de Participaci�n. Es la diferencia presentada entre el Ingreso al Productor y
el Precio de Paridad Internacional, cuando el primero es mayor que el segundo
en la fecha de emisi�n de la factura de venta, multiplicada por el volumen de
combustible vendido; '\
5. Volumen de
Combustible. Es el volumen de gasolina motor corriente o de ACPM reportado por
el refinador o el importador.
6. Refinador
y/o Importador. Es toda persona natural o jur�dica que cumpla con los
requisitos exigidos para los refinadores y/o importadores en el Decreto 1073 de
2015, o las normas que lo modifiquen o compilen, y se encuentre debidamente
registrada ante el Ministerio de Minas y Energ�a para actuar o ejercer como
tal.
7. Contribuci�n
parafiscal al combustible: Contribuci�n destinada a financiar el FEPC, a cargo
de los refinadores o importadores de la gasolina motor corriente o ACPM de
acuerdo con los art�culos 224 y siguientes de la Ley 1819 de 2016, que se causa
cuando en el periodo gravable de la contribuci�n, la sumatoria de los
diferenciales de participaci�n sea mayor que la sumatoria de los diferenciales
de compensaci�n.
(Art. 1 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.2.
Estructura del FEPC. El FEPC, creado por el art�culo
69 de la Ley 1151 de 2007, funcionar� como un fondo cuenta sin personer�a
jur�dica, adscrito y administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, el cual tendr� como funci�n atenuar en el mercado interno el impacto
de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados
internacionales.
(Art. 2 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.3.
Recursos del FEPC. Los recursos necesarios para el
funcionamiento del FEPC provendr�n de las siguientes fuentes:
a) Los
rendimientos de los recursos que conformen el Fondo;
b) Los recursos
de cr�dito que de manera extraordinaria reciba del Tesoro;
c) Los recursos
del Presupuesto General de la Naci�n a favor del Fondo;
d) La
contribuci�n parafiscal al combustible;
e) Bonos u
otros t�tulos de deuda p�blica que emita la Naci�n a favor del FEPC con el fin
de cubrir las obligaciones a cargo del Fondo.
Par�grafo.
Los saldos adeudados por el FEPC en virtud de los cr�ditos extraordinarios que
otorgue el Tesoro General de la Naci�n se podr�n incorporar en el Presupuesto
General de la Naci�n como cr�ditos presupuestales, de acuerdo con lo
establecido en el par�grafo 3 del art�culo 218 de la Ley 1819 de 2016.
(Art. 3 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.4.
Reporte ante el Ministerio de Minas y Energ�a - Direcci�n de
Hidrocarburos. Los refinadores y/o importadores deber�n reportar a la
Direcci�n de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energ�a, las cantidades de
gasolina corriente y ACPM, que fueron vendidas en el mes, dentro de los
siguientes treinta y cinco (35) d�as calendario a dicho mes de realizaci�n de
las operaciones, incluyendo el ACPM proveniente de la degradaci�n del JET A -1,
as� como el combustible de origen importado que fue distribuido posteriormente
para atender la demanda nacional.
Dichos reportes
deber�n contener la informaci�n correspondiente a cada operaci�n de
comercializaci�n de combustible, considerando adem�s un resumen de dichas
operaciones y deber�n ser suscritos por la persona natural registrada o por el
representante legal de la persona jur�dica. El informe contendr� al menos, la
discriminaci�n de los vol�menes de producto vendidos, indicando si su origen es
nacional o importado o su respectiva proporci�n seg�n corresponda. As� mismo,
se debe incluir la �indicaci�n de la fecha de causaci�n de la operaci�n, y la
indicaci�n del tipo de reconocimiento y/o subsidio al que dicha transacci�n
aplica seg�n sea el caso. En el evento en que la gasolina corriente o el ACPM
sean de origen nacional, es necesario informar la refiner�a de la cual
provienen.
Para el combustible
de origen importado o de origen nacional, que sea sujeto de operaciones de
movilizaci�n y/o internaci�n, los refinadores y/o importadores deber�n reportar
a la Direcci�n de Hidrocarburos de ese Ministerio, el resumen mensual e informe
desagregado de los respectivos costos, impuestos y dem�s valores asociados que
son generados precisamente por dichas operaciones, dentro los siguientes
treinta y cinco (35) d�as calendario siguientes al mes de realizaci�n de las
operaciones.
Para estos
efectos, los refinadores y/o importadores deber�n usar el formato dise�ado para
tales efectos por el Ministerio de Minas y Energ�a, sin perjuicio de la
obligaci�n que les asiste a los agentes, de remitir la informaci�n de forma
clara, completa y oportuna.
El Ministerio
de Minas y Energ�a evaluar� la informaci�n remitida y podr� requerir las
aclaraciones, adiciones, correcciones y/o auditor�as a la misma, de conformidad
con los requisitos establecidos en el presente Decreto y con base en las
disposiciones que sobre la materia expida dicho Ministerio.
Par�grafo.
El Ministerio de Minas y Energ�a, a trav�s de la Direcci�n de Hidrocarburos,
iniciar� los procedimientos de determinaci�n de la contribuci�n parafiscal al
combustible a cargo de los refinadores y/o importadores que reporten
informaci�n inexacta o no reporten la informaci�n para calcular y liquidar esa
contribuci�n dentro de los plazos definidos en el presente art�culo, y har�
exigibles las cesiones liquidadas mediante procedimientos de cobro coactivo, de
acuerdo con lo establecido por la Ley 1066 de 2006 y el art�culo 232 de la Ley
1819 de 2016.
El mismo
procedimiento ser� utilizado para hacer exigible la contribuci�n liquidada por
el Ministerio de Minas y Energ�a y que no se transfiera dentro del plazo determinado
para el pago de la �contribuci�n.
Par�grafo
Transitorio. Los reportes de informaci�n de los que trata el presente art�culo,
para aquellas operaciones de venta y/o importaci�n de combustibles realizadas
durante los tres primeros meses contados a partir de la entrada en vigencia del
presente Cap�tulo, deber�n ser remitidos a la Direcci�n de Hidrocarburos del
Ministerio de minas y Energ�a, en un t�rmino no mayor a treinta y cinco (35)
d�as calendario posteriores al tercer mes de la entrada en vigencia del
presente Cap�tulo.
A partir del
cuarto mes de entrada en vigencia del presente Cap�tulo, los reportes ser�n
exigibles peri�dicamente seg�n lo dispuesto en el presente art�culo.
(Art. 4 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.5.
C�lculo de la Posici�n Neta. El Ministerio de Minas y
Energ�a, a trav�s de la Direcci�n de Hidrocarburos, calcular� y liquidar�
mediante resoluci�n, el valor de la posici�n neta de cada refinador y/o
importador discriminando cada tipo de combustible a ser reconocido por el FEPC
de forma trimestral, previa presentaci�n al Comit� Directivo de dicho Fondo.
Dicha posici�n ser� la sumatoria de los diferenciales a lo largo del trimestre,
cuyo resultado ser� el monto en pesos a favor o en contra de cada refinador y/o
importador y seg�n sea el caso, con cargo a los recursos del FEPC.
(Art. 5 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.6.
Pagos de la Posici�n Neta que causa el Diferencial de
Compensaci�n. El FEPC cancelar� en pesos el valor correspondiente al
c�lculo y liquidaci�n de la Posici�n Neta trimestral a favor de cada refinador
y/o importador dentro del plazo que defina el Ministerio de Minas y Energ�a y
con base en la disponibilidad de recursos del FEPC.
En el evento en
que los recursos depositados en el FEPC sean insuficientes para atender los
pagos a cargo de dicho fondo, el administrador deber� obtener autorizaci�n del
Comit� Directivo del Fondo para solicitar a la Naci�n el otorgamiento de cr�ditos
extraordinarios previstos en el literal b) del art�culo 2.3.4.1.3 del presente
cap�tulo o la emisi�n de bonos u otros t�tulos de deuda p�blica previstos en el
literal e) del mismo art�culo.
(Art. 6 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.7.
Pagos de la Posici�n Neta que causa la Contribuci�n Parafiscal
al Combustible. En caso de que se cause la contribuci�n parafiscal al
combustible, el Ministerio de Minas y Energ�a ordenar� a cada refinador y/o
importador mediante la resoluci�n a que hace referencia el art�culo 2.3.4.1.5.
del presente Cap�tulo, el pago en pesos a favor de la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional con destino al FEPC, dentro de los 30 d�as
calendario siguientes a la ejecutoria de dicha resoluci�n y en la cuenta que
sobre el particular defina la mencionada Direcci�n.
Par�grafo.
Los sujetos pasivos de la contribuci�n parafiscal al combustible que no
transfieran oportunamente los recursos de los que trata este art�culo a la
entidad administradora, de conformidad con lo dispuesto en el presente
cap�tulo, pagar�n intereses de mora de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066
de 2006,
(Art. 7 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.8.
Incompatibilidad. No se podr�n generar dobles pagos a
favor de los importadores y/o refinadores en virtud de la aplicaci�n del
presente cap�tulo y de la Resoluci�n 180522 de 2010, proferida por el
Ministerio de Minas y Energ�a o las normas que la modifiquen o sustituyan.
(Art. 8 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.9.
Comit� Directivo. El FEPC tendr� un Comit� Directivo
conformado de la siguiente forma:
a) El Ministro
de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado, quien lo presidir�;
b) El Ministro
de Minas y Energ�a o su delegado;
c) El Viceministro
T�cnico del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado;
d) El
Viceministro de Energ�a del Ministerio de Minas y Energ�a o su delegado;
e) El Director
General de Pol�tica Macroecon�mica o su delegado;
f) El Director
de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energ�a o su delegado; y
g) El Director
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico o su delegado.
Par�grafo 1.
Los miembros del Comit� Directivo podr�n delegar su asistencia, de conformidad
con lo establecido en las normas legales vigentes. La Secretar�a T�cnica del
Comit� Directivo ser� ejercida por el Director de Hidrocarburos del Ministerio
de Minas y Energ�a o su delegado, quien ser� el encargado de convocar las
sesiones ordinarias y extraordinarias.
Par�grafo 2.
El Director General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado se abstendr�n de deliberar y/o votar
en el Comit� Directivo, cuando se trate de autorizar al administrador de los
recursos del FEPC para solicitar a la Naci�n el otorgamiento de los cr�ditos
extraordinarios previstos en el literal b) del art�culo 2.3.4.1.3. del presente
cap�tulo, la emisi�n de los bonos u otros t�tulos de deuda p�blica previstos en
el literal e) del mismo art�culo y las modificaciones de las obligaciones de
pago derivados de los pagar�s otorgados a favor de la Naci�n.
(Art. 9 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.10. �Funciones
del comit� directivo. El Comit� Directivo del FEPC tendr� las
siguientes funciones:
a) Definir las
pol�ticas de funcionamiento del FEPC y hacer seguimiento al desempe�o del
mismo.
b) Autorizar al
administrador de los recursos del FEPC para que celebre las operaciones
necesarias para la obtenci�n de los recursos de los que tratan los literales b}
y e) del art�culo 2.3.4.1.3. del presente cap�tulo, y las modificaciones de las
obligaciones de pago derivados de los pagar�s otorgados a favor de la Naci�n.
c) Trazar la
pol�tica de inversi�n del Fondo.
d) Revisar los
informes trimestrales presentados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional y pronunciarse sobre el estado del Fondo.
e) Darse su
propio reglamento.
f) Las dem�s
funciones inherentes a la naturaleza y a los fines del Fondo.
(Art. 10 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.11. Facultades
del administrador del FEPC. El administrador est� facultado para
adelantar las operaciones autorizadas por v�a general para la administraci�n de
los recursos del Tesoro Nacional.
(Art. 11 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.12. Naturaleza
de los recursos. Los recursos existentes en el FEPC no forman parte de
las reservas internacionales del pa�s.
As� mismo, de
acuerdo a lo establecido en el art�culo 234 de la Ley 1819 de 2016, los
ingresos y pagos efectivos con cargo a los recursos del FEPC, que realice la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, en su calidad de administrador de los recursos del
FEPC, no generar�n operaci�n presupuestal alguna.
(Art. 12 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.13. �Otorgamiento
de recursos de cr�ditos extraordinarios del tesoro. La Naci�n -MHCP,
podr� otorgar recursos de cr�ditos extraordinarios para atender las
obligaciones del FEPC en una determinada vigencia, cuando el Ministerio de
Minas y Energ�a haya calculado y expedido mediante resoluci�n la posici�n neta
trimestral de cada refinador y/o importador a que se refiere el art�culo
2.3.4.1.5. del presente cap�tulo y previa certificaci�n del Subdirector de
Tesorer�a de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional o quien
haga sus veces, en la que conste que los recursos depositados en dicho fondo
son insuficientes para atender las obligaciones a su cargo.
En todo caso,
la Naci�n -MHCP s�lo podr� otorgar recursos de cr�ditos extraordinarios del
tesoro cuando exista disponibilidad de recursos para ello.
(Art. 13 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.14.
Art�culo 2.3.4.1.14. Condiciones de los cr�ditos extraordinarios del
tesoro. Los cr�ditos extraordinarios del tesoro se sujetar�n a las siguientes
reglas:
1. Los recursos
de cr�ditos extraordinarios del Tesoro ser�n �nicamente los necesarios para
atender los pagos con cargo al FEPC de los que trata el art�culo 2.3.4.1.6. del
presente cap�tulo.
2. El plazo de
10$ cr�ditos extraordinarios del tesoro deber� ser inferior a un (1) a�o. El
plazo originalmente otorgado podr� ser prorrogado o renovado, previa
autorizaci�n del Comit� de Tesorer�a del MHCP.
3. El FEPC
deber� expedir un pagar� a favor de la Naci�n -MHCP por cada desembolso en
donde consten las condiciones financieras de los cr�ditos extraordinarios del
tesoro y el cual deber� ser suscrito por el Ministro de Hacienda y Cr�dito
P�blico y el Ministro de Minas y Energ�a, en virtud de sus competencias.
4. Para el otorgamiento
del Cr�dito Extraordinario del Tesoro, as� como para efectuar sus pr�rrogas o
renovaciones, se requerir� autorizaci�n del Comit� de Tesorer�a del MHCP,
instancia que definir� las condiciones financieras del cr�dito, sus pr�rrogas o
modificaciones.
(Art. 14 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.15. Condiciones
de la emisi�n de bonos u otros t�tulos de deuda p�blica para cubrir las
obligaciones a cargo del FEPC. Los bonos u otros t�tulos de deuda
p�blica, que emita la Naci�n con el fin de cubrir las obligaciones a cargo del
FEPC se sujetar�n a las siguientes reglas:
1. Las
condiciones financieras de los bonos u otros t�tulos de deuda p�blica que emita
la Naci�n ser�n determinadas por el Comit� de Tesorer�a del MHCP y en todo caso
deber�n reflejar las condiciones de mercado y guardar consistencia con la
Estrategia de Gesti�n de Deuda de Mediano Plazo -EGDMP-.
2. En
contrapartida de las obligaciones a cargo del FEPC atendidas mediante la
emisi�n de bonos u otros t�tulos de deuda p�blica, la Naci�n constituir� las
respectivas cuentas por cobrar. Para estos efectos, el FEPC suscribir� un
pagar� a favor de la Naci�n por cada operaci�n en la cual la Naci�n le entregue
al FEPC los bonos o t�tulos de los que trata el presente art�culo.
3. Para la
emisi�n de bonos u otros t�tulos de deuda p�blica que realice la Naci�n y la
suscripci�n del pagar� de que trata el numeral anterior, se requerir�
autorizaci�n del Comit� de Tesorer�a del MHCP.
Par�grafo 1.
El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico suscribir� en el �mbito de sus
competencias el pagar� al que se refiere el numeral 2 del presente art�culo.
Par�grafo 2.
Las condiciones financieras del pagar� de que trata el numeral 2 del presente
art�culo, ser�n las que defina y autorice el Comit� de Tesorer�a del MHCP, y la
tasa de inter�s reflejar� las condiciones de la curva de rendimientos de la
Naci�n al plazo autorizado.
Las
modificaciones a las condiciones financieras de los pagar�s de que trata el
numeral 2 del presente art�culo ser�n solicitadas por parte del administrador
de los recursos del FEPC con la correspondiente motivaci�n, incluyendo las
proyecciones de precios efectuadas por el Ministerio de Minas y Energ�a y ser�
el Comit� de Tesorer�a del MHCP quien defina y autorice dichas condiciones, las
cuales se reflejar�n en las respectivas cuentas por cobrar.
(Art. 15 Decreto 1880 de 2014, modificado por el
Art. 1 del Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.1.16. �Ingreso
al productor en zonas de frontera. El Ministerio de Minas y Energ�a
fijar� el Ingreso al Productor aplicable para las zonas de frontera; sin
embargo, los cambios en la proporcionalidad sobre dicho Ingreso al Productor o
el incremento de vol�menes en dichas zonas, as� como la decisi�n de extender
dicha pol�tica a nuevas zonas de frontera deber� contar con previo concepto
favorable del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en virtud de lo
dispuesto en los numerales 1 del art�culo 3 y 2 del art�culo 6 del Decreto
4712 de 2008, o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
(Art. 1 Decreto 1451 de 2018)
Art�culo 2.3.4.2.1.
Fondo CREE. Constit�yase un Fondo Especial sin
personer�a jur�dica denominado Fondo CREE, que ser� administrado por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, cuyos recursos est�n destinados a atender los
gastos de que tratan los art�culos 20 y 28 de la Ley 1607 de 2012, as� como los
necesarios para garantizar el crecimiento estable de los presupuestos del Sena,
ICBF y del Sistema de Seguridad Social en Salud a trav�s de los recursos
provenientes de la subcuenta de que trata el art�culo 29 de la misma ley.
(Art. 1 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.2.
Recursos del Fondo CREE. Constituir�n recursos
del Fondo CREE los siguientes:
1. Los
recursos trasladados a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional por las entidades recaudadoras del impuesto sobre la renta para la
equidad CREE.
2. Los
recursos provenientes de las operaciones temporales de tesorer�a necesarias
para proveer los faltantes transitorios de recaudo en el Fondo CREE.
3. Los recursos
provenientes del Presupuesto General de la Naci�n en cumplimiento de la
garant�a de financiaci�n de que trata el art�culo 28 de la Ley 1607 de 2012.
4. Los
rendimientos financieros generados en la administraci�n de los recursos de
dicho fondo.
5. Los
recursos recaudados por concepto de intereses por la mora en el pago del CREE y
las sanciones a que haya lugar.
6. Los
reintegros de recursos girados a que haya lugar.
(Art. 2 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.3.
Subcuenta de Garant�a CREE. Constit�yase en el
Fondo CREE la Subcuenta de Garant�a CREE creada por el art�culo 29 de la Ley
1607 de 2012, destinada a financiar el crecimiento estable de los presupuestos
del Sena, ICBF y del Sistema de Seguridad Social en Salud y que estar� conformada
por los excesos de recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE,
que excedan la respectiva estimaci�n prevista en el presupuesto de rentas de
cada vigencia.
(Art. 3 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.4.
Administraci�n de Recursos del Fondo CREE. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� administrar los
recursos del Fondo CREE y de la respectiva Subcuenta de Garant�a CREE, conforme
las facultades establecidas en las normas presupuestales y con plena
observancia de los principios previstos en el art�culo 209 de la Constituci�n
Pol�tica. Las operaciones temporales de tesorer�a realizadas con los recursos
del Fondo CREE o de la Subcuenta de Garant�a CREE se har�n teniendo en cuenta
los criterios de rentabilidad, solidez y seguridad. Todas las operaciones se
realizar�n en condiciones de mercado.
(Art. 4 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.5.
Faltantes Transitorios de Recaudo. Si en un
determinado mes el recaudo en el Fondo CREE resulta inferior a una doceava
parte del monto m�nimo apropiado en el Presupuesto General de la Naci�n para el
Sena y el ICBF, la entidad podr� solicitar los recursos faltantes. Para el
efecto, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber�
proveer dicha liquidez a trav�s de operaciones temporales de tesorer�a.
Los recursos
provistos mediante operaciones temporales de tesorer�a ser�n pagados a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional con cargo a los recursos
recaudados en los meses posteriores en el Fondo CREE, con cargo a la Subcuenta
de Garant�a CREE, y, en subsidio, con los recursos provenientes del Presupuesto
General de la Naci�n por cuenta de la garant�a de financiaci�n de que trata el
art�culo siguiente.
(Art. 5 Decreto 2222 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.6.
Garant�a de Financiaci�n. El Gobierno Nacional,
con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Naci�n, asumir� los
faltantes del recaudo del Fondo CREE conforme a lo previsto en el par�grafo 1
del art�culo 28 de la Ley 1607 de 2012. Para el efecto, se deber� incorporar en
el proyecto de Presupuesto General de la Naci�n los recursos necesarios para
garantizar el pago de las obligaciones generadas con cargo al Fondo CREE.
(Art. 6 Decreto 2222 de 2013)
�
Art�culo 2.3.4.2.2.1.
Asignaci�n de los recursos. Los recursos
correspondientes al 30%, del punto adicional de que trata el par�grafo
transitorio del art�culo 24 de la Ley 1607 de 2012, ser�n trasladados a la
secci�n del Ministerio de Salud y Protecci�n Social, para la correcta ejecuci�n
del R�gimen Subsidiado en Salud.
(Art. 8 Decreto 1835 de 2013)
Art�culo 2.3.4.2.2.2.
Seguimiento y control de los recursos. El
control y vigilancia fiscal de los recursos provenientes del par�grafo
transitorio del art�culo 24 de la Ley 1607 de 2012, corresponder� a la
Contralor�a General de la Rep�blica.
(Art. 9 Decreto 1835 de 2013)
Art�culo 2.3.4.3.1.
Fondo de Desarrollo para La Guajira-FONDEG. El Fondo de Desarrollo para La Guajira creado en
virtud del art�culo 19 de la Ley 677 de 2001, que en adelante se denominar�
FONDEG, es una cuenta especial sin personer�a jur�dica adscrita al Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, sujeta a las normas y principios que regulan la
contabilidad general del Estado y a las normas y principios establecidos en la
Ley Org�nica del Presupuesto en lo pertinente, as� como al control fiscal de la
Contralor�a General de la Rep�blica.
�
(Art. 1 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.2.
Objeto. FONDEG tiene por objeto,
administrar los recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercanc�a,
previsto en el art�culo 18 de la Ley 677 de 2001. Los recursos que ingresar�n a
FONDEG corresponden �nicamente al Impuesto de Ingreso a la Mercanc�a de que
habla el art�culo 18 de la Ley 677 de 2001, los cuales ser�n administrados y
destinados en la forma prevista en dicha ley.
(Art. 2 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.3.
Consignaci�n de los recursos provenientes del
impuesto de ingreso a la mercanc�a. Las entidades financieras
autorizadas para el recaudo de los impuestos administrados por la Direcci�n de
Impuestos y Aduanas Nacionales, deber�n consignar los recursos por concepto del
impuesto de ingreso a la mercanc�a en la cuenta que para tal efecto tiene
dispuesta la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional en el Banco
de la Rep�blica, para el recaudo de tributos aduaneros.
Par�grafo.
Las obligaciones generales de las entidades recaudadoras que recepcionen
recursos provenientes del impuesto de ingreso a la mercanc�a, estar�n sujetas a
lo contemplado en el art�culo 801 del Estatuto Tributario, las Resoluciones 8
de 2000, 478 de 2000 y 8110 de 2000 y sus modificaciones o adiciones.
(Art. 3 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.4.
Certificaci�n de los recursos con destino al
FONDEG. La Subdirecci�n de Gesti�n de Recaudo y
Cobranzas de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales deber�
certificar a la Subdirecci�n de Tesorer�a de la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional, una vez surtido el proceso de contabilizaci�n del
respectivo per�odo, el valor de los recursos con destino al FONDEG, recaudados
a partir de la vigencia de la Ley 677 de 2001.
(Art. 4 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.5.
Manejo independiente de los recursos. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional dar� manejo independiente a los recursos destinados al FONDEG mientras
se produce el giro de los mismos al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
previo el cumplimiento de los tr�mites presupuestales correspondientes.
(Art. 5 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.6.
Operaciones. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional con los recursos destinados al FONDEG y, mientras son girados
al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, podr� realizar las operaciones a
ella autorizadas para el manejo de sus excedentes y el de los recursos que
administra, las cuales deber� efectuar, a m�s tardar el d�a h�bil siguiente, al
de la radicaci�n de la certificaci�n de que trata el art�culo 2.3.4.3.4.
del presente t�tulo.
�(Art.
6 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.7.
Transferencia de los recursos al Departamento de la Guajira. El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico transferir� semestralmente al Departamento
de la Guajira los recursos del FONDEG. Dichos recursos se entender�n ejecutados
por la Naci�n al momento de la transferencia mencionada. En todo caso el
Departamento de la Guajira deber� realizar la incorporaci�n a su presupuesto de
los recursos del FONDEG que gire el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a
dicha entidad territorial. El Departamento de la Guajira ser� responsable de la
ejecuci�n de los recursos y su destinaci�n en obras de inversi�n social dentro
del Departamento, en cumplimiento de los fines previstos en el art�culo 18 de
la Ley 677 de 2001.
(Art. 7 Decreto 611 de 2002 modificado por el Art.
1 del Decreto 2212 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.8.
Consejo Superior. El Consejo Superior establecido en
el art�culo 19 de la Ley 677 de 2001, estar� integrado por un delegado del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, un delegado de la Contralor�a General
de la Rep�blica, el Gobernador del Departamento de La Guajira, los alcaldes de
los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, un representante de los
comerciantes de la regi�n y un representante de los ind�genas de la regi�n.
Par�grafo 1.
El representante de los comerciantes de la regi�n ser� elegido por las C�maras
de Comercio del Departamento y cuya elecci�n conste en acta debidamente
suscrita por los representantes legales de dichas C�maras de Comercio.
El
representante de los ind�genas ser� designado conforme a sus usos y costumbres.
Par�grafo 2.
El representante de los comerciantes y de los ind�genas de la regi�n se
designar�n por per�odos de un a�o.
(Art. 8 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.9.
Estructura del Consejo Superior. El Consejo Superior
contar� con una Presidencia y una Secretar�a T�cnica.
La Presidencia
del Consejo ser� ejercida por el delegado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
El Secretario
T�cnico ser� el Gobernador del Departamento de La Guajira.
�
(Art. 9 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.10. Reuniones
del Consejo Superior. El Consejo Superior se reunir� ordinariamente,
una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente, cuando lo solicite el
Presidente del Consejo.
El Consejo se
reunir� en la sede de la Gobernaci�n del Departamento de La Guajira o en el
lugar que aqu�l previamente determine.
El Secretario
T�cnico del Consejo Superior deber� convocar a sesiones ordinarias, mediante
escrito dirigido a cada uno de sus miembros, con por lo menos 5 d�as h�biles de
anticipaci�n a la celebraci�n de la respectiva reuni�n.
Las sesiones
extraordinarias las convocar� el Secretario T�cnico por cualquier medio de
comunicaci�n, con una antelaci�n de por lo menos 3 d�as comunes.
La falta de
convocatoria o su indebida realizaci�n se entender� saneada cuando a la sesi�n
respectiva asista el 100% de los miembros del Consejo Superior.
(Art. 10 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.11. Actas.
Las decisiones del Consejo Superior constar�n en actas que deber�n ser
suscritas por el Presidente y el Secretario T�cnico y que se asentar�n en el
respectivo libro.
(Art. 11 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.12. Toma
de decisiones. Las decisiones del Consejo se adoptar�n por mayor�a
simple y el qu�rum deliberatorio y decisorio ser� el que corresponda a un n�mero
plural de sus miembros.
Par�grafo.
Cuando se presenten empates al votarse una decisi�n, dicho empate ser� dirimido
por el delegado del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 12 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.13. Invitados.
El Consejo Superior podr� invitar a las sesiones, cuando lo considere
pertinente, a funcionarios p�blicos o particulares.
(Art. 13 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.14. Funciones
del Consejo Superior. Son funciones del Consejo Superior:
a)
Emitir las directrices sobre la administraci�n de los recursos del Fondo
de conformidad con lo previsto en la ley;
b)
Velar por la adecuada y oportuna utilizaci�n de los recursos del Fondo
en obras de inversi�n social en el Departamento de La Guajira, sin perjuicio de
las funciones asignadas a los �rganos de control y vigilancia;
c)
Solicitar informes peri�dicos al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico sobre el manejo de los recursos del Fondo;
d)
Solicitar informes peri�dicos al Gobernador del Departamento de La
Guajira, sobre la ejecuci�n de los proyectos financiados con los recursos de
FONDEG;
e)
Realizar los estudios t�cnicos necesarios para evaluar la ejecuci�n de
los proyectos financiados con recursos del Fondo, que a juicio del Consejo
Superior requieran dicho seguimiento;
f)
Realizar revisiones selectivas a proyectos financiados con recursos del
FONDEG, con el fin de establecer el avance y cumplimiento de objetivos y de
encontrarse irregularidades informar a los entes de control competentes.
(Art. 14 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.15. Investigaciones.
El Consejo Superior, podr� solicitar se realicen las investigaciones a que haya
lugar, a los proyectos que incumplan con el suministro de los informes y dem�s
datos requeridos para el seguimiento presupuestal.
(Art. 15 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.3.16. Vigilancia
Fiscal. La Contralor�a General de la Rep�blica y la Contralor�a
Departamental de La Guajira, ejercer�n la vigilancia fiscal de la ejecuci�n de
los recursos cedidos de que trata el Cap�tulo II de la Ley 677 de 2001 y sobre
todos los sujetos que en ella intervienen.
El control
fiscal a cargo de la Contralor�a Departamental de La Guajira se realizar� sobre
la ejecuci�n de los recursos de FONDEG, exclusivamente y dentro del marco de su
competencia, en el territorio de La Guajira.
(Art. 16 Decreto 611 de 2002)
Art�culo 2.3.4.4.1.
Aclaraci�n de vigencia para la recepci�n de ingresos y pago de
los Bonos de Paz. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional est� facultada para recibir los ingresos pendientes por los
t�tulos de deuda p�blica interna de la Naci�n denominados �Bonos de Solidaridad
para la Paz� que se emitieron de conformidad con el Decreto 676 de 1999 y que a�n est�n siendo
recaudados. Tambi�n podr� pagar los �Bonos de Solidaridad para la Paz� que por
diferentes razones no se hayan cancelado.
Las situaciones
que se consolidaron en vigencia del Decreto 676 de 1999, seguir�n rigi�ndose por esa
norma, y en especial, respecto de las disposiciones sobre procedimiento de control
y sanciones, a que todav�a haya lugar.
(Art�culo nuevo
a�adido en compilaci�n)
CAP�TULO 5
FONDO CUENTA PARA ATENDER LOS PASIVOS PENSIONALES DEL SECTOR
HOTELERO
Art�culo 2.3.4.5.1.
Objeto. Reglamentar
el funcionamiento del Fondo Cuenta creado por el art�culo 15 de la Ley 1753 de
2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, para la financiaci�n y pago del
pasivo laboral y pensional de los hoteles que cumplan con las condiciones
establecidas en la mencionada ley y en el presente cap�tulo.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.2.
Principios.
Para el manejo del Fondo de que trata el presente cap�tulo, se deber�n atender
los principios de la funci�n p�blica consagrados en el art�culo 209 de la
Constituci�n Pol�tica y los previstos en el art�culo 3� del C�digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, as� como los
principios de la contrataci�n estatal.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.3.
Condiciones.
De conformidad con lo previsto en el art�culo 15 de la Ley 1753 de 2015, la
sociedad titular de los pasivos que pretenda acceder a los recursos del Fondo,
deber� cumplir con todas y cada una de las siguientes condiciones:
1. Que los inmuebles en los que se desarrollen actividades hoteleras hayan
sido declarados de inter�s cultural.
2. Que los inmuebles hayan sido entregados a la Naci�n como resultado de
un proceso de extinci�n de dominio.
3. Que la Naci�n, en calidad de nuevo propietario, los entregue en
concesi�n o bajo cualquier esquema de asociaci�n p�blico privada.
Par�grafo. Para verificar las condiciones establecidas en este art�culo, la
sociedad titular de los pasivos deber� remitir a la sociedad fiduciaria que
para el efecto se contrate, la Resoluci�n de declaratoria de inter�s cultural
del Ministerio de Cultura, la sentencia que ordene la extinci�n de dominio
debidamente ejecutoriada y el contrato de concesi�n o la certificaci�n de que
el bien se entregar� en concesi�n o bajo cualquier esquema de asociaci�n
p�blico privada, con el fin de acceder a los recursos del Fondo Cuenta.
En caso de que la entidad
interesada no acredite las condiciones establecidas en el presente art�culo, se
rechazar� la solicitud.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.4.
Prueba de las obligaciones laborales y
pensionales. La sociedad titular de los pasivos
deber� certificar el valor total de las acreencias laborales y pensionales,
indicando el pasivo laboral persona por persona y el valor actuarial de las
deudas pensionales.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.5.
Recursos del Fondo Cuenta. El Fondo Cuenta podr�
contar con las siguientes fuentes de recursos.
1. Los recursos que le transfiera la entidad concesionaria o
administradora de los inmuebles, originados en la contraprestaci�n por la
concesi�n o administraci�n de los inmuebles.
2. Los recursos de empr�stitos.
3. Las donaciones que reciba.
4. Los rendimientos financieros generados por la inversi�n de los
anteriores recursos.
5. Los
recursos que reciba el FONTUR provenientes de la contribuci�n parafiscal del
turismo que sean asignados al Fondo Cuenta.
Par�grafo. Los recursos que administre el Fondo Cuenta ser�n destinados
exclusivamente al pago del pasivo laboral y pensional de la sociedad titular de
los pasivos de que trata el art�culo 15 de la Ley 1753 de 2015.
Los recursos de
FONTUR que se destinen al Fondo Cuenta ser�n limitados y transitorios, y se
restringir�n al objeto del presente cap�tulo. Cumplida la meta de fondeo de los
pasivos pensiona les y laborales, los recursos que hayan sido asignados por el
FONTUR para dicho prop�sito le ser�n devueltos en las condiciones que se
establezcan en el contrato de fiducia mercantil, conservando su naturaleza de
contribuci�n parafiscal de turismo.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.6.
Obligaciones de la Fiduciaria. La Sociedad Fiduciaria administradora del Fondo Cuenta, desarrollar�
entre otras, las siguientes actividades:
1. Pagar el valor total de las obligaciones pensionales y laborales a
cargo de la sociedad titular de los pasivos, o las que se deriven de un fallo
judicial que ordene el pago de las mismas por parte de la Naci�n.
2. Ejecutar los recursos necesarios para realizar los pagos previstos en
la ley y en el presente cap�tulo.
3. Rendir informes peri�dicamente al fideicomitente sobre la gesti�n
adelantada con los recursos que le son entregados en administraci�n seg�n las
disposiciones anteriores.
4. Las dem�s que se establezcan en el contrato de fiducia mercantil.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.7.
Comit� Fiduciario.
Con el objeto de que act�e como instancia de seguimiento y supervisi�n del
contrato de fiducia y que emita directrices para la adecuada administraci�n del
fondo cuenta, se conformar� un Comit� integrado por un delegado del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, un delegado del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, un delegado del Fondo Nacional de Turismo, un delegado de
la Sociedad de Activos Especiales - SAE, responsable de la administraci�n de la
sociedad en liquidaci�n y su establecimiento de comercio y la Sociedad
Fiduciaria vocera y administradora del Fondo Cuenta, quien asistir� con voz
pero sin voto.
La Secretar�a del Comit� ser� ejercida por la Sociedad Fiduciaria
vocera y administradora del Fondo Cuenta y ser� la encargada de elaborar las
actas de cada una de las reuniones, as� como realizar la convocatoria a las
mismas.
El Comit� deber� adoptar un reglamento de funcionamiento una vez se
conforme el Fondo Cuenta para la financiaci�n y pago del pasivo laboral y
pensional de los hoteles.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.8.
Funciones del Comit�. El comit� de que trata el art�culo anterior tendr� como principales
funciones, sin perjuicio de aquellas adicionales que se definan en el contrato
de fiducia del Fondo Cuenta para la financiaci�n y pago del pasivo laboral y
pensional de los hoteles, las siguientes:
1. Velar por el debido cumplimiento del objeto del Fondo Cuenta, en
relaci�n con cada una de las actividades que debe desplegar la fiduciaria.
2. Impartir instrucciones a la Sociedad Fiduciaria que sean necesarias
para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de la finalidad del negocio
fiduciario.
3. Aprobar las erogaciones con cargo a los recursos que conforman el Fondo
Cuenta.
4. Aprobar el presupuesto anual de gasto para el funcionamiento y
desarrollo del Fondo Cuenta.
5. Aprobar el pago de la Comisi�n Fiduciaria.
6. Estudiar,
estructurar y aprobar los pagos del pasivo pensional y laboral, previamente
certificados por las entidades p�blicas y la Sociedad de Activos Especiales -
SAE, responsable de la administraci�n de la sociedad en liquidaci�n y su
establecimiento de comercio.
7. Fijar
las pol�ticas para adelantar conciliaciones ante los despachos judiciales que
llevan procesos en contra de la sociedad en liquidaci�n, por pretensiones
laborales y pensionales previamente certificadas como parte del inventario de ese
pasivo.
8. Aprobar
los informes peri�dicos presentados por la Sociedad Fiduciaria.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
Art�culo 2.3.4.5.9.
Funciones del Liquidador de la sociedad titular
de los pasivos pensionales y laborales. Cuando la
sociedad titular de los pasivos de que habla el presente cap�tulo entre en
proceso de liquidaci�n, cualquiera sea su naturaleza, la entidad designada como
liquidadora de la sociedad deber� asumir, entre otras funciones que le asigne
la Ley, la defensa judicial de la entidad y la administraci�n de la n�mina de
pensionados de dicha sociedad.
(Adicionado
Art. 1, Decreto 1949 de 2015).
CAP�TULO 6
DE LA ADMINISTRACI�N DE LOS RECURSOS DEL SIMPLE
(Sustituci�n del cap�tulo por Art. 24, Decreto
1091 de 2020)
Art�culo 2.3.4.6.1. Distribuci�n del impuesto de industria y
comercio consolidado a los distritos y municipios. La Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y
Aduanas Nacionales �DIAN, informar�, a trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera -SIIF, al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
�Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional -DGCPTN, la
distribuci�n del impuesto de industria y comercio consolidado a los distritos y
municipios dentro de los dos (2) d�as h�biles siguientes al reporte que le
hagan las entidades recaudadoras y la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional -DGCPTN ordenar� el giro de los recursos correspondientes
dentro de los diez (10) h�biles siguientes al reporte de la Unidad
Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. En
todo caso, el giro a los entes territoriales se debe realizar en un t�rmino
m�ximo de doce (12) d�as h�biles contados desde el d�a siguiente al pago del
contribuyente, siempre que el municipio o distrito hubiese suministrado la
cuenta bancaria para la transferencia de estos recursos y adoptado la tarifa
del impuesto de industria y comercio consolidado atendiendo los requisitos
previstos en las normas vigentes.
Para lo anterior, el
contribuyente del SIMPLE deber� diligenciar en los formulario que se prescriban
para recaudar el SIMPLE, la discriminaci�n de los ingresos de los municipios
y/o distritos, y de la Naci�n.
Es deber de los
funcionarios del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, cumplir
estrictamente los t�rminos de giro de recursos a los municipios y/o distritos.
Los recursos por
concepto de impuesto de industria y comercio consolidado, son de propiedad de
los municipios y/o distritos y, por tanto, frente a la Naci�n, son ingresos de
terceros que para ning�n efecto computar�n como ingreso corriente de la Naci�n
y se contabilizar�n en una cuenta por pagar a nombre de los municipios y/o
distritos. Por lo anterior, estos recursos no har�n parte del Presupuesto
General de la Naci�n y se mantendr�n independientes del mismo.
En ning�n caso del
Presupuesto General de la Naci�n se destinar�n recursos para los municipios y
los distritos por concepto del impuesto de industria y comercio consolidado.
Par�grafo. A m�s tardar el d�a
treinta y uno (31) de diciembre de 2020 los distritos y municipios deber�n
remitir a la Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales �DIAN un certificado expedido por una entidad bancaria en la que
conste el n�mero y tipo de cuenta a la que se deban girar los recursos del impuesto
de industria y comercio consolidado. El titular de la cuenta informada deber�
ser el respectivo distrito o municipio.
Cualquier cambio en
la cuenta deber� ser informado a la Unidad Administrativa Especial Direcci�n de
Impuestos y Aduanas Nacionales �DIAN al menos con treinta (30) d�as de
anticipaci�n remitiendo el certificado de que trata el inciso anterior.
(Sustituido por Art. 24, Decreto
1091 de 2020, Adicionado Art. 26, Decreto
1468 de 2019).
Art�culo 2.3.4.6.2. Transferencia de los recursos del impuesto
de industria y comercio consolidado. El Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional transferir� a partir del a�o 2020 a los municipios y/o distritos, que
adoptaron la tarifa del impuesto de industria y comercio consolidado en el a�o
2019, el valor del impuesto de industria y comercio consolidado recaudado de
acuerdo con lo establecido en el art�culo 2.3.4.6.1. del presente Decreto. A
los dem�s municipios y/o distritos se les transferir� el valor del impuesto de
industria y comercio consolidado a partir del a�o 2021.
�nicamente en el
primer anticipo presentado por el contribuyente en el recibo electr�nico del
SIMPLE, el valor a transferir ser� el componente ICA territorial de cada
municipio o distrito, disminuido por las retenciones en la fuente y las
autorretenciones a t�tulo de este impuesto que le practicaron o practic� el
contribuyente, respectivamente, durante el periodo gravable antes de optar al
SIMPLE en cada jurisdicci�n.
(Sustituido por Art. 24, Decreto
1091 de 2020, Adicionado Art. 26, Decreto
1468 de 2019).
Art�culo 2.3.4.6.3. Sanciones impuestas por la Unidad
Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN a
contribuyentes o responsables del SIMPLE. Las
sanciones impuestas a los contribuyentes o responsables del SIMPLE por la
Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN, se distribuir�n una vez se recauden por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico entre la Naci�n y los municipios y/o distritos, de conformidad
con el porcentaje que representen cada uno de los componentes incluidos en la
liquidaci�n, atendiendo el procedimiento previsto en el art�culo 2.3.4.6.1. del
presente Decreto.
(Sustituido por Art. 24, Decreto
1091 de 2020, Adicionado Art. 26, Decreto
1468 de 2019).
Art�culo 2.3.5.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente
t�tulo son aplicables a los rendimientos financieros originados con recursos de
la Naci�n, producto de la gesti�n, manejo e inversi�n de dichos recursos, en
los instrumentos autorizados seg�n sea el r�gimen de inversi�n aplicable, con
excepci�n de los rendimientos originados por patrimonios aut�nomos que la ley
haya autorizado y los obtenidos con los recursos recibidos por las entidades de
previsi�n y seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de car�cter
econ�mico.
Par�grafo.
Para efectos de este t�tulo, se entender�n como recursos administrados todos
aquellos recursos de la Naci�n que las entidades gestionen, manejen e inviertan
directamente, o cuando las mismas deleguen esta administraci�n.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.2.
Rendimiento financiero. Para efectos del presente
t�tulo, se considera rendimiento financiero, cualquier recurso que exceda el
capital originado en recursos de la Naci�n, producto de la gesti�n, manejo e
inversi�n en los instrumentos autorizados seg�n sea el r�gimen de inversi�n
aplicable.
Las entidades
que administren recursos de la Naci�n, observar�n la metodolog�a establecida
para la liquidaci�n y el traslado de los rendimientos financieros originados en
dicha administraci�n, adem�s de los t�rminos y plazos previstos en el presente
t�tulo.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.3.
Metodolog�a de Liquidaci�n. Los rendimientos
financieros al d�a t (
) se obtendr�n de restar
al Portafolio de inversiones admisibles, valorado al d�a t (
el valor del saldo del capital
entregado en administraci�n al d�a t (
), as�:
Donde:
�:
Rendimientos Financieros al d�a t
�:
Portafolio de inversiones admisibles, valorado al d�a t
:
Saldo de capital de los recursos entregados en administraci�n al d�a t
Par�grafo 1.
Se entiende por portafolio de inversiones admisibles al d�a t (),
el valor de los instrumentos de inversi�n seg�n sea el r�gimen de inversi�n
aplicable, valorados y contabilizados a precios de mercado al d�a t, de
conformidad con las metodolog�as de valoraci�n y contabilizaci�n de inversiones
aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o la Contadur�a
General de la Naci�n, seg�n corresponda.
Par�grafo 2.
Se entiende por saldo de capital de los recursos entregados en administraci�n
al d�a t (),
el valor resultante de sumar los recursos inicialmente entregados (
)
m�s los aportes de capital realizados hasta el d�a t (
)
menos los retiros de capital realizados hasta el d�a t (
),
as�:
Donde:
Saldo
de capital de los recursos entregados en administraci�n al d�a t
:
Capital inicial de los recursos entregados en administraci�n
:
Aportes de capital realizados d�a t
:
Retiros de capital realizados al d�a t
Par�grafo 3.
La aplicaci�n de la metodolog�a prevista para la liquidaci�n de los
rendimientos financieros no exonerar� a las entidades administradoras de las
obligaciones de medio que tienen como profesionales en la administraci�n los
recursos. En todo caso, las entidades administradoras deber�n procurar la
preservaci�n de los recursos entregados en administraci�n, dentro de sus
competencias y facultades.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.4.
Fuentes de rendimientos financieros. La variaci�n en el valor
del portafolio de inversiones admisibles respecto del capital invertido, que
constituir�n fuentes de rendimientos financieros en un determinado per�odo,
tendr�n su origen en lo siguiente, seg�n inversi�n aplicable:
4. Trat�ndose de
inversiones en T�tulos de Deuda:
b. El valor de los
rendimientos efectivamente pagados por el emisor y recibidos por la entidad
administradora durante el per�odo.
c. La variaci�n en
precio de mercado de los t�tulos que componen el portafolio de inversi�n,
contabilizados de conformidad con las metodolog�as mencionadas en el par�grafo
1 del art�culo 2.3.5.3. del presente t�tulo.
d. El resultado de la
enajenaci�n o venta de los t�tulos a su valor de compra o de valoraci�n, seg�n
corresponda.
2. Trat�ndose
de inversiones en Fondos de Inversi�n Colectiva del Mercado Monetario:
La variaci�n en el valor de unidad de
inversi�n, contabilizados de conformidad con las metodolog�as mencionadas en el
par�grafo 1 del art�culo 2.3.5.3. del presente t�tulo.
3. Trat�ndose
de Cuentas Bancarias remuneradas:
El valor de los rendimientos
efectivamente recibidos por la administradora durante el per�odo.
Art�culo 2.3.5.5.
Periodicidad. La entidad administradora deber� aplicar
la �metodolog�a de liquidaci�n para el c�lculo de los rendimientos financieros descrita
en el art�culo 2.3.5.3. al cierre de cada mes o a la fecha de cesaci�n de las obligaciones
contra�das con cargo a los recursos la Naci�n.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.6.
Traslado de rendimientos financieros a la Naci�n. La
entidad administradora proceder� a trasladar a favor de la Naci�n el resultado
positivo de la metodolog�a liquidaci�n descrita en el art�culo 2.3.5.3.
El traslado de
rendimientos financieros se llevar� a mediante transferencia y/o consignaci�n a
la cuenta que para tal fin informe la Direcci�n General de Cr�dito Publico y
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, hasta el d�cimo (10�)
d�a h�bil del mes siguiente per�odo objeto de c�lculo.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.7.
Incumplimiento del traslado. Los administradores de recursos
que no realicen el traslado los rendimientos financieros de acuerdo con la
metodolog�a y periodicidad prevista en el presente t�tulo, se sujetar�n a las sanciones
de ley a las que haya lugar por el retardo o incumplimiento de tal obligaci�n.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.8.
Reintegro de recursos. En el evento en que hayan cesado
las obligaciones contra�das con cargo a los recursos de la Naci�n, las entidades
estatales deber�n proceder a ordenar el reintegro de la totalidad de los
rendimientos financieros generados y los que se generen hasta la fecha de
traslado efectivo de los remanentes de capital que no hubieren sido
comprometidos ni ejecutados, a favor de la Direcci�n de Cr�dito Publico y
Tesoro �Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.9.
Reporte de informaci�n. Las entidades administradoras
de recursos de la Naci�n deber�n incluir dentro de los informes que sean
presentados a los comit�s de seguimiento de los negocios fiduciarios y a los
fideicomitentes, el resultado de la metodolog�a mencionada en art�culo 2.3.3.6.3
de acuerdo con la periodicidad prevista en el presente t�tulo.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.3.5.10.
Rendimientos financieros originados con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente decreto. La liquidaci�n de rendimientos
financieros para el per�odo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
agosto de 2015, deber� ajustarse a la metodolog�a descrita en los art�culos
anteriores y en caso de resultar valores a favor de la Naci�n, deber�n ser
trasladados a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico a m�s tardar al d�cimo (10�) d�a h�bil siguiente
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
Para la liquidaci�n
de los rendimientos financieros a partir del 1� septiembre de 2015, se aplicar�
la metodolog�a y periodicidad de traslado mensual contemplada en el presente
decreto.
Par�grafo.
Los rendimientos financieros originados en vigencias anteriores al a�o 2015 que
no hubieren sido liquidados, deber�n sujetarse a la metodolog�a prevista en el presente
t�tulo y deber�n ser trasladados a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a m�s tardar al
vig�simo (20�) d�a h�bil siguiente a la fecha en vigencia del presente decreto.
(Art. 1, Decreto 1853 de 2015)
Art�culo 2.4.1.1.
Finalidades del r�gimen. El r�gimen de
obligaciones contingentes de las entidades estatales tiene por objeto la
implantaci�n de un sistema para su manejo basado en un criterio preventivo de
disciplina fiscal.
(Art. 1 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.
R�gimen obligatorio de las contingencias contractuales del
Estado. Las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del presente t�tulo,
constituyen el r�gimen obligatorio de las contingencias contractuales del
Estado.
(Art. 2 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.3.
Objeto del Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales. El Fondo
de contingencias contractuales de las entidades estatales creado por la Ley 448
de 1998, funcionar� conforme a las normas generales que establece el presente
reglamento y tendr� por objeto atender el cumplimiento cabal de las obligaciones
contingentes de las entidades estatales sometidas al presente r�gimen.
(Art. 3 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.4.
Definici�n de obligaciones contingentes. En los t�rminos del par�grafo del art�culo
primero de la Ley 448 de 1998, son obligaciones contingentes aqu�llas en virtud
de las cuales alguna de las entidades se�aladas en el art�culo 2.4.1.8 del
presente t�tulo, estipula contractualmente a favor de su contratista, el pago de
una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores
identificados, por la ocurrencia de un hecho futuro e incierto.
(Art. 6 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.5.
Obligatoriedad del Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, las entidades cobijadas por
su r�gimen deber�n incluir en sus presupuestos, en la secci�n del servicio de
la deuda, las apropiaciones necesarias para atender el pago de las obligaciones
contingentes que hayan contra�do para cada una de las vigencias fiscales que
comprenda la ejecuci�n del respectivo contrato.
Los
organismos sometidos al r�gimen de contingencias de las entidades estatales,
deber�n manejar a trav�s del Fondo de contingencias contractuales de las
entidades estatales, la totalidad de los recursos que apropien en sus
presupuestos, para el cumplimiento de obligaciones contingentes contractuales
derivadas de los riesgos comprendidos dentro del �rea de riesgos definida en el
art�culo 2.4.1.2.2. del Cap�tulo 2 del presente t�tulo.
(Art. 7 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.6.
Mecanismos alternativos para asegurar el pago de obligaciones
contingentes. El Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales es el �nico mecanismo autorizado para atender el pago de las
obligaciones contingentes que contraigan las entidades cobijadas por el r�gimen
en cuanto se trate de riesgos comprendidos por el �rea de riesgos determinada
por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico conforme al art�culo 2.4.1.2.2. del Cap�tulo 2
del presente t�tulo.
En
consecuencia, no ser�n admisibles mecanismos alternativos dirigidos a asegurar
el pago de tales obligaciones contingentes, estructurados sobre el manejo de
los correspondientes recursos por fuera del Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales.
(Art. 13 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.7.
Mecanismos de liquidez autorizados. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el art�culo anterior, ser�n admisibles los mecanismos
transitorios que busquen otorgar al contratista liquidez cuando los aportes
disponibles para atender el pago de alguna obligaci�n contingente resultaren
insuficientes al ocurrir �sta efectivamente y mientras se efect�a el tr�mite
presupuestal que permita a la entidad aportante efectuar el pago de la suma
faltante a su cargo.
(Art. 14 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.8.
Entidades sometidas al r�gimen
obligatorio de contingencias contractuales del Estado. Se someten al r�gimen obligatorio de
contingencias estatales consagrado por la Ley 448 de 1998 y por el presente
t�tulo, las siguientes entidades, que -en consecuencia- tienen el car�cter de
aportantes del fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales:
1. La Naci�n.
2. Los establecimientos p�blicos.
3. Las empresas industriales y comerciales del Estado.
4. Las sociedades de econom�a mixta en las que la participaci�n estatal
sea de m�s del 75%.
5. Las unidades administrativas especiales con personer�a jur�dica.
6. Las corporaciones aut�nomas regionales.
7. Los departamentos, los municipios, los distritos y el Distrito Capital
de Bogot�.
8. Las entidades estatales indicadas en los numerales 2�, 3�, 4� y 5� de
los niveles departamental, municipal y distrital.
9. Las empresas de servicios p�blicos oficiales y mixtas definidas en el
art�culo 14 de la Ley 142 de 1994 en las que el componente de capital p�blico
sea igual o superior al 75%.
10. Las sociedades p�blicas.
(Art. 9 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.9.
Sectores de riesgo. El Fondo de Contingencias Contractuales
de las Entidades Estatales, atender� las obligaciones contingentes que
contraigan las entidades sometidas al r�gimen aqu� se�alado, en virtud de la
celebraci�n de los contratos indicados en el art�culo 22 de la Ley 185 de 1995, ya sea que ellos se rijan por
el estatuto general de contrataci�n de la administraci�n p�blica o por
disposiciones contractuales especiales, en relaci�n con los siguientes
sectores:
1. Infraestructura
de transporte.
2. Energ�tico.
3. Saneamiento
b�sico.
4. Agua
potable.
5. Comunicaciones.
As�
mismo, el Fondo de Contingencias Contractuales de las Entidades Estatales
atender� las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados
para el aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protecci�n de la
poblaci�n colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19.
(Modificado por Art. 1, Decreto
108 de 2021, Art. 10 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.10.
Pol�tica de riesgo contractual del Estado. Las
entidades estatales sometidas al r�gimen aqu� previsto, deber�n ajustarse a la
pol�tica de riesgo contractual del Estado, conformada por los principios,
pautas e instrucciones que determine el Gobierno Nacional, para la estipulaci�n
de obligaciones contingentes a su cargo.
(Art. 15 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.11.
Dise�o de la pol�tica de riesgo contractual del Estado.
El Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES, orientar� la
pol�tica de riesgo contractual del Estado a partir del principio de que
corresponde a las entidades estatales asumir los riesgos propios de su car�cter
p�blico y del objeto social para el que fueron creadas o autorizadas, y a los
contratistas aqu�llos determinados por el lucro que constituye el objeto
principal de su actividad.
(Art. 16 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.12. Funciones
del CONPES en materia de pol�tica de riesgo contractual del Estado.
Corresponde al Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES, en materia de
pol�tica de riesgo contractual del Estado recomendar las directrices que deben
seguir las entidades estatales al estructurar proyectos, con participaci�n de
capital privado en infraestructura y, de manera espec�fica, en lo concerniente
a los riesgos que puedan asumir contractualmente como obligaciones
contingentes.
Par�grafo.
El Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES, revisar� por lo
menos una vez al a�o los lineamientos que determinan la pol�tica de riesgo
establecida conforme al presente art�culo, con el fin de asegurar su adaptaci�n
a la realidad de la contrataci�n estatal del pa�s.
(Art. 17 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.13. Concepto
de las dependencias de planeaci�n sobre adecuaci�n a la pol�tica de riesgo
contractual del Estado. Cuando se trate de contratos a cargo de las
entidades del orden nacional o descentralizado del mismo nivel, la dependencia
de planeaci�n del organismo rector del respectivo sector administrativo, deber�
conceptuar sobre la adecuaci�n de tales contratos a la pol�tica de riesgo
contractual del Estado establecida por el Consejo de Pol�tica Econ�mica y
Social, CONPES.
De igual
manera, las dependencias de planeaci�n de las entidades territoriales, deber�n
emitir concepto acerca del ajuste de los contratos de dichas entidades y de sus
descentralizadas a la pol�tica de riesgo contractual del Estado se�alada por el
Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES.
(Art. 18 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.14. Contratos
especiales asimilados a operaciones de cr�dito p�blico. En los t�rminos
del art�culo 22 de la Ley 185 de 1995, y en concordancia con lo
dispuesto por el par�grafo segundo del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993, los
contratos all� mencionados en los que se pacten obligaciones contingentes, se
asimilan a operaciones de cr�dito p�blico, siempre y cuando el pago debido al
contratista por la provisi�n a la entidad p�blica de bienes o servicios, se
encuentre sometida a plazo o condici�n.
(Art. 19 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.15. No
aplicaci�n de las disposiciones generales de cr�dito p�blico. Los
contratos especiales asimilados a operaciones de cr�dito p�blico, no se sujetan
a los requisitos exigidos por las disposiciones generales de cr�dito p�blico
para tal tipo de operaciones. Por lo tanto, para su celebraci�n bastar� el
cumplimiento de los requisitos aqu� establecidos, sin perjuicio de la
aplicaci�n de las normas que exijan otros requisitos para su celebraci�n y
validez en raz�n de su naturaleza contractual.
(Art. 20 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.16. Requisitos
a que deben someterse las operaciones especiales asimiladas. Los
contratos especiales que constituyen operaciones especiales asimiladas a
operaciones de cr�dito p�blico deben cumplir con los siguientes requisitos
previamente a su celebraci�n:
1. El
pronunciamiento de la dependencia de planeaci�n a que alude el art�culo
2.4.1.13, sobre la adecuaci�n de las obligaciones contingentes asumidas a la
pol�tica general de riesgo contractual; y
2. La
aprobaci�n de los montos estimados de tales obligaciones contingentes por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, mediante su inclusi�n en el plan de aportes para el
respectivo contrato, al Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales.
(Art. 21 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.17.
Obligaciones contingentes no sujetas al r�gimen de
contingencias estatales. Las entidades enumeradas en el art�culo
2.4.1.8, que hubieren asumido obligaciones contingentes con anterioridad a la
vigencia de la Ley 448 de 1998, continuar�n ejecutando los respectivos
contratos, en los t�rminos pactados conforme a la legislaci�n vigente al
momento de su celebraci�n.
(Art. 56� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.18.
Tr�nsito de legislaci�n. Los contratos celebrados luego de la
expedici�n de la Ley 448 de 1998 por las entidades estatales sometidas al
r�gimen de contingencias estatales en los que se haya estipulado el pago de
obligaciones contingentes, continuar�n su ejecuci�n conforme a las
autorizaciones del Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, para
comprometer vigencias futuras.
El
r�gimen establecido por el presente t�tulo se aplicar� �ntegramente a los
contratos de las entidades estatales sometidos al mismo que se celebren luego
de su entrada en vigor.
(Art. 57� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.19.
Modificaciones a los contratos vigentes. Las modificaciones de los contratos a que se refieren los art�culos
anteriores, en las que se pacten obligaciones contingentes, se sujetar�n a las
disposiciones del presente t�tulo.
(Art. 58� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.1.Fondo
de contingencias contractuales de las entidades estatales. El Fondo de contingencias contractuales de
las entidades estatales es un sistema de manejo de los recursos transferidos
por las entidades aportantes en la forma, cuant�a y oportunidad previstas en el
plan de aportes al administrador, para atender el cumplimiento de las
obligaciones contingentes asumidas en el contrato identificado en la
correspondiente cuenta.
(Art. 4 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.2.Naturaleza del Fondo
de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme a
lo dispuesto por la Ley 448 de 1998, el Fondo de contingencias contractuales de
las entidades estatales constituye una cuenta especial, sin personer�a jur�dica
manejada por el sector administrativo de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuyo
objeto es el se�alado por el art�culo 2.4.1.3. del presente t�tulo.
(Art. 23 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.3.Administraci�n
del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales. Conforme al mandato de la Ley 448 de 1998, la
administraci�n del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales la realizar� la fiduciaria La Previsora S.A., con arreglo a lo
dispuesto en el presente t�tulo, en el reglamento que al efecto determine el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y al contrato que con tal objeto
celebre la Naci�n -Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico- con la sociedad
fiduciaria La Previsora S.A.
(Art. 25 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.4.Recursos manejados a trav�s del Fondo de
contingencias contractuales de las entidades estatales. Los recursos
que deber�n manejarse a trav�s del Fondo de contingencias contractuales de las
entidades estatales de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 6 de la Ley
448 de 1998, ser�n los siguientes:
1. Los
aportes efectuados por las entidades estatales.
2. Los
aportes del presupuesto nacional.
3. Los rendimientos
financieros que generen sus recursos.
4. El
producto de su recuperaci�n de cartera.
Par�grafo.
Los recursos manejados a trav�s del Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales ser�n tratados conforme a las normas presupuestales
aplicables a las entidades estatales de car�cter financiero.
(Art. 24 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.5. Inversi�n de los recursos. La fiduciaria La Previsora S.A., invertir� los recursos que se manejan
a trav�s del Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales
exclusivamente en t�tulos TES, en el mercado primario o en el secundario de los
mismos, seg�n lo que determine para el caso la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 26 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.6.Rendimientos que produzca la inversi�n. Los
rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales estar�n constituidos por el rendimiento de sus inversiones deducidos
los costos de la administraci�n del mismo, indicados en el contrato a que se
refiere el art�culo 2.4.1.1.3. de este cap�tulo e incluidos en el presupuesto,
expresados como porcentaje de tales rendimientos de las inversiones.
Los
rendimientos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales se contabilizar�n diariamente en las subcuentas correspondientes a
los contratos para los cuales dichas entidades hayan realizado aportes al
fondo.
(Art. 27 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.7.Costos de administraci�n. Los rendimientos
que genere la inversi�n de los recursos procedentes de los aportes de las
entidades aportantes del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales se destinar�n, en primer t�rmino, a cubrir los costos en que haya
incurrido la fiduciaria La Previsora S.A., por su administraci�n, y su
remanente ser� reconocido -en beneficio de las aportantes- en proporci�n
directa al monto de sus aportes para cada per�odo y traspasado a ellas cuando
finalice la ejecuci�n de contrato que contenga las obligaciones contingentes o
cuando cese la posibilidad de ocurrencia de dichas obligaciones.
En ning�n caso,
podr� exigirse de las entidades aportantes la transferencia de suma alguna con
destino al administrador por concepto de costos de administraci�n.
(Art. 28 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.8. Plan de aportes. El
plan de aportes es el cronograma obligatorio de los montos que deben transferir
las entidades estatales sometidas al presente r�gimen, al fondo de
contingencias contractuales de las entidades estatales, con destino al
cumplimiento de las obligaciones contingentes que asuman en los contratos a que
se refiere el art�culo 2.4.1.5. del presente t�tulo, el cual es resultado de la
aplicaci�n de las metodolog�as fijadas por la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para el
respectivo sector administrativo.
(Art. 8 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.9.Criterios para la elaboraci�n del plan de
aportes. El plan de aportes ser� dise�ado con fundamento en los
siguientes factores, siguiendo un criterio de gradualidad, que permita apropiar
las sumas requeridas para el pago de las obligaciones contingentes de una
manera paulatina:
1. La
capacidad de pago de la entidad aportante.
2. El monto
total de las obligaciones contingentes contra�das por la entidad aportante bajo
el correspondiente contrato.
3. Los plazos
de ejecuci�n del contrato y de comportamiento del riesgo.
4. La
equivalencia entre el valor presente del pasivo contingente y el total de los
aportes requeridos.
5. La
probabilidad de ocurrencia de la contingencia.
(Art. 11 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.10.
Aportes. Para los efectos del r�gimen, se considerar� aporte todo monto que sea
transferido al fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales
por las entidades aportantes en la forma, cuant�a y oportunidad previstas en el
plan de aportes para cada contrato por ellas celebrado.
(Art. 12 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.11. Registro
de los planes de aportes. El administrador llevar� un registro de los
planes de aportes con el prop�sito de requerir a las entidades aportantes el
giro de los aportes en los montos y las fechas previstas.
Una vez se
incluya un plan de aportes dentro del registro, la fiduciaria La Previsora
S.A., as� lo comunicar� a la entidad aportante y a la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional. As� mismo, remitir� copia del mismo a la
dependencia encargada de elaborar y adoptar los proyectos de presupuesto
correspondientes, para lo de su competencia de conformidad con el art�culo
2.4.1.3.1. del Cap�tulo 3 del presente t�tulo.
(Art. 29 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.12.
�Obligaci�n de remitir el plan de
aportes al administrador. Cuando una entidad estatal tenga en su poder
el plan de aportes del contrato que pretende celebrar, debidamente aprobado por
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, deber� hacer llegar copia del mismo a la fiduciaria
La Previsora S.A., con el objeto de que sea incluido dentro del registro del
plan de aportes.
(Art. 30 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.13. �Transferencia
de los aportes. Las entidades estatales sometidas al presente r�gimen,
deber�n girar al Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales, los aportes que les correspondan para atender las obligaciones por
ellas asumidas en las cuant�as, oportunidades y forma prevista en el plan de
aportes, aprobado por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
registrado ante la fiduciaria La Previsora S. A.
Efectuada la
transferencia de los recursos que constituyen cada aporte en ejecuci�n de la
respectiva partida presupuestal, la fiduciaria La Previsora S.A., expedir� a
favor de la aportante, un documento en el que conste el monto del mismo, su
fecha, el contrato en relaci�n con el cual se ha efectuado y el contratista que
eventualmente ser� el beneficiario del pago por la obligaci�n contingente
amparada.
(Art. 31 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.14.
�De la disminuci�n de aportes. Si
como consecuencia del seguimiento a que alude el art�culo 6 de la Ley 448 de
1998 y el art�culo 2.4.1.2.4. del Cap�tulo 2 del presente t�tulo, la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional decide que hay lugar a la
disminuci�n de los aportes previstos en el plan de aportes, as� se lo
comunicar� a la fiduciaria La Previsora S.A., indicando el monto y oportunidad
en que deba efectuarse el correspondiente reembolso.
(Art. 32 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.15.
�Obligaci�n de
mantener los aportes cuando persista la posibilidad de ocurrencia de obligaciones
contingentes. A fin de
garantizar el logro del objeto del Fondo de contingencias contractuales de las
entidades estatales, cuando exista la posibilidad de ocurrencia de alguna
contingencia a cargo de una entidad estatal aportante, cualquiera que sea el
contrato que haya dado origen a la obligaci�n pendiente, la misma deber�
mantener sus aportes en el fondo con el fin de atender las eventuales
obligaciones que puedan surgir. En tal evento, la entidad deber� proceder a
solicitar la aprobaci�n del plan de aportes para el nuevo contrato siguiendo el
tr�mite previsto en el art�culo 2.4.1.2.6 del Cap�tulo 2 del presente t�tulo.
Posteriormente, el administrador abrir� una cuenta conforme al art�culo
2.4.1.1.18. de este cap�tulo y efectuar� el traslado de los respectivos
recursos a la subcuenta que se abra para el nuevo contrato y efectuar� las
anotaciones pertinentes.
(Art. 33 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.16.
�Criterios para
efectuar transferencias de recursos. La fiduciaria La Previsora S.A., podr� transferir recursos de una a
otra subcuenta de una misma entidad aportante, a condici�n de que el contrato
correspondiente a la cuenta de la cual van a ser egresados los recursos haya
sido ejecutado en su totalidad o de que haya cesado definitivamente la
posibilidad de ocurrencia del riesgo amparado.
(Art. 34 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.17.
�Del reembolso de
los aportes. Con excepci�n de lo previsto en el
art�culo 2.4.1.1.15. del presente cap�tulo, cuando finalice la ejecuci�n de un
contrato y haya terminado, por tanto, la posibilidad de ocurrencia de la
contingencia amparada con los aportes efectuados al Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales, la entidad aportante tendr� derecho a
que le sean reembolsados dichos aportes si ellos han provenido de ingresos
propios.
(Art. 35 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.18.
Sistema de cuentas para cada entidad. La
fiduciaria La Previsora S.A., abrir� una cuenta para la entidad aportante que
presente para su registro un plan de aportes espec�fico.
(Art. 36 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.19.
Subcuentas. La fiduciaria La Previsora S.A., llevar� una
subcuenta para los aportes que cada una de las entidades aportantes efect�en al
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales, por cada
contrato en relaci�n con el cual haya remitido el plan de aportes debidamente
refrendado por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 37 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.20. �Reconocimiento de la contingencia. Como requisito
previo para los desembolsos causados por la ocurrencia de las obligaciones
contingentes se�aladas en el art�culo 2.4.1.4. del presente t�tulo, la entidad
estatal aportante declarar�, mediante acto debidamente motivado, la ocurrencia
de la contingencia, as� como su monto.
Esta
declaraci�n podr� hacerla el funcionario competente de la entidad aportante en
ejercicio de sus atribuciones legales o con fundamento en un acta de
conciliaci�n, una sentencia, laudo arbitral o en cualquier otro acto jur�dico
que tenga como efecto la exigibilidad inmediata de la obligaci�n a cargo de la
entidad aportante, a condici�n de que el acto respectivo se encuentre en firme.
(Art. 38� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.21.
Desembolsos. La fiduciaria La Previsora S.A.,
efectuar� el pago debido por una entidad aportante a su contratista, por
concepto de una obligaci�n contingente, cuando sea requerida para ello, con los
recursos que haya aportado la entidad al Fondo de contingencias contractuales
de las entidades estatales en relaci�n con el contrato que dio origen a la
obligaci�n y hasta concurrencia de la suma aportada con tal objeto.
Con la
finalidad anotada, la fiduciaria La Previsora S.A., deber� verificar que el
requerimiento de desembolso proviene del funcionario o funcionarios competentes
de la entidad estatal aportante, as� como la autenticidad del acto debidamente
motivado que declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos
que acompa�en la solicitud de desembolso. El desembolso deber� realizarse
dentro de los diez (10) d�as h�biles siguientes al recibo del requerimiento en
debida forma.
En el caso de
las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el
aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protecci�n de la poblaci�n
colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el administrador del
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales no se requerir�
el acto administrativo de que trata el arl�culo 2.4.1.1.20, Y bastar� con la
presentaci�n por parle del contratista del contrato y los documentos que
acrediten la materializaci�n de la contingencia en los t�rminos que determine
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. En caso de insuficiencia de
recursos, la entidad estatal aportante deber� transferir los mismos dentro de
los diez (10) d�as siguientes a la notificaci�n expedida para tal efecto por el
administrador del fondo. El desembolso deber� realizarse dentro de los treinta
(30) d�as h�biles siguientes al recibo del requerimiento por parle del
contratista proveedor de las vacunas necesarias para la protecci�n de la
poblaci�n colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19.
(Modificado por Art. 2, Decreto
108 de 2021; Art. 39� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.1.22.
Titularidad del cobro. La entrega de recursos por parte del Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales por concepto del pago de obligaciones
contingentes, solamente podr� solicitarse por el funcionario competente de la
entidad aportante siguiendo el tr�mite se�alado anteriormente. En consecuencia,
los contratistas de entidades aportantes al Fondo de contingencias
contractuales de las entidades estatales, no podr�n reclamar directamente el
giro a su favor o exigir ante el mismo Fondo el pago en su propio beneficio,
por raz�n de las obligaciones contingentes definidas en el art�culo 2.4.1.4.
del presente t�tulo. Por lo tanto todas las acciones relacionadas con dichas
obligaciones, deber�n ejercerse ante la respectiva entidad p�blica contratante.
En
el caso de las obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados
para el aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protecci�n de la
poblaci�n colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el
contratista podr� reclamar directamente al Ministerio de Hacienda, como
administrador del Fondo, el giro de los recursos a su favor en atenci�n a lo
dispuesto en el art�culo 2.4.1.1.21. o exigir ante el mismo Fondo el pago en su
propio beneficio.
(Modificado por Art. 3, Decreto
108 de 2021; Art. 40� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.1.
Metodolog�as de valoraci�n de
contingencias. La Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
adoptar� mediante actos administrativos de car�cter general, las metodolog�as
aplicables a los contratos estatales para determinar el valor de las
obligaciones contingentes que en ellos se estipulen.
(Art. 44� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.2.
��rea de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de
las entidades estatales. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, determinar�
cu�les de los riesgos certificados por la dependencia de planeaci�n respectiva,
deben ser atendidos con los recursos del Fondo de contingencias contractuales
de las entidades estatales, para lo cual establecer� un �rea de riesgos a
partir de dos variables que se tomar�n como coordenadas para determinarla, a
saber:
9. El valor
del pago como porcentaje del proyecto; y
10. La probabilidad de
ocurrencia de la contingencia.
(Art. 45� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.3.
Evoluci�n de las metodolog�as. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico evaluar� permanentemente las
metodolog�as de valoraci�n de obligaciones contingentes de las entidades
estatales, con miras a mantenerlas en consonancia con las necesidades reales de
contrataci�n p�blica. En todo caso, la evoluci�n de las metodolog�as, deber�
orientarse respetando la finalidad y los objetivos del sistema de pol�tica de
riesgo contractual del Estado.
(Art. 46� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.4.
Seguimiento de los riesgos. En los t�rminos del art�culo 6 de la Ley 448
de 1998, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, efectuar�
un seguimiento peri�dico al comportamiento de los riesgos comprendidos en el
�rea de riesgos del Fondo de contingencias contractuales de las entidades
estatales, con el fin de determinar, para cada contrato en particular, la
necesidad de incrementar o disminuir los respectivos aportes.
(Art. 47� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.5.
Modificaciones al plan de aportes. Cuando como consecuencia de la evoluci�n de las metodolog�as y en
virtud del seguimiento a que alude el art�culo anterior, la Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico establezca que los montos de los aportes incluidos en un plan de
aportes ya registrado por el administrador deben ser modificados, as� se lo
comunicar� a la entidad aportante y a la fiduciaria La Previsora S.A., con el
fin de que se proceda a efectuar el registro del plan de aportes reformado,
para la cual se seguir� en lo pertinente lo dispuesto en el Cap�tulo 1 del
presente t�tulo.
(Art. 48� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.6.
�Procedimiento
para la valoraci�n de las contingencias. Toda
entidad estatal sometida a las disposiciones de la Ley 448 de 1998 y del
presente t�tulo que pretenda celebrar un contrato en el cual se estipulen
obligaciones contingentes, deber� -con antelaci�n a la apertura de la
correspondiente licitaci�n o a la celebraci�n del contrato si no se requiere
licitaci�n- presentar a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico los documentos en los que
aparezcan las obligaciones contingentes que va a asumir, acompa�ados de un
cronograma que proyecte las sumas correspondientes a dichas obligaciones durante
el plazo del contrato, as� como el concepto de la autoridad de planeaci�n sobre
el sometimiento de las respectivas obligaciones contingentes a la pol�tica de
riesgo contractual del Estado.
Si
la documentaci�n se encuentra completa y la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional encuentra que el cronograma propuesto se ajusta a la
metodolog�a de valoraci�n aplicable, lo aprobar� como plan de aportes al Fondo
de contingencias contractuales de las entidades estatales para el contrato
sometido a su consideraci�n, el cual deber� ser registrado ante la fiduciaria
La Previsora S.A.
Cuando
el cronograma presentado se aparte de la metodolog�a oficial de valoraci�n de
contingencias, la entidad deber� proceder a efectuar los ajustes que indique la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, con el fin de que sea
aprobado como plan de aportes.
(Art. 49� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.7.
Riesgos no comprendidos por el �rea de
riesgos. En el evento
en que la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico estime que las obligaciones contingentes
sometidas a su consideraci�n no se encuentran comprendidas en el �rea de riesgos,
as� se lo informar� a la respectiva entidad estatal, evento en el cual se
entender� que tales obligaciones no se sujetan al r�gimen aqu� previsto.
(Art. 50� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.8.
Ausencia de metodolog�as. Cuando las entidades
estatales vayan a contraer obligaciones contingentes en relaci�n con las cuales
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico no haya establecido una metodolog�a de valoraci�n,
la documentaci�n a que se refiere el art�culo anterior deber� exponer unas
cifras de valoraci�n de dichas obligaciones conforme a una metodolog�a adecuada
al respectivo proyecto, la cual ser� analizada y aprobada por dicha direcci�n
atendiendo la naturaleza del contrato y los criterios se�alados en el art�culo
2.4.1.1.9. del Cap�tulo 1 presente t�tulo.
(Art. 51� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.2.9.
Inclusi�n en la base �nica de datos del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional. Para
los efectos del art�culo 16 de la Ley 533 de 1999 las obligaciones contingentes
a que se refiere el presente t�tulo, se incluir�n en la base �nica de datos del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional, como deuda p�blica cuando se reconozca la ocurrencia de la
contingencia conforme al art�culo 2.4.1.1.20. del Cap�tulo 1 del presente
t�tulo.
(Art. 22 Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.3.1.
Preparaci�n de los presupuestos. En cumplimiento del
art�culo 1 de la Ley 448 de 1998, las dependencias encargadas de elaborar y
adoptar los proyectos de presupuesto de la Naci�n, de las entidades
territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden,
efectuar�n las apropiaciones para las obligaciones contingentes de que trata el
art�culo 2.4.1.4. del presente t�tulo, incorporando en el respectivo proyecto,
las cifras contenidas en el plan de aportes debidamente aprobado por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico conforme al art�culo 2.4.1.2.6. del presente t�tulo.
Las
apropiaciones presupuestales de las obligaciones contingentes de que trata el
presente cap�tulo, deber�n incluirse en el presupuesto de cada una de las
vigencias fiscales que comprenda el plan anual de aportes.
Para
las obligaciones contingentes originadas en contratos celebrados para el
aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protecci�n de la poblaci�n
colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional
incluir� en el proyecto de Presupuesto General de la Naci�n de las vigencias
correspondientes las partidas presupuestales necesarias para que la entidad contratante
realice los apartes el Fondo del Contingencias Contractuales de las Entidades
Estatales.
En
el evento en que los recursos no sean suficientes para cubrir el pago de las
obligaciones contingentes originadas en los contratos celebrados para el �
aprovisionamiento de vacunas necesarias para la protecci�n de la poblaci�n
colombiana tras los efectos de la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional
realizar� las operaciones presupuestales que sean pertinentes para que,
directamente o a trav�s ��del presupuesto de la respectiva entidad contratante,
se puedan realizar los pagos al contratista, directamente.
(Modificado por Art. 4, Decreto
108 de 2021; Art. 41� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.3.2.
�Discusi�n y aprobaci�n de los presupuestos. En la
discusi�n y aprobaci�n de los presupuestos de la Naci�n, de las entidades
territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier orden, las
partidas propuestas para las obligaciones contingentes a que se refiere el
art�culo 1 de la Ley 448 de 1998, se programar�n dentro del servicio de la
deuda p�blica y tendr�n la prelaci�n correspondiente a �sta.
De conformidad
con el art�culo 351, en concordancia con el 353 de la Constituci�n Pol�tica y
el Estatuto Org�nico del Presupuesto General de la Naci�n, las partidas
propuestas por este concepto, no podr�n ser eliminadas ni disminuidas.
(Art. 42� Decreto
423 de 2001)
�Art�culo 2.4.1.3.3. Ejecuci�n
presupuestal. De
conformidad con el art�culo 4 de la Ley 448 de 1998, las partidas apropiadas
para las obligaciones contingentes, previstas en el art�culo 2.4.1.3.1. del
presente cap�tulo se entender�n ejecutadas una vez se transfiera el aporte al
Fondo de contingencias contractuales de las entidades estatales.
(Art. 43� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.4.1.
�De la responsabilidad de los representantes legales de las
entidades sometidas al r�gimen de contingencias p�blicas. Los jefes de
los organismos del sector central en los �rdenes nacional, departamental y
municipal, as� como los representantes legales de las entidades enumeradas en
el art�culo 2.4.1.8. del presente t�tulo, ser�n responsables disciplinaria,
fiscal y penalmente por el cumplimiento de las presentes disposiciones.
(Art. 52� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.4.2.
�Responsabilidad
especial de los representantes legales. Los servidores indicados en el art�culo anterior ser�n especialmente
responsables por la veracidad de la informaci�n que suministren a la
dependencia de planeaci�n respectiva, en lo relativo a las obligaciones
contingentes previstas en los contratos que vayan a celebrar y a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico conforme al art�culo 2.4.1.2.6. del Cap�tulo 2 del presente
t�tulo.
(Art. 53� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.4.3.
�Prohibici�n de apropiar para obligaciones contratadas con
violaci�n del r�gimen. Ninguna dependencia estatal que tenga asignadas
funciones de hacienda p�blica dar� curso a solicitudes de incorporar presupuestalmente
montos para el servicio de la deuda, destinados al pago de obligaciones
contingentes de las entidades estatales sujetas al r�gimen de contingencias,
cuando no se hayan dado cumplimiento a las exigencias consagradas en el
presente t�tulo.
A fin de
asegurar al cumplimiento del r�gimen de contingencias las entidades estatales a
�l sometidas, deber�n -cuando soliciten la incorporaci�n de apropiaciones
destinadas al pago de obligaciones contingentes- presentar ante la respectiva
oficina de presupuesto una constancia expedida por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
de que dichas obligaciones han sido evaluadas conforme a los art�culos
2.4.1.2.6. y 2.4.1.2.7. del Cap�tulo 2 del presente t�tulo.
(Art. 54� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.1.4.4.
�Intervenci�n de los organismos de control. Cuando una
entidad obligada por la Ley 448 de 1998 a hacer aportes al Fondo de
contingencias contractuales de las entidades estatales no los realice en el
monto y oportunidad dispuestos en el plan de aportes, la fiduciaria La
Previsora S.A., deber� informarlo as� a los organismos de control respectivos
para lo de su competencia.
(Art. 55� Decreto
423 de 2001)
Art�culo 2.4.2.1.
Pasivos contingentes provenientes de operaciones de cr�dito
p�blico. Para los efectos del presente t�tulo se entiende por pasivos
contingentes provenientes de las operaciones de cr�dito p�blico las
obligaciones pecuniarias sometidas a condici�n, que surgen a cargo de las
entidades descritas en el art�culo siguiente, cuando estas act�en como garantes
de obligaciones de pago de terceros.
El tr�mite,
celebraci�n y ejecuci�n de estas operaciones se someter� a las reglas del
par�grafo 2 del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993, sus disposiciones
reglamentarias y las normas que las modifiquen o adicionen, sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos indicados en el art�culo 14 de la Ley 185 de 1995, para las contragarant�as
respecto del otorgamiento de cr�ditos financiados con ingresos incorporados en
el Presupuesto General de la Naci�n y de la garant�a por parte de la Naci�n, y
de los dem�s requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.
(Art. 1 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.2.
�Campo de aplicaci�n. El presente t�tulo se aplicar� a los pasivos contingentes
provenientes de las operaciones de cr�dito p�blico cuando quiera que alguna de
las siguientes entidades act�e en condici�n de garante de obligaciones de pago:
1. La Naci�n.
2. Los Departamentos, los Distritos y los Municipios.
3. Los Establecimientos P�blicos.
4. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades
P�blicas.
5. Las Sociedades de Econom�a Mixta en las que la participaci�n directa o
indirecta del Estado sea igual o superior al 50% del capital social.
6. Las Unidades Administrativas Especiales con personer�a jur�dica.
7. Las Corporaciones Aut�nomas Regionales.
8. Las Entidades indicadas en los numerales 3, 4, 5 y 6 del presente
art�culo de los �rdenes departamental, municipal y distrital.
9. Las Empresas de Servicios P�blicos Domiciliarios oficiales y mixtas, en
este �ltimo caso cuando la participaci�n directa o indirecta del Estado sea
superior al 50% del capital social.
10. Las �reas Metropolitanas y las Asociaciones de Municipios.
11. Los Entes Universitarios Aut�nomos de car�cter estatal u oficial.
12. La Autoridad Nacional de Televisi�n.
(Art. 2 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.3.
Contabilizaci�n de los pasivos contingentes. Sin
perjuicio de las disposiciones contables especiales aplicables a las entidades
estatales de car�cter financiero, los pasivos contingentes provenientes de las
operaciones de cr�dito p�blico deber�n registrarse en las cuentas de orden de
la entidad garante, de conformidad con las instrucciones que al respecto
imparta la Contadur�a General de la Naci�n.
La Contadur�a
General de la Naci�n determinar� los eventos en los cuales los pasivos
contingentes deban incorporarse total o parcialmente al balance de la entidad
garante.
(Art. 3 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.4.
�Presupuestaci�n de los pasivos contingentes. Las
entidades de que trata el art�culo 2.4.2.2. del presente t�tulo deber�n incluir
en su presupuesto anual, en el rubro del servicio de la deuda, las partidas
necesarias para atender las p�rdidas probables que surjan de los pasivos
contingentes de las operaciones de cr�dito p�blico en las que act�en en
condici�n de garantes, cuando dichas operaciones se hubieran perfeccionado con
posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998.
Las p�rdidas
probables anuales se estimar�n de acuerdo con la metodolog�a de valoraci�n que
expida la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico y en consonancia con la aprobaci�n impartida por
dicha Direcci�n en los t�rminos del presente t�tulo.
Par�grafo.
Para la estimaci�n de la p�rdida probable anual en las operaciones de cr�dito
p�blico garantizadas por la Naci�n, se tendr� en cuenta, adem�s de los
criterios establecidos en la metodolog�a de valoraci�n, el valor de los aportes
realizados al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por las
entidades garantizadas.
(Art. 4 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.5.
�Aportes al fondo de
contingencias de las entidades estatales. Las
entidades estatales cuyas obligaciones de pago sean garantizadas por la Naci�n
en desarrollo de operaciones de cr�dito p�blico que se perfeccionaron a partir
del 27 de octubre de 2005, deber�n realizar aportes al Fondo de Contingencias
de las Entidades Estatales en la forma indicada en el presente t�tulo.
El
monto del aporte al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales ser�
determinado por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional de
acuerdo con la metodolog�a de valoraci�n de las contingencias que establezca
dicha Direcci�n.
En
todo caso, la determinaci�n del monto del aporte, la aprobaci�n del plan de
aportes y su primer pago, cuando hubiere lugar a ello, ser�n condiciones
previas al otorgamiento de la garant�a de la Naci�n.
Par�grafo. En los
eventos en los cuales sea declarada una emergencia econ�mica, social y
ecol�gica por el Presidente de la Rep�blica, los planes de aportes al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales de que trata este art�culo, podr�n ser
suspendidos hasta tanto expire el t�rmino de declaratoria de tal emergencia. En
todo caso, una vez expirado el t�rmino de la declaratoria, las entidades
estatales deber�n realizar los pagos causados durante dicho periodo.
Para acogerse a la suspensi�n de los planes de aportes, las
Entidades Estatales deber�n enviar solicitud al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico- Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional en el
que se determine el monto que ser� suspendido y la fecha en que se realizar� el
correspondiente pago que no podr� exceder dos meses desde la terminaci�n de
declaratoria de emergencia.
(Par�grafo adicionado por Art. 4, Decreto
473 de 2020; Art. 5 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.6.
�Transferencia de los aportes. Las entidades estatales
garantizadas por la Naci�n deber�n incluir en sus presupuestos del servicio de
la deuda el valor de los aportes anuales al Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales. De acuerdo con lo previsto en el art�culo 4 de la Ley 448
de 1998, los aportes realizados al Fondo se entienden ejecutados una vez
transferidos al mismo.
Con el fin de
preservar los objetivos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales,
de que trata el art�culo 3 de la Ley 448 de 1998, y cubrir adecuadamente los
riesgos incurridos por la Naci�n en su condici�n de garante, los aportes
efectuados por las entidades garantizadas se mantendr�n en el Fondo con el fin
de atender las contingencias provenientes de obligaciones garantizadas por la
Naci�n. Cuando el monto de la subcuenta especial de que trata el art�culo
siguiente sea suficiente para atender las contingencias garantizadas, la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� autorizar la
reducci�n de los aportes a cargo de las entidades aportantes.
(Art. 6 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.7.
�Administraci�n de los aportes. Los aportes de las
entidades estatales garantizadas se administrar�n en el Fondo de Contingencias
de las Entidades Estatales en una subcuenta especial denominada �Garant�as de
la Naci�n�.
La totalidad de
los recursos de la subcuenta se destinar� a atender los pasivos contingentes
provenientes de las operaciones de cr�dito p�blico garantizadas por la Naci�n y
a la realizaci�n de operaciones de cobertura. Los recursos se invertir�n en la
forma prevista para los dem�s recursos del Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales.
En los dem�s
aspectos no regulados en el presente t�tulo, la administraci�n de los recursos
de la subcuenta especial se regir� por lo previsto en el T�tulo 1 de esta Parte
4 del presente Decreto �nico.
(Art. 7 Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.8.
�Plan de aportes. El monto de los aportes a cargo de
las entidades garantizadas por la Naci�n se transferir� al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales de acuerdo con el plan de aportes que
para el efecto apruebe la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Para la
aprobaci�n del plan de aportes, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional tendr� en cuenta, entre otros factores, la situaci�n financiera
de la entidad garantizada, el plazo de la obligaci�n garantizada y las
necesidades de cobertura de la Naci�n frente a los pasivos contingentes a su
cargo.
(Art. 8� Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.9.
�Incremento o reducci�n de los aportes. La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber� realizar un seguimiento
peri�dico de los riesgos derivados de los pasivos contingentes de que trata el
presente t�tulo y podr� ordenar a las entidades el incremento de los aportes
cuando ello sea necesario para proteger adecuadamente a la Naci�n de las
p�rdidas probables que surjan de la obligaci�n garantizada.
La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional podr� autorizar la reducci�n de
los aportes a cargo de las entidades garantizadas en el evento previsto en el
inciso final del art�culo 2.4.2.5. del presente t�tulo.
(Art. 9� Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.10. �Valoraci�n
de pasivos contingentes. De conformidad con lo previsto en el art�culo
3 de la Ley 819 de 2003, los pasivos contingentes provenientes de las
operaciones de cr�dito p�blico cuyo perfeccionamiento se lleve a cabo con
posterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998, deber�n ser valorados en la
forma prevista en dicha ley y de acuerdo con las reglas del presente t�tulo. La
valoraci�n de estos pasivos deber� ser aprobada por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional.
Los pasivos
contingentes provenientes de operaciones de cr�dito p�blico perfeccionadas con
anterioridad a la vigencia de la Ley 448 de 1998 se valorar�n de acuerdo con
los par�metros establecidos por el Departamento Nacional de Planeaci�n.
(Art. 10� Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.2.11. �Metodolog�a de valoraci�n. La valoraci�n de los
pasivos contingentes de que trata el inciso 1 del art�culo anterior se
realizar� de acuerdo con la metodolog�a que expida la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Para efectos de
la valoraci�n de estos pasivos, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional tendr� en cuenta, entre otros criterios, los siguientes:
1. La calidad
crediticia de la entidad garantizada.
2. El r�cord
crediticio de la entidad garantizada en otras operaciones de garant�a.
3. Los
riesgos impl�citos de la operaci�n garantizada.
4. La
liquidez de las contragarant�as otorgadas.
(Art. 11� Decreto 3800 de 2005)
Art�culo 2.4.3.1.
Objeto. El presente t�tulo tiene por objeto establecer
el manejo fiscal y presupuestal por parte de la Naci�n en el marco de las
obligaciones condicionales que esta pueda asumir conforme a la autorizaci�n
contenida en el art�culo 70 de la Ley 1682 de 2013.
(Art. 1 Decreto 1955 de 2014)
Art�culo 2.4.3.2.
Autorizaci�n. Las obligaciones condicionales de
las que trata el art�culo 70 de la ley 1682 de 2013, que impliquen la
adquisici�n parcial o total de la participaci�n accionaria de los socios
estrat�gicos deber�n contar, previo a su asunci�n, �nicamente con aval fiscal
que confiera el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal-CONFIS. La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, con base en la informaci�n
disponible presentar� en el momento en que se solicite el aval fiscal al
CONFIS, un estimativo del monto que pueda corresponder para el eventual
cumplimiento de tal obligaci�n condicional.
(Art. 2 Decreto 1955 de 2014)
Art�culo 2.4.3.3.
Manejo presupuestal de las obligaciones condicionales.
En el evento que se active la obligaci�n condicional de adquirir parcial o
totalmente la participaci�n accionaria de los socios estrat�gicos, en los
t�rminos del art�culo 70 de la ley 1682 de 2013, el respectivo monto se
incluir� en la ley de Presupuesto General de la Naci�n de la vigencia fiscal
siguiente a aquella en que se active la obligaci�n condicional, que podr�
atenderse mediante el servicio de la deuda, o a trav�s de la emisi�n de bonos u
otros t�tulos de deuda p�blica, en condiciones de mercado de conformidad con el
r�gimen que sea aplicable
(Art. 3 Decreto 1955 de 2014)
(T�tulo
adicionado por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.1.
Pasivos Contingentes Judiciales. Para los efectos del
presente T�tulo, se entiende por pasivos contingentes Judiciales, las
obligaciones pecuniarias que surgen por las sentencias y conciliaciones
judiciales desfavorables de las Entidades Estatales a las que les aplica el
presente decreto.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.2.
�mbito de aplicaci�n. El presente T�tulo se aplica a las
Entidades Estatales que constituyen una secci�n del Presupuesto General de la
Naci�n y se aplica para los procesos judiciales cuya notificaci�n del auto
admisorio de la demanda se dio a partir del 10 de enero de 2019.
Par�grafo 1.
Los procesos judiciales que se encuentren notificados con anterioridad al 10 de
enero de 2019, continuar�n con el manejo presupuestal habitual que se ha venido
efectuando.
Par�grafo 2.
El presente T�tulo no se aplica a conciliaciones pre-judiciales, controversias
internacionales, acciones populares y acciones de grupo, las cuales seguir�n
rigi�ndose por las normas aplicables, en especial, por lo dispuesto en la Ley
472 de 1998.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.3.
Valoraci�n de los Pasivos Contingentes Judiciales. Las
p�rdidas probables anuales en que puedan incurrir las Entidades Estatales por
sentencias y conciliaciones judiciales, se estimar�n de acuerdo con la
metodolog�a de valoraci�n que expida la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo.
La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, cuando lo considere pertinente, actualizar� las metodolog�as
de valoraci�n de Pasivos Contingentes Judiciales y de Aportes al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales, con miras a mantenerlas en
consonancia con las necesidades reales de defensa judicial del Estado.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.4.
Aprobaci�n de la valoraci�n del Pasivo Contingente Judicial. Las
Entidades Estatales valorar�n su Pasivo Contingente Judicial y con base en
dicha valoraci�n determinar�n el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico aprobar� las valoraciones
de los pasivos contingentes judiciales.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.5.
Aprobaci�n del Plan de Aportes al Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales por concepto del Pasivo Contingente Judicial.
Las Entidades Estatales deber�n allegar el Plan de Aportes a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico para su aprobaci�n, para lo cual deber�n tener en cuenta la
metodolog�a determinada por dicha Direcci�n. Los montos de los aportes
aprobados se transferir�n al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.6.
Apropiaciones Presupuestales de los Aportes al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales. Las Entidades Estatales de
que trata el art�culo 2.4.4.2 de este T�tulo, deber�n apropiar en su
presupuesto anual, en el rubro de Servicio de la Deuda, las partidas necesarias
para dar cumplimiento al Plan de Aportes aprobado por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.7.
Aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales.
Las Entidades Estatales deber�n realizar anualmente los aportes al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales por procesos judiciales, en
concordancia con el Plan de Aportes aprobado por la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Los aportes se entender�n ejecutados una vez sean transferidos al Fondo de
conformidad con lo previsto en el art�culo 4 o de la Ley 448 de 1998 o las
normas que la complementen, modifiquen o sustituyan.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.8.
Administraci�n de los Aportes. Los aportes de las
Entidades Estatales sujetas al presente T�tulo se administrar�n de acuerdo con
los t�rminos de que trata la Ley 448 de 1998, o las normas que la complementen,
modifiquen o sustituyan. Para estos efectos, el administrador del Fondo de
Contingencias crear� una subcuenta denominada "Procesos Judiciales"
en la cual se llevar� control separado por Entidad Estatal aportante.
En los dem�s
aspectos no regulados en el presente Titulo, la administraci�n de los recursos
se regir� por lo previsto en el T�tulo 1 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto
1068 de 2015.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.9.
Obligaci�n de mantener los Aportes realizados en el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales. Dados los altos niveles de
riesgo a los que las Entidades Estatales est�n expuestas por procesos
judiciales en su contra, y con el fin de preservar los objetivos del Fondo y
que las Entidades Estatales mantengan su solvencia financiera y presupuestal
que sustente su capacidad de pago, los aportes efectuados deber�n mantenerse en
la subcuenta "Procesos Judiciales" del Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales, con el fin de poder atender oportuna y permanentemente las
contingencias actuales y futuras provenientes de procesos judiciales.
La Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico podr� autorizar la reducci�n del Plan de Aportes a cargo de las
Entidades Estatales, cuando el valor total de los aportes efectuados sea igualo
superior al total de sus contingencias por procesos judiciales.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.10. De
la existencia de recursos en el Fondo de Contingencias de las Entidades
Estatales o en otros mecanismos de ahorro. Si las Entidades Estatales
han constituido alg�n mecanismo de ahorro con el objeto de cubrir las
contingencias derivadas por procesos judiciales, podr�n destinar esos recursos
a la subcuenta "Procesos Judiciales", con el fin de dar cumplimiento
a los Planes de Aportes que requieran ejecutar seg�n lo dispuesto en este
T�tulo.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.11. Inversi�n
de los recursos. Los recursos administrados por el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales en virtud de lo se�alado en el
presente T�tulo ser�n invertidos en dep�sitos remunerados administrados por la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.12. De
los rendimientos y costos de administraci�n. Los rendimientos que
genere la inversi�n de los recursos procedentes de los Aportes de las Entidades
Estatales se destinar�n, en primer t�rmino, a cubrir los costos en los que se
hayan incurrido por su administraci�n, y su remanente ser� abonado a cada Entidad
Estatal en la subcuenta "Procesos Judiciales", en proporci�n directa
al monto de sus aportes.
Par�grafo.
En ning�n caso, podr� exigirse de las entidades aportantes la transferencia de
suma alguna con destino al administrador por concepto de costos de
administraci�n.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.13. Del
registro de los Aportes. El administrador del Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales llevar� un registro de los Planes de Aportes con el
prop�sito de requerir a las Entidades Estatales el giro correspondiente en los
montos y fechas previstas.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.14. Reconocimiento
de la contingencia. Para el desembolso de los recursos, la Entidad
Estatal aportante deber� remitir al administrador del Fondo de Contingencias de
las Entidades Estatales, la resoluci�n ejecutoriada mediante la cual se
reconoce la suma de dinero declarada en la sentencia judicial o en el auto que
apruebe la conciliaci�n judicial y los intereses a pagar si los hubiere, junto
con la documentaci�n que respalde la solicitud de desembolso de recursos.
La resoluci�n
emitida por el funcionario competente de la Entidad Estatal se expedir� con
fundamento en el auto que apruebe la conciliaci�n judicial o en la sentencia
que imponga el pago de una suma de dinero, la cual deber� encontrarse
debidamente ejecutoriada.
Par�grafo 1.
La Entidad Estatal correspondiente ser� responsable por la veracidad de la
informaci�n que suministren al administrador del Fondo al momento de solicitar
el desembolso, as� como de la autenticidad del acto debidamente motivado que
declara la ocurrencia de la contingencia y la de los documentos que acompa�en
la solicitud de desembolso.
Par�grafo 2.
En aquellos eventos en que la providencia que imponga la condena o apruebe la
conciliaci�n judicial no disponga la liquidaci�n por tratarse de una condena en
abstracto, la Entidad Estatal allegar� al administrador del Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales, notificaci�n sobre la condena en
contra, cuya contingencia fue provisionada, en el plazo m�ximo de diez (10)
d�as h�biles contados a partir de la notificaci�n de la providencia. Una vez se
obtenga la liquidaci�n de la condena en abstracto, la Entidad Estatal allegar�
al administrador del Fondo dicha liquidaci�n junto con la respectiva resoluci�n
ejecutoriada emitida por el funcionario competente de la Entidad Estatal,
mediante la cual se reconoce la suma de dinero que se imponga en la
liquidaci�n.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.15. Desembolsos.
Los desembolsos consecuencia de la activaci�n de la contingencia ser�n hasta
por el monto de los aportes y los rendimientos de los recursos existentes en la
subcuenta "Procesos Judiciales" del Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales, que la correspondiente Entidad Estatal haya aportado. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, mediante acto administrativo de car�cter general,
determinar� el procedimiento operativo para el giro efectivo de los recursos.
Par�grafo 1.
Cuando los recursos de cada Entidad Estatal aportante existentes en la
subcuenta "Procesos Judiciales" del Fondo sean insuficientes para el
pago de sus obligaciones contingentes, se efectuar� el pago parcial hasta por
la totalidad de los aportes de cada Entidad Estatal aportante. En consecuencia,
cada Entidad Estatal tendr� la responsabilidad de procurar los recursos
necesarios para atender el saldo de la obligaci�n que no alcanza a ser cubierto
con recursos del Fondo, mediante el uso de otros mecanismos presupuestales.
Par�grafo 2.
Los pagos realizados por el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales
provenientes de la subcuenta "Procesos Judiciales", en nombre de las
correspondientes Entidades, a los beneficiarios de las sentencias y
conciliaciones judiciales ejecutoriadas en contra de ellas, no constituir�n una
afectaci�n presupuestal de gasto para las Entidades Estatales, y solo deber�n
realizar los registros contables a los que haya lugar.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.16. Obligaciones
de pagos solidarios y/o conjuntos en los procesos judiciales. En aquellos
procesos judiciales donde dos o m�s Entidades Estatales sean notificadas del
Auto Admisorio de la demanda, cada una de ellas como secci�n presupuestal
deber� estructurar el correspondiente Plan de Aportes.
Si la sentencia
ejecutoriada proferida determina el monto exacto de la obligaci�n dineraria
impuesta a cada una de ellas, o el porcentaje respectivo, o la forma en que
debe liquidarse, de tal manera que permita el pago individual e independiente
por cada una de ellas, la Entidad Estatal deber� tramitar ante el Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales el desembolso de los recursos
correspondientes dentro de los siguientes diez (10) d�as h�biles a la
notificaci�n de la respectiva sentencia o conciliaci�n judicial, de acuerdo con
lo previsto en el art�culo 195 de la Ley 1437 de 2011.
Si la sentencia
ejecutoriada determina que, entre las Entidades Estatales condenadas al pago de
obligaciones dinerarias determinadas para cada una de ellas, el beneficiario
pueda exigir el pago de la totalidad de las mismas a cualquiera de dichas
entidades; la Entidad Estatal que realice el pago deber� obtener el reembolso
de las cifras canceladas por parte de las entidades respectivas, con tal fin
ser� obligatorio que las Entidades Estatales act�en coordinadamente, de tal
manera que la Entidad Estatal que realice el pago en virtud de la solidaridad,
obtenga el reembolso que le corresponda.
Para el efecto,
las Entidades Estatales aportantes deben presentarle al administrador del
Fondo, un documento por medio del cual indican el consenso de pagos en la
proporci�n que le corresponda, indicando el monto de los Aportes a trasladar a
la subcuenta de la Entidad Estatal.
Par�grafo:
Las Entidades Estatales aportantes podr�n solicitar al administrador del Fondo
el traslado de recursos entre subcuentas en caso de que una de estas realice el
pago de forma solidaria o conjunta, en proporci�n mayor a la que le
corresponde. Esto proceder�, seg�n instrucci�n de las Entidades Estatales y con
el debido acto administrativo de pago ejecutoriado.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.4.4.17. Titularidad
del cobro. La entrega de recursos por concepto del desembolso para el
pago de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas en contra
de las Entidades Estatales, solamente podr� solicitarse por el funcionario
competente de la Entidad Estatal siguiendo el tr�mite se�alado anteriormente.
Los
beneficiarios de las conciliaciones judiciales y las sentencias ejecutoriadas
de Entidades Estatales aportantes, no podr�n reclamar directamente al
administrador del Fondo de Contingencias de Entidades Estatales. Todas las
acciones relacionadas con dichas obligaciones deber�n ejercerse ante la respectiva
Entidad Estatal aportante.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1266 de 2020)
Art�culo 2.5.1.1.1.
Transferencia de patrimonio hist�rico y
cultural en procesos de enajenaci�n de propiedad accionaria. En desarrollo de lo dispuesto por el art�culo 13 de la Ley 226 de 1995
y de conformidad con los decretos que aprueban los programas de enajenaci�n de
la propiedad accionaria estatal de las diferentes entidades, se deber�
transferir a favor de la Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el
derecho de propiedad sobre todas las obras de arte y dem�s bienes relacionados
con el patrimonio hist�rico y cultural que a la fecha de enajenaci�n de las
respectivas participaciones estatales, eran propiedad de las entidades objeto
de dichos procesos y que no hayan sido objeto de declaratoria de bien de
inter�s cultural, por parte del Ministerio de Cultura. En los casos en que
dichos bienes ya hayan sido declarados bienes de inter�s cultural las entidades
deber�n transferirlos directamente al Ministerio de Cultura, debiendo informar
de dicha trasferencia al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 1 Decreto
4649 de 2006 modificado por el Art 1 del Decreto
88 de 2008)
Art�culo 2.5.1.1.2.
Plazo.
Dentro de los 30 d�as h�biles siguientes a la enajenaci�n de la propiedad
accionaria estatal, la entidad objeto del proceso de enajenaci�n deber� remitir
al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la totalidad de las obras de arte y
dem�s bienes relacionados con el patrimonio hist�rico y cultural de propiedad
de dicha entidad. La entrega se deber� acompa�ar de una relaci�n que deber�
contener como m�nimo:
a)
Aval�o de las obras de arte;
b)
Certificado de originalidad, si procede;
c)
Informe acerca del estado y ubicaci�n de las obras
de arte, y dem�s documentos que garanticen una recepci�n id�nea y oportuna.
El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, al momento de recibir las obras de
arte y dem�s bienes relacionados con el patrimonio hist�rico y cultural deber�
verificar la informaci�n de que trata el presente art�culo, surtido lo cual,
deber� suscribir la correspondiente acta de recepci�n.
Par�grafo. Respecto de los procesos de
enajenaci�n de la propiedad accionaria estatal que a 27 de diciembre de 2006
hubiesen finalizado, las entidades p�blicas titulares de las participaciones
objeto de dichos procesos, coordinar�n con el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico la entrega de obras de arte y dem�s bienes relacionados con el
patrimonio hist�rico y cultural.
(Art. 2 Decreto
4649 de 2006)
Art�culo 2.5.1.1.3.
Competencia.
Es competencia exclusiva del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en su
calidad de coordinador de los procesos de enajenaci�n de activos y propiedad
accionaria de la Naci�n, una vez recibidas las obras de arte y dem�s bienes relacionados
con el patrimonio hist�rico y cultural propiedad de las entidades objeto de
estos procesos realizar ante el Ministerio de Cultura los tr�mites a que haya
lugar de conformidad con lo dispuesto por la Ley 397 de 1997.
El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en ejercicio de la competencia a que
alude el presente art�culo ser� el encargado de ordenar mediante resoluci�n la
entrega de las obras de arte y dem�s bienes relacionados con el patrimonio
hist�rico y cultural a otras entidades o de suscribir los convenios o contratos
necesarios para disponer sobre la administraci�n, custodia y uso de dichos
bienes, cuando a ello haya lugar, y previa la autorizaci�n del Ministerio de la
Cultura, en los casos previstos por la ley.
(Art. 3 Decreto
4649 de 2006)
Art�culo 2.5.1.2.1.
Adquisici�n de acciones por parte de
trabajadores y extrabajadores. Cuando el Estado enajene la propiedad accionaria de que trata el
art�culo 1 de la Ley 226 de 1995, los trabajadores y extrabajadores
destinatarios de las condiciones especiales a que se refiere la citada ley,
podr�n adquirir acciones utilizando, entre otros recursos, las cesant�as
disponibles que tengan acumuladas, conforme a lo previsto en el presente
cap�tulo.
(Art. 1 Decreto
1171 de 1996)
Art�culo 2.5.1.2.2.
Condiciones especiales para el
destinatario. El
trabajador o extrabajador destinatario de las condiciones especiales, por lo
menos quince (15) d�as calendario antes de la fecha de vencimiento del plazo de
la correspondiente oferta, deber� manifestar por escrito al empleador o a la
entidad administradora de sus cesant�as, seg�n el caso, su intenci�n de
adquirir acciones en desarrollo de un programa de enajenaci�n de propiedad
accionaria del Estado, se�alando el monto de las cesant�as que pretende
comprometer para este fin.
(Art 2. Decreto
1171 de 1996)
Art�culo 2.5.1.2.3.
Giro de cesant�as. Adjudicadas las acciones, el trabajador o
extrabajador, proceder� de inmediato a solicitar al empleador o a la entidad
encargada del manejo de sus cesant�as, que gire directamente a la entidad
vendedora o al comisionista de bolsa, seg�n el caso, el valor de las cesant�as
que corresponda para el efecto, anexando el respectivo comprobante de
adjudicaci�n.
�El empleador o la entidad administradora de cesant�as, en forma
inmediata girar� directamente a la entidad vendedora o al comisionista de
bolsa, seg�n el caso, el valor autorizado por el beneficiario de la
adjudicaci�n de acciones, so pena de asumir las responsabilidades contractuales
y extracontractuales que puedan derivarse de su incumplimiento.
(Art. 3 Decreto
1171 de 1996)
Art�culo 2.5.1.2.4.
Control y vigilancia. Las autoridades competentes ser�n las
encargadas de ejercer el control y vigilancia sobre los empleadores y las
entidades encargadas del manejo de las cesant�as, en relaci�n con el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este cap�tulo.
Lo anterior sin perjuicio de las funciones de inspecci�n y vigilancia
que ejercen las entidades competentes sobre los fondos privados de cesant�as.
(Art. 4 Decreto
1171 de 1996)
Art�culo 2.5.2.1.
Definiciones.
1.
Activos inmobiliarios. Son todos los inmuebles de propiedad de la
entidad p�blica. Para efectos del presente decreto se entiende por activos
inmobiliarios el derecho proindiviso o cuota de entidades p�blicas sobre bienes
inmuebles, as� como derechos fiduciarios en fideicomisos que tienen como
bien(es) fideicomitido(s) inmuebles.
2.
Bienes inmuebles requeridos para el ejercicio
sus funciones: Aquellos Activos Inmobiliarios
propiedad de las entidades p�blicas que cumplan con una o varias de las
siguientes condiciones:
i) Que actualmente se est�n utilizando por la entidad p�blica;
ii) Que hagan parte de proyectos de Asociaci�n P�blico Privada de los que
tarta� el art�culo 233 de la Ley 1450 de 2011;
iii) Que hagan parte de proyectos de inversi�n p�blica relacionados con
las funciones de la entidad p�blica propietaria y cuenten con autorizaciones para
comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias o extraordinarias.
3.
CISA. Es el Colector de
Activos P�blicos, Central de Inversiones S.A. -CISA, sociedad comercial de
econom�a mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, de naturaleza �nica, sujeta en la celebraci�n de todos sus
actos y contratos, al r�gimen de derecho privado, encargada de contribuir a la
adecuada gesti�n de activos estatales.
4.
Gastos administrativos de los Activos
Inmobiliarios: Son todos aquellos gastos derivados de
servicios p�blicos, cuotas de administraci�n, impuestos, tasas y
contribuciones, seguros, aval�os o cualquier otro gasto relacionado con los
Activos Inmobiliarios; as� como todos aquellos que se requieran para la
obtenci�n de los paz y salvos pertinentes que permitan la escrituraci�n y
registro; y los derivados de la custodia, defensa, promoci�n y enajenaci�n de
los activos recibidos por CISA.
Dichos gastos administrativos podr�n corresponder tanto a per�odos
causados con anterioridad a la fecha de recibo del inmueble por parte de CISA,
como a per�odos posteriores.
5.
Modelo de Valoraci�n: Es
una herramienta t�cnica utilizada por CISA, que incorpora metodolog�as
matem�ticas, financieras y/o estad�sticas, cual es aprobada por la Junta
Directiva de CISA y arroja el precio al cual las entidades p�blicas deben
vender a CISA los diferentes activos. Igualmente, el Modelo de Valoraci�n,
junto con las pol�ticas definidas por la Junta Directiva de CISA, arroja el precio
al cual �sta comercializa a terceros los activos adquiridos en desarrollo de su
objeto social.
6.
Sistema de Informaci�n de Gesti�n de Activos
-SIGA: El Sistema de Informaci�n de Gesti�n de Activos
-SIGA es la �nica herramienta de informaci�n de activos del Estado, en la cual
se consolidan las caracter�sticas generales, t�cnicas, administrativas y
jur�dicas de los mismos.
7.
Venta de Cartera: Venta
de cartera que se hace a CISA por una entidad u organismo p�blico, mediante
contrato interadministrativo de compraventa o por parte de un patrimonio
aut�nomo de remanentes de entidades p�blicas liquidadas.
8.
Cartera Vencida: Es
aquella que presente 180 d�as o m�s:
i) De
vencido el plazo para el pago total o de alguno de sus instalamentos; o
ii) De
la ejecutoria del acto administrativo sancionatorio que dio origen a la
cartera, contados a partir del d�a siguiente de la fecha de su vencimiento.
De conformidad con lo establecido en el par�grafo 4 del art�culo 163 de
la Ley 1753 de 2015, las entidades p�blicas podr�n realizar la depuraci�n
definitiva de los saldos contables, en los eventos en que la cartera sea de
imposible recaudo por la prescripci�n o caducidad de la acci�n, por la p�rdida
de fuerza ejecutoria del acto administrativo que le dio origen o por la
inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada y por tanto no sea
posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relaci�n costo-beneficio
al realizar su cobro no resulta eficiente. En todos los casos se debe realizar
un informe detallado de las causales por las cuales se depura.
9.
Administraci�n de Cartera Vencida: Es el desarrollo de las actividades orientadas a la evaluaci�n,
seguimiento, control de la cartera, cobro pre jur�dico y jur�dico, y en general
el desarrollo de las gestiones conducentes a la obtenci�n del pago.
10.
Cartera de Naturaleza Coactiva: Es aquella sobre la cual se ha iniciado proceso de cobro coactivo y se
ha proferido el respectivo mandamiento de pago.
11.
Administraci�n de Cartera de Naturaleza
Coactiva: Es el desarrollo de las actividades
orientadas a apoyar la gesti�n del cobro administrativo coactivo mediante la
sustanciaci�n de las etapas procesales del mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el Estatuto Tributario, en el C�digo General del Proceso y en el
C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
INFORMACI�N DE ACTIVOS DEL ESTADO
Art�culo 2.5.2.1.1.
Administraci�n del Sistema de Informaci�n
de Gesti�n de Activos (SIGA). En su calidad de
colector de activos p�blicos y coordinador de la gesti�n de activos del Estado,
CISA, continuar� con el desarrollo, administraci�n y mantenimiento del Sistema
de Gesti�n de Activos -SIGA, con el fin de contribuir a la normalizaci�n o
monetizaci�n de los activos p�blicos.
De tal forma CISA seguir� teniendo a su cargo la administraci�n,
mantenimiento y expansi�n del SIGA, as� como la consolidaci�n del inventario
total de los activos del Estado, incluyendo aquellos que respaldan pasivo
pensional y cuya gesti�n se desarrolle en disposiciones complementarias al
presente t�tulo.
Par�grafo. CISA podr� desarrollar todas las
actividades que permitan la integraci�n del SIGA con otros sistemas de informaci�n
p�blica que puedan llegar a contribuir, directa o indirectamente, con el aseguramiento
de la calidad de los datos sobre activos del Estado. Con la finalidad de
asegurar la calidad de los datos reportados en el SIGA, las entidades p�blicas
que administren informaci�n de activos p�blicos deber�n facilitar los procesos
de interoperabilidad y acceso masivo a la informaci�n a CISA.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.1.2.
Reporte de informaci�n. Para los fines previstos en el art�culo anterior, todas las entidades
p�blicas del orden nacional, territorial y los �rganos aut�nomos e
independientes, cualquiera sea su naturaleza, incluidas las de naturaleza mixta
con o sin �nimo de lucro, as� como cualquier entidad, unidad o dependencia
productora de informaci�n que se caracterice por ser unidad jur�dica y/o
administrativa y/o econ�mica, que desarrolle funciones de cometido estatal y
controlen, administren, manejen o de cualquier forma tengan a su cargo recursos
p�blicos deber�n registrarse, reportar y/o actualizar, seg�n el caso, la
informaci�n general, t�cnica, administrativa y jur�dica sobre todos sus activos
al SIGA, incluyendo los que hayan recibido de entidades en liquidaci�n y est�n afectos
al pasivo pensional, bajo los est�ndares, tiempos y frecuencias establecidos
por el administrador del Sistema.
La informaci�n deber� actualizarse una vez se presente un hecho o una
situaci�n jur�dica que modifique de cualquier forma los datos reportados.
Igualmente, cada vez que una entidad a las que hace referencia el presente
art�culo adquiera un activo fijo inmobiliario deber� reportarlo al SIGA a
partir de la fecha de inscripci�n del acto de adquisici�n en el registro de
instrumentos p�blicos.
Las entidades p�blicas deber�n reportar los activos en el momento en
que los adquieran.
CISA definir� y divulgar� los procedimientos, tiempos y frecuencias
para el reporte y actualizaci�n de la informaci�n de activos en el SIGA. En ese
mismo sentido, los representantes legales de cada entidad obligada a reportar y
los funcionarios autorizados por �ste para el reporte de datos ser�n
responsables del cumplimiento del reporte bajo los est�ndares definidos y de la
pertinencia, exactitud, oportunidad,
accesibilidad, interpretabilidad, coherencia, integridad y consistencia de los
datos suministrados.
Par�grafo. Las entidades cabeza de sector,
dentro del l�mite de sus competencias, deber�n velar porque las entidades
adscritas o vinculadas cumplan con la obligaci�n contenida en el presente
art�culo, a�n en el caso de que estas se encuentren en proceso de liquidaci�n.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.1.3.
Garant�a de la calidad de la informaci�n. Los representantes de las entidades p�blicas obligadas a reportar la informaci�n,
deber�n garantizar la oportunidad de los reportes, al igual que la idoneidad
del personal responsable del reporte, para cuyo efecto deber� registrarse en el
SIGA cualquier cambio o novedad del personal autorizado por la entidad para el
registro, reporte y/o actualizaci�n de la informaci�n en el Sistema.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.1.4.
Condiciones de la informaci�n. Las entidades p�blicas obligadas a reportar la informaci�n, deber�n
registrar en el SIGA la informaci�n correspondiente a los indicadores
establecidos por CISA que permitan medir la eficiencia en la gesti�n de los
activos fijos inmobiliarios.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
VENTA DE CARTERA A CISA
Art�culo 2.5.2.2.1.
Modelo de valoraci�n de cartera. Las condiciones incluidas en el Modelo de Valoraci�n de Cartera para
la fijaci�n del precio de la cartera a adquirir, ser�n las siguientes:
1. La construcci�n del flujo de caja de las obligaciones, seg�n las
condiciones actuales de la misma, tales como la existencia y cubrimiento de las
garant�as, edad de mora, la etapa procesal en caso de que est� judicializada,
contingencia procesal, posibilidad de prescripci�n de la obligaci�n o de
caducidad de la acci�n, gastos administrativos, extrajudiciales y judiciales y
de gesti�n asociados a la cobranza de la cartera a futuro, entre otros.
2. La estimaci�n de la tasa de descuento del flujo en funci�n de los
ingresos, costos y gastos asociados a la cartera, incluyendo adem�s los
factores de riesgo inherentes al deudor, a la(s) garant�a(s) que ampara(n) la
cartera ya la operaci�n, que puedan afectar el pago normal de las obligaciones.
3. El precio m�ximo ser� el valor presente neto (VPN) del flujo, teniendo
en cuenta la tasa de descuento.
4. Las dem�s consideraciones aceptadas para este tipo de operaciones.
Par�grafo. En la medida en que la valoraci�n
parte de la informaci�n entregada por las entidades p�blicas, el resultado
obtenido podr� ser ajustado conforme a las condiciones fijadas en el contrato
interadministrativo o en el acta de entrega, seg�n sea el caso.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.2.2.
Forma de pago. El valor arrojado por el Modelo de valoraci�n se reflejar� en el
contrato interadministrativo o en el acta de entrega que se suscriba para la
adquisici�n y ser� girado en los plazos fijados por CISA, atendiendo sus
disponibilidades de caja, as�:
1. Al Tesoro Nacional, en el caso de las entidades que hacen parte del
presupuesto nacional; y
2. Directamente a los patrimonios aut�nomos de remanentes y a las
entidades pertenecientes al sector descentralizado del nivel nacional cobijados
por lo dispuesto en el art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011, as� como los fondos
especiales cuya ley de creaci�n incluyan ingresos de capital por venta de bienes
propios de las entidades a las que est�n adscritos como fuente de recursos.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.2.3.
Administraci�n de Cartera no Vencida y de
Cartera de Naturaleza Coactiva: La Cartera no
Vencida y la Cartera de Naturaleza Coactiva podr� ser administrada por CISA,
para lo cual habr� de celebrarse el correspondiente contrato
interadministrativo en el cual se establecer�n las obligaciones de las partes y
las comisiones que cobrar� CISA por dicha gesti�n.
El valor de la comisi�n que cobrar� CISA por la administraci�n de esta
cartera podr� tener un componente fijo y/o uno variable y podr� ser descontado
por CISA de los recursos que ingresen por la administraci�n.
La administraci�n de cartera comprender� las actividades tendientes a
su gesti�n y cobro.
Par�grafo: La Cartera no Vencida tambi�n podr�
ser adquirida por CISA, de acuerdo con su Modelo de Valoraci�n y atendiendo
para el efecto los procedimientos y reglas establecidas en los art�culos
anteriores.
(Art. 1 Decreto
1778 de 2016)
VENTA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS A CISA
Art�culo 2.5.2.3.1.
Venta de Activos Inmobiliarios no
requeridos para el ejercicio de funciones. En
cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 163 de la Ley 1753 de 2015,
modificatorio del art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011, las entidades p�blicas
del orden nacional deber�n vender a CISA todos aquellos Activos Inmobiliarios
que no requieran para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, con excepci�n
de las entidades financieras de car�cter estatal, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las Sociedades de Econom�a Mixta y las entidades en
liquidaci�n.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.2.
Excepciones a la obligaci�n de venta de
inmuebles a CISA: Se except�an de la obligaci�n de
venta a CISA consagrada en el art�culo 163 de la Ley 1753 de 2015,
modificatorio del art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011, aquellos activos
inmobiliarios que, si bien no son requeridos por las entidades p�blicas del
orden nacional para el ejercicio de sus funciones, presentan una o varias de
las siguientes condiciones:
1. No existen f�sicamente, o no tienen identificaci�n registral y
catastral.
2. Sean de uso o espacio p�blico.
3. Los que tengan alg�n gravamen o limitaci�n que impida su enajenaci�n o
aquellos respecto de los cuales la entidad no tenga la posesi�n y/o la misma se
encuentre en discusi�n.
4. Pesen sobre ellos condiciones resolutorias de dominio vigentes o
procesos de cualquier tipo en contra de la entidad p�blica propietaria o �sta
hubiere iniciado alg�n proceso.
5. Est�n ubicados en zonas declaradas de alto riesgo identificadas en el
respectivo Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo
desarrollen y complementen, o en aquellas definidas por estudios geot�cnicos
que en cualquier momento adopte la correspondiente Administraci�n Municipal,
Distrital o el Departamento Archipi�lago de San Andr�s, Providencia y Santa
Catalina.
6. Est�n ubicados en zonas de cantera que hayan sufrido grave deterioro
f�sico.
7. Tengan diferencias de �reas entre los t�tulos y la informaci�n
catastral del inmueble.
8. Se encuentren incluidos en los planes de ordenamiento territorial como
zona de protecci�n forestal, parques, zonas verdes o conservaci�n ambiental,
resguardos o zonas de asentamientos de comunidades protegidas.
9. Hayan sido declarados de Inter�s Cultural, conforme a la Ley 1185 de 2008.
10. Aquellos cuyo valor de compra resulte ser cero (0) o negativo, conforme
al Modelo de valoraci�n de CISA.
11. Se trate de inmuebles que se enmarquen en las condiciones establecidas
en los art�culos 1 y 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el art�culo 2 de
la Ley 1001 de 2005.
12. Se trate de inmuebles a cargo del Fondo para la Rehabilitaci�n,
Inversi�n Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO) o de inmuebles especiales
a cargo de la Sociedad de Activos Especiales SAE.
13. Amparen pasivos pensionales.
14. Inmuebles localizados en el exterior.
15. Se trate de activos inmobiliarios con destinaci�n espec�fica y que
est�n cumpliendo con tal destinaci�n.
Lo
anterior de conformidad con la normativa aplicable en cada caso.
Par�grafo: En los eventos previstos en los
numerales 3,4, Y 7 del presente art�culo CISA podr� tomar la decisi�n de
adquirir los Activos Inmobiliarios para adelantar el proceso de saneamiento a
que haya lugar, para proceder posteriormente, a su enajenaci�n de conformidad
con los procedimientos establecidos para el efecto.
(Art. 1 Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.3.
Listado de bienes inmuebles susceptibles
de enajenaci�n a CISA: Las entidades p�blicas del
orden nacional a las que hace referencia el art�culo 163 de la ley 1753 de
2015, deber�n elaborar un listado de bienes inmuebles que no requieran para el
ejercicio de sus funciones. Este listado deber� incluir la identificaci�n de
los inmuebles y las fechas programadas para realizar la venta a CISA.
El
modelo para la elaboraci�n del listado de bienes inmuebles susceptibles de
enajenaci�n se encontrar� en el Sistema de Gesti�n de Activos - SIGA. Este
listado debe publicarse por las entidades en el SIGA a m�s tardar el 31 de
enero de cada vigencia fiscal.
Par�grafo. Las entidades deber�n modificar el
listado de bienes susceptibles de enajenaci�n, dentro de los primeros cinco (5)
d�as de cada trimestre en el evento en que sea necesario incluir inmuebles que ya
no se requieran para el ejercicio de sus funciones.
(Art. 1 Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.4.
Aval�o comercial. En todos los casos, para realizar la venta a CISA, las entidades deben
contar con el aval�o comercial del inmueble realizado por el Instituto
Geogr�fico Agust�n Codazzi o por Lonjas de Inmuebles o Avaluadores que est�n
inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores en los t�rminos de la Ley 1673
de 2013. Estos aval�os deben tener una vigencia m�xima de un a�o. No obstante,
en el evento en que el aval�o se encuentre vencido, las partes podr�n suscribir
la correspondiente transferencia y acordar una cl�usula de reajuste del precio,
una vez se obtenga el nuevo aval�o.
(Art. 1 Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.5.
Precio y Forma de Pago. Tomando como base el valor del aval�o comercial, CISA realizar� el
an�lisis del inmueble seg�n criterios t�cnicos, jur�dicos y comerciales de
acuerdo a su Modelo de Valoraci�n, y fijar� el precio de compra del inmueble.
Esta metodolog�a, junto con sus pol�ticas y procedimientos ser� aplicable
igualmente por CISA en el proceso de enajenaci�n de los inmuebles a terceros en
desarrollo de su actividad de movilizaci�n de los activos.
Par�grafo 1�. CISA pagar� el precio en los
plazos que se establezcan en el correspondiente contrato interadministrativo,
los cuales se pactar�n atendiendo las disponibilidades de caja de CISA.
Par�grafo 2�. La entidad propietaria de un
activo inmobiliario podr� autorizar al Colector de Activos P�blicos para
contratar el aval�o y que se descuente su costo del precio de venta, sin
perjuicio de que sea cancelado directamente por la Entidad P�blica.
(Art. 1 Decreto
1778 de 2016)
SECCI�N
1. Administraci�n y Comercializaci�n de Inmuebles No
Saneados o Excluidos
Art�culo 2.5.2.3.1.1.
Comercializaci�n y Administraci�n de
Inmuebles. Las entidades p�blicas podr�n contratar
los servicios del Colector de Activos P�blicos para que �ste realice la
comercializaci�n, administraci�n o saneamiento de los Activos Inmobiliarios que
no sean comprados por CISA. El Contrato Interadministrativo suscrito entre CISA
y la entidad p�blica definir� el alcance de las labores de administraci�n y/o
comercializaci�n seg�n las necesidades de la entidad estatal y bajo las
pol�ticas y procedimientos del Colector, cobrando por este servicio una
comisi�n o tarifa.
Para estimar el valor de las comisiones y tarifas, CISA tendr� en
cuenta las condiciones y actividades necesarias para desarrollar dicha labor y
sus costos. La comisi�n podr� tener un componente fijo y/o uno variable.
Las comisiones y/o tarifas por las labores de administraci�n y
comercializaci�n y en general los Gastos Administrativos de los Activos
Inmobiliarios podr�n ser descontados por el Colector de Activos P�blicos de los
recursos que perciba por dicha gesti�n y/o de los frutos recibidos durante la
administraci�n o de los valores recibidos de la venta. Si se determina que los
frutos o recursos a percibir por la administraci�n de los inmuebles no son
suficientes para cubrir las comisiones de CISA o los Gastos Administrativos,
�sta informar� a la entidad antes de la suscripci�n del contrato, para que la
misma surta los tr�mites para la expedici�n de la disponibilidad presupuestal
correspondiente.
Par�grafo 1�. CISA podr� adquirir de
particulares o incluso de entidades p�blicas, inmuebles que sean requeridos por
entidades p�blicas como sedes administrativas, para el ejercicio de sus
funciones o para mejorar la gesti�n de los activos inmobiliarios de dichas
entidades p�blicas, mediante la generaci�n de valor por la rentabilidad y el
�ptimo aprovechamiento de los mismos. Las entidades p�blicas deber�n vender a
CISA la propiedad de las sedes antiguas que no sean requeridas por la entidad
para el ejercicio de sus funciones.
Par�grafo 2�. CISA tambi�n podr� adquirir
bienes inmuebles cuya titularidad sea de particulares o de entidades p�blicas,
para entregarlos a t�tulo de arrendamiento a las entidades p�blicas que lo
requieran para el ejercicio de sus funciones. CISA fijar� el canon de arrendamiento
de acuerdo con sus pol�ticas comerciales.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.1.2.
Transferencia de inmuebles recibidos
en desarrollo del art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011. CISA podr� enajenar los inmuebles que le hubieren transferido las
entidades p�blicas en desarrollo de lo dispuesto en el art�culo 238 de la Ley
1450 de 2011 y del art�culo 26 de la Ley 1420 de 2010 y que a la fecha de
expedici�n de la Ley 1753 de 2015 no hubieren sido enajenados por CISA,
siguiendo para el efecto su modelo de valoraci�n y sus pol�ticas y
procedimientos.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.3.2.1.
Transferencia de recursos producto de la
enajenaci�n que realice CISA. El Colector de
Activos P�blicos (CISA) girar� al final de cada ejercicio a la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, el resultado neto derivado de las ventas a los terceros, de
los inmuebles que haya recibido a t�tulo gratuito en el marco de las Leyes 1420
de 2010 y 1450 de 2011.
El valor a girar corresponder� al producto de la venta del bien
inmueble al tercero, previo descuento de:
i) Una comisi�n del 29.85% sobre el valor de la venta;
ii) Los gastos administrativos definidos en el numeral 4� del art�culo 2.5.2.1
del presente t�tulo, asumidos por CISA.
iii) Aquellos gastos asumidos por el colector de activos de inmuebles
posteriormente revocados;
iv) Gastos asumidos a partir de las resoluciones de transferencia hasta
la entrega del inmueble, incluyendo aquellos generados en vigencias anteriores.
En el evento en que CISA incurra en otros gastos como saneamientos
t�cnicos y/o jur�dicos cuya duraci�n sea superior o igual a 12 meses a partir de
la entrega del bien de la entidad p�blica tradente a CISA, esta �ltima,
adicionalmente, descontar� dichos gastos del valor final de venta del bien.
Par�grafo. En aquellos eventos en que los
inmuebles transferidos gratuitamente al Colector de Activos P�blicos (CISA), en
virtud de la aplicaci�n del art�culo 238 de la Ley 1450 de 2011, est�n
produciendo frutos, y estos sean percibidos por CISA, el valor de estos, al
igual que los rendimientos, intereses y dem�s valores derivados de los mismos ser�n
descontados del valor de la comisi�n de que trata el presente art�culo.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
PLANES DE ENAJENACI�N ONEROSA
Art�culo 2.5.2.4.1.
Planes de enajenaci�n onerosa. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los �rganos
Aut�nomos e Independientes del orden nacional, deber�n adoptar sus planes de
enajenaci�n onerosa de conformidad con lo establecido en la Ley 708 de 2001.
�(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.4.2.
Procedimiento del plan de enajenaci�n
onerosa. Las entidades mencionadas en el art�culo
anterior deber�n actualizar sus planes de enajenaci�n onerosa bimestralmente,
mediante acto administrativo suscrito por su Representante Legal. Dicho acto
administrativo deber� expedirse dentro de los diez (10) d�as siguientes al
vencimiento del bimestre correspondiente, siempre que la entidad haya adquirido
la propiedad del(los) bien(es) inmueble(s) durante dicho periodo.
En ellos la entidad identificar� los activos inmobiliarios que no sean
requeridos para el ejercicio de sus funciones, excluyendo aquellos que:
1. Est�n ubicados en zonas declaradas alto riesgo no mitigable,
identificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que
lo desarrollen y complementen, o en aquellas que de acuerdo a estudios geot�cnicos
que en cualquier momento adopte la Administraci�n Municipal, Distrital o el
Departamento Archipi�lago de San Andr�s, Providencia y Santa Catalina;
2. No sean aptos para la construcci�n y los que est�n ubicados en zonas de
cantera que hayan sufrido grave deterioro f�sico;
3. Los contemplados en el inciso 10 del art�culo 10 de la Ley 708 de 2001,
vale decir, aquellos que tengan la naturaleza de bienes inmuebles fiscales con
vocaci�n para la construcci�n de vivienda de inter�s social urbana o rural, los
cuales deber�n ser reportados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre que se cumpla con lo
establecido en las disposiciones sobre estos inmuebles fiscales contenidas en
el Decreto �nico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y el
art�culo 10 del Decreto 724 de 2002 compilado en el Decreto �nico Reglamentario
del Sector de Agricultura y Desarrollo Rural.
El plan de enajenaci�n onerosa deber� publicarse en la p�gina web de la
entidad dentro de los tres (3) d�as h�biles siguientes a su expedici�n y por un
t�rmino de dos (2) d�as h�biles. De igual manera, se deber� enviar copia del
mismo al Colector de Activos P�blicos (CISA), dentro de los tres (3) d�as
h�biles siguientes a su publicaci�n.
Vencido el plazo anterior, las entidades tendr�n hasta cinco (5) meses
para venderlos a un tercero o para venderlos a CISA, conforme a sus pol�ticas y
procedimientos internos.
Si transcurrido el t�rmino establecido en el inciso anterior, la
entidad propietaria no hubiere vendido sus bienes inmuebles, los mismos se
ofrecer�n a las entidades p�blicas, por una sola vez, a trav�s de la p�gina web
de la entidad y en un peri�dico de amplia circulaci�n nacional, publicados en
la misma fecha, para que en un plazo no mayor de treinta (30) d�as calendario,
aquellas que est�n interesadas soliciten por escrito la transferencia a t�tulo
gratuito, solicitud que debe ser atendida en un plazo no mayor de treinta (30)
d�as calendario, contados a partir de su recibo.
La
solicitud de transferencia a la entidad propietaria del bien debe contener la
destinaci�n que se le dar� al inmueble para:
i)
El cumplimiento de su misi�n, o
ii)
La ejecuci�n de proyectos de inversi�n enmarcados dentro del Plan Nacional de
Desarrollo.
El
requerimiento de transferencia que eleve la entidad solicitante deber� contar
con una justificaci�n t�cnica y financiera, suscrita por el representante legal
de la entidad solicitante, en la cual se detalle la destinaci�n del bien y las
partidas presupuestales que garanticen la ejecuci�n, operaci�n y mantenimiento
del inmueble.
Una
vez sea aceptada la solicitud de transferencia, la entidad propietaria del
inmueble, mediante acto administrativo, proceder� a realizar la transferencia a
t�tulo gratuito.
Si
transcurrido el plazo de seis meses, la entidad que recibi� bien no le est� dando
el uso para el cual le fue transferido, deber� proceder a la transferencia a
t�tulo gratuito dentro de los treinta (30) d�as calendario mediante acto administrativo
al Colector de Activos P�blicos (CISA) para que este lo comercialice bajo sus
pol�ticas y procedimientos.
Par�grafo 1�. Los actos administrativos de que
trata el presente art�culo deber�n ser inscritos en la oficina de registro de instrumentos
p�blicos correspondiente y se considerar�n actos sin cuant�a.
Par�grafo 2�. El procedimiento del plan
enajenaci�n onerosa previsto en el presente art�culo no se aplica a los bienes
inmuebles que amparen pasivos pensionales de propiedad de las entidades
p�blicas, cuyo objeto o misi�n sea la administraci�n o monetizaci�n de dichos
activos, ni a los bienes de las entidades cuyo objeto es o fue de administradoras
y/o pagadoras de pensiones.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.4.3.
Sanciones. La omisi�n,
la informaci�n incorrecta o el incumplimiento por parte de los responsables de
la ejecuci�n de lo previsto en el presente t�tulo, acarrear� las sanciones
disciplinarias y fiscales que establezca la ley.
(Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
ENAJENACI�N DE PARTICIPACIONES
ACCIONARLAS MINORITARIAS
DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE
CUALQUIER ORDEN O RAMA
Art�culo 2.5.2.5.1.
Objeto. El
presente Cap�tulo tiene por objeto desarrollar la facultad de enajenaci�n de
participaciones minoritarias por parte de entidades estatales previsto en el
art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019.
(Sustituido por Art 1. Decreto
1643 de 2019, Modificado por Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.5.2.
Alcance del concepto participaciones
accionarias minoritarias. Para efectos de lo
previsto en este Cap�tulo, cuando se haga referencia a participaciones
accionar�as minoritarias deber� entenderse por tales las acciones,
independientemente de si la participaci�n la ostenta directamente o a trav�s de
derechos fiduciarios, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones
(Boceas) y, en general, las participaciones de propiedad de entidades estatales
de cualquier orden o rama cuya propiedad haya sido producto de un acto en el
que no haya mediado su voluntad expresa o que provengan de una daci�n en pago,
siempre y cuando esta participaci�n no supere el cuarenta y nueve por ciento
(49%) de la propiedad accionaria de la sociedad.
(Sustituido por Art 1. Decreto
1643 de 2019, Modificado por Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.5.3.
Reglas aplicables al proceso de
enajenaci�n. En el proceso de enajenaci�n se
deber�n tener en cuenta las siguientes reglas:
1.
La entidad estatal de cualquier orden o rama
deber�, previo a enajenar total o parcialmente cualquier participaci�n
accionaria minoritaria, comprobar que la propiedad que ostenta fue producto de
un acto en el que no medi� la voluntad expresa o que provino de una daci�n en
pago, para lo cual deber�, en todo caso realizar el respectivo an�lisis o
estudio que determine el mecanismo en virtud del cual adquiri� la propiedad de
la misma, y espec�ficamente si medi� la voluntad expresa de la entidad p�blica
o provino de daci�n en pago.
2.
Las entidades estatales podr�n enajenar
directamente o a trav�s del colector de activos de la Naci�n, Central de
Inversiones S.A. -CISA, las participaciones accionarias minoritarias. En este caso,
la entidad estatal y CISA podr�n suscribir un convenio / contrato
interadministrativo en el cual se pactar�, entre otros, lo dispuesto en el
tercer inciso del art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019.
3.
Cuando las entidades estatales de que trata el
primer inciso del art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019 opten por enajenar la
participaci�n en una sociedad, se deber� dar aplicaci�n al r�gimen societario
al cual se encuentra sometida. Si la participaci�n accionaria est� representada
en t�tulos que no se encuentran inscritos en bolsa, la enajenaci�n de la
participaci�n accionaria adicionalmente deber� realizarse de conformidad con
los estatutos de la respectiva sociedad y en concordancia con las normas
aplicables a la misma.
4.
Trat�ndose de acciones o bonos obligatoriamente
convertibles en acciones no inscritos en bolsa, la entidad p�blica o Central de
Inversiones S.A. -CISA, seg�n el caso, podr� hacer uso del mecanismo de inscripci�n
temporal de valores que se encuentra establecido en el art�culo 5.2.2.2.1 y
siguientes del Decreto 2555 de 2010 para enajenar dichas participaciones a trav�s
de los sistemas de negociaci�n y/o procedimientos legalmente autorizados para
la enajenaci�n de las participaciones accionarias.
5.
Si la participaci�n accionar�a est� representada en
acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en bolsa, su
venta se deber� realizar con sujeci�n a las reglas y a trav�s de los
procedimientos burs�tiles legalmente autorizados para la enajenaci�n de esta clase
de valores.
6. Trat�ndose de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en
acciones no inscritos en bolsa pero s� en el Registro Nacional de Valores y Emisores,
la enajenaci�n se podr� realizar conforme a los procedimientos legalmente
autorizados para su venta mediante oferta p�blica en el mercado secundario, en
el evento de resulte m�s conveniente.
7. Las entidades a que hace referencia el primer inciso del art�culo 44 de
la Ley 1955 de 2019 podr�n, a trav�s de CISA enajenar las acciones que hubieren
adquirido con anterioridad a la expedici�n de la Ley 1955 de 2019 o aquellas
que adquieran posteriormente, siempre que se cumplan con los requisitos
establecidos en el art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019 y en el presente
Cap�tulo.
Par�grafo 1�. Cuando se trate de (i) acciones
o bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en bolsa o (ii) no inscritos
en bolsa, pero s� en el Registro Nacional de Valores y Emisores, la sociedad
comisionista que se encargue del proceso podr� ser contratada por la entidad
p�blica o por Central de Inversiones S.A -CISA, seg�n quien est� adelantando el
proceso de enajenaci�n, y de conformidad con las normas aplicables para el
caso.
Par�grafo 2�. Las entidades estatales a las
que aplica el art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019 y CISA, deber�n adelantar la
enajenaci�n buscando las condiciones que garanticen el mayor beneficio econ�mico
para la entidad estatal respetando los principios de publicidad, libre
concurrencia y participaci�n en la propiedad accionaria.
Par�grafo 3�. Sin perjuicio de las actividades
de promoci�n y divulgaci�n de los procesos de enajenaci�n, ser� viable realizar
operaciones preacordadas con sujeci�n a las reglas previstas en el Decreto 2555
de 2010 y dem�s normas del mercado de valores que regulen la materia.
(Sustituido por Art 1. Decreto
1643 de 2019, Modificado por Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
Art�culo 2.5.2.5.4. Valoraciones de las participaciones accionarias a
enajenar. Las valoraciones de la participaci�n
accionaria de las entidades a las que aplica la facultad consagrada en el
art�culo 44 de la Ley 1955 de 2019, que opten por la enajenaci�n directa, deber�n
tener en cuenta los siguientes par�metros:
1. Las entidades del sector central del orden nacional deber�n contar con
la no objeci�n de la Direcci�n General de Participaciones Estatales del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Esta Direcci�n deber� tener en cuenta
la razonabilidad de la o las metodolog�as de valoraci�n aplicadas, seg�n sea el
caso, tomando como base los supuestos e informaci�n entregada a dicha
Direcci�n, la cual debe ser el resultado la debida diligencia llevada a cabo
por quien realiz� la valoraci�n.
2. Las entidades del sector descentralizado del orden nacional y las entidades
territoriales de cualquier orden, deber�n contar con la aprobaci�n de la
valoraci�n de la participaci�n accionaria a enajenar, por parte de las
autoridades se�aladas en el inciso segundo del art�culo 44 de la Ley 1955 de
2019. La aprobaci�n s�lo podr� impartirse a partir del estudio de la
razonabilidad de la o las metodolog�as de valoraci�n aplicadas, seg�n sea el caso,
tomando como base los supuestos y la informaci�n entregada al respectivo �rgano
o representante. La informaci�n que se presente al competente de la aprobaci�n debe
ser el resultado de la debida diligencia llevada a cabo por quien realiz� la
correspondiente valoraci�n.
3. La valoraci�n de la participaci�n deber� considerar,
entre otros aspectos, las condiciones y naturaleza del mercado en que opera la
empresa, su capacidad para generar dividendos al accionista, las variables
propias de su operaci�n, y el valor comercial de sus activos y pasivos.
4. Para efectos de justificar determinada transacci�n, la
entidad que adelante un proceso de enajenaci�n podr� realizar un an�lisis sobre
el costo de oportunidad de no llevar a cabo la misma.
(Sustituido por Art 1. Decreto
1643 de 2019,,
Modificado por Art. 1 del Decreto
1778 de 2016)
2.5.3.1.1.
Fijaci�n de honorarios de miembros de
juntas o consejos directivos de entidades p�blicas. De conformidad con el numeral 15 del art�culo 6 del Decreto
4712 de 2008, los honorarios de los miembros de
juntas o consejos directivos de los establecimientos p�blicos, empresas
industriales y comerciales del Estado y sociedades de econom�a mixta asimiladas
a �stas, o en aquellas en las cuales la Naci�n tenga participaci�n mayoritaria,
ser�n fijados por el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 1 Decreto
1486 de 1999)
2.5.3.1.2.
Honorarios de miembros de comit�s o
comisiones de Junta o Consejo directivo. Los
honorarios para los miembros de los comit�s o comisiones de las mismas juntas o
consejos directivos, ser�n fijados por el Ministro de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
(Art. 2 Decreto
1486 de 1999)
2.5.3.1.3.
Fijaci�n de honorarios por asambleas de
accionistas o juntas de socios. Los honorarios de
los miembros de juntas de socios o consejos directivos de las sociedades de
econom�a mixta y de las sociedades a las cuales no se aplique el art�culo
primero, ser�n fijados por las respectivas asambleas de accionistas o juntas de
socios. Igualmente los honorarios para los miembros de los comit�s o comisiones
de las mismas juntas de socios o consejos directivos.
(Art. 3 Decreto
1486 de 1999)
2.5.3.1.4.
Criterios para fijaci�n de honorarios. Para la fijaci�n de los honorarios de los miembros de juntas o
consejos directivos, comit�s o comisiones de las mismas, a que se refieren los
art�culos anteriores, deber�n tenerse en cuenta los siguientes criterios:
1. Se fijar�n por resoluci�n, en salarios m�nimos legales mensuales
vigentes, por sesi�n.
2. Se establecer�n, entre otros, de acuerdo al nivel de activos del
respectivo establecimiento p�blico, empresa industrial y comercial del estado,
sociedad de econom�a mixta o sociedad en que la Naci�n posea participaci�n
mayoritaria, y tomando en consideraci�n las disponibilidades presupuestales de
la respectiva entidad y su viabilidad financiera.
3. Por las sesiones realizadas en un mismo d�a solo podr� pagarse el
equivalente a una sesi�n.
4. Por las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales, se
pagar�n los honorarios establecidos para las sesiones presenciales, previa
modificaci�n de los estatutos sociales o aprobaci�n por parte de la asamblea
general de accionistas, seg�n corresponda.
Par�grafo. El valor de los honorarios
establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el presente art�culo, se
incrementar� autom�ticamente con el incremento anual del salario m�nimo legal
mensual decretado por el Gobierno Nacional.
(Numeral 4 modificado por Art. 1, Decreto
767 de 2020; Art. 4 Decreto
1486 de 1999, modificado por el Art 1 del Decreto
2561 de 2009)
2.5.3.1.5.
L�mite de honorarios. De conformidad con el literal f) del art�culo 19 de la Ley 4 de 1992,
los funcionarios p�blicos no podr�n recibir remuneraci�n por m�s de dos (2)
juntas o consejos directivos que formen parte en virtud de mandato legal o por
delegaci�n.
Los
particulares no podr�n ser miembros de m�s de dos (2) juntas o consejos
directivos de las entidades a que se refiere el presente cap�tulo , en
concordancia con lo establecido en el art�culo 5� del Decreto � Ley 128 de
1976.
(Art. 5 Decreto
1486 de 1999)
2.5.3.1.6.
Gastos de desplazamiento de los miembros
de juntas directivas. Los representantes legales
de las entidades enumeradas en los art�culos anteriores, podr�n autorizar el
pago de los gastos de desplazamiento entendidos �stos como el valor del
transporte por cualquier medio id�neo, en que incurran los miembros de juntas de
socios o consejos directivos, cuyos lugares habituales de trabajo est�n fuera
del domicilio principal de la entidad.
(Art. 6 Decreto
1486 de 1999)
Art�culo 2.5.3.2.1.
Representaci�n de la participaci�n
accionaria de la Naci�n en las asambleas de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 24 de la Ley 819 de
2003, en las asambleas de accionistas de las empresas de servicios p�blicos
domiciliarios en las cuales la Naci�n tenga participaci�n accionaria, las
acciones de la Naci�n estar�n representadas por funcionarios de la planta de
personal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, sin perjuicio de lo
dispuesto en los art�culos 104 y s.s. de la Ley 489 de 1998 y dem�s normas
concordantes y pertinentes.
(Art. 1 Decreto
2968 de 2003)
Art�culo 2.5.3.2.2.
Representaci�n de la participaci�n
accionaria de la Naci�n en las juntas
directivas. En la composici�n de las juntas directivas� de las empresas
de servicios p�blicos domiciliarios deber� participar, por lo menos, un
funcionario de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico con su respectivo suplente designados por el Ministro de Hacienda y
Cr�dito P�blico, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 24 de la Ley 819 de
2003, en concordancia con lo establecido en los art�culos 434 del C�digo de
Comercio y 19.16 de la Ley 142 de 1993.
Par�grafo. La participaci�n de los
funcionarios de planta del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en las
juntas directivas de las empresas de servicios p�blicos domiciliarios, tendr�
car�cter concurrente con la de las dem�s personas elegidas v�lidamente por las
respectivas asambleas de accionistas.
(Art. 2 Decreto
2968 de 2003)
Art�culo 2.5.3.2.3.
Prohibici�n de modificaci�n de la
adscripci�n o vinculaci�n de una empresa por representaci�n de la participaci�n
accionaria en cabeza del Ministerio de Hacienda. La
participaci�n de los funcionarios de planta del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico en las asambleas y juntas directivas de las empresas de
servicios p�blicos domiciliarios en las cuales la Naci�n tiene participaci�n
accionaria, no modifica la adscripci�n o vinculaci�n de las respectivas
empresas al Ministerio o Departamento Administrativo correspondiente.
(Art. 3 Decreto
2968 de 2003)
Art�culo 2.5.4.1.
Procesos Liquidatorios adelantados por
otra entidad estatal. En los casos en que se
disponga que otra entidad estatal contin�e adelantando las actividades
correspondientes al proceso liquidatorio, para culminar dichas actividades la
misma dar� aplicaci�n a las disposiciones vigentes. Cuando la entidad estatal
maneje los recursos entregados, provenientes o derivados de los activos de la
liquidaci�n deber� hacerlo en una cuenta independiente que permita asumir los
gastos de la liquidaci�n y mantener su destinaci�n espec�fica al pago de
pasivos pensionales y otros pasivos de la liquidaci�n.
En
este caso la entidad podr� celebrar todos los actos, contratos o convenios
necesarios para la conservaci�n de los activos, en particular, los que tengan
por prop�sito evitar el deterioro o destrucci�n de los bienes o activos, as�
como celebrar los contratos o convenios requeridos para el desarrollo de la
liquidaci�n y aquellos que faciliten la cancelaci�n del pasivo.
(Art. 2 Decreto
226 de 2004)
Art�culo 2.5.4.2.
Participaci�n en la F�rmula de
Adjudicaci�n. En los casos en que la Naci�n asuma
el pago del pasivo pensional, la misma participar� en la aprobaci�n de la
f�rmula de adjudicaci�n de los activos remanentes con los votos que
correspondan a dicho pasivo.
(Art. 3 Decreto
226 de 2004)
Art�culo 2.5.4.1.1.
Publicidad de inventarios y aval�os. Para dar cumplimiento a lo establecido en el art�culo 30 del
Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por el art�culo 16 de la Ley 1105 de 2006,
la publicaci�n del inventario y aval�o comercial de los bienes de las entidades
p�blicas en liquidaci�n, deber� realizarse en la p�gina web de la entidad en
liquidaci�n.
(Art. 1 Decreto
4848 de 2007)
Art�culo 2.5.4.1.2.
Determinaci�n del valor inferior de venta
de activos. Para la enajenaci�n de activos por un
valor inferior al aval�o comercial, de acuerdo con lo establecido en los
art�culos 30 y 31 del Decreto-Ley 254 de 2000, modificados por los art�culos 16
y 17 de la Ley 1105 de 2006, los liquidadores deber�n implementar una
metodolog�a para determinar el valor inferior de enajenaci�n teniendo en
consideraci�n las siguientes variables, las cuales incorporan el costo de
oportunidad del dinero y el valor presente neto de la administraci�n y
mantenimiento:
1. Valor del aval�o: Corresponde al valor
arrojado por el aval�o comercial vigente realizado de conformidad con lo
establecido en el art�culo 28 de la Ley 1105 de 2006.
2. Ingresos: Corresponden a cualquier tipo de
recursos que perciba la entidad, proveniente del activo, tales como c�nones de
arrendamiento, aprovechamientos y rendimientos.
3. Gastos: Se refiere a la totalidad de los
gastos en que incurre la entidad, dependiendo del tipo de activo, que se
deriven de la titularidad, la comercializaci�n, el saneamiento, el
mantenimiento y la administraci�n del mismo, tales como:
�
Servicios p�blicos.
�
Conservaci�n, administraci�n y vigilancia.
�
Impuestos y grav�menes.
�
Seguros.
�
Gastos de promoci�n en ventas.
�
Costos y gastos de saneamiento.
�
Comisiones fiduciarias.
�
Gastos de bodegaje.
4. Tasa de Descuento: Es el porcentaje al cual se
descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y poder
con ello determinar un valor equivalente del activo. Esta tasa puede variar
dependiendo del tiempo estimado de comercializaci�n que se asigne a los activos
y estar� determinada en funci�n de la DTF.
5. Tiempo de Comercializaci�n: Corresponde al
tiempo que la entidad considera que tomar� la comercializaci�n de los activos
con el fin de calcular los ingresos y egresos que se causar�an durante este
per�odo.
5.1. Factores que definen el tiempo de comercializaci�n: Los siguientes
factores, entre otros, afectan el tiempo de comercializaci�n del activo:
�
Tipo de activo.
�
Caracter�sticas particulares del activo.
�
Comportamiento del mercado.
�
Tiempo de permanencia del activo en el inventario
de la entidad.
�
N�mero de ofertas recibidas.
�
N�mero de visitas recibidas.
�
Tiempo de comercializaci�n establecida por el
avaluador.
�
Estado jur�dico del activo.
Dependiendo de estos
factores, los activos se clasificar�n como de alta comercializaci�n, de media
comercializaci�n y de baja comercializaci�n.
6. Estado de saneamiento de los activos: Para
efecto de determinar el estado jur�dico de los activos, se tendr� en cuenta,
adem�s, si el mismo est� saneado o no:
6.1. Activo saneado: Es el activo que no presenta
ning�n problema jur�dico, administrativo o t�cnico, que se encuentra libre de
deudas por cualquier concepto, as� como aquel respecto del cual no exista
ninguna afectaci�n que impida su transferencia.
6.2. Activo no saneado: Es el activo que presenta
problemas jur�dicos, t�cnicos o administrativos que limitan su uso, goce y
disfrute, pero que no impiden su transferencia a favor de terceros.
Par�grafo. En aquellos casos en que la
entidad p�blica en liquidaci�n, con posterioridad al inicio del proceso
liquidatorio, deba garantizar la continuidad de la prestaci�n del servicio
p�blico de manera transitoria, mientras se enajenan los activos afectos a dicha
prestaci�n de servicios, en el c�lculo de los ingresos y gastos, se incluir�n,
adem�s, los ingresos obtenidos de manera transitoria en la operaci�n de los
activos afectos a dicha prestaci�n, as� como las erogaciones y adecuaciones que
deber� seguir asumiendo por la imposibilidad de enajenar sus activos y disponer
de los recursos necesarios para expedir el decreto de supresi�n de cargos.
(Art. 2 Decreto
4848 de 2007)
Art�culo 2.5.4.1.3.
Determinaci�n del valor m�nimo de venta
de la cartera. El modelo financiero a utilizar
para determinar el valor m�nimo de venta de la cartera, deber� tener en
consideraci�n como m�nimo los siguientes par�metros:
1. La construcci�n del flujo de pagos de cada obligaci�n seg�n las
condiciones actuales del cr�dito y/o cuentas por cobrar.
2. La estimaci�n de la tasa de descuento del flujo en funci�n de la DTF,
tomando en consideraci�n los factores de riesgo inherentes al deudor y a la
operaci�n, que puedan afectar el pago normal de la obligaci�n.
3. El c�lculo del valor presente neto del flujo, adicionando a la tasa de
descuento la prima de riesgo calculada.
4. Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las
garant�as asociadas a las obligaciones, edades de mora y prescripci�n de cobro.
5. El tiempo esperado para la recuperaci�n de la cartera por recaudo
directo o por v�a judicial.
6. Las dem�s consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de
operaciones.
(Art. 3 Decreto
4848 de 2007)
Art�culo 2.5.4.2.1.
Enajenaci�n onerosa de activos a Central
de Inversiones S. A. Si transcurrido un (1) a�o a
partir de la publicaci�n del decreto que ordene la supresi�n y liquidaci�n de
la entidad, no se han enajenado los activos que habiendo sido ofrecidos no se
hubieren recibido posturas de las entidades p�blicas o de terceros; o no se
hayan adjudicado, la entidad propietaria deber� enajenarlos a t�tulo oneroso a
Central de Inversiones S. A., CISA, mediante contrato interadministrativo en el
cual se estipular�n las condiciones de la venta.
El
valor de transferencia a Central de Inversiones S. A., CISA, se establecer�
conforme a los modelos de valoraci�n adoptados por su Junta Directiva.
Par�grafo 1�. Sin perjuicio de lo previsto
en el presente art�culo, en el evento en que el liquidador haya agotado los
tr�mites establecidos en los art�culos 16 y 17 de la Ley 1105 de 2006 en un
t�rmino inferior a un (1) a�o, sin que se hubiere logrado la venta o
adjudicaci�n, el liquidador podr� realizar la enajenaci�n a t�tulo oneroso a
Central de Inversiones S. A., CISA.
Par�grafo 2�. El liquidador podr� contratar
con Central de Inversiones S. A., CISA, la gesti�n comercial, el saneamiento,
el mantenimiento y la recuperaci�n de los activos en contraprestaci�n de una
comisi�n.
Par�grafo 3�. Aquellas entidades p�blicas
en liquidaci�n que por mandato legal ya han sido autorizadas para vender o
entregar en administraci�n sus activos a Central de Inversiones S. A., CISA,
estar�n exentas de la aplicaci�n del procedimiento aqu� se�alado y para el
efecto podr�n contratar directamente con esta.
(Art. 4 Decreto
4848 de 2007)
CAP�TULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art�culo 2.5.5.1.1.
Objeto. El presente t�tulo se aplica a los bienes a cargo del
Administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n, Inversi�n
Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO
respecto de los cuales se declare la extinci�n de dominio o se hayan decretado
o se decreten medidas cautelares en procesos de extinci�n de dominio.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.1.2. Definiciones. Los t�rminos no
definidos en el presente t�tulo y utilizados frecuentemente, deben entenderse
de acuerdo con su significado natural Y obvio. Para efecto del presente t�tulo,
los t�rminos aqu� utilizados con may�scula inicial deben ser entendidos con el
significado que a continuaci�n se indica:
1.
Activos Sociales. Son todos aquellos bienes de
propiedad de una persona jur�dica que se encuentran bajo la administraci�n del
FRISCO.
2.
Administrador del FRISCO. Es la Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. � SAE.
3.
Bienes del FRISCO. Son aquellos bienes sobre los cuales se
ha declarado extinci�n de dominio mediante sentencia en firme. Tambi�n se
entender�n como bienes del FRISCO aquellos sobre los cuales se hayan adoptado o
se adopten medidas cautelares dentro del proceso de extinci�n de dominio, as�
como, los dineros producto de la enajenaci�n temprana y de los recursos que
generen los bienes productivos en procesos de extinci�n de dominio, al igual
que los bienes en comiso entregados y administrados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1615 de 2013. Para los fines de este t�tulo se har�
referencia de los bienes descritos como bienes del FRISCO.
4.
Bienes Improductivos. Para los fines de este t�tulo, son
aquellos que no generan recursos suficientes para su propio mantenimiento y
sostenimiento, o que por su condici�n o estado no tienen vocaci�n de generar
recursos suficientes para su mantenimiento y/o sostenimiento.
5.
Bienes Productivos. Son aquellos que generan
recursos suficientes para el pago y cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de la administraci�n del mismo bien.
6.
Metodolog�a de Administraci�n. Conjunto de procedimientos internos
propios desarrollados por el Administrador del FRISCO para la administraci�n de
los Bienes del FRISCO.
7.
Venta Masiva. Procedimiento de enajenaci�n por medio del
cual se pretende realizar la venta de un n�mero plural o conjunto de bienes con
el fin de adjudicarlos en bloque.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 1, Decreto
1760 de 2019)
CAP�TULO 2
REGLAS GENERALES DE LA ADMINISTRACI�N
Art�culo 2.5.5.2.1.
Reglas generales para la
administraci�n de bienes. El Administrador del FRISCO debe administrar los bienes de acuerdo
con los distintos mecanismos establecidos en la Ley, y desarrollados en el
presente t�tulo. As� mismo, debe realizar, entre otras actividades, el
seguimiento, evaluaci�n, control, y adopci�n de las medidas preventivas y
correctivas a que haya lugar para procurar la debida administraci�n de los
bienes.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.2. Mecanismos de administraci�n.
Los mecanismos de administraci�n de los Bienes del FRISCO corresponden a los
establecidos en el Art�culo 92 de la Ley 1708 de 2014.��������
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.3. Publicidad. El Administrador del
FRISCO es responsable de garantizar la publicidad de la lista de los bienes a
administrar, los mecanismos que se utilicen para facilitar la administraci�n de
los bienes y los documentos de cada mecanismo, a trav�s de su p�gina web y de
la p�gina web del promotor o entidad estatal, cuando sea el caso, de
conformidad con el art�culo 2.5.5.3.1.12 de la Secci�n 1 del Cap�tulo 3 del
presente t�tulo.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.4.
Garant�as. Las personas a quienes el
Administrador del FRISCO les entregue bienes utilizando cualquiera de los
mecanismos de administraci�n se�alados en el art�culo 2.5.5.2.2 del presente
cap�tulo, una vez aceptada la designaci�n y previo a la entrega del bien a administrar,
deber�n constituir las garant�as tendientes en preservar
el buen ejercicio de la designaci�n efectuada para la gesti�n de los bienes,
cuyas caracter�sticas t�cnicas se determinaran en la metodolog�a de
administraci�n. ��
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.5. Prohibici�n a los administradores. La persona que tenga Bienes del
FRISCO en virtud de destinaci�n provisional o deposito provisional, no pueden
entregar los mismos ni ceder su calidad de administrador sin autorizaci�n
previa y escrita del Administrador del FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.6. Constituci�n de la fiducia. �El Administrador del FRISCO podr� constituir un encargo
fiduciario para la administraci�n de los recursos l�quidos que generen los
bienes. Los costos del encargo fiduciario se asumir�n con cargo a los recursos
del FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.7.
Costos y gastos de la administraci�n de
bienes. Todos los costos y gastos que se
deriven de la administraci�n de los Bienes del FRISCO, tales como saneamiento,
custodia, vigilancia, conservaci�n, mantenimiento, comercializaci�n, as� como
de la obtenci�n y verificaci�n de la informaci�n relacionada con el estado
f�sico, administrativo, jur�dico y t�cnico de los mismos, ser�n con cargo a los
recursos de la productividad de los bienes cuando estos se encuentren en dicho
estado, y en caso contrario con cargo a los recursos del FRISCO, salvo lo
previsto en el art�culo 110 de la Ley 1708 de 2014.
El Administrador del FRISCO tiene la facultad de invertir en el mantenimiento
de los Bienes Improductivos con el fin de lograr su
productividad, salvo en los casos que la ley 1708 de 2014 expresamente lo
proh�ba u otorgue exenciones para su pago.
Par�grafo: El pago de las
obligaciones a cargo de sociedades y establecimientos de comercio estar�n a cargo de la productividad que generen. No obstante, el
Administrador del FRISCO podr� asumir gastos para la correcta administraci�n de
las sociedades y establecimientos de comercio con cargo al fondo cuando los
gastos no puedan ser asumidos por aquellos, siempre que, sean reconocidos en
los estados de situaci�n financiera y balances en los que se refleje la
obligaci�n a favor del FRISCO.
Los pagos antes mencionados ser�n reconocidos al FRISCO por la sociedad
y establecimientos de comercio siempre a que a ello haya lugar de conformidad a
con lo estipulado en el acto administrativo que ordene pagar la obligaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, par�grafo adicionado por Art. 2, Decreto
1760 de 2019)
Art�culo 2.5.5.2.8.
Pago de obligaciones tributarias del
FRISCO. Para efectos
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que le son
imputables a los recursos y Bienes del� FRISCO, y atendiendo la naturaleza
jur�dica del mismo, el Administrador del FRISCO est� habilitado para gestionar
y pagar tales obligaciones con los recursos que genere la administraci�n de los
Bienes del FRISCO, en virtud de sus facultades de administrador del mismo.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.9.
Funciones de polic�a administrativa
del Administrador del FRISCO. El Ministerio de Justicia y del Derecho podr� delegar en el
Administrador del FRISCO la funci�n de polic�a de naturaleza administrativa, en
materia de cumplimiento de decisiones judiciales proferidas en procesos de
extinci�n de dominio.
Las
autoridades de Polic�a locales, departamentales y nacionales estar�n obligadas
a prestar el apoyo que requiera quien tenga la funci�n o en quien se encuentre
delegada la misma para estas actuaciones, en cuanto correspondan a la efectiva
administraci�n de los bienes que ingresan al FRISCO.
El
acto que disponga hacer efectiva la entrega, se comunicar� por el medio m�s
expedito al ocupante ilegal del bien.
Transcurridos tres
(3) d�as desde la fecha de comunicaci�n del acto, quien tenga la funci�n o en
quien se encuentre delegada la misma practicar� la diligencia directamente o
por autoridad competente.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.10. Inscripci�n de decisiones en registro p�blico. Las solicitudes de inscripci�n en los registros p�blicos que emita el
administrador del FRISCO en virtud de sus competencias legales y reglamentarias
deben ser resueltas sin dilaci�n alguna y su inscripci�n ser� inmediata por
parte de las autoridades encargadas de su ejecuci�n y tr�mite, so pena de
incurrir en las sanciones se�aladas en las normas disciplinarias.
(Adicionado Art. 3, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.2.11. �Del
Registro. En los casos en que un bien del FRISCO sea objeto de un mecanismo
de administraci�n como enajenaci�n temprana, chatarrizaci�n, demolici�n,
destrucci�n, donaci�n, destinaci�n o asignaci�n definitiva, el Administrador
del FRISCO deber� registrar esta operaci�n en el sistema de control adoptado
con la anotaci�n correspondiente la cual deber� reflejarse en los registros
contables que lleve la Entidad, sin perjuicio de los sistemas de registro de
bienes muebles e inmuebles.
(Adicionado Art. 4, Decreto
1760 de 2019).
Secci�n 1
Sobre Recepci�n de Bienes del FRISCO
Art�culo 2.5.5.2.1.1.
Recepci�n de bienes. El Administrador del FRISCO solamente administra bienes que haya recibido
materialmente. Una vez recibidos los bienes para su administraci�n, debe
cumplir con lo dispuesto en el presente t�tulo y en la metodolog�a de administraci�n
de bienes que para el efecto expida el Administrador del FRISCO.
Se entiende entregado un bien para
administraci�n del FRISCO con la suscripci�n del acta de materializaci�n de la
medida cautelar en que se deja constancia de la entrega material a la persona
designada por el Administrador del FRISCO y una descripci�n e identificaci�n
sucinta del bien afectado y de los bienes, haberes y negocios de las
sociedades, establecimientos de comercio y unidades de explotaci�n econ�mica.
Durante la diligencia de materializaci�n de la medida cautelar, el fiscal o el
juez, seg�n el estado del proceso, deber� entregar la constancia de inscripci�n
de la medida de suspensi�n del poder dispositivo y embargo y documentos tales
como escrituras p�blicas, c�dulas catastrales, certificado de tradici�n de
vehiculos y RUNT y todo aquel que sirva soporte para la identificaci�n del bien
objeto de la medida, cuando sea procedente.
Respecto de bienes muebles, el Administrador
del FRISCO no ejercer� funciones de secuestre judicial respecto de ninguna
clase de armas o material b�lico que sea objeto de aprehensi�n en desarrollo de
las diligencias de materializaci�n de las medidas cautelares. La entrega de
estos bienes se regir� por lo dispuesto en el Decreto-ley 2535 de 1993, o
aquellos que lo modifiquen y/o compilen.
Par�grafo 1�. En
las diligencias de secuestro el Administrador del FRISCO deber� realizar un
inventario relacionando los bienes y el estado en que se encuentren. El
inventario har� parte integral del Acta de Materializaci�n de la Medida
Cautelar de la Fiscal�a General de la Naci�n.
Par�grafo 2�. En
las medidas cautelares sobre veh�culos de transporte p�blico la Fiscal�a
identificar� si derecho a reponer hace parte de la medida cautelar. De ser as�,
la Fiscal�a oficiar� a las entidades pertinentes.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado Art. 5, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.2.1.2.
Diligencias de pr�ctica de las medidas cautelares. En atenci�n a las facultades que la ley de Extinci�n de Dominio
le asigna a la Fiscal�a General de la Naci�n a efectos de decretar medidas
cautelares sobre bienes respecto de los cuales se inicie proceso de extinci�n
de dominio, corresponder� a dicha entidad reportar al Administrador del FRISCO
con la adecuada antelaci�n, la ejecuci�n de las diligencias en virtud de las
cuales se deber� efectuar la aprehensi�n material de dichos bienes.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.2.1.3.
Materializaci�n de las medidas
cautelares sobre sociedades. Cuando se inicie un proceso de extinci�n de dominio que involucre
sociedades, acciones, cuotas partes o derechos de una sociedad o persona
jur�dica y establecimientos de comercio, la materializaci�n de las medidas cautelares
debe realizarse de la forma establecida en el art�culo 103 de la Ley 1708 de
2014.���
Las personas designadas por el Administrador
del FRISCO para representarlo en la diligencia deben identificar el bien objeto
de la medida cautelar, recopilar la informaci�n pertinente y necesaria para la
administraci�n de la sociedad, siempre que exista tal informaci�n, incluir un registro
fotogr�fico, aprehender los libros de contabilidad de la sociedad,
identificando los activos y pasivos, inventarios, as� como los libros de
accionistas y los libros de actas cuando sea del caso, y obtener la mayor
informaci�n financiera de la sociedad o del establecimiento de comercio.
Despu�s de la materializaci�n de la
medida se deber� verificar y obtener informaci�n de los bienes en el Registro
Mercantil, Oficinas de Instrumentos P�blicos, Superintendencia de Sociedades,
Ministerio de Transporte, DIAN, Secretarias de Hacienda y dem�s entidades a que
haya lugar, as� como tambi�n hacer visitas de inspecci�n a la sociedad, y todas
aquellas diligencias necesarias para garantizar la eficiente, eficaz y efectiva
administraci�n de la sociedad.
Los �rganos de administraci�n de las personas
jur�dicas de que trata el presente art�culo, tendr�n la obligaci�n de
suministrar toda la informaci�n requerida por el Administrador del FRISCO en el
desarrollo de la materializaci�n de las medidas cautelares.
Una vez realizado el empalme a que se refiere
el inciso anterior, en los casos en los que la medida cautelar afecte las
acciones, partes o derechos de la persona jur�dica en un porcentaje que
confiera el control de la sociedad al Administrador del FRISCO, se deben
entregar de manera inmediata los espacios f�sicos de la sociedad si hacen parte
del patrimonio de esta o establecimiento de comercio.
Para los casos en los que el porcentaje
afectado de las acciones, partes o derechos de una persona jur�dica, dentro de
los procesos de extinci�n de dominio, confiera el control de la sociedad al
Administrador del FRISCO, la direcci�n, administraci�n y representaci�n de la
sociedad o persona jur�dica ser� ejercida por el administrador del FRISCO o por
qui�n este designe como depositario provisional, de acuerdo con lo previsto en
�ltimo inciso del art�culo 100 de la Ley 1708 de 2014.
Par�grafo 1. Frente a la solicitud del administrador
del FRISCO, para la inscripci�n de la extensi�n de la medida cautelar, las
Oficinas de Instrumentos P�blicos, C�maras de Comercio, Organismos de Transito,
Inspecciones Fluviales, Capitan�as de Puerto, Superintendencias, y dem�s
autoridades de registro, as� como las sociedades fiduciarias, fondos de
inversi�n, representantes legales, deber�n realizarla conforme con lo dispuesto
en el par�grafo del art�culo 100 de la Ley 1708 de 2014, adicionado por el
art�culo 45 de la Ley 1955 de 2019.
(Par�grafo Modificado por el art. 1 Decreto
1352 de 2021)
�
Par�grafo 2�. Las
autoridades del orden nacional y territorial prestar�n la ayuda requerida por
el Administrador del FRISCO en cuanto a la materializaci�n de las medidas
cautelares.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado Art. 6, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.2.1.4.
Saneamiento de los Bienes del
FRISCO. El
Administrador del FRISCO efectuar� directamente o a trav�s de terceros
contratados por �l, el saneamiento de los Bienes del FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Secci�n 2
Recuperaci�n de bienes del FRISCO
Art�culo 2.5.5.2.2.1.
Funciones de polic�a administrativa del
Administrador del FRISCO. El Administrador del FRISCO
tendr� la facultad de polic�a administrativa para la recuperaci�n f�sica de los
bienes que se encuentren bajo su administraci�n, para ello expedir� acto
administrativo motivado que lo ordene.
Transcurridos tres (3) d�as desde la fecha de
comunicaci�n del acto, Administrador del FRISCO podr� practicar la diligencia
de entrega real y material del bien directamente o por autoridad competente, de
conformidad con el protocolo que para tal efecto expida el Administrador del
FRISCO.
Las autoridades nacionales, departamentales,
municipales, la polic�a local, y especialmente las autoridades necesarias para
el desarrollo de la diligencia, tales como el Ministerio P�blico, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, alcald�as, estar�n obligadas a prestar, de
manera preferente y sin dilaci�n injustificada, el apoyo que requiera el
representante legal o su delegado, para hacer efectiva la administraci�n de los
bienes del FRISCO.
De conformidad con las disposiciones del
art�culo 75 de la Ley 1437 2011, contra el acto administrativo que ordena la
entrega real y material del bien, as� como contra los actos y operaciones de
materializaci�n, no proceder�n recursos u oposiciones, toda vez que se tratan
de actos de ejecuci�n. La diligencia s�lo podr� ser suspendida siempre que
exista orden judicial en firme que as� lo ordene.
Par�grafo 1�: La
facultad de polic�a administrativa conlleva la posibilidad de tener ingreso al
inmueble con el fin de realizar la diligencia de entrega real y material. En
caso de que le sea negado el acceso al predio, el Administrador del FRISCO
podr� ingresar al inmueble, siempre acompa�ado por el Ministerio P�blico y por
el cuerpo de la Polic�a Nacional quienes deber�n actuar en la diligencia en el
marco de sus competencias.
(Adicionado por Art. 7, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.2.2.2.
Bienes muebles abandonados por el
ocupante en el inmueble. El Administrador del FRISCO
est� obligado a cumplir las disposiciones del art�culo 2.4.3.1.3.14 del Decreto
�nico Reglamentario 1084 de 2015, en lo que respecta a los bienes muebles
abandonados en la diligencia de entrega real y material del bien.
Si los bienes muebles abandonados son animales, estos ser�n puestos a
disposici�n de la alcald�a del municipio donde se encuentren, de conformidad
con las disposiciones del art�culo 14 de la Ley 84 de 1989.
(Adicionado por Art. 7, Decreto
1760 de 2019).
CAP�TULO 3
MECANISMO DE ENAJENACI�N
Secci�n 1
Disposiciones Generales
Art�culo 2.5.5.3.1.1.
Enajenaci�n. La enajenaci�n de los Bienes del FRISCO est�
a cargo del Administrador del FRISCO, bajo el r�gimen jur�dico de derecho
privado con sujeci�n a los principios de la funci�n p�blica tales como
imparcialidad, igualdad y transparencia conforme lo se�alado por el art�culo 94
de la Ley 1708 de 2014.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.2.
R�gimen general para la
enajenaci�n.
El Administrador del FRISCO debe observar y atender en todos sus procesos los
reg�menes de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de inter�s
consagrado en la ley, a la prevalencia del inter�s general y a los principios
de la funci�n administrativa.
En la enajenaci�n de los Bienes del FRISCO se deber� permitir el acceso
de los potenciales compradores y garantizar la libre concurrencia y el mejor
precio dentro de las condiciones de mercado, por lo que el Administrador del
FRISCO publicar� en su p�gina web los bienes a enajenar y la
determinaci�n del precio base.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.3.
Opciones para la enajenaci�n. El Administrador del FRISCO puede hacer uso
de: a) la enajenaci�n temprana de conformidad con lo previsto en el art�culo 93
de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017,
b) el procedimiento de enajenaci�n de que trata esta secci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 8, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.4.
Aval�os y valoraciones. En todos los
casos de enajenaci�n, el Administrador del FRISCO debe contar con un aval�o comercial.
Para el caso de inmuebles el aval�o comercial tendr� una vigencia de 3 a�os y
deber� actualizarse de conformidad con las disposiciones del art�culo 92 de la
Ley 1708 de 2014, adicionado por el art�culo 23 de la Ley 1849 de 2017,
art�culo 116 de la Ley 1943 de 2018 y articulo 72 de la Ley 1955 de 2019.
Para el caso de
sociedades deber� contar con una valoraci�n comercial vigente al momento de la
enajenaci�n conforme los lineamientos que para tal fin se indiquen en la
metodolog�a de administraci�n.
El aval�o o
valoraci�n se podr� efectuar mediante la selecci�n y contrataci�n de un tercero
especializado, de acuerdo con la Metodolog�a de Administraci�n y, en los casos
que se indican a continuaci�n, conforme a las siguientes reglas generales:
Bienes Inmuebles: Debe contar con el aval�o catastral y el aval�o
comercial. Este �ltimo debe estar a cargo de una persona especializada inscrita
en Registro de Autorregulaci�n de Avaluadores, de conformidad con la
reglamentaci�n vigente.
1. Bienes inmuebles: Debe contar con el aval�o catastral y el aval�o o
valoraci�n comercial. Este �ltimo debe estar a cargo de una persona
especializada inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores - RAA, de
conformidad con la reglamentaci�n vigente. De no poder ingresar al inmueble se
seguir�n las reglas contenidas en el art�culo 92 de la Ley 1708 de 2014,
adicionado por el art�culo 23 de la Ley 1849 de 2017, art�culo 116 de la Ley
1943 de 2018 y art�culo 72 de la Ley 1955 de 2019.
2. Bienes en com�n y proindiviso: El Administrador del FRISCO puede
cancelar el valor total del aval�o comercial.
3. Bienes muebles: Debe contar con un aval�o realizado por una persona
especializada inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores -RAA, de
conformidad con la reglamentaci�n vigente o directamente por el Administrador
del FRISCO, a trav�s de funcionarios debidamente inscritos en el Registro
Abierto de Avaluadores -RAA, cuando la relaci�n de costo-beneficio lo
justifique, en este caso se debe expedir resoluci�n debidamente motivada
fijando el precio.
4. Acciones, derechos, cuotas o partes de inter�s social o establecimientos
de comercio: La valoraci�n se debe efectuar:
4.1 Mediante un proceso de contrataci�n sujeto a r�gimen privado que
garantice la selecci�n objetiva de un tercero especializado con experiencia en
valoraci�n de empresas o en banca de inversi�n, debidamente inscritos en el
Registro Abierto de Avaluadores -RAA, en los casos en que la normativa vigente
as� lo exija. En estos eventos los costos de las valoraciones deben ser
asumidos con cargo a los recursos de la sociedad o del establecimiento de comercio;
o en el evento en que la sociedad o el establecimiento de comercio no cuente
con recursos para ello, se realizar� con cargo a los recursos del FRISCO y
ser�n descontados del valor de la venta; o
4.2 Directamente por el Administrador del FRISCO, a trav�s de funcionarios
debidamente inscritos en el Registro Abierto de Avaluadores -RAA, en los casos
en que la normativa vigente as� lo exija, cuando la relaci�n de costo-beneficio
lo justifique o en caso de insolvencia de la sociedad o de participaciones minoritarias,
teniendo en cuenta los activos sociales, patrimonio de la sociedad, la
rentabilidad del negocio y el historial de ingresos y pasivos existentes. En
este caso se debe expedir resoluci�n debidamente motivada fijando el precio.
En los casos que se
suscriban contratos para el aval�o de los bienes de que tratan los numerales 1,
2 y 4.1. del presente art�culo, se deber� estipular en el respectivo contrato
responsabilidad solidaria a cargo del promotor y/o entidad p�blica con quien se
contrate el aval�o por cualquier tipo de reclamaci�n administrativa, judicial o
extrajudicial que se pueda presentar con ocasi�n del aval�o. Tambi�n deber�
constar en el respectivo contrato una disposici�n sobre que el Administrador
del FRISCO se reserva el derecho de solicitar la revisi�n de tales aval�os.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 9, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.5.
Venta Masiva de Bienes. El administrador del FRISCO podr�
agrupar un lote de bienes para su Venta Masiva bajo la metodolog�a que este
determine y en el cual indicara el precio base de los mismos.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.6.
Precio Base m�nimo de venta. La venta de los Bienes del FRISCO
se realizar� por un precio base m�nimo que ser� determinado mediante la
Metodolog�a de Administraci�n que resulte de aplicar el aval�o comercial
vigente, y las variables que se describen a continuaci�n:
1. Los ingresos que recibe el Administrador del FRISCO por el uso del
bien, si a ello hay lugar.
2. Los gastos y obligaciones asociados al mantenimiento, custodia y
administraci�n del bien, incluidos sus impuestos y seguros. En el caso de los
Bienes Improductivos, las obligaciones a que hace referencia el Art�culo 110 de
la Ley 1708 de 2014.
3. El tiempo y los costos requeridos para la enajenaci�n del bien.
4. Estado y costos del� saneamiento de los activos.
5. Tasa de descuento.
Cuando existan deudas asociadas al bien
que se pretende enajenar, que superen el valor del mismo, el Administrador del
FRISCO puede llegar a acuerdos con los acreedores para poder disponer del bien
con el fin de cancelar estas obligaciones, hasta la concurrencia del aval�o del
bien.
El Administrador del FRISCO debe publicar el precio base de venta,
de conformidad con los mecanismos de publicaci�n que establezca en la
Metodolog�a de Administraci�n.
Par�grafo. Para la enajenaci�n temprana, el
Administrador del FRISCO deber� atender las reglas contenidas en el presente
art�culo. Los pasivos asociados a los bienes objeto de enajenaci�n temprana
ser�n pagados con cargo a la venta.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, par�grafo adicionado por Art. 10,
Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.7.
Condiciones para poder presentar
ofertas.
Para presentar ofertas de compra en sobre cerrado o participar en subasta
p�blica, el oferente debe consignar el veinte por ciento (20%) del precio base
m�nimo de venta a favor del Administrador del FRISCO, en la cuenta que la
entidad determine. Dicha suma es imputable al precio para el mejor postor
aprobado, y se perder� a t�tulo de sanci�n en caso de incumplimiento de las
obligaciones adquiridas con la presentaci�n de la oferta.
Al oferente cuya oferta no fuere
seleccionada se le devolver� el valor consignado dentro de los quince (15) d�as
calendario siguientes a la Aprobaci�n Definitiva de la Oferta, sin que haya
lugar al reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni
reconocimiento del impuesto a las transacciones financieras.
Un oferente podr� mantener la
consignaci�n previa para participar en la oferta de otros bienes cuando as� lo
manifieste por escrito, y siempre y cuando dicho valor corresponda por lo menos
al 20% del precio m�nimo de venta del bien en el cual est� interesado o
adicione recursos que representen tal porcentaje.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.8.
Condiciones para la aprobaci�n
definitiva de la oferta. Para la enajenaci�n de los Bienes del FRISCO se debe tener en cuenta la prevalencia del inter�s general y los
principios de la funci�n administrativa. Antes de la Aprobaci�n Definitiva de
la Oferta, el Administrador del FRISCO debe verificar las condiciones que
considere necesarias respecto del oferente, para garantizar que con la
enajenaci�n no se contravienen estos principios.
El
Administrador del FRISCO, antes de la adjudicaci�n definitiva, puede desistir
de la enajenaci�n de los bienes, cuando estos principios puedan resultar
vulnerados, especialmente para evitar actividades il�citas.
El oferente, con la sola presentaci�n de
su oferta, acepta las condiciones establecidas en el presente art�culo y
renuncia a cualquier reclamaci�n relacionada con estas facultades
del Administrador del FRISCO. De todo lo anterior, se deber� informar a
los oferentes sin que la mencionada decisi�n requiera de motivaci�n alguna.
Los plazos para el pago, procedimiento
de entrega y la situaci�n jur�dica, material, fiscal y de ocupaci�n del bien,
as� como el procedimiento para definir la formalizaci�n de la venta, ser�n
indicados por el Administrador del FRISCO en la invitaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.9.
Pago del precio de enajenaci�n,
escrituraci�n y entrega del bien. El pago del saldo no exceder� del t�rmino establecido en la
Metodolog�a de Administraci�n. El FRISCO est� facultado para incorporar en su
Metodolog�a de Administraci�n categor�as y requisitos en los cuales sea
susceptible el ajuste de los plazos indicados.
Los plazos, condiciones y lugar de suscripci�n de la escritura
p�blica o documento de compraventa y de entrega del bien ser�n determinados por
el Administrador del FRISCO.
El bien objeto de venta se entregar� al comprador en el lugar de
ubicaci�n y estado f�sico y jur�dico pactados y �ste ser� el responsable de
iniciar las acciones extrajudiciales o judiciales tendientes a la recuperaci�n
del mismo, cuando a ello hubiere lugar.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.1.10.
�Pago de los costos y gastos de
venta. Sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 2.5.5.2.7 del presente
Decreto, el pago de los costos y gastos administrativos, jur�dicos y
financieros que implique la venta de los bienes, tales como tasas o
contribuciones, deudas de administraci�n inmobiliaria, servicios p�blicos,
mantenimiento, cerramiento, vigilancia, seguros, embargos, bodegaje, dep�sito,
costos de promoci�n, aval�os, comisiones de venta y todos aquellos que pudieran
derivarse de la actividad de comercializaci�n, ser�n sufragados con cargo a los
recursos del FRISCO para facilitar su comercializaci�n, gastos que ser�n
reembolsados al FRISCO al momento de venta de los bienes.
Para
el caso de impuestos se aplicar� lo dispuesto al r�gimen tributario establecido
en el art�culo 9 de la Ley 785 de 2002, modificado por el art�culo 54 de la Ley
1849 de 2017.
Los
gastos de la venta de activos sociales estar�n a cargo de la respectiva
sociedad, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 2.5.5.3.1.11 del
presente decreto.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 11, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.11.
�Enajenaci�n temprana. El Administrador del FRISCO, directamente o
a trav�s de terceras personas y previa aprobaci�n del Comit� de que trata el
art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el art�culo 24 de la Ley 1849
de 2017, efectuar� la enajenaci�n temprana de bienes con medidas cautelares
puestos a su disposici�n cuando se presenten los eventos de que trata el citado
art�culo.
La enajenaci�n temprana podr� realizarse independientemente de la etapa
en que se encuentre el proceso de extinci�n de dominio y la fecha en que el
mismo haya iniciado, de acuerdo con las normas aplicables a la venta de bienes
con extinci�n de dominio y previo agotamiento del tr�mite establecido en el
citado art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el art�culo 24 de la
Ley 1849 de 2017.
Con los dineros producto de la enajenaci�n temprana, previo descuento
de los gastos establecidos en el art�culo 2.5.5.2.7 del presente Decreto,
tasas, contribuciones e impuestos que se hayan erogado para su enajenaci�n, se conformar�
una reserva t�cnica del 30% conforme el art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014
modificado y adicionado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017, los cuales
ser�n invertidos de manera preferente en el mercado primario en t�tulos de
deuda p�blica de acuerdo con lo establecido en los Cap�tulos 1 a 5 del T�tulo 3
de la Parte 3 del presente decreto.
El 70% restante del producto de la enajenaci�n temprana ser�
distribuido conforme el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014 modificado y
adicionado por el art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017 y sus normas
reglamentarias.
De la decisi�n de la enajenaci�n temprana se informar� al Fiscal o
Juez, seg�n la etapa en que se encuentre el proceso, con el objeto de que, de
ordenarse la devoluci�n del bien, se disponga el pago del dinero producto de la
venta -a la(s) persona(s) que indique la decisi�n-, junto con sus rendimientos
financieros, previa deducci�n de los gastos de administraci�n establecidos en
el art�culo 2.5.5.2.7 del presente Decreto y tributos en los que incurra el
Administrador del FRISCO.
El administrador del FRISCO deber� informar al Fiscal o Juez, seg�n la
etapa en que se encuentre el proceso, sobre la enajenaci�n temprana,
chatarrizaci�n, demolici�n y destrucci�n.
El pago a que se refiere el inciso quinto del presente art�culo se
realizar� con cargo al 30% de la reserva t�cnica, en consonancia con las
disposiciones del art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el
art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017. En caso de que este pago supere el monto de
la reserva t�cnica, el Administrador del FRISCO podr� afectar los recursos del
Fondo, como un pasivo del FRISCO de los que trata el art�culo 91 de la Ley 1708
de 2014.
La enajenaci�n temprana de sociedades comprende la totalidad y/o el
porcentaje de cuotas, partes y/o acciones que hagan parte del FRISCO. As� mismo
comprende la enajenaci�n de establecimientos de comercio y los procesos
liquidatorios en los que se encuentren las sociedades que hagan parte del
FRISCO.
La productividad de las sociedades, cuotas, partes, acciones y
establecimientos de comercio que hagan parte del FRISCO, entendidas como los
rendimientos y/o utilidades de las sociedades activas ser�n destinados en un
30% a conformar la reserva t�cnica de acuerdo el art�culo 93 de la Ley 1708 de
2014 modificado y adicionado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017; en los
procesos liquidatorios de las sociedades administradas se deber� atender
prioritariamente el pago de los pasivos debidamente reconocidos y en caso de
quedar un remanente se deber� seguir las reglas del art�culo 93 de la Ley 1708
de 2014 modificado y adicionado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 12, Decreto
1760 de 2019).
Par�grafo. Para efectos de la descripci�n de
linderos de los inmuebles de que trata el par�grafo 1 del art�culo 16 de la Ley
1579 de 2012, el acto administrativo de venta masiva podr� citar el t�tulo que
describa los linderos a fin de cumplir con esta identificaci�n o podr� utilizar
la georreferenciaci�n catastral del �rea del predio en los que el t�tulo no
contenga la descripci�n de los linderos.
(Par�grafo Adicionado por el art. 3 Decreto
1352 de 2021)
Art�culo 2.5.5.3.1.12.
�Formas de enajenaci�n. La enajenaci�n de los Bienes del FRISCO se realizar� mediante los
mecanismos de enajenaci�n establecidos en el presente cap�tulo, de la siguiente
forma: a) Por el Administrador del FRISCO, sin intermediarios; b) A trav�s de
un convenio interadministrativo celebrado con Entidades Estatales cuyo objeto
social les permita la venta de bienes por cuenta de terceros a trav�s de sus
propios procedimientos y, c) A trav�s de promotores mediante el procedimiento
que autorice la Junta Directiva del Administrador del FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015).
Art�culo 2.5.5.3.1.13.
Efectos de la Resoluci�n para la
Enajenaci�n Temprana. En los casos de sociedades
activas o un porcentaje en la participaci�n de estas o sus activos, sociedades
en liquidaci�n y en los establecimientos de comercio, con el registro del acto
administrativo de que trata el par�grafo 4� del art�culo 92 de la Ley 1708 de
2014 adicionado por el art�culo 73 de la Ley 1955 de 2019, las C�maras de
Comercio proceder�n a cancelar las medidas cautelares inscritas en los
registros mercantiles e inscribir el acto administrativo que transfiere el
derecho de dominio al FRISCO, en caso de ser procedente.
En las C�maras de Comercio se inscribir�n por solicitud del
administrador del FRISCO, el acto administrativo expedido por el administrador
del FRISCO y, el acta de junta de socios o asamblea de accionistas que apruebe
la cuenta final de liquidaci�n y/o la solicitud de cancelaci�n de la matricula
mercantil.
(Adicionado por Art. 13, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.14.
Gestiones necesarias de la
Superintendencia de Notariado y Registro, las Oficinas de Registro de
Instrumentos P�blicos y la Aeron�utica Civil, las Capitan�as de Puerto,
Ministerio de Transporte a trav�s del RUNT, las Secretarias de Transito y las
C�maras de Comercio. Las autoridades encargadas del
registro de bienes estar�n obligadas a adoptar los instrumentos necesarios y
pertinentes para el cumplimiento de las disposiciones de este decreto,
especialmente, a crear el c�digo registral y especificaci�n para inscribir el
acto administrativo de transferencia de la propiedad y sus efectos como acto de
transferencia del dominio y cancelaci�n de medidas cautelares.
(Adicionado por Art. 14, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.1.15. Metodolog�a para la
valoraci�n econom�trica de inmuebles. Para
adoptar la metodolog�a para la valoraci�n econom�trica de activos urbanos el
administrador del FRISCO podr� acudir a f�rmulas existentes para lo cual
solicitar� a las autoridades de catastro, tales como: Instituto Geogr�fico
Agust�n (IGAC), Catastros descentralizados de las ciudades de Bogot�, Medell�n,
Cali, Barranquilla y el departamento de Antioquia, los modelos con cuenten
junto con la informaci�n estad�stica e hist�rica como insumo para implementarlo
y ajustarlo a los bienes del FRISCO.
El administrador del FRISCO podr� adem�s tener
en cuenta para la valoraci�n econom�trica, las siguientes variables: su
destinaci�n, uso de acuerdo con la normatividad urbana, muestras homog�neas,
zona de ubicaci�n, condiciones de acceso, edad, estado de conservaci�n, acceso
al interior del inmueble, con la finalidad de fijar el precio del inmueble,
empleando el criterio de mayor y mejor uso entre otros.
(Art�culo Adicionado por el art. 2 Decreto
1352 de 2021)
Secci�n 2
Mecanismos para la Enajenaci�n
Art�culo 2.5.5.3.2.1.
Mecanismos para la enajenaci�n de
bienes. La
enajenaci�n de los Bienes del FRISCO se realizar� a trav�s de los mecanismos
de: a) Venta en sobre cerrado y; b) subasta p�blica, presencial o electr�nica,
en los casos especiales establecidos en la presente secci�n podr� realizarse
venta directa a entidades p�blicas. En cualquiera de los mecanismos utilizados,
se deber� suministrar la informaci�n que resulte relevante para determinar el
valor de la oferta, tales como las condiciones particulares del bien
relacionadas con el estado de conservaci�n, la existencia de contratos sobre el
mismo, o el estado de tenencia u ocupaci�n, a
cualquier t�tulo, el valor catastral cuando aplique, las variables usadas para fijar el precio m�nimo
de venta establecidas en el art�culo 2.5.5.3.1.6 de la Secci�n 1 del Cap�tulo 3 del presente t�tulo y las obligaciones
pendientes que corren a cargo del comprador, si las hubiere.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.2.2.
Venta
en sobre cerrado. El administrador del FRISCO, o el
promotor publicar�n en su p�gina web un aviso de invitaci�n p�blica que
contenga, adem�s de la informaci�n relacionada en el art�culo 2.5.5.3.1.6 del
presente Decreto, lo siguiente: a) el cronograma seg�n el cual se llevar� a
cabo la venta; y (b) los requisitos para participar en la venta.
El interesado en adquirir un bien puede
presentar su oferta de compra en sobre cerrado al Administrador del FRISCO, a
la entidad estatal o al promotor, seg�n fuere el caso. Vencido el plazo para la
presentaci�n de ofertas, el Administrador del FRISCO, la entidad estatal o el
promotor realizar� la audiencia p�blica de apertura de sobres, en la que se
levantar� un acta con la relaci�n de oferentes, valor de la oferta, bien objeto
de la oferta y folios de cada una de estas. El acta se publicar� en la p�gina
web del Administrador del FRISCO, de la entidad estatal o del promotor, seg�n
fuere el caso.
En caso de no recibir ninguna oferta el
proceso se declarar� desierto.
El Administrador del FRISCO, la entidad
estatal o el promotor presentar�n el informe correspondiente con la relaci�n de
oferentes habilitados y el t�rmino para mejorar la oferta, en el plazo previsto
en el aviso de la invitaci�n p�blica en su p�gina web, para ese efecto.
En caso de empate, los participantes
empatados podr�n realizar un nuevo lance. En caso de que subsista el empate se
utilizar� un m�todo aleatorio que defina el Administrador del FRISCO, en su
Metodolog�a de Administraci�n.
Surtida esta etapa, en caso de no presentarse
ninguna mejora entre las ofertas que resultaron habilitadas, se adjudicar� el
bien al oferente que haya ofrecido el mejor precio y se dejar� constancia en
acta de la celebraci�n de dicha audiencia y de lo ocurrido en la misma.
Par�grafo 1�. Con
la presentaci�n de la oferta se acepta plenamente por parte del oferente, las
condiciones fijadas para la misma, la reglamentaci�n contenida en el presente
t�tulo y las dem�s que estime el Administrador del FRISCO en la Metodolog�a de
Administraci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 15, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.2.3.
Venta a trav�s de subasta
p�blica. En
la p�gina web del Administrador del FRISCO, o el promotor, seg�n fuere el caso, se publicar� un aviso que contenga el lugar, fecha y hora en la
que se llevar� a cabo la audiencia en la que se realizar� la subasta, la
identificaci�n de los bienes objeto de venta, las variables usadas para fijar
el precio m�nimo de venta establecidas en el art�culo 2.5.5.3.1.6 de la secci�n 1 del Cap�tulo
3 del presente t�tulo y las condiciones
b�sicas para acceder a la misma.
Entre la publicaci�n del aviso y la
celebraci�n de la audiencia para la subasta p�blica, no deber�n transcurrir
menos de quince (15) d�as calendario.
La Subasta podr� realizarse mediante una
de las siguientes modalidades:
a) Subasta electr�nica, caso en el cual la misma tendr� lugar en
l�nea a trav�s del uso de recursos tecnol�gicos.
b) Subasta presencial, caso en el cual los lances de presentaci�n de
las propuestas se har�n con la presencia f�sica de los proponentes y por
escrito.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.2.4.
Normas comunes al procedimiento
de subasta. El
reglamento de la subasta determinar� los m�rgenes m�nimos por debajo de los
cuales los lances no ser�n aceptables. En consecuencia, s�lo ser�n v�lidos los
lances que superen este margen. En todo caso la oferta no puede ser inferior al
precio base m�nimo de venta.
Si en la subasta se presentare una sola
oferta, se celebrar� la venta con ese �nico oferente, siempre y cuando el valor
ofrecido sea igual o superior al precio base m�nimo de venta.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.2.5.
Procedimiento de la subasta electr�nica. La subasta debe iniciar en la
fecha y hora fijada en el aviso de invitaci�n p�blica y se utilizar�n los
mecanismos de seguridad que adopte el Administrador del FRISCO para el
intercambio de mensajes de datos.
El precio de arranque de la subasta
electr�nica ser� el mayor precio ofrecido inicialmente, que en ning�n caso ser�
inferior al precio base m�nimo de venta, hasta lograr la selecci�n del Mejor
Postor Condicionado.
Los interesados presentar�n sus lances
de precio usando para el efecto las herramientas tecnol�gicas definidas por el
Administrador del FRISCO en el reglamento de la subasta.
Si en el curso de una subasta dos o m�s
proponentes presentan una postura del mismo valor, se registrar� �nicamente la
que haya sido recibida cronol�gicamente en primer lugar por el medio
electr�nico establecido para la subasta electr�nica.
Conforme avance la subasta, el
proponente ser� informado por parte del sistema o del operador tecnol�gico que
brinda servicios de subasta, de la recepci�n de su lance y la confirmaci�n de
su valor, as� como del puesto en que se encuentra su propuesta, sin perjuicio
de la confidencialidad que se mantendr� sobre la identidad de los proponentes.
Si en el curso de una subasta
electr�nica se presentaren fallas t�cnicas imputables al responsable de la
operaci�n tecnol�gica de la subasta y las mismas impiden que los proponentes
env�en sus propuestas, la subasta ser� cancelada y deber� reiniciarse el
proceso en la fecha y hora que el Administrador del FRISCO se�ale en su p�gina Web.
Si por causas imputables al proponente o
a su proveedor de servicio de Internet, aquel pierde conexi�n con el operador
tecnol�gico de la subasta, no se cancelar� la subasta y se entender� que el
proveedor desconectado ha desistido de participar en la misma, salvo que logre
volver a conectarse antes de la terminaci�n del evento.
En la subasta electr�nica el operador
tecnol�gico debe asegurar que el registro de los lances v�lidos de precios se
produzca autom�ticamente, sin que haya lugar a una intervenci�n directa de su
parte y se deber� contar con al menos una l�nea telef�nica abierta de
disponibilidad exclusiva, la cual prestar� auxilio t�cnico a los proponentes
sobre aspectos relacionados con la subasta.
Si el Administrador del FRISCO, o el promotor,
seg�n fuere el caso, cuenta con una plataforma tecnol�gica que permita la realizaci�n
de subastas electr�nicas podr� hacerlas por s� mismo, de lo contrario, podr�
contratar su realizaci�n a trav�s de terceros.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.2.6.
Procedimiento de la subasta
presencial. La
subasta presencial se adelantar� en audiencia, bajo las reglas establecidas en
el presente art�culo.
Reunidos los interesados en la audiencia
de la subasta p�blica, se proceder� a la apertura formal de la misma, iniciando
la puja partiendo del precio m�nimo de venta,� hasta lograr la selecci�n del
Mejor Postor Condicionado.
A los proponentes se les distribuir�n
sobres y formularios para la presentaci�n de los lances a que haya lugar
durante la subasta. En dichos formularios se deber� consignar �nicamente el
precio ofrecido por el proponente o la expresi�n clara e inequ�voca de que no
se har� ning�n lance adicional.
En caso de detectarse acuerdos entre los
participantes, la subasta se declarar� fallida y se dar� inicio a un nuevo
proceso de enajenaci�n. El Administrador del FRISCO presentar� las denuncias a
que haya lugar.
Durante la audiencia se dar� apertura a
los sobres con las ofertas iniciales de precio y se registrar�n los lances
v�lidos, los cuales se ordenar�n ascendentemente. Con base en este orden, se
dar� a conocer en la audiencia �nicamente el mayor precio ofrecido.
A los proponentes se les otorgar� un
t�rmino com�n se�alado en el reglamento de la subasta, con el fin de que hagan
un lance que mejore la mayor de las ofertas iniciales de precio a que se
refiere el inciso anterior.
Se entender� como no v�lido, todo lance
que sea inferior al margen m�nimo establecido en la metodolog�a.
El procedimiento descrito se repetir� en
tantas rondas como sea necesario, hasta que no se reciba ning�n lance que
mejore el mayor precio ofrecido en la ronda anterior. Los proponentes que no
presentaron un lance v�lido no podr�n seguir present�ndolos durante la subasta.
Una vez aprobada condicionalmente la
venta, en audiencia se informar� la mejor oferta econ�mica recibida.
En el evento que los oferentes no
presenten un nuevo lance y persista el empate, la adjudicaci�n condicionada se
realizar� a quien haya presentado el mayor precio inicial de los oferentes que
se encuentren en situaci�n de empate. El Administrador del FRISCO deber�
determinar, en la Metodolog�a de Administraci�n, los criterios de desempate cuando
el mayor precio inicial presentado por los oferentes empatados sea igual.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.2.7.
Venta directa a entidades
p�blicas. En
cualquier momento el Administrador del FRISCO podr� realizar venta directa de
bienes sin acudir a los mecanismos de enajenaci�n establecidos en la presente
secci�n, siempre que el comprador interesado sea una entidad p�blica de
cualquier orden. El valor del bien ser� el precio m�nimo de venta determinado
seg�n el presente t�tulo. De igual forma se proceder� cuando se trate de oferta
de compra de �reas o predios presentada por una entidad p�blica cuando los
bienes sean requeridos por motivos de utilidad p�blica o inter�s social de que
trata el Art�culo 58 de la Ley 388 de 1997.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Secci�n 3
Enajenaciones Especiales
Art�culo 2.5.5.3.3.1.
Derechos de� terceros. En caso de que la providencia judicial ejecutoriada y en firme
que declare la extinci�n de dominio de un bien reconozca sobre el activo
derechos parciales a favor de un tercero de buena fe, el Administrador del
FRISCO podr� ofrecer en primer t�rmino a dicho tercero el bien objeto de
extinci�n, quien tendr� la opci�n de aceptarlo por el valor del aval�o comercial
cancelando la diferencia por el mismo.
En ning�n caso el Administrador del
FRISCO est� obligado a reconocer un valor superior al producto de la venta del
bien, previa deducci�n de los gastos que �sta implique y el pago de las
obligaciones, incluido el aval�o comercial.
En la oferta el Administrador del FRISCO
debe indicar: i) el aval�o comercial del bien; ii) que el mismo se ofrece en
daci�n en pago y; iii) la advertencia de que no existe inter�s en dicha forma
de pago si no se recibe una respuesta dentro del mes siguiente a la fecha de
remisi�n de la oferta, en cuyo caso se proceder� a la venta como se indica en
el presente t�tulo.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.2.
Enajenaci�n de activos de
sociedades en liquidaci�n. La venta de los activos de sociedades en liquidaci�n respecto a
las cuales el FRISCO es titular del ciento por ciento del capital social, se
har� por el liquidador de conformidad con los mecanismos que rigen la venta de
los Bienes del FRISCO establecidos en el presente t�tulo, siguiendo los
procedimientos, normas internas, instrucciones y orientaciones impartidas por
el Administrador del FRISCO. El precio de venta de los bienes ser� determinado
de conformidad con el presente t�tulo. Los liquidadores de las sociedades no
podr�n enajenar bienes sin la autorizaci�n previa y por escrito del
Administrador del FRISCO.
No obstante lo anterior, en cualquier momento el Administrador del
FRISCO podr� efectuar la venta de los activos de sociedades en liquidaci�n
respecto de las cuales el FRISCO es titular del ciento por ciento del capital
social, sin intermediario, de conformidad con la regulaci�n establecida en el
presente cap�tulo. Los recursos obtenidos por la enajenaci�n, previo descuento
de los gastos en que haya incurrido el Administrador del FRISCO, deber�n
entregarse a dichas sociedades o unidades de explotaci�n econ�mica para
cancelar sus pasivos, y gastos en general. Lo anterior sin perjuicio de las
normas que rigen la liquidaci�n de las sociedades.
Una vez canceladas las obligaciones y gastos, los remanentes
deber�n ser entregados al Administrador del FRISCO.���
Par�grafo 1. La extinci�n del derecho de dominio del 100%
de las acciones, cuotas o derechos o partes de inter�s que representen el
capital social, comprende igualmente la extinci�n del derecho de dominio sobre
los bienes que componen el activo societario.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.3.
Enajenaci�n de acciones,
derechos, cuotas o partes de inter�s social.
La enajenaci�n de acciones, derechos, cuotas o partes de inter�s social en
personas jur�dicas de naturaleza civil o comercial, respecto de las cuales se
haya decretado parcialmente la extinci�n del derecho de dominio, cuyo titular
sea la Naci�n - FRISCO, se efectuar� conforme a lo dispuesto en los estatutos
sociales internos de cada una, en concordancia con las normas del derecho
privado. En lo no regulado se aplicar� lo dispuesto en el presente cap�tulo.�
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.4.
Enajenaci�n de sociedades y de establecimientos
de comercio. La venta de
sociedades y de establecimientos de comercio se realizar� de la siguiente forma
1. En una primera fase se efectuar� la valoraci�n de la sociedad o el
establecimiento de comercio, objeto de enajenaci�n, a
trav�s de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Abierto de
Avaluadores -RAA y de conformidad con lo establecido en el presente cap�tulo.
2. En la segunda fase, se estructurar� el proceso de venta, por un tercero
especializado (diferente al avaluador) o directamente por el Administrador del
FRISCO, de acuerdo con la Metodolog�a de Administraci�n.
La
estructuraci�n del proceso de venta a trav�s de un tercero especializado
requerir� aprobaci�n del Administrador del FRISCO.
3. En la tercera fase, el Administrador del FRISCO proceder� a enajenar la
sociedad o el establecimiento de comercio, bien sea directamente o a trav�s del
mismo tercero especializado e inscribir� el acto de venta en el registro
mercantil correspondiente.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 16, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.3.3.5.
Enajenaci�n de sustancias
qu�micas. El
Administrador del FRISCO realizar� directamente la enajenaci�n de sustancias
qu�micas mediante invitaci�n p�blica a trav�s de la p�gina web de la entidad o
mediante el procedimiento que adopte para tal efecto en la Metodolog�a de
Administraci�n, de acuerdo con las normas que para el efecto expida el Gobierno
Nacional el cual en todo caso deber� ser p�blico y permitir la libre
concurrencia de participantes, garantizando la transparencia, la eficiencia y
la selecci�n objetiva.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.6.
Mecanismo de extinci�n de
obligaciones. El Administrador del FRISCO podr� promover ante las entidades
territoriales, la DIAN y otros acreedores, mecanismos de extinci�n de
obligaciones por concepto de impuestos, valorizaci�n, inversiones, mejoras u
otras obligaciones que pesan sobre los bienes objeto de venta.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.7.
Consignaci�n de dineros en cuentas del
administrador del FRISCO. En caso de que un
tercero efect�e consignaciones de dinero respecto de bienes que no se
encuentren en venta o que no guarden relaci�n directa con la actividad
comercial, el Administrador del FRISCO pondr� en conocimiento de la Fiscal�a
General de la Naci�n y de la UIAF dicha situaci�n para que inicien la
investigaci�n correspondiente. Dichos dineros deben ser puestos a disposici�n mediante dep�sito
judicial a favor del tercero que efectu� la consignaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.3.3.8.
Aspectos no regulados para la
enajenaci�n.
Los procedimientos internos y aquellos que conduzcan al cumplimiento de los
fines estatales perseguidos mediante la enajenaci�n de los activos especiales,
que no se encuentren se�alados en la ley o en el presente t�tulo, ser�n
determinados en la Metodolog�a de Administraci�n que expida el Administrador
del FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
CAP�TULO 4
CONTRATACI�N
Art�culo 2.5.5.4.1.
Tipos de contrato. El Administrador del FRISCO podr�
celebrar cualquier acto y/o contrato, que permita una eficiente administraci�n
de los bienes y recursos, dentro del marco de la legalidad, y con el prop�sito
de salvaguardar los fines establecidos en el art�culo 94 de la Ley 1708 de
2014.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.4.2.
Garant�as de pago en contratos
de arrendamiento o explotaci�n econ�mica. Los
contratos de arrendamiento o de explotaci�n econ�mica que se suscriban sobre
Bienes del FRISCO� a partir de la inclusi�n del presente t�tulo, deber�n
contar con una p�liza de seguros que garantice su pago expedida por una
compa��a de seguros legalmente establecida en Colombia, para amparar el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. En todo caso, el
Administrador del FRISCO, a trav�s de un Comit� T�cnico conformado al interior
de la Entidad, podr� autorizar la suscripci�n de contratos de arrendamiento o
explotaci�n econ�mica con la posibilidad de acudir a otros mecanismos de
respaldo como fianzas, deudores solidarios u otro tipo de garant�as, para
amparar el incumplimiento, cuando resulte comprobada la imposibilidad de
expedici�n de p�lizas por las compa��as aseguradoras, por aspectos como el
valor, el estado o ubicaci�n del inmueble o la vigencia contractual pactada, entre
otros.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.4.3.
Acuerdos de pago. El Administrador del FRISCO est�
facultado para celebrar acuerdos de pago con los contratistas que se encuentren
en mora, en aras de lograr la normalizaci�n de los saldos de cartera que se
llegaren a generar dentro de sus gestiones de administraci�n y de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la metodolog�a de administraci�n, expedida
para el efecto.
Estos acuerdos de pago se podr�n
celebrar directamente o a trav�s de centros de conciliaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.4.4.
Contratos de arrendamiento de
inmuebles rurales en proceso de extinci�n de dominio en el marco del Acuerdo
Final para la Terminaci�n del Conflicto y la Construcci�n de una Paz Estable y
Duradera. El administrador del FRISCO podr�
suscribir contratos de arrendamiento de acuerdo con los requisitos que exija su
metodolog�a de administraci�n, en los t�rminos de la Parte 5 del Libro 2 del
Decreto n�mero 1068 de 2015, Decreto �nico Reglamentario del Sector Hacienda y
Cr�dito P�blico, sobre bienes inmuebles rurales que est�n afectados con medidas
cautelares dentro de procesos de extinci�n de dominio, con el fin exclusivo de
desarrollar proyectos productivos de car�cter agropecuario, acu�cola, pesquero,
forestal o de desarrollo rural, en los que se vincule, por cualquier medio
jur�dico, a las personas que formen parte de alguna de las siguientes
poblaciones:
1. V�ctimas identificadas en el Registro
�nico de V�ctimas o cuyos predios se encuentren inscritos en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
2. Beneficiarios del Programa de
Reincorporaci�n, en los t�rminos del art�culo 2� del Decreto Ley 899 de 2017,
acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
3. Beneficiarios del Programa Nacional
Integral de Sustituci�n de Cultivos Il�citos, certificados por la Direcci�n
para la Sustituci�n de Cultivos Il�citos adscrita a la Alta Consejer�a
Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Rep�blica.
Par�grafo 1�: Los contratos de arrendamiento deber�n cumplir con lo dispuesto en
el cap�tulo que para ello se determine en la Metodolog�a de Administraci�n de
los Bienes del FRISCO, que podr� incluir los plazos, condiciones y garant�as de
acuerdo con las caracter�sticas de cada proyecto productivo de conformidad con
lo dispuesto en este Cap�tulo. Las minutas de estos contratos deber�n indicar
expresamente que los proyectos productivos a los cuales se destinan los bienes
arrendados deber�n cumplir con la vinculaci�n de las poblaciones descritas en
el presente art�culo durante todo el periodo del arrendamiento y atendiendo la
normatividad aplicable vigente.
El incumplimiento de lo se�alado dar�
lugar a la terminaci�n unilateral y anticipada del contrato de arrendamiento.
Esto ser� parte integral de la minuta de contrato firmada por las partes.
El contrato podr� ser terminado de
manera unilateral por el administrador del FRISCO, cuando el arrendatario
destine el bien para un uso diferente al acordado en el contrato.
En todo caso, el contrato de
arrendamiento ser� �nicamente sobre el uso del suelo y el arrendador no ser�
responsable de las actividades comerciales o de cualquier otra naturaleza que
el arrendatario realice sobre el inmueble.
Par�grafo 2�: Para la suscripci�n de los contratos de que trata este art�culo,
se deber� verificar lo siguiente:
1. El administrador del FRISCO, una vez
agotado el tr�mite de solicitud de predios establecido en la Metodolog�a de
Administraci�n de Bienes del FRISCO, solicitar� a la Unidad Administrativa
Especial de Gesti�n de Restituci�n de Tierras Despojadas una certificaci�n en
la que acredite si dichos predios est�n o no vinculados a procesos de
restituci�n con el prop�sito de respetar su destinaci�n a la restituci�n en
caso de que el juez de conocimiento decida ordenarla.
2. En el caso en que el predio presente
vinculaci�n a procesos de restituci�n con posterioridad a la suscripci�n de los
contratos de que trata este art�culo, la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
de Restituci�n de Tierras Despojadas, sobre la base del reconocimiento del
derecho de dominio del restituido, de conformidad con lo dispuesto en el
art�culo 99 de la Ley 1448 de 2011, solicitar� al Juez y/o Magistrado
correspondiente que autorice, mediante el tr�mite incidental, la cesi�n del
contrato de arrendamiento entre los beneficiarios de la restituci�n y el
inversionista que estuviera desarrollando el proyecto productivo.
(Art. 1, Decreto 758 de 2018)
Art�culo 2.5.5.4.5.
Autorizaci�n. El administrador del FRISCO podr� suscribir los contratos de
arrendamiento con los inversionistas o interesados, una vez cuente con la
aprobaci�n de viabilidad de los proyectos productivos por parte de las
instancias o entidades competentes, cuando el capital del proyecto provenga de
las poblaciones de que trata el art�culo 2.5.5.4.4., atendiendo los siguientes
criterios:
1. Cuando el capital del proyecto productivo
provenga de los beneficios econ�micos de programas de v�ctimas identificadas en
el Registro �nico de V�ctimas, se deber� aportar la certificaci�n de viabilidad
que para el efecto expida la Agencia de Desarrollo Rural.
2. Cuando el capital del proyecto
productivo provenga de beneficios econ�micos otorgados en el marco del Programa
de Reincorporaci�n, se deber� aportar la certificaci�n de viabilidad que para
el efecto expida el Consejo Nacional de Reincorporaci�n - CNR.
3. Cuando el capital del proyecto
productivo provenga de beneficios econ�micos otorgados en el marco del Programa
Nacional Integral de Sustituci�n de Cultivos Il�citos, se deber� aportar la
certificaci�n de viabilidad t�cnica que para el efecto expida la Direcci�n para
la Sustituci�n de Cultivos Il�citos de la Alta Consejer�a Presidencial. para el
Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica,
acompa�ada del respectivo plan de inversi�n.
4. La Agencia de Desarrollo Rural ser�
la entidad encargada de aportar la certificaci�n de viabilidad cuando el
capital del proyecto productivo provenga exclusivamente de un inversionista,
interesado o de cooperaci�n internacional.
5. En caso de que el capital del
proyecto productivo provenga de fuentes mixtas relacionadas en el presente
art�culo, se deber�n aportar las certificaciones de cada entidad o instancia
competente, con el fin de que la Agencia de Desarrollo Rural determine la
viabilidad.
Par�grafo 1. La selecci�n de los proyectos productivos de que trata el
art�culo 2.5.5.4.4. del presente Cap�tulo se adelantar� teniendo en cuenta los
procedimientos propios de cada entidad encargada de otorgar la viabilidad que,
en todo caso, deber�n garantizar una selecci�n objetiva.
Par�grafo 2. El Administrador del FRISCO no tendr� responsabilidad alguna por
la certificaci�n de los proyectos productivos de que trata el presente
art�culo, o injerencia en el tr�mite de su expedici�n, as� como tampoco por la
planeaci�n, ejecuci�n y selecci�n de dichos proyectos.
(Art. 2, Decreto 758 de 2018)
Art�culo 2.5.5.4.6. Condici�n Especial del Contrato de arrendamiento. El administrador del FRISCO para efectos de celebrar un contrato de
arrendamiento, dentro del estudio que adelante, deber� contar con una
declaraci�n del interesado en la que se�ale que no tiene ning�n tipo de
relaci�n con el afectado dentro del proceso de extinci�n de dominio de acuerdo
con lo consagrado en el r�gimen general de inhabilidades e incompatibilidades
consagrado para la contrataci�n estatal.
(Adicionado por Art. 17, Decreto
1760 de 2019)
CAP�TULO 5
DESTINACI�N PROVISIONAL
Art�culo 2.5.5.5.1.
Destinaci�n provisional. Es el mecanismo de administraci�n
en virtud del cual el Administrador del FRISCO
entrega un bien bajo su administraci�n al servicio de una entidad estatal o
persona jur�dica de derecho privado sin �nimo de lucro, previo cumplimiento de
los requisitos del presente cap�tulo.
Podr�n destinarse provisionalmente
bienes a personas jur�dicas de derecho privado sin
�nimo de lucro, �nicamente cuando tengan por lo menos
diez (10) a�os de existencia, cuente con reconocida idoneidad y que sus
programas sean de p�blico reconocimiento, con el fin de impulsar programas u
actividades de inter�s p�blico acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los
Planes Seccionales de Desarrollo, lo cual deber� ser constatado a trav�s de los
medios id�neos que establezca el Administrador del
FRISCO en su Metodolog�a de Administraci�n. En todo
caso el Administrador del FRISCO deber� consultar los antecedentes judiciales a
todos los miembros de los �rganos de Direcci�n y fundadores de estas entidades.
Las condiciones para la destinaci�n
provisional a estas personas jur�dicas se fijar�n en la Metodolog�a de
Administraci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.5.2.
Garant�as. El destinatario provisional, previo a la entrega del bien
destinado, deber� constituir una garant�a real, bancaria o una p�liza de
seguros contra todo riesgo, expedida por una compa��a de seguros legalmente
establecida en Colombia, que ampare el buen uso y la conservaci�n del bien
entregado en destinaci�n provisional
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.5.3.
Responsabilidad de los
destinatarios. Los destinatarios provisionales de que trata este cap�tulo
responder�n directamente por la p�rdida, da�o, destrucci�n, deterioro de los
bienes e incumplimiento de las condiciones fijadas por el Administrador del
FRISCO, y responder� por los perjuicios ocasionados a terceros como
consecuencia de la indebida administraci�n. As� mismo, deber�n asumir los
gastos, impuestos, sanciones y dem�s costos que se generen durante el t�rmino
de la destinaci�n provisional de los bienes entregados.
Las obligaciones del destinatario
provisional ser�n definidas por el Administrador del FRISCO en su Metodolog�a
de Administraci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.5.4. Declaraci�n de extinci�n de dominio sobre bienes destinados
provisionalmente. En caso de declararse la
extinci�n de dominio de automotores, motonaves y
aeronaves entregados en destinaci�n provisional a una entidad p�blica, dichos
bienes quedar�n asignados definitivamente a la entidad que lo ha usufructuado
como destinatario provisional, siempre y cuando puedan asignarse los
porcentajes se�alados en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por
el art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017, para lo cual el Administrador del FRISCO
expedir� el respectivo acto de asignaci�n definitiva, que servir� de t�tulo
traslaticio de dominio del bien.
Par�grafo: De existir obligaciones
patrimoniales pendientes sobre los bienes asignados, la entidad p�blica
receptora deber� asumir dichas obligaciones.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 18, Decreto
1760 de 2019)
Art�culo 2.5.5.5.5. Procedimiento para la destinaci�n provisional. Para la destinaci�n provisional de
los bienes a las entidades estatales o personas
jur�dicas de derecho privado sin �nimo de lucro, el
Administrador del FRISCO llevar� a cabo el siguiente procedimiento:
1.
Efectuar la divulgaci�n de los bienes que
tiene para destinar en su p�gina web.
2.
Los interesados deber�n presentar sus
solicitudes en sobre cerrado y deber�n estar acompa�adas de los siguientes
documentos:
a)
Proyecto de utilizaci�n del bien para
programas u actividades de inter�s p�blico acordes con el Plan Nacional de
Desarrollo y los Planes Seccionales de Desarrollo, y que est�n relacionados con
el objeto social de la entidad.
b)
Antecedentes judiciales de todos los miembros
de los �rganos de direcci�n y fundadores de las personas
jur�dicas de derecho privado sin �nimo de lucro.
c)
Declaraci�n del representante legal de las personas jur�dicas de derecho privado sin �nimo de lucro sobre origen de los recursos y sobre la inexistencia de
actividades il�citas por parte de sus donantes o de investigaciones de tipo
penal, garantizando la transparencia de los recursos que recibe la instituci�n.
3.
Dentro de los quince (15) d�as siguientes a la
recepci�n de las solicitudes, el Administrador del FRISCO, mediante resoluci�n motivada, destinar� provisionalmente los
bienes a quien cumpla con los requisitos establecidos en la Metodolog�a de
Administraci�n.
La resoluci�n ser� registrada en la respectiva entidad cuando
verse sobre bienes sometidos a registro.
En caso de que se
presenten dos o m�s solicitudes sobre un mismo bien, y las mismas cumplan con
todos los requisitos exigidos para su destinaci�n provisional, dichas
solicitudes deber�n ser estudiadas por un comit� interno que para el efecto
cree el Administrador del FRISCO
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo
2.5.5.5.6. Materializaci�n de la entrega. Para proceder a la entrega de los bienes, el Administrador del
FRISCO deber� suscribir un acta, en la que se indicar�, entre otros aspectos, el inventario del bien, el cual obrar� como anexo e indicar� el
estado de conservaci�n, la situaci�n f�sica y jur�dica en que se encuentra al
momento de su entrega, dejando un archivo fotogr�fico y f�lmico del bien.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo
2.5.5.5.7. Remoci�n de la destinaci�n provisional. En virtud al car�cter provisional y precario de la destinaci�n,
el Administrador del FRISCO podr� remover al destinatario provisional en caso
de incumplimiento de sus obligaciones.
Par�grafo. En
caso de que el destinatario no haga efectiva la orden de entrega de los bienes
asignados, el Administrador del FRISCO podr� hacer uso de las facultades de polic�a
administrativa que le otorga la ley.
En todo caso, el Administrador del FRISCO
est� habilitado para iniciar las acciones legales tendientes a resarcir los
perjuicios que la gesti�n del destinatario removido pudiera causarle.
(Par�grafo adicionado por Art. 19, Decreto
1760 de 2019).
CAP�TULO 6
DEPOSITO PROVISIONAL
Art�culo 2.5.5.6.1. Definici�n dep�sito provisional.
Es un mecanismo de administraci�n de Bienes del FRISCO, en virtud del cual se
designa a una persona que re�na las condiciones de idoneidad necesarias para
que los administre, cuide, mantenga, custodie y procure que contin�en siendo
productivos y generadores de empleo.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.2.
Designaci�n de los depositarios
provisionales. La designaci�n de depositarios
provisionales la efectuar� el Administrador del
FRISCO mediante procedimientos de selecci�n
establecidos en la Metodolog�a de Administraci�n, quien verificar� que las
personas que participen dentro del proceso cumplan con los requisitos previstos
en el presente t�tulo.
En todo caso,
el Administrador del FRISCO para la designaci�n del depositario provisional
tendr� en cuenta la prevalencia del inter�s general y los principios de la
funci�n administrativa, para lo cual deber� verificar las condiciones que
considere necesarias respecto del oferente para garantizar que no se
contravienen estos principios.
El Administrador del FRISCO comunicar� a
las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, su decisi�n sobre
el depositario provisional y las que la modifiquen, ratifiquen, adicionen o
revoquen.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.3.
Honorarios de los depositarios provisionales. El Administrador del FRISCO fijar�
en la Metodolog�a de Administraci�n las reglas para determinar los honorarios
de los depositarios provisionales teniendo en cuenta el uso, destino y
productividad del bien y el mercado, los cuales ser�n fijados en la respectiva
resoluci�n de nombramiento y deducidos del producido de los bienes objeto del
dep�sito provisional, sin que el reconocimiento de los mismos constituya
v�nculo laboral alguno.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.4.
�Registro de depositarios
provisionales. Para ser depositario
provisional de Bienes del FRISCO, las personas interesadas deben estar
inscritas previamente en el Registro de Depositarios Provisionales de Bienes
del Administrador del FRISCO.
Para conformar el registro de depositarios
provisionales de bienes, el Administrador del FRISCO efectuar� convocatorias
p�blicas de acuerdo con lo establecido en la Metodolog�a de Administraci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
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Art�culo 2.5.5.6.5. Causales de rechazo y de exclusi�n de los depositarios
provisionales. Los interesados en hacer parte del Registro
de Depositarios Provisionales de Bienes del Administrador del FRISCO ser�n rechazados y/o excluidos de
acuerdo con lo establecido en la Metodolog�a de Administraci�n, que deber�
contemplar, entre otras que de conformidad con su experiencia en la
administraci�n del tema considere permanentes, las siguientes circunstancias:
1.
Cuando el interesado se halle incurso en
alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la
Constituci�n Pol�tica o en la Ley Colombiana.
2.
Cuando sea presentada por personas
jur�dicamente incapaces para obligarse y/o que no cumplan todos los requisitos
de participaci�n indicados dentro de los t�rminos de la convocatoria.
3.
Cuando del an�lisis de la informaci�n
financiera se concluya la falta de solvencia econ�mica, conforme los
indicadores que al efecto establezca el administrador del FRISCO en las
convocatorias.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.6.
Obligaciones de los depositarios
provisionales. A los depositarios provisionales les ser�n exigibles las
obligaciones contenidas en la Metodolog�a de Administraci�n del FRISCO, dentro
de las cuales deber�n estar indicarse como m�nimo las siguientes.
1. Velar porque se mantenga la productividad de los bienes y la actividad
econ�mica que les corresponda, siempre que esta sea l�cita.
2. Adoptar de manera oportuna las medidas correctivas y realizar las
gestiones necesarias para garantizar la eficiente administraci�n de los bienes.
3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
suscripci�n de los respectivos contratos de arrendamiento.
4. Rendir informes mensuales de gesti�n, contables, financieros, de uso y
estado, ingresos o gastos, seg�n la naturaleza del bien y relacionados con su
administraci�n.
5. Coordinar la entrega inmediata de los bienes objeto de dep�sito
provisional, en el momento, y a la persona que le indique el administrador del
FRISCO mediante comunicaci�n escrita, en caso de remoci�n de la calidad de
depositario provisional o de orden judicial.
6. Llevar la contabilidad mensual de los recursos consignados y pagos
realizados por cada bien, de acuerdo con el formato que para el efecto
suministrar� el Administrador del FRISCO.
7. Presentar la rendici�n final de cuentas al terminar el dep�sito provisional.
8. Coordinar la inspecci�n de los bienes objeto de dep�sito, cuando el
Administrador del FRISCO, o la autoridad competente as� lo requiera.
9. Velar porque se realicen las reparaciones locativas, aseo y
mantenimiento necesarios para la conservaci�n de los bienes, de conformidad a
los lineamientos que para el efecto suministrar� el Administrador del FRISCO.
10. Reportar la existencia de perturbaciones, ocupaciones o invasiones que
a cualquier t�tulo recaigan sobre los bienes al administrador del FRISCO, para
que, en coordinaci�n con las autoridades policivas, se adopten las medidas
pertinentes, e instaurar las acciones que a ello hubiere lugar. Velar porque se mantenga la productividad de los bienes y la
actividad econ�mica que les corresponda, siempre que �sta sea licita.
11. Constituir una garanta a favor del Administrador del FRISCO que
garantice el cumplimiento de sus obligaciones y que ampare el manejo de los
dineros recaudados en desarrollo de su gesti�n.
12. Presentar dentro de un t�rmino no superior a treinta (30) d�as
calendario, posteriores a su nombramiento, un informe que incorpore el
inventario de los bienes objeto de administraci�n, el cual deber� actualizar
mensualmente, as� como los contratos que considere debe suscribir en desarrollo
del objeto social de la empresa para mantenerla productiva y presentar el
proyecto del costo de las inversiones a fin de lograr la productividad de los
bienes.
13. Solicitar autorizaci�n al Administrador del FRISCO, para la suscripci�n
de contratos, acompa�ando la petici�n de los documentos que dicha dependencia
exija.
14. Informar y/o denunciar, inmediatamente a su ocurrencia, los hechos y
circunstancias que afecten el cumplimiento de sus obligaciones.
15. Permitir al Administrador del FRISCO, en todo momento, la revisi�n y
auditor�a sobre la administraci�n de los bienes entregados y suministrar toda
la informaci�n que le sea requerida.
16. En caso de siniestro o p�rdida de bienes deber� informar inmediatamente
al Administrador del FRISCO, e iniciar los tr�mites pertinentes ante la
aseguradora para hacer efectiva las p�lizas correspondientes. De esta gesti�n
deber� mantener informado al Administrador del FRISCO hasta su culminaci�n.
17. Residir en el lugar donde se ubican los bienes. En caso contrario,
sufragar, de su propio peculio, los gastos que el desplazamiento y manutenci�n
para administrar los bienes le ocasionen.
18. Devolver inmediatamente el bien y sus soportes documentales cuando se
proceda a su remoci�n.
19. Contar con una cuenta de correo electr�nico que deber� poner en
conocimiento del Administrador del FRISCO, a trav�s de la cual se pueda
mantener una comunicaci�n activa entre el Administrador FRISCO y el
depositario.
20. Llevar registros contables independientes por centros de costo de los
bienes asignados por el Administrador del FRISCO, tanto los ingresos, egresos,
retenciones y desembolsos autorizados por la entidad.
21. Remitir los extractos bancarios en forma mensual dentro de los informes
de gesti�n para su an�lisis por parte del Administrador del FRISCO.
22. Recibir en las diligencias de incautaci�n o de manos de los
depositarios provisionales removidos los bienes objeto de dep�sito, seg�n sea
el caso; y entregarlos de manera inmediata en el momento en que le sea
requerido por el Administrador del FRISCO.
23. Permitir al Administrador del FRISCO, en todo momento, la revisi�n,
supervisi�n y seguimiento sobre la administraci�n de los bienes entregados y
suministrar toda la informaci�n que le sea requerida.
24. Abstenerse de realizar inversiones a los bienes objeto de dep�sito, sin
autorizaci�n previa y escrita del Administrador del FRISCO.
25. Contar con los equipos tecnol�gicos adecuados que permitan la conexi�n
en red a la plataforma tecnol�gica de administraci�n de bienes, con el fin de
poder presentar informes de gesti�n y de realizar la debida administraci�n del
bien.
26. Cumplir las dem�s obligaciones que la ley le imponga como depositario
provisional, tales como las normas sustanciales y procedimentales, que regulan
la actividad de los auxiliares judiciales y/o secuestres.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 20, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.6.7.
Responsabilidad de los
depositarios. Los depositarios provisionales de Bienes del FRISCO, en
cumplimiento de sus funciones, se consideran auxiliares judiciales y/o
secuestres y en consecuencia responden civil, penal, fiscal y
disciplinariamente por los actos u omisiones que cometan en ejercicio de su
calidad de depositarios provisionales
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.8.
Remoci�n de depositarios. En caso de incumplimiento de las obligaciones del depositario
provisional o cuando la debida administraci�n del bien lo amerite, el
Administrador del FRISCO podr� mediante resoluci�n ordenar Ia remoci�n del
depositario provisional. Esta decisi�n ser� comunicada
a las autoridades encargadas de llevar el registro de los bienes.
Par�grafo 1. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
que el depositario se reh�se a suscribir la cesi�n del contrato de
arrendamiento vigente, se entender� de facto cedido al Administrador del
FRISCO. Copia de la resoluci�n se remitir� al arrendatario con la advertencia
de que a partir del momento de su remisi�n deber� abstenerse de continuar
pagando los c�nones de arrendamiento o cualquier otra imposici�n que se derive
del contrato de arrendamiento al depositario removido, so pena de constituirse
como un arrendatario incumplido.
Una vez expedida la resoluci�n de remoci�n,
el depositario contar� con un t�rmino de quince (15) d�as calendario para
efectuar la restituci�n de los bienes dados en dep�sito. En caso de que el
depositario no haga efectiva la orden de entrega de los bienes dados en
dep�sito, el Administrador del FRISCO podr� hacer uso de las facultades de
polic�a administrativa que le otorga la ley.
En todo caso el Administrador del FRISCO
quedar� habilitado para dar inicio a las acciones legales tendientes a resarcir
los perjuicios que la gesti�n del depositario removido pudiera causarle, siendo
t�tulo ejecutivo la resoluci�n que para tales fines expida el Administrador del
FRISCO.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, par�grafo modificado por Art. 21,
Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.6.9.
Reglas especiales para los depositarios o liquidadores de sociedades, acciones, cuotas,
partes o derechos de una sociedad o persona jur�dica, establecimiento de
comercio y en general unidad de explotaci�n econ�mica. Los depositarios provisionales o
liquidadores de sociedades, acciones, cuotas, partes o derechos de una sociedad
o persona jur�dica, establecimientos de comercio y en general, unidad de
explotaci�n econ�mica, adem�s de tener todos los derechos, atribuciones y
facultades, y estar sujeto a todas las obligaciones, deberes y
responsabilidades que las leyes se�alan para los depositarios judiciales o
secuestres, ostenta la calidad de representante legal de la sociedad en los
t�rminos del C�digo de Comercio y lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, 1116 de
2006 en lo que resulte pertinente y dem�s normas que la modifiquen o remplacen.
En consecuencia, su nombramiento deber� registrarse en el registro mercantil
correspondiente.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.10.
Actas de posesi�n y entrega. La persona a quien se le entreguen
bienes en dep�sito provisional o designaci�n provisional deber� manifestar su
aceptaci�n a la designaci�n dentro de los diez (10) d�as calendario siguientes
al recibo de la comunicaci�n del acto administrativo de nombramiento y
proceder� a posesionarse ante el Administrador del FRISCO. De no recibirse
manifestaci�n al respecto, se entiende como rechazado el nombramiento o
designaci�n y en consecuencia se proceder� a efectuar una nueva designaci�n.
De aceptarse la
designaci�n o nombramiento y, una vez posesionado, se proceder� a realizar la
entrega de los bienes para lo cual se suscribir� un acta en la que se consigne
la descripci�n detallada de los bienes entregados seg�n las caracter�sticas de
cada uno.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.6.11. Obligaciones de los depositarios provisionales de semovientes. Los depositarios provisionales de semovientes tendr�n las
obligaciones que para cada caso defina el Administrador del FRISCO en su
metodolog�a de Administraci�n, la cual en todo caso, deber� tener en cuenta
para su definici�n lo siguiente:
a) Llevar un libro en el cual registre el movimiento
de animales y novedades sobre los mismos, con anotaci�n completa y detallada de
nacimientos, muertes y p�rdidas si las hubiere, con una breve explicaci�n sobre
los hechos.
b)
Llevar un libro de compras
donde se registren de manera cronol�gica las compras de
medicamentos veterinarios, vacunas, sales y dem�s insumos necesarios para la
actividad, las cuales deber�n estar debidamente soportadas con las facturas de
compra.
�
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
CAP�TULO 7
Destrucci�n o chatarrizaci�n
Art�culo 2.5.5.7.1.
Chatarrizaci�n, Demolici�n y Destrucci�n. Una vez sea aprobada la chatarrizaci�n,
demolici�n o destrucci�n por parte del Comit� establecido en el art�culo 93 de
la Ley 1708 de 2014, modificado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017, el
Administrador del FRISCO expedir� acto administrativo en el que se transfiere
la propiedad al FRISCO y se cancelan las medidas cautelares, grav�menes,
afectaciones y cualquier otra limitaci�n a la transferencia de dominio que
sobre el(los) bien(es) recaigan.
El
Administrador del FRISCO dejar� constancia en un archivo fotogr�fico y f�lmico
que evidencie las razones por las que se aplic� el ' mecanismo de
administraci�n.
El
Administrador del FRISCO deber� comunicar el acto administrativo al juez o
fiscal, seg�n sea el caso y a las autoridades de registro correspondientes,
remitiendo copia del acto administrativo, junto con los documentos relacionados
en el par�grafo, 1� de este art�culo.
Par�grafo 1�. Los bienes objeto de chata
rizaci�n, demolici�n o destrucci�n deber�n contar con el estudio t�cnico,
peritaje o aval�o donde conste el registro fotogr�fico y las condiciones
f�sicas de estos, de igual forma el an�lisis de costo-beneficio, as� como los
documentos soporte.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 22, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.7.2.
Procedencia de la destrucci�n de
sustancias controladas. Si no fuere posible la enajenaci�n, donaci�n y/o exportaci�n de
sustancias qu�micas controladas, el Administrador del FRISCO podr� destruirlas,
una vez autorizado por el Comit� de que trata el art�culo 93 de la Ley 1708 de
2014, modificado por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017 y el art�culo 98 de
la Ley 1708 de 2014.
Par�grafo 1�. El
Administrador del FRISCO deber� dejar un archivo fotogr�fico y f�lmico de las
sustancias qu�micas controladas objeto de destrucci�n que evidencie las razones
por las que orden� la medida.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 23, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.7.3.
Chatarrizaci�n. Es la destrucci�n total de todos los elementos y componentes de
un automotor, motonave o aeronave y los dem�s bienes que por naturaleza
contengan material ferroso.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.7.4.
Procedencia de la chatarrizaci�n. El Administrador del FRISCO
mediante acto administrativo motivado, previa autorizaci�n del Juez o Fiscal,
podr� disponer la chatarrizaci�n de aquellos bienes que ingresen al FRISCO
cuando sea necesario u obligatorio, dada su naturaleza, represente un peligro
para el medio ambiente, amenace ruina, su mantenimiento y custodia ocasionen
perjuicios o gastos desproporcionados a su valor de administraci�n, de acuerdo
con un an�lisis costo beneficio.
Par�grafo
1. El Administrador del FRISCO determinar� el precio del bien
a chatarrizar de acuerdo a los precios que se coticen en el mercado.
Par�grafo
2. El administrador
del FRISCO ordenar� la chatarrizaci�n a trav�s de las empresas legalmente
constituidas y cuyo objeto social le permita desarrollar la actividad
requerida.
Par�grafo
3. En caso
de devoluci�n del bien chatarrizado, el Administrador del FRISCO proceder� a la
devoluci�n del valor obtenido por el producto de la chatarrizaci�n, junto con
los rendimiento financieros generados, previo� descuento de los costos y gastos
en que haya incurrido por el mantenimiento del bien y por el proceso de
chatarrizaci�n.
Par�grafo
4. El Administrador del FRISCO deber� dejar un archivo fotogr�fico y f�lmico del bien a
chatarrizar donde se deje evidencia sobre las razones por las que se orden� la
chatarrizaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.7.5. Inversi�n de recursos producto de la chatarrizaci�n. Los dineros producto de la
chatarrizaci�n se deben manejar conforme lo establecido en el inciso segundo
del art�culo 2.5.5.3.1.11 del presente Decreto.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 24, Decreto
1760 de 2019).
CAP�TULO 8
Donaci�n entre entidades p�blicas
Art�culo 2.5.5.8.1.
Donaci�n entre entidades p�blicas. La
donaci�n entre entidades p�blicas proceder� siempre y cuando puedan asignarse a
los porcentajes se�alados en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, sobre los
bienes a los cuales se les haya decretado mediante sentencia judicial
debidamente ejecutoriada, la extinci�n de dominio del 100% del bien a favor del
FRISCO, de conformidad con las reglas establecidas en el presente cap�tulo.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.8.2.
Criterios para la procedencia de la Donaci�n. La
entidad P�blica interesada en la donaci�n del bien solicitado deber� elaborar
un proyecto que establezca:
- La necesidad para la entidad de utilizar este bien para programas y
actividades de inter�s p�blico en desarrollo de su objeto misional.
- El documento en el que conste que el Proyecto de Donaci�n que se
pretende adelantar est� autorizado por la Asamblea Departamental o el Consejo
Municipal, en caso de entidades territoriales, o la autorizaci�n del
Representante Legal o m�ximo �rgano de administraci�n en el caso de Entidades
P�blicas.
- Indicar el porcentaje de destinaci�n contemplado en el art�culo 91 de
la Ley 1708 de 2014, al cual ser� imputado.
El
administrador del FRISCO para determinar la procedencia de la donaci�n
establecer�:
-
Que el bien no cuente con un alto potencial de venta por
parte del Administrador del FRISCO, para lo cual deber� contar con el
respectivo concepto t�cnico de la SAE.
-
Que el bien no se encuentre dentro de un acuerdo de
comercializaci�n en curso para su enajenaci�n, para lo cual deber� contar con
el respectivo concepto comercial de la SAE.
-
Que el bien no sea objeto de las destinaciones espec�ficas
establecidas en las diferentes leyes.
-
Que el bien no sea objeto de solicitud en el marco de un
convenio de compartici�n de bienes con un gobierno extranjero.
-
En caso de bienes rurales ser� procedente, siempre y
cuando, las entidades beneficiarias de destinaciones especificas previstas en
leyes manifiesten su desinter�s en la adjudicaci�n.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 25, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.8.3.
Procedimiento para la donaci�n. Las Entidades P�blicas interesadas deber�n presentar el Proyecto de
Donaci�n al Administrador del FRISCO a trav�s de su p�gina web o f�sicamente
dentro de los tres primeros meses de la respectiva vigencia para la validaci�n
t�cnica y jur�dica del bien solicitado.
El
Administrador del FRISCO atender� los Proyectos de Donaci�n en el orden de
llegada y en caso de ser procedente expedir� el respectivo acto administrativo
de donaci�n que servir� de t�tulo traslaticio de dominio del bien y descontar�
el valor comercial del bien de los porcentajes establecidos en el art�culo 91
de la Ley 1708 de 2014 y de conformidad con las reglas establecidas en el
Cap�tulo 11 del presente t�tulo, siempre que haya disponibilidad en los
respectivos porcentajes conforme el presupuesto proyectado para la respectiva
vigencia.
Par�grafo 1. Las donaciones a entidades
p�blicas distintas de la Rama Judicial, Fiscala General de la Naci�n y Polic�a
Judicial de la Polic�a Nacional, afectar�n el porcentaje del Gobierno Nacional
consagrado en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art�culo
22 de la Ley 1849 de 2017, adicionado por el art�culo 283 de la Ley 1955 de
2019 y sus normas reglamentarias.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 26, Decreto
1760 de 2019).
CAP�TULO 9
DEVOLUCI�N DE BIENES AL PROPIETARIO
Art�culo 2.5.5.9.1.
Devoluci�n de Bienes. Una vez proferida y comunicada la
decisi�n judicial debidamente ejecutoriada que ordena la devoluci�n de un bien
en el proceso de extinci�n de dominio, el Administrador del FRISCO le informar�
al interesado a la direcci�n que figure en el expediente del proceso que los
bienes est�n a su disposici�n.
El Administrador del FRISCO mediante
acto administrativo dispondr� lo necesario para dar cumplimiento a dicha
decisi�n judicial, previa deducci�n del pago de las mejoras previstas en el
presente t�tulo, sustentado en los estados financieros.
En todos los casos en que el
Administrador del FRISCO deba devolver o entregar los bienes aprehendidos por
decisi�n judicial, se proceder� de conformidad con las siguientes
disposiciones:
1.
Los bienes se devolver�n en el estado en que
se encuentren con sus frutos en caso de que existieren, descontando los pagos
efectuados por concepto de impuestos, los costos y gastos en que se hayan
incurrido por la administraci�n de los bienes. Si se introdujeron mejoras
necesarias para el mantenimiento del bien el propietario deber� cancelarlas
previamente.
2.
Si la enajenaci�n ya se hubiere efectuado o si
el bien se hubiere destruido, se devolver� el valor de la venta m�s los
rendimientos financieros generados.
Par�grafo
1. El
Administrador del FRISCO deber� publicar en un diario de amplia circulaci�n
nacional, el primer s�bado de cada mes, y en su p�gina web el listado de las
sentencias que ordenan la devoluci�n de bienes a los interesados que le sean
comunicadas.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.9.2.
Entrega f�sica. El Administrador del FRISCO
efectuar� directamente o a trav�s de un delegado la entrega f�sica del bien a
favor de quien se orden�, en el estado en que se encuentre.
La devoluci�n f�sica de los inmuebles
que se encuentren arrendados operar� adicionalmente con la cesi�n del contrato
de arrendamiento a favor de la persona indicada por la autoridad judicial
competente. Cuando exista proceso judicial respecto de los contratos de
arrendamiento, el Administrador del FRISCO efectuar� la cesi�n de los derechos
litigiosos a favor de la persona indicada por la autoridad judicial.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.9.3.
Devoluci�n de dinero. Cuando la sentencia ordene la devoluci�n de los dineros producto
de la enajenaci�n del bien, estos ser�n devueltos a la persona que indique la
decisi�n junto con los rendimientos financieros generados durante el tiempo que
estuvieron a cargo del Administrador del� FRISCO y previo el descuento de las
honorarios, comisiones y cargos que se cobran en el sistema financiero por la
administraci�n de recursos, as� como los impuestos derivados de la operaci�n de
dinero.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.9.4.
Bienes no reclamados. Los bienes respecto de los cuales
se orden� su devoluci�n que no han sido reclamados por el beneficiario de la
orden judicial, podr�n ser enajenados por el Administrador del FRISCO, para lo
cual aplicar� las normas para la enajenaci�n de Bienes del FRISCO establecidas
en el presente Cap�tulo 3 del presente t�tulo, previo agotamiento de los
requisitos exigibles en el art�culo 109 de la ley 1708 de 2014.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
CAP�TULO 10
SOCIEDADES EN LIQUIDACI�N
Art�culo 2.5.5.10.1. Liquidaci�n de sociedades. El liquidador deber�: presentar al Administrador del FRISCO todos los
documentos actualizados exigidos para depositarios provisionales, diligenciar
debidamente el formato dise�ado por la entidad y que se encuentra en la p�gina
web, y estar inscritos en la lista de promotores y liquidadores de la
Superintendencia de Sociedades o cumplir con los requisitos establecidos en las
Secciones 1 a 5 del Cap�tulo 11, t�tulo 2 del Decreto �nico del Sector
Comercio, Industria y Turismo, para el nombramiento de promotores y/o
liquidadores de la Superintendencia de Sociedades.
Par�grafo 1. El Administrador
del FRISCO podr� adelantar directamente el proceso de liquidaci�n voluntaria de
las sociedades sobre las cuales se declare, mediante sentencia en firme, la
extinci�n de dominio sobre el 100% de sus acciones o cuotas de inter�s, o se decrete
la medida cautelar de toma de posesi�n de bienes, haberes y negocios de
sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotaci�n econ�mica en
sede de los procesos de extinci�n de dominio, en los siguientes casos:
a) Sociedades que nunca han ejercido su objeto social.
b) Sociedades que no cuentan con activos.
c) Sociedades en las que no sea posible
el reconocimiento de honorarios con los recursos de la sociedad, por resultar
excesivamente oneroso para ella.
d) Sociedades en las que el nivel de complejidad de su liquidaci�n
a juicio del Administrador del Frisco no reviste mayor dificultad.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015).
CAP�TULO 11
DESTINACI�N DE LOS BIENES DEL FRISCO
Art�culo 2.5.5.11.1. Pago de los pasivos del FRISCO.� El Administrador del FRISCO propondr� anualmente al Consejo Nacional de Estupefacientes para su aprobaci�n el rubro que se deber� provisionar para el pago gradual y
progresivo de los pasivos del FRISCO, y este deber� ser incluido en el
presupuesto anual del mismo, el
cual deber� ser aprobado por el Consejo Nacional de
Estupefacientes.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.11.2. Recursos de funcionamiento del Administrador del FRISCO.� Para todos los efectos de
interpretaci�n y aplicaci�n se entender� que los recursos que sean
indispensables para el funcionamiento de la entidad encargada de la
administraci�n de los Bienes del FRISCO, a los que hace alusi�n el art�culo 91
de la Ley 1708 de 2014, comprenden los recursos requeridos para el efectivo
cumplimiento de las gestiones, operaciones y gastos propios de la
administraci�n de estos bienes, e incorpora la remuneraci�n a la que tiene
derecho el Administrador del FRISCO por el ejercicio de su gesti�n y su
naturaleza jur�dica, para lo cual se tendr� como
referencia el costo promedio de encargo fiduciario de administraci�n que arroje
el mercado.
Respecto de los gastos propios de los
bienes del FRISCO, se efectuar� la facturaci�n correspondiente.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.11.3. �Destinaciones previstas en leyes especiales. Los bienes que tengan destinaci�n espec�fica, para programas
determinados en leyes especiales, incluyendo aquellas establecidas en la Ley 30
de 1986, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto-ley 2897 de 2011 y la
Ley 1448 de 2011, sobre los que se declare extinci�n de dominio, no ser�n
objeto de comercializaci�n y ser�n asignados por el Administrador del FRISCO a
las entidades beneficiarias, para lo cual el Administrador del FRISCO expedir�
el respectivo acto de asignaci�n definitiva, que servir� de t�tulo traslaticio
de dominio del bien.
Par�grafo 1�. Cuando las leyes especiales indiquen que la destinaci�n espec�fica
recae sobre recursos l�quidos, estos se proyectar�n en el presupuesto anual del
FRISCO, por parte de su administrador, y una vez aprobado por el Consejo
Nacional de Estupefacientes, se girar�n al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico para que, una vez apropiados por este, se distribuyan en los
porcentajes citados en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el
art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017, adicionado por el art�culo 283 de la Ley
1955 de 2019 y sus normas reglamentarias.
Par�grafo 2�. Las solicitudes de donaci�n de
bienes que realicen las entidades facultadas en el art�culo 91 de la Ley 1708
de 2014, deber�n efectuarse ante el Administrador del Frisco antes del 30 de
marzo de cada a�o a efectos de la respectiva incorporaci�n en el presupuesto de
cada entidad para la vigencia fiscal siguiente.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 27, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.11.4. Destinaci�n definitiva de los bienes y recursos del FRISCO. Los porcentajes establecidos en el art�culo
91 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017,
efectuados los descuentos de los que trata el art�culo 91 de la Ley 1708 de
2014, se calcular�n sobre los recursos efectivamente ingresados a las cuentas
del FRISCO en la vigencia fiscal anterior.
El
valor correspondiente al veinticinco por ciento (25%) de la Rama Judicial, el
veinticinco por ciento (25%) de la Fiscal�a General de la Naci�n, el diez por
ciento (10%) de la Polic�a Judicial de la Polic�a Nacional y el cuarenta por
ciento (40%) del Gobierno Nacional sobre los bienes con extinci�n de dominio,
los recursos provenientes de la enajenaci�n temprana, los recursos provenientes
de la productividad de los bienes administrados y aquellos recursos causados en
favor del FRISCO en el curso de procesos judiciales y extrajudiciales ser�n
girados por el Administrador del FRISCO a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
anualmente, dentro de los primeros tres (3) meses de la vigencia fiscal
siguiente a aquella en la que ingresen a las cuentas del FRISCO, para la
respectiva incorporaci�n en los presupuestos de las entidades destinatarias,
como recursos adicionales a la cuota de inversi�n acordada y aprobada por el
Departamento Nacional de Planeaci�n y el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico y a los recursos generados por el Fondo Especial de Bienes en el caso
de la Fiscal�a General de la Naci�n.
El
Administrador del FRISCO girar� directamente a las cuentas del departamento de
San Andr�s, Providencia y Santa Catalina los recursos que se generen a favor de
este, para que los incorpore a su presupuesto y puedan ejecutarse conforme a su
destinaci�n.
Par�grafo 1. Las entidades beneficiarias de
los recursos podr�n solicitar ante el Administrador del FRISCO la destinaci�n
definitiva de bienes muebles e inmuebles con cargo al porcentaje total que le
corresponde en cada anualidad con base en el aval�o comercial de los mismos.
Par�grafo 2. En los casos en que las
sociedades y establecimientos de comercio administrados por el FRISCO generen
productividad entendida como la utilidad o rendimiento final de su operaci�n,
estos recursos deber�n seguir lo establecido en el art�culo 93 de la Ley 1708
de 2014, modificada por el art�culo 24 de la Ley 1849 de 2017.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 28, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.11.5.
Procedimiento para la destinaci�n de bienes y recursos
a la Fiscal�a General de la Naci�n y a la rama Judicial. La
destinaci�n de bienes y recursos a la Fiscal�a General de la Naci�n y a la rama
Judicial proceder� siempre y cuando puedan asignarse a los porcentajes
se�alados en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, sobre los bienes a los
cuales se les haya decretado mediante sentencia judicial debidamente
ejecutoriada la extinci�n de dominio del 100% del bien a favor del FRISCO.
En caso de ser procedente la destinaci�n de un bien, se
deber� radicar la solicitud ante el Administrador del FRISCO, quien deber�
descontar el valor comercial del bien del porcentaje asignado a la entidad
solicitante.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015)
Art�culo 2.5.5.11.6. �Informaci�n
sobre los porcentajes de bienes y recursos objeto de destinaci�n. El Administrador del FRISCO presentar�, al
Consejo Nacional de Estupefacientes a m�s tardar el 15 de marzo de cada a�o, la
proyecci�n de los ingresos estimados para la siguiente vigencia fiscal, as�
como la proyecci�n de gastos que contemplar� lo siguiente:
1. El valor correspondiente a los recursos de que trata el art�culo 91 de
la Ley 1708 de 2014, modificado por el art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017,
adicionado por el art�culo 283 de la Ley 1955 de 2019 y sus normas reglamentarias,
y el porcentaje destinado al pago de los pasivos del FRISCO;
2. El presupuesto de gastos de funcionamiento del Administrador del
FRISCO;
3. Las destinaciones espec�ficas establecidas en las normas; y
4. El porcentaje proyectado para destinar a los programas establecidos en
leyes especiales.
Calculados
los descuentos anteriores, el Administrador del FRISCO presentar� al Consejo
Nacional de Estupefacientes para su aprobaci�n una proyecci�n de los recursos a
destinar a los porcentajes establecidos en el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014.
(Art. 1, Decreto
2136 de 2015, modificado por Art. 29, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.11.7.
�Destinaci�n de predios rurales.
La asignaci�n definitiva de los predios rurales extintos se
realizar� por el Administrador del FRISCO, para lo cual expedir� el respectivo
acto de asignaci�n definitiva, que servir� de t�tulo traslaticio de dominio del
bien a favor de las entidades beneficiarias.
(Adicionado por Art. 30, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.11.8. �Comercializaci�n de bienes rurales destinados por leyes especiales. Cuando las entidades destinatarias de los bienes de que tratan las
leyes especiales en materia de destinaci�n de predios rurales manifiesten su
desinter�s en los predios rurales sobre los que se declare la extinci�n del
derecho de dominio, el administrador del FRISCO podr� comercializarlos de
acuerdo con sus mecanismos de administraci�n.
Par�grafo: Los recursos que se obtengan de la
comercializaci�n de los predios rurales ser�n administrados y destinados de
conformidad con el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el
art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017, adicionado por el art�culo 283 de la Ley
1955 de 2019 y sus normas reglamentarias.
(Adicionado por Art. 31, Decreto
1760 de 2019).
Art�culo 2.5.5.11.9. Administraci�n de los bienes rurales en proceso de extinci�n
dominio. Se entender� como bienes sin la vocaci�n descrita en el art�culo
91 de 1708 de 2014, aquellos que la Agencia Nacional de Tierras -ANT determine
como no aptos para el desarrollo de proyectos de generaci�n de acceso a tierras
o proyectos productivos y competitivos en los t�rminos del Decreto Ley 902 de
2017, por sus condiciones f�sicas, jur�dicas, urban�sticas, de uso del suelo,
orden p�blico.
Par�grafo 1.
Dentro de los dos (2) primeros meses de cada anualidad, el administrador del
FRISCO remitir� a la Agencia Nacional de Tierras -ANT el listado de los bienes
rurales no sociales en proceso de extinci�n de dominio junto con un diagn�stico
f�sico y jur�dico de los mismos.
La Agencia Nacional de Tierras -ANT dentro
del mes siguiente a la entrega del listado, informar� al administrador del
FRISCO, los bienes que cumplen con la vocaci�n definida en el presente art�culo
y que no podr�n ser enajenados tempranamente por el administrador FRISCO.
Aquellos bienes excluidos por la Agencia
Nacional de Tierras -ANT, podr�n ser enajenados tempranamente atendiendo lo
dispuesto en el art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014.
Par�grafo 2. En
todo caso el administrador del FRISCO, informar� a la Agencia Nacional de
Tierras -ANT, sobre aquellos bienes que cuenten con vocaci�n tur�stica,
recreacional o de expansi�n urbana.
Par�grafo 3. El
administrador del FRISCO, excluir� del listado entregado a la Agencia Nacional
de Tierras -ANT, los predios rurales que tengan la condici�n de Activos
Sociales, los cuales mantendr�n su condici�n de prenda general de los
acreedores de la sociedad y estar�n destinados al pago de los pasivos de la
sociedad conforme con el orden de prelaci�n legal o a su operaci�n, seg�n sea
el caso.
Par�grafo 4. Cuando
se enajenen tempranamente bienes rurales en proceso de extinci�n de dominio, se
constituir� la reserva t�cnica de que trata el art�culo 93 de la Ley 1708 de
2014 y el excedente se entregar� al Gobierno nacional para ser destinados a los
programas de generaci�n de acceso a tierra acorde con el procedimiento previsto
en el art�culo 93 de la Ley 1708 de 2014.
(Art�culo Adicionado por el art. 4 Decreto
1352 de 2021)
CAP�TULO 12
JUSTICIA PREMIAL EN BIENES EXTINTOS
Art�culo 2.5.5.12.1.
De las retribuciones otorgadas en el
sistema de justicia premial. La
retribuci�n a la que se refiere el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, est� a
cargo del Administrador del FRISCO, quien efectuar� el pago una vez sea vendido
el bien vinculado al tr�mite de extinci�n de dominio en el que se orden� la
retribuci�n, o transferir� el bien conforme a lo estipulado en el fallo
judicial. En los eventos en que el administrador del FRISCO considere que la
decisi�n judicial no sea clara en cuanto al porcentaje a asignar del bien o del
grupo de bienes, podr� solicitar aclaraci�n de la providencia judicial.
(Adicionado por Art. 32, Decreto
1760 de 2019).
CAPITULO 13
TRANSFERENCIA DE PREDIOS RURALES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
EN EL MARCO DE LA REINCRPORACI�N
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Secci�n 1
Disposiciones Generales
Art�culo 2.5.5.13.1.1.
Objeto. El presente capitulo
tiene por objeto establecer los plazos y condiciones para la transferencia de
predios rurales a la que se refiere el par�grafo 4 del art�culo 91 de la Ley
1708 de 2014, adicionado por el art�culo 283 de la Ley 1955 de 2019,
consagrando el �mbito de aplicaci�n, definiciones y el desarrollo del
procedimiento de transferencia.
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.1.2.
�mbito de Aplicaci�n. Los predios rurales susceptibles de transferencia
en el marco de lo establecido en el presente cap�tulo son los predios rurales
extintos.
Para efectos de
transferir el dominio a los beneficiarios objeto del presente cap�tulo, el
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n, Inversi�n Social y Lucha contra
el Crimen Organizado (FRISCO), tendr� en cuenta la excepci�n establecida en el
art�culo 283 de la Ley 1955 de 2019.
Par�grafo 1. No podr�n ser objeto de transferencia los bienes
rurales extintos cuya causa de investigaci�n dentro del proceso de extinci�n de
dominio se derive de actividades delictivas relacionadas con los exintegrantes
de las FARC-EP.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.1.3.
Definiciones. Para efectos del presente cap�tulo se tendr�n en
cuenta las siguientes definiciones:
1. Poblaci�n en proceso de reincorporaci�n:
exintegrantes de las FARC -EP, acreditados por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz en el marco del Acuerdo Final, de acuerdo con lo establecido en el art�culo
2� del Decreto Ley 899 de 2017, mayores de edad y que se encuentren
participando del proceso de reincorporaci�n que implementa la Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN).
2. Beneficiarios: podr�n ser beneficiarios de la transferencia
a que se refiere el par�grafo 4 del art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014,
adicionado por el art�culo 283 de la Ley 1955 de 2019, la poblaci�n en proceso
de reincorporaci�n o las asociaciones u organizaciones cooperativas conformadas
por exintegrantes de las FARC-EP acreditados por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
3. Predios rurales: son los ubicados por fuera de los
per�metros urbanos: cabecera, corregimientos y otros n�cleos aprobados por el
Plan de Ordenamiento Territorial.
Para efectos del presente cap�tulo un predio rural
podr� ser susceptible de transferencia, cuando se encuentre fuera del per�metro
urbano, suelo de expansi�n urbana, centros poblados o suburbanos o agrupaciones
residenciales campestres.
4.
Proyecto productivo en el marco
del proceso de reincorporaci�n: para efectos del presente cap�tulo, es el
conjunto de objetivos, actividades y metas, que el beneficiario se propone
adelantar, con el fin de apalancar la generaci�n de ingresos, rentabilidad econ�mica
y mejorar sus condiciones socioecon�micas.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.1.4.
Listado de bienes. Para efectos del presente cap�tulo el administrador
del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen
Organizado (FRISCO), remitir� mensualmente a la Agencia para la Reincorporaci�n
y la Normalizaci�n (ARN), el listado de los bienes rurales extintos junto con
un diagn�stico f�sico y jur�dico de los mismos.
La Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN), verificar� el listado de bienes
remitido, contrastando todos los meses, los predios disponibles del listado,
con los requeridos para la implementaci�n de los proyectos productivos en el
marco de la reincorporaci�n. Una vez se identifiquen los predios requeridos
para la implementaci�n de los proyectos, la Agencia para la Reincorporaci�n y
la Normalizaci�n (ARN)informar� al administrador del Fondo para la
Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado
(FRISCO), con el fin que sean transferidos a los beneficiarios.
El administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y
Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) transferir� los bienes rurales
extintos a los beneficiarios que determine la Agencia para la Reincorporaci�n y
la Normalizaci�n (ARN), siempre y cuando estos no hayan sido solicitados
previamente en favor de otra poblaci�n con prelaci�n legal.
En todo caso una vez transferida la titularidad del bien a
los beneficiarios seg�n el presente cap�tulo, no podr� hacerse exigible al
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (FRISCO) la solicitud de entrega de este bien a otra
poblaci�n conforme a lo descrito por el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.1.5.
Saneamiento de los bienes con declaratoria de extinci�n
de dominio judicial. Conforme a lo establecido en el presente cap�tulo,
la Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) podr� solicitar al
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n, Inversi�n Social y Lucha contra
el Crimen Organizado (FRISCO), la transferencia de aquellos bienes con
declaratoria de extinci�n del dominio judicial que sirvan a los prop�sitos de
reincorporaci�n establecidos en el par�grafo 4 del art�culo 91 de la Ley 1708
de 2014, adicionado por el art�culo 283 de la Ley 1955 de 2019. Para ello tendr�
en cuenta que est�n completamente saneados en los aspectos financiero, f�sico y
administrativo, lo cual, entre otras, implica que est�n libres de deudas, de
perturbaciones a la tenencia y posesi�n, de grav�menes o procesos judiciales
pendientes de ser resueltos. Para tal efecto la Sociedad de Activos Especiales
(SAE) como administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y
Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) har� uso de las facultades de
otorgadas en los art�culos 91 par�grafo 3� y 92 par�grafo 6� de la Ley 1708 de
2014.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Secci�n 2
Procedimiento de Transferencia
Art�culo 2.5.5.13.2.1.
Requisito para la transferencia. En el
marco de lo establecido en el presente cap�tulo, para poder acceder a la
transferencia del derecho de dominio, los beneficiarios deber�n contar con la
aprobaci�n previa de un proyecto productivo por parte de la Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) en el caso de proyectos productivos
individuales o del Consejo Nacional de Reincorporaci�n (CNR) en el caso de
proyectos productivos colectivos.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.2.
Solicitud de predio para el desarrollo de proyectos
productivos. Los beneficiarios deber�n presentar un proyecto
productivo para desarrollar en el predio Objeto de la solicitud, el cual deber�
estar relacionado en el listado remitido por el administrador del Fondo para la
Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO),
conforme al art�culo 2.5.5.13.1.4. del presente Decreto. La Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) de manera mensual, dar� a conocer a
los beneficiarios el listado remitido por el administrador del Fondo para la
Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO).
El proyecto productivo deber� ser presentado conforme a los
procedimientos que establezca la Agencia para la Reincorporaci�n y la
Normalizaci�n (ARN) para la aprobaci�n de proyectos productivos individuales de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1212 de 2018 y los procedimientos
acordados en el marco del Consejo Nacional de Reincorporaci�n (CNR), para la
aprobaci�n de proyectos productivos colectivos de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 2027 de 2016.
Los beneficiarios a los que alude el presente capitulo deber�n indicar en
la solicitud de asignaci�n del predio para el desarrollo de un proyecto
productivo, la manera en que se espera se efectu� la transferencia del derecho
de dominio, la cual podr� ser individual, directamente a asociaciones u
organizaciones cooperativas conformadas por exintegrantes de las FARC-EP o
com�n y proindiviso en porciones iguales.
Par�grafo. Tambi�n podr� solicitarse la transferencia del predio
para el desarrollo de un proyecto productivo cuando a la entrada en vigencia
del presente cap�tulo el proyecto ya hubiese sido aprobado o se encuentre en
fase de aprobaci�n. En estos eventos se tendr�n en cuenta los procedimientos
que establezca la Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) y el
Consejo Nacional de Reincorporaci�n (CNR), seg�n se trate de proyectos
productivos individuales o colectivos respectivamente.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.3.
Disponibilidad del predio solicitado. La
Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) verificar� la
disponibilidad del predio solicitado, de acuerdo con el listado remitido por el
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (FRISCO) seg�n el art�culo 2.5.5.13.1.4. del presente
Decreto, para lo cual contar� con un t�rmino de un (01) mes.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.4.
Verificaci�n T�cnica del proyecto. Establecida
la disponibilidad del predio solicitado, la Agencia para la Reincorporaci�n y
la Normalizaci�n (ARN) cuando se trate de proyectos productivos individuales y
el Consejo Nacional de Reincorporaci�n (CNR), en el caso de proyectos
productivos colectivos, realizar� la verificaci�n de requisitos t�cnicos y
determinar� su viabilidad y posterior aprobaci�n.
Una vez el proyecto productivo sea aprobado, la Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) informar� los beneficiarios al
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (FRISCO) dentro del mes siguiente, con el fin que se
inicie el tr�mite de transferencia condicionada del predio.
Par�grafo. Cuando se trate de proyectos productivos que se
encuentren en fase de aprobaci�n o aprobados a la entrada en vigencia del
presente capitulo, la Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN)
y el Consejo Nacional de Reincorporaci�n (CNR), seg�n corresponda, adelantar�n
la correspondiente verificaci�n t�cnica conforme a los par�metros establecidos
a nivel interno.
Una vez superada la verificaci�n t�cnica, la Agencia para
la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) informar� los beneficiarios al administrador
del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen
Organizado (FRISCO) dentro del mes siguiente, con el fin que se inicie el
tr�mite de transferencia condicionada del predio.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.5.
Transferencia de dominio. La
transferencia del derecho de dominio de los bienes en favor de la poblaci�n en
proceso de reincorporaci�n o de las asociaciones u organizaciones cooperativas
conformadas por exintegrantes de las FARC~EP a que se refiere el presente
cap�tulo, se realizar� mediante acto administrativo expedido por el
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (FRISCO) a t�tulo de traslaticio de dominio para la
implementaci�n de proyectos productivos. El acto administrativo deber� ser
expedido durante el mes siguiente a la solicitud de transferencia realizada por
la Agencia para la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN), ser� inscrito en
la Oficina de Instrumentos P�blicos correspondiente y estar� exento del pago de
derechos que surjan por la prestaci�n del servicio registral.
La transferencia del derecho de dominio a que se refiere el presente
cap�tulo, se podr� realizar bajo la modalidad de derecho com�n y pro indiviso
en porciones iguales o individualmente, cuando se cuente con el levantamiento
topogr�fico de cada una de las partes en que se dividir� el predio y adem�s se
establezca el exintegrante de las FARC-EP al que se le titular� el predio.
Cuando se trate de la modalidad de derecho com�n y proindiviso, el
administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra
el Crimen Organizado (FRISCO) asignar� la facultad a los futuros propietarios
para asumir a su cargo las gestiones de desenglobe jur�dico y catastral de
dichos bienes en el acto administrativo de transferencia. La Agencia para la
Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN) en el marco de sus competencias
acompa�ar� estas gestiones.
Las reclamaciones que surjan del proceso de transferencia ser�n resueltas
por el administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha
Contra el Crimen Organizado (FRISCO).
(Adicionado
por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.6.
Condici�n resolutoria. El
acto administrativo de transferencia del derecho de dominio estar� sometido a
condici�n resolutoria, de acuerdo con las siguientes obligaciones por parte del
beneficiario:
1. Implementar el proyecto
productivo de acuerdo con los t�rminos y condiciones de su aprobaci�n.
2. No
transferir el derecho real de dominio o uso del predio en un t�rmino de cinco (5)
a�os, contados a partir de la fecha de inscripci�n del acto administrativo
mediante el que el administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n
Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO) realice la transferencia.
La condici�n resolutoria ser� inscrita en las Oficinas de Registro de
Instrumentos P�blicos en el Folio de Matr�cula Inmobiliaria que identifica el
bien objeto de transferencia.
En caso de evidenciarse el incumplimiento de las anteriores
obligaciones, el administrador del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n
Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (FRISCO), a solicitud de la Agencia
para la Reincorporaci�n y Normalizaci�n (ARN) expedir� el correspondiente acto
administrativo que declare el acontecimiento de la condici�n resolutoria y
ordenar� la transferencia del predio a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con
destino al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Este acto
administrativo ser� susceptible de los recursos de ley, de conformidad con lo
previsto en el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o las normas que lo sustituyan. modi'fiquen o adicionen.
Las reclamaciones
que surjan del proceso de transferencia ser�n resueltas por el administrador
del Fondo para la Rehabilitaci�n Inversi�n Social y Lucha Contra el Crimen
Organizado (FRISCO).
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.7.
Gastos -. Adem�s de los requisitos
establecidos en las normas vigentes. la formulaci�n del proyecto productivo
deber� contener el presupuesto para sufragar los gastos de los tr�mites que se
generen del levantamiento topogr�fico, definici�n de parcelas, �reas y linderos
y dem�s que se deban acreditar para la transferencia del bien, cuando esta se
realice bajo la modalidad de titulaci�n individual.
De igual forma, los
gastos que se generen por concepto de contribuciones, tasas o impuestos
derivadas del proceso de transferencia en cualquiera de sus modalidades estar�n
a cargo a los beneficiarios.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.5.13.2.8.
Seguimiento. La formulaci�n de los
proyectos productivos presentados por los beneficiarios de manera individual o
colectiva deber� establecer unas metas de cumplimiento que permitan evaluar la
implementaci�n y el desarrollo del proyecto productivo en el predio objeto de
la transferencia condicionada. Esta labor ser� adelantada por la Agencia para
la Reincorporaci�n y la Normalizaci�n (ARN), dada su calidad de entidad
solicitante de la transferencia del predio rural, para lo cual adoptar� los
lineamientos correspondientes. Esta informaci�n podr� ser tenida en cuenta para
adelantar el tr�mite de condici�n resolutoria de la transferencia del predio.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1543 de 2020)
Art�culo 2.5.6.1.
Objeto. El
presente Decreto reglamenta la forma en la que las entidades p�blicas del orden
nacional, podr�n depurar la cartera a su favor cuando sea de imposible recaudo,
con el prop�sito de que sus estados financieros revelen en forma fidedigna la
realidad econ�mica, financiera y patrimonial.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.2.
�mbito de Aplicaci�n. El presente Decreto aplica a las entidades p�blicas del orden
nacional, con excepci�n de las entidades financieras de car�cter estatal, las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Econom�a
Mixta y las entidades en liquidaci�n.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.3.
Cadera de imposible recaudo y causales
para la depuraci�n de cadera. No obstante las
gestiones efectuadas para el cobro, se considera que existe cartera de
imposible recaudo para efectos del presente T�tulo, la cual podr� ser depurada
y castigada siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales:
a. Prescripci�n.
b. Caducidad de la acci�n.
c. P�rdida de ejecutoriedad del acto
administrativo que le dio origen.
d. Inexistencia probada del deudor o su
insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar ejerciendo los derechos
de cobro.
e. Cuando la relaci�n costo-beneficio al
realizar su cobro no resulta eficiente.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.4.
Actuaci�n administrativa. Los representantes legales de las entidades p�blicas se�aladas en el
art�culo 2.5.6.2. del presente Decreto, declarar�n mediante acto administrativo
el cumplimiento de alguna o algunas de las causales se�aladas en el art�culo
anterior, con base en un informe detallado de la causal o las causales por las
cuales se depura, previa recomendaci�n del Comit� de Cartera que exista en la
entidad o el que para el efecto se constituya.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.5.
Constituci�n del Comit� de Cadera. En el caso que no exista Comit� de Cartera, el representante legal de
cada" entidad se�alada en el art�culo 2.5.6.2. del presente Decreto, lo
constituir� y reglamentar� internamente mediante acto administrativo, el cual
estar� integrado como m�nimo por cinco (5) servidores p�blicos, quienes tendr�n
voz y voto, tres de los cuales desempe�aran los siguientes cargos:
a.
Secretario General, quien haga sus veces o su delegado, quien lo presidir�.
b. Jefe del �rea
Financiera o quien haga sus veces.
c. Jefe del �rea que tenga
delegada la funci�n de cobro de cartera.
PAR�GRAFO 1�. El
Jefe del �rea que tenga delegada la funci�n del cobro de cartera en la
respectiva entidad, actuar� como Secretario del Comit� y convocar� a las
reuniones. En todo caso el Comit� siempre estar� conformado por un n�mero impar
de miembros.
PAR�GRAFO 2�. El
Jefe de la Oficina de Control interno o quien haga sus veces, asistir� a todas
las sesiones y participar� con voz pero sin voto.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.6.
Competencia y responsabilidad. La responsabilidad y competencia para realizar la depuraci�n, el
castigo de los valores y la exclusi�n de la gesti�n de los valores contables de
cartera recae en el representante legal de cada entidad, quien para tal fin
proferir� el acto administrativo que corresponda, previa recomendaci�n del
Comit� de Cartera.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.7.
Funciones del Comit� de Cartera. El Comit� tendr� las siguientes funciones, adicionales a las que ya
posea, en el caso que ya exista en la entidad:
a) Estudiar y evaluar si se cumple alguna o algunas de las causales
se�aladas en el art�culo 2.5.6,3 del presente decreto para considerar que una
acreencia a favor de la entidad constituye cartera de imposible recaudo, de
todo lo cual se dejar� constancia en acta.
b) Recomendar al representante legal que se declare mediante acto
administrativo una acreencia como cartera de imposible recaudo, el cual ser� el
fundamento para castigar la cartera de la contabilidad y para dar por
terminados los procesos de cobro de cartera que se hubieren iniciado
c) Las dem�s funciones que le sean asignadas por el Representante Legal de
la entidad.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.8.
Reuniones, Qu�rum y Sesiones. El Comit� de Cartera se reunir� cada vez que las circunstancias lo
exijan, previa citaci�n del Secretario del Comit�.
Sesionar� con todos
sus miembros permanentes m�nimos para que exista quorum, y con sus invitados,
seg�n corresponda, y las decisiones se adoptar�n por mayor�a simple.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.9.
Actas. Las
decisiones de cada sesi�n del Comit� de Cartera quedar�n consignadas en Actas
suscritas por el Presidente y el Secretario, las cuales servir�n de soporte
para la suscripci�n por parte del funcionario competente de los actos,
contratos y actuaciones administrativas a que haya lugar.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.6.10.
Procedimientos contables. Los procedimientos contables que se requieran para la supresi�n de
los registros contables por cartera de imposible recaudo, que realicen las
entidades se�aladas en el presente decreto, se har�n de conformidad con las
normas establecidas por la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art.
1, Decreto 445 de 2017)
Art�culo 2.5.7.1.
Objeto. El presente T�tulo tiene como objeto reglamentar la
distribuci�n del cuarenta por ciento a favor del Gobierno Nacional, de que
trata el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el art�culo 22 de
la Ley 1849 de 2017.
(Art.
1, Decreto 1787 de 2017) �
Art�culo 2.5.7.2.
Distribuci�n y giro de los
recursos. El cuarenta (40%), a favor
del Gobierno Nacional, de que trata el art�culo 91 de la Ley 1708 de 2014, modificado
por el art�culo 22 de la Ley 1849 de 2017, se distribuir� de la siguiente
manera:
Un
diez por ciento (10%) para la infraestructura penitenciaria y carcelaria que se
girar� a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, a favor de la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios - Uspec o de la entidad que haga sus veces.
Un cinco por ciento (5%) para sufragar los gastos
requeridos para la recepci�n, administraci�n, saneamiento, alistamiento,
sostenimiento y disposici�n de los bienes inventariados por las FARC~EP, de que
trata el art�culo 3 del Decreto Ley 903 de 2017 y los Decretos 1407 y 1535 de
2017 incluyendo los gastos necesarios para la constituci�n y funcionamiento del
Patrimonio Aut�nomo, as� como la remuneraci�n a la que tiene derecho el
administrador por el ejercicio de su gesti�n, de conformidad con su r�gimen
jur�dico, teniendo como referencia el costo promedio de un encargo fiduciario
de administraci�n que arroje el mercado. Para estos efectos el administrador
del FRISCO realizar� los ajustes presupuestales y contables pertinentes.
Un
cinco por ciento (5%) para Centro de Coordinaci�n Contra las Finanzas de
Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo -CFI creado en el art�culo
49A de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106de2006, 1421 de 2010, 1738de2014y1941 de 2018, el cual se
girar� a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y ser� administrado por la Unidad de
Informaci�n y An�lisis Financiero UIAF.
Un
veinte por ciento (20%) ser� destinado a los programas especiales que el Gobierno
determine"
(Modificado
por el art�culo 1 del Decreto
1736 de 2021)
Art�culo
2.5.7.3.
Distribuci�n del 20% del Gobierno
Nacional. El beneficiario del veinte
por ciento (20%) de que trata el �ltimo inciso del art�culo anterior ser� el
Departamento Administrativo para la Presidencia de la Rep�blica quien definir�
las pol�ticas y procedimientos para afectarlo y ejecutarlo. Estos recursos
deber�n ser destinados �nicamente a programas para el fortalecimiento del
sector justicia, inversi�n social, la pol�tica de drogas, el desarrollo rural,
la atenci�n y reparaci�n de las v�ctimas de actividades il�citas de conformidad
con el art�culo 90 de la Ley 1708 de 2014.
As� mismo, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, asignar�
mediante convenio interadministrativo los recursos a la entidad p�blica
interesada, para que sean ejecutados en programas especiales de los que trata
el presente art�culo en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con su
experticia.
El citado porcentaje
podr� ser afectado para los casos en que sea procedente la donaci�n a Entidades
P�blicas quienes agotar�n lo dispuesto en el artIculo 2.5.5.8.2 del presente
Decreto.
Para realizar la
afectaci�n del porcentaje, la entidad p�blica interesada en la donaci�n del
bien deber� solicitar al Departamento Administrativo para la Presidencia de la
Rep�blica la autorizaci�n para ello.
El administrador del
FRISCO informar� al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Rep�blica para cada vigencia fiscal el valor equivalente del 20%, para que con
tal informaci�n proceda a solicitar un espacio o cupo en la cuota de inversi�n
acordada y aprobada por el Departamento Nacional de Planeaci�n y el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Modificado por el art�culo 1 del Decreto
1736 de 2021)
Art�culo
2.6.1.1.1. Cambio
de categorizaci�n de los departamentos. Cuando un departamento
durante el primer semestre del a�o siguiente al que se evalu� para su
categorizaci�n, demuestre que se han modificado las condiciones que lo
obligaron a disminuir de categor�a, podr� categorizarse de acuerdo con el
inciso final del par�grafo 4� del art�culo 1� de la Ley 617 de 2000,
procediendo de la siguiente manera:
a) Tomar� en
forma discriminada por tipo o clase, los ingresos corrientes de libre
destinaci�n efectivamente recaudados en el primer semestre del a�o en que se
realiza la categorizaci�n y efectuar� frente a cada uno de ellos, debidamente
sustentada, la proyecci�n a diciembre treinta y uno (31);
b) Tomar� los
gastos de funcionamiento causados en el semestre y los proyectar�
justificadamente a treinta y uno (31) de diciembre;
c) La informaci�n
se�alada en los literales a) y b), junto con los soportes t�cnicos que la
sustenten, deber� remitirse a la Contralor�a General de la Rep�blica a m�s
tardar dentro de la �ltima quincena del mes de agosto, con el fin de que dicha
entidad expida la certificaci�n correspondiente para la categorizaci�n.
d) La
informaci�n a que se refieren los literales a) y b) de este art�culo, deber�
estar suscrita por el Secretario de Hacienda Departamental o quien haga sus
veces.
e) La
informaci�n enviada extempor�neamente no ser� tomada en consideraci�n;
f) La
Contralor�a General de la Rep�blica podr� solicitar a los Departamentos la
informaci�n complementaria que requiera. En todo caso, el t�rmino m�ximo para
pronunciarse ser� hasta el �ltimo d�a del mes de septiembre;
g) Si la
Contralor�a no considera adecuados los indicadores propuestos por el
Departamento, �ste deber� categorizarse para el pr�ximo a�o, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Ley 617 de 2000.
Par�grafo.
Para los efectos de la Ley 617 de 2000, se entiende por capacidad fiscal de una
entidad territorial, la posibilidad real de financiar la totalidad de sus
gastos de funcionamiento con sus ingresos corrientes de libre destinaci�n,
dejando excedentes que le permitan atender otras obligaciones corrientes
acumuladas y financiar al menos parcialmente la inversi�n p�blica aut�noma.
(Art.1 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.2. Clasificaci�n de nuevos municipios. Los
municipios que se creen a partir de la vigencia de la Ley 617 de 2000 deber�n
clasificarse, por primera vez, en categor�a sexta.
(Art.4 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.3. Concepto de vigencia anterior. Se entiende
como vigencia anterior para efectos de la aplicaci�n de la Ley 617 de 2000, el
a�o fiscal inmediatamente anterior a aquel en que se adopta la categor�a. As�
mismo, los ajustes a las apropiaciones presupuestales debieron incorporarse a
partir del presupuesto de la vigencia del a�o 2001.
(Art.3 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.4. Concepto de compensaciones. Las
compensaciones a las que se refiere el literal f) del par�grafo 1 del art�culo
3� de la Ley 617 de 2000, son las relacionadas con la explotaci�n o utilizaci�n
de los recursos naturales renovables y no renovables.
(Art.5 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.5. Exclusi�n
para c�lculo de ingresos corrientes de libre destinaci�n. Para efectos del c�lculo de los ingresos corrientes de libre
destinaci�n a que se refiere el art�culo 3� de la Ley 617 de 2000, no se tendr�
en cuenta el porcentaje establecido en el Decreto 4692 de 2005 o aquel que lo
compile, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.
(Art.1 Decreto
2577 de 2005)
Art�culo
2.6.1.1.6. Suspensi�n de la destinaci�n espec�fica de las rentas. La suspensi�n de la destinaci�n de las rentas de que trata el art�culo
12 de la Ley 617 de 2000, tendr� como �nico objeto la aplicaci�n exclusiva al
saneamiento fiscal y financiero de las entidades territoriales.
En
todo caso tales rentas no se computar�n dentro de los ingresos de libre
destinaci�n ni ser�n aplicados a un fin distinto del se�alado en el inciso
anterior.
Par�grafo 1�. Se entiende que existen
compromisos adquiridos, de acuerdo con el art�culo 12 de la ley 617 de 2000,
cuando la renta se encuentra titularizada, o cuando mediante acto
administrativo o contrato debidamente perfeccionado se constituya en fuente de
financiamiento de una obra o servicio.
Par�grafo 2�. Cuando una entidad
territorial se encuentre dentro de un programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero no podr� establecer rentas con destinaci�n espec�fica.
(Art.6 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.7. D�ficit fiscal a financiar. Los Alcaldes y
Gobernadores deber�n evidenciar por medio de acto administrativo o cierre
presupuestal el monto y clasificaci�n del d�ficit de funcionamiento existente a
la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000.
Para
efectos de la Ley 617 de 2000, no se considerar�n gastos de funcionamiento los
destinados a cubrir el d�ficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo
prestacional, existentes a 31 de Diciembre de 2000, ni las indemnizaciones al
personal originadas en Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Tampoco
se considerar�n gastos de funcionamiento las obligaciones correspondientes al
pasivo pensional definido en el par�grafo 1� del art�culo 1� de la Ley 549 de
1999.
(Art.7 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.8. Transferencias para gastos de las Asambleas, Concejos, Contralor�as y
Personer�as. Las transferencias para gastos de las
Asambleas, Concejos, Contralor�as y Personer�as hacen parte de los gastos de
funcionamiento del respectivo departamento, distrito y municipio. En todo caso,
para los solos efectos de la Ley 617 de 2000, estas transferencias no
computar�n dentro de los l�mites de gasto establecidos en los art�culos 4�, 6�
y 53 de la misma.
Los
gastos de los Concejos en los municipios y distritos, excepto los del Concejo
del Distrito Capital, de acuerdo con el art�culo 54 de la Ley 617 de 2000, no
podr�n ser superiores al total de los honorarios que se causen por el n�mero de
sesiones autorizado en el art�culo 20 de la misma, adicionado en los siguientes
porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre destinaci�n:
|
Categor�a
|
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de
libre destinaci�n
|
|
Especial
|
1.5%
|
|
Primera
|
1.5%
|
|
Segunda
|
1.5%
|
|
Tercera
|
1.5%
|
|
Cuarta
|
1.5%
|
|
Quinta
|
1.5%
|
|
Sexta
|
1.5%
|
Los
concejos municipales ubicados en cualquier categor�a en cuyo municipio los
ingresos de libre destinaci�n no superen los mil millones de pesos
($1.000.000.000) anuales en la vigencia anterior, podr�n destinar como aportes
adicionales a los honorarios de los concejales para su funcionamiento en la
siguiente vigencia sesenta salarios m�nimos legales.
De
acuerdo con los art�culos 10 y 11 de la ley 617 de 2000, el porcentaje de los
ingresos corrientes anuales de libre destinaci�n para financiar los gastos de
las Contralor�as para los Municipios y Distritos, excepto en el Distrito
Capital, no podr� exceder de:
|
Categor�a
|
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre
destinaci�n
|
|
Especial
|
2.8%
|
|
Primera
|
2.5%
|
|
Segunda
(m�s de 100.000 Habitantes)
|
2.8%
|
El
porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinaci�n para financiar los
gastos de las Personer�as de los Municipios y Distritos no podr� exceder,
acorde con las categor�as, los porcentajes o l�mites siguientes.
|
Categor�a
|
Porcentajes sobre los ingresos corrientes de libre
destinaci�n
|
|
Especial
|
1.6%
|
|
Primera
|
1.7%
|
|
Segunda
|
2.2%
|
|
Tercera
|
350 SMMLV
|
|
Cuarta
|
280 SMMLV
|
|
Quinta
|
190 SMMLV
|
|
Sexta
|
150 SMMLV
|
(Art.8 Decreto 192 de 2001, modificado por el Art.1 del Decreto 735 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.9. Ingresos
de las entidades descentralizadas. Los ingresos de las entidades
descentralizadas del nivel territorial, no hacen parte del c�lculo de los
ingresos de libre destinaci�n para categorizar los Departamentos, Municipios o
Distritos. Tampoco har�n parte de la base del c�lculo para establecer el l�mite
de gastos de Asambleas, Concejos, Contralor�as y Personer�as.
(Art.9 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.10. Transferencias
a las Contralor�as. La transferencia de los Departamentos, Municipios o
Distritos, sumada a la cuota de fiscalizaci�n de las entidades descentralizadas,
realizadas a las contralor�as, no podr�n superar los l�mites de gasto ni de
crecimiento establecidos en la Ley 617 de 2000.
(Art.10 Decreto 192 de 2001)
Art�culo
2.6.1.1.11. Programas
de Saneamiento Fiscal y Financiero. Se entiende por Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, un programa integral, institucional,
financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y que tenga por
objeto restablecer la solidez econ�mica y financiera de la misma mediante la
adopci�n de medidas de reorganizaci�n administrativa, racionalizaci�n del
gasto, reestructuraci�n de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento
de los ingresos.
El flujo
financiero de los programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, consigna cada
una de las rentas e ingresos de la entidad, el monto y el tiempo que ellas
est�n destinadas al programa, y cada uno de los gastos claramente definidos en
cuanto a monto, tipo y duraci�n. Este flujo se acompa�a de una memoria que
presenta detalladamente los elementos t�cnicos de soporte utilizados en la
estimaci�n de los ingresos y de los gastos.
Par�grafo
1�. Para todos los efectos formales, el Programa de Saneamiento Fiscal
y Financiero inicia con la expedici�n del decreto que contempla su ejecuci�n,
siempre y cuando, previamente hayan sido expedidas las respectivas aprobaciones
por parte de la autoridad competente necesarias para su ejecuci�n. En caso
contrario, el programa se entender� iniciado a partir de la fecha de expedici�n
de las autorizaciones respectivas.
Par�grafo
2�. Las entidades que a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000
tuvieran suscritos convenios o planes de desempe�o de conformidad con la Ley
358 de 1997 o hayan suscrito acuerdos de reestructuraci�n en virtud de la Ley
550 de 1999, se entender� que se encuentran en Programas de Saneamiento Fiscal
y Financiero, siempre y cuando cuenten con concepto favorable del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico sobre su adecuada ejecuci�n, expedido con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000.
Par�grafo
3�. Se entender� que una entidad territorial requiere de un Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero, cuando no pueda cumplir con los l�mites de
gasto establecidos en la Ley 617 de 2000 ni con lo previsto en los art�culos 3�
y 52 de la misma, seg�n el caso.
(Art.11 Decreto 192 de 2001)
Art�culo 2.6.1.2.1.
Presentaci�n de informes sobre viabilidad
financiera de municipios. Las oficinas de
planeaci�n departamental o los organismos que hagan sus veces presentar�n a los
gobernadores y a las asambleas departamentales respectivas un informe donde
expongan la situaci�n financiera de los municipios, el cual deber� relacionar
aquellas entidades que hayan incumplido los l�mites de gasto dispuestos por los
art�culos 6� y 10 de la Ley 617 de 2000. Tal informe deber� presentarse el
primer d�a de sesiones ordinarias correspondiente al segundo per�odo de cada
a�o.
(Art. 1 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.2.
Verificaci�n del cumplimiento de los
l�mites al gasto. Para la elaboraci�n del informe
de que trata el art�culo anterior, las Oficinas de Planeaci�n Departamental o
los organismos que hagan sus veces tendr�n en cuenta las certificaciones de
cumplimiento que expidan los alcaldes municipales respecto a la vigencia
inmediatamente anterior a la fecha de presentaci�n de las mismas, las cuales
deber�n ser comparadas con la informaci�n proveniente de la Contadur�a General
de la Naci�n. Para tal efecto los alcaldes expedir�n la certificaci�n dentro de
la semana siguiente al cierre presupuestal.
Los
alcaldes acompa�ar�n las certificaciones con informaci�n suficiente y necesaria
para determinar el cumplimiento de los l�mites dispuestos por los art�culos 6�
y 10 de la Ley 617 de 2000.
(Art. 2 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.3.
Procedimientos establecidos por el
art�culo 19 de la Ley 617 de 2000. Para la
verificaci�n de la viabilidad financiera de los municipios se agotar�n dos
procedimientos sucesivos:
En
primer lugar, y de manera obligatoria, los municipios estructurar�n, durante
una sola vigencia fiscal, un programa de saneamiento fiscal y financiero con el
objetivo de cumplir con los l�mites al gasto establecidos en los art�culos 6� y
10 de la Ley 617 de 2000. La ejecuci�n del programa y el cumplimiento de los
l�mites de que trata el art�culo 2.6.1.2.1. del presente cap�tulo deber�n
verificarse en el menor tiempo posible.
En
segundo lugar, y vencido el plazo en que se ha debido ejecutar el programa de
saneamiento fiscal y financiero sin que se haya verificado el cumplimiento de
los l�mites mencionados, las asambleas departamentales ordenar�n al
correspondiente municipio la adopci�n de un programa de saneamiento con el
mismo objetivo y cuya duraci�n no podr� ser superior a dos vigencias fiscales.
Par�grafo. La obligaci�n de estructurar y
ejecutar los programas de saneamiento a los que se refiere el presente art�culo
involucra y comprende a todas las secciones presupuestales y las
correspondientes autoridades municipales.
(Art. 3 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.4.
Programas de saneamiento fiscal y
financiero de los municipios. Los programas de
saneamiento fiscal y financiero adoptados por los municipios de manera
obligatoria, se estructurar�n en los t�rminos del art�culo 2.6.1.1.11. del
presente t�tulo.� La verificaci�n del cumplimiento del programa de saneamiento
fiscal y financiero corresponde a las oficinas de planeaci�n o a los organismos
que hagan sus veces.
Par�grafo. La omisi�n de la entidad territorial
en la adopci�n o ejecuci�n del programa de saneamiento a que se refiere el
presente art�culo, no elimina la verificaci�n del cumplimiento de los l�mites
al gasto establecidos en los art�culos 6� y 10 de la Ley 617 de 2000, como
presupuesto para continuar el proceso y la consecuente adopci�n de los
programas de saneamiento de que tratan los art�culos siguientes del presente
cap�tulo.
(Art. 4 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.5.
Dise�o y orden de adopci�n de programas
de saneamiento fiscal y financiero obligatorios a instancias de las asambleas
departamentales. Las asambleas departamentales
ordenar�n la adopci�n de programas de saneamiento fiscal y financiero a los
municipios que a pesar de haber adoptado un programa en los t�rminos del
art�culo anterior incumplan con los l�mites de que tratan los art�culos 6� y 10
de la Ley 617 de 2000. Para tal efecto, la Oficina de Planeaci�n Departamental
o el organismo que haga sus veces estructurar� los proyectos de programas de
saneamiento mediante la fijaci�n de un marco general para cada municipio. Tales
proyectos ser�n presentados y sometidos a consideraci�n de las asambleas
departamentales en conjunto con el informe de que trata el art�culo 2.6.1.2.1
del presente cap�tulo.
Las
asambleas departamentales expedir�n las correspondientes ordenanzas que
establezcan la adopci�n de los programas de saneamiento fiscal y financiero
antes de vencerse el periodo de sesiones dentro del cual les presentaron los
proyectos respectivos.
Par�grafo. En presencia del incumplimiento
de los l�mites de gasto, la omisi�n de las gobernaciones o las asambleas
departamentales en el dise�o y la orden de adopci�n de los programas de
saneamiento correspondiente, no exime a los municipios del cumplimiento de los
l�mites durante las dos vigencias en que ha debido estructurarse y ejecutarse
el correspondiente programa, como presupuesto para determinar la viabilidad
financiera del municipio.
(Art. 5 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.6.
Adopci�n de los programas de saneamiento
fiscal y financiero ordenados por las asambleas departamentales. Los programas de saneamiento ordenados por las asambleas
departamentales deber�n ser adoptados por los municipios dentro de los dos
meses siguientes a la expedici�n de las ordenanzas de que trata el art�culo
anterior, sin perjuicio de la expedici�n de los actos administrativos a que
haya lugar en cabeza de las autoridades municipales en consideraci�n a las
particulares medidas que se hayan establecido en el correspondiente programa de
saneamiento.
Par�grafo. La omisi�n de las autoridades
locales respecto a la adopci�n y ejecuci�n del programa ordenado por la
asamblea departamental, no elimina la verificaci�n del cumplimiento de los
l�mites al gasto durante las vigencias que haya establecido la corporaci�n
administrativa departamental, como presupuesto para continuar el procedimiento
y la verificaci�n de la viabilidad financiera de la respectiva entidad
territorial.
(Art. 6 Decreto
4515 de 2007)
Art�culo 2.6.1.2.7.
Acceso a apoyos financieros de la Naci�n. Las entidades territoriales que se encuentren en situaci�n de
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 617 de 2000 podr�n
acceder a apoyos financieros de la Naci�n siempre que adopten y cumplan
programas de saneamiento fiscal y financiero en los t�rminos del Cap�tulo 1 del
presente T�tulo y las normas que lo modifiquen o adicionen. Lo anterior sin
perjuicio de la aplicaci�n del art�culo 19 de la Ley 617 en los t�rminos
desarrollados en el presente cap�tulo.
(Art. 7 Decreto
4515 de 2007)
CAP�TULO 3
CONTABILIDAD P�BLICA DEPARTAMENTAL
Art�culo 2.6.1.3.1.
Contabilidad p�blica departamental. La contabilidad p�blica departamental est� conformada, adem�s de la
contabilidad del Sector Central del departamento, por la de las entidades u
organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran,
y la de cualquier otra entidad que tenga a su cargo el manejo o administraci�n
de recursos del departamento y s�lo en lo relacionado con estos.
(Art.1 Decreto
3730 de 2003)
Art�culo 2.6.1.3.2.
Contador general del departamento. Para todos los efectos del presente cap�tulo, el Contador General del
departamento es el servidor p�blico que desempe�e dicho cargo en el sector
central del departamento o quien cumpla sus veces, entendiendo como tal, la
persona que lleva a cabo el desarrollo de las funciones relacionadas con la
contabilidad en el sector central departamental. Dicho servidor cumplir� las
funciones relacionadas con los procesos de consolidaci�n, asesor�a y asistencia
t�cnica, capacitaci�n y divulgaci�n y dem�s actividades necesarias para el
desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad P�blica y control interno
contable, en el sector central y descentralizado de las entidades
departamentales y municipales.
(Art.2 Decreto
3730 de 2003)
Art�culo 2.6.1.3.3.
Funciones.
El Contador General del departamento, adem�s de las funciones propias de su
cargo, deber� cumplir en relaci�n con los procesos de consolidaci�n, asesor�a y
asistencia t�cnica, capacitaci�n las siguientes:
1. Llevar la Contabilidad del Sector Central del departamento, de acuerdo
con las normas de reconocimiento, valuaci�n y revelaci�n vigentes e impartir
instrucciones de car�cter general a las entidades u organismos descentralizados
territorialmente o por servicios, que lo integran, sobre aspectos relacionados
con la contabilidad p�blica.
2. Elaborar los estados contables del sector central del departamento y
coordinar con las entidades u organismos descentralizados territorialmente o
por servicios, que lo integran, los procedimientos tendientes a garantizar el proceso
de consolidaci�n que adelanta la Contadur�a General de la Naci�n, atendiendo
las normas, criterios, principios, procedimientos y plazos establecidos por
esta entidad.
3. Certificar los estados contables del sector central del departamento y
presentarlos al Secretario de Hacienda y al Gobernador para su correspondiente
refrendaci�n; as� mismo, remitirlos a las dem�s autoridades, junto con otros
informes que se requieran, para los fines de su competencia.
4. Velar por el cumplimiento oportuno de los procedimientos y plazos
necesarios para que los servidores p�blicos del sector central del departamento
y los de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por
servicios, que lo integran, reporten la informaci�n contable necesaria para su
consolidaci�n en la Contadur�a General de la Naci�n.
5. Asesorar sobre el debido registro, consolidaci�n y actualizaci�n del
inventario general de los bienes del sector central del departamento y de las
entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que
lo integran, cuando as� se requiera.
6. Producir informes sobre la situaci�n financiera econ�mica y social y la
actividad del sector central del departamento.
7. Orientar a las entidades u organismos descentralizados territorialmente
o por servicios, que integran el departamento, acerca del debido cumplimiento
de las normas expedidas por el Contador General de la Naci�n, cuando estas lo
requieran o sea necesario.
8. Propender por la implementaci�n de sistemas de costos, en el sector
central del departamento y en las entidades u organismos descentralizados
territorialmente o por servicios, que lo integran.
9. Definir los procedimientos y adoptar las medidas pertinentes para
obtener de las dependencias departamentales, y de los particulares que
administren recursos del departamento, la informaci�n necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.
10. Apoyar
a las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios,
que integran el departamento, en la organizaci�n, dise�o, desarrollo y
mantenimiento del sistema de informaci�n contable, financiera y presupuestal.
11. Planear,
programar y coordinar visitas de asesor�a y asistencia t�cnica con respecto al
sistema de informaci�n contable, tendientes a lograr la calidad, consistencia y
razonabilidad de la informaci�n del sector central del departamento y de las
entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que
lo integran.
12. Dise�ar
y divulgar m�todos, instrumentos y procedimientos que permitan la realizaci�n
del an�lisis financiero del sector central del departamento y de las entidades
u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, que lo
integran.
13. Realizar
y divulgar estudios de car�cter financiero y contable, que permitan establecer
estrategias de control gerencial, de gesti�n y de resultados, aplicables al
sector central del departamento y las entidades u organismos descentralizados
territorialmente o por servicios, que lo integran.
14. Coordinar
la elaboraci�n t�cnica de manuales e instructivos tendientes a establecer
procedimientos formales para atender el proceso de reconocimiento,
cuantificaci�n, an�lisis y revelaci�n de los bienes, derechos y obligaciones.
15. Organizar,
mantener y actualizar un sistema de informaci�n normativa y procedimental y
dirigir el dise�o y desarrollo de los flujos de informaci�n que lo alimenten,
para que sirva de apoyo a la gesti�n financiera y contable del sector central
del departamento y de las entidades u organismos descentralizados
territorialmente o por servicios, que lo integran.
16. Apoyar
a la Contadur�a General de la Naci�n en los procesos de consolidaci�n, asesor�a
y asistencia t�cnica, capacitaci�n, divulgaci�n y dem�s actividades
relacionadas con el cumplimiento de sus funciones orientadas a atender
necesidades del sector central del departamento y de las entidades u organismos
descentralizados territorialmente o por servicios, que lo integran.
(Art. 3 Decreto
3730 de 2003)
Art�culo 2.6.2.1.1.
Procedimiento para dar tr�mite a los
acuerdos de reestructuraci�n de entidades del nivel territorial. Para tramitar una solicitud o promoci�n oficiosa de un acuerdo de
reestructuraci�n de una entidad del nivel territorial, que est� sometida a
inspecci�n y vigilancia estatal, independientemente de que tenga el car�cter de
empresa industrial y comercial, de econom�a mixta o cualquier forma de
asociaci�n, con personalidad jur�dica, cuyo objeto sea el desarrollo de
actividades empresariales, se deber� previamente establecer, por parte de la
Superintendencia que ejerza dicha supervisi�n, si la entidad se encuentra
incursa en alguna de las causales legales establecidas para la toma de posesi�n
o intervenci�n por parte de la Superintendencia que la vigila, evento en el
cual se proceder� a dar aplicaci�n a las normas que regulan esta materia.
Par�grafo. Cuando una entidad de las que
trata el presente art�culo, sea objeto de un acuerdo de reestructuraci�n, el
departamento, municipio o distrito titular de m�s del cincuenta por ciento
(50%) del capital de la misma, podr� simult�neamente someterse al proceso de
reestructuraci�n previsto en la Ley 550 de 1999.
(Art. 1 Decreto
694 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.2.
Promotores y peritos. La designaci�n de promotores y peritos, en los acuerdos de reestructuraci�n
de una entidad territorial o del nivel territorial, se regir� por las normas
previstas en el presente cap�tulo.
La
designaci�n de promotores en los acuerdos de reestructuraci�n, previstos en el
T�tulo V de la Ley 550 de 1999, podr� recaer en funcionarios o en quienes est�n
prestando servicios en el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para tal
efecto percibir�n la misma remuneraci�n y en las mismas condiciones de su
vinculaci�n. En tales eventos no se requerir� la constituci�n de las garant�as
de que trata el art�culo 10 de la Ley 550 de 1999.
Para
la designaci�n de peritos se tendr� en cuenta la misma regla prevista en el
inciso anterior, s�lo que tambi�n se podr�n designar a personas naturales que
pertenezcan a una entidad p�blica o privada, especializada en la materia objeto
del experticio.
Par�grafo. Los honorarios que se puedan
generar por la designaci�n de peritos, estar�n a cargo de la entidad objeto del
acuerdo, para lo cual se tendr� en cuenta la naturaleza del experticio, las
calidades del perito, la complejidad del dictamen y dem�s circunstancias que
permitan apreciar la labor encomendada.
En
caso que el perito designado sea funcionario de una entidad p�blica, no podr�
devengar remuneraci�n adicional a la que perciba en su condici�n de servidor
p�blico.
(Art. 2 Decreto
694 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.3.
Actividad de la entidad territorial
durante la negociaci�n del acuerdo. Con base en el
art�culo 17 y el numeral 10 del art�culo 58 de la Ley 550 de 1999, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y la entidad territorial o del nivel
territorial, a partir de la fecha de iniciaci�n de la negociaci�n, determinar�n
las operaciones que �stas podr�n realizar y salvo autorizaci�n previa y escrita
del Ministerio, no podr�n expedir actos o realizar operaciones que impliquen
gasto, en especial los siguientes:
1. Actos u operaciones que impliquen modificaciones de las estructuras en
el sector central o descentralizado que generen costos adicionales al
presupuesto.
2. Adelantar procesos contractuales o celebrar cualquier tipo o modalidad
de contrataci�n que no tengan asegurada financiaci�n con cargo a los ingresos
de libre destinaci�n dentro de la respectiva vigencia.
3. Modificaciones en el r�gimen salarial y prestacional de los empleados
p�blicos y/o trabajadores oficiales en su sector central o descentralizado, ni
actos de vinculaci�n laboral a su planta de personal.
4. Los actos administrativos que creen gastos y/o destinaciones
espec�ficas.
5. Modificaciones al presupuesto o presentaci�n de proyectos que
comprometan mayores niveles de gasto.
6. Operaciones de cr�dito p�blico de corto y largo plazo, as� como de las
operaciones de manejo de la deuda, sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido sobre el particular en la Ley 358 de 1997 y las normas
reglamentarias contenidas en el Cap�tulo 1, T�tulo 2 de la Parte 2 del presente
Libro 2 o de las normas que la modifiquen o complementen.
7. Enajenaci�n o compra de activos.
8. Igualmente no podr� constituir ni ejecutar garant�as o cauciones a
favor de los acreedores de la entidad que recaigan sobre los bienes de la
misma, no podr�n efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o
transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo, ni efectuarse
enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan a las necesarias para
evitar la par�lisis del servicio y puedan afectar derechos fundamentales.
(Art. 3 Decreto
694 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.4.
Estado de relaci�n de acreedores,
acreencias e inventarios. Para los efectos
previstos en el art�culo 20 de la Ley 550 de 1999, el gobernador, alcalde o
representante legal de la entidad, entregar� al promotor una relaci�n de los
acreedores y acreencias, y un estado de inventario elaborado con base en los
registros contables y en las normas y procedimientos expedidos por la
Contadur�a General de la Naci�n.
El
estado de inventario, cortado a la fecha se�alada en el art�culo 20 de la Ley
550 de 1999, comprender� el informe sobre la situaci�n financiera, econ�mica y
social a nivel de subcuentas, el balance general y estado de la actividad
financiera, econ�mica y social a nivel de cuentas incluyendo las respectivas
notas de car�cter espec�fico.
Al
estado de inventario a que se refiere el presente art�culo deber� anexarse la
siguiente informaci�n:
1. Relaci�n detallada del efectivo, inversiones, rentas por cobrar, deudores,
inventarios, propiedades, planta y equipo, otros activos y derechos
contingentes cuya titularidad corresponda a la entidad territorial, incluyendo
concepto, descripci�n y su valor actual o de reposici�n cuando a ello hubiere
lugar.
2. Relaci�n detallada de las obligaciones financieras, cuentas por pagar,
obligaciones laborales y de seguridad social integral, bonos y t�tulos
emitidos, pasivos estimados, otras obligaciones y responsabilidades
contingentes que afecten la situaci�n financiera, econ�mica y social de la
entidad territorial, indicando en cada caso identificaci�n, nombre del
acreedor, concepto y valor.
3. Relaci�n detallada de los compromisos (reservas presupuestales)
pendientes a la fecha de corte, donde se especifique identificaci�n y nombre
del acreedor, concepto y valor.
Par�grafo 1�. En la relaci�n de los
activos a que se refiere el numeral 1 del presente art�culo, deber�n indicarse
cu�les tienen definida su situaci�n jur�dica y puedan ser objeto de
comercializaci�n y cu�les tienen alg�n tipo de restricci�n de orden legal o
contractual.
Par�grafo 2�. El informe, estados y anexos
antes mencionados, deber�n entregarse debidamente firmados y certificados por
el gobernador o alcalde, el jefe del �rea financiera y el contador con su
respectiva tarjeta profesional. Para el caso de las entidades obligadas a tener
revisor fiscal deber� adjuntarse el dictamen e informe respectivo.
Par�grafo 3�. La entidad territorial
pondr� a disposici�n del promotor, todos los libros principales o auxiliares y
dem�s documentos que se requieran para verificar la informaci�n suministrada.
(Art. 4 Decreto
694 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.5.
Representaci�n de la Naci�n. Cuando la Naci�n sea acreedora de una entidad territorial o del nivel
territorial, objeto de un acuerdo de reestructuraci�n, dichas acreencias
estar�n representadas por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s
de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional, salvo el caso
de las acreencias relativas a impuestos nacionales, evento en el cual la
representaci�n la tendr� a trav�s de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
(Art. 5 Decreto
694 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.1.
Determinaci�n de las obligaciones
fiscales. Para la determinaci�n de las
obligaciones fiscales causadas y pendientes de pago a la iniciaci�n de la
negociaci�n del acuerdo, se sumar�n los siguientes montos:
�
a) La totalidad de los impuestos y retenciones adeudados, m�s la
actualizaci�n a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el art�culo
867-1 del Estatuto Tributario;
b) La totalidad de las sanciones, m�s la actualizaci�n a que haya lugar de
conformidad con lo establecido en el art�culo 867-1 del Estatuto Tributario;
c) Los intereses de mora causados de conformidad con lo previsto en los
art�culos 634 y 635 del Estatuto Tributario, a la fecha de iniciaci�n de la
negociaci�n.
(Art. 1 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.2.
Plazos para el pago de obligaciones
fiscales en acuerdos de reestructuraci�n. De
conformidad con lo establecido en los art�culos 55 inciso segundo y 56 de la
Ley 550 de 1999, los plazos que se estipulen en el acuerdo de reestructuraci�n
para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociaci�n en los
t�rminos del art�culo 52 de la referida ley, podr�n ser superiores a los plazos
m�ximos previstos en el art�culo 814 del Estatuto Tributario.
Par�grafo. Sin perjuicio de la causaci�n
de intereses y de la actualizaci�n de que trata el art�culo 867-1 del Estatuto
Tributario, para la realizaci�n de pagos de las obligaciones fiscales se podr�
acordar per�odo de gracia hasta por un plazo m�ximo de dos a�os, que se
graduar� en atenci�n al monto de la deuda, de la situaci�n de la empresa
deudora y de la viabilidad de la misma, siempre que los dem�s acreedores
acuerden un per�odo de gracia igual o superior al de las obligaciones fiscales.
(Art. 2 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.3.
Intereses de plazo de las obligaciones
fiscales. Los intereses que se causen por el plazo
otorgado en el acuerdo de reestructuraci�n para las obligaciones fiscales
susceptibles de negociaci�n en los t�rminos del art�culo 52 de la Ley 550 de
1999, se liquidar�n a la tasa que se pacte en el acuerdo, observando las
siguientes reglas:
�
a) En ning�n caso la tasa de inter�s efectiva de las obligaciones fiscales
podr� ser inferior a la tasa de inter�s efectiva m�s alta pactada a favor de
cualquiera de los otros acreedores;
b) La tasa de inter�s de las obligaciones fiscales que se pacte de acuerdo
con lo dispuesto en el presente art�culo, ser� la siguiente:
-
Durante los tres (3) primeros a�os de plazo, la
tasa de inter�s DTF efectivo anual certificada por el Banco de la Rep�blica
para el mes inmediatamente anterior a aquel en el cual se firme el acuerdo.
-
A partir del cuarto a�o y hasta el sexto a�o de
plazo, la tasa de inter�s DTF efectivo anual certificada por el Banco de la
Rep�blica para el �ltimo mes del tercer a�o de plazo, aumentada dicha tasa en
un seis por ciento (6%).
-
A partir del s�ptimo y hasta el noveno a�o de
plazo, la tasa de inter�s DTF efectivo anual certificada por el Banco de la
Rep�blica para el �ltimo mes del sexto a�o, aumentada dicha tasa en un quince
por ciento (15%).
-
A partir del d�cimo a�o de plazo, la tasa de
inter�s DTF efectivo anual certificada por el Banco de la Rep�blica para el
�ltimo mes del noveno a�o, aumentada dicha tasa en un treinta por ciento (30%).
Par�grafo 1�. Las autoridades fiscales
podr�n pactar tasas inferiores a las previstas en el literal b) del presente art�culo,
siempre y cuando:
-
A ning�n cr�dito se le reconozca en el acuerdo una
tasa que en t�rminos efectivos sea superior a la prevista para las acreencias
fiscales, y
-
La tasa correspondiente a las acreencias fiscales
no resulte, en t�rminos efectivos, inferior al IPC correspondiente a los doce
meses inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se realicen los
respectivos pagos.
Par�grafo 2�. Lo dispuesto en el presente
art�culo no aplica para los nuevos cr�ditos que se otorguen al empresario en
reestructuraci�n siempre que dichos cr�ditos impliquen entrega efectiva de
nuevos recursos.
(Art. 3 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.4.
Intereses en caso de incumplimiento. Cuando en ejecuci�n de un acuerdo de reestructuraci�n se incumpla el
pago de alguna de las obligaciones fiscales reestructuradas, respecto de la
totalidad de los saldos adeudados de dichas obligaciones se aplicar� una tasa
de inter�s equivalente a la m�s alta entre:
a) La pactada en el acuerdo;
b) La vigente a la fecha del incumplimiento, de conformidad con el
art�culo 635 del Estatuto Tributario;
c) La aplicable seg�n lo dispuesto en el literal c) del art�culo
2.6.2.1.1.1 de la presente secci�n.
�
Lo
anterior sin perjuicio de la facultad del acreedor fiscal prevista en el
numeral 5� del art�culo 35 de la Ley 550 de 1999.
�
Par�grafo. Para los intereses de mora de
las obligaciones fiscales que no son objeto del acuerdo de reestructuraci�n, se
aplicar� lo dispuesto en los art�culos 634 y 635 del Estatuto Tributario.
(Art. 4 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.5.
Ventajas previstas en el acuerdo. Las ventajas o compensaciones que lleguen a acordarse a favor de
cualquier otro acreedor en funci�n de la recuperaci�n de la empresa y de la
mejora de su capacidad de pago, deber�n reconocerse igualmente a los acreedores
fiscales en forma proporcional por la estipulaci�n de plazos, tasas de inter�s
y per�odos de gracia en los t�rminos previstos en esta secci�n.
(Art. 5 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.6.
Otorgamiento de garant�as. El otorgamiento de garant�as para las obligaciones fiscales
susceptibles de negociaci�n en los t�rminos del art�culo 52 de la Ley 550 de
1999, queda sujeto a lo que se establezca de manera general en el respectivo
acuerdo, y respecto a ellas no ser� aplicable lo dispuesto en el art�culo 814
del Estatuto Tributario.
(Art. 6 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.7.
Determinaci�n de los derechos de voto de
los acreedores. Para efectos de la determinaci�n
de votos, las obligaciones fiscales se actualizar�n de conformidad con el
numeral primero del art�culo 22 de la Ley 550 de 1999.
(Art. 7 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.8.
Acuerdo de pago respecto de obligaciones
fiscales. Sin perjuicio de las disposiciones
especiales de la Ley 550 de 1999 y de lo previsto en esta secci�n, el acuerdo
de reestructuraci�n constituye acuerdo de pago respecto de las obligaciones
fiscales reestructuradas.
De
conformidad con el inciso anterior, y con el art�culo 52 de la Ley 550 de 1999,
las facilidades de pago a que se refieren los art�culos siguientes de la
presente secci�n podr�n celebrarse s�lo respecto de las obligaciones por
concepto de retenci�n en la fuente.
(Art. 8 Decreto
2249 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.9.
Autorizaci�n para adelantar acuerdos de pago IVA y
retenciones en la fuente. Se entender� que existe
urgencia, conveniencia y necesidad, para efectos de la autorizaci�n consagrada
en el inciso tercero del art�culo 17 de la Ley 550 de 1999, cuando cualquiera
de los sujetos de que trata el art�culo 125 de la Ley 1116 de 2006 que adelante
un acuerdo de reestructuraci�n solicite autorizaci�n para efectuar pagos o
celebrar acuerdos o facilidades de pago, respecto de las sumas que adeude por
concepto de Impuesto a las Ventas, IVA, y retenciones en la fuente de
cualquiera de los impuestos nacionales, as� como los intereses, sanciones o
actualizaciones que se deriven exclusivamente de estos conceptos.
�
Igualmente,
se entender� que existe urgencia, conveniencia y necesidad, cualquiera de los
sujetos de que trata el inciso anterior� solicite autorizaci�n para llevar a
cabo las compensaciones de que trata el art�culo 815 del Estatuto Tributario,
con el fin de efectuar los pagos respecto de las sumas que adeude por concepto
de Impuesto a las Ventas, IVA, y retenciones en la fuente de cualquiera de los
impuestos nacionales, as� como los intereses, sanciones o actualizaciones que
se deriven exclusivamente de estos conceptos.
(Art. 1 Decreto
806 de 2000)
Art�culo 2.6.2.1.1.10.
Pagos o acuerdos de pagos a la DIAN. El Superintendente competente o el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, seg�n el caso, podr�n autorizar a cualquiera de los sujetos de que
trata el art�culo 125 de la Ley 1116 de 2006� que adelanten un acuerdo de
reestructuraci�n, para efectuar los pagos correspondientes a las sumas
se�aladas en el art�culo anterior o celebrar con la Direcci�n de Impuestos y
Aduanas Nacionales acuerdos o facilidades de pago, sobre la totalidad de dichas
sumas, de conformidad con el inciso 3� del art�culo 17 de la Ley 550 de 1999.
Par�grafo. Para efectos de la celebraci�n
de los acuerdos o facilidades de pago, se aplicar�n las disposiciones
contenidas en el art�culo 814 y siguientes del Estatuto Tributario.
(Art. 2 Decreto
806 de 2000)
Art�culo
2.6.3.1.1. Actividades
de monitoreo. Las actividades de monitoreo de que trata el
numeral 3.1 del art�culo 3 del Decreto 028 de 2008, comprenden la recopilaci�n
sistem�tica de informaci�n en los sectores de educaci�n, salud, agua potable y
saneamiento b�sico, y en las actividades de inversi�n financiadas con recursos
de prop�sito general y asignaciones especiales del Sistema General de
Participaciones; su consolidaci�n, an�lisis y verificaci�n para el c�lculo de
indicadores espec�ficos y estrat�gicos de cada sector, que permitan identificar
acciones u omisiones por parte de las entidades territoriales que puedan poner
en riesgo la adecuada utilizaci�n de los recursos del Sistema General de
Participaciones y/o el cumplimiento de las metas de calidad, cobertura y continuidad
en la prestaci�n de los servicios financiados con cargo a estos recursos.
(Art. 1 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.2. Entidades
responsables. Las actividades de monitoreo estar�n a cargo del
ministerio respectivo para los sectores de educaci�n, salud y agua potable y
saneamiento b�sico. En las actividades de inversi�n financiadas con recursos de
prop�sito general y asignaciones especiales del Sistema General de
Participaciones, las actividades de monitoreo estar�n a cargo del Departamento
Nacional de Planeaci�n.
Par�grafo.
Para el desarrollo de las actividades de monitoreo en el sector salud, el
Ministerio de Salud y Protecci�n Social podr� solicitar informes y coordinar
acciones con la Superintendencia Nacional de Salud, sin perjuicio de las
competencias de inspecci�n, vigilancia y control asignadas a esta �ltima
entidad.
(Art. 2 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.3. Coordinaci�n
de las actividades de monitoreo. Corresponde al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, en desarrollo de lo dispuesto por el numeral 6.2
del art�culo 6� del Decreto 028 de 2008, a trav�s del sistema de informaci�n
que adopte, consolidar y evaluar de manera integral los resultados de la actividad
de monitoreo realizada por el Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio
de Salud y Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y
el Departamento Nacional de Planeaci�n. Para este efecto, formular�
orientaciones al Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y al
Departamento Nacional de Planeaci�n acerca de los procedimientos y metodolog�as
empleados para la captura, procesamiento, an�lisis y remisi�n de los resultados
de las actividades de monitoreo.
(Art. 3 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.4. Periodicidad
y reporte. Las actividades de monitoreo se realizar�n de manera
continua y el reporte al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de que trata
el numeral 6.2 del art�culo 6� del Decreto 028 de 2008, se efectuar�
anualmente, antes del 30 de junio de cada a�o, o excepcionalmente cuando el
Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social, el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el Departamento Nacional de
Planeaci�n, seg�n el caso, lo consideren necesario para adelantar labores de
seguimiento o de adopci�n de medidas preventivas o correctivas. Este reporte
deber� comprender, como m�nimo, la siguiente informaci�n:
1. Resultado
de las actividades de monitoreo de aquellas entidades territoriales en las que,
de acuerdo con los criterios de evaluaci�n definidos por el Ministerio de
Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y� Protecci�n Social, el Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio o el Departamento Nacional de Planeaci�n, seg�n
el caso, atendiendo a lo dispuesto en el presente t�tulo, se evidencien
acciones u omisiones que puedan poner en riesgo la adecuada utilizaci�n de los
recursos del Sistema General de Participaciones, se�alando el o los eventos de
riesgo detectados.
2. Recomendaciones
sobre las medidas a adoptar para prevenir o corregir los riesgos identificados.
(Art. 4 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.5. Recopilaci�n
de la informaci�n. La recopilaci�n de informaci�n requerida para el
ejercicio de las actividades de monitoreo en los sectores de educaci�n, salud, agua
potable y saneamiento b�sico y en las actividades de inversi�n financiadas con
recursos de prop�sito general y asignaciones especiales del Sistema General de
Participaciones, se efectuar� por parte del Ministerio de Educaci�n Nacional,
el Ministerio de Salud y Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio o el Departamento Nacional de Planeaci�n, seg�n el caso, a trav�s
del Formato �nico Territorial, FUT, o los instrumentos de recopilaci�n
adoptados por el Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el
Departamento Nacional de Planeaci�n, conforme con los par�metros y sistemas de
informaci�n definidos para este efecto.
Par�grafo.
La metodolog�a para la consolidaci�n y an�lisis de la informaci�n
recopilada, ser� establecida por el Ministerio de Educaci�n Nacional, el
Ministerio de Salud y de la Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio o el Departamento Nacional de Planeaci�n, en el �mbito de sus competencias,
atendiendo a las particularidades y naturaleza de cada sector o actividad de
inversi�n.
(Art. 5 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.6. Verificaci�n.
El Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y Protecci�n
Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el Departamento
Nacional de Planeaci�n, en el �mbito de sus competencias, podr� realizar
visitas de campo con el fin de confrontar la informaci�n suministrada sobre la
ejecuci�n de los recursos del Sistema General de Participaciones, y brindar
asistencia t�cnica para mejorar la consistencia y calidad de la informaci�n
reportada.
(Art. 6 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.7. Informaci�n
complementaria. El Ministerio de Educaci�n Nacional, el
Ministerio de Salud y Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio o el Departamento Nacional de Planeaci�n, en el �mbito de sus
competencias, podr�n solicitar a las entidades territoriales la informaci�n
adicional a la descrita en el presente t�tulo, para el ejercicio de la actividad
de monitoreo y, a su vez, podr�n suministrarla al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico para definir las medidas a las que haya lugar.
(Art. 7 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.8. Coordinaci�n
con otras entidades. Con el prop�sito de asegurar que las
actividades de monitoreo permitan identificar oportunamente eventos de riesgo
en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones de prop�sito
general y asignaciones especiales, el Departamento Nacional de Planeaci�n podr�
apoyarse en informaci�n suministrada por el Ministerio del Interior, Ministerio
de Cultura, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Transporte, Ministerio de
Educaci�n Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto
Nacional de V�as, Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreaci�n, la Actividad f�sica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre �
Coldeportes - , Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica,
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, Corporaciones Aut�nomas Regionales y
�rganos de control, de acuerdo con las actividades sectoriales asignadas a las
entidades territoriales en el art�culo 76 de la Ley 715 de 2001 y el T�tulo IV
de la Ley 1176 de 2007.
Par�grafo.
El Departamento Nacional de Planeaci�n, si lo considera necesario, podr�
suscribir convenios con entidades nacionales y de control para asegurar la
remisi�n de la informaci�n que requiera para el ejercicio de las actividades de
monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones de prop�sito
general y asignaciones especiales.
(Art. 8 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.1.9. Actividades
de los departamentos. En desarrollo de sus competencias legales,
los Departamentos podr�n brindar acompa�amiento a los ministerios sectoriales y
al Departamento Nacional de Planeaci�n en el desarrollo de las actividades de
monitoreo establecidas en el Decreto 028 de 2008, respecto de los municipios
ubicados en su jurisdicci�n, mediante la recopilaci�n, procesamiento, an�lisis,
consolidaci�n y remisi�n de la informaci�n a los Ministerios de Educaci�n
Nacional y de Salud y Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio y el Departamento Nacional de Planeaci�n, para su sector o actividad
de inversi�n, en las condiciones por estos se�aladas, los cuales podr�n
efectuar verificaciones sobre la informaci�n as� reportada.
(Art. 17 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.2.1. Actividades
de seguimiento. Las actividades de seguimiento de que trata el numeral
3.2 del art�culo 3� del Decreto 028 de 2008, se realizar�n en los sectores de
salud, educaci�n, agua potable y saneamiento b�sico y las actividades de
inversi�n financiadas con los recursos de prop�sito general y las asignaciones
especiales del Sistema General de Participaciones, por parte del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s de auditor�as realizadas directamente o
mediante la contrataci�n de personas naturales o jur�dicas, o mediante los
procedimientos necesarios que permitan evidenciar los eventos de riesgo.
(Art. 9 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.2.2. Objeto
de las actividades de seguimiento. Las actividades de
seguimiento que adelante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
comprenden la evaluaci�n y an�lisis de los procesos administrativos,
institucionales, fiscales, presupuestales, contractuales y sectoriales de las
entidades territoriales, las cuales permiten evidenciar y cualificar la
existencia de eventos de riesgo que afecten o puedan llegar a afectar la
ejecuci�n de los recursos, el cumplimiento de las metas de continuidad,
cobertura y calidad en la prestaci�n de servicios.
(Art. 10 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.2.3. �mbito
de aplicaci�n de las actividades de auditor�a. La auditor�a
podr� realizarse en forma integral a los procesos y actividades que realizan
las entidades territoriales, o sobre proyectos espec�ficos que se est�n
ejecutando con recursos del Sistema General de Participaciones. Para este
efecto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� adelantar
diligencias, averiguaciones y/o solicitar informaci�n a los operadores de
concesiones, administradores de servicios y en general a las personas naturales
o jur�dicas, p�blicas o privadas, que ejecutan proyectos o prestan servicios
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
(Art. 11 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.3.1. Acciones
a adelantar. Con sujeci�n a los resultados de las actividades de
monitoreo y/o seguimiento y a lo dispuesto en el art�culo 2.6.3.4.3 de del
Cap�tulo 4 del presente� t�tulo, y previa confirmaci�n de la existencia de un
evento de riesgo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico adoptar�
cualquiera de las siguientes acciones:
1. Adopci�n
de medida preventiva mediante la suscripci�n del plan de desempe�o
correspondiente, con sujeci�n a lo dispuesto en la Secci�n 1 del Cap�tulo 4 del
presente t�tulo o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan.
2. Adopci�n
de medidas correctivas de suspensi�n y/o giro directo de recursos, seg�n el
caso, con sujeci�n a lo dispuesto en la secci�n 2 del Cap�tulo 4 del presente
t�tulo o las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan.
3. Solicitud
a la Procuradur�a General de la Naci�n de suspensi�n inmediata, antes de que
sea expedido el acto de adjudicaci�n respectivo, de los procesos de selecci�n
contractual, en los cuales no se prevea o asegure el cumplimiento de las metas
de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, o no se adecuen a los
tr�mites contractuales o presupuestales dispuestos por la ley, sin perjuicio de
adoptar las medidas preventivas o correctivas a que haya lugar.
4. Solicitud
a la Superintendencia de Sociedades de la declaratoria de ineficacia de los
contratos vigentes celebrados por la entidad territorial, cuya ejecuci�n no
asegure la continuidad en la prestaci�n del servicio, ni el cumplimiento de las
metas de continuidad, cobertura y calidad, o el adecuado uso de los recursos
del Sistema General de Participaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas
preventivas o correctivas a que haya lugar.
5. Presentaci�n
al Conpes Social, por parte del Ministerio de Hacienda Y Cr�dito P�blico, de
los informes de evaluaci�n de las actividades de monitoreo y/o seguimiento y la
solicitud de recomendaci�n para la adopci�n de la medida de asunci�n temporal
de la competencia por parte del Departamento o la Naci�n, seg�n el caso, con
arreglo a lo dispuesto por el numeral 13.3 del art�culo 13 del Decreto 028 de
2008.
6. Previa
recomendaci�n del Conpes Social, la adopci�n por parte del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, de la medida de asunci�n temporal de la competencia
en cualquiera de los sectores financiados con cargo a los recursos del Sistema
General de Participaciones.
(Art. 12 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.3.2. Criterios
de calificaci�n de eventos de riesgo. Los criterios de calificaci�n de
los eventos de riesgo a que hace referencia el art�culo 9� del Decreto 028 de
2008, identificables mediante las acciones de monitoreo y/o seguimiento,
considerar�n los siguientes indicadores:
a) Indicadores
cuantitativos, los cuales presentan cuatro posibles calificaciones:
- Cr�tico alto
- Cr�tico medio
- Cr�tico bajo
- Aceptable
b) Indicadores
cualitativos, los cuales presentan dos posibles calificaciones:
- Cumple
- No cumple
(Art. 13 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.3.3. Condiciones
generales para calificaci�n de eventos de riesgo. Las
condiciones generales, criterios e indicadores con sujeci�n a las cuales se calificar�n
los eventos de riesgo a que alude el art�culo 9� del Decreto 028 de 2008, y bajo
los cuales se determinar� la procedencia de medidas preventivas o correctivas,
podr�n ser entre otras, las indicadas a continuaci�n:
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No env�o de
informaci�n conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el
Gobierno Nacional, y/o haber remitido o entregado informaci�n incompleta o
err�nea.
|
|
1
|
Criterios
|
|
Oportunidad
|
Formalidad
|
Suficiencia
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Env�o de informaci�n solicitada en los
tiempos se�alados.
|
Entregar la informaci�n de acuerdo con
los requerimientos formales y t�cnicos indicados.
|
La informaci�n sea �til, relevante,
pertinente y suficiente para el ejercicio de las actividades de monitoreo y
seguimiento.
|
|
Indicadores
|
|
Fecha de envi� o radicaci�n de la
informaci�n Vs. Fecha l�mite de entrega.
|
Uso de los formatos y/o metodolog�as
establecidos Vs. Formatos y/o metodolog�as de auditor�a establecidos.
|
La informaci�n enviada es suficiente,
confiable y utilizable para el ejercicio de las actividades de monitoreo o
seguimiento.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
Seg�n las condiciones del evento de
riesgo para el sector.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No haber
entregado a los encargados de efectuar las auditor�as, la informaci�n y/o
soporte requeridos para su desarrollo, en los t�rminos y oportunidad
solicitados
|
|
2
|
Criterios
|
|
Oportunidad
|
Formalidad
|
Suficiencia
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Entrega de informaci�n solicitada en los
tiempos se�alados.
|
Entregar la informaci�n de acuerdo con
los requerimientos formales y t�cnicos indicados.
|
La informaci�n sea �til, relevante,
pertinente y suficiente para el ejercicio de las actividades de
auditor�a.
|
|
Indicadores
|
|
Fecha de envi� o radicaci�n de la
informaci�n Vs. Fecha l�mite de entrega.
|
Uso de los formatos y/o metodolog�as de
auditor�a Vs. Formatos y/o metodolog�as establecidos.
|
La informaci�n enviada es suficiente,
confiable y utilizable para el ejercido de las actividades de auditor�a.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No haber
entregado a los encargados de efectuar las auditor�as, la informaci�n y/o
soporte requeridos para su desarrollo, en los t�rminos y oportunidad
solicitados
|
|
3
|
Criterios
|
|
Elaboraci�n
y presentaci�n
|
Incorporaci�n
presupuestal
|
Destinaci�n
del recurso
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Se sigue el tr�mite dispuesto por el plan
de desarrollo, las normas org�nicas presupuestales o las normas
presupuestales adoptadas en desarrollo del Decreto 111/96 por la entidad territorial.
|
Se sigue el tr�mite dispuesto por las
normas org�nicas presupuestales o las normas presupuestales adoptadas en
desarrollo del Decreto 111/96 por la entidad territorial aplicando lo
ordenado por el art�culo 84 de la Ley 715 de 2001.
|
Cumplimiento de los conceptos de gasto
autorizados por las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.
|
|
Indicadores
|
|
La entidad territorial elabor� y present�
presupuesto acorde con plan de desarrollo, estatuto org�nico presupuestal
adoptado conforme con el Decreto 111/96; elabor� el marco fiscal de mediano
plazo, cuenta con plan operativo anual de inversiones.
|
La entidad territorial incorpora los
recursos atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996, o las normas
presupuestales adoptadas en desarrollo de este decreto por la entidad
territorial aplicando lo ordenado por el art�culo 84 de la Ley 715 de
2001.
|
La entidad territorial incorpora los
recursos atendiendo a los conceptos de gasto autorizados por las Leyes 715 de
2001 y 1176 de 2007.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No haber entregado
a los encargados de efectuar las auditor�as, la informaci�n y/o soporte
requeridos para su desarrollo, en los t�rminos y oportunidad
solicitados
|
|
4
|
Criterios
|
|
Programaci�n
sectorial y por concepto de gasto
|
Aprobaci�n
por parte de la corporaci�n respectiva y operaciones presupuestales
adicionales
|
Ejecuci�n
desagregada
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Incorporaci�n de los recursos en el
presupuesto de acuerdo con la programaci�n sectorial y por conceptos
autorizados por las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, y disposiciones
sectoriales aplicables.
|
Aprobaci�n atendiendo a las normas
org�nicas presupuestales y lo dispuesto por las Leyes 715 de 2001 y 1176 de
2007 en relaci�n con la programaci�n sectorial y conceptos de gasto
autorizados, y disposiciones sectoriales aplicables.
|
Los compromisos que asume la entidad
territorial corresponden a los autorizados sectorialmente y por concepto por
las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, y disposiciones sectoriales
aplicables.
|
|
Indicadores
|
|
Recursos del SGP incorporados en el
presupuesto Vs. Conceptos de gasto autorizados legalmente.
|
Recursos del SGP incorporados en el
presupuesto Vs. Recursos SGP asignados por Conpes.
|
Recursos SGP ejecutados sectorialmente
Vs. Recursos SGP presupuestados (apropiaci�n definitiva).
|
|
Indicador Cuantitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Indicador Cualitativo
|
Cr�tico alto: cr�tico medio; cr�tico
bajo; cr�tico aceptable
|
|
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y
medio: medida correctiva.
Cr�tico bajo: medida preventiva.
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Administraci�n
de los recursos en cuentas no autorizadas para su manejo o no registradas
ante el Ministerio del sector al que correspondan los recursos.
|
|
5
|
Criterios
|
|
Apertura de
cuentas
|
Registro de
cuentas
|
Administraci�n
de recursos
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
La entidad territorial hace apertura de
cuentas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
|
La entidad territorial registra las
cuentas bancarias ante el Ministerio respectivo.
|
La entidad territorial administra los
recursos en las cuentas registradas ante el Ministerio respectivo.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva
o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Realizaci�n de operaciones financieras o
de tesorer�a no autor por la ley
|
|
6
|
Criterios
|
|
Operaciones
financieras
|
Excedentes
transitorios de liquidez
|
Cr�ditos de tesorer�a
conforme a lo establecido en la Ley 819 de 2003
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Realizaci�n de operaciones con entidades
autorizadas por el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero.
|
Manejo de excedentes transitorios de
liquidez conforme con las normas vigentes.
|
Celebraci�n de cr�ditos de tesorer�a
acorde con lo dispuesto por la Ley 819 de 2003.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Registro
contable de los recursos que no sigue las disposiciones legales
vigentes
|
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7
|
Criterios
|
|
Registro contable
|
Excedentes transitorios de liquidez
|
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Registro de cuentas de los recursos del
SGP de acuerdo con lo establecido en el Plan Unico de Cuentas.
|
|
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Procesos de
selecci�n contractual en tr�mite cuyo objeto o actividades contractuales no
se hallen orientados a asegurar la prestaci�n del servicio en las condiciones
definidas por la normatividad vigente, no cumplan con los fines para los
cuales est�n destinados los recursos, o no aseguren el cumplimiento de metas
de continuidad, cobertura y calidad en los servicios.
|
|
8
|
Criterios
|
|
Procedimiento
contractual
|
Objeto y
actividades contractuales
|
Finalidad en
uso de los recursos
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Cumplimiento de las disposiciones legales
requeridas para la selecci�n objetiva del contratista.
|
El objeto y las actividades contractuales
est�n de acuerdo con los conceptos de gasto autorizados por la ley y las
normas de presupuesto.
|
La destinaci�n de los recursos cumple con
los objetivos y metas dispuestos en el mismo objeto contractual.
|
|
Indicadores
|
|
|
|
Ejecuci�n del objeto contractual Vs.
Objetivos y metas fijados en los estudios que dan lugar al proceso
contractual.
|
|
Indicador Cuantitativo
|
Cr�tico alto; cr�tico medio; cr�tico bajo
y aceptable.
|
|
|
X
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y medio:
medida correctiva.
Cr�tico bajo: medida preventiva.
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No disponer
de interventores o supervisores de contratos y convenios y/o de un proceso de
evaluaci�n de informes de los interventores y supervisores.
|
|
9
|
Criterios
|
|
Interventor�a
y supervisi�n
|
Evaluaci�n
de informes de interventor�a o supervisi�n
|
Suficiencia
del informe
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Se realiza interventor�a y/o supervisi�n
a contratos y convenios celebrados por la entidad territorial.
|
Informes de evaluaci�n que establezcan el
cumplimiento del objeto, actividades y finalidades de los contratos, acorde
con las caracter�sticas del sector o actividad de inversi�n.
|
El informe de evaluaci�n sea �til,
relevante, pertinente y suficiente para determinar el cumplimiento del objeto
contractual as� como sus actividades y finalidades, teniendo en cuenta las
caracter�sticas del sector o actividad de inversi�n.
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
Seg�n las condiciones del evento de
riesgo para el sector.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No publicar
los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo
elija.
|
|
10
|
Criterios
|
|
Disposici�n
del sistema
|
Actualizaci�n
|
Operaci�n
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Publicaci�n de actos administrativos,
contratos, convenios e informes cuando lo exija la ley en los medios
autorizados legalmente.
|
|
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No dispones
del sistema de identificaci�n de beneficiarios - Sisb�n o de estratificaci�n,
actualizaci�n y en operaci�n, bajo par�metros de calidad
|
|
11
|
Criterios
|
|
Disposici�n
del sistema
|
Actualizaci�n
|
Operaci�n
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Que la entidad territorial disponga del
Sisb�n y del sistema de estratificaci�n.
|
Las bases del Sisb�n y de la
estratificaci�n socioecon�mica se encuentran actualizadas y depuradas.
|
El Sisb�n y la estratificaci�n se hallan
en operaci�n en la correspondiente entidad territorial acorde con los
par�metros t�cnicos y de calidad dispuestos por las normas vigentes.
|
|
Indicador Cuantitativo
|
Se define a partir de unos rangos
porcentuales de la siguiente manera: cr�tico alto; cr�tico medio; cr�tico
bajo y aceptable-
|
|
X
|
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
X
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y
medio: medida correctiva.
Cr�tico bajo: medida preventiva.
Indicador cualitativo: No cumple: medida preventiva
o correctiva.
|
Seg�n las condiciones del evento de
riesgo para el sector.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No
cumplimiento de las condiciones de focalizaci�n, identificaci�n de
beneficiarios de programas sociales, estratificaci�n y dem�s procedimientos
previstos para la adecuada focalizaci�n y ejecuci�n del gasto social.
|
|
12
|
Criterios
|
|
Formalidad
|
Identificaci�n
|
Focalizaci�n
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Cumplimiento de los procedimientos dispuestos
legalmente para la adecuada focalizaci�n y ejecuci�n.
|
La entidad territorial identifica a los
beneficiarios de los programas sociales de conformidad con el Sisb�n y la
estratificaci�n socioecon�mica.
|
La entidad territorial focaliza a los
beneficiarios de los programas sociales, focaliza los subsidios y aplica
tarifas de servicios p�blicos de conformidad con el Sisb�n y la
estratificaci�n socioecon�mica.
|
|
Indicadores
|
|
|
|
Subsidios entregados por la entidad
territorial de acuerdo con la normatividad sectorial correspondiente Vs.
Total subsidios.
|
|
Indicador Cuantitativo
|
Se define a partir de unos rangos
porcentuales, de la siguiente manera: cr�tico alto; cr�tico medio; cr�tico
bajo y aceptable.
|
|
X
|
X
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y
medio: medida correctiva.
Cr�tico bajo: medida preventiva.
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
Seg�n las condiciones del evento de riego
para el sector.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No publicar
los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo elija.
|
|
13
|
Criterios
|
|
Adopci�n
|
Ejercicio
|
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Mecanismos e instrumentos de
participaci�n ciudadana y de rendici�n de cuentas adoptados mediante acto
administrativo por la entidad territorial, acorde con las disposiciones
legales y sectoriales aplicables.
|
Realizaci�n peri�dica de ejercicios de
participaci�n y rendici�n de cuentas por parte de la entidad territorial,
acorde con las disposiciones legales y sectoriales aplicables.
|
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
Seg�n las condiciones del evento de
riesgo para el sector.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
La
imposici�n de sanciones por parte de los organismos de control relacionadas
con el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones.
|
|
14
|
Criterios
|
|
Imposici�n
de sanciones
|
|
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Dosificaci�n de la sanci�n que determine
la autoridad de control competente, atendiendo a la calificaci�n de falta
grave o leve definida por la normatividad correspondiente.
|
|
|
|
Indicador Cuantitativo
|
De acuerdo con la calificaci�n de la
falta efectuada por el organismo de control correspondiente.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Falta grave: medida correctiva.
Falta leve: medida preventiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Afectaci�n
de los recursos del Sistema General de Participaciones con medidas
cautelares.
|
|
15
|
Criterios
|
|
Medidas
cautelares
|
|
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Medidas cautelares provenientes de
autoridad judicial o de jurisdicci�n coactiva que afecten los recursos del
SGP.
|
|
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
No
cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los
servicios, fijadas por la autoridad competente.
|
|
16
|
Criterios
|
|
Diagn�stico
|
Definici�n
sectorial
|
Cumplimiento
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
La entidad territorial tiene diagn�stico
sectorial en el que se precisa l�nea base.
|
Definici�n sectorial
|
La entidad territorial cumple con las
metas sectoriales definidas y aprobadas.
|
|
Indicador Cuantitativo
|
Se define a partir de unos rangos porcentuales,
de la siguiente manera: cr�tico alto; cr�tico medio; cr�tico bajo y
aceptable, de acuerdo a las caracter�sticas sectoriales.
|
|
X
|
X
|
|
Indicador Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y
medio: medida correctiva.
|
De acuerdo con la definici�n de metas que
se realice para el sector de educaci�n o salud o la correspondiente actividad
de inversi�n, por parte de la autoridad competente.
|
|
Cr�tico bajo: medida preventiva.
|
|
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
N�
|
Evento de
Riesgo
|
Caracter�sticas
|
Suscripci�n,
modificaci�n o ejecuci�n de contratos cuyo objeto o actividades contractuales
no aseguren la prestaci�n del servicio en las condiciones definidas por la
normatividad vigente, no cumplan con los fines para los cuales est�n
destinados los recursos, o no aseguren el cumplimiento de metas de
continuidad, cobertura y calidad en los servicios.
|
|
17
|
Criterios
|
|
Reglas de
celebraci�n y ejecuci�n contractuales
|
Reglas de
evaluaci�n contractual
|
Finalidad en
el uso de los recursos
|
|
Definici�n de Criterios
|
|
Cumplimiento de las disposiciones legales
requeridas para la suscripci�n, modificaci�n y ejecuci�n contractuales.
|
Evaluaci�n que establezca de manera
suficiente que el cumplimiento del objeto, actividades y finalidades de los
contratos est�n de acuerdo con lo pactado, los conceptos de gasto autorizados
por la ley y las normas de presupuesto.
|
La destinaci�n de los recursos cumple con
los objetivos legales y contribuye al cumplimiento de las metas fijadas para
la prestaci�n del respectivo servicio.
|
|
Indicadores Cuantitativo
|
Se define a partir de unos rangos
porcentuales, de la siguiente manera: cr�tico alto; cr�tico medio; cr�tico
bajo y aceptable, de acuerdo a las caracter�sticas sectoriales.
|
|
|
X
|
|
Indicador
Cualitativo
|
El indicador cualitativo tiene 2 opciones
de calificaci�n: cumple o no cumple.
|
X
|
X
|
|
|
Medida a adoptar
|
Indicador cuantitativo: Cr�tico alto y
medio: medida correctiva.
Cr�tico bajo: medida preventiva.
Indicador cualitativo: No cumple: medida
preventiva o correctiva.
|
|
Par�grafo
1. En cada evento de riesgo, y con sujeci�n a la metodolog�a dispuesta
para este fin, los Ministerios sectoriales o el Departamento Nacional de
Planeaci�n, en el �mbito de sus competencias, atendiendo a las caracter�sticas
de cada sector o actividad de inversi�n y asignaci�n especial, son los
competentes para definir la metodolog�a, condiciones, ponderaci�n y l�mites
aplicables para cada una de las calificaciones definidas en al art�culo
anterior.
Para este
efecto, el Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el
Departamento Nacional de Planeaci�n, para su sector o actividad de inversi�n,
atendiendo a lo dispuesto en el presente t�tulo, definir�n y adoptar�n las
fichas t�cnicas, contenido de informaci�n, formatos y aplicativo requeridos.
Par�grafo
2. En todo caso, la presencia de dos o m�s eventos de riesgo podr�
generar la adopci�n de medidas correctivas seg�n la evaluaci�n que se realice.
(Art. 14 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.3.4. Identificaci�n
del riesgo relacionado con el Sisb�n. La identificaci�n del
riesgo definido en el numeral 9.11 del art�culo 9� del Decreto 028 de 2008, en
lo relacionado con el Sistema de Identificaci�n de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales, Sisb�n, se realizar� mediante listados definidos por el
Departamento Nacional de Planeaci�n remitidos antes del 30 de junio de cada
a�o, al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, respecto de las entidades
territoriales que: a) no dispongan de dicho sistema; b) no lo tengan
actualizado, o c) cuyo sistema no est� operando bajo par�metros de calidad. En
este evento, el Departamento Nacional de Planeaci�n apoyar� al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico en la realizaci�n de auditor�as cuando sea
necesario.
(Art. 15 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.3.5. Cumplimiento
de metas. Para efectos de determinar los eventos de riesgo relacionados
con el cumplimiento de metas de cobertura, calidad y continuidad en la
prestaci�n de los servicios de educaci�n, salud, agua potable y saneamiento
b�sico y en las actividades de inversi�n financiadas con recursos de prop�sito
general y asignaciones especiales financiadas con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones, los Ministerios de Educaci�n Nacional y de
Salud y� Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y el
Departamento Nacional de Planeaci�n, para su sector o actividad de inversi�n,
definir�n anualmente, antes del treinta (30) de junio, que se entender� por
metas de cobertura, continuidad y calidad y su respectivo cumplimiento.
(Art. 16 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.1. Procedimiento
para la adopci�n de medidas. La adopci�n de las medidas
preventivas o correctivas de que trata el Decreto 028 de 2008, se efectuar�
mediante acto administrativo debidamente motivado, expedido por el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, previa consulta al ministerio respectivo o al
Departamento Nacional de Planeaci�n en los sectores de salud, educaci�n, agua
potable y saneamiento b�sico, prop�sito general y asignaciones especiales.
La adopci�n de
las medidas correctivas se adelantar� atendiendo a las disposiciones contenidas
en el art�culo 208 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero referentes a
inicio de la actuaci�n administrativa; formas de comunicaci�n; formulaci�n de
cargos; t�rmino de traslado; per�odo probatorio, recursos contra el acto de
pruebas. En cuanto a la procedencia para presentar el recurso de reposici�n en
contra del acto administrativo que adopta la medida correctiva se sujetar� a lo
dispuesto por el art�culo 10 del Decreto 028 de 2008.
(Art. 1 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2. T�rmino
para consulta. Una vez efectuada la consulta previa a que se
refiere el art�culo anterior, por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico al Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el
Departamento Nacional de Planeaci�n, la entidad respectiva dispondr� de un
t�rmino m�ximo de diez (10) d�as h�biles, contado a partir del d�a siguiente a
su radicaci�n, para pronunciarse sobre la medida a adoptar. Si transcurrido
este t�rmino, el Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el
Departamento Nacional de Planeaci�n no se han pronunciado, el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico adoptar� la correspondiente medida preventiva o correctiva.
En ning�n caso,
el contenido de la respuesta dada por el Ministerio de Educaci�n Nacional, el
Ministerio de Salud y Protecci�n Social, el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio o el Departamento Nacional de Planeaci�n a la consulta efectuada, resulta
obligatorio para el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el que, sin
embargo, deber� expresar las razones por las cuales acepta o rechaza la
respuesta dada por el ministerio respectivo o el Departamento Nacional de
Planeaci�n.
(Art. 19 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.3. Fundamento
para la adopci�n de las medidas. Las medidas preventivas o
correctivas a que se refieren los art�culos 11 y 13 del Decreto 028 de 2008,
podr�n adoptarse por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuando
se evidencie un evento de riesgo de los que trata el art�culo 9 del mismo
Decreto, como resultado de:
- Las actividades de monitoreo y/o seguimiento,
conforme con el Decreto 028 de 2008, realizadas por el ministerio
sectorial, la superintendencia respectiva y el Departamento Nacional de
Planeaci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, o conjuntamente
por estas entidades, seg�n el sector de que se trate.
- Los diagn�sticos, informes o evaluaciones
adelantados por los ministerios sectoriales, la superintendencia
respectiva y el Departamento Nacional de Planeaci�n, que se elaboren en
desarrollo de las disposiciones vigentes, o cualquier evidencia de un
evento de riesgo suministrado por los �rganos de control, reportes de la
ciudadan�a u otras fuentes de informaci�n, de acuerdo con el an�lisis que
se realice, los cuales ser�n evaluados por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico� como parte de las actividades de seguimiento a su cargo.
Par�grafo.
En todo caso, conforme lo prev� el art�culo 14 del Decreto 028 de 2008,
el procedimiento para adoptar directamente las medidas correctivas podr�
iniciarse directamente desde el desarrollo de las actividades de monitoreo o
seguimiento, cuando se evidencien situaciones que presenten inminente riesgo
para la utilizaci�n de los recursos o la prestaci�n del servicio.
(Art. 2 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.4. Continuidad
de medidas. Las medidas de seguimiento y control adoptadas por
el Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social,
el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o la Superintendencia Nacional de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto por las Leyes 715 de 2001 y 1122 de 2007,
continuar�n aplic�ndose en la medida en que los informes sectoriales determinen
su cumplimiento por parte de la respectiva entidad territorial. En caso
contrario, la reformulaci�n o adopci�n de nuevas medidas, se rige por lo
dispuesto en el Decreto 028 de 2008, sin perjuicio de las competencias de
inspecci�n, vigilancia, y control a cargo de la Superintendencia Nacional de
Salud.
(Art. 25 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.5. Apoyo
en el desarrollo de medidas. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico podr� determinar las actividades en las cuales los Departamentos podr�n
brindar apoyo en el desarrollo de las medidas preventivas y correctivas a que
se refiere el Decreto 028 de 2008, y su colaboraci�n en la superaci�n de los
eventos de riesgo que dieron lugar a la adopci�n de las correspondientes
medidas en los municipios de su jurisdicci�n.
De igual
manera, los Departamentos podr�n solicitar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico la adopci�n de medidas preventivas y/o correctivas cuando, en ejercicio
de sus competencias, evidencien eventos de riesgo que afecten la prestaci�n de
los servicios de educaci�n, salud, agua potable y saneamiento b�sico y los de
prop�sito general o una inadecuada utilizaci�n de los recursos del Sistema
General de Participaciones, en los municipios y/o distritos de su jurisdicci�n.
Para este efecto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico consultar� al
Ministerio de Educaci�n Nacional, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social, el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio o el Departamento Nacional de
Planeaci�n, acerca de la solicitud presentada por el Departamento.
(Art. 18 Decreto 168 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.1.1.
Contenido del plan de desempe�o. Cuando se adopte
la medida preventiva de plan de desempe�o,� el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, solicitar� mediante comunicaci�n escrita, a la entidad territorial
elaborar y presentar un plan de desempe�o tendiente a superar los eventos de
riesgo detectados. Este plan de desempe�o se elaborar� conforme a los t�rminos
dispuestos en el art�culo 11 del Decreto 028 de 2008, y deber� contener, como
m�nimo, los siguientes aspectos:
1. Resumen del diagn�stico
sectorial resultado de las actividades de monitoreo, seguimiento y/o de los
diagn�sticos a que se refiere el numeral 1 del art�culo 2.6.3.4.3 del presente
cap�tulo, que evidencie los eventos de riesgo que ameritan la adopci�n de la
medida preventiva.
2. Las medidas de car�cter
administrativo, institucional, fiscal, presupuestal, contractual y sectorial, y
dem�s actividades tendientes a superar los eventos de riesgo detectados, o
cumplir las metas de continuidad, cobertura y calidad, las cuales deben ser
adoptadas conforme con los lineamientos se�alados por el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, previa consulta al ministerio sectorial respectivo o al
Departamento Nacional de Planeaci�n, en el acto administrativo que adopta la
medida.
3. Los plazos, t�rminos,
responsables y recursos financieros, t�cnicos y humanos requeridos que
dispondr� la entidad territorial para la ejecuci�n del plan de desempe�o.
4. Las autorizaciones otorgadas
por la corporaci�n de elecci�n popular respectiva, cuando as� lo establezca la
ley.
Par�grafo
1. Para la adopci�n de esta medida, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico consultar� con el ministerio sectorial respectivo o con el Departamento
Nacional de Planeaci�n.
Par�grafo
2. Para el caso del sector salud, cuando la entidad territorial tenga
vigente un convenio de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el
art�culo 2� de la Ley 1122 de 2007, y se adopte sobre ella la medida de plan de
desempe�o de que trata el presente capitulo, los aspectos incluidos en el
convenio de cumplimiento, as� como sus metas y compromisos, har�n parte del
plan de desempe�o, en lo pertinente.
(Art. 3 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.1.2.
Revisi�n y aprobaci�n del plan de desempe�o. Una vez
presentado el correspondiente plan de desempe�o por parte del representante
legal de la entidad territorial, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
en coordinaci�n con el ministerio sectorial o el Departamento Nacional de
Planeaci�n, determinar� los ajustes a introducir al contenido del mismo, las
medidas de seguimiento a su ejecuci�n, los indicadores y criterios de
evaluaci�n acerca de su cumplimiento, y los t�rminos, oportunidad y contenido
de la informaci�n que la entidad territorial ha de entregar para estos efectos
y que formar�n parte integral del plan de desempe�o.
Una vez
presentado el respectivo plan de desempe�o y efectuadas las correcciones a que
haya lugar, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, previa consulta al
ministerio sectorial respectivo o al Departamento Nacional de Planeaci�n,
aprobar� el plan y notificar� a la entidad territorial para su ejecuci�n.
(Art. 4 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.1.3.
Coordinador del plan de desempe�o. El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico determinar� y tendr� a su cargo la
designaci�n y financiaci�n del coordinador del plan de desempe�o quien
verificar� que la entidad territorial cumpla con las medidas y actividades
previstas en el plan de desempe�o y formular� los informes y recomendaciones
correspondientes.
En ning�n caso
el coordinador es responsable por la adopci�n, ejecuci�n o cumplimiento de las
medidas o actividades adoptadas por la entidad territorial en el plan de
desempe�o. La entidad territorial, a trav�s de su representante legal y dem�s
funcionarios responsables, deber� brindar la asistencia, apoyo t�cnico y
entrega de informaci�n que requiera el coordinador para el ejercicio de sus funciones.
(Art. 5 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.1.4.
Evaluaci�n del plan de desempe�o. Teniendo en
cuenta los informes de seguimiento a la ejecuci�n del plan de desempe�o
elaborados por el coordinador del plan, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, previa consulta al ministerio sectorial respectivo o al Departamento
Nacional de Planeaci�n, determinar� la procedencia de:
- El levantamiento de la medida preventiva.
2. Su reformulaci�n
y/o extensi�n, o����������������
- La imposici�n de medidas correctivas por
incumplimiento del plan de desempe�o.
Par�grafo
1. Para la evaluaci�n del respectivo plan de desempe�o, el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico consultar� con el ministerio sectorial respectivo
o con el Departamento Nacional de Planeaci�n, seg�n el caso.
Par�grafo
2. En el caso de las entidades territoriales que cuenten
simult�neamente con convenios de cumplimiento en aplicaci�n del art�culo 2� de
la Ley 1122 de 2007 y planes de desempe�o en desarrollo del presente t�tulo, la
evaluaci�n sobre los aspectos coincidentes ser� realizada por el Ministerio de
Salud y Protecci�n Social y remitida al Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, la cual se complementar� con la evaluaci�n que sobre los dem�s temas
realice el coordinador del plan de desempe�o.
(Art. 6 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.1.
Adopci�n de medidas correctivas. La medida
correctiva, por su naturaleza cautelar, se podr� adoptar de manera simult�nea a
la iniciaci�n y comunicaci�n del procedimiento respectivo. La medida se surtir�
mediante la publicaci�n del acto administrativo en la p�gina Web del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, y se entender� surtida en la fecha de
publicaci�n.
(Art. 8 Decreto 2613 de 2009, modificado por el Art.
1 del Decreto 1104 de 2016)
Art�culo
2.6.3.4.2.2.
Adopci�n de las medidas suspensi�n de giros y giro
directo. En el evento de que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico adopte las medidas correctivas de suspensi�n de giros o de giro directo
de recursos a que se refieren los numerales 13.1 y 13.2 del art�culo 13 del
Decreto 028 de 2008, se determinar�n en el correspondiente acto administrativo,
el evento o eventos de riesgo encontrados, la evidencia que amerita la adopci�n
de la correspondiente medida, el t�rmino durante el cual estar� vigente, las
acciones a emprender por parte de la entidad territorial, y las condiciones
administrativas y financieras con sujeci�n a las cuales se adopta y en las que
se proceder� al levantamiento de la respectiva medida correctiva.
Par�grafo
1. En el caso del sector salud la medida de giro directo a que se
refiere el Decreto 028 de 2008, se adoptar� previa consulta con el Ministerio
de Salud y Protecci�n Social, y se aplicar� respecto de los componentes de
salud p�blica y de prestaci�n de servicios de salud a la poblaci�n pobre no
asegurada y las actividades no cubiertas por subsidios a la demanda.
Par�grafo
2. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� adoptar de manera
simult�nea, las medidas correctivas de suspensi�n de giros y de giro directo de
los recursos, en orden a asegurar la continuidad, cobertura y calidad en la
prestaci�n de los servicios y la adecuada ejecuci�n de los recursos del Sistema
General de Participaciones dispuestos para su financiaci�n, conforme a la
motivaci�n contenida en el acto administrativo que adopte las medidas.
(Art. 7 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.3.
Suspensi�n de giros. La medida de suspensi�n de giros
ser� adoptada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, seg�n el caso,
cuando su imposici�n no afecte la continuidad en la prestaci�n del servicio, la
prestaci�n de servicios a la comunidad o ponga en riesgo la vida de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La adopci�n de la
medida se har� previa consulta con el ministerio sectorial.
(Art. 8 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.4.
Coordinaci�n ejercicio de medidas sector agua potable y
saneamiento b�sico. Conforme con lo se�alado por el art�culo 7�
del Decreto 028 de 2008, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico adoptar�
las medidas preventivas o correctivas de suspensi�n de giros o giro directo,
con sujeci�n a lo dispuesto en el presente cap�tulo, articulando su ejercicio
con la Superintendencia de Servicios P�blicos Domiciliarios.
(Art. 24 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.5.
Giro directo. Cuando se trate de la participaci�n de educaci�n;
salud, en los componentes de salud p�blica y prestaci�n de servicios de salud a
la poblaci�n pobre no asegurada y las actividades no cubiertas por subsidios a
la demanda; prop�sito general o de asignaciones especiales, el acto
administrativo expedido por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico que
adopte la medida correctiva de giro directo, informar� al ministerio
correspondiente, el momento a partir del cual se efectuar� el giro de los
recursos del Sistema General de Participaciones a la fiducia p�blica
constituida para el efecto por la entidad territorial. Con el giro de los
recursos a la fiducia p�blica, estos se entienden transferidos a la entidad
territorial.
Par�grafo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente art�culo y en atenci�n a lo
se�alado por el numeral 13.2 del art�culo 13 del Decreto 028 de 2008, en el
caso del sector de agua potable y saneamiento b�sico, la medida de giro directo
podr� aplicarse a trav�s de los esquemas fiduciarios autorizados por la ley
para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones en ese
sector. Sin embargo, cuando la medida se aplique respecto de dos o m�s
sectores, el respectivo giro directo podr� efectuarse a trav�s de la fiducia
contratada para el efecto o el mecanismo preexistente en estos sectores,
conforme lo determine el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 9 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.6.
Proceso integral. En la medida de giro directo, la
entidad territorial es la encargada de realizar los compromisos y efectuar la
respectiva ordenaci�n del gasto. La entidad fiduciaria har� el proceso integral
de verificaci�n y aprobaci�n de las cuentas ordenadas por la entidad
territorial, para concluir el proceso con su pago. El Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico expedir� concepto antes de dicho pago. Dicho concepto se
referir� al cumplimiento del proceso descrito en este art�culo y al giro de los
respectivos recursos a la fiducia p�blica.
(Art. 10 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.7.
Suministro de informaci�n para giro directo. Para
efectos de lo dispuesto en el presente cap�tulo, el representante legal de la
entidad territorial, as� como el secretario de hacienda o quien haga sus veces
para el sector, est�n en el deber legal de certificar y suministrar
mensualmente o con la periodicidad requerida, a la entidad fiduciaria
contratada para el efecto la informaci�n necesaria para el giro de los
recursos, en el formato que determine la misma. Este formato contendr� como
m�nimo, informaci�n relativa al monto de recursos que se gira, identificaci�n
del beneficiario o beneficiarios de los recursos, tipo y n�mero de su cuenta,
la instituci�n financiera en la cual se encuentra abierta, el concepto y
soporte legal o contractual del giro de recursos, seg�n el sector de que se
trate.
Si la entidad
territorial no suministra la informaci�n requerida o lo hace de manera
extempor�nea y por ende no se efect�an los pagos o se presentan demoras en los
mismos, proceder�n las acciones legales previstas en el ordenamiento vigente en
contra del representante legal de la entidad, y la entidad territorial ser�
responsable por los reconocimientos pecuniarios, moratorios o indexatorios que
se deriven de esta situaci�n. En el evento de que la entidad territorial no
suministre la informaci�n, los recursos permanecer�n en la entidad fiduciaria,
hasta tanto la entidad territorial suministre la informaci�n.
(Art. 11 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.8.
Verificaci�n de informaci�n. La entidad
fiduciaria contratada para el efecto, verificar� la oportunidad, integridad y
calidad de la informaci�n requerida para la aplicaci�n de la medida de giro
directo. En los casos en que se detecte suministro extempor�neo o inexacto, o
cualquier otra irregularidad se le informar� por escrito al representante legal
de la entidad territorial de las observaciones sobre la informaci�n reportada.
Si transcurridos cinco (5) d�as h�biles, contados a partir de la fecha del
recibo de la referida comunicaci�n la entidad territorial no ha radicado la
respuesta en la entidad fiduciaria, o la respuesta es incompleta o
insatisfactoria, se deber� informar de tal situaci�n a la Procuradur�a General
de la Naci�n.
(Art. 12 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.9.
Informe de giro efectuado. Una vez realizado
los pagos, la entidad fiduciaria deber� informar dentro de los cinco (5) d�as
calendario siguientes, a la entidad territorial, el monto de recursos girado,
el beneficiario, el n�mero y tipo de cuenta, la instituci�n financiera y el
concepto girado, para los efectos correspondientes. Igualmente informar� de
estos pagos al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Cualquier error
en el pago, que obedezca a deficiencias en la informaci�n que la entidad
territorial debe suministrar y certificar, dar� lugar a adelantar las acciones
legales correspondientes.
El Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico no tendr� responsabilidad alguna respecto de los
pagos efectuados por la fiducia con base en la informaci�n reportada por la
entidad territorial.
Par�grafo.
Conforme con el numeral 13.2 del art�culo 13 del Decreto 028 de 2008, cuando se
trate del giro directo de recursos, la entidad territorial efectuar� la
respectiva ejecuci�n presupuestal sin situaci�n de fondos.
(Art. 13 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.10. Constituci�n
subsidiaria de la fiducia. En el evento en que la entidad territorial
respecto de la cual se adopta la medida correctiva de giro directo de recursos,
no constituya la fiducia p�blica a que hace referencia el numeral 13.2 del
art�culo 13 del Decreto 028 de 2008, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, en orden a garantizar la continuidad en la prestaci�n de los servicios
a cargo de la entidad territorial, evitar su paralizaci�n y/o prevenir
perjuicios a terceros, podr� constituir la respectiva fiducia p�blica. Lo
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad legal que recae sobre el
representante legal de la entidad territorial por su omisi�n de constituir la
fiducia citada.
(Art. 14 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.11. Procedimiento
para el pago de la fiducia. Para el cumplimiento de lo establecido en
el art�culo anterior, en relaci�n con el pago de los derechos ocasionados por
la constituci�n y funcionamiento de la fiducia p�blica de que trata el numeral
13.2 del art�culo 13 del Decreto 028 de 2008, y una vez la entidad fiduciaria
presente la correspondiente cuenta de cobro, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico realizar� el giro de los respectivos recursos con cargo al
porcentaje que le corresponde a la entidad territorial por concepto de la
asignaci�n especial prevista para el Fonpet en el art�culo 2� de la Ley 715 de
2001. Para este efecto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o quien
administre los recursos, efectuar� los descuentos de los recursos con cargo al
porcentaje disponible en el Fonpet para la entidad territorial respecto de la
cual se ha adoptado la medida correctiva.
El Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico o quien administra los recursos girar� a favor de
la respectiva entidad fiduciaria, previa presentaci�n de las correspondientes
cuentas de cobro, los recursos por concepto de constituci�n y funcionamiento de
la fiducia.
(Art. 15 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.12. Levantamiento
de las medidas de suspensi�n de giro y/o giro directo. El
levantamiento de las medidas de suspensi�n de giro y/o giro directo se har�
mediante acto administrativo debidamente motivado, suscrito por Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, una vez se superen los eventos que motivaron la
adopci�n de la medida.
Par�grafo.
Para tomar la decisi�n de levantamiento de las medidas de suspensi�n de giro
y/o giro directo el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, consultar� con el
ministerio sectorial respectivo o con el Departamento Nacional de Planeaci�n,
seg�n el caso.
(Art. 16 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.13. Asunci�n
temporal de competencia por la Naci�n. De manera excepcional, y cuando
los departamentos no tengan la capacidad suficiente para asumir la competencia
temporal respecto a los servicios a cargo de los municipios sujetos de la
medida, corresponder� a la Naci�n la asunci�n de dicha competencia. Para estos
efectos la determinaci�n de la insuficiencia corresponder� al ministerio
respectivo.
(Art. 7 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.14. Fundamento
para la adopci�n de la medida de asunci�n temporal de la competencia.
La determinaci�n de la medida correctiva de asunci�n temporal de competencia la
adoptar�, cualquiera que sea el sector, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, previa recomendaci�n del Conpes Social conforme lo prev� el art�culo
14 del Decreto 028 de 2008, en cualquiera de los siguientes eventos:
- La no adopci�n del plan de desempe�o,
complementario a las medidas correctivas de giro directo o suspensi�n de
giro, en los plazos definidos o la no incorporaci�n de los ajustes
requeridos.
- Cuando el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
establezca el incumplimiento de los planes de desempe�o complementarios a
la medidas correctivas de giro directo o suspensi�n de giro, adoptados por
la entidad territorial, teniendo en cuenta los informes de seguimiento a
la ejecuci�n del plan de desempe�o elaborados por el coordinador del plan.
- De manera directa cuando se evidencien situaciones
que presenten inminente riesgo en la utilizaci�n de los recursos o en la
prestaci�n del servicio.
(Art. 17 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.15. Procedimiento
para la adopci�n de la medida de asunci�n temporal de la competencia. Para
la adopci�n de la medida de asunci�n temporal de la competencia, el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, presentar� a consideraci�n del Conpes Social el
respectivo informe, en el cual se identifiquen, como m�nimo, los siguientes
aspectos:
- Resumen del resultado de las actividades a que se
refiere el art�culo 2.6.3.4.3 del presente cap�tulo, que evidencie los
eventos de riesgo que ameritan la adopci�n de la medida.
- La determinaci�n de la entidad estatal a que se
refiere el art�culo 13.3 del Decreto 028 de 2008, encargada de asumir la
competencia para asegurar la prestaci�n del servicio y el t�rmino durante
el cual estar� vigente la medida. Cuando la medida de Asunci�n temporal de
la competencia deba ser ejecutada por una entidad del orden nacional, la
entidad estatal responsable ser� la sectorialmente encargada de formular
la pol�tica en relaci�n con el servicio que se asume.
- La determinaci�n de las facultades de que
dispondr� la entidad estatal encargada de asumir la competencia para
asegurar la prestaci�n del servicio, conforme a lo dispuesto por los
numerales 13.3.1, 13.3.2 y 13.3.3 del art�culo 13 del Decreto 028 de 2008.
- Las condiciones generales con sujeci�n a las
cuales la entidad territorial respecto de la cual se adopta la medida de
asunci�n temporal de la competencia, podr� reasumir la competencia para
asegurar la prestaci�n del respectivo servicio y los indicadores de
seguimiento y evaluaci�n para verificar el cumplimento de estas medidas.
(Art. 18 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.16. Recomendaci�n
Conpes Social. Con sujeci�n a la informaci�n suministrada por el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Conpes Social recomendar�:
- La adopci�n o no de la medida de asunci�n temporal
de competencia en la respectiva entidad territorial.
- La ejecuci�n de actividades tendientes a superar
los eventos de riesgo detectados, con sus respectivos indicadores de
evaluaci�n y seguimiento.
- Las medidas de mejoramiento institucional y de
gesti�n orientadas a asegurar la prestaci�n del respectivo servicio que
permitan a la entidad territorial reasumir la competencia.
- Las actividades de seguimiento durante el periodo
de adopci�n y ejecuci�n de la medida correctiva que deber� realizar el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 19 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.17. Aplicaci�n
de la medida de asunci�n temporal de competencia. La medida
correctiva de asunci�n temporal de competencia se efectuar�, una vez se expida la
respectiva recomendaci�n del Conpes Social, mediante acto administrativo
debidamente motivado, suscrito por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
conforme al procedimiento dispuesto en el art�culo 208 del Estatuto Org�nico
del Sistema Financiero, atendiendo a lo dispuesto por el art�culo 2.6.3.4.1 de
este cap�tulo.
(Art. 20 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.3.4.2.18. Atribuciones
y medidas financieras, presupuestales y contables. El desarrollo
de las atribuciones y el ejercicio de medidas financieras, presupuestales y
contables que se adopten en la asunci�n temporal de competencias se regir�n,
por las siguientes disposiciones:
1. Programaci�n
presupuestal: En aplicaci�n del art�culo 352 de la Constituci�n Pol�tica,
la programaci�n presupuestal a que hace referencia el numeral 13.3.1 del
art�culo 13 del Decreto 028 de 2008 comprende las etapas presupuestales
anteriores a la aprobaci�n del presupuesto, es decir, la elaboraci�n y
presentaci�n del presupuesto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 16
del Decreto 028 de 2008 referido al ajuste de competencias, las asambleas
departamentales y los concejos municipales ser�n las encargadas de aprobar el
correspondiente presupuesto en presencia de la medida de asunci�n temporal de
competencia.
Sin perjuicio de la expedici�n del
presupuesto por parte del gobernador o el alcalde seg�n el caso, cuando las
corporaciones administrativas territoriales no expidan el presupuesto general
de la entidad correspondiente, el presupuesto que regir� para el sector o
sectores objeto de la medida ser� el presentado por el competente temporal.
2. Ejecuci�n
del presupuesto y ordenaci�n del gasto. En aplicaci�n del numeral 13.3. del
art�culo 13 del Decreto Ley 28 de 2008 corresponde a la Naci�n o al
departamento, seg�n el caso, la ejecuci�n y la ordenaci�n del gasto del
presupuesto de la entidad sujeto de la medida para lo cual podr� modificar,
adicionar, aplazar, reducir o hacer traslados al presupuesto, en general
ejecutar los mecanismos de modificaci�n al presupuesto.
La Naci�n o el
departamento, seg�n el caso, llevar� contabilidad separada de los recursos que
se administren con motivo de la ejecuci�n de la medida.
(Art. 1 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.19. Alcance
de las medidas adoptadas en el marco de la asunci�n temporal de competencia.
Las atribuciones en materia de programaci�n presupuestal, ordenaci�n del gasto,
competencia contractual y nominaci�n del personal, lo mismo que la adopci�n de
las medidas administrativas institucionales, presupuestales, financieras,
contables y contractuales a las que hacen referencia los numerales 13.3.1 y
13.3.2 del art�culo 13 del Decreto 28 de 2008, comprende los recursos del
Sistema General de Participaciones que de conformidad con las disposiciones
legales vigentes corresponden a la entidad territorial respecto de la cual se
adopta la medida correctiva.
En aplicaci�n
de lo dispuesto en los art�culos 350, 351, 353 y 366 de la Constituci�n
Pol�tica, los recursos que se asignen por la entidad sujeta a la medida
correctiva y los provenientes de otras fuentes que complementen la financiaci�n
del servicio, presupuestados en la vigencia en que se adopta la medida para
garantizar la continuidad, cobertura y calidad del servicio objeto de medida,
no podr�n disminuirse de una vigencia fiscal a otra.
Para garantizar
las coberturas, la calidad y la continuidad existentes al momento de aplicar la
medida, la entidad territorial objeto de la medida correctiva podr� poner a
disposici�n de la Naci�n o del departamento, seg�n el caso, los recursos
necesarios para financiar los conceptos de gasto que ven�an siendo atendidos
con recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones en cada
uno de los sectores.
Par�grafo.
Para efectos de lo previsto en el presente art�culo, a las entidades
territoriales sobre las cuales se haya adoptado la medida correctiva de
asunci�n temporal de competencia a que se refiere el art�culo 13 del Decreto 28
de 2008, en el sector de educaci�n, no se les aplicar� el cruce de cuentas de
que trata el art�culo 37 de la Ley 1151 de 2007, mientras subsista la medida.
(Art. 2 Decreto 2613 de 2009, Par�grafo incorporado
por el Art. 1 del Decreto 3979 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.20. Asunci�n
del pasivo. La asunci�n temporal de la competencia por parte de la
Naci�n o el departamento, seg�n el caso, no implica solidaridad alguna respecto
a las obligaciones a cargo de la entidad sobre la que recae la medida
correctiva, existentes o causadas con anterioridad o con posterioridad a la
adopci�n de la medida, y generadas en el correspondiente sector o servicio. El
pasivo originado en el servicio o sector se mantendr� a cargo de la entidad
territorial sujeta de la medida, el cual deber� ser financiado con cargo a sus
recursos propios o a los apropiados con destinaci�n espec�fica para el servicio
o sector seg�n el caso, pero, atendiendo las particulares normas que gobiernen
este aspecto.
(Art. 3 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.21. Administraci�n
de plantas de personal. La atribuci�n nominadora de personal
dentro del sector o servicio objeto de medida, ser� ejercida por la Naci�n o el
departamento, seg�n el caso, a trav�s de la persona que aquella o este designe.
La nominaci�n y
administraci�n de la planta comprender� la facultad de expedir los
correspondientes actos administrativos generales y particulares relacionados
con todas las situaciones administrativas derivadas de la relaci�n laboral,
legal y reglamentaria, tales como nombramientos, traslados, comisiones,
permisos, licencias, vacaciones, retiros, encargos, ascensos, reintegros y las
dem�s se�aladas en la ley. En todo caso y dependiendo del tipo de atribuci�n o
competencia nominadora que se ejerza, el personal sobre el cual recaigan las
medidas pertenecer� o continuar� perteneciendo a la planta de cargos de la
entidad territorial respecto de la cual se haya asumido de forma temporal la
competencia.
Ascensos,
reintegros y las dem�s se�aladas en la ley. En todo caso y dependiendo del tipo
de atribuci�n o competencia nominadora que se ejerza, el personal sobre el cual
recaigan las medidas pertenecer� o continuar� perteneciendo a la planta de
cargos de la entidad territorial respecto de la cual se haya asumido de forma
temporal la competencia.
Par�grafo.
En caso de que la entidad sujeta a la medida correctiva cuente con planta de
personal financiada con recursos propios complementando la prestaci�n de los
servicios, dicha planta ser� administrada a trav�s de la entidad que asuma
temporalmente la competencia y su pago ser� garantizado por la entidad
territorial a la cual pertenece.
(Art. 4 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.22. Facultades
y deberes del administrador designado. Sin perjuicio del ejercicio de
las dem�s competencias y facultades propias del jefe del organismo intervenido
para la administraci�n del servicio p�blico objeto de la medida de asunci�n
temporal, y para la guarda y administraci�n de los archivos, bases de datos,
activos l�quidos, inversiones y dem�s bienes muebles e inmuebles de la entidad
territorial que correspondan al sector o servicio sujeto a la medida cautelar,
el administrador que la Naci�n o el departamento, seg�n el caso, designe para
ejecutar la medida de asunci�n temporal de competencias, tendr� los siguientes
deberes y facultades:
a) Ejecutar
las actividades relacionadas con la planificaci�n o planeaci�n del sector o
servicio;
b) Suscribir
los contratos que sean requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas
de continuidad, cobertura y calidad de los servicios intervenidos;
c) Efectuar
la administraci�n del personal responsable de la administraci�n y/o prestaci�n
del sector o servicio;
d) Actuar
bajo el marco de la ley para preservar y defender los intereses y recursos
p�blicos inherentes a la prestaci�n del servicio intervenido, de la entidad
territorial y de la Naci�n;
e) Presentar
los informes que se le requieran, los definidos por las normas vigentes, los de
cierre de vigencia y al separarse del cargo; para el efecto, deber� continuar
con la contabilidad que le corresponda en libros debidamente registrados, si no
se cuenta con la contabilidad al d�a, proveer su reconstrucci�n y actualizaci�n
permanente.
Par�grafo
1�. Las facultades propias del jefe del organismo intervenido se
refieren, en el caso de las entidades territoriales, a las contenidas en los
art�culos 305 y 315 de la Constituci�n Pol�tica.
(Art. 5 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.23. Representaci�n
judicial y extrajudicial. En el evento de asunci�n temporal de
la competencia, la representaci�n judicial y extrajudicial por actuaciones u
omisiones generadas en desarrollo de la aplicaci�n de la medida correctiva,
estar� a cargo de la entidad que asuma temporalmente la competencia. Esta
representaci�n se ejercer� ordinaria y exclusivamente en relaci�n con
situaciones jur�dicas originadas durante la ejecuci�n de la medida de asunci�n
temporal de la competencia.
Excepcionalmente
a juicio de la Naci�n o del departamento, seg�n el caso, y con el objetivo de
eliminar los eventos de riesgo o de asegurar la continuidad, cobertura y
calidad del servicio o sector y la correcta ejecuci�n de los recursos
dispuestos para su financiaci�n, podr� coadyuvar en la defensa judicial y
extrajudicial con motivo de situaciones generadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la medida correctiva, est�n o no judicializadas para tal
momento.
(Art. 6 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.24. Rendici�n
de cuentas. Cuando la Naci�n o el departamento asuma el ejercicio de la
medida de asunci�n temporal de la competencia, deber� registrar la totalidad de
transacciones celebradas con cargo a los recursos que administra y presentar
informes a las autoridades competentes y a la entidad territorial respecto de
la cual se adopta la medida correctiva, para que esta consolide y genere de
manera integral los reportes a cargo de la entidad.
(Art. 9 Decreto 2613 de 2009)
Art�culo
2.6.3.4.2.25. Levantamiento
de la medida de asunci�n temporal de competencia. La medida de asunci�n
temporal de competencia se levantar� por vencimiento del t�rmino a que se
refiere el par�grafo del numeral 13.3.3 del art�culo 13 del Decreto 028 de
2008. De igual manera, podr� levantarse por solicitud del ministerio sectorial
respectivo, el Departamento Nacional de Planeaci�n o de la entidad territorial
afectada con la medida o la que asumi� la competencia, para lo cual el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico adelantar� la respectiva evaluaci�n.
El
levantamiento de la medida se har� mediante acto administrativo debidamente
motivado, suscrito por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, una vez se
superen los eventos que motivaron la adopci�n de la medida.
(Art. 21 Decreto 2911 de 2008)
Art�culo
2.6.4.1.
Formulario �nico Territorial. Ad�ptese un Formulario
�nico Territorial, FUT, die reporte de informaci�n, mediante el cual se
recolecte la informaci�n oficial b�sica que sea requerida por las entidades del
Gobierno Nacional para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluaci�n y
control.
El FUT buscar� la disminuci�n del n�mero, la simplificaci�n
y el mejoramiento de la calidad de los reportes de datos oficiales b�sicos que
deban presentar las entidades obligadas a informar. Para el efecto, el FUT
contribuir� a la automatizaci�n de procesos y, para su operaci�n y
funcionamiento, se apoyar� en las tecnolog�as de la informaci�n y las
comunicaciones.
Ninguna entidad del Gobierno Nacional podr�, por su propia
cuenta, solicitar a las entidades obligadas a reportar al FUT la informaci�n
que �stas ya est�n reportando a trav�s de �l.
Par�grafo. Se entender� como informaci�n oficial
b�sica, aquella de naturaleza presupuestal, de ingresos y gastos,
organizacional, financiera, econ�mica, geogr�fica, social y ambiental que sea
requerida por alguna o varias entidades del orden nacional.
La informaci�n de ejecuci�n presupuestal de ingresos y
gastos reportada a trav�s del FUT, deber� ser consistente y coherente con la
informaci�n contable reconocida y revelada en los t�rminos definidos en el
R�gimen de Contabilidad P�blica.
(Art 1 Decreto 3402 de 2007, modificado por el Art
1 del Decreto 1536 de 2016)
Art�culo
2.6.4.2.
�mbito de aplicaci�n. El FUT ser� de obligatorio
diligenciamiento y presentaci�n por parte del sector central de los
Departamentos, Distritos, Municipios, de sus respectivos establecimientos
p�blicos, de las entidades asimiladas a estos, y de los Territorios y
Resguardos Ind�genas certificados y/o Asociaciones de estos �ltimos, a los que
se refiere el Decreto 1953 de 2014 o la norma que lo modifique, adicione o
sustituya.
Las Gobernaciones y Alcald�as deber�n consolidar y reportar
al FUT la informaci�n b�sica territorial correspondiente �nicamente a la
administraci�n central y a sus unidades ejecutoras, �a las asambleas y concejos,
a las personer�as y, a los �rganos de control fiscal. Los establecimientos
p�blicos de cada entidad territorial o las entidades asimiladas a estos
enviar�n por aparte sus reportes de informaci�n oficial b�sica territorial,
incluidas aquellas operaciones de recaudo de ingresos tributarios y no
tributarios de propiedad de las administraciones centrales que se deleguen en
ellos. Tambi�n los representantes de los Territorios y Resguardos Ind�genas
certificados, y de las Asociaciones de �stos �ltimos, deber�n consolidar y
reportar en el FUT sus datos oficiales b�sicos.
Par�grafo transitorio. Mientras se ponen a su
disposici�n las utilidades de captura de datos a trav�s de las cuales deban
reportar los establecimientos p�blicos adscritos a las entidades territoriales,
o las entidades asimiladas a estos, la informaci�n b�sica territorial que presenten
las Gobernaciones y las Alcald�as contendr� el reporte de todos los sectores de
su competencia aunque se atiendan a trav�s de tales establecimientos p�blicos.
(Art 2 Decreto 3402 de 2007, modificado por el Art
1 del Decreto 1536 de 2016)
Art�culo
2.6.4.3.
Presentaci�n de informes a trav�s del FUr.Las
entidades incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este decreto presentar�n a
trav�s del FUT su informaci�n consolidada con corte trimestral de acuerdo con
las siguientes fechas:
Fecha de corte: ����������������� Fecha
l�mite de presentaci�n
31 de marzo������������������������ 30
de abril
30 de junio�������������������������� 31
de julio
30 de septiembre��������������� 31 de
octubre
31 de diciembre����������������� 15 de
febrero del a�o siguiente
Par�grafo
1�. A solicitud del DANE, por razones de comparabilidad internacional y
para efectos del c�lculo de las estad�sticas de Producto Interno Bruto PIB y de
Indicador de Inversi�n en Obras Civiles IIOC, se conformar� una muestra con no
m�s del 15% de las entidades obligadas a reportar al FUT. Para el cierre del 31
de diciembre de cada a�o, la fecha de reporte de estas entidades ser� el 31 de
enero del a�o siguiente para las categor�as de ingresos, gastos de
funcionamiento, gastos de inversi�n, servicio de la deuda, reservas, cuentas
por pagar, ingresos y gastos del Sistema General de Regal�as. De todas maneras
y para efectos de la distribuci�n del SGP, esas entidades podr�n hacer
correcciones a sus reportes oportunos hasta el 15 de febrero de cada a�o.
Par�grafo 2�.
La fecha l�mite de presentaci�n de los informes con corte a diciembre 31 de
2016 para los municipios de categor�as Cuarta, Quinta y Sexta y sus
establecimientos p�blicos ser� el 1 de marzo de 2017.
Par�grafo
3�. �nicamente con fines de ampliaci�n de la cobertura estad�stica pero sin
que ello produzca otros efectos y en todo caso cuando se trate de informaci�n
diferente a aquella requerida para el c�lculo del Producto Interno Bruto PIB,
las entidades territoriales, sus establecimientos p�blicos, las entidades
asimilados a �stos, y los Territorios y Resguardos Ind�genas certificados o
Asociaciones de estos �ltimos, podr�n reportar su informaci�n de manera
extempor�nea conforme a la resoluci�n que emita la entidad que ejerza la
Secretar�a T�cnica de la Comisi�n Intersectorial del FUT.
(Art. 3 Decreto 3402 de 2007, modificado por el Art
1 del Decreto 1536 de 2016)
Art�culo
2.6.4.4.
Funcionarios responsables de los informes que deben
presentarse a trav�s del FUT. El cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la presentaci�n y certificaci�n de la informaci�n del
Formulario �nico Territorial ser� de responsabilidad del Gobernador, o el
Alcalde, o el Director, o Representante Legal del establecimiento p�blico o de
la entidad asimilada a este, o los representantes legales de los Territorios y
Resguardos Ind�genas certificados o Asociaciones de estos �ltimos, seg�n el
caso.
Los representantes legales de las entidades incluidas en el
�mbito de aplicaci�n de este decreto deber�n adoptar formalmente las medidas y procedimientos
pertinentes para que las Asambleas, los Concejos, las Personer�as, las
Contralor�as y dem�s unidades ejecutoras, incluidas las Secretar�as de
Educaci�n y Salud y las unidades de servicios p�blicos que hagan parte de las
administraciones centrales municipales, concilien con las dependencias
responsables de reportar al FUT la informaci�n necesaria para su
diligenciamiento. En los Departamentos, Distritos y Municipios, los
Gobernadores y Alcaldes ordenar�n el reporte de sus establecimientos p�blicos,
y el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en cada entidad obligada a
reportar, verificar� de forma semestral la adopci�n y cumplimiento de los
procedimientos y de las obligaciones de cada jefe de dependencia respecto del
reporte al FUT y elaborar� un informe de evaluaci�n y recomendaciones; para la
mejora.
(Art. 4 Decreto 3402 de 2007, modificado por el Art
1 del Decreto 1536 de 2016)
Art�culo
2.6.4.5.
Control de cumplimiento de los reportes del FUT. El
incumplimiento en el reporte de la informaci�n de que trata el presente T�tulo
generar� las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Para tal efecto, el FUT
informar� a la Procuradur�a General de la Naci�n el listado de las entidades
obligadas a reportar que incumplieron, con el fin de que se inicie el
respectivo proceso disciplinario.
(Art. 6 Decreto 3402 de 2007, modificado por el Art
1 del Decreto 1536 de 2016)
Art�culo
2.6.5.1.
Objeto. El presente t�tulo tiene por objeto reglamentar
los par�metros de elaboraci�n, presentaci�n, adopci�n, viabilidad, ejecuci�n,
manejo y administraci�n de los recursos, monitoreo, seguimiento y evaluaci�n de
los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, que en cumplimiento de lo
dispuesto en el art�culo 8 de la Ley 1966 de 2019 deben adoptar las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto.
(Art. 1 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.2.
Elaboraci�n del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo
medio o alto elaborar�n y presentar�n a su respectiva Junta directiva la
propuesta de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero en coordinaci�n
con las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, teniendo en cuenta los
par�metros contenidos, seguimiento y evaluaci�n establecidos en el presente
Decreto y en la Gu�a Metodol�gica que para el efecto dispongan los Ministerios
de Hacienda y Cr�dito P�blico y Salud y Protecci�n Social.
(Art. 2 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.3.
Presentaci�n del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. La propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero elaborada por
los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado y aprobada por las
Juntas Directivas deber� ser presentada para su viabilidad ante el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico por parte del Gobernador o Alcalde Distrital, en
el caso de las Empresas Sociales del Estado de nivel departamental o distrital,
respectivamente. Para las Empresas Sociales del Estado del nivel municipal, la
presentaci�n se realizar� por parte del Gobernador, previa coordinaci�n con el
Alcalde Municipal.
PAR�GRAFO. Para todos los efectos, incluido lo
dispuesto por el art�culo 9� de la Ley 1966 de 2019, se entiende presentada la
propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico cuando la misma sea radicada por parte del
Gobernador o Alcalde Distrital a trav�s de la "Sede Electr�nica"
disponible en la p�gina web del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, de conformidad
con los plazos, t�rminos y condiciones establecidos por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico emitir� un
mensaje de datos al remitente acusando el recibo de la comunicaci�n entrante
indicando la fecha y hora de la misma y el n�mero de radicado asignado, el cual
constituye prueba tanto de la presentaci�n efectuada por el respectivo
Departamento o Distrito, como de su recepci�n por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, de conformidad con lo dispuesto por los articulo s 61 y 62 de la Ley
1437 2011.
(Art. 3 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.4.
Plazos para la elaboraci�n, presentaci�n y adopci�n del Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero. Los plazos para la
elaboraci�n, presentaci�n y adopci�n de las propuestas de Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Sociales del Estado
categorizadas en riesgo medio o alto ser�n definidos y comunicados mediante oficio,
al respectivo Gobernador o Alcalde Distrital por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
(Art. 1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.5.
Criterios de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero. Para emitir la viabilidad de un Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico tendr� en
consideraci�n los siguientes criterios generales, los cuales se expresar�n en
el respectivo concepto de viabilidad:
1.
La elaboraci�n y presentaci�n del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero dentro de los plazos definidos y comunicados por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
2.
La adecuaci�n del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a los
par�metros generales de contenidos de elaboraci�n determinados, para su dise�o
en la Gu�a Metodol�gica definida por los Ministerios de Hacienda y Cr�dito
P�blico y Salud y protecci�n Social.
3.
La consistencia de las medidas propuestas en el Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero frente al restablecimiento de la solidez econ�mica y
financiera y al fortalecimiento institucional de la Empresa Social del Estado,
con el prop�sito de garantizar la continuidad en la prestaci�n del servicio
p�blico de salud.
4.
La coherencia del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y la
articulaci�n de la Empresa Social del Estado con el Programa Territorial de
Reorganizaci�n, Redise�o y Modernizaci�n de Redes de Empresas Sociales del
Estado �ESE, definido por la Direcci�n Departamental o Distrital de Salud y
viabilizado por el Ministerio de Salud y Protecci�n Social conforme lo
dispuesto por el art�culo 156 de la Ley 1450 de 2011.
5.
Los compromisos de apoyo a la ejecuci�n del Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero, por parte de los Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de
Despacho, Asambleas Departamentales o Consejos Municipales, determinados,
cuantificados y ponderados en el tiempo, con el correspondiente Decreto,
Resoluci�n, Ordenanza, Acuerdo o acto administrativo que garantice el aporte de
recursos.
6.
La identificaci�n y valoraci�n del pasivo a cargo de la Empresa Social
del Estado y un an�lisis de la incorporaci�n de ese pasivo en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo del Departamento, Distrito o Municipio como contingencia. Este
an�lisis debe identificar el impacto de tal eventualidad en las finanzas de la
entidad territorial y en el resultado de los indicadores de las normas de
disciplina fiscal territorial, en el marco de lo dispuesto por el literal h) y
el par�grafo del art�culo 5� de la Ley 819 de 2003 adicionados por el art�culo
52 de la Ley 1955 de 2019.
7.
Certificado o documento a trav�s del cual la Junta Directiva y el
Gerente de la Empresa Social del Estado se comprometen a celebrar un contrato
de encargo fiduciario de administraci�n y pagos, una vez el Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero sea viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico y adoptado por la Junta Directiva.
(Art. 4 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.6.
Viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
Cuando la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero presentado
cumpla con los criterios establecidos en el art�culo anterior, el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico emitir� pronunciamiento sobre su viabilidad. En el
evento en que dicho Ministerio formule observaciones a la propuesta de Programa
presentada, el gerente de la Empresa Social del Estado a trav�s del respectivo
Gobernador o Alcalde Distrital, deber� efectuar los correspondientes ajustes y
presentar nuevamente la propuesta de Programa en aras de obtener su viabilidad.
Los plazos para efectuar los ajustes y presentar nuevamente
la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ser�n definidos y
comunicados mediante Oficio, al respectivo Gobernador o Alcalde Distrital por
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Una vez viabilizada la propuesta de Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la
Junta Directiva de la correspondiente Empresa Social del Estado deber� proceder
con su adopci�n.
(Art. 5 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.7.
No viabilidad de los Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero. En los casos en que no se elabore, no se presente o no se
adopte la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte
del Gerente de la Empresa Social del Estado, del Gobernador o Alcalde Distrital
y de la Junta Directiva de la misma, respectivamente, en los plazos y condiciones
definidos por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, este �ltimo
informar� debidamente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los Organismos
de Control para lo de sus competencias.
Par�grafo
Primero. En los casos en que no se realice la incorporaci�n de los ajustes
a la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte del
Gerente de la Empresa Social del Estado, y no se presenten los mismos por parte
del Gobernador o Alcalde Distrital. en los plazos y condiciones definidos y
comunicados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, este �ltimo
informar� debidamente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los Organismos
de Control para lo de sus competencias.
Par�grafo
Segundo. Cuando la propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
no cumpla con los criterios de viabilidad establecidos en el art�culo 2.6.5.5,
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico emitir� pronunciamiento sobre su no
viabilidad; por lo cual efectuar� la devoluci�n del mismo al Gobernador o
Alcalde Distrital para que adelante las acciones conducentes a garantizar la
continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestaci�n del servicio p�blico de
salud en el marco del Programa de Reorganizaci�n, Redise�o y Modernizaci�n de las
Redes de las Empresas Sociales del Estado.
Par�grafo
Tercero. Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto
cuyo Programa Territorial de Reorganizaci�n, Redise�o y Modernizaci�n de Redes
establezca su liquidaci�n o fusi�n, no se encuentran facultadas para presentar una
propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico. En este evento, el Gobernador o Alcalde Distrital
deber� adelantar las acciones que establezca el documento de red. o presentar
la correspondiente actualizaci�n de �ste ante el Ministerio de Salud y
Protecci�n Social.
Las Empresas Sociales del Estado
categorizadas en riego medio o alto incursas en la presente situaci�n, podr�n presentar
para viabilidad una propuesta de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, siempre y cuando el Programa
Territorial de Reorganizaci�n, Redise�o y Modernizaci�n de Redes de ESE
actualizado establezca su funcionamiento dentro de la red y sea viabilizado por
el Ministerio de Salud y Protecci�n Social.
por Art. 1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.8.
Ejecuci�n de los recursos del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero. Los recursos destinados al Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero se ejecutar�n a partir de: i) la celebraci�n y legalizaci�n
del contrato de encargo fiduciario de administraci�n y pagos; y ii)
modificaci�n del presupuesto de conformidad con el escenario financiero del
Programa; previa viabilizaci�n del mismo por parte del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico y su adopci�n por la Junta Directiva de la Empresa Social del
Estado.
Par�grafo Primero.
Cuando la Naci�n o las entidades territoriales en el marco de sus competencias
asignen recursos a las Empresas Sociales del Estado con Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
y adoptado por la Junta Directiva de la misma, la ejecuci�n de los mismos
deber� guardar coherencia y consistencia con las metas de saneamiento y
sostenibilidad financiera, y de fortalecimiento institucional del Programa, por
ende, har�n parte integral del mismo.
Par�grafo Segundo. Los recursos de excedente de
cuentas maestras del r�gimen subsidiado, en el marco del art�culo 2 de la Ley
1608 de 2013, as� como los recursos de excedentes de rentas cedidas y del
Sistema General de Participaciones de Oferta, seg�n lo dispuesto en los
art�culos 4 y 21 de la Ley 1797 de 2016 respectivamente, que sean
destinados por las entidades territoriales para apoyar los Programas de Saneamiento
Fiscal y Financiero viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, deber�n ser girados por �stas a la cuenta bancaria que disponga la
respectiva Empresa Social del Estado, quien de forma inmediata proceder�
a efectuar la transferencia de los citados recursos al encargo fiduciario de
administraci�n y pagos que �sta haya constituido en el marco de dicho Programa.
(Art. 6 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.9.
Monitoreo, seguimiento y evaluaci�n de los Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero. El monitoreo de los Programas
de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizados estar� a cargo de la respectiva
Empresa Social del Estado; el seguimiento estar� a cargo del correspondiente
Departamento o Distrito, y la evaluaci�n estar� a cargo del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico. El monitoreo, seguimiento y evaluaci�n se ejercer� sobre
el cumplimiento de las medidas y metas previstas en relaci�n con la
recuperaci�n, el restablecimiento de la solidez econ�mica y financiera y el
fortalecimiento institucional de la Empresa Social del Estado, sin perjuicio del
control fiscal que ejercen los �rganos de control.
Para este
efecto, el Gobernador o Alcalde Distrital deber� remitir informes de
seguimiento tanto a nivel individual como consolidado de los Programas de Saneamiento
Fiscal y Financiero viabilizados de cada una de las Empresas Sociales del
Estado de su jurisdicci�n, en los formatos y con la periodicidad que defina el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico; en los cuales reportar�, como m�nimo, los
avances, el grado de cumplimiento y las recomendaciones en relaci�n con los
Programas.
Par�grafo
primero. Con base en los resultados de la evaluaci�n anual de los
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico elaborar� y publicar� en su p�gina web un escalaf�n de
desempe�o de las Empresas Sociales del Estado y de compromiso de las entidades
territoriales frente a las medidas propuestas en los Programas.
Par�grafo
segundo. En desarrollo de las disposiciones legales vigentes, el Ministerio
de Salud y Protecci�n Social, como �rgano rector del sector salud, verificar�
peri�dicamente la articulaci�n de las Empresas Sociales del Estado que ejecutan
Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizados, con la operaci�n y
sostenibilidad de la red de prestaci�n de servicios y la continuidad de la
prestaci�n de servicios de salud.
(Art. 7 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.10. Recursos
para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Para el
financiamiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, se podr�n
destinar recursos de las siguientes fuentes:
1.
Recursos de las Instituciones Prestadoras de Servicias de Salud P�blicas.
2.
Recursos por recuperaci�n de cartera provenientes del saneamiento
definitivo de las cuentas de servicios y tecnolog�as en salud na financiadas
par la UPC del r�gimen subsidiada prestados hasta el 31 de diciembre de 2019,
en el marco de lo prevista en el art�culo 238 de la Ley 1955 de 2019.
3.
Saldos de las cuentas maestras del R�gimen Subsidiado, en los t�rminos
previstos en el art�culo 2o de la Ley 1608 de 2013 a la norma que lo modifique,
adicione a sustituya.
4.
Recursos excedentes de las rentas cedidas de acuerdo con la previsto en
el art�culo 4o de la Ley 1797 de 2016, a la norma que la modifique, adicione a
sustituya.
5.
Recursos que destinen las entidades territoriales
6.
Los recursos que por norma se destinen al Saneamiento Fiscal y
Financiero de las Empresas Sociales del Estado.
Par�grafo primero. Los saldos, remanentes, rendimientos
y los recursos no distribuidos del Fondo de Garant�as para el Sector Salud,
FONSAET se utilizar�n como fuente hasta el agotamiento de los recursos que
financian dicho Fondo.
Par�grafo segundo. De acuerdo con lo
dispuesto el art�culo 10 de la Ley 1966 de 2019, los recursos dispuestos por
las Leyes 1438 de 2011, 1608 de 2013 y 1797 de 2016, o la norma que las
modifique, adicione o sustituya, deber�n destinarse prioritariamente a la
financiaci�n de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las
Empresas Sociales del Estado de nivel I.
(Art. 1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.11. Categorizaci�n
del riesgo. La categorizaci�n del riesgo de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial que realice anualmente el Ministerio
de Salud y Protecci�n Social, tendr� en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico sobre el cumplimiento de los Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero; en todo caso las Empresas Sociales del Estado cuyos Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero se encuentren en proceso de viabilidad o debidamente
viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, no ser�n objeto de
categorizaci�n del riesgo por parte del Ministerio de Salud y Protecci�n
Social, hasta tanto el Programa se encuentre culminado.
(Art. 8 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art. 1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.12. Decisiones
de la junta directiva. Las decisiones en materia fiscal y
financiera, que deba tomar la Junta Directiva de las Empresas Sociales del
Estado del nivel territorial, que se encuentren ejecutando un Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero, requerir�n el voto favorable y expreso del presidente de
la Junta Directiva, o su respectivo delegado, seg�n el caso.
(Art. 14 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo 2.6.5.13.
Programa de Presupuesto. Para
efectos de lo dispuesto en el presente t�tulo, el presupuesto de las Empresas Sociales
del Estado se deber� elaborar con base en el escenario financiero aprobado en
el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, por lo cual las Empresas
deber�n modificar el presupuesto de la vigencia en la cual las Empresas deber�n
modificar el presupuesto de la vigencia en la cual se viabilice y adopte el
mismo.
Lo anterior, sin perjuicio, de los ajustes que procedan al
presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se
ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera, siempre que
haya fecha cierta de pago y se encuentren aceptados por parte de las Entidades
Responsables de Pago (ERP).
Par�grafo.
Ser� responsabilidad del Consejo de Pol�tica Fiscal territorial o quien haga
sus veces, aprobar el presupuesto de las Empresas Sociales del Estado y sus
respectivas modificaciones en los t�rminos, plazos y condiciones establecidos
en el presente art�culo.
(Art. 9 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.14. Incumplimiento
del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. En virtud del
par�grafo 4� del art�culo 77 de la ley 1955 de 2019, el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico remitir� a la Superintendencia Nacional de Salud, la
informaci�n de las Empresas Sociales del Estado que, de acuerdo con las
evaluaciones realizadas por el Ministerio incumplan el Programa de Saneamiento Fiscal
y financiero, para que la Superintendencia Nacional de Salud adelante las actuaciones
a que haya lugar, en el marco de sus competencias.
Par�grafo. Las Empresas Sociales del Estado
que de acuerdo con el presente art�culo sean remitidas a la Superintendencia
Nacional de Salud, no podr�n volver a presentar un Programa de Saneamiento Fiscal
y Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico; situaci�n que ser�
informada al Ministerio de Salud y Protecci�n Social para efectos de la no
aplicaci�n de la metodolog�a de caracterizaci�n del riesgo de estas, hasta
tanto la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus competencias, realice
la respectiva intervenci�n de la Empresa Social del Estado y emita
pronunciamiento en relaci�n con la culminaci�n satisfactoria de la misma.
(Art. 10 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.15. Manejo
y administraci�n de los Riesgos de la Empresa Social del Estado categorizada en
Riesgo Medio o alto que deban adoptar Programas de Saneamiento Fiscal y
Financiero. Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo
medio o alto que deban adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
en los t�rminos establecidos en el art�culo 8� de la Ley 1966 de 2019, deber�n
administrar sus recursos, incluidos los destinados a la financiaci�n del Programa
a trav�s de un contrato de encargo fiduciario de administraci�n y pagos. Los
plazos y condiciones para la celebraci�n y ejecuci�n del contrato de encargo fiduciario
de administraci�n y pagos ser�n establecidos por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
Par�grafo. Las Empresas Sociales del Estado en
riesgo medio o alto con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado
o que se encuentren en proceso de viabilidad a la fecha de entrada en vigencia del
presente Decreto, deber�n en los plazos y condiciones que establezca el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, disponer del manejo y administraci�n
de sus recursos incluidos los destinados a la financiaci�n del Programa a
trav�s de un contrato de encargo fiduciario de administraci�n y pagos.
(Art. 11 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.16. Modificaci�n
de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero. Los Programas de
Saneamiento Fiscal y Financiero podr�n ser modificados de conformidad con los
plazos y condiciones que establezca para el efecto el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico
(Art. 12 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.17. Empresas
sociales del estado en intervenci�n forzosa administrativa para
administrar o en acuerdo de reestructuraci�n de pasivos. Las Empresas
Sociales del Estado categorizadas por parte del Ministerio de Salud y
Protecci�n Social en riesgo medio o alto que se encuentran en intervenci�n forzosa
administrativa para administrar o en Acuerdo de Reestructuraci�n de Pasivos
ante la Superintendencia Nacional de Salud, no se encuentran habilitadas para
presentar Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo Primero. Respecto de las Empresas Sociales
del Estado que a la fecha de expedici�n del presente Decreto se encuentren
ejecutando un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero o en proceso de
viabilidad del mismo ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y se
encuentren en intervenci�n forzosa administrativa para administrar o en Acuerdo
de Reestructuraci�n de Pasivos, se dar� por finalizado el Programa ante el
Ministerio y deber� continuar el respectivo proceso ante la Superintendencia
Nacional de Salud.
Par�grafo Segundo. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico cesar� sus competencias frente a los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero
viabilizados y en ejecuci�n de las Empresas Sociales del Estado que
simult�neamente inicien la promoci�n de un Acuerdo de Reestructuraci�n de
Pasivos o una medida intervenci�n forzosa administrativa para administrar ante
la Superintendencia Nacional de Salud.
Par�grafo
Tercero. Las Empresas Sociales del Estado incursas en la situaci�n del
par�grafo primero y segundo, no podr�n volver a presentar un Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
Par�grafo Cuarto. Las anteriores
situaciones ser�n informadas al Ministerio de Salud y Protecci�n Social para
efectos de la no aplicaci�n de la metodolog�a de categorizaci�n del riesgo de
�stas, hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus
competencias, emita pronunciamiento en relaci�n con la culminaci�n del Acuerdo
de Reestructuraci�n de Pasivos y la medida de intervenci�n forzosa
administrativa para administrar.
�
(Art. 13 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.18. Empresas
Sociales del Estado en medida de vigilancia especial ante la Superintendencia
Nacional de Salud. Las Empresas Sociales del Estado
categorizadas en riesgo medio o alto, que se encuentren en Medida de Vigilancia
Especial ante la Superintendencia Nacional de Salud, no se encuentran
habilitadas para presentar Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico hasta tanto, la Superintendencia
Nacional de Salud certifique que la medida de vigilancia se dio por culminada.
(Art. 15 Decreto 1141 de 2013, sustituido o por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo
2.6.5.19. Transici�n.
Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto que
se encuentren con Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero viabilizado por
el Ministerio Hacienda y Cr�dito P�blico a la entrada de vigencia del presente
Decreto, se les aplicar�n las condiciones establecidas en los art�culos 2.6.5.8
y siguientes de �ste. Las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo
medio o alto que se encuentren en proceso de viabilidad del Programa de
Saneamiento Fiscal y Financiero a la entrada de vigencia del presente Decreto,
se les aplicar�n los plazos y condiciones establecidos en los art�culos 2.6.5.4
y siguientes del mismo.
(Art. 16 Decreto 1141 de 2013, sustituido por Art.
1, Decreto 58 de 2020)
Art�culo 2.6.6.1.
Inembargabilidad recursos del Sistema General de
Participaciones. Los recursos del Sistema General de Participaciones,
por su destinaci�n social constitucional, no pueden ser objeto de embargo. En
los t�rminos establecidos en la Ley 715 de 2001, los recursos del Sistema
General de Participaciones no har�n unidad de Caja con los dem�s recursos del
presupuesto y su administraci�n deber� realizarse en cuentas separadas de los
recursos de la entidad y por sectores.
(Art. 1 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.2.
Obligatoriedad tramite de desembargo.� Los
recursos que se manejan en cuentas maestras separadas para el recaudo y gasto y
dem�s cuentas en los que se encuentren depositados los recursos de
transferencias que hace la Naci�n a las Entidades Territoriales, y las cuentas
de las Entidades Territoriales en que manejan recursos de destinaci�n social constitucional,
son inembargables en los t�rminos establecidos en el Estatuto Org�nico de
Presupuesto, en la Ley 715 de 2001 y las dem�s disposiciones que regulan la
materia.
En caso de que
se llegare a efectuar un embargo de los recursos del Sistema General de
Participaciones el servidor p�blico, que reciba una orden de embargo sobre los
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n, incluidas las
transferencias que hace la Naci�n a las Entidades Territoriales por concepto de
participaci�n para educaci�n, participaci�n para salud y para participaci�n
para prop�sito general, est� obligado a efectuar los tr�mites, dentro de los
tres d�as siguientes a su recibo, para solicitar su desembargo.
(Art. 2 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.3.
Constancia de inembargabilidad de recursos. El
servidor p�blico una vez recibida la orden de embargo sobre los recursos de
transferencias que hace la Naci�n a las Entidades Territoriales, solicitar� a
la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, la constancia sobre la naturaleza de estos
recursos; la constancia de inembargables de los recursos, ser� solicitada a m�s
tardar dentro de los tres (3) d�as siguientes a su recibo.
(Art. 3 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.4.
Plazo de expedici�n constancia de inembargabilidad. La
Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, expedir� la constancia dentro de los tres (3) d�as siguientes
al recibo de la solicitud.
(Art. 4 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.5.
Requisitos de la solicitud de constancia de
inembargabilidad. La solicitud de constancia de inembargabilidad debe
indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que
profiri� las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron
embargados.
(Art. 5 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.6.
Tr�mite de la constancia de inembargabilidad de cuentas
maestras o cuentas de las entidades territoriales que administran recursos del�
sistema general de participaciones. La constancia de inembargabilidad
de las cuentas maestras separadas, o de las cuentas de las Entidades
Territoriales en las cuales �stas manejen recursos de destinaci�n social
constitucional, las solicitar� el servidor p�blico, en los casos en que la
autoridad judicial lo requiera, ante la entidad responsable del giro de los
recursos objeto de la medida cautelar en los t�rminos del inciso final del
art�culo 38 de la Ley 1110 de 2006.
(Art. 6 del Decreto 1101 de 2007)
Art�culo 2.6.6.1.1.
Declaraci�n de importancia estrat�gica. De
conformidad con lo establecido en el art�culo 1� de la Ley 1483 de 2011, los
proyectos de inversi�n que requieran autorizaci�n de vigencias futuras, y
excedan el per�odo de gobierno, deber�n ser declarados previamente de
importancia estrat�gica, por parte de los Consejos de Gobierno de las entidades
territoriales y cumplir los siguientes requisitos:
a) Que dentro de la
parte General Estrat�gica del Plan de Desarrollo vigente de la entidad
territorial se haga referencia expresa a la importancia y el impacto que tiene
para la entidad territorial el desarrollo del proyecto que se inicia en ese
per�odo y trasciende la vigencia del periodo de gobierno;
b) Que consecuente
con el literal anterior, dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo
vigente se encuentre incorporado el proyecto para el cual se solicita la
vigencia futura que supera el per�odo de Gobierno;
c) Que dentro del
Marco Fiscal de Mediano Plazo de la entidad territorial se tenga incorporado el
impacto, en t�rminos de costos y efectos fiscales, del desarrollo del proyecto
para los diez a�os de vigencia del Marco Fiscal.
d) Que el proyecto
se encuentre viabilizado dentro del Banco de Programas y Proyectos de la
entidad territorial;
e) Sin perjuicio de
los estudios t�cnicos que deben tener todos los proyectos, los proyectos de
infraestructura, energ�a y comunicaciones el estudio t�cnico deben incluir la
definici�n de obras prioritarias e ingenier�a de detalle, aprobado por la
oficina de planeaci�n de la entidad territorial o quien haga sus veces. Para el
caso de proyectos de Asociaci�n P�blico Privada, se cumplir� con los estudios
requeridos en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos reglamentarios.
(Art. 1 del Decreto 2767 de 2012)
Art�culo 2.6.6.1.2.
Contenido de los estudios t�cnicos. En todos
los casos los estudios t�cnicos que acompa�en a los proyectos de inversi�n que
superan el per�odo de gobierno, deber�n contener como m�nimo, adem�s de la
definici�n del impacto territorial del proyecto, que permita evidenciar la
importancia estrat�gica del mismo lo siguiente:
a) Identificaci�n
del Proyecto;
b) Descripci�n
detallada del proyecto;
c) Fases y costos
de ejecuci�n de cada fase del proyecto;
d) Impacto del
proyecto en el desarrollo territorial;
e) Valoraci�n
t�cnica, econ�mica, financiera, jur�dica ambiental y social del proyecto;
f) Diagn�stico
del problema o situaci�n a resolver a trav�s del proyecto;
g) Identificaci�n
de la poblaci�n afectada y necesidad de efectuar consultas previas;
h) An�lisis del
impacto social, ambiental y econ�mico;
i) Identificaci�n
de posibles riesgos y amenazas que puedan afectar la ejecuci�n del proyecto.
(Art. 2 del Decreto 2767 de 2012)
CAP�TULO 2
MANEJO PRESUPUESTAL DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LOS DISTRITOS
ESPECIALES
Art�culo 2.10.1.5.3.1.
�mbito de Aplicaci�n. Las disposiciones contenidas en el
presente Cap�tulo, son aplicables a todos los Distritos Especiales creados y
que se creen, a excepci�n del Distrito Capital de Bogot�.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.2.
R�gimen presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local.
A los Fondos de Desarrollo Local les ser�n aplicables las reglas del Sistema
Presupuestal de la Ley 1617 de 2013, las contenidas en el presente cap�tulo y
en lo no regulado en �ste, les ser�n aplicadas las reglas dispuestas en el Decreto
115 de 1996 o las normas que lo modifiquen o deroguen, en lo que
resulten pertinentes.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.3.
Exclusi�n del presupuesto distrital. Dentro de los
presupuestos distritales no est�n comprendidos los presupuestos de los Fondos
de Desarrollo Local.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.4.
Ingresos corrientes para asignaci�n de recursos a las
localidades. Para efectos de lo dispuesto en el art�culo 64 de la Ley
1617 de 2013, se entiende por ingresos corrientes, los ingresos tributarios y
no tributarios definidos de conformidad con el art�culo 27 del Estatuto
Org�nico de Presupuesto, excluidas las rentas de destinaci�n espec�fica.
En el concepto
de rentas espec�ficas al que hace referencia este art�culo se incluyen:
1. Las
destinadas por la Constituci�n Pol�tica, la Ley o Acuerdo Distrital a un fin
determinado.
2. Las rentas
que est�n garantizando contractualmente, el pago de obligaciones originadas en
contratos.
3. Las que en virtud
de decretos, y en el marco de acuerdos de restructuraci�n de pasivos o
programas de saneamiento fiscal y financiero, hayan sido dispuestas para la
financiaci�n del correspondiente acuerdo o programa.
4. Los ingresos
con destino a financiar los gastos de funcionamiento de concejos, personer�as y
contralor�as distritales.
Par�grafo.
Para dar cumplimiento al porcentaje de asignaci�n de gasto dispuesto en el
art�culo 64 de la Ley 1617 de 2013, los Distritos Especiales podr�n, dentro de
tal porcentaje, computar las inversiones f�sicas que con recursos corrientes de
libre destinaci�n realicen en las localidades, siempre y cuando con ello no se
afecte el funcionamiento de �stas.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.5.
Asignaci�n de recursos a las localidades. En el
presupuesto de gastos del Distrito Especial se incorporar� la transferencia
para las localidades de manera agregada, y una vez �sta sea aprobada por el
Concejo Distrital en el acuerdo de presupuesto, el Secretario Distrital, o
quien haga sus veces, distribuir� y comunicar� la transferencia correspondiente
a cada uno de los Fondos de Desarrollo Local, con base en los �ndices de
distribuci�n que anualmente se establezcan.
Las
apropiaciones incorporadas en el presupuesto de gastos del Distrito Especial,
por concepto de esta asignaci�n a las localidades, no computar�n para el
c�lculo de los l�mites de que trata la Ley 617 de 2000.
Par�grafo 1.
Hasta tanto el legislador asigne competencias en materia de salud a las
localidades distritales, los ingresos por rifas y juegos que se organicen en
tales localidades, ser�n administrados y ejecutados por la alcald�a distrital,
previa suscripci�n del convenio respectivo.
Par�grafo 2.
Atendiendo los criterios establecidos en el inciso 1� del art�culo 64 de la Ley
1617 de 2013, el Concejo Distrital podr� disminuir las participaciones anuales
que les corresponden a las localidades, siempre y cuando las mismas no sean
inferiores al porcentaje m�nimo del diez por ciento (10%) establecido en la Ley
1617 de 2013.
Par�grafo 3.
La falta de asignaci�n a las localidades de la totalidad de los ingresos
correspondientes al porcentaje m�nimo o al mayor porcentaje establecido por el
Distrito Especial para dicha vigencia de conformidad con el art�culo 64 de la
Ley 1617 de 2013, no significa la desaparici�n de la obligaci�n de transferir
dichas sumas a cargo del correspondiente Distrito Especial y por tal motivo, el
saldo se deber� asignar en la siguiente vigencia fiscal.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.6.
Principios presupuesta/es de los fondos de desarrollo local. El
sistema presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local se fundar� en
los principios de transparencia, legalidad y planificaci�n y, los dem�s que,
contenidos en el Estatuto Org�nico de Presupuesto, rigen el sistema presupuestal.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.7.
Presupuesto de los fondos de desarrollo local. De
acuerdo con el art�culo 71 de la Ley 1617 de 2013, el presupuesto anual de los
Fondos de Desarrollo Local se compone de las siguientes partes:
1. El Presupuesto de rentas e
ingresos. Comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes, las
transferencias y los recursos de capital que se espera recaudar en la vigencia.
2. El Presupuesto de gastos.
Comprende los gastos de funcionamiento y los gastos de inversi�n. Dentro de los
gastos de funcionamiento se podr�n incorporar solamente las apropiaciones
necesarias para cubrir la remuneraci�n por la asistencia de los ediles a las
sesiones plenarias y de comisiones permanentes en el per�odo de sesiones
ordinarias y extraordinarias, las destinadas al pago de los aportes a seguridad
social en salud, pensi�n y riesgos laborales de los ediles, y las necesarias
para la dotaci�n y equipo que trata el art�culo 67 de la Ley 1617 de 2013. Los
gastos causados con cargo a los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local
que no se paguen en la vigencia respectiva deber�n incluirse en el presupuesto
del a�o siguiente como obligaciones por pagar.
3. Disponibilidad final.
Corresponde a la diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el
presupuesto de gastos.
Par�grafo.
Los Fondos de Desarrollo Local no podr�n realizar operaciones de cr�dito
p�blico y, por lo tanto, dentro de su presupuesto de rentas e ingresos, no
podr�n incorporar recursos del cr�dito y, dentro de su presupuesto de gastos,
no podr�n incorporar servicio de la deuda.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.8.
Clasificaci�n del presupuesto de gastos de inversi�n. El
proyecto de presupuesto de Gastos de Inversi�n se presentar� a la Junta
Administradora Local clasificado en programas y subprogramas.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.9.
Aprobaci�n del presupuesto ingresos y gastos de los Fondos de
Desarrollo Local. De conformidad con lo establecido en el art�culo 74
de la Ley 1617 de 2013, el Alcalde Local presentar� el presupuesto de ingresos
y gastos de la localidad para aprobaci�n de la Junta Administradora Local
dentro de los tres (3) primeros d�as del inicio del per�odo de sesiones
ordinarias de enero de cada vigencia.
La Junta
Administradora Local deber� darle tr�mite, y aprobaci�n a m�s tardar el �ltimo d�a
de sesiones de este per�odo. En caso de tener observaciones al proyecto, las formular�
al respectivo Alcalde Local, quien deber� atenderlas en un t�rmino no superior
a tres (3) d�as h�biles. De no haber aprobaci�n del presupuesto por parte de la
Junta Administradora Local dentro de este periodo de sesiones, el Alcalde Local
lo expedir� mediante decreto.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.10.
�Ejecuci�n del presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.
Al Alcalde Local le corresponder� la ordenaci�n del gasto incorporado en el
presupuesto de la localidad respectiva.
Las apropiaciones
son autorizaciones m�ximas de gasto que comprometidas durante la vigencia
fiscal respectiva. Despu�s del 31 de diciembre de cada a�o� las autorizaciones
expiran y en consecuencia no podr�n adicionarse, transferirse, contracreditarse,
ni comprometerse.
Todos los actos
administrativos y contratos que afecten las apropiaciones presupuestales deber�n
contar con los certificados de disponibilidad previos que garanticen la
existencia de apropiaci�n suficiente para atender estos gastos.
Igualmente,
estos compromisos deber�n contar con registro presupuestal para que los recursos
no sean desviados a ning�n otro fin. En este registro se deber� indicar
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operaci�n
es un requisito de existencia y perfeccionamiento de tales actos
administrativos.
No se podr�n
tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto
de gastos cuando no re�nan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.11.
Reducci�n del presupuesto de las localidades. En
cualquier mes del a�o fiscal, el Alcalde Distrital, previo concepto del Consejo
de Gobierno, podr�, mediante decreto, reducir o aplazar total o parcialmente
las apropiaciones presupuesta les inicialmente aprobadas para cubrir las
asignaciones con destino a las localidades con cargo a los ingresos corrientes
de que trata el art�culo 2.6.6.2.4 del presente cap�tulo, en caso de ocurrir
uno de los siguientes eventos:
1. Que
el Secretario de Hacienda Distrital estimare que el recaudo de los ingresos
corrientes sobre los cuales se calcularon las asignaciones para las localidades
sea inferior al proyectado y aprobado por el Concejo Distrital en el Acuerdo
Distrital de Presupuesto.
2. Que
no fueren aprobados por el Concejo Distrital nuevos ingresos corrientes que
servir�an de fuente de financiaci�n para las asignaciones o que los aprobados
fueren insuficientes para atenderlas.
En
uno y otro caso, de los ingresos corrientes ajustados deber�n realizarse las
asignaciones con destino a las localidades con base en el diez por ciento (10%)
m�nimo o en el mayor porcentaje establecido por el respectivo Distrito
Especial, de conformidad con el art�culo 64 de la Ley 1617 de 2013.
Una
vez efectuada la reducci�n de las apropiaciones con destino a las localidades,
el Secretario de Hacienda informar� de tal situaci�n a los Alcaldes Locales,
quienes proceder�n a afectar, inmediatamente y a trav�s de aplazamiento, el
presupuesto del Fondo de Desarrollo Local. Lo anterior, sin perjuicio de que
los Alcaldes Locales convoquen inmediatamente a la Junta Administradora Local
para la presentaci�n del proyecto de acuerdo de reducci�n del presupuesto.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.12.
Vigencias futuras ordinarias para localidades. En las
localidades, las Juntas Administradoras Locales, a iniciativa del Alcalde
Local, s�lo podr�n autorizar vigencias futuras ordinarias para gastos de
inversi�n, cuando el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas
y siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que
el proyecto para el cual se solicitan las vigencias futuras est� contenido
dentro del Plan General de Desarrollo Econ�mico, Social y de Obras P�blicas;
2. Que
como m�nimo, de las vigencias futuras que se soliciten, se cuente con una
apropiaci�n del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas
sean autorizadas y;
3. Que
se cuente con el concepto previo y favorable de las Secretar�as Distritales de
Hacienda y Planeaci�n.
La
autorizaci�n impartida por las Juntas Administradoras Locales para comprometer
presupuesto con cargo a vigencias futuras en ning�n caso podr� superar el
respectivo per�odo de gobierno.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.13.
Distribuci�n de ingresos corrientes entre localidades.
Dentro de los �ndices que las entidades distritales deben construir para
efectos de la asignaci�n de recursos entre las localidades, se podr� tener en
consideraci�n aquel referido a la participaci�n porcentual de la poblaci�n de
cada una de ellas dentro del total de la poblaci�n del correspondiente Distrito
Especial.
(Art.1.
Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.14.
�C�lculo de ingresos corrientes de libre destinaci�n para
efectos de la Ley 617 de 2000. Para efectos del c�lculo de los ingresos
corrientes de libre destinaci�n de los Distritos Especiales no se deber�
descontar el diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes que en virtud de
la Ley 1617 de 2013 y del presente cap�tulo se dispongan como asignaciones a
las localidades.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
Art�culo 2.10.1.5.3.15.
Aplicaci�n de las disposiciones financieras de los Fondos de
Desarrollo Local para los Distritos Especiales que se creen. Las
disposiciones financieras de los Fondos de Desarrollo Local en los Distritos
que se creen, aplicar�n a partir del presupuesto de la vigencia fiscal
siguiente a aquella en la cual se dividi� el territorio en localidades.
(Art.1. Decreto 2388 de 2015)
- Depuraci�n y saneamiento de saldos contables.
La responsabilidad y gesti�n administrativa relacionada con la
depuraci�n y saneamiento de la informaci�n contable de los recursos
provenientes del Presupuesto General de la Naci�n asignados al Sistema
Nacional de Cofinanciaci�n, as� como la cartera del extinto Insfopal,
indistintamente de la naturaleza p�blica de la entidad que los manej� o
administr�, estar�n a cargo de la Junta Directiva de la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A., FINDETER.
(Art.1 del Decreto 3734 de 2005)
Art�culo
2.6.7.1.1. Financiaci�n y Asesor�a. La
financiaci�n y la asesor�a en lo referente a dise�o, ejecuci�n y administraci�n
de proyectos o programas de inversi�n contenidos en el art�culo 1 de la Ley 57
de 1989 y el art�culo 268 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero que
tiene como funci�n a su cargo FINDETER, se enmarcan estrictamente en la
estructuraci�n financiera del cr�dito, acorde con su objeto social.
(Art.1 Decreto 3411 de 2009)
Art�culo
2.6.7.1.2. Funci�n
T�cnica de asesor�a, apoyo y supervisi�n. �La funci�n t�cnica de
asesor�a, apoyo y supervisi�n de los usuarios del cr�dito a cargo de los
intermediarios financieros, a que se refiere el art�culo 270 del Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero, se entender� estrictamente encaminada a
asegurar que tanto los sectores como los beneficiarios de los cr�ditos sean
elegibles para FINDETER y dentro del marco de la actividad de financiaci�n.
En
consecuencia, el apoyo que FINDETER debe dar a dichos intermediarios, ser�
igualmente de car�cter financiero, atendiendo su naturaleza jur�dica, el cual
desarrollar� a trav�s de capacitaciones a los Intermediarios Financieros
respecto de los sectores y beneficiarios elegibles de los redescuentos de la
Financiera.
Par�grafo.
Dada su naturaleza financiera, no corresponde a los Intermediarios Financieros,
ni a FINDETER la asesor�a t�cnica, administraci�n, control o supervisi�n de los
proyectos que sean objeto de financiaci�n en la operaci�n de redescuento.
(Art.2 Decreto 3411 de 2009)
Art�culo
2.6.7.1.3. Responsabilidad de Supervisi�n. La
Entidad que viabilice los proyectos de financiaci�n con tasa compensada de
FINDETER, ser� la responsable de la supervisi�n de los mismos.
(Art.3 Decreto 3411 de 2009)
Art�culo
2.6.7.1.4. Autorizaci�n
a la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER.
La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial SA FINDETER,
se�alar� la tasa de redescuento m�nima en las l�neas de redescuento con tasa
compensada en los casos que esta adquiera un valor negativo.
(Art.1 Decreto 3595 de 2010)
Art�culo 2.6.7.1.5.
Aclaraci�n respecto de las operaciones de redescuento
consolidadas durante la vigencia de decretos no compilados. Los decretos compilados en este t�tulo sobre l�neas de
redescuento con tasa compensada corresponden �nicamente a aquellas l�neas que a
la fecha de expedici�n del presente Decreto �nico Reglamentario a�n es posible
acceder para nuevos beneficiarios.
Las operaciones de redescuento con tasa
compensada que se encuentren vigentes a la fecha de expedici�n del presente
decreto y cuyos decretos que las autorizaron no se compilan, continuar�n
regul�ndose hasta su culminaci�n y seg�n corresponde, de acuerdo con los
considerandos del presente Decreto �nico Reglamentario.
(Art�culo nuevo aclaratorio de la vigencia)
Art�culo 2.6.7.2.1.
Objeto. La
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. � FINDETER, de conformidad con lo
establecido en el par�grafo del literal b) del numeral 3 del art�culo 270 del
Estatuto Org�nico del Sistema Financiero y en relaci�n con las actividades de
que tratan los literales a) y I) del numeral 2 del art�culo 268 del mencionado
Estatuto, podr� ofrecer una l�nea de redescuento con tasa compensada destinada
al Financiamiento de todas las inversiones relacionadas con la infraestructura
para el desarrollo sostenible de las Regiones, en los sectores energ�tico,
transporte, desarrollo urbano, construcci�n y vivienda, salud, educaci�n, medio
ambiente y desarrollo sostenible, tecnolog�as de la informaci�n y la
comunicaci�n �TIC, y deporte, recreaci�n y cultura.
(Art.1 Decreto 2048 de 2014)
Art�culo 2.6.7.2.2.
Beneficiarios. Ser�n beneficiarios de la l�nea de redescuento con tasa compensada las
Entidades Territoriales, las entidades p�blicas y entidades descentralizadas
del orden nacional y territorial, as� como las entidades de derecho privado.
Los
recursos de esta l�nea se destinar�n a financiar todas las inversiones
relacionadas con el estudio y dise�o, construcci�n, rehabilitaci�n,
mantenimiento, mejoramiento, ampliaci�n, interventor�a, equipos y bienes
requeridos para el desarrollo de la operaci�n de los sectores elegibles,
dotaci�n, operaci�n y mantenimiento en todos los sectores establecidos en el
art�culo anterior.
(Art.2 Decreto 2048 de 2014)
Art�culo 2.6.7.2.3.
Plazo y monto.� Las aprobaciones de las operaciones de redescuento de que
trata el presente Cap�tulo, se podr�n otorgar hasta el treinta y uno (31) de
diciembre de 2026 y hasta por un monto total de CUATRO BILLONES CIENTO NOVENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($4.195.521. 725.691) moneda legal
colombiana, con plazos de amortizaci�n de hasta doce (12) a�os, incluidos dos
(2) a�os de gracia a capital."
(Modificado por Art 1, Decreto 766 de 2022,
Modificado por Art 1Decreto
2622 de 2022)
Art�culo
2.6.7.2.4. Tasa de redescuento. La Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER ofrecer� a los intermediarios
financieros, una tasa de redescuento del DTF menos tres puntos por ciento,
trimestre anticipado (DTF -3.0% T.A.) o IPC menos uno por ciento, efectivo
anual (IPC -1.0% E.A.) o IBR menos dos punto ochenta por ciento, mes vencido
(IBR -2.80% M. V.),',o IBR menos dos punto ochenta por ciento, trimestre
vencido (IBR -2.80% T. V.); con un plazo de amortizaci�n de hasta doce (12)
a�os/"incluido hasta dos (2) a�os de gracia a capital.
La tasa de inter�s final ser� hasta del DTF
m�s un punto por ciento trimestre anticipado (DTF+ 1.0% T.A.) con un plazo de
amortizaci�n de hasta doce (12) a�os, y hasta dos (2) a�os de gracia a capital,
o hasta el IPC m�s tres puntos por ciento efectivo anual, (IPC + 3.0% E.A.) con
un plazo de amortizaci�n de hasta doce (12) a�os, y hasta dos (2) a�os de
gracia a capital, o hasta IBR m�s uno punto dos por ciento, mes vencido, (IBR +
1.2% M. V) con un plazo de amortizaci�n de hasta doce (12) a�os, y hasta dos
(2) a�os de gracia a capital".
(Art.4 Decreto 2048 de 2014,
Modificado por Art 2 Decreto 2622 de 2022)
Art�culo 2.6.7.2.5.
Recursos de redescuento. Con fundamento en lo establecido en el par�grafo del literal b) del
numeral 3 del art�culo 270 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, el
Gobierno Nacional a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
destinar� anualmente en el Presupuesto General de la Naci�n, los recursos
necesarios para subsidiar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
FINDETER, la diferencia entre la tasa de captaci�n promedio de FINDETER m�s los
costos en que �sta incurra durante la vigencia de los redescuentos otorgados,
en desarrollo de lo previsto en el art�culo 2.6.7.2.1. del presente cap�tulo y
la tasa de redescuento mencionada en el art�culo 2.6.7.2.4. del presente
cap�tulo.
Par�grafo 1�. La metodolog�a para
determinar la tasa de captaci�n promedio de la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. FINDETER, para efectos de la presente l�nea de redescuento,
as� como los costos mencionados en este art�culo, ser�n los aprobados por el
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, en el Acta No. 298 del 20 de diciembre
de 2006.
�
Par�grafo 2�. Para efecto de lo
establecido en el presente art�culo, la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. FINDETER, presentar� a la Direcci�n General de Presupuesto P�blico
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, durante la programaci�n
y preparaci�n del proyecto anual del Presupuesto General de la Naci�n, la
informaci�n relacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de
captaci�n promedio de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER,
m�s los costos en que �sta incurra durante la vigencia de los redescuentos
otorgados, con el fin de incluir las partidas necesarias en el mencionado
proyecto.
(Art.5 Decreto 2048 de 2014)
Art�culo 2.6.7.2.6.
Viabilidad y seguimiento. La viabilidad t�cnica y financiera de los proyectos estar� a cargo del
Ministerio o Entidad correspondiente, o de los �rganos Colegiados de
Administraci�n y Decisi�n OCAD cuando el servicio de la deuda de los cr�ditos
se realice con cargo a los recursos del Sistema General de Regal�as SGR.
El Ministerio o la entidad que otorgue la
viabilidad del proyecto establecer� los mecanismos que permitan realizar el
seguimiento de los recursos asignados a los proyectos financiados con la l�nea
de redescuento con tasa compensada, as� como al cumplimiento de las condiciones
de la misma, y efectuar el control y seguimiento de sus beneficiarios.
Par�grafo 1�. La
viabilidad de los proyectos que se presenten para intervenir la malla vial
urbana principal o secundaria, estar� a cargo del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, salvo los proyectos que hagan parte de los Sistemas
Integrados de Transporte Masivo -SITM, Sistemas Estrat�gicos de Transporte
P�blico -SETP y Sistemas Integrados de Transporte P�blico-SITP, cuya
viabilizaci�n estar� a cargo del Ministerio de Transporte.
Par�grafo 2�. Los
�rganos Colegiados de Administraci�n y Decisi�n OCAD ser�n los responsables de
evaluar, viabilizar y aprobar los proyectos de inversi�n, y autorizar el pago
del servicio de la deuda con cargo a los recursos del Sistema General de Regal�as
SGR, conforme lo disponen los art�culos 6 y 40 de la Ley 1530 de 2012.
(Art.6 Decreto 2048 de 2014, modificado por el Art.2 Decreto 1460 de 2017)
Art�culo
2.6.7.2.7. Transitorio para solicitudes tramitadas conforme con los Decretos 4808
de 2010, 2762 de 2012, 2048 de 2014, 1460 de 2017, 1020 de 2018, 1980 de 2018,
755 de 2019 y 766 de 2022, compilados en el Decreto 1068 de 2015 �nico Reglamentario
del Sector Hacienda y Cr�dito P�blico en el Cap�tulo 2, T�tulo 7, Parte 6,
Libro 2. Las viabilidades que hayan
sido otorgadas por los Ministerios, as� como los saldos pendientes por
desembolsar de las operaciones de cr�dito aprobadas desde el primero (1�) de
mayo de 2015 y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, se financiar�n
con cargo a esta l�nea.
Las solicitudes para acceder a la l�nea de redescuento
establecida en los Decretos 4808 de 2010 2762 de 2012, 2048 de 2014, 1460 de 2017,
1020 de 2018, 1980 de 2018, 755 , , de 2019 yr:,766 de 2022, compilados en el
Decreto 1068 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Hacienda y Cr�dito P�blico
en el Cap�tulo 2, T�tulo 7, Parte 6, Libro 2, que se hayan radicado y se
encuentren en tr�mite de evaluaci�n por el respectivo Ministerio antes de la
entrada en vigencia del presente Cap�tulo, seguir�n rigi�ndose y culminar�n de
conformidad con la normatividad vigente al momento de su presentaci�n. para las
solicitudes que se hayan radicado, se encuentren en tr�mite de evaluaci�n y las
tramitadas, se les aplican las condiciones de los art�culos 2.6. 7.2.3 y 2.6.
7.2.4.'1 '.
(Modificado por Art 2, Decreto 766 de 2022, modificado
por Art 3 Decreto 2622 de 2022)
Art�culo
2.6.7.3.1. L�nea
de redescuento con tasa compensada. De conformidad con lo establecido
en el par�grafo del numeral 3� del art�culo 270 del Estatuto Org�nico del
Sistema Financiero, autor�cese a la Financiera de Desarrollo Territorial SA FINDETER,
a crear una l�nea de redescuento con tasa compensada para las Instituciones
P�blicas Prestadoras de Servicios de Salud, las Fundaciones Sin �nimo de Lucro
de que trata el art�culo 68 de la Ley 1438 de 2011 y las Entidades
Territoriales, destinada a:
- Adquisici�n, construcci�n, remodelaci�n,
ampliaci�n, dotaci�n de infraestructura para prestaci�n de servicios de
salud;
- Actualizaci�n tecnol�gica (reposici�n, compra y
dotaci�n de equipos para prestaci�n de servicios);
- Reorganizaci�n, redise�o y modernizaci�n de las
redes p�blicas prestadoras� de servicios de salud.
Par�grafo.
Las entidades antes referidas que accedan a estos cr�ditos, deber�n dar
cumplimiento a las normas de endeudamiento que le sean propias.
(Art. 1 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.2. Vigencia
y monto de las operaciones de redescuento. Las operaciones de
redescuento enunciadas en el presente cap�tulo, se podr�n otorgar �nicamente
hasta el 31 de diciembre de 2018, hasta por un monto total de DOSCIENTOS MIL
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 200.000.000.000).
(Art.2 Decreto 2551 de 2012, modificado por el
Art.1 de Decreto 2460 de 2014)
Art�culo
2.6.7.3.3. Tasa
de inter�s. La tasa de inter�s final de la l�nea de redescuento con
tasa compensada de que tratan los �tems del art�culo 2.6.7.3.1 del presente
cap�tulo, ser� hasta del D.T.F. m�s dos puntos por ciento trimestre anticipado
(DTF + 2.0% T.A.), con plazos hasta de doce (12) a�os y hasta con dos (2) a�os
de gracia.
(Art. 3 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.4. Tasa
de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER,
ofrecer� a los intermediarios financieros una tasa de redescuento del DTF menos
dos puntos por ciento trimestre anticipado (DTF -2.0% T.A.) para todos los
plazos.
(Art. 4 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.5. Recursos
para el redescuento. Con fundamento en lo establecido en el
par�grafo del numeral 3 del art�culo 270 del Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero, el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, destinar� anualmente en el Presupuesto General de la Naci�n, los
recursos necesarios para subsidiar a la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. FINDETER, la diferencia entre la tasa de captaci�n promedio de FINDETER
m�s los costos en que �sta incurra durante la vigencia de los redescuentos
otorgados, en desarrollo de lo previsto en el art�culo 2.6.7.3.1 del presente
cap�tulo.
Par�grafo 1.
La metodolog�a para determinar la tasa de captaci�n promedio de la Financiera
de Desarrollo Territorial S.A., FINDETER, para efectos de la presente l�nea de
redescuento, as� como los costos mencionados en este art�culo, ser�n los
aprobados por el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, en el Acta 298
del 20 de diciembre de 2006.
Par�grafo 2.
Para efecto de lo establecido en el presente art�culo, la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. FINDETER presentar� a la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
durante la programaci�n y preparaci�n del proyecto anual de Presupuesto General
de la Naci�n, la informaci�n relacionada con el valor de la diferencia entre la
tasa de captaci�n promedio de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
FINDETER, m�s los costos en que �sta incurra durante la vigencia de los
redescuentos otorgados, con el fin de incluir las partidas necesarias en el
mencionado proyecto.
(Art. 5 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.6. Transferencia
de recursos. Durante el mes de enero de cada a�o y a lo largo de la
vigencia de las operaciones de redescuento, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, cuando sea necesario, transferir� a la Financiera de Desarrollo
Territorial SA FINDETER, el valor requerido para compensar la tasa, sin superar
el valor apropiado en el presupuesto para la respectiva vigencia fiscal, a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en el art�culo 2.6.7.3.5 del presente
cap�tulo, sujeto al Programa Anualizado de Caja.
(Art. 6 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.7. Respaldo
de las Entidades Territoriales. Las Entidades Territoriales con
sujeci�n a las normas presupuestales, podr�n respaldar las deudas
correspondientes a las operaciones de redescuento, suscritas por las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud P�blicas, adscritas a la
correspondiente entidad.
(Art. 7 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.8. Beneficiarias
de la l�nea de redescuento con tasa compensada. Ser�n beneficiarias de
la l�nea de redescuento con tasa compensada regulada� a trav�s del presente
cap�tulo, las siguientes:
|
�tem
|
Concepto
|
Beneficiarias
|
|
1
|
Adquisici�n,
construcci�n, remodelaci�n, ampliaci�n y dotaci�n de infraestructura para prestaci�n
de servicios de salud.
|
Las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud P�blicas, las Fundaciones sin
�nimo de Lucro de que trata el art�culo 68 de la Ley 1438 de 2011 y las
Entidades Territoriales.
|
|
2
|
Actualizaci�n
tecnol�gica (reposici�n, compra y dotaci�n de equipos para prestaci�n de
servicios de salud).
|
Las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud P�blicas, las Fundaciones sin �nimo de Lucro de que trata
el art�culo 68 de la Ley 1438 de 2011 y las Entidades Territoriales.
|
|
3
|
Reorganizaci�n,
redise�o y modernizaci�n de las redes p�blicas prestadoras de servicios de
salud. (Los proyectos a financiar deber�n estar enmarcados en la metodolog�a
que defina el Ministerio de Salud y Protecci�n Social).
|
Las Entidades Territoriales y las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud P�blicas que se involucren en
programas de reorganizaci�n, redise�o y modernizaci�n en la prestaci�n de
servicios de salud del Gobierno Nacional.
|
Par�grafo.
Respecto de las solicitudes de otorgamiento de l�nea de cr�dito con tasa
compensada que se regula a trav�s del presente cap�tulo, el Ministerio de Salud
y Protecci�n Social emitir� concepto t�cnico que deber� contener la
especificidad sobre el requerimiento de los recursos para garantizar la
prestaci�n de servicios de salud, adem�s de las especificaciones establecidas
para cada caso en los �tems de la tabla que hace parte del presente art�culo.
El Ministerio
de Salud y Protecci�n Social remitir� su concepto t�cnico favorable junto con
los documentos soportes que estime pertinentes, a la Direcci�n de Regulaci�n
Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
para que �sta a su vez, emita el concepto del caso dentro de los quince (15)
d�as h�biles posteriores a la recepci�n de la referida documentaci�n. En todo
caso, los proyectos sujetos de financiaci�n definidos en los �tems 1 y 2 de la
tabla que hace parte del presente art�culo, requerir�n del estudio de
factibilidad econ�mica de la inversi�n, a partir del portafolio de servicios,
la demanda de servicios de salud, el dise�o de red, la sostenibilidad de la
inversi�n y el efecto sobre el equilibrio operacional de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud P�blicas. As� mismo, los proyectos deber�n
hacer parte del plan bienal de inversiones de salud de la entidad territorial
cuando ello sea del caso.
(Art. 8 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.3.9. Seguimiento
al cumplimiento de condiciones. El Ministerio de Salud y Protecci�n
Social, realizar� el seguimiento al cumplimiento de las condiciones establecidas
en el presente cap�tulo.
(Art. 9 Decreto 2551 de 2012)
Art�culo
2.6.7.4.1. Objeto.
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. --FINDETER, de conformidad con lo
establecido en el par�grafo del literal b) del numeral 3 del art�culo 270 del
Estatuto Org�nico del Sistema Financiero y en relaci�n con las actividades de
qu� tratan los literales a) y I) del numeral 2 del art�culo 268 del mencionado
Estatuto, podr� ofrecer una l�nea de redescuento con tasa compensada destinada
al Financiamiento de todas las inversiones relacionadas con el sector de Agua y
Saneamiento B�sico, o aquellos nuevos planes, programas o pol�ticas que se
implementen por el Gobierno Nacional en el Sector de Agua y Saneamiento B�sico,
as� como para la sustituci�n de la deuda contra�da por los municipios categor�a
6 con el Patrimonio Aut�nomo --Grupo Financiero de Infraestructura Ltda.,
administrado por Alianza Fiduciaria, cuyo monto por Ente Territorial no supere
los diez mil millones de pesos ($10.000'000.000) moneda legal colombiana.
(Art. 1 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo
2.6.7.4.2. Beneficiarios.
Ser�n beneficiarios de la l�nea de redescuento con tasa compensada los
Departamentos, Distritos, Municipios, Entidades Descentralizadas del Orden
Territorial, Corporaciones Aut�nomas Regionales, o el fideicomiso que se
constituya para sustituir la deuda contra�da por los Municipios, y los dem�s
aportantes que destinen recursos para el desarrollo y ejecuci�n de la
preinversi�n y/o inversi�n requerida por dichos planes, as� como las Empresas
prestadoras de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
(Art. 2 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo
2.6.7.4.3. Destinaci�n
de recursos. Los recursos de esta l�nea se destinar�n a financiar todas
las inversiones relacionadas con estudios y dise�os, construcci�n,
reconstrucci�n, reparaci�n, interventor�a, mejoramiento, ampliaci�n y
equipamiento en el sector de Agua y Saneamiento B�sico, as� como aquellos
nuevos planes, programas o pol�ticas que se implementen por el Gobierno
Nacional en el Sector de Agua y Saneamiento B�sico.
(Art. 3 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo
2.6.7.4.4. Monto
y plazo. Las operaciones de redescuento de que
trata el presente cap�tulo se podr�n otorgar hasta el31 de diciembre de 2026 y
hasta por un monto total de UN BILL�N CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS
($1.150.000.000.000) moneda legal colombiana. Para todas las inversiones en el sector
de agua y saneamiento b�sico, el plazo de amortizaci�n ser� de hasta diez (10)
a�os, y hasta con dos (2) a�os de gracia a capital.
PAR�GRAFO. Los
recursos para la sustituci�n de la deuda contra�da por los municipios categor�a
6 con el Patrimonio Aut�nomo - Grupo Financiero de Infraestructura Ltda.,
administrado por Alianza Fiduciaria, cuyo monto por Ente Territorial no supere
los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) moneda legal colombiana,
tendr�n un plazo de amortizaci�n de hasta quince (15) a�os, y hasta tres (3)
a�os de gracia a capital.
(Art. 1, Decreto 2468 de 2018, Art. 4 Decreto 1300 de 2014, modificado por el
Art.1 del Decreto 2462 de 2014, modificado por
el Art.1 del Decreto 1532 de 2022)
Art�culo 2.6.7.4.5.
Tasa de redescuento. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A � FINDETER ofrecer� a los
intermediarios financieros, una tasa de redescuento dellBR menos 2,45 porciento
mes vencido (IBR - 2,45% M. V.), o IPC menos 1,93 por ciento efectivo anual
(IPC - 1,93% EA). La tasa de inter�s final ser� hasta dellBR m�s uno punto
cincuenta y cinco por ciento, mes vencido (lBR + 1.55% M. V.), o IPC m�s dos
punto cero siete por ciento efectivo anual (IPC + 2,07% E.A)
(Art. 5 Decreto 1300 de 2014, Modificado por el
Art.1 del Decreto 1532 de 2022)
Art�culo 2.6.7.4.6.
Recursos de redescuento. Con fundamento en lo establecido en el par�grafo del literal b) del
numeral 3 del art�culo 270 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, el
Gobierno Nacional a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
destinar� anualmente en el Presupuesto General de la Naci�n, los recursos
necesarios para subsidiar a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
-FINDETER, la diferencia entre la tasa de captaci�n promedio de FINDETER m�s
los costos en que �sta incurra durante la vigencia de los redescuentos
otorgados, en desarrollo de lo previsto en el art�culo 2.6.7.4.1 del presente
cap�tulo y la tasa de redescuento mencionada en el art�culo 2.6.7.4.5 del
presente cap�tulo.
Par�grafo Primero. La metodolog�a para
determinar la tasa de captaci�n promedio de la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. -FINDETER, para efectos de la presente l�nea de redescuento,
as� como los costos mencionados en este art�culo, ser�n los aprobados por el
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, en el Acta No. 298 del 20 de
diciembre de 2006.
Par�grafo Segundo. Para efecto de lo
establecido en el presente art�culo, la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A. -FINDETER, presentar� a la Direcci�n General de Presupuesto P�blico
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, durante la programaci�n
y preparaci�n del proyecto anual del Presupuesto General de la Naci�n, la
informaci�n relacionada con el valor de la diferencia entre la tasa de
captaci�n promedio de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER,
m�s los costos en que �sta incurra durante la vigencia de los redescuentos
otorgados, con el fin de incluir las partidas necesarias en el mencionado
proyecto.
(Art. 6 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo 2.6.7.4.7.
Transferencia de recursos. Durante el mes de enero de cada a�o y a lo largo de la vigencia de las
operaciones de redescuento, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuando
sea necesario, transferir� a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. -FINDETER,
el valor requerido para compensar la tasa sin superar el valor apropiado en el
presupuesto para la respectiva vigencia fiscal, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el art�culo 2.6.7.4.6. anterior, sujeto al Programa Anualizado
de Caja.
(Art. 7 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo 2.6.7.4.8.
Viabilidad y seguimiento. El otorgamiento de la viabilidad t�cnica y financiera de los proyectos
estar� a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio establecer� los mecanismos que permitan
realizar el seguimiento de los recursos asignados a los proyectos financiados
con la l�nea de redescuento con tasa compensada, as� como al cumplimiento de las
condiciones de la misma, y efectuar el control y seguimiento de sus
beneficiarios.
Par�grafo. Las operaciones de redescuento
destinadas a sustituir los Bonos Ordinarios Patrimonio Aut�nomo Grupo
Financiero de Infraestructura 2008-1 y 2010 no estar�n sometidas al
otorgamiento de la viabilidad establecida en el presente art�culo.
(Art. 8 Decreto 1300 de 2014)
Art�culo
2.6.7.5.1. Objeto.
De conformidad con lo establecido en el par�grafo del literal b) del numeral 3
del art�culo 270 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, implementar� l�neas de redescuento en
pesos con tasa compensada destinadas a la financiaci�n de proyectos de Vivienda
de Inter�s Prioritario -VIP- y Viviendas de Inter�s Social -VIS-, previa
reglamentaci�n por parte de su Junta Directiva.
(Art. 1 Decreto 254 de 2013)
Art�culo
2.6.7.5.2. Disponibilidad
de recursos. Para la creaci�n de las l�neas de redescuento con tasa
compensada que trata el art�culo 2.6.7.5.1 del presente cap�tulo, los recursos
equivalentes al monto del subsidio requerido, provendr�n de entidades
territoriales, de entidades p�blicas del orden descentralizado territorial y de
entidades privadas.�
Par�grafo
Primero. De acuerdo con su naturaleza jur�dica, las entidades se�aladas
en este art�culo, deber�n previamente a la suscripci�n de los convenios
interadministrativos de que trata el art�culo 2.6.7.5.3 del presente cap�tulo,
incluir en sus presupuestos las partidas equivalentes al monto del subsidio o
garantizar el aporte de los recursos necesarios para compensar la tasa.�
Par�grafo
Segundo. Estos recursos ser�n destinados a cubrir la diferencia entre
la tasa de redescuento compensada que se defina y la tasa de redescuento sin
subsidio, vigente a la fecha de desembolso de cada uno de los cr�ditos,
aplicada al sector de vivienda para el mismo plazo de amortizaci�n y gracia.
(Art. 2 Decreto 254 de 2013)
Art�culo
2.6.7.5.3. Condiciones
Financieras. Para los efectos previstos en� el art�culo 2.6.7.5.1 del
presente cap�tulo, FINDETER acordar� con las entidades se�aladas en el art�culo
2.6.7.5.2 del presente cap�tulo, mediante la suscripci�n de un convenio
interadministrativo, las condiciones espec�ficas de la respectiva l�nea de
redescuento con tasa compensada, en especial: los beneficiarios de la misma, el
plazo y per�odo de gracia de la l�nea, el monto que aportar� la entidad
constituyente de la l�nea por concepto de la compensaci�n de tasa, el valor
total de la l�nea, la tasa de redescuento para los intermediarios financieros,
la tasa de inter�s para el usuario final, la entidad que emitir� la viabilidad
t�cnica y financiera de los proyectos, el acceso a la l�nea y dem�s condiciones
de la operaci�n y requisitos necesarios para su implementaci�n.
De conformidad
con el Reglamento para Operaciones de Redescuento de FINDETER los cr�ditos para
la financiaci�n de proyectos de Vivienda de Inter�s Prioritario -VIP- y
Viviendas de Inter�s Social -VIS-, con acceso a la l�nea de redescuento con
tasa compensada que mediante el presente cap�tulo se regula, se denominar�n en
pesos, con tasa de inter�s fija o variable, expresada en DTF, IPC o IBR; el
plazo podr� ser hasta de quince (15) a�os, incluidos hasta tres (3) a�os de
periodo de gracia a capital.
(Art.3 Decreto 254 de 2013)
Art�culo
2.6.7.6.1. Operaciones
de redescuento para operadores de veh�culos de transporte. Autor�zase a
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., (Findeter), para celebrar
operaciones de redescuento a trav�s de los intermediarios autorizados, en los
t�rminos que se�ale la Junta Directiva, cuyos beneficiarios sean cualquiera de
los operadores de transporte definidos en el art�culo 10 de la Ley 336 de 1996
o los propietarios de los equipos vinculados a dichos operadores en los
t�rminos de los art�culos 20, 21 y 22 del Decreto 173 de 2001� compilado en el
Decreto �nico Reglamentario de Transporte para los fines que se se�alan a
continuaci�n:
a) Financiaci�n de
adquisici�n de veh�culos de servicio de transporte terrestre automotor de
carga.
b) Reestructuraci�n
de cr�ditos otorgados para la adquisici�n de veh�culos de transporte terrestre
automotor de carga, con recursos de redescuento de la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., (Findeter).
c) Sustituci�n de
obligaciones correspondientes a cr�ditos otorgados para la adquisici�n de
veh�culos de transporte terrestre automotor de carga, adquiridos con entidades
financieras por los beneficiarios de que trata el presente art�culo.
(Art.1 Decreto 451 de 2009)
CAP�TULO 7
L�NEA DE REDESCUENTOS CON TASA COMPENSADA PARA LA FINANCIACI�N DE
INSTITUCIONES DE EDUCACI�N SUPERIOR
(Capitulo adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.1.
Objeto. De conformidad con lo establecido en el par�grafo
del literal b) del numeral 3 del
art�culo 270 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, autor�cese a la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, a crear una l�nea de
redescuento en pesos con tasa compensada destinada a financiar total o
parcialmente los rubros m�s representativos de la operaci�n de las
instituciones de educaci�n superior p�blicas o privadas, que ofrezcan planes de
incentivos, becas o descuentos a las matr�culas para la permanencia
estudiantil, con el fin de prevenir la deserci�n de estudiantes que pueda
generarse como consecuencia de la crisis econ�mica generada por el COVID-19,
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.2.
Vigencia y Monto de
la l�nea. La aprobaci�n de las
operaciones de redescuento realizadas bajo la linea de cr�dito de redescuento
en pesos con tasa compensada de las que trata el presente cap�tulo se podr�n
otorgar hasta por un monto de DOSCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($200.000.000.000)
MICTE. Teniendo en cuenta que la emergencia por COVID 19 afectar� especialmente
el segundo semestre acad�mico de 2020 y el primero de 2021, para todos los
efectos las operaciones de redescuento enunciadas en el presente cap�tulo, se
podr�n otorgar �nicamente durante el per�odo comprendido entre la entrada en
vigencia del presente decreto y hasta 30 de junio de 2021.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.3.
Disponibilidad de
recursos. Para la creaci�n de
la l�nea de redescuento con tasa compensada que trata el art�culo 2.6,7.7.1 del
presente capitulo, los recursos equivalentes al monto del subsidio requerido
provendr�n de las asignaciones que se hagan en el Presupuesto General de la
Naci�n al Ministerio de Educaci�n Nacional. Los recursos que no sean colocados
al 30 de junio de 2021, ser�n reintegrados a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional dentro de los tres (3) meses siguientes.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.4. �Condiciones financieras. La l�nea de
redescuento con tasa compensada tendr� las siguientes condiciones:
|
MONTO DE LA L�NEA
|
$200.000 millones de pesos
|
|
MONTO DEL SUBSIDIO
|
$11.688 millones de pesos
|
|
BENEFICIARIOS
|
Instituciones de Educaci�n
Superior P�blicas y Privadas
|
|
USOS
|
Liquidez y capital de trabajo
|
|
PLAZOS
|
Hasta 5 a�os y hasta 2 a�os de
per�odo de gracias a capital
|
|
TASA
|
IBR+2$ M.V
|
|
GARANT�AS
|
Admisibles e Id�neas en el
evento en que se solicite su constituci�n
|
Par�grafo.
La Financiera de Desarrollo Territorial, S.A., -Findeter acordar� con el
Ministerio de Educaci�n, mediante la suscripci�n de un convenio
interadministrativo, las condiciones espec�ficas de la respectiva l�nea de
redescuento con tasa compensada, as� como las dem�s condiciones de la operaci�n
y requisitos necesarios para su implementaci�n; el convenio deber� ser suscrito
dentro del mes siguiente a la expedici�n del presente decreto.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.5. Beneficiarios.
Podr�n ser beneficiarios de la l�nea de redescuento con tasa compensada de que
trata el presente cap�tulo, las instituciones de educaci�n superior privadas o
p�blicas de las que trata el art�culo 16 de la Ley 30 de 1992, con excepci�n de
aquellas con categor�a especial de conformidad con los t�rminos del art�culo
137 de la Ley 30 de 1992, cuyo plan de incentivos, becas o descuentos a las
matr�culas para la permanencia estudiantil, haya sido aprobado por el
Ministerio de Educaci�n Nacional.
Par�grafo 1.
Los cr�ditos y montos m�ximos se aprobar�n a cada beneficiario de conformidad
con los criterios y requisitos aprobados por la Junta Directiva de la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., ~Findeter, as� como el Reglamento
para Operaciones de Redescuento de FINDETER.
Par�grafo 2.
Conforme a lo previsto en el art�culo 137 de la Ley 30 de 1992, pertenecen a
una categor�a especial las Instituciones de Educaci�n Superior p�blicas que se
encuentran presupuestalmente adscritas a sectores diferentes al de Educaci�n y
por lo tanto no reciben directamente recursos del Presupuesto General de la
Naci�n.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo 2.6.7.7.6. Plan
de Incentivos, becas o descuentos a las matr�culas para la permanencia
estudiantil. El plan de incentivos, becas o descuentos a las matr�culas
para la permanencia estudiantil debe ser presentado ante el Ministerio de
Educaci�n Nacional por el representante legal de la instituci�n y contar con la
aprobaci�n de la autoridad interna competente de la respectiva instituci�n de
educaci�n superior de acuerdo con sus estatutos.
El plan deber� contener como m�nimo la siguiente informaci�n:
1.
Raz�n social del Beneficiario, indicando N�mero de Identificaci�n
Tributaria -NIT.
2. Tipo de
Instituci�n de Educaci�n Superior (privada o p�blica).
3. Ingresos totales
recibidos en la vigencia de 2019, indicando si son superiores o inferiores a
cincuenta y dos mil millones de pesos (COP $52.000.000.000).
4. Monto
solicitado.
5. Departamento y
Municipio.
6. N�mero total de
estudiantes matriculados en la Instituci�n de Educaci�n Superior, diferenciado
por programas, en el m�s reciente per�odo acad�mico realizado.
7. Valor de la
matr�cula de cada uno de los programas en caso de ser un valor �nico. Si el
valor de la matr�cula var�a de acuerdo con el programa y es determinado por
metodolog�as que atiendan a condiciones socioecon�micas de los estudiantes,
debe indicarse el valor promedio de la matr�cula para cada programa, as� como
las variables que lo determinan.
8. N�mero total de
estudiantes que la Instituci�n de Educaci�n Superior proyecta beneficiar con el
plan, monto del beneficio para cada estudiante y monto total para la
instituci�n.
9. Los
dem�s que determine necesarios el Ministerio de Educaci�n Nacional.
Par�grafo. Si una instituci�n
de educaci�n superior decide optar por solicitar recursos de cr�dito de la
presente l�nea de redescuento de tasa compensada tanto para el segundo semestre
de 2020, como para el primer semestre de 2021, deber� presentar planes de incentivos
diferentes y ajustando la informaci�n a cada per�odo.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo
2.6.7.7.7. Aprobaci�n y seguimiento de los planes de incentivos, becas o
descuentos a las matr�culas y permanencia estudiantil. El Ministerio de
Educaci�n Nacional aprobar�, mediante acto administrativo el procedimiento a
seguir para la aprobaci�n y seguimiento a los planes de incentivos, becas o descuentos
a las matr�culas y permanencia estudiantil.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
Art�culo
2.6.7.7.8. Intercambio de informaci�n en relaci�n con las aprobaciones de planes y
solicitudes de cr�ditos. De acuerdo con el comportamiento de la l�nea de que
trata el presente cap�tulo, el Ministerio de Educaci�n Nacional informar�
peri�dicamente a la Financiera de Desarrollo Territorial, S.A., -Findeter de los
resultados y conceptos emitidos frente a los planes de incentivos, becas o
descuentos a la matr�cula y permanencia estudiantil.
A
su vez, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., -Findeter, informar�
peri�dicamente, al Ministerio de Educaci�n Nacional, las Instituciones de
Educaci�n Superior .-IES que han presentado solicitudes de cr�dito, montos
solicitados y resultados de la asignaci�n o no de los cr�ditos, para facilitar
su labor de seguimiento a la ejecuci�n de los recursos por parte de las Instituciones.
(Adicionado por Art. 1, Decreto 1280 de 2020)
CAP�TULO
8
L�NEA
DE REDESCUENTO CON TASA COMPENSADA PARA LA FINANCIACI�N DE ENTIDADES PROMOTORAS
DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS SALUD, AS� COMO PARA LAS
ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA FINANCIACI�N DE LOS PROYECTOS DE INVERSI�N EN
LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO, EN LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE REORGANIZACI�N, REDISE�O Y
MODERNIZACI�N DE REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO E INVERSI�N PARA CENTROS
DE ATENCI�N PRIMARIA
(Modificado por Art 1Decreto 2645 de 2022)
ART�CULO
2.6.7.8.1. Objeto. De conformidad con lo establecido
en el par�grafo del literal b) del numeral 3 del art�culo 270 del Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero, autor�cese a la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., -Findeter, a crear una l�nea de redescuento en pesos con tasa
compensada destinada a irrigar recursos de capital de trabajo, sustituci�n de
deudas e inversi�n a las IPS y EPS del Sector Salud, as� como para las
entidades territoriales para la financiaci�n de los proyectos de inversi�n en
los programas de saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del
Estado, en los programas territoriales de reorganizaci�n, redise�o y
modernizaci�n de redes de Empresas Sociales del Estado, e Inversi�n para
centros de atenci�n primaria".
(Adicionado por el Art�culo 1, de Decreto
1884 de 2021, Modificado por Art 2
Decreto 2645 de 2022)
ART�CULO 2.6.7.8.2. Vigencia y Monto de la
l�nea. La aprobaci�n de las operaciones de redescuento realizadas bajo la
l�nea de cr�dito de redescuento en pesos con tasa compensada de las que trata
el presente decreto se podr� otorgar hasta por un monto de NOVECIENTOS
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS ($927. 832. 435. 063) moneda legal colombiana.
Para todos los efectos, las operaciones de redescuento enunciadas en el
presente decreto se podr�n otorgar �nicamente durante el per�odo comprendido
entre la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de
2026 o hasta agotar los recursos.
(Modificado por el Art�culo 1 del Decreto
957 de 2022, Modificado por Art 3
del 1Decreto 2645 de 2022)
ART�CULO 2.6.7.8.3. Disponibilidad de
recursos. Para la creaci�n de la l�nea de redescuento con tasa compensada
que trata el art�culo 2.6.7.8.1. del presente cap�tulo, los recursos
equivalentes al monto del subsidio en tasa de dicha l�nea de redescuento
requerido provendr�n de las apropiaciones del Presupuesto General de la Naci�n
que se asignen en la secci�n presupuestal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico y hasta donde las disponibilidades presupuesta les lo permitan. Los
recursos que no sean colocados al finalizar la vigencia de la l�nea de
redescuento ser�n reintegrados a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional dentro de los tres (3) meses siguientes a la respectiva
finalizaci�n, de conformidad con las instrucciones suministradas por dicha
Direcci�n.
(Adicionado
por el Art�culo 1, de Decreto
1884 de 2021)
ART�CULO 2.6.7.8.4. Condiciones financieras.
La l�nea de redescuento con tasa compensada tendr� las siguientes condiciones:
Aplicables
para las Instituciones Prestadoras de servicios de Salud IPS, a las Entidades
Promotoras de Salud EPS y a las Entidades Territoriales:
|
Monto de l�nea
|
Hasta $927.832.435.063*
|
|
Plazo
|
Hasta 5 a�os con hasta 1 a�o de periodo de gracia a capital
|
|
Tasa de Redescuento
|
Hasta IBR + 1% M.V.
|
|
Uso
|
Entidades Promotoras de Salud -EPS e Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud -IPS:
Capital de Trabajo, inversi�n y Sustituci�n de Deuda
Entidades Territoriales:
Inversi�n para Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas
Sociales del Estado (ESE) y Programas Territoriales de Reorganizaci�n,
Redise�o y Modernizaci�n de las redes de Empresas Sociales del Estado
Inversi�n para centros de atenci�n primaria
|
|
Beneficiarios
|
Entidades Promotoras de Salud -EPS Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud -IPS
Entidades Territoriales
|
|
Vigencia
|
Hasta agotar recursos o 31 de diciembre de 2026
|
*Para
efectos del Monto de la L�nea de cr�dito el mismo debe considerarse un �nico
monto hasta $927.832.435.063 distribuido entre las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud IPS, las Entidades Promotoras de Salud EPS y las Entidades
Territoriales.
PAR�GRAFO. La Financiera de Desarrollo
Territorial S.A., -Findeter acordar� con el Ministerio de Salud y Protecci�n
Social, mediante la suscripci�n de un convenio interadministrativo, las
condiciones espec�ficas de la respectiva l�nea de redescuento con tasa
compensada. El Ministerio de Salud y Protecci�n Social, mediante acto
administrativo, establecer� las condiciones de la operaci�n y requisitos
necesarios para su implementaci�n.".
(Adicionado por el Art�culo 2, de Decreto
1884 de 2021, (Modificado por Art 4 Decreto 2645 de 2022)
ART�CULO 2.6.7.8.5. Beneficiarios. Podr�n ser
beneficiarios de la l�nea de redescuento con tasa compensada de que trata el
presente decreto, las Entidades Promotoras de Salud-EPS, Instituciones
Prestadoras de Salud-IPS p�blicas, privadas y mixtas y Entidades Territoriales.
PAR�GRAFO 1. No podr�n ser beneficiarias las
Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud que al momento de la solicitud del beneficio de cr�dito con tasa
compensada se encuentren incursas en retiro voluntario, liquidaci�n o en una
medida administrativa de intervenci�n forzosa para liquidar por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud o la Superintendencia de Subsidio Familiar.
PAR�GRAFO 2. Los cr�ditos y montos m�ximos se
aprobar�n a cada beneficiario de conformidad con los criterios y requisitos
aprobados por la Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A., Findeter, as� como el Reglamento para Operaciones de redescuento de
Findeter. "
(Adicionado por el Art�culo 1, de Decreto
1884 de 2021, Modificado por Art 5 Decreto 2645 de 2022)
Art�culo 2.7.1.1.1.
Objeto. El
presente t�tulo tiene por objeto reglamentar la explotaci�n, organizaci�n,
administraci�n, operaci�n, control y fiscalizaci�n del juego de loter�a
tradicional de billetes� de que trata el Cap�tulo III de la Ley 643 de 2001,
modificada por la Ley 1393 de 2010.
(Art. 1 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.1.2.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones contenidas en el presente t�tulo se aplican a todas
las Entidades Territoriales, a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado de cualquier orden, Sociedades de Capital P�blico Departamental (SCPD),
la Cruz Roja Colombiana, a las asociaciones y a las dem�s personas, cualquiera
fuere su naturaleza jur�dica, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 643
de 2001, y las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, exploten,
organicen, administren, operen, controlen, fiscalicen, regulen y vigilen el
juego de loter�a tradicional o de billetes.
La
totalidad de las rentas y recursos obtenidos por la Loter�a de la Cruz Roja
Colombiana, en la explotaci�n del juego de loter�a estar�n destinadas
exclusivamente a los servicios de salud que se atiendan por esa entidad.
(Art. 2 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.1.3.
Definiciones. Para efectos del presente t�tulo se adoptan las siguientes
definiciones:
1. Billete: Es el documento al portador indiviso
o fraccionado, preimpreso o expedido por una m�quina o terminal electr�nica
conectada en l�nea y en tiempo real con el sistema de gesti�n del juego,
singularizado con una combinaci�n num�rica o con otros caracteres a la vista,
emitido por la entidad administradora u operadora de la loter�a, que constituye
prueba del contrato de juego entre el tenedor del mismo y la entidad operadora
de la loter�a, permiti�ndole a este participar en un �nico sorteo.
Los billetes de loter�a
deben ser singularizados, usando n�meros consecutivos o caracteres, en una o
m�s series, de tal manera que se contemplen todas las combinaciones que se
pueden obtener con el instrumento de sorteo.
Los billetes del juego de
loter�a se podr�n vender por medio de canales de comercializaci�n electr�nicos
siempre y cuando se garantice su tenencia bajo el control del apostador y se
disponga de un medio de pago legalmente ofrecido a los clientes del sistema
financiero o de la telefon�a celular, con arreglo a las disposiciones sobre uso
de mensajes de datos, comercio electr�nico y firmas digitales que rijan en
Colombia.
2. Emisi�n: Es el conjunto de billetes indivisos
o fraccionados que de acuerdo al plan de premios se emiten y ponen en
circulaci�n para participar en cada sorteo. La emisi�n contendr� la totalidad de
las combinaciones de n�meros o de caracteres que se utilicen para numerar los
billetes, en forma consecutiva o en series. La totalidad de las combinaciones
que componen la emisi�n debe ser puesta a disposici�n del p�blico por cualquier
medio.
3. Ingresos brutos: Es el valor total de los
billetes y fracciones vendidos en cada sorteo.
Se calculan multiplicando
la cantidad de billetes o fracciones vendidos por el precio de venta al
p�blico.
4. Margen de contribuci�n: Es la diferencia entre
el precio de venta de un billete o fracci�n y la sumatoria de los costos fijos,
que para los efectos del presente t�tulo son: la comisi�n reconocida a la red
de distribuci�n, los premios y sus reservas, el impuesto a for�neas y el 12% de
los ingresos que se paga como renta del monopolio.
5. Precio de venta al p�blico: Es el valor
se�alado en el billete que el comprador paga por adquirir un billete o
fracci�n. El precio del billete se indicar� en el plan de premios de la loter�a
y ser� �nico en todo el territorio nacional.
6. Punto de equilibrio: Es el volumen de ventas
en pesos y en unidades que produce una contribuci�n marginal suficiente para
pagar los gastos de administraci�n y funcionamiento y los excedentes m�nimos;
en su c�lculo no se incluyen los descuentos a la red de distribuci�n, el
impuesto a for�neas, la renta del monopolio, los premios en poder del p�blico
ni la provisi�n para constituir las reservas t�cnicas.
7. Valor de la emisi�n: Es el resultado de
multiplicar el n�mero de billetes o fracciones que componen la emisi�n por su
precio de venta al p�blico.
8. Valor nominal de los billetes o fracciones:
Para efectos de lo previsto en el inciso primero del art�culo 48 de la Ley 643
de 2001, se entiende por valor nominal del billete o fracci�n, el valor sobre
el cual se liquida el impuesto de loter�as for�neas. En ning�n caso, dicho
valor podr� ser inferior al 75% del precio de venta al p�blico.
9. Valor nominal de los premios: El valor nominal
del premio a que se refiere el inciso segundo del art�culo 48 de la Ley 643 de
2001, como base para liquidar el impuesto a ganadores, equivale a la suma de
dinero ofrecida al p�blico como importe de aquel, seg�n lo establecido en el
respectivo plan de premios.
10. Valor
Neto del Premio: Es el valor que efectivamente recibe
el apostador y resulta de deducir del valor nominal del premio los impuestos y
retenciones establecidos por ley.
(Art. 3 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.1.4.
Sorteos promocionales. Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional que pretendan
realizar juegos de suerte y azar promocionales se consideran dentro de las
excepciones previstas en el inciso tercero del art�culo 5� de la Ley 643 de
2001, y en tal calidad deber�n solicitar y obtener de la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar (Coljuegos) o de la respectiva Sociedad de Capital P�blico
Departamental (SCPD), seg�n el �mbito de operaci�n de que se trate, concepto
mediante el cual se establezca dicha circunstancia, para lo cual deber�
acreditar los requisitos establecidos para el efecto.
Par�grafo. El
valor de los premios pagados en los sorteos promocionales de las empresas
operadoras del juego de loter�a, no podr�n ser computados como parte del
retorno al p�blico.
(Art. 22 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.1.
Costos y gastos de administraci�n y
operaci�n. Los gastos de administraci�n y
operaci�n permitidos a los operadores directos del juego de loter�a tradicional
o de billetes, a que se refiere el art�culo 9� de la Ley 643 de 2001, ser�n
como m�ximo el 15% de los ingresos brutos de cada juego.
Para
el c�lculo de los gastos de administraci�n y operaci�n m�ximos del juego de
loter�a tradicional, no se incluir�n los siguientes conceptos:
a) El descuento en ventas que se realice a cualquier t�tulo a la red de
distribuci�n, el cual en ning�n caso podr� superar el 25% de los ingresos
brutos.
b) Los premios otorgados a los apostadores, incluyendo la provisi�n para
las reservas t�cnicas.
c) La renta del monopolio constituida seg�n lo prescrito en los literales
a) y c) del art�culo 6� de la Ley 643 de 2001.
d) El impuesto a for�neas definido en el art�culo 48 de la Ley 643 de
2001.
Par�grafo 1. En la determinaci�n de los
gastos m�ximos de administraci�n y operaci�n, para efectos de la calificaci�n
de gesti�n y eficiencia, no se tendr� en cuenta el valor de los gastos
correspondientes a pago de mesadas y cuotas partes, ni los ingresos percibidos
por la empresa por concepto de cuotas partes pensionales.
Par�grafo 2. En todo caso la reducci�n de
los costos y gastos de administraci�n y operaci�n de que trata el presente
art�culo, deber� reflejarse integralmente en los excedentes de las empresas.
(Art. 4 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.2.
Excedentes m�nimos de las empresas
operadoras de loter�as, en la operaci�n directa del juego. Los excedentes m�nimos obtenidos por las empresas operadoras del juego
de loter�a tradicional, cuando la operaci�n sea directa, se calcular�n de
acuerdo con la siguiente f�rmula:
EXM = IB - (DES + PPP + RM+ IF + GMA)
D�nde:
EXM
= Excedentes m�nimos obtenidos en ejercicio de la operaci�n por la entidad
operadora en el periodo, y su valor debe ser cuando menos el 0.5%.
IB =
Valor de los ingresos brutos del juego de loter�a obtenidos en el per�odo de
an�lisis.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DES
= Valor del descuento en ventas reconocido a la red de distribuci�n en el
per�odo de an�lisis.
PPP
= Premios en poder del p�blico, incluyendo la provisi�n para reservas t�cnicas
en el per�odo de an�lisis.
RM =
Renta del monopolio, equivalente al 12% de los ingresos brutos generada en el
per�odo de an�lisis.
IF
= Impuesto a loter�as for�neas generado en el per�odo de an�lisis.
GMA
= Los gastos de administraci�n y operaci�n m�ximos permitidos de la entidad
operadora en un periodo. Para el c�lculo de los excedentes m�nimos, el valor de
este rubro no podr� ser superior al 15% de los ingresos brutos del juego.
Par�grafo 1.
Los valores requeridos para determinar los excedentes m�nimos de operaci�n de
las loter�as ser�n tomados de los estados financieros correspondientes al
per�odo de an�lisis, incluyendo tanto los sorteos ordinarios como los
extraordinarios.
Par�grafo 2. Los ingresos, costos y gastos
que se generen por la operaci�n de juegos de suerte y azar mediante la
asociaci�n de entidades p�blicas en los t�rminos del art�culo 95 de la Ley 489
de 1998 y que por ello no requiera la creaci�n de personas jur�dicas, se
incorporar�n en la contabilidad de cada una de las asociadas, de acuerdo con
las normas generales de contabilidad que resulten aplicables.
(Art. 5 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.3.
Contabilidad de otros juegos o negocios. Las empresas del juego de loter�a tradicional o de billetes que
administren u operen otros juegos, o que obtengan ingresos en negocios
distintos a la operaci�n del juego de loter�a tradicional o de billetes,
deber�n preparar un estado de resultados para cada negocio. Para el efecto, en
el estado de resultados se reconocer�n por separado los ingresos, gastos y costos
propios de cada negocio y se asignar�n los gastos generales de administraci�n y
operaci�n, entre los negocios, de acuerdo con los diferentes m�todos de costeo,
t�cnicamente reconocidos y debidamente soportados.
(Modificado por Art.1, Decreto
176 de 2017, Art. 6 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.4.
Relaci�n entre emisi�n y ventas de
billeter�a. Para efectos de lo dispuesto en el
art�culo 17 de la Ley 643 de 2001, enti�ndase por "relaci�n entre emisi�n
y ventas", el cociente expresado en porcentaje que resulte de dividir el
valor total de los billetes adquiridos por el p�blico entre el valor total de
billetes emitidos para participar en un sorteo, en un grupo de sorteos
consecutivos o en un per�odo de tiempo.
La
relaci�n entre emisi�n y ventas, se calcular� mediante la siguiente f�rmula:
Donde,
REV
= Relaci�n entre emisi�n y ventas en un sorteo o un grupo de sorteos o en un
per�odo de tiempo.
V
= Valor de los billetes vendidos en un sorteo o un grupo de sorteos.
E =
Valor de los billetes emitidos en un sorteo o un grupo de sorteos o en un
per�odo de tiempo.
Las
empresas que operen el juego de loter�a tradicional o de billetes mantendr�n
una relaci�n entre la emisi�n y las ventas que le permitan operar en punto de
equilibrio.
Par�grafo. Cu�ndo la relaci�n ventas
emisi�n de una entidad operadora del juego de loter�a tradicional o de
billetes, no le permita operar en punto de equilibrio, se considerar� que la
entidad deber� someterse a un plan de desempe�o, en el cual debe acreditar su viabilidad
financiera e institucional.
(Art. 7 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.5.
Reservas t�cnicas para pago de premios. Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional observar�n el
r�gimen de reservas t�cnicas para garantizar el pago de premios que determine
el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Estas reservas se crear�n con
cargo a la diferencia entre el 40% de las ventas brutas y el valor de los
premios en poder del p�blico de cada sorteo.
Las
reservas t�cnicas para garantizar el pago de premios ser�n representadas en
dep�sitos que garanticen su liquidez, seguridad y rentabilidad, de conformidad
con las normas que regulan el manejo y la protecci�n de los recursos en
efectivo de las entidades p�blicas.
Par�grafo 1. El incumplimiento del r�gimen
de liquidaci�n, causaci�n y dep�sito efectivo de reservas t�cnicas para
garantizar el pago de premios del juego de loter�a tradicional tendr� como
consecuencia la suspensi�n inmediata de los sorteos. En ning�n caso, las
entidades operadoras del juego de loter�a tradicional podr�n efectuar sus
sorteos, cuando el valor de las reservas t�cnicas depositadas tenga un valor
inferior al valor del premio mayor ofrecido.
Par�grafo 2. Las empresas operadoras del
juego de loter�a tradicional o de billetes que pretendan cambiar su plan de
premios deber�n acreditar ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,
que desde la adopci�n del plan de premios que tienen en ejecuci�n, han
constituido, causado y depositado las reservas t�cnicas de conformidad con las
normas establecidas por el mismo Consejo. Cualquier manejo de las reservas
t�cnicas por fuera de las normas del r�gimen propio dar� lugar a remitir el
asunto a las autoridades correspondientes para que procedan a determinar la
responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria y penal a que hubiere
lugar.
(Modificado por Art.2, Decreto
176 de 2017, Art. 8 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.6.
Formulaci�n de los planes de premios. Los planes de premios para los sorteos ordinarios y extraordinarios de
los operadores del juego de loter�a tradicional o de billetes ser�n aprobados
por el �rgano m�ximo de direcci�n del administrador de la loter�a, seg�n lo previsto
por el art�culo 18 de la Ley 643 de 2001, atendiendo las necesidades del
mercado y la capacidad financiera de la empresa, condiciones que se
establecer�n por medio de los correspondientes estudios t�cnicos de
administraci�n de riesgos financieros y de mercados. Cuando el juego se opere a
trav�s de terceros la aprobaci�n del plan de premios corresponder� al
administrador del juego.
A
partir de la entrada en vigencia del presente art�culo, el valor del plan de
premios no podr� ser inferior al 38% del valor de la emisi�n. Dicho valor se
incrementar� un punto porcentual anualmente hasta alcanzar el 40% de la
emisi�n, de conformidad con la siguiente graduaci�n:
|
A�O
|
Valor del Plan de premios expresado como porcentaje del valor de la
emisi�n
|
|
2017
|
39%
|
|
2018
|
en adelante 40%
|
l
plan de premios de los sorteos extraordinarios deber�, cuando menos, ser
superior en 1.5 veces al valor del plan de premios del sorteo ordinario. En
caso de operaci�n de sorteos extraordinarios en forma asociada se tomar� como
referencia el plan de premios de mayor valor de los sorteos ordinarios de sus
loter�as socias, observando en ambos casos el r�gimen de reservas y de
patrimonio t�cnico m�nimo aplicable a los sorteos ordinarios.
El
valor del premio mayor contemplado en un plan de premios, no podr� superar el
valor del patrimonio t�cnico de la empresa que est� operando o pretenda operar
dicho juego. El valor del patrimonio t�cnico se establecer� deduciendo del
patrimonio total el valor de las utilidades del per�odo.
En
ning�n caso el valor del premio mayor podr� superar el valor depositado en el
fondo de reservas.
Par�grafo 1. Terminado el periodo de
transici�n previsto en el presente art�culo, el valor del plan de premios a
distribuir no podr� ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del valor de la
emisi�n y excluir� el valor de los sorteos promocionales. El valor del premio
mayor no podr� ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor del plan de
premios.
Par�grafo 2. Con cada cambio de plan de
premios se determinar�, si con el volumen de ventas proyectado, la entidad
operadora alcanza el punto de equilibrio y genera suficientes reservas t�cnicas
para cubrir los riesgos que genera el plan de premios.
Par�grafo 3. Sin perjuicio de las condiciones
previstas en el Par�grafo 1 del presente art�culo para el premio mayor, las
empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes podr�n
efectuar, por una sola vez, una redistribuci�n al plan de premios ordinario
durante la vigencia anual del mismo, previa autorizaci�n del m�ximo �rgano de
direcci�n de la loter�a. Dicha modificaci�n, consistir� en una redistribuci�n
interna de las cantidades del plan de premios ordinario con el fin de
incrementar el valor de los premios m�s atractivos. Dicha redistribuci�n, en
ning�n caso, podr� implicar modificaci�n del valor de la emisi�n, el valor del
billete y el valor total del plan de premios de los sorteos ordinarios.
Para
realizar la redistribuci�n de que trata el presente par�grafo, la entidad
deber� acreditar una raz�n de cubrimiento de su fondo de reservas t�cnicas para
pago de premios de al menos dos veces el valor del premio mayor a ofrecer al
p�blico.
La
redistribuci�n interna de las cantidades del plan de premios de que trata el
presente par�grafo, es adicional a las modificaciones al plan de premio
permitidas en el art�culo 2.7.1.2.12 del Decreto 1068 de 2015.
(Modificado por Art.3, Decreto
176 de 2017,Art. 9 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.7.
Estudio de mercado. Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes
definir�n las caracter�sticas de sus planes de premios, por medio de un estudio
de mercado.
Cuando
se cambie el valor de la emisi�n, el respectivo estudio de mercado se realizar�
consultando fuentes primarias y/o secundarias. Para consultar las fuentes
primarias se realizar� el correspondiente trabajo de campo, aplicando
instrumentos de recolecci�n de informaci�n a los consumidores, a los distribuidores
y vendedores, y utilizando procedimientos estad�sticos de reconocido valor
cient�fico y t�cnicas de an�lisis de mercados. Las fuentes secundarias ser�n
los registros estad�sticos de la industria y de la econom�a en su conjunto y
los propios registros de la empresa.
El
estudio de mercado que se efect�e para justificar la modificaci�n del plan de
premios de las loter�as, cuando se cambie el valor de la emisi�n, deber�
obtener evidencia cuanto menos sobre los siguientes aspectos:
a) Motivaciones y h�bitos de compra de los consumidores de juegos de
suerte y azar.
b) Estudio de oferta caracterizando los competidores y comparando la
aceptaci�n de sus productos.
c) An�lisis de precios del producto ofrecido.
d) An�lisis de estructura comercial incluyendo estudios de red de
comercializaci�n, puntos de venta, campa�as promocionales y publicidad.
e) An�lisis de los resultados del plan de premios que prev� cambiar,
indicando las razones comerciales, financieras, administrativas y de mercado
por las cuales el plan de premios debe ser objeto de cambio.
Par�grafo. El estudio de mercado podr�
contratarse con una firma externa o podr� ser adelantado por la entidad
operadora del juego de loter�a tradicional o de billetes.
(Art. 10 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.8.
Estudio t�cnico de administraci�n del
riesgo. Las empresas operadoras del juego de
loter�a tradicional o de billetes deber�n establecer y cuantificar los riesgos
de mercado, de entorno econ�mico y de estructura probabil�stica del plan de
premios, que pretendan ofrecer al p�blico.
(Art. 11 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.9.
Estudio financiero. Para consolidar la informaci�n financiera propia del estudio de
mercado y del estudio t�cnico de administraci�n del riesgo, las empresas
operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes proyectar�n los
ingresos, los gastos y los costos utilizando la metodolog�a de los estados
financieros y flujos de caja proyectados. Estas estimaciones se har�n para un
horizonte de dos (2) a�os y ser�n la base para la evaluaci�n econ�mica del plan
de premios propuesto, para el c�lculo del punto de equilibrio y de la relaci�n
entre emisi�n y ventas por sorteo expresada en pesos.
La
proyecci�n de las ventas se presentar� detallando, para cada sorteo efectuado
en su horizonte, el valor del descuento en ventas, la renta o derechos de
explotaci�n, el impuesto a for�neas, los premios y reservas y los gastos de
administraci�n y operaci�n.
(Art. 12 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.10.
Elementos del plan de premios. El plan de premios de las empresas operadoras del juego de loter�a
tradicional o de billetes contendr� por lo menos, los siguientes elementos:
a) N�mero de billetes que componen la emisi�n.
b) Sistema para individualizar o numerar los billetes que componen la
emisi�n.
c) N�mero de billetes por serie, cuando aplique de conformidad con el
sistema de individualizaci�n elegido.
d) N�mero de series, si aplica.
e) N�mero de fracciones de los billetes.
f)
Precio de venta al p�blico de las fracciones y los
billetes.
g) Valor total de la emisi�n.
h) Valor total de los premios ofrecidos.
i)
Valor del premio mayor.
j)
Cantidad y valor de los premios secos.
k) Cantidad y valor de los premios por aproximaci�n al resultado del
premio mayor o principal y los premios secos, indicando la probabilidad de
acierto.
Par�grafo 1. Las empresas operadoras del
juego de loter�a tradicional o de billetes podr�n reconocer un incentivo a los
vendedores y/o distribuidores del premio mayor, cuyo monto no podr� exceder del
0.5% del valor de dicho premio.
Par�grafo 2. No se podr�n ofrecer premios
cuyo desembolso est� diferido en el tiempo, ni planes de premios que se paguen
por cuotas, salvo que los mismos sean garantizados mediante la constituci�n de
un dep�sito en un encargo fiduciario.
Par�grafo 3. De conformidad con las
condiciones que establezca el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, las
empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes podr�n
ofrecer, en forma individual o asociada, premios acumulables.
(Art. 13 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.11.
Pago de premios. Los operadores del juego de loter�a tradicional o de billetes deber�n
pagar los premios obtenidos por los apostadores dentro de los treinta (30) d�as
calendario siguientes a la presentaci�n del documento de juego ganador,
conforme lo se�ala el inciso 2� del art�culo 12 de la Ley 1393 de 2010.
(Art. 14 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.12.
Vigencia de los planes de premios de los
sorteos ordinarios y extraordinarios. Los planes
de premios de las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de
billetes, aprobados de acuerdo con lo establecido en el art�culo 18 de la Ley
643 de 2001, tendr�n la vigencia se�alada por la Junta Directiva de la
respectiva entidad administradora.
Las
empresas administradoras del juego de loter�a tradicional o de billetes podr�n
modificar el plan de premios hasta dos veces en cada vigencia anual, siempre y
cuando cumplan los procedimientos y requisitos establecidos en el presente
t�tulo.
(Art. 15 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.2.13.
Informaci�n al ente de vigilancia. Dentro de los cinco (5) d�as posteriores a su aprobaci�n, el plan de
premios se remitir� al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, anexando el
ejercicio elaborado para calcular la relaci�n entre emisi�n y ventas de
billetes, junto con los estimativos, operaciones, estudios, an�lisis y dem�s
documentos en los que se soport� su elaboraci�n, para que esta entidad
verifique, en ejercicio de su funci�n de vigilancia, el cumplimiento de las
normas que sobre la materia se establecen en el presente t�tulo.
(Art. 16 Decreto
3034 de 2013)
SECCI�N 1
Mecanismo de uso de la reserva t�cnica para el pago de
premios e incentivo en el juego de loter�as
Art�culo 2.7.1.2.1.1.
Mecanismo de uso de la reserva t�cnica
para el pago de premios. Los operadores del juego
de loter�a tradicional o de billetes podr�n suspender la apropiaci�n de los
recursos destinados a la reserva t�cnica para el pago de premios. Para estos
efectos, dichos recursos deber�n ser apropiados exclusivamente para el
fortalecimiento de la reserva del premio acumulado, y solamente proceder�
cuando la reserva t�cnica para el pago de premios tenga garantizado un nivel de
cobertura �ptimo del premio mayor vigente.
La cobertura �ptima del
fondo de reserva t�cnica para el pago de premios, deber� definirse mediante un estudio
soportado en un modelo estad�stico de reconocido valor t�cnico, en el que se
indique claramente el �ndice de cobertura �ptimo del premio mayor ofrecido en
el plan de premios vigente.
El estudio deber� ser
aprobado por la Junta Directiva de la loter�a y remitido dentro de los cinco
(5) d�as siguientes a su aprobaci�n a la Secretar�a T�cnica del Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar, anexando la informaci�n que se tuvo en
cuenta para su elaboraci�n, con el fin de verificar la viabilidad de la
apropiaci�n de los recursos para la reserva del premio acumulado.
Par�grafo 1. La entidad deber� establecer en el mismo Acuerdo de Junta Directiva de
aprobaci�n, la fecha a partir de la cual se va a realizar la apropiaci�n de los
recursos para la reserva del premio acumulado. En todo caso hasta que no se
valide por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar a trav�s de su
Secretar�a T�cnica la viabilidad de la apropiaci�n, la misma no se podr�
iniciar.
Par�grafo 2. Los recursos que se obtengan
producto de la apropiaci�n para la reserva del premio acumulado, no podr�n ser
utilizados para subsidiar los gastos de administraci�n y operaci�n de la
entidad.
Si,
producto de una ca�da de premios, el fondo de reserva para pago de premios cae
por debajo del nivel �ptimo que determin� el estudio, la entidad deber� dejar de
apropiar los recursos para la reserva del premio acumulado y destinarlos al
fondo de reservas de premios para pago de premios, situaci�n que deber� ser
informada de forma inmediata y se verificar� por el Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y Azar, a trav�s de su Secretar�a T�cnica.
(Adicionado por Art. 4, Decreto
176 de 2017)
Art�culo 2.7.1.2.1.2.
Incentivos en el juego de loter�as. Las entidades operadoras del juego de loter�a
tradicional o de billetes, podr�n ofrecer al p�blico incentivos en especie con cobro
para impulsar las ventas del juego de loter�a tradicional. El incentivo no
puede ser comercializado como un producto independiente del juego de loter�a
tradicional o de billetes y solo puede ser obtenido por el p�blico si se
realiza la compra del billete o fracci�n del juego. Del cobro de los incentivos
se financiar�n los gastos y costos de la operaci�n del mismo y los respectivos
premios.
Los
incentivos ofrecidos por las entidades operadoras del juego de Loter�a
tradicional o de billetes, ser�n adicionales al plan de premios y en ning�n
caso se podr�n computar como porcentaje de retorno al p�blico de que trata el
art�culo 2.7.1.2.6.
Lo
generado por el cobro de los incentivos hace parte de los ingresos por venta de
loter�a.
El
Consejo reglamentar� la mec�nica de los incentivos en el juego de loter�a
tradicional o de billetes.
(Adicionado por Art. 4, Decreto
176 de 2017)
Art�culo 2.7.1.3.1.
Periodicidad de los sorteos ordinarios. Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes
efectuar�n sus sorteos ordinarios de conformidad con el cronograma que el
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar expida anualmente y de acuerdo con
las siguientes reglas:
a) Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional o de billetes
solo podr�n realizar un sorteo a la semana. No obstante, los operadores podr�n
optar por realizar sus sorteos con periodicidades quincenales o mensuales, en
cuyo caso, los sorteos se efectuar�n en una fecha fija.
b) En los eventos en que la operaci�n directa o por medio de terceros, se
realice a trav�s de convenios o asociaciones, celebrados en el marco de lo
dispuesto en el art�culo 95 de la Ley 489 de 1998, la periodicidad de los
sorteos ser� de uno (1) a la semana por cada tres (3) asociados.
Cuando
el d�a del sorteo coincida con un festivo, la entidad operadora podr� optar por
efectuar el juego en un d�a de la misma semana, o jugar el d�a festivo
correspondiente, o no realizar el sorteo.
(Art. 17 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.3.2.
Reasignaci�n de los d�as habituales de
los sorteos ordinarios. Sin perjuicio de los
criterios se�alados en el art�culo anterior, las tres cuartas partes de los
operadores del juego de loter�a, podr�n solicitar, mediante comunicaci�n
escrita dirigida a la Secretar�a T�cnica del Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar, que se elabore el cronograma de sorteos ordinarios del juego de
loter�a aplicando el siguiente procedimiento:
a) El n�mero de sorteos diarios ser� determinado por cociente con base en
el total de sorteos autorizados, distribuidos en los seis (6) d�as disponibles
para el juego. El residuo, si lo hubiere, se asignar� proporcionalmente durante
la semana, hasta un sorteo adicional en un mismo d�a.
b) En caso de que el n�mero de propuestas para realizar sorteos en un
mismo d�a supere el determinado por el cociente al que se refiere el literal
anterior, se preferir�, entre las entidades que posean id�ntica pretensi�n, a
la que haya registrado el mayor porcentaje de transferencias al sector salud
con respecto a sus ventas, en la vigencia anual anterior.
(Art. 18 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.3.3.
Programaci�n de los sorteos
extraordinarios. Las empresas operadoras del juego
de loter�a tradicional o de billetes efectuar�n los sorteos extraordinarios de
que trata el art�culo 19 de la Ley 643 de 2001, con arreglo a la siguiente
periodicidad:
a) Si la operaci�n del sorteo extraordinario se realiza en forma
individual, se podr� efectuar un sorteo cualquier d�a comprendido entre el 1�
de enero y el 31 de diciembre.
b) Si la operaci�n del sorteo extraordinario se realiza a trav�s de una
asociaci�n o sociedad, esta podr� efectuar m�ximo un sorteo por cada entidad
asociada, en cualquiera de los d�as comprendidos entre el 1� de enero y el 31
de diciembre. Por razones comerciales las entidades operadoras del juego podr�n
efectuar un n�mero menor de sorteos.
c) La asignaci�n de fechas se sujetar� a las propuestas formuladas por las
empresas operadoras. En caso de que dos o m�s de estas coincidan respecto de la
realizaci�n de un sorteo en una misma semana o d�a, se asignar� la fecha
sugerida a la entidad que en el �ltimo a�o registre un mayor porcentaje de
transferencias al sector salud respecto de sus ventas, causadas y giradas en la
misma vigencia. Tal decisi�n se comunicar� por cualquier medio a los
interesados cuya propuesta fue descartada, a fin de que estos, en el t�rmino de
tres (3) d�as, indiquen la fecha en la que pretendan realizar el sorteo. Si no
se obtuviere respuesta o si la misma no se ajusta a lo contemplado en el
presente t�tulo, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar fijar� el d�a
del sorteo con sujeci�n a las reglas aqu� previstas.
(Art. 19 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.3.4.
Criterios para la elaboraci�n del
cronograma de sorteos extraordinarios. Los sorteos
extraordinarios anuales que se realicen en forma individual o asociada se
realizar�n con fundamento en los siguientes criterios:
a) El sorteo extraordinario podr� realizarse en una de las fechas que el
operador tiene asignadas para jugar el sorteo ordinario;
b) Cuando la operaci�n se realiza de forma asociada, no se podr� programar
m�s de un sorteo operado por la misma asociaci�n dentro de un mes calendario;
c) No se podr� programar m�s de un sorteo durante una misma semana;
d) Fijado el cronograma, la modificaci�n posterior de d�as y fechas de los
sorteos se regir� por lo dispuesto en el art�culo siguiente.
(Art. 20 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.3.5.
Elaboraci�n del cronograma de los sorteos
ordinarios. Atendiendo las reglas de periodicidad
se�aladas en el art�culo anterior, las empresas operadoras del juego enviar�n a
la Secretar�a T�cnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, antes
del primero de noviembre de cada a�o, por intermedio de su representante legal,
una propuesta con el n�mero de sorteos ordinarios y extraordinarios que
pretendan realizar en el a�o siguiente, indicando los d�as, fechas y horas
correspondientes.
Si
la propuesta no fuere presentada oportunamente, esta omisi�n se entender� como
la aceptaci�n voluntaria de la entidad operadora del sorteo de lo que sobre el
particular disponga el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual en
todo caso, deber� elaborar el cronograma de acuerdo con lo prescrito en la
normatividad vigente y sin excluir a ninguna entidad habilitada por la ley para
realizar sorteos de loter�a tradicional.
Cuando
una entidad pretenda iniciar operaciones, el representante legal de esta
presentar� al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar la propuesta para la
realizaci�n de los sorteos que se efectuar�n en lo que resta del a�o en curso,
a fin de que, con arreglo a lo dispuesto en el presente t�tulo, sean fijadas en
el cronograma las fechas y horas correspondientes. Si se trata de una nueva
asociaci�n, mientras el Consejo dispone la asignaci�n respectiva, cada entidad
asociada podr� continuar realizando los sorteos individuales a que tuviere
derecho, siempre y cuando no se encuentre sometida a un proceso de liquidaci�n
o enajenaci�n.
Cuando
se requiera una modificaci�n de cronograma, los operadores de loter�a deben
enviar previamente la solicitud al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar,
indicando claramente las razones que obligan a la modificaci�n.
Par�grafo 1. Los d�as, fechas y horas
asignados en el cronograma de sorteos, solo podr�n alterarse por razones de
fuerza mayor o caso fortuito. En tal evento, se debe dar a conocer de inmediato
a las entidades de vigilancia y al p�blico en general, los motivos y las
circunstancias que obligaron a realizar dicho cambio.
Par�grafo 2. En ning�n caso, se podr�
anticipar el d�a o la hora del sorteo se�alada en el cronograma de sorteos.
(Art. 21 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.1.
Condiciones para efectuar los sorteos. Las empresas operadoras del juego de loter�a tradicional efectuar�n
sus sorteos con arreglo a los requisitos de seguridad calidad para las
organizaciones que realizan actividades de presorteo y sorteo de juegos de
suerte y azar, contenidos en la Norma T�cnica Colombiana que para el efecto
expida el Instituto Colombiano de Normas T�cnicas y Certificaci�n (Icontec),
sin perjuicio de la aplicaci�n de las medidas de seguridad y los procedimientos
establecidos en el presente t�tulo, as� como de las definiciones t�cnicas, de
seguridad y de transparencia que expida el Consejo Nacional de Juegos de Suerte
y Azar. Adicionalmente, se tendr�n en cuenta los procedimientos de
aseguramiento de calidad de cada entidad, garantizando que los sorteos se
ajusten al principio de transparencia consagrado en el literal b) del art�culo
3� de la Ley 643 de 2001 y en las normas que la modifiquen, sustituyan o
adicionen. Estas condiciones rigen para los sorteos del juego de loter�a
tradicional o de billetes, para sus sorteos promocionales y para los sorteos de
los juegos que se autoricen a los operadores del juego de apuestas permanentes.
(Art. 23 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.2.
Autoridades que deben presenciar el
sorteo. Si la operaci�n del juego de loter�a
tradicional o de billetes se realiza en forma directa, los sorteos se deben
realizar en presencia de las siguientes autoridades:
1. El Alcalde del municipio donde se realiza el sorteo o su delegado.
2. El gerente o representante legal de la loter�a o su delegado.
3. El revisor fiscal de la entidad operadora, si lo hubiere.
4. Un (1) funcionario de la Oficina de Control Interno o de la Auditor�a
Interna del operador.
5. Un (1) representante de los concesionarios de apuestas permanentes.
6. Un (1) delegado de las entidades que tengan autorizaci�n para utilizar
los resultados de la loter�a para realizar otros juegos de suerte y azar cuando
as� lo soliciten.
Par�grafo 1. Si la operaci�n directa se
realiza en forma asociada, adem�s de las personas se�aladas en el presente
art�culo, el sorteo debe ser presenciado por un delegado de los titulares del
monopolio que se hayan asociado.
Par�grafo 2. Si la operaci�n se realiza
mediante terceros, adem�s de las personas se�aladas el presente art�culo, el
sorteo debe ser presenciado por el representante legal del concedente, o su
delegado.
Par�grafo 3. La empresa operadora del
juego de loter�a tradicional o de billetes, por escrito, con una anterioridad
no inferior a cinco (5) d�as calendario a la realizaci�n del sorteo, solicitar�
la presencia de las personas que en los t�rminos de este art�culo deben presenciarlo
y verificar� su asistencia para lo cual se les deber� informar el d�a, hora y
lugar de la realizaci�n del sorteo y de las pruebas previas al mismo.
(Art. 24 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.3.
Pruebas previas al sorteo. Previamente y en presencia de las personas que deben asistir al
sorteo, se realizar� un n�mero aleatorio de sorteos de prueba, no menor de 5 ni
mayor de 10, el cual se calcular� mediante alguna rutina de software, lo
anterior para determinar que el sistema y los elementos de sorteo est�n exentos
de fraudes, vicios o intervenciones tendientes a alterar la probabilidad de
acertar o de sustraerla del azar. Si se observa tendencia hacia un resultado
determinado se realizar�n los cambios requeridos.
Los
resultados de estas pruebas ser�n registrados en el acta del sorteo.
(Art. 25 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.4.
Seguridad del lugar y elementos del
sorteo. La empresa operadora deber� garantizar y
mantener la seguridad en el lugar de permanencia y custodia de los elementos y
sistemas utilizados para realizar el sorteo, los cuales permanecer�n en un
lugar cerrado con sellos de seguridad.
(Art. 26 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.5.
Elementos y sistemas para realizar el
sorteo. La empresa operadora dispondr� de un
sistema hidroneum�tico o de balotas u otro sistema que corresponda a los
adelantos t�cnicos para efectuar sus sorteos, cuyas caracter�sticas garanticen
la seguridad y transparencia de los sorteos, en los t�rminos del art�culo 20 de
la Ley 643 de 2001 y en las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.
Igualmente,
mantendr� al menos tres (3) juegos de balotas debidamente certificadas por un
laboratorio de metrolog�a certificado por el Instituto Colombiano de Normas
T�cnicas y Certificaci�n (Icontec) o por un organismo certificador acreditado
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el Organismo Nacional
de Acreditaci�n (ONAC).
El
sistema hidroneum�tico o de balotas, o cualquier otro utilizado para efectuar
los sorteos debe estar debidamente certificado por un laboratorio t�cnico, de
conformidad con los t�rminos y condiciones que para el efecto determine el
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
Los
juegos de balotas ser�n sustituidos de acuerdo con el n�mero de partidas de
vida �til que aconseje el fabricante de las mismas o antes de ese l�mite,
cuando se descubra que alguna de las balotas no est� en perfectas condiciones.
Las balotas sustituidas permanecer�n a disposici�n de las autoridades por un
per�odo de (6) seis meses, en un recipiente cerrado, con sellos de seguridad.
Antes
del sorteo se elegir�n al azar, dentro de los tres (3) juegos de balotas,
cu�les sortear�n los n�meros y la serie. De este hecho se dejar� constancia en
el acta del sorteo.
Par�grafo. El Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y Azar podr� definir normas referentes a los elementos y sistemas
para la realizaci�n de los sorteos, as� mismo podr� presentar ante el Instituto
Colombiano de Normas T�cnicas (Icontec), o el organismo certificador acreditado
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el Organismo Nacional
de Acreditaci�n (ONAC), proyectos de normas t�cnicas respecto de los elementos
y sistemas para la realizaci�n de todo tipo de sorteos, tendientes a garantizar
la transparencia de estos.
(Art. 27 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.6.
Transporte de los elementos y sistemas de
sorteo. En el evento que se requiera
desplazamiento de los elementos del sorteo hasta el sitio de transmisi�n del
sorteo por televisi�n, este movimiento requerir� de todas las garant�as de
seguridad y vigilancia en el transporte de las urnas selladas que los
contengan.
(Art. 28 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.7.
Acta del sorteo. Por cada sorteo de la loter�a tradicional se deber� elaborar un acta
que debe ser suscrita por las autoridades del sorteo, la cual debe contener
como m�nimo:
1. Identificaci�n de las personas que deben asistir al sorteo, indicando
el nombre, cargo y entidad a la cual representan.
2. Nombre e identificaci�n de los funcionarios encargados de abrir el
recinto, desconectar las alarmas y romper los sellos de seguridad, los cuales
deben ser verificados previamente para determinar que estos correspondan con
los colocados al finalizar el sorteo anterior, describiendo las circunstancias
en las cuales fueron realizadas estas actividades.
3. Nombre e identificaci�n de las personas que efect�an los lanzamientos.
4. N�mero del juego de balotas que se excluye y de las que participan en
el sorteo y m�todo por el cual fueron sorteadas.
5. Resultado de las pruebas previas a la realizaci�n del sorteo.
6. N�mero y serie de los billetes que obtuvieron cada uno de los premios
ofrecidos.
7. N�mero de los sellos que se colocan a los recipientes de las balotas al
finalizar el sorteo.
8. Cantidad de tracciones que participan en el sorteo.
(Art. 29 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.8.
Publicidad de los sorteos. Los sorteos de loter�as, por ser de inter�s p�blico nacional, deber�n
transmitirse por un canal de televisi�n p�blico nacional y/o regional en el d�a
hora y lugar se�alado en el cronograma de sorteos. La transmisi�n por
televisi�n se har� en vivo y en directo, y no pueden hacerse en diferido.
Par�grafo. Las empresas operadoras
registrar�n en video en forma continua las pruebas previas y los sorteos
respectivos. Esta grabaci�n se deber� mantener a disposici�n de las diferentes
autoridades.
(Art. 30 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.9.
Seguridad de los billetes. Todo billete de loter�a preimpreso, o expedido o generado por m�quina
o terminal electr�nica, deber� contar con condiciones de seguridad que
garanticen su autenticidad y deber� contener como m�nimo las combinaciones de
n�meros o de caracteres que lo individualizan, la fecha y n�mero del sorteo
para el cual fue emitido, la entidad operadora, el distribuidor y el plan de
premios.
Los
billetes preimpresos deber�n contar con un c�digo de barras que valide que los
billetes corresponden a los emitidos. Los billetes expedidos por m�quina o
terminal electr�nica deben contar con un c�digo de barras o un c�digo num�rico
de seguridad. El c�digo de barras que se adopte debe permitir su lectura por
medio de un lector �ptico, con el objeto de permitir su consolidaci�n y la
transmisi�n electr�nica de la eventual devoluci�n.
Par�grafo. Las condiciones de seguridad
descritas en el presente art�culo deber�n constar en el respectivo contrato de
impresi�n y suministro de billeter�a. Los impresores o contratistas que
suministren los billetes de loter�a deber�n acreditar certificaci�n de calidad.
(Art. 31 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.10.
Devoluci�n de los billetes preimpresos no
vendidos y reporte a los operadores. Los billetes
preimpresos que tengan los distribuidores y que no hayan sido vendidos, ser�n
entregados por estos a una empresa de transporte especializada, debidamente
perforados, por lo menos una (1) hora antes de la realizaci�n del sorteo.
Los
billetes preimpresos que tenga el operador, sin haberse entregado a un
distribuidor y que no hayan sido vendidos, ser�n perforados con anterioridad a
la realizaci�n del sorteo y en presencia de las personas que deben asistir al
mismo.
Los
distribuidores reportar�n al operador la relaci�n de los billetes preimpresos
que no hayan sido vendidos, con antelaci�n al sorteo, utilizando cualquier
medio electr�nico de transporte o intercambio de datos. En eventos de caso
fortuito o fuerza mayor y previa autorizaci�n por escrito del operador, los
distribuidores reportar�n la devoluci�n de billetes por tel�fono o por fax, y
dispondr�n de los medios para preparar los reportes que deben enviarse a la
Superintendencia Nacional de Salud, o la entidad que haga sus veces.
Cuando
los distribuidores no reporten oportunamente al operador la relaci�n de los
billetes preimpresos no vendidos, pagar�n al operador el valor total de los
billetes no reportados.
Para
el ejercicio de vigilancia sobre los sorteos, el operador, antes de la
realizaci�n del sorteo, reportar� treinta (30) minutos antes del citado sorteo,
a la Superintendencia Nacional de Salud o a la entidad que haga sus veces, en
las condiciones que esta autoridad determine, la relaci�n de los billetes
preimpresos, de los expedidos por m�quinas o terminales electr�nicas y de los
electr�nicos, que hayan sido vendidos y habilitados para participar en el
sorteo.
(Art. 32 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.4.11.
Bloqueo de venta de billetes electr�nicos
y expedidos por m�quinas o terminales electr�nicas. Previa la realizaci�n del sorteo los distribuidores y/o los operadores
del juego de loter�a tradicional, bloquear�n la venta de billetes expedidos por
m�quinas o terminales electr�nicas, o por cualquier otro medio autorizado,
treinta (30) minutos antes de la realizaci�n del sorteo, a trav�s de su sistema
de gesti�n de juego.
Par�grafo. Los operadores del juego de
loter�a tomar�n todas las medidas administrativas tendientes a garantizar el
normal y oportuno flujo de informaci�n relacionada con la devoluci�n, reporte y
bloqueo de venta de la billeter�a, y formular�n un plan de contingencia para
garantizar la soluci�n de los inconvenientes de tipo t�cnico que se puedan
presentar.
(Art. 33 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.1.
Derechos de explotaci�n. En la operaci�n por intermedio de terceros, los derechos de
explotaci�n ser�n, como m�nimo, del diecisiete por ciento (17%) de los ingresos
brutos del juego, con arreglo a lo dispuesto en los art�culos 7�, 8� y 49 de la
Ley 643 de 2001.
(Art. 34 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.2.
Declaraci�n y pago de los derechos de
explotaci�n. En los casos en que el juego se opere
por intermedio de terceros, dentro de los diez (10) primeros d�as h�biles de
cada mes, los concesionarios del juego de loter�a liquidar�n y declarar�n ante
el concedente los derechos de explotaci�n causados en el mes anterior,
incluidos los intereses a que haya lugar, as� como los gastos de
administraci�n. Dentro del mismo plazo, los concesionarios girar�n dichos
recursos a los fondos de salud de las entidades territoriales correspondientes
y a las entidades concedentes, respectivamente.
La
declaraci�n se presentar� en los formularios dise�ados por la Secretar�a
T�cnica del Consejo Nacional de Juego de Suerte y Azar, o por la entidad que
haga sus veces, los cuales ser�n suministrados por la entidad concedente. El
pago de los derechos de explotaci�n se acreditar� con copia de un comprobante
v�lido expedido por el concedente.
(Art. 35 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.3.
Anticipo.
Los concesionarios del juego de loter�as pagar�n mensualmente a la entidad
concedente a t�tulo de derecho de explotaci�n, el diecisiete por ciento (17%)
de sus ingresos brutos.
Al
momento de la presentaci�n de la declaraci�n de los derechos de explotaci�n, se
pagar�n a t�tulo de anticipo de derechos de explotaci�n del siguiente per�odo,
un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los derechos de
explotaci�n que se declaran.
En
el caso de nuevos concesionarios el primer pago de anticipo se realizar� con
base en los ingresos brutos esperados, de acuerdo con el estudio de mercado
elaborado para el efecto y presentado en el marco de la licitaci�n previa a la
celebraci�n del contrato de concesi�n.
Par�grafo.
La diferencia entre el valor total de los derechos liquidados en el periodo y
el anticipo pagado en el per�odo anterior constituir� el remanente o saldo de
los derechos de explotaci�n a pagar por el per�odo respectivo.
En
el evento de que el valor total de los derechos de explotaci�n del per�odo sea
inferior al anticipo liquidado por el mismo, proceder� el reconocimiento de compensaciones
contra futuros derechos de explotaci�n.
(Art. 36 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.4.
Impuesto a ganadores. Las empresas operadoras del juego de loter�a liquidar�n, retendr�n,
declarar�n y girar�n dentro de los diez (10) primeros d�as h�biles de cada mes,
a sus titulares, el impuesto a ganadores de premios del juego de loter�a
tradicional o de billetes establecido en el art�culo 48 de la Ley 643 de 2001.
Este impuesto ser� retenido por las empresas operadoras al momento de pagar el
premio.
(Art. 37 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.5.
Impuesto de loter�as for�neas. Dentro de los primeros diez (10) d�as de cada mes, las empresas
operadoras del juego de loter�a liquidar�n, declarar�n y pagar�n a los
departamentos y al Distrito Capital el impuesto de loter�as for�neas
establecido en el art�culo 48 de la Ley 643 de 2001. Este impuesto se liquidar�
sobre el valor nominal de cada billete o fracci�n vendido y no se causar� en la
jurisdicci�n de la entidad territorial que explote la respectiva loter�a ni en
los departamentos o el Distrito Capital, seg�n el caso, con los que aquella se
encuentre asociada para administrar u operar el juego.
(Art. 38 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.6.
Formularios de declaraci�n y liquidaci�n
de derechos de explotaci�n, de impuesto de loter�as for�neas e impuesto sobre
premios de loter�as. Los formularios para
declaraci�n y liquidaci�n de derechos de explotaci�n, de impuesto de loter�as
for�neas e impuesto sobre premios de loter�as, ser�n adoptados por el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
El
formulario para declaraci�n y liquidaci�n de los derechos de explotaci�n en la
operaci�n por medio de terceros, ser� suministrado por la entidad concedente.
Los
formularios de impuesto de loter�as for�neas e impuesto sobre premios de
loter�as, ser�n suministrados por el administrador de los respectivos fondos de
salud.
(Art. 39 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.7.
Transferencia de las rentas al sector
salud. Los operadores directos del juego de
loter�a tradicional, dentro de los primeros diez (10) d�as h�biles de cada mes,
liquidar�n y girar�n a los fondos de salud de las entidades territoriales
correspondientes, el 12% de los ingresos brutos obtenidos por la venta del
juego de loter�a del mes anterior.
El
giro deber� comunicarse a la respectiva entidad territorial dentro de los tres
(3) d�as h�biles siguientes a la fecha de la consignaci�n, suministr�ndose
adem�s la siguiente informaci�n:
a) N�mero de billetes indivisos o n�mero de fracciones vendidos en el mes
anterior discriminados por cada sorteo y el valor unitario de venta al p�blico.
b) Valor de venta al p�blico de los billetes de que trata el literal
anterior.
c) Valor de la renta generada y transferida por las ventas realizadas de
acuerdo con el literal anterior.
(Art. 40 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.5.8.
Inter�s de mora y sanciones. El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los
recursos de que trata este t�tulo, causar� intereses moratorios a favor de
quien debi� recibirlos, liquidados a la tasa de inter�s moratorio establecida
para los tributos administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN); en lo que sea pertinente se aplicar� lo dispuesto por el
Decreto Ley 1281 de 2002 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
y, en general, por aquellas que se expidan sobre el flujo de recursos del
sector salud.
(Art. 41 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.1.
Modalidades de operaci�n del juego de loter�a
tradicional o de billetes por parte de entidades territoriales. En los t�rminos de los art�culos 7� y 16 de la Ley 643 de 2001, las
entidades territoriales podr�n operar el juego de loter�a tradicional o de
billetes directamente o mediante asociaci�n o a trav�s de terceros. Para la
operaci�n directa, las entidades territoriales lo har�n a trav�s de Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y para la operaci�n asociada, mediante la
constituci�n de Sociedades de Capital P�blico Departamental.
Para
la operaci�n por medio de terceros, las entidades territoriales podr�n entregar
en concesi�n el juego de manera individual, o en forma conjunta, en este caso,
podr�n adem�s constituir asociaciones de Empresas Industriales y Comerciales
del Estado o asociaciones de entidades p�blicas, en los t�rminos del art�culo
95 de la Ley 489 de 1998 o en las normas que los adicionen, modifiquen o
sustituyan.
En
este �ltimo evento, en el convenio que se celebre se determinar�n, entre otros,
los criterios de distribuci�n de los derechos de explotaci�n que genere la
operaci�n del juego entre las entidades territoriales concedentes que hagan
parte del respectivo convenio, del impuesto a ganadores, el nombre comercial
del juego de loter�a y los mecanismos para adelantar el proceso de selecci�n,
adjudicaci�n y celebraci�n del respectivo contrato de concesi�n.
(Art. 42 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.2.
Iniciaci�n de la operaci�n. La iniciaci�n de la operaci�n del juego de loter�a tradicional o de
billetes se sujetar� al procedimiento que se define en el presente cap�tulo.
En
la operaci�n directa del juego de loter�a tradicional se entiende por
iniciaci�n de la operaci�n, la ocurrencia de los siguientes eventos:
a) Cuando un n�mero plural de departamentos opten por la explotaci�n
asociada y constituyan una Sociedad de Capital P�blico Departamental.
b) Cuando las empresas y entidades operadoras reinicien sus sorteos tras
una suspensi�n voluntaria, siempre que se ajusten a lo establecido en este
t�tulo y se encuentren a paz y salvo con las obligaciones relacionadas con el
sector salud, seg�n certificaci�n que expida la entidad territorial respectiva.
c) Cuando los departamentos o el Distrito Capital disuelvan una Sociedad
de Capital P�blico Departamental para operar el juego de loter�a tradicional
por intermedio de su propia empresa industrial y comercial.
d) Cuando se trate de Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
Sociedades de Capital P�blico Departamental que administran y operan el juego
de loter�a tradicional que reemplazan a las que hayan adelantado liquidaciones
voluntarias.
En
la operaci�n por terceros se considera que hay iniciaci�n de la operaci�n a
partir de la iniciaci�n de la ejecuci�n del contrato de concesi�n para operar
el juego de loter�a tradicional
Par�grafo 1. De conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del art�culo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por
el Decreto-ley 4144 de 2011, corresponde al Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar establecer el t�rmino y las condiciones en que las empresas que sean
administradoras u operadoras del juego de loter�a podr�n recuperar la capacidad
para realizar la operaci�n directa de la actividad respectiva.
Par�grafo 2. En todo caso, las entidades
que inicien la operaci�n del juego de loter�a tradicional deber�n presentar paz
y salvo expedido por el departamento o departamentos titulares de la renta por
concepto de transferencias al sector salud.
(Art. 43 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.3.
Estudio de factibilidad. Las entidades territoriales a trav�s de la entidad administradora del
monopolio, aplicando el m�todo de formulaci�n y evaluaci�n de proyectos,
determinar�n si la operaci�n de la loter�a generar� rentabilidad social y
econ�mica de manera sostenible, todo lo cual se deber� realizar a trav�s de un
estudio de factibilidad que deber� contener lo siguiente:
a) Estudio de mercado;
b) Estudio t�cnico;
c) Estudio econ�mico;
d) Evaluaci�n econ�mica;
e) An�lisis y administraci�n del riesgo.
(Art. 44 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.4.
Estudio de mercado. Para establecer si desde el punto de vista comercial es viable la
introducci�n de la loter�a, las entidades administradoras del monopolio deber�n
elaborar el estudio de mercado determinando y cuantificando la demanda y la
oferta mediante el an�lisis de esquema de precios y el estudio de los canales
de comercializaci�n de la loter�a tradicional y la de los juegos de suerte y
azar sustitutos. El estudio de mercado debe contener como m�nimo lo siguiente:
a) Definici�n del producto, incluyendo el perfil probabil�stico y el valor
de los premios ofrecidos;
b) An�lisis de la demanda, indicando distribuci�n geogr�fica,
comportamiento hist�rico y proyecci�n de la demanda;
c) An�lisis de la oferta, caracterizando los competidores directos y
proyectando su desempe�o;
d) An�lisis de precios, incluyendo su comportamiento hist�rico y su
proyecci�n;
e) Descripci�n de los canales de comercializaci�n.
Par�grafo. El estudio de mercado se
realizar� consultando fuentes primarias y secundarias.
Para
analizar la informaci�n obtenida de las fuentes primarias se efectuar� el
correspondiente trabajo de campo y se aplicar�n instrumentos de recolecci�n de
informaci�n a los consumidores, distribuidores, vendedores y al p�blico en
general, utilizando procedimientos estad�sticos de reconocido valor cient�fico.
Las fuentes secundarias ser�n los registros estad�sticos de la industria y de
la econom�a en su conjunto y los propios registros de la empresa cuando sea del
caso.
(Art. 45 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.5.
Estudio t�cnico. Las entidades administradoras del monopolio deber�n realizar un
estudio t�cnico que permita establecer si desde el punto de vista tecnol�gico y
organizacional es viable la introducci�n de la loter�a, determinando el tama�o
de la organizaci�n empresarial, los elementos para el juego, los recursos
tecnol�gicos requeridos; si los costos que se generan son financiables con
cargo a la fracci�n de los ingresos brutos destinados para gastos de
administraci�n de la empresa operadora. Dicho estudio determinar� como m�nimo:
a) Equipos, instalaciones, elementos del juego, equipos de c�mputo y
comunicaciones (hardware y software) y en general los activos fijos que se
requieran para operar el juego de loter�a;
b) Clase y tama�o de la organizaci�n y de su planta de personal;
c) Si se trata de una asociaci�n de departamentos se requiere adem�s un
estudio de localizaci�n.
(Art. 46 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.6.
Estudio econ�mico. Las entidades administradoras del monopolio deber�n realizar un estudio
econ�mico que permita consolidar la informaci�n financiera obtenida por medio
de los estudios de mercado y t�cnico, calcular los ingresos y la inversi�n
inicial, la cual depende del tipo de organizaci�n y de la tecnolog�a
seleccionadas y del capital de trabajo requerido, aplicando la metodolog�a de
los estados financieros proyectados. Adicionalmente, se preparar� un flujo de
tesorer�a.
Estas
estimaciones se har�n para un horizonte de cinco (5) a�os y ser�n la base para
la evaluaci�n econ�mica del proyecto.
El
estudio econ�mico determinar� el valor de la inversi�n inicial de la siguiente
forma:
a) Valor de la inversi�n fija, representada por los equipos,
instalaciones, elementos del juego, equipos de c�mputo y comunicaciones
(hardware y software) y en general los activos fijos que se requieran para
operar el juego de loter�a. En las empresas en marcha la asignaci�n de activos
fijos se reconocer� por su valor en libros;
b) Valor del capital de trabajo;
c) Valor del fondo inicial de reserva;
d) Valor de los gastos preoperativos diferidos, incluyendo los costos de
lanzamiento;
e) Valor del patrimonio t�cnico requerido.
(Art. 47 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.7.
Evaluaci�n econ�mica. Las entidades administradoras del monopolio deber�n realizar una
evaluaci�n econ�mica que determine la conveniencia de la operaci�n, de
conformidad con los siguientes indicadores:
a) Tasa interna de retorno;
b) Valor presente neto de los flujos de caja;
c) Relaci�n costo-beneficio.
d) El punto de equilibrio en pesos y unidades definido como el volumen de
ventas en pesos y en unidades que produce una contribuci�n marginal suficiente
para pagar los gastos de administraci�n y funcionamiento; la contribuci�n
marginal se calcular� deduciendo de los ingresos brutos el descuento en ventas
reconocido a la red de distribuci�n, la renta del monopolio, el impuesto a
for�neas, la rentabilidad m�nima, los premios en poder del p�blico y la reserva
para el pago de premios.
Par�grafo. Los flujos netos de caja se
obtendr�n de los estados de resultados proyectados devolviendo las
depreciaciones y las amortizaciones despu�s de calcular la utilidad neta y se
descontar�n a una tasa no inferior a la DTF vigente al momento del estudio.
(Art. 48 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.8.
An�lisis y administraci�n del riesgo. Las entidades que pretendan operar el juego de loter�a deber�n
establecer los riesgos de mercado, de entorno econ�mico y de estructura
probabil�stica del plan de premios, mediante la medici�n del riesgo t�cnico y
la suficiencia del r�gimen de reservas y margen de solvencia requerido para
gestionarlo, para lo cual deber�n determinar el nivel de provisiones requerido
de acuerdo con el riesgo del operador.
(Art. 49 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.9.
Requisitos de eficiencia. Las entidades que pretendan operar el juego de loter�a tradicional se
someter�n a los criterios de eficiencia de que tratan los art�culos 50 y 51 de
la Ley 643 de 2001 y a las disposiciones que expida el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar sobre la materia.
(Art. 50 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.10.
Operaci�n por medio de terceros. Cuando la operaci�n del juego de loter�a tradicional o de billetes se
realice a trav�s de terceros, la persona jur�dica contratista ser� seleccionada
mediante un proceso de licitaci�n p�blica, con arreglo a la Ley del R�gimen
Propio del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar y el Estatuto
General de Contrataci�n de la Administraci�n P�blica y las normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan. Tales contratos ser�n celebrados por un
t�rmino improrrogable no inferior de tres (3) a�os ni superior a cinco (5) a�os
y en estos se pactar�n las cl�usulas excepcionales de caducidad, modificaci�n,
interpretaci�n y terminaci�n unilateral, y su inclusi�n ser� expresa en los
respectivos contratos. As� mismo se deber� pactar la constituci�n de las
garant�as de cumplimiento del contrato y del pago de los premios a los
apostadores.
Par�grafo 1. Los departamentos que de
conformidad con el art�culo 50 de la Ley 643 de 2001 hayan liquidado o deban
liquidar su empresa operadora de loter�a, por haber presentado p�rdidas durante
tres (3) a�os consecutivos, solo podr�n operar el juego de loter�a tradicional
a trav�s de terceros.
Par�grafo 2. Los terceros que pretendan
operar el juego de loter�a deber�n acreditar los requisitos se�alados en el
presente t�tulo para el inicio de la operaci�n.
Par�grafo 3. No podr�n ser operadoras de
juegos de loter�as aquellas empresas que utilicen los resultados de otros
juegos, ni empresas cuyos socios tengan propiedad accionaria en empresas que
utilicen los resultados de otros juegos.
(Art. 51 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.11.
Requisitos de capacidad financiera. La entidad que pretenda operar el juego de loter�a tradicional, deber�
respaldar y garantizar las obligaciones con los apostadores y con el sector
salud, acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos de forma
permanente:
a) Respaldo patrimonial. Disponer de un patrimonio t�cnico cuyo valor no
podr� ser menor al monto del premio mayor ofrecido. El cumplimiento de este
requisito procede sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de solvencia
que se le exijan a quien opere simult�neamente otros juegos.
b) Raz�n de endeudamiento. No podr� presentar una raz�n de endeudamiento
superior al 65%;
c) Fondo inicial de reserva. Constituir un fondo inicial de reservas
t�cnicas, cuyo monto no podr� ser inferior al monto del premio mayor ofrecido.
d) Este fondo ser� reconocido contablemente de conformidad con las normas
de contabilidad que le sean aplicables a la entidad y deber� ser depositado
aparte en cuentas creadas exclusivamente para el efecto, sin hacer unidad de
caja con los dem�s recursos de la entidad operadora.
e) Requisitos de liquidez. Las entidades que pretendan operar el juego de
loter�a tradicional deben disponer de un capital de trabajo para financiar sus
operaciones de corto plazo, cuyo monto ser� cuando menos, equivalente al valor
de 30 d�as de costos y gastos; para este c�lculo se debe excluir el monto del
fondo inicial de reservas.
(Art. 52 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.12.
Requisitos de experiencia. Para participar en el proceso de selecci�n de concesionario del juego
de loter�a tradicional, las empresas acreditar�n experiencia de cuando menos
tres (3) a�os en la operaci�n del juego en Colombia o en otro pa�s, en las
modalidades de loter�a tradicional, instant�nea o tipo loto.
(Art. 53 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.13.
Eficiencia contractual en la operaci�n
por medio de terceros. En los documentos y
estudios previos del proceso licitatorio para la escogencia del operador del
juego de loter�a tradicional o de billetes, se se�alar� el monto de las ventas
m�nimas que durante toda la ejecuci�n del contrato, debe cumplir quien resulte
seleccionado como concesionario; estas ventas m�nimas constituyen un esfuerzo
de eficiencia que se exige del concesionario y una obligaci�n contractual que
deber� pactarse expresamente, de manera que su incumplimiento dar� lugar a las
consecuencias previstas en la ley de r�gimen propio.
Las
personas jur�dicas que pretendan participar en el proceso de selecci�n deber�n
efectuar sus propios estudios y evaluaciones t�cnicas, financieras, de mercado
y de an�lisis de riesgos, de manera que, previa a su participaci�n en el
proceso de selecci�n, determinen si pueden cumplir con las obligaciones de la
operaci�n del juego, incluyendo el porcentaje de derechos de explotaci�n que
deber�n transferir y el valor m�nimo de ventas exigido en los t�rminos de
referencia. La sola participaci�n en el proceso de selecci�n constituye prueba
de que los proponentes manifiestan su libre y expresa aceptaci�n sobre esas
obligaciones, ventas m�nimas y porcentajes a transferir, sin que haya lugar a
reclamaciones o indemnizaciones posteriores por esta raz�n, en caso de resultar
adjudicatarios.
(Art. 54 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.14.
Documentaci�n adicional. Los terceros operadores que pretendan iniciar la operaci�n del juego de
loter�a tradicional deber�n allegar ante el Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar los siguientes documentos:
a) Ordenanza o decreto que ordena la creaci�n de la empresa o escritura
p�blica de constituci�n de la misma y certificado de existencia y
representaci�n legal;
b) Declaraci�n expresa del operador de no encontrarse incurso en el
r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades, se�aladas en el art�culo 10 de
la Ley 643 de 2001.
Par�grafo. Cuando se trata de operadores
p�blicos deber�n cumplir adem�s con los requisitos establecidos en la Ley 489
de 1998, referidos a la creaci�n de Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Capital P�blico.
(Art. 55 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.6.15.
Tr�mite y Concepto del Consejo Nacional
de Juegos de Suerte y Azar. Radicada la
documentaci�n ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, esta
instituci�n verificar� que cumpla con todos los requisitos se�alados en el
presente t�tulo.
En
caso de que sea necesario adicionar o aclarar la informaci�n entregada, se
comunicar� por una sola vez al interesado, y para el efecto se le conceder� un
plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del requerimiento. Si
dentro de este plazo no se allega, se entender� que se desiste de la petici�n
y, en consecuencia, se proceder� a declarar el abandono de la solicitud.
Examinado
y verificado el cumplimiento de todos los requisitos, el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar proceder� a la elaboraci�n del respectivo cronograma de
sorteos, dentro de los quince (15) d�as h�biles siguientes.
(Art. 56 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.1.
Juegos prohibidos y pr�cticas no
autorizadas. Quedan prohibidas y constituyen
pr�cticas no autorizadas la explotaci�n, administraci�n u operaci�n del juego
de loter�a tradicional o de billetes que se adelanten en contravenci�n a los
mandatos contenidos en la Ley 643 de 2001 y las disposiciones del presente
t�tulo. En tales eventos, conforme se dispone en el art�culo 4� de la citada
ley, la autoridad de control competente podr� suspender esas actividades y
adoptar las medidas preventivas y de intervenci�n que resulten necesarias, sin
perjuicio del ejercicio de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control
correspondientes y de las acciones de tipo penal que deba adelantar la
autoridad competente, por ejercicio il�cito de actividad monopol�stica.
(Art. 57 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.2.
Indicadores de gesti�n y eficiencia. De conformidad con lo establecido en los art�culos 50 y 51 de la Ley
643 de 2001, y en el art�culo 47 ib�dem, modificado por el art�culo 2� del
Decreto-Ley 4144 de 2011, y con las normas que los sustituyan, modifiquen o
adicionen, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar definir� los
indicadores de gesti�n y eficiencia con los que ser�n calificados los
operadores p�blicos o privados del juego de loter�a tradicional o de billetes.
De
la misma manera, establecer� los eventos y situaciones que obligan a los
operadores del juego de loter�a tradicional o de billetes, a someterse a planes
de desempe�o, entre otras, por verse comprometida su viabilidad financiera o
institucional.
(Art. 58 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.3.
Calificaci�n de la gesti�n, eficiencia y
rentabilidad de las entidades operadoras del juego de loter�a tradicional o de
billetes. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte
y Azar calificar� anualmente la gesti�n y eficiencia de los operadores p�blicos
o privados del juego de loter�a tradicional o de billetes, con base en los
indicadores de gesti�n, eficiencia y rentabilidad y en el procedimiento
se�alado para el efecto.
(Art. 59 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.4.
Planes de desempe�o. Los operadores p�blicos o privados del juego de loter�a tradicional o
de billetes, que obtengan calificaci�n insatisfactoria o que incurran en
eventos y situaciones que comprometan su viabilidad financiera e institucional,
se someter�n a un plan de desempe�o en las condiciones que establezca el
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar en desarrollo de las facultades que
le fueron concedidas en el art�culo 47 de la Ley 643 de 2001, modificado por el
art�culo 2� del Decreto 4144 de 2011.
(Art. 60 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.5.
Deber de suministrar informaci�n. Las personas naturales y jur�dicas, p�blicas y privadas que en
cualquier forma o modalidad participen en la explotaci�n, administraci�n,
operaci�n, distribuci�n o comercializaci�n del juego de loter�a tradicional o
de billetes est�n en la obligaci�n de atender los requerimientos de informaci�n
formulados por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y por las
autoridades de control y vigilancia, los cuales hacen parte de los sistemas de
informaci�n del sector salud.
El
incumplimiento de esta obligaci�n dar� lugar a la imposici�n de las sanciones a
que haya lugar, en concordancia con lo dispuesto en los art�culos 116 y 131 de
la Ley 1438 de 2011.
(Art. 61 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.1.7.6.
Formatos y formularios. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar deber� expedir los
formatos, formularios e instrucciones de que trata este t�tulo.
(Art. 62 Decreto
3034 de 2013)
Art�culo 2.7.2.1.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente t�tulo se aplican a las entidades
territoriales, a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado de
cualquier orden, Sociedades de Capital P�blico Departamental y dem�s personas
jur�dicas, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 643 del 2001 exploten,
administren u operen el juego de apuestas permanentes o chance al que se
refiere el Cap�tulo IV de la Ley 643 del 2001.
(Art. 1 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.1.2.
Definiciones. Para
efectos del presente t�tulo, se adoptan las siguientes definiciones:
1. Agencia: Es el establecimiento de comercio
previamente autorizado por la entidad concedente, en el que bajo la dependencia
y responsabilidad de un concesionario, se colocan apuestas permanentes o chance
por medio de uno o varios puntos de venta.
No podr�n operar agencias
ni puntos de venta que no hayan sido previamente autorizados de manera expresa
y por escrito por la entidad concedente.
2. Apuesta: Es el valor pagado por el apostador,
sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas, registrado en el formulario
oficial que da derecho a participar en el juego de apuestas permanentes o
chance.
3. Colocadores del juego de apuestas permanentes o chance: Los colocadores de apuestas en el juego de apuestas permanentes o
chance, pueden ser dependientes o independientes, conforme a lo previsto en el
art�culo 13 de la Ley 50 de 1990 y dem�s disposiciones que la modifiquen o
adicionen.
4. Concesionario: Es la persona jur�dica que
celebra un contrato de concesi�n, con las entidades contempladas en el art�culo
22 de la Ley 643 de 2001, con el objeto de operar el juego de apuestas
permanentes o chance.
5. Entidades concedentes: Son las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden departamental o del Distrito
Capital, administradoras del juego de loter�a tradicional, o las Sociedades de
Capital P�blico Departamental de que trata la Ley 643 de 2001.
6. Formato: Son las especificaciones relativas al
tama�o, forma y dem�s caracter�sticas que debe tener el formulario �nico de
apuestas permanentes o chance, para el juego manual y para el juego
sistematizado.
7. Formulario �nico de apuestas permanentes o chance: Es un documento al portador, emitido y vendido por las entidades
concedentes a los concesionarios, en el cual se registran las apuestas en forma
manual o sistematizada.
8. Ingresos brutos: Se entiende por ingresos
brutos el valor total de las apuestas registradas en los formularios oficiales
del juego.
9. Juego autorizado: Se entiende por juego
autorizado el sorteo aut�nomo que realiza o autoriza la entidad concedente para
efectos exclusivos de utilizar su resultado en el juego de apuestas permanentes
o chance.
10. Loter�a
tradicional: Es la modalidad de juego de suerte y azar
definida en el art�culo 11 de la Ley 643 de 2001 o la norma que lo modifique o
adicione.
11. Operador
de apuestas permanentes o chance: Es el concesionario
que en virtud de un contrato de concesi�n, coloca en forma directa o indirecta
el juego de apuestas permanentes o chance.
(Art. 2 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.2.1.
Estructura del plan de premios. Los planes de premios para el juego de apuestas permanentes o chance
tendr�n como m�nimo la siguiente estructura:
1. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador,
en su orden, se pagar�n cuatro mil quinientos pesos ($4.500) por cada peso ($1)
apostado.
2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador,
en cualquier orden, se pagar�n doscientos ocho pesos ($208) por cada peso ($1)
apostado.
3. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en
su orden, se pagar�n cuatrocientos pesos ($400) por cada peso ($1) apostado.
4. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en
cualquier orden, se pagar�n ochenta y tres pesos ($83) por cada peso ($1) apostado.
5. Para el acierto de las dos (2) cifras seleccionadas por el jugador, en
su orden, se pagar�n cincuenta pesos ($50) por cada peso ($1) apostado.
6. Para el acierto de la �ltima y �nica (1) cifra seleccionada por el
jugador, se pagar�n cinco pesos ($5) por cada peso ($1) apostado.
Par�grafo. De acuerdo con el n�mero de
cifras seleccionadas por el jugador, cuatro (4), tres (3), dos (2) o una (1),
se entender� que corresponden a las cuatro, tres �ltimas, dos �ltimas, o
�ltima, del resultado del premio mayor de la loter�a o del juego autorizado.
(Art. 3 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.2.2.
Pago de premios. Los premios deber�n ser pagados por el concesionario a la presentaci�n
del documento de juego para su cobro, previas las retenciones de impuestos a
que haya lugar.
En
ning�n caso el premio podr� ser pagado en especie, ni en cuotas partes.
(Art. 4 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.2.3.
Informaci�n de aciertos. Los formularios que resultaren premiados dentro del ejercicio de la
apuesta deber�n ser reportados a la entidad concedente, dentro de los cinco (5)
d�as siguientes a la fecha de realizaci�n del sorteo.
(Art. 5 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.2.4.
Reservas t�cnicas para el pago de
premios. El concesionario del juego de apuestas
permanentes o chance, deber� efectuar la provisi�n de las reservas t�cnicas
para el pago de premios, en la forma prevista en el presente t�tulo.
(Art. 7 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.2.5.
Incentivos en el juego de apuestas
permanentes o chance. Las entidades concedentes
del juego de Apuestas Permanentes, previa solicitud del concesionario, podr�n
autorizar los siguientes incentivos en dinero y/o en especie, como un
porcentaje o valor adicional al del premio, seg�n la estructura del plan de
premios vigente.
Podr�n ofrecerse al p�blico incentivos con cobro y sin
cobro.
a) Con cobro: Los incentivos con cobro son aquellos donde el jugador
paga un valor adicional a la apuesta principal. En caso de acierto y cumpliendo
las condiciones establecidas para cada tipo de incentivo, el apostador se hace
acreedor al incentivo ofrecido.
b) Sin cobro: Los incentivos sin cobro son aquellos donde
el jugador no paga un valor adicional a la apuesta principal. En caso de
acierto y cumpliendo las condiciones establecidas para cada tipo de incentivo
el apostador se hace acreedor al incentivo ofrecido
(Modificado por Art. 6, Decreto
176 de 2017, modificado por el Art.4 del Decreto
4643 de 2005, Art. 8 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.2.6.
Requisitos para la autorizaci�n de los
incentivos con cobro. Las entidades concedentes
del juego de apuestas permanentes o chance podr�n autorizar incentivos con
cobro, bajo los siguientes requisitos m�nimos:
a) Estar asociado
al tiquete de la apuesta principal.
b)
Garantizar un retorno al jugador m�nimo as�: para premios de
contrapartida m�nimo un retorno del 43.5% y en el caso de premiaci�n fija un
retorno m�nimo del 50%.
c)
El concesionario debe demostrar capacidad econ�mica en t�rminos de
reservas para el pago de los incentivos ofrecidos al apostador.
d)
La autorizaci�n de estos incentivos puede otorgarse hasta por el mismo
t�rmino de ejecuci�n del contrato de concesi�n.
e)
El concesionario debe estar a paz y salvo en los pagos de derechos de explotaci�n
y gastos de administraci�n derivados de la rentabilidad m�nima.
f)
El concesionario deber� presentar con la solicitud de autorizaci�n a la
entidad concedente, la mec�nica del incentivo, la periodicidad y el valor del
incentivo a ofrecer.
g)
La autorizaci�n debe ser otorgada por la Entidad concedente mediante
acto administrativo debidamente motivado, Deber� ser remitido dentro de los 5
d�as h�biles siguientes a su firmeza al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
o a quien haga sus veces, para lo de su competencia.
(Modificado por Art. 7, Decreto
176 de 2017, Art. 9 Decreto
3535 de 2005, modificado por el Art. 5� del Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.2.2.7.
Condiciones de operaci�n de los
incentivos. Los incentivos en el juego de apuestas
permanentes o chance que podr�n ser autorizados por las respectivas entidades
concedentes y otorgados por los concesionarios son:
a) Una proporci�n adicional sobre el valor total del premio
correspondiente de conformidad con el plan de premios vigente y, de acuerdo al
porcentaje autorizado para el efecto por la respectiva entidad concedente,
previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente t�tulo;
b) Una proporci�n adicional sobre el valor total del premio
correspondiente de conformidad con el plan de premios vigente, en los
siguientes t�rminos:
1.
El apostador debe seleccionar cinco (5) n�meros de
tres (3) o de cuatro (4) cifras, siendo excluyente la combinaci�n de unas y otras,
con la expectativa de que dos (2) de los n�meros elegidos coincidan con el
resultado del premio mayor de dos (2) loter�as tradicionales; o con el
resultado de dos (2) juegos autorizados o con el resultado del premio mayor de
una loter�a tradicional y el resultado de un juego autorizado.
2.
El valor de la apuesta por los cinco (5) n�meros
seleccionados por el apostador no podr� ser inferior a quinientos pesos ($500)
moneda legal ni superior a mil quinientos pesos ($1.500) moneda legal. El valor
de la apuesta por cada n�mero seleccionado, para efectos de premios e
incentivos, corresponder� a la d�cima parte del valor total de la apuesta
efectuada.
3.
En el evento de coincidir dos (2) de los n�meros
apostados con los resultados del premio mayor de la loter�a o juego autorizado
elegidos por el apostador, este, adem�s de hacerse acreedor a los premios
previstos en el plan de premios del juego de apuestas permanentes o chance
expedido por el Gobierno Nacional, para cada uno de los aciertos alcanzados, obtendr�
los siguientes incentivos:
3.1.
Para la modalidad del juego de apuestas permanentes
o chance de tres (3) cifras, el apostador, en el evento de ser el �nico
ganador, recibir� doscientas cincuenta (250) veces el valor de la sumatoria de
los premios causados de conformidad con el plan de premios vigente para el
mencionado juego; en el evento en que resulte m�s de un ganador, el incentivo
se distribuir� entre los respectivos ganadores, en proporci�n al valor del
incentivo por peso apostado por cada jugador, de acuerdo con la siguiente
regla: El monto del incentivo que corresponder�a al valor m�s alto de la
apuesta ganadora para el respectivo sorteo se divide entre el resultado de la
sumatoria del valor de todas las apuestas ganadoras bajo esta modalidad de incentivo
y, el producto de esta divisi�n se multiplica por el valor de cada una de las
apuestas ganadoras.
3.2.
Para la modalidad del juego de apuestas permanentes
o chance de cuatro (4) cifras, el apostador, en el evento de ser el �nico
ganador, recibir� entre setenta y cinco (75) y trescientas setenta y un (371)
veces el valor de la sumatoria de los premios causados seg�n el plan de premios
vigente para el mencionado juego de acuerdo al monto del incentivo autorizado
por la respectiva entidad concedente. En el evento en que resulte m�s de un
ganador, el incentivo se distribuir� entre los respectivos ganadores, en
proporci�n al valor del incentivo por peso apostado por cada jugador, de
acuerdo con la siguiente regla: El monto del incentivo que corresponder�a al valor
m�s alto de la apuesta ganadora para el respectivo sorteo se divide entre el
resultado de la sumatoria del valor de todas las apuestas ganadoras bajo esta
modalidad de incentivo y, el producto de esta divisi�n se multiplica por el
valor de cada una de las apuestas ganadoras.
3.3.
En el evento de no coincidir simult�neamente dos
(2) de los n�meros apostados con los resultados del premio mayor de la loter�a
o juego autorizado elegidos por el apostador, pero presentarse aciertos estos
s�lo se reconocer�n y pagar�n de la siguiente manera:
3.3.1. Para el acierto de las tres (3) cifras seleccionadas por el jugador, en
su orden, se pagar�n veinticinco mil pesos ($25.000).
3.3.2. Para el acierto de las cuatro (4) cifras seleccionadas por el jugador,
en su orden, se pagar�n doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).
Los
premios previstos en los ordinales anteriores se ajustar�n anualmente de
acuerdo con el �ndice de inflaci�n estimado por el Banco de la Rep�blica.
4.
Este incentivo s�lo podr� otorgarse a la apuesta
que se efect�e a trav�s del mecanismo de explotaci�n sistematizado en l�nea y
en tiempo real.
Par�grafo. El monto del incentivo
correspondiente a la modalidad de cuatro (4) cifras, deber� ajustarse al tama�o
del mercado del juego de apuestas permanentes o chance en la respectiva
jurisdicci�n territorial en t�rminos de ingresos brutos mensuales y a la
capacidad del concesionario para mantener durante toda la vigencia de la
autorizaci�n la reserva requerida para el pago de incentivos. En el acto de
autorizaci�n de incentivos deber� efectuarse el an�lisis correspondiente.
(Art. 10 Decreto
3535 de 2005, modificado por el Art. 6 del Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.2.2.8.
Desconocimiento del r�gimen de
incentivos. El otorgamiento de incentivos por
parte de los concesionarios en contravenci�n a las disposiciones vigentes, de
conformidad con lo establecido en el art�culo 4 de la Ley 643 de 2001,
constituye pr�ctica ilegal y no autorizada y, por consiguiente configura la
causal de inhabilidad, para operar juegos de suerte y azar por cinco (5) a�os,
prevista en el art�culo 44 del mismo estatuto; lo anterior sin perjuicio de las
dem�s consecuencias que ello genere.
(Art. 7 Decreto
4643 de 2005)
SECCI�N 1
Planes de premios adicionales para el juego de apuestas
permanentes o chance
Art�culo
2.7.2.2.1.1.
Plan de premios para la modalidad de
chance de doble acierto con premio acumulado. En
el juego de chance con doble acierto de premio acumulado, el apostador
selecciona cinco (5) n�meros de tres (3) cifras o cinco (5) n�meros de cuatro
(4) cifras, con la expectativa de que dos (2) de los n�meros elegidos coincidan
con el resultado del premio mayor de dos (2) loter�as tradicionales; o con el
resultado de dos (2) juegos autorizados o con el resultado del premio mayor de
una loter�a tradicional y el resultado de un juego autorizado, que jueguen el
mismo d�a.
En el juego de
chance con doble acierto de premio acumulado, cuando en un mismo ciclo diario
de juego, varios jugadores seleccionen las combinaciones ganadoras, el premio
se distribuir� en partes iguales entre los ganadores.
5. En la modalidad
de Doble Chance de cuatro cifras se premiar�n las siguientes combinaciones:
a) El jugador
ganar� el premio acumulado de Doble Acierto de cuatro (4) cifras, cuando uno o
dos de los cinco (5) n�meros de cuatro (4) cifras consignados en el formulario
coincida con las cuatro cifras de los resultados del premio mayor de las
loter�as o juegos autorizados se�alados por el jugador. En caso de resultar m�s
de un ganador para el Doble Acierto acumulado de cuatro (4) cifras del juego
del d�a, el premio se dividir� por partes iguales entre los ganadores.
b)
Acumulado Doble Acierto de cuatro (4) cifras: El acumulado inicial ser� m�nimo
de ciento cuarenta y cinco mil (145.000) veces el valor apostado, calculado
sobre el valor total de la apuesta. En caso de no haber ganadores, se
incrementar� de forma autom�tica el premio acumulado con el 6.5% de los
ingresos brutos de la venta diaria por esta modalidad. El 7.5% de los ingresos
brutos obtenidos, se reservar� para garantizar el premio inicial, una vez esta
reserva alcance el valor del premio inicial, se destinar� dicho porcentaje de
forma autom�tica para incrementar el premio acumulado.
c) Cuando alguno
de los cinco (5) n�meros de cuatro (4) cifras consignados en el formulario
coincida �nicamente con el resultado del premio mayor de una (1) de las dos (2)
loter�as o juegos autorizados se�alados por el jugador, el operador le pagar� a
�ste un premio m�nimo equivalente a tres mil pesos ($3.000) por cada peso
apostado, calculado sobre el valor apostado a cada n�mero.
�
2. En la modalidad
de Doble Chance de tres cifras se premiar�n las siguientes combinaciones:
a) El jugador
ganar� el premio acumulado de Doble Acierto de tres (3) cifras, cuando uno o
dos de los cinco (5) n�meros de tres (3) cifras consignados en el formulario
coincida con las tres �ltimas cifras de los resultados del premio mayor de las
loter�as o juegos autorizados se�alados por el jugador. En caso de resultar m�s
de un ganador para el Doble Acierto acumulado de tres (3) cifras del juego del
d�a, el premio se dividir� por partes iguales entre los ganadores.
b)
Acumulado Doble Acierto de tres (3) cifras: El acumulado inicial ser� m�nimo de
dos mil novecientas (2.900) veces el valor apostado,
calculado sobre el valor total de la apuesta. En caso de no haber ganadores, se
incrementar� de forma autom�tica el premio acumulado con el 14% de los ingresos
brutos de la venta diaria por esta modalidad.
c) Cuando alguno de los cinco (5) n�meros de tres (3)
cifras consignados en el formulario coincida �nicamente con el resultado del
premio mayor de una (1) de las dos (2) loter�as o juegos autorizados se�alados
por el jugador, el operador le pagar� a �ste un premio m�nimo equivalente a
trescientos pesos ($300) por cada peso apostado, calculado sobre el valor
apostado a cada n�mero.
Par�grafo
1.
El doble acierto solo podr� venderse a trav�s del mecanismo de
comercializaci�n
que se realice en l�nea y tiempo real.
Par�grafo 2. El plan de premios que implique reservas solamente podr�
comenzar a operar una vez los operadores adopten el r�gimen de reservas y
provisiones y dem�s condiciones que establezca el Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar. En todo caso se deber� garantizar que el retorno al p�blico sea
cuando menos e144% de los ingresos brutos del juego.
Par�grafo 3. El valor de la apuesta por los cinco (5) n�meros
seleccionados por el apostador, tanto en la categor�a de cuatro (4) como de
tres (3) cifras, ser� una cantidad fija que no podr� ser inferior a quinientos
pesos ($500) ni superior a la centena m�s cercana del veinte por ciento (20%)
de una Unidad de Valor Tributario (UVT).
Par�grafo 4. Las empresas concesionarias del juego de apuestas
permanentes podr�n asociarse para la operaci�n del plan de premios del doble
acierto acumulado, en las condiciones que establezca el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar. En todo caso, la operaci�n asociada debe ser aprobada
por cada una de las entidades concedentes afectadas.
Par�grafo 5. El ofrecimiento al p�blico del doble acierto de premio
acumulado ser�
potestativo
de cada empresa operadora del juego.
Par�grafo 6. El operador
para iniciar sus ventas deber� informar a la entidad concedente (loter�a o
departamento) el valor de las apuestas, acreditando el cumplimiento de lo
reglamentado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, seg�n el
par�grafo 2 del presente art�culo.
(Adicionado por Art. 5, Decreto
176 de 2017)
Art�culo 2.7.2.3.1.
Contenido del formulario �nico de apuestas
permanente o chance. El formulario �nico para el
juego de apuestas permanentes o chance, deber� contener la siguiente
informaci�n:
1) Nombre de la entidad concedente.
2) Nombre o raz�n social del concesionario.
3) N�mero y fecha del contrato de concesi�n del juego de apuestas permanentes
o chance.
4) Numeraci�n consecutiva.
5) Ciudad y fecha de expedici�n del formulario.
6) N�mero de Identificaci�n Tributaria del concesionario.
7) Domicilio comercial del concesionario.
8) Nombre de la loter�a tradicional o juego autorizado, con el que se cursar�
la apuesta.
9) Fecha del sorteo.
10) N�mero del carn� del colocador o la m�quina autorizada.
11) Agencia de la cual depende el colocador.
12) El n�mero o n�meros seleccionados por el apostador para hacer su
apuesta. Cada uno de los n�meros seleccionados por el jugador no podr� contener
m�s de cuatro (4) cifras.
13) Valor apostado a cada n�mero.
14) Valor de pago incentivo con cobro
15) Valor del IVA generado por la apuesta
16) Valor total de las apuestas realizadas
17) Denominaci�n del incentivo
18) C�digo de seguridad.
19) Plan de premios.
Par�grafo 1. S�lo se podr�n realizar
apuestas en formularios que cumplan con lo dispuesto en el presente art�culo.
Par�grafo 2. El t�rmino para la
conservaci�n del formulario �nico del juego de apuestas permanentes o chance,
ser� el previsto para los papeles y documentos del comerciante en el C�digo de
Comercio y las normas que sustituyan, modifiquen, complementen o adicionen la
materia.
(Modificado por Art. 8, Decreto
176 de 2017, Art. 8 Decreto
1350 de 2003, modificado en el Par�grafo 2� por
el Art. 1 del Decreto
309 de 2004)
Art�culo 2.7.2.3.2.
Formato del formulario �nico manual. Los formularios para el juego de apuestas permanentes o chance que sean
diligenciados manualmente, deber�n ser impresos en papel de seguridad, con un
color para el original y el otro para la copia, agruparse en talonarios de
cincuenta (50) unidades en original y una copia y su tama�o ser� determinado
por la entidad concedente.
(Art. 9 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.3.3.
Operaci�n sistematizada y electr�nica. Los formularios usados en la venta sistematizada y electr�nica deber�n
contener la informaci�n establecida en el
Art�culo 2.7.2.3.1 del presente t�tulo. Las entidades concedentes autorizar�n
los rangos num�ricos o alfanum�ricos consecutivos de los formularios a las
empresas concesionarias, los cuales s�lo podr�n ser usados para el registro de
las apuestas del juego de apuestas permanentes o chanceo
Los formularios para el juego de apuestas permanentes o chance que sean
diligenciados en forma sistematizada deber�n ser impresos �nicamente en la
papeler�a suministrada por la entidad concedente, la cual deber� cumplir con
las condiciones establecidas en el art�culo 2.7.2.3.1.
Para cualquiera de los casos la informaci�n registrada en el formulario
corresponder� a la prevista para el formulario �nico de apuestas permanentes o
chanceo La numeraci�n ser� consecutiva, identificada con un n�mero serial �nico
para cada formulario con el cu�l, a trav�s del sistema, se puedan verificar los
datos de su expedici�n: fecha, n�mero o n�meros apostados, valor apostado por
cada n�mero, ciudad, hora y terminal.
La entidad concedente deber� validar los sistemas
dispuestos para la operaci�n, con el fin de garantizar su integridad, seguridad
y la informaci�n generada por los mismos.
Par�grafo 1. En el
formulario suministrado por las entidades concedentes para el registro de las
transacciones de la operaci�n del juego de apuestas permanentes sistematizado
podr�n cursarse otros juegos de suerte y azar que se encuentren debidamente
autorizados y otros productos y servicios.
La numeraci�n autorizada por la entidad concedente s�lo
podr� ser utilizada para el registro de apuestas del juego de apuestas
permanentes o chance
El sistema debe
garantizar que cada transacci�n realizada pueda ser individualizada, de tal
forma que permita a las autoridades respectivas ejercer vigilancia permanente e
inmediata de cada operaci�n realizada por el operador.
Par�grafo 2. La concedente, previa solicitud
del concesionario, y atendiendo los l�mites territoriales de la concesi�n,
autorizar� la utilizaci�n del internet como canal de comercializaci�n de las
apuestas permanentes, en cuyo caso el concesionario generar� un soporte de la
apuesta virtual realizada, el cual contendr� como m�nimo la informaci�n
contenida en el art�culo 2.7.2.3.1., bajo la misma serie consecutiva
autorizada, que permita individualizar e identificar la apuesta virtual.
Previo
a la comercializaci�n por medios virtuales e internet, el Consejo Nacional de
Juegos de Suerte y Azar expedir� la regulaci�n en cuanto a territorialidad y
dem�s temas que en materia t�cnica se requieran para la operaci�n por estos
medios.
(Modificado por Art. 9, Decreto
176 de 2017, Art. 10 Decreto
1350 de 2003, modificado del segundo inciso en
adelante por el Art.1 del Decreto
777 de 2004)
Art�culo 2.7.2.4.1.
Operaci�n a trav�s de terceros del Juego
de Apuestas Permanentes o Chance. El Juego de
Apuestas Permanentes o Chance, de conformidad con lo previsto, en el art�culo
22 de la Ley 643 de 2001, s�lo podr� operarse a trav�s de terceros
seleccionados mediante licitaci�n p�blica.
(Art. 4 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.2.
R�gimen aplicable al contrato de
concesi�n. El contrato de concesi�n del juego de
apuestas permanentes o chance, se regir� por la Ley de R�gimen Propio de los
Juegos de Suerte y Azar, el Estatuto General de Contrataci�n de la
Administraci�n P�blica, y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos.
(Art. 12 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.4.3.
Inhabilidades de los concesionarios. Sin perjuicio de las inhabilidades a que se refiere el art�culo 10 de
la Ley 643 de 2001 y el Estatuto General de Contrataci�n de la Administraci�n
P�blica, las entidades concedentes deber�n reportar a la Contadur�a General de
la Naci�n, la relaci�n de sus deudores morosos por concepto de la explotaci�n
del Juego de Apuestas Permanentes o Chance.
El
concedente, una vez conocida la causal de inhabilidad iniciar� inmediatamente
las acciones correspondientes e informar� a su junta Directiva y al Gobernador
o Alcalde Mayor de Bogot�, D. C., seg�n el caso, para efectos del cumplimiento
de estas medidas.
(Art. 6 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.4.
Estudios de Mercado. Las entidades concedentes, de conformidad con la Ley 643 de 2001,
podr�n realizar directamente o contratar con terceros de reconocida experiencia
en el an�lisis e investigaci�n de mercados, en los t�rminos de la Ley 80 de
1993, los estudios de mercado de que trata el art�culo 23 del r�gimen propio
del monopolio de juegos de suerte y azar.
Dichos
estudios podr�n ser realizados directamente por las entidades concedentes,
siempre y cuando cuenten dentro de su estructura organizacional con los
recursos humanos y t�cnicos adecuados en t�rminos de experiencia y capacidad
operativa, para adelantarlo.
Los
estudios de mercado deber�n ajustarse a lo indicado por la Superintendencia
Nacional de Salud y como m�nimo, determinar el tama�o del mercado de todos los
juegos de suerte y azar que tengan relaci�n o afecten el Juego de Apuestas
Permanentes o Chance que operen en la respectiva jurisdicci�n territorial.
Igualmente,
deber�n determinar el tama�o del mercado del Juego de Apuestas Permanentes o
Chance en la respectiva jurisdicci�n territorial; el monto de ingresos brutos
que se espera genere la respectiva concesi�n durante su t�rmino de duraci�n y
el valor mensual y anual que por concepto de derechos de explotaci�n debe
producir la respectiva concesi�n. Estos estudios podr�n revisarse en los
t�rminos y condiciones establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud.
La
Superintendencia Nacional de Salud podr� contratar estudios de mercado
selectivos sobre el Juego de Apuestas Permanentes o Chance que ser�n de
referencia obligatoria para el concedente y el concesionario, los cuales
deber�n ajustar su relaci�n contractual, si es del caso, de acuerdo con los
t�rminos de la Ley 80 de 1993, para lo cual el representante legal de la
entidad concedente iniciar� las acciones correspondientes de manera inmediata a
su conocimiento y lo comunicar� a su Junta Directiva y al Gobernador o el
Alcalde Mayor de Bogot�, D. C., para el respectivo seguimiento.
(Art. 2 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.5.
Publicidad estudios de mercado. Los estudios de mercado de que trata el art�culo 23 de la Ley 643 de
2001 y el art�culo anterior, forman parte integrante de los pliegos de
condiciones de los procesos licitatorios que tienen por objeto adjudicar
mediante concesi�n la operaci�n del juego de apuestas permanentes o chance en
una determinada jurisdicci�n territorial y de los respectivos contratos de
concesi�n y, por tanto deber�n sujetarse a los requisitos de publicidad de que
trata la Ley 80 de 1993, y su reglamentaci�n compilada en el Decreto �nico del
sector de Planeaci�n Nacional.
(Art. 2 Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.6.
Revisi�n estudios de mercado. La entidad concedente de la operaci�n del juego de apuestas
permanentes o chance, sin perjuicio del estudio de mercado previo a la
convocatoria de la licitaci�n p�blica correspondiente, podr� realizar, durante
la ejecuci�n del respectivo contrato, de oficio o a solicitud del
concesionario, un estudio de mercado a partir del segundo a�o de la concesi�n,
con el fin de revisar el potencial del juego de apuestas permanentes y el
cumplimiento de las condiciones econ�micas del contrato. Los estudios de
mercado se har�n en los t�rminos y condiciones previstos por la
Superintendencia Nacional de Salud.
Si
como resultado de dicho estudio se determina un aumento o disminuci�n del monto
mensual y anual de los derechos de explotaci�n previamente establecidos, se
deber�n hacer los ajustes correspondientes en el contrato de concesi�n de
acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
(Art.3 Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.7.
Registro diario de apuestas permanentes o
chance. De acuerdo con lo dispuesto por el
art�culo 26 de la Ley 643 de 2001 o la norma que la modifique o adicione, los
concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance deber�n llevar como
libro auxiliar de contabilidad, un registro diario manual o magn�tico de sus
operaciones diarias debidamente foliado para el asiento contable de las
apuestas, cuyos valores estar�n en concordancia con los anotados en el
formulario �nico de apuestas permanentes o chance o los registrados en el
sistema.
Dicho
registro deber� mantenerse actualizado y disponible en forma permanente para la
fiscalizaci�n, control y vigilancia de las autoridades competentes. Los
soportes de este registro ser�n diligenciados por los colocadores del juego a
medida que se van recibiendo las apuestas y ser� consolidado por el
concesionario, sin perjuicio de su obligaci�n de responder en todos los casos
por el registro diario y por los premios correspondientes al total de las
apuestas.
En
el registro diario de apuestas permanentes o chance se anotar�: serie, n�mero,
fecha, identificaci�n de la loter�a o juego autorizado con que se apuesta,
c�digo del vendedor, n�meros seleccionados por el apostador y el valor apostado.
As� mismo, deber� incluirse en el registro diario el asiento de los formularios
anulados o perdidos, debiendo en este �ltimo caso soportarse con la respectiva
denuncia.
(Art. 11 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.4.8.
Requisitos para la operaci�n del juego de
apuestas permanentes o chance. Los operadores del
juego de apuestas permanentes o chance adem�s de acreditar un patrimonio
t�cnico m�nimo, otorgar las garant�as y mantener el margen de solvencia,
deber�n cumplir con los siguientes requisitos:
1.
Adquirir de las entidades concedentes los
formularios para el juego manual o sistematizado.
2.
Llevar en todas y cada una de las agencias, el
registro de control de ventas diarias discriminado por puntos de venta, puestos
fijos y colocadores.
3.
Utilizar en forma exclusiva los formularios
suministrados por las entidades concedentes para el juego manual o
sistematizado y responder por el uso adecuado de ellos, ejerciendo un estricto
control sobre los colocadores.
4.
Identificar a cada uno de sus colocadores con un
carn� que deber�n portar en un lugar visible al p�blico.
5.
Efectuar adecuada y oportunamente la liquidaci�n
mensual de los derechos de explotaci�n y gastos de administraci�n y realizar
los pagos respectivos con la oportunidad debida.
6.
Registrar e identificar ante la entidad concedente
el n�mero de la agencia a la cual pertenecen los puntos de venta, puntos fijos
y colocadores.
7.
Exhibir la licencia otorgada por la entidad
concedente de cada una de las agencias o puntos de venta fijo, en un lugar
visible al p�blico.
8.
Entregar �nicamente a los colocadores inscritos
ante la entidad concedente, los formularios de apuestas permanentes o chance.
9.
Asumir los riesgos que se deriven de la operaci�n
del contrato de concesi�n, sin que estos puedan ser trasladados al
comercializador, agencia o punto de venta.
10.
En el juego de apuestas permanentes o chance que se
registre en forma sistematizada y en cumplimiento del art�culo siguiente, el
concesionario deber� garantizar la conexi�n en tiempo real con la entidad
concedente.
(Art. 13 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.4.9.
Porcentajes m�nimos de operaciones en
l�nea y en tiempo real. Los contratos de concesi�n
para la operaci�n del juego de apuestas permanentes o chance que se hayan
suscrito a partir del 30 de diciembre de 2008 deber�n establecer como una de
las obligaciones a cargo del concesionario, la de efectuar operaciones de
colocaci�n de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicci�n
territorial a trav�s del mecanismo de explotaci�n sistematizado en l�nea y en
tiempo real como m�nimo en el 90%.
El
porcentaje se�alado en el presente art�culo podr� ser modificado por el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar de acuerdo con la penetraci�n de
infraestructura de comunicaciones en el �rea de presencia del concesionario.
Par�grafo 1. Para efectos de la operaci�n
en l�nea y tiempo real el procedimiento inform�tico y tecnol�gico de la apuesta
en un punto de venta fijo o m�vil debe efectuarse a trav�s de un mecanismo
sistematizado que inmediatamente registra la apuesta, la cual es reportada a un
sistema de informaci�n centralizado. Esto supone que la transacci�n
correspondiente no puede ser almacenada en la respectiva terminal o equipo
m�vil para su posterior procesamiento.
Los
concesionarios deber�n suministrar a la entidad concedente los equipos de c�mputo,
el software licenciado y la capacitaci�n correspondiente, necesarios para
efectuar el control y seguimiento a la colocaci�n de apuestas permanentes por
el mecanismo sistematizado en l�nea y en tiempo real y encargarse del
mantenimiento y las actualizaciones necesarias.
Par�grafo 2. Las obligaciones del
concesionario sobre el mecanismo de explotaci�n sistematizado en l�nea y en
tiempo real deber�n incluirse en los pliegos de condiciones del proceso
licitatorio correspondiente y estipularse en la respectiva minuta contractual.
No obstante si no estuvieren expresamente estipuladas se entienden incorporadas
t�citamente.
(Art. 1 Decreto
3535 de 2005 modificado por el Art.1 del Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.4.10.
�Participaci�n de los concesionarios en
la cabal y eficiente explotaci�n del juego de apuestas permanentes o chance.
Corresponde a los concesionarios del juego de apuestas
permanentes o chance adoptar las medidas indispensables para garantizar la
explotaci�n cabal y eficiente del juego en los t�rminos de los art�culos 3 y 4
de la Ley 643 de 2001, poner en conocimiento de la entidad concedente cualquier
irregularidad que se presente en la explotaci�n del mismo y colaborar
activamente con las entidades administradoras de juegos de suerte y azar y con
las autoridades de polic�a para corregir dichas pr�cticas.
(Art. 9 Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.2.4.11.
Inscripci�n en el registro nacional
p�blico de vendedores de juegos de suerte y azar.
Conforme lo dispone el art�culo 55 de la Ley 643 del 2001 o la norma que lo
modifique o adicione, todo vendedor del juego de apuestas permanentes o chance,
debe estar inscrito en el Registro Nacional P�blico de Vendedores de Juegos de
Suerte y Azar de las C�maras de Comercio de su jurisdicci�n.
La omisi�n de la
inscripci�n en el Registro Nacional P�blico de Vendedores de Juegos de Suerte y
Azar har� acreedores a los infractores de las sanciones que establezca el Consejo
Nacional de Juegos de Suerte y Azar en el reglamento que expida para el efecto.
Par�grafo. Cuando la C�mara de Comercio no tenga sede en el lugar donde
desarrolla la actividad el vendedor, la inscripci�n se efectuar� en la alcald�a
de la localidad que cuente con la delegaci�n respectiva.
(Art. 21 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.4.12.
Deberes de los colocadores de apuestas
permanentes o chance. Son deberes, entre otros, de
los colocadores del juego de apuestas permanentes o chance, los siguientes:
1. Portar a la
vista el carn� o credencial que los identifique.
2. Utilizar y
diligenciar correctamente los formularios oficiales, llenando todas las
casillas de manera clara y legible, sin tachaduras, enmendaduras o borrones y
abstenerse de diligenciarlo a l�piz o en tintas delebles.
3. Liquidar en
forma precisa la totalidad de la apuesta.
4. Entregar al
apostador o jugador la copia del formulario y guardar el original en el caso
del juego manual, para ser devuelto al concesionario con anticipaci�n a la
realizaci�n del sorteo.
5. En caso de
anulaci�n de un formulario, este debe ser devuelto al concesionario con su
respectiva copia.
(Art. 22 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.1.
Declaraci�n, liquidaci�n y pago de los derechos
de explotaci�n, anticipo, gastos de administraci�n e intereses. Los concesionarios deber�n declarar, liquidar y pagar ante la entidad
concedente, en los formularios suministrados por esta dentro de los primeros
diez (10) d�as h�biles de cada mes, a t�tulo de derechos de explotaci�n, el
doce por ciento (12%) de los ingresos brutos causados en el mes anterior.
En
ning�n caso, el impuesto sobre las ventas formar� parte de la base para el
c�lculo de los derechos de explotaci�n.
As�
mismo, deber�n liquidar y pagar a t�tulo de anticipo de derechos de explotaci�n
del siguiente per�odo, un valor equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
de los derechos de explotaci�n liquidados en el per�odo en que se declara.
Conforme
al art�culo 9� de la Ley 643 de 2001 o la norma que la modifique o adicione,
los concesionarios deber�n liquidar y pagar a t�tulo de gastos de
administraci�n, el uno por ciento (1%) de los derechos de explotaci�n
liquidados para el per�odo respectivo.
Par�grafo 1. La declaraci�n deber� ser
presentada y pagada simult�neamente. Los soportes de la declaraci�n deber�n
conservarse en los t�rminos y condiciones establecidos en el C�digo de Comercio
para los papeles y documentos del comerciante.
Par�grafo 2� Los concesionarios que no
cancelen oportunamente los derechos de explotaci�n y dem�s obligaciones
contenidas en el presente art�culo, deber�n liquidar y pagar intereses
moratorios, de acuerdo con la tasa de inter�s moratorio prevista para los
tributos administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales,
DIAN.
(Art. 14 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.2.
Derechos de explotaci�n. Los derechos de explotaci�n, inclusive para los contratos vigentes y
firmados con anterioridad al 19 de abril de 2010, corresponden al 12% de los
Ingresos Brutos obtenidos seg�n lo establecido en el art�culo 23 de la Ley 643
de 2001.
(Art. 1 Decreto
1289 de 2010)
�
Art�culo 2.7.2.5.3.
Pago de anticipos.
Para el c�lculo del anticipo a que hace referencia el art�culo 23 de la ley 643
de 2001 se considerar� como estudio de mercado el valor promedio mensual de los
ingresos brutos reportados por los concesionarios a trav�s del mecanismo de
explotaci�n sistematizado en l�nea y en tiempo real a la Superintendencia
Nacional de Salud.
Si
los operadores de apuestas permanentes no se encuentran en l�nea o en tiempo
real con la Superintendencia Nacional de Salud o la informaci�n que haya
reportado no responde a exigencias t�cnicas o de auditor�a se�aladas por esta,
o no existe por lo menos seis (6) meses de informaci�n, o no se encuentra en un
100% utilizando el mecanismo de explotaci�n sistematizado en l�nea y en tiempo
real con la Superintendencia Nacional de Salud; la entidad concedente
determinar� el valor del anticipo con base en los estudios de mercado
realizados de conformidad con lo dispuesto en el presente t�tulo.
(Art. 3 Decreto
1289 de 2010)
Art�culo 2.7.2.5.4.
Rentabilidad m�nima del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance. La rentabilidad m�nima del
Juego de Apuestas Permanentes o Chance, para cada jurisdicci�n territorial,
ser� el mayor valor que resulte entre el monto mensual y anual que por concepto
de derechos de explotaci�n y para el t�rmino de duraci�n de la respectiva
concesi�n, determine el estudio de mercado y el monto equivalente a la
liquidaci�n de los derechos de explotaci�n correspondientes al 12% de los
ingresos brutos del juego.
(Art. 3 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.5.5.
Formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago de
los derechos de explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses. El formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago de los derechos de
explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses ser� suministrado por la
entidad concedente, deber� diligenciarse en original y dos (2) copias, y
contendr� como m�nimo lo siguiente:
1.
Raz�n social del concedente.
2.
Raz�n social del concesionario y n�mero de
identificaci�n tributaria.
3.
Departamento en el que opera el concesionario y al
que corresponde la declaraci�n.
4.
Direcci�n del domicilio social del concesionario.
5.
N�mero del contrato de concesi�n y fecha de
suscripci�n.
6.
N�mero total de formularios del juego de apuestas
permanentes o chance utilizados en el per�odo declarado.
7.
Mes y a�o al cual corresponde la declaraci�n.
8.
Valor de los ingresos brutos.
9.
Valor de los derechos de explotaci�n.
10.
Valor del anticipo del per�odo liquidado y pagado
en el mes anterior.
11.
Valor compensaci�n autorizada.
12.
Saldo a cancelar por los derechos de explotaci�n
del per�odo.
13.
Valor del anticipo para el per�odo siguiente.
14.
Valor de los gastos de administraci�n.
15.
Intereses moratorios.
16.
Valor total a pagar.
17.
Nombre, identificaci�n, firma y matr�cula
profesional del contador y revisor fiscal.
18.
Nombre, identificaci�n y firma del representante
legal.
Par�grafo. La Superintendencia Nacional de
Salud establecer� mediante resoluci�n de car�cter general el dise�o del
formulario de declaraci�n de los derechos de explotaci�n, gastos de
administraci�n e intereses del juego de apuestas permanentes o chance.
(Art. 15 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.6.
Compensaci�n. Los
concesionarios conforme a lo previsto en el art�culo 23 de la Ley 643 de 2001 o
la norma que lo modifique o adicione, podr�n solicitar a la entidad concedente
la compensaci�n de los mayores valores pagados como anticipo, liquidados a su
favor en las declaraciones.
La
solicitud de compensaci�n deber� efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha
de la presentaci�n de la declaraci�n en la cual se gener� el saldo a favor,
acompa�ada de los siguientes documentos:
1. Copia de la declaraci�n del per�odo que evidenci� el saldo a favor.
2. Copia de la declaraci�n del per�odo en que se liquid� y pag� el
anticipo que gener� el saldo a favor, as� como del recibo del pago de la misma.
La
solicitud de compensaci�n deber� resolverse mediante resoluci�n motivada
suscrita por el representante legal de la entidad concedente, dentro de los
diez (10) d�as h�biles siguientes a la fecha de su presentaci�n en debida
forma, acto que se notificar� en los t�rminos del C�digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De
ser procedente, la resoluci�n ordenar� la compensaci�n con cargo a los derechos
de explotaci�n del per�odo o per�odos subsiguientes a la fecha de ejecutoria
del acto.
(Art. 16 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.7.
Giro de los recursos del monopolio. Los derechos de explotaci�n, los anticipos a t�tulo de derechos de
explotaci�n, los intereses de mora y los rendimientos financieros, constituyen
rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades territoriales.
Dichas
rentas deber�n ser giradas por las entidades concedentes a los respectivos
Fondos de Salud Departamentales y del Distrito Capital, dentro de los primeros
diez (10) d�as h�biles del mes siguiente a su recaudo.
Par�grafo. El giro efectuado por la
entidad concedente deber� ser comunicado al respectivo Fondo de Salud
Departamental o del Distrito Capital dentro de los (3) tres d�as siguientes a
su realizaci�n, discriminando el valor por concepto de derechos de explotaci�n,
anticipos, rendimientos financieros e intereses moratorios.
(Art. 17 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.8.
Giro directo a los Fondos de Salud de las
Entidades Territoriales. En caso de que las
empresas que administren el juego de Loter�a Tradicional tengan, por cualquier
concepto, deudas pendientes por transferir a los correspondientes fondos de
salud de las entidades territoriales, el concesionario del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance girar� la rentabilidad del contrato directamente al
respectivo fondo de salud, y a la loter�a, lo correspondiente a los gastos de
administraci�n.
Para
efectos de dar aplicaci�n a esta norma, corresponder� al Gobernador del
Departamento y al Alcalde Mayor de Bogot�, D. C. en su condici�n de Presidentes
de la Junta Directiva de la Entidad Concedente, impartir la instrucci�n al
concesionario para que gire directamente los recursos al fondo de salud
respectivo con base en el informe generado por la Superintendencia Nacional de
Salud.
(Art.11 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.5.9.
Intereses moratorios. De conformidad con los art�culos 1� y 4� del Decreto Ley 1281 de 2002
o las normas que los modifiquen o adicionen, los intereses moratorios que se
causen por el incumplimiento de los plazos para el pago y giro de los derechos
de explotaci�n que deben efectuar los concesionarios a las entidades
concedentes y estas al sector salud, se liquidar�n por cada d�a calendario de
retardo en el pago, a la tasa de inter�s moratorio prevista para los tributos
administrados por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
(Art. 18 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.5.10. Cobro coactivo. Los actos administrativos
expedidos por las entidades concedentes del monopolio de apuestas permanentes o
chance, en los cuales se determinen los derechos y sanciones derivadas del
incumplimiento de las obligaciones relativas al monopolio de apuestas
permanentes o chance, ser�n exigibles por jurisdicci�n coactiva, conforme a lo
previsto en el art�culo 99 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, a trav�s de la respectiva entidad territorial
beneficiaria de los recursos.
Las
entidades concedentes dentro de los ocho (8) d�as siguientes a la ejecutoria de
los actos administrativos, deber�n remitirlos a la Alcald�a Mayor del Distrito
Capital y en los departamentos a las respectivas Gobernaciones, para que se
adelante el proceso de cobro coactivo, si dentro de dicho t�rmino no han sido
pagados por el concesionario.
(Art. 19 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.6.1.
Modelo de Inspecci�n, vigilancia y control. Con la informaci�n recaudada por el sistema implementado y por los
dem�s instrumentos de control, la Superintendencia Nacional de Salud deber� realizar
y desarrollar un modelo de inspecci�n, vigilancia y control que permita
determinar entre otros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, as�
como el cumplimiento del r�gimen propio y de garant�as al apostador.
(Art. 5 Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.6.2.
Escrutinios. En
ejercicio de las facultades de vigilancia y control del monopolio de los juegos
de suerte y azar, la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades
administradoras del monopolio del orden departamental y del Distrito Capital,
ejercer�n las funciones de su competencia. Para el efecto, podr�n, cuando lo
estimen conveniente, estar presentes en los procesos de escrutinio realizados
por los concesionarios de apuestas permanentes o chance, as� mismo podr�n
solicitar la informaci�n que requieran sobre estos, para el ejercicio de su
actividad de control.
Las
entidades de vigilancia y control y las administradoras del monopolio en
ejercicio de sus funciones, deber�n observar las normas o condiciones de
seguridad se�aladas por el concesionario.
(Art. 23 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.6.3.
Resultados de los juegos autorizados. Los resultados de los juegos autorizados distintos de la loter�a
tradicional, deber�n ser publicados por el concesionario en un diario de
circulaci�n nacional o regional m�ximo a los dos (2) d�as siguientes de
realizado el sorteo.
Igualmente,
el concesionario debe remitir la respectiva informaci�n a la Superintendencia
Nacional de Salud, en la oportunidad y condiciones que determine dicha entidad.
(Art. 24 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.6.4.
Conexi�n con Superintendencia Nacional de Salud.
A m�s tardar el 31 de diciembre de 2009 los
concesionarios que realicen el juego de apuestas permanentes en l�nea y tiempo
real tendr�n que estar en conexi�n con la Superintendencia Nacional de Salud;
en caso contrario, se dar� aplicaci�n a lo se�alado en el art�culo 2.7.2.6.10.
del presente cap�tulo.
(Art. 2 Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.6.5.
Condiciones t�cnicas y operativas de conexi�n. La Superintendencia Nacional de Salud deber� establecer un marco
tecnol�gico que contenga la definici�n de las condiciones para el
establecimiento de un sistema universal que permita la conexi�n de los
concesionarios con dicha entidad teniendo en cuenta como m�nimo, los siguientes
par�metros:
1.
Consideraciones t�cnicas
a) Las transacciones (apuestas) realizadas por cada concesionario deben
ser transmitidas al sistema central de informaci�n de la Superintendencia
Nacional de Salud en l�nea y tiempo real;
b) Los enlaces de comunicaci�n deben proveer alta disponibilidad y
confiabilidad, se deben considerar en el dise�o aspectos como redundancia y
acuerdos de nivel de servicio;
c)
El sistema debe ser lo menos intrusivo posible a la
infraestructura que los concesionarios tienen instalada;
d) El sistema debe cumplir con las especificaciones suficientes de
redundancia a nivel de la infraestructura, tales como Hardware, Software, data
Center y personal calificado, entre otras;
e) El sistema debe soportar la carga actual de transacciones y debe ser
escalable de manera que mantenga sus condiciones de operatividad y
funcionalidad en la medida que aumente la cantidad de informaci�n transmitida
hacia el sistema central de informaci�n;
f)
El sistema debe garantizar la seguridad de la
informaci�n transmitida extremo a extremo mediante t�cnicas de seguridad
apropiadas de manera que la informaci�n no se vea comprometida ni sea
susceptible de fraude;
g) La seguridad de la informaci�n transmitida entre los puntos de venta
del concesionario y su infraestructura de informaci�n central ser�
responsabilidad del concesionario, la Superintendencia Nacional de Salud
establecer� esquemas de auditor�a que le permitan hacer control de esta
responsabilidad;
h) La seguridad de la informaci�n transmitida desde los concesionarios a
la Superintendencia Nacional de Salud ser� garantizada por la entidad, los
m�todos de seguridad empleados para esto deben ser definidos a nivel de dise�o
del sistema y se deben implementar esquemas de auditor�a para realizar control
a este aspecto;
i)
Deben definirse esquemas de seguridad f�sica para
los equipos del sistema a implementar de manera que no se vea comprometida su
integridad ni operatividad;
j)
En los casos en los cuales la entidad concedente
haya implementado de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia
Nacional de Salud, la conexi�n con el concedente, la Superintendencia evaluar�
si el proceso desarrollado cumple con los requisitos definidos para el sistema
a implementar. En todo caso, las nuevas concesiones deber�n ajustarse al
presente t�tulo y a la reglamentaci�n del mismo;
k)
El sistema a implementar debe contener
funcionalidades que permitan, hacer consultas por diferentes v�as, an�lisis en
tiempo real de la informaci�n, generaci�n de reportes, de datos estad�sticos,
entre otros, con el fin de que la informaci�n adquirida impacte de manera
positiva en el desarrollo de las funciones de inspecci�n, vigilancia y control
de la Superintendencia Nacional de Salud y de la entidad concedente cuando sea
del caso.
2.
Condiciones operativas
a) El sistema a implementar debe evitar que se impacte de manera negativa
las operaciones de los concesionarios, generando situaciones, tales como,
retardos en las transacciones, sobrecarga de recurso en equipos y otras
circunstancias que puedan afectar el juego de las apuestas permanentes;
b) El sistema no debe limitar la expansi�n del juego de chance, ni el
otorgamiento de nuevas concesiones, se deben establecer mecanismos que permitan
determinar su estado de integraci�n, los riesgos t�cnicos y operativos que
puedan presentarse. As� como permitir hacer las recomendaciones pertinentes
para mitigarlos;
c)
Sin perjuicio de la informaci�n que sea requerida y
a las auditor�as que puedan realizarse, la interacci�n del sistema con los
concesionarios debe limitarse a la recepci�n de informaci�n sin interferir de
manera alguna en el proceso de venta;
d) Adicional a la implementaci�n de una soluci�n de hardware y software
que cumpla con los objetivos planteados para el sistema, la Superintendencia
Nacional de Salud debe establecer un proceso de auditor�a que permita hacer
seguimiento a la operaci�n de todos los elementos involucrados en el sistema,
incluyendo los de los concesionarios y concedentes;
e) La Superintendencia Nacional de Salud podr� hacer uso de la
infraestructura de canales de comunicaci�n con los que cuenta el estado para la
interconexi�n con los concesionarios, siempre y cuando, estos canales se
presenten como una opci�n viable y cumplan con los par�metros de calidad y seguridad
definidos para el sistema. La Superintendencia podr� contratar servicios e
infraestructura que hagan parte del sistema (datacenters, data warehousing,
auditor�a, soporte t�cnico, etc.) siempre que se cumplan con los par�metros de
dise�o, calidad y seguridad requeridos;
f)
La implementaci�n del sistema estar� sujeto a la
penetraci�n de la infraestructura de comunicaciones a nivel nacional, ya sea de
operadores privados o de canales de comunicaci�n del Estado;
g) Cuando exista falla en los elementos del sistema responsabilidad de la
Superintendencia Nacional de Salud, esta no deber� afectar de manera alguna la
operaci�n de los concesionarios, para este efecto, la Superintendencia Nacional
de Salud se�alar� el procedimiento a seguir.
(Art. 3 Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.6.6.
Gastos conexi�n en l�nea. Los gastos que genere la conexi�n en l�nea y en tiempo real que sean
responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, ser�n asumidos con
recursos de la tasa creada por el art�culo 98 de la Ley 488 de 1998 y la norma
que lo modifique adicione o sustituya, los dem�s gastos ser�n sufragados
directamente por el concesionario de apuestas permanentes.
(Art. 6 Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.6.7.
Interventor�a especial sobre explotaci�n del
Juego de Apuestas Permanentes o Chance. La
Superintendencia Nacional de Salud deber� contratar a trav�s de un proceso de
licitaci�n p�blica, una interventor�a o interventor�as que analicen las
condiciones en que se ha contratado la concesi�n del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance, si ellas se ajustaron a las exigencias legales, la forma
como las entidades concedentes manejan los recursos generados por la
explotaci�n del juego, los costos de dicha operaci�n y los giros que realizan a
los fondos territoriales de salud.
Igualmente,
la interventor�a como resultado de sus an�lisis formular� recomendaciones para
prevenir las posibles desviaciones de los recursos hacia fines distintos de la
salud.
Estas
interventor�as se financiar�n con recursos de la tasa anual de supervisi�n y
control, asignados a los concesionarios y operadores del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance en el decreto que anualmente establece la tasa y fija la
tarifa que cancelan las diferentes clases de entidades vigiladas a la
Superintendencia Nacional de Salud por concepto de inspecci�n, vigilancia y
control.
La
Superintendencia Nacional de Salud presentar� al Ministro de Salud y Protecci�n
Social un plan de implementaci�n del programa de interventor�as consultando las
pol�ticas sectoriales.
(Art. 5 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.6.8.
Informaci�n a los Gobernadores y al Alcalde
Mayor de Bogot�, D.C. La Superintendencia Nacional
de Salud en el momento en que detecte alguna irregularidad en la contrataci�n,
o con ocasi�n de la operaci�n del Juego de Apuestas Permanentes o Chance, o que
los recursos que correspondan a la salud no se est�n girando en su monto u
oportunidad, deber� poner en conocimiento del respectivo Gobernador y el
Alcalde Mayor de Bogot�, D. C., seg�n el caso, en su calidad de Presidente de
la Junta Directiva de la entidad administradora del juego, de estas situaciones
con el fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias para que los
recursos se giren efectivamente a los fondos territoriales de salud.
Lo
anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que les cabe a los representantes
legales de las entidades administradoras del juego, a los Gobernadores y al
Alcalde Mayor de Bogot�, D. C., seg�n el caso, por las omisiones en el giro
oportuno y efectivo de los recursos que por concepto de la explotaci�n de este
juego le corresponde a la salud.
(Art. 7 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.2.6.9.
Sanciones. De
conformidad con los art�culos 44 y 55 de la Ley 643 de 2001 o la norma que los
modifique o adicione, a los concesionarios y colocadores que incumplan con las
normas que rigen la operaci�n del juego de apuestas permanentes o chance, les
ser�n aplicables las sanciones all� previstas, sin perjuicio de las dem�s
establecidas en el contrato de concesi�n y en las normas pertinentes.
(Art. 20 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.6.10. Causal de Terminaci�n unilateral del contrato. Sin perjuicio de las sanciones penales y las dem�s a que hubiere
lugar, cuando se evidencie que el concesionario ha efectuado apuestas fuera del
sistema sin haber solicitado autorizaci�n de la Superintendencia Nacional de
Salud, ser� causal de terminaci�n unilateral del contrato.
(Art. 4 Decreto
4867 de 2008)
Art�culo 2.7.2.6.11. Intervenci�n o toma de posesi�n. Son
causales para la intervenci�n o toma de posesi�n de las empresas
administradoras del monopolio, concesionarias de apuestas permanentes o chance,
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo
previsto en el art�culo 6 del Decreto 2462 de 2013 o la norma que lo modifique
o adicione, las siguientes:
1.
El no pago reiterado de premios.
2.
Cuando el valor de los premios no cancelados supere
los ingresos brutos obtenidos por venta de chance de cuatro (4) d�as del
respectivo operador.
3.
Por incumplimiento del plan de desempe�o.
4.
Cuando el administrador o el concesionario presente
p�rdidas durante tres (3) a�os seguidos.
5.
Cuando la empresa administradora del monopolio, no
transfiera en forma oportuna los recursos del monopolio al sector salud.
6.
Cuando el concesionario incumpla reiteradamente con
sus obligaciones de declarar y pagar los derechos de explotaci�n y dem�s
valores relacionados con la declaraci�n.
7.
Cuando las empresas est�n explotando el monopolio,
sin haber sido autorizadas por la entidad concedente.
8.
Cuando se demuestre que el concesionario est�
ejerciendo pr�cticas no permitidas.
(Art. 25 Decreto
1350 de 2003)
Art�culo 2.7.2.6.12. Publicidad de los recursos a la salud generados por el Juego de
Apuestas Permanentes o Chance. La Superintendencia
Nacional de Salud publicar� en la p�gina web de la instituci�n una relaci�n
mensual, por departamento y Distrito Capital, del valor recaudado en el sector
de la salud por concepto de derechos de explotaci�n del Juego de Apuestas
Permanentes o Chance.
(Art.12 Decreto
3535 de 2005)
Art�culo 2.7.3.1.
Definici�n.
La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar mediante la cual se sortean
en fecha predeterminada, premios en especie entre quienes hubieren adquirido o
fueren poseedores de una o varias boletas emitidas con numeraci�n en serie
continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa
y debidamente autorizado.
Toda
rifa se presume celebrada a t�tulo oneroso.
(Art. 1 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.2.
Prohibiciones. Est�n prohibidas las rifas de car�cter permanente, entendidas como
aquellas que realicen personas naturales o jur�dicas, por s� o por interpuesta
persona, en m�s de una fecha del a�o calendario, para uno o varios sorteos y
para la totalidad o parte de los bienes o premios a que se tiene derecho a
participar por raz�n de la rifa. Se considera igualmente de car�cter permanente
toda rifa establecida o que se establezca como empresa organizada para tales
fines, cualquiera que sea el valor de los bienes a rifar y sea cual fuere el
n�mero de establecimientos de comercio por medio de los cuales la realice.
Las
boletas de las rifas no podr�n contener series, ni estar fraccionadas.
Se
proh�be la rifa de bienes usados y las rifas con premios en dinero.
Est�n
prohibidas las rifas que no utilicen los resultados de la loter�a tradicional
para la realizaci�n del sorteo.
Par�grafo. Los concesionarios del juego de
apuestas permanentes y las entidades que operen la Loter�a tradicional o
de billetes podr�n realizar como m�ximo dos rifas al mes, siempre y cuando
est�n previa y debidamente autorizados para el efecto.
(Par�grafo adicionado por Art.10, Decreto
176 de 2017, Art. 2 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.3.
Competencia para la explotaci�n y
autorizaci�n de las rifas. Corresponde a los
municipios y al Distrito Capital la explotaci�n de las rifas que operen dentro
de su jurisdicci�n.
Cuando
las rifas operen en m�s de un municipio de un mismo departamento o en un
municipio y el Distrito Capital, su explotaci�n corresponde al departamento,
por intermedio de la respectiva Sociedad de Capital P�blico Departamental
(SCPD).
Cuando
la rifa opere en dos o m�s departamentos o en un departamento y el Distrito
Capital, la explotaci�n le corresponde a la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.
Par�grafo. Cuando concurran en una Entidad
Territorial las funciones de Sociedad de Capital P�blico Departamental (SCPD) y
la administraci�n de Loter�as, o no exista SCPD o Entidad encargada de sus
funciones, la autorizaci�n para que operen rifas de jurisdicci�n departamental
se otorgar� directamente por el Gobernador en aplicaci�n de la competencia descrita
en el numeral 2 del art�culo 305 de la Constituci�n Pol�tica.
(Par�grafo adicionado por Art.11, Decreto
176 de 2017, Art. 3 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.4.
Modalidad de operaci�n de las rifas. Las rifas s�lo podr�n operar mediante la modalidad de operaci�n a
trav�s de terceros, previa autorizaci�n de la autoridad competente.
En
consecuencia, no podr� venderse, ofrecerse o realizarse rifa alguna que no est�
previa y debidamente autorizada mediante acto administrativo expedido por la
autoridad competente.
(Art. 4 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.5.
Requisitos para la operaci�n. Toda persona natural o jur�dica que pretenda operar una rifa, deber�
con una anterioridad no inferior a cuarenta y cinco (45) d�as calendario a la
fecha prevista para la realizaci�n del sorteo, dirigir de acuerdo con el �mbito
de operaci�n territorial de la rifa, solicitud escrita a la respectiva entidad
de que trata el art�culo 2.7.3.3 del presente t�tulo, en la cual deber�
indicar:
1. Nombre completo o raz�n social y domicilio del responsable de la rifa.
2. Si se trata de personas naturales adicionalmente, se adjuntar�
fotocopia legible de la c�dula de ciudadan�a as� como del certificado judicial
del responsable de la rifa; y trat�ndose de personas jur�dicas, a la solicitud
se anexar� el certificado de existencia y representaci�n legal, expedido por la
correspondiente C�mara de Comercio.
3. Nombre de la rifa.
4. Nombre de la loter�a con la cual se verificar� el sorteo, la hora,
fecha y lugar geogr�fico, previsto para la realizaci�n del mismo.
5. Valor de venta al p�blico de cada boleta.
6. N�mero total de boletas que se emitir�n.
7. N�mero de boletas que dan derecho a participar en la rifa.
8. Valor del total de la emisi�n, y
9. Plan de premios que se ofrecer� al p�blico, el cual contendr� la
relaci�n detallada de los bienes muebles, inmuebles y/o premios objeto de la
rifa, especificando su naturaleza, cantidad y valor comercial incluido el IVA.
(Art. 5 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.6.
Requisitos para la autorizaci�n. La solicitud presentada ante la autoridad competente de que trata el
art�culo anterior, deber� acompa�arse de los siguientes documentos:
1. Comprobante de la plena propiedad sin reserva de dominio, de los bienes
muebles e inmuebles o premios objeto de la rifa, lo cual se har� conforme con
lo dispuesto en las normas legales vigentes.
2. Aval�o comercial de los bienes inmuebles y facturas o documentos de
adquisici�n de los bienes muebles y premios que se rifen.
3. Garant�a de cumplimiento contratada con una compa��a de seguros
constituida legalmente en el pa�s, expedida a favor de la entidad concedente de
la autorizaci�n. El valor de la garant�a ser� igual al valor total del plan de
premios y su vigencia por un t�rmino no inferior a cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha de realizaci�n del sorteo.
4. Texto de la boleta, en el cual deben haberse impreso como m�nimo los
siguientes datos:
a) El n�mero de la boleta;
b) El valor de venta al p�blico de la misma;
c) El lugar, la fecha y hora del sorteo;
d) El nombre de la loter�a tradicional o de billetes con la cual se
realizar� el sorteo;
e) El t�rmino de la caducidad del premio;
f) El espacio que se utilizar� para anotar el n�mero y la fecha del acto
administrativo que autorizar� la realizaci�n de la rifa;
g) La descripci�n de los bienes objeto de la rifa, con expresi�n de la
marca comercial y si es posible, el modelo de los bienes en especie que
constituye cada uno de los premios;
h) El valor de los bienes en moneda legal colombiana;
i) El nombre, domicilio, identificaci�n y firma de la persona responsable
de la rifa;
j) El nombre de la rifa;
k) La circunstancia de ser o no pagadero el premio al portador.
5. Texto del proyecto de publicidad con que se pretenda promover la venta
de boletas de la rifa, la cual deber� cumplir con el manual de imagen
corporativa de la autoridad que autoriza su operaci�n.
6. Autorizaci�n de la loter�a tradicional o de los billetes cuyos
resultados ser�n utilizados para la realizaci�n del sorteo.
Par�grafo. En el caso de que las rifas se
operen por los concesionarios del juego de apuestas permanentes o por las
entidades que operen la loter�a tradicional o de billetes, el requisito del
numeral 1 del presente art�culo podr� acreditarse con cualquiera de los siguientes
documentos para el caso de bienes inmuebles la promesa de contrato de
compraventa y para el caso de bienes muebles la factura de compra que acredite
la propiedad de los bienes a entregar o cotizaci�n de los mismos, documentos
que deben estar acompa�ados de un certificado que garantice los recursos para
el pago del plan de premios con vigencia no mayor a tres (3) meses anteriores a
la radicaci�n de la solicitud.
(Par�grafo adicionado por Art.12, Decreto
176 de 2017, Art. 6 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.7.
Pago de los derechos de explotaci�n. Al momento de la autorizaci�n, la persona gestora de la rifa deber�
acreditar el pago de los derechos de explotaci�n equivalentes al catorce por
ciento (14%) de los ingresos brutos, los cuales corresponden al ciento por
ciento (100%) del valor de las boletas emitidas.
Realizada
la rifa se ajustar� el pago los derechos de explotaci�n al valor total de la
boleter�a vendida.
Par�grafo.
En el caso de que las rifas se operen por los concesionarios del juego de apuestas
permanentes o por las entidades que operen la loter�a tradicional o de billetes,
se deber� acreditar el pago de los derechos de explotaci�n equivalentes al
catorce por ciento (14%) de los ingresos brutos, los cuales corresponden al cien
por ciento (100%) del valor de las boletas vendidas. La liquidaci�n y declaraci�n
de los derechos de explotaci�n deber� ser presentada a la entidad que expidi�
la autorizaci�n a m�s tardar el d�a h�bil anterior a la realizaci�n del sorteo,
junto con las boletas emitidas y no vendidas, las boletas que no participan en
el sorteo y las invalidas. Cuando la rifa sea comercializada de forma virtual o
sistematizada, se deber� enviar un reporte con las que no participan en el
sorteo y las invalidas. En todo caso, el d�a del sorteo, el gestor de la rifa
no puede quedar con boletas de la misma.
Sin
perjuicio de lo anterior, se deber� enviar al Consejo Nacional de Juegos de Suerte
y azar el reporte de la boleter�a que participa en el sorteo y un reporte con
las combinaciones no vendidas, las que no participan en el sorteo y las inv�lidas,
a m�s tardar el d�a h�bil anterior a la realizaci�n del sorteo, en los t�rminos
y condiciones que el Consejo establezca.
(Par�grafo adicionado por Art.13, Decreto
176 de 2017, Art. 7 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.8.
Realizaci�n del sorteo. El d�a h�bil anterior a la realizaci�n del sorteo, el organizador de
la rifa deber� presentar ante la autoridad competente que concede la
autorizaci�n para la realizaci�n del juego, las boletas emitidas y no vendidas;
de lo cual, se levantar� la correspondiente acta y a ella se anexar�n las
boletas que no participan en el sorteo y las invalidadas. En todo caso, el d�a
del sorteo, el gestor de la rifa, no puede quedar con boletas de la misma.
Los
sorteos deber�n realizarse en las fechas predeterminadas, de acuerdo con la
autorizaci�n proferida por la autoridad concedente.
Si
el sorteo es aplazado, la persona gestora de la rifa deber� informar de esta
circunstancia a la entidad concedente, con el fin de que �sta autorice nueva
fecha para la realizaci�n del sorteo; de igual manera, deber� comunicar la
situaci�n presentada a las personas que hayan adquirido las boletas y a los
interesados, a trav�s de un medio de comunicaci�n local, regional o nacional,
seg�n el �mbito de operaci�n de la rifa.
En
estos eventos, se efectuar� la correspondiente pr�rroga a la garant�a de que
trata el art�culo 2.7.3.6 del presente t�tulo.
(Art. 8 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.9.
Obligaci�n de sortear el premio. El premio o premios ofrecidos deber�n rifarse hasta que queden en
poder del p�blico. En el evento que el premio o premios ofrecidos no queden en
poder del p�blico en la fecha prevista para la realizaci�n del sorteo, la persona
gestora de la rifa deber� observar el procedimiento se�alado en los incisos 3 y
4 del art�culo anterior.
(Art. 9 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.10.
Entrega de premios. La boleta ganadora se considera un t�tulo al portador del premio
sorteado, a menos que el operador lleve un registro de los compradores de cada
boleta, con talonarios o colillas, caso en el cual la boleta se asimila a un
documento nominativo; verificada una u otra condici�n seg�n el caso, el
operador deber� proceder a la entrega del premio inmediatamente.
(Art. 10 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.11.
Verificaci�n de la entrega del premio. La persona natural o jur�dica titular de la autorizaci�n para operar
una rifa deber� presentar ante la autoridad concedente, dentro de los cinco (5)
d�as h�biles siguientes a la entrega de los premios, la declaraci�n jurada ante
notario por la persona o personas favorecidas con el premio o premios de la
rifa realizada en la cual conste que recibieron los mismos a entera
satisfacci�n. La inobservancia de este requisito le impide al interesado
tramitar y obtener autorizaci�n para la realizaci�n de futuras rifas.
Par�grafo. En el caso de que las rifas se
operen por los concesionarios del juego de apuestas permanentes o por las Entidades
que operen la Loter�a tradicional o de billetes, la declaraci�n jurada de la entrega
del premio ante notario podr� ser reemplazada por acta suscrita por el ganador
y certificaci�n del revisor fiscal o contador y representante legal de la
respectiva empresa.
(Par�grafo adicionado por Art.14, Decreto
176 de 2017, Art. 11 Decreto
1968 de 2001)
Art�culo 2.7.3.12.
Valor de la emisi�n y del plan de
premios. El valor de la emisi�n de las boletas de
una rifa, ser� igual al ciento por ciento (100%) del valor de las boletas
emitidas. El plan de premios ser� como m�nimo igual al cincuenta por ciento
(50%) del valor de la emisi�n.
Par�grafo. Los actos administrativos que
se expidan por las autoridades concedentes de las autorizaciones a que se
refiere el presente t�tulo, son susceptibles de los recursos en la v�a
gubernativa previstos en el C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas. Los actos de
tr�mite o preparatorios no est�n sujetos a recursos.
Par�grafo 2. El plan de premios de las rifas que
operen los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance o las Entidades
operadoras del juego de Loter�a tradicional o de billetes ser� como m�nimo el
cuarenta (40%) del valor de la emisi�n.
(Par�grafo 2 adicionado por Art.15, Decreto
176 de 2017, Art. 12 Decreto
1968 de 2001).
Art�culo 2.7.4.1.
Solicitud de autorizaci�n. Las personas naturales o jur�dicas que pretendan organizar y operar
juegos de suerte y azar con el fin de publicitar o promocionar bienes o
servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrezca un
premio al p�blico, sin que para acceder al juego se pague directamente, deber�n
previamente solicitar y obtener autorizaci�n de las entidades competentes.
(Art.1 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.2.
Autorizaci�n para la operaci�n de juegos
promocionales. Las personas naturales o jur�dicas,
que pretendan organizar y operar juegos de suerte y azar promocionales, deber�n
previamente solicitar y obtener autorizaci�n de la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de Juegos de
Suerte y Azar Coljuegos, cuando el juego sea de car�cter nacional. Cuando el
juego sea de car�cter departamental, distrital o municipal, la autorizaci�n
deber� solicitarse a la Sociedad de Capital P�blico Departamental, SCPD en cuya
jurisdicci�n vaya a operar el juego.
Para
estos efectos, se entiende que un juego promocional es de car�cter nacional,
cuando el mismo se opera en la jurisdicci�n de dos o m�s departamentos, bien
sea que cobije a todo el departamento, o solamente a algunos de sus municipios
y distritos. Por el contrario, un juego promocional es de car�cter
departamental, cuando su operaci�n se realiza �nicamente en jurisdicci�n de un
solo departamento y es de car�cter distrital o municipal, cuando opera
�nicamente en jurisdicci�n de un solo distrito o municipio.
(Art.2 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.3.
Requisitos de la solicitud de
autorizaci�n. La solicitud de autorizaci�n para la
operaci�n de juegos promocionales debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.
La solicitud debe presentarse por escrito o por v�a electr�nica, en el
formulario que determine la Empresa Industrial y Comercial Administradora del Monopolio
Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), o la Sociedad de Capital
P�blico Departamental SCPD, seg�n corresponda.
2.
Recibo de pago de los derechos de explotaci�n y gastos de administraci�n sobre
el valor total del plan de premios, incluido IVA; y garant�a �nica de
cumplimiento, por el valor total del plan de premios ofrecido, con una vigencia
m�nima por el t�rmino del juego promocional y dos (2) meses m�s.
3.
El plan de premios debe contar con la respectiva justificaci�n t�cnica y econ�mica,
el lugar y calendario para la operaci�n del juego promocional. El valor de cada
premio debe ce�irse a lo fijado en la normativa vigente.
4.
Acompa�ar con la solicitud de autorizaci�n, cualquiera de los siguientes
documentos de acuerdo a los bienes, servicios o elementos que hagan parte del
plan de premios: factura de compra o documento que acredite la propiedad de los
bienes a entregar, promesa de contrato de compraventa, cotizaci�n de los mismos
con un certificado que garantice los recursos para el pago del plan de premios,
con vigencia no mayor a tres (3) meses anteriores a la radicaci�n.
5.
En toda solicitud debe incluirse el texto de los t�rminos y condiciones del
juego promocional a emplear en la pauta publicitaria.
6.
Con la solicitud, el operador se compromete a que la pauta publicitaria se
ce�ir� a lo previsto para la regulaci�n de la marca de Coljuegos o de la
respectiva Sociedad de Capital P�blico Departamental SCPD.
Par�grafo Primero. La garant�a �nica de
cumplimiento podr� ser constituida por anualidades y ser� presentada en la
primera solicitud de juego promocional del respectivo a�o. Para los juegos
subsiguientes solo ser� necesario presentar el anexo de la entidad emisora
donde se informe el saldo libre de afectaci�n.
Par�grafo Segundo. En los casos en que se haya
efectuado el pago de derechos de explotaci�n y gastos de administraci�n en
exceso, o no se autorice el Juego promocional, se proceder� a la devoluci�n de
los recursos seg�n la normativa vigente.
(Art.3 Decreto
493 de 2001, modificado por el Art.1 del Decreto
2104 de 2016)
Art�culo 2.7.4.4.
Valor del plan de premios. El valor total del plan de premios deber� estimarse por su valor
comercial, incluido el IVA. As� mismo, cuando se ofrezcan premios en los cuales
la persona natural o jur�dica que realiza el sorteo promocional asume el pago
de los impuestos correspondientes, el valor de dicho impuesto o impuestos
deber� adicionarse al valor comercial del plan de premios, para efecto de
c�lculo de los derechos de explotaci�n.
(Art.4 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.5.
Tr�mite de la solicitud. Recibida la solicitud, Coljuegos o la respectiva Sociedad de Capital
P�blico Departamental, SCPD seg�n corresponda, dentro de los quince (15) d�as
siguientes y previo estudio, emitir� el acto administrativo de autorizaci�n.
El juego promocional s�lo podr� iniciarse y publicitarse una vez se
encuentre en firme el acto administrativo de autorizaci�n, y su vigencia en
ning�n caso podr� ser superior a un (1) a�o.
(Art.5 Decreto
493 de 2001, modificado por el Art.2 del Decreto
2104 de 2016)
Art�culo 2.7.4.6.
Concepto desfavorable y desistimiento. Si del examen de la solicitud de autorizaci�n, Coljuegos o la
respectiva Sociedad de Capital P�blico Departamental SCPD seg�n corresponda
emite concepto desfavorable, as� lo har� conocer al interesado mediante acto
administrativo susceptible de recursos en los t�rminos del C�digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cuando del examen de la solicitud de autorizaci�n se establezca que
est� incompleta o que requiere aclaraci�n, as� se comunicar� al interesado para
que la complete o aclare, siguiendo para el efecto lo previsto en el C�digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Lo anterior no impide la presentaci�n de posteriores solicitudes.
(Art.6 Decreto
493 de 2001, modificado por el Art.3 del Decreto
2104 de 2016)
Art�culo 2.7.4.7.
Modificaci�n del calendario de sorteos. En el evento en el cual la persona autorizada para realizar los sorteos
promocionales no pudiera adelantarlos en la fecha o fechas previstas en el
calendario de sorteos, por presentarse fuerza mayor o caso fortuito, deber�
informarlo inmediatamente a la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar
Coljuegos, o a la respectiva Sociedad de Capital P�blico Departamental, SCPD,
acreditando las circunstancias que impidieron la realizaci�n del sorteo y
se�alando la fecha en que �ste se realizar�.
La
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico
de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad de Capital
P�blico Departamental, SCPD, previo an�lisis de las circunstancias expuestas
por el gestor del juego, decidir� mediante acto administrativo. En el evento
que del estudio de las circunstancias aducidas por el gestor del juego, la
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio
Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, o la respectiva Sociedad
de Capital P�blico Departamental, SCPD, establezca que �stas no obedecen a
fuerza mayor o caso fortuito, ordenar� mediante acto administrativo la
realizaci�n del sorteo se�alando la fecha, caso en el cual el gestor del juego
deber� cancelar el valor de los derechos de explotaci�n correspondiente al plan
de premios de dicho sorteo, sin perjuicio del pago de los gastos de
administraci�n.
(Art.7 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.8.
Premios en dinero y en especie. Con excepci�n de los juegos promocionales que se autoricen a las
entidades financieras y aseguradoras, no se podr�n ofrecer o entregar premios
en dinero. En consecuencia, los premios deber�n consistir en bienes muebles o
inmuebles o servicios. Se excluyen de los bienes muebles, los t�tulos valores y
similares.
(Art.8 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.9.
Autorizaciones y regulaciones especiales. Cuando para la realizaci�n de los juegos de suerte y azar promocionales
se pretenda utilizar el nombre, la marca o los resultados de otros juegos, el
interesado deber� acompa�ar con la solicitud de permiso para la operaci�n, la
autorizaci�n de uso de los derechos, suscrita por el titular.
Adem�s
de lo se�alado en el presente t�tulo, las entidades pertenecientes al sector
financiero y asegurador deber�n cumplir con lo dispuesto por el Parte 2, Libro
24, T�tulo 1 del Decreto 2555 de 2010.
(Art. 9 Decreto
493 de 2001)
Art�culo 2.7.4.10.
Plazo para la entrega de premios. De acuerdo con lo previsto en el art�culo 5 de la Ley 643 de 2001, los
premios promocionales deben entregarse en un plazo no mayor a treinta (30) d�as
calendario, contados a partir de la fecha del sorteo. Los operadores deben
garantizar la aleatoriedad del juego de suerte y azar promocional, en las
condiciones autorizadas por las Entidades Administradoras del Monopolio.
De la realizaci�n del sorteo y de la entrega de premios, debe dejarse
acta o constancia escrita, las cuales ser�n enviadas a Coljuegos o la Sociedad
de Capital P�blico Departamental SCPD seg�n corresponda, dentro de los diez
(10) y treinta (30) d�as siguientes a la fecha en que se surtan,
respectivamente.
Par�grafo Primero. En las mec�nicas en las
cuales se realice siembra de premios, entendida como la distribuci�n aleatoria
en el mercado de productos, boletas o similares que contienen la condici�n para
ganar, el plazo de los treinta (30) d�as calendario para la entrega del premio,
ser� contado desde la reclamaci�n del mismo por parte del jugador, y �sta solo
podr� darse dentro de la vigencia autorizada del juego de suerte y azar
promocional.
Par�grafo Segundo. A los sorteos o siembra de
premios de los juegos de suerte y azar promocionales deber� asistir un delegado
de la primera autoridad administrativa del lugar donde �ste se realice, siempre
que el valor total del plan de premios supere los mil salarios m�nimos legales
mensuales vigentes (1.000 SMLMV). En los juegos de suerte y azar promociona les
cuyo valor del plan de premios no supere el monto antes se�alado, el operador
del juego deber� solicitar el acompa�amiento del delegado, sin perjuicio que el
sorteo o la siembra de premios se lleve a cabo sin su presencia.
Par�grafo Tercero. Coljuegos o la respectiva
Sociedad de Capital P�blico Departamental SCPD, seg�n corresponda, determinar�n
los formatos y soportes de las actas y constancias a que se refieren el
presente art�culo.
(Art. 10 Decreto
493 de 2001, modificado por el Art.4 del Decreto
2104 de 2016)
Art�culo 2.7.5.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente t�tulo se aplicar�n a Coljuegos y a las
personas jur�dicas que operen el monopolio rent�stico de los juegos de suerte y
azar localizados.
(Art. 1 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.2.
Requisitos para la operaci�n. Podr�n operar los juegos de suerte y azar localizados las personas
jur�dicas que obtengan autorizaci�n de Coljuegos y suscriban el correspondiente
contrato de concesi�n.
(Art. 2 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.3.
Autorizaci�n. Para efectos de la autorizaci�n se�alada en el art�culo anterior del
presente t�tulo, se deber� acreditar ante Coljuegos el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Demostrar la tenencia legal de los equipos y elementos utilizados
para la operaci�n de los juegos.
2. Obtener concepto previo favorable del local comercial previsto para
operar el juego, el cual puede ser equivalente al concepto de uso del suelo,
siempre. y cuando sea expedido por el correspondiente alcalde del municipio, su
delegado o por la autoridad municipal designada funcionalmente para el efecto,
en el que se est�blezca que la ubicaci�n del local comercial donde operar� el
juego localizado se encuentra en una zona apta para el desarrollo de
actividades comerciales; de conformidad con los planes de ordenamiento
territorial o esquemas de ordenamiento territorial seg�n corresponda.
3. Los que establezca Coljuegos respecto al n�mero m�nimo y/o m�ximo de
elementos que se pueden operar por local comercial, n�mero m�nimo de elementos
que se pueden operar por contrato, las actividades comerciales o de servicios
compatibles con la operaci�n de los juegos localizados en los locales
comerciales y las dem�s condiciones t�cnicas que sean consideradas necesarias
para la efectiva operaci�n de cada tipo de juego localizado.
Par�grafo 1. En cumplimiento del art�culo 35
de la Ley 643 de 2001, el alcalde del municipio, su delegado o la autoridad
municipal designada funcionalmente para el efecto, debe emitir favorablemente
el concepto de que trata el presente art�culo siempre que se verifique que el
establecimiento de comercio de juego de suerte y azar que se pretende operar
este ubicado en una zona apta para el desarrollo de actividades comerciales, de
conformidad con el plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento
territorial, seg�n corresponda.
Par�grafo 2. Para los efectos de la
autorizaci�n y suscripci�n de los contratos de concesi�n de juegos localizados
de que trata el art�culo 33 de la ley 643 de 2001, el concepto previo favorable
expedido por el correspondiente alcalde del municipio o por la autoridad
municipal que este delegue o designe funcionalmente para el efecto, y que
hubiere sido presentado por el interesado para tales efectos no ser� requerido
nuevamente, a menos que la misma autoridad que lo expidi� o el operador del
juego informen a Coljuegos la revocatoria del mismo, en el evento que se
realice una modificaci�n del plan de ordenamiento territorial o el esquema de
ordenamiento territorial seg�n corresponda, que pueda afectar el concepto
previo inicialmente otorgado.
Par�grafo 3. La definici�n del n�mero de
elementos m�nimo y/o m�ximo que se pueden operar por local comercial y las
actividades comerciales que pueden ser. combinadas con la operaci�n de cada
tipo de juego localizado, deber� hacerse con observancia de aspectos que
incorporen medidas de control para los elementos de juego autorizados.
Par�grafo 4. Mientras Coljuegos establece los
m�nimos de elementos de cada tipo de juego localizado por local comercial, se
aplicar�n los siguientes, de acuerdo con la proyecci�n del censo del DANE.
|
�tem
|
N�mero de habitantes por municipio
|
Elementos de juego
|
|
1
|
500.001 en adelante
|
20
|
|
2
|
100.001 a 500.000
|
16
|
|
3
|
50.001 a 100.000
|
13
|
|
4
|
25.001 a 50.000
|
11
|
|
5
|
10.001 a 25.000
|
7
|
|
6
|
menos de 10.000
|
3
|
Par�grafo 5. Mientras Coljuegos establece las
actividades comerciales o de servicios que pueden combinarse con la operaci�n
de cada tipo de juego localizado, estos deber�n operarse en locales comerciales
cuya actividad principal sea la de juegos de suerte y azar, y las m�quinas
tragamonedas deber�n operar en locales comerciales cuyo objeto principal sea la
operaci�n de este tipo de juegos o de manera compartida con otro tipo de juegos
localizados.
(Art. 3 Decreto
1278 de 2014, modificado por el Art.
1 Decreto 1580 de 2017)
Art�culo 2.7.5.4.
Del contrato de concesi�n. Una vez en firme el acto administrativo de otorgamiento de la
autorizaci�n para la operaci�n a trav�s de terceros de los juegos de suerte y
azar localizados de que trata el presente t�tulo, se proceder� a la suscripci�n
del contrato de concesi�n, el cual se regir� en su orden por lo dispuesto en
las Leyes 643 de 2001, 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios
y en las dem�s normas que las adicionen o modifiquen, as� como por lo que
disponga Coljuegos, para la adecuada ejecuci�n del objeto contractual.
(Art. 4 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.5.
T�rmino para la suscripci�n del contrato
de concesi�n. En el acto de autorizaci�n se se�alar�
la fecha l�mite para la suscripci�n del contrato. Cuando sin justa causa el
autorizado no suscriba el respectivo contrato en dicho plazo, el acto de
autorizaci�n perder� sus efectos. Hasta tanto no se suscriba y se cumplan los
requisitos de ejecuci�n del contrato de que trata el art�culo anterior del
presente t�tulo, no podr� iniciarse la operaci�n del juego.
(Art. 5 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.6.
Declaraci�n, liquidaci�n y pago de los
derechos de explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses moratorios. Dentro de los primeros diez (10) d�as h�biles de cada mes, los
operadores autorizados, con base en el formulario de declaraci�n, liquidaci�n y
pago, deber�n efectuar el pago de los derechos de explotaci�n, gastos de
administraci�n e intereses moratorios a que hubiere lugar, en los bancos y/o
entidades financieras autorizados por Coljuegos.
Dentro
del mismo t�rmino, presentar�n ante Coljuegos, debidamente diligenciado, el
formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago, y el respectivo comprobante de
consignaci�n.
Par�grafo 1�. Coljuegos adoptar� mediante
acto administrativo los requisitos que considere necesarios para la
liquidaci�n, declaraci�n y pago de los derechos de explotaci�n, gastos de
administraci�n e intereses moratorios y mantendr� en su p�gina electr�nica el
formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago.
Par�grafo 2�. Para efectos del presente
t�tulo y trat�ndose de los dem�s juegos localizados a que se hace referencia en
el numeral 5 del art�culo 34 de la Ley 643 de 2001, los ingresos brutos que
sirven de base para la liquidaci�n de los derechos de explotaci�n y gastos de
administraci�n corresponden al valor total de las apuestas realizadas sin
incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
(Art. 6 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.7.
Garant�as.
El operador deber� constituir a favor de la Empresa Industrial y Comercial del
Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar
(Coljuegos), por intermedio de una compa��a de seguros o de un banco legalmente
establecido en Colombia, una garant�a �nica que ampare como m�nimo los
siguientes riesgos:
a)
De cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato de concesi�n, para la operaci�n de juegos de suerte y azar localizados
y del pago de las sanciones que se le llegaren a imponer al concesionario,
incluyendo en ellas el pago de multas y la cl�usula penal pecuniaria, que
ampare por lo menos el quince (15%) del valor del contrato y una vigencia igual
a la de este m�s el t�rmino establecido para su liquidaci�n;
b)
De salarios y prestaciones sociales que ampare por
lo menos el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual a
la del mismo y tres (3) a�os m�s;
c)
De pago de premios a los apostadores que ampare por
lo menos el cinco por ciento (5%) del valor del contrato de concesi�n y una
vigencia igual a la de aquel m�s el t�rmino establecido para su liquidaci�n.
Par�grafo. La indivisibilidad de la
garant�a en los contratos de concesi�n para la operaci�n de juegos de suerte y
azar localizados, no se regir� por lo dispuesto sobre la materia en T�tulo 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Reglamentario �nico del Sector
Administrativo de Planeaci�n Nacional y en su lugar, los operadores podr�n
constituir la garant�a por anualidades, caso en el cual, el monto del amparo se
calcular� sobre el valor total del contrato para el primer a�o y, para los a�os
subsiguientes, por el saldo total del contrato que falte por ejecutar, con la
obligaci�n del operador de renovar las garant�as tres meses antes de su
vencimiento y en los t�rminos del presente art�culo.
(Art. 7 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.8.
Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio cedidas por la Naci�n a las entidades
territoriales, los derechos de explotaci�n, los intereses de mora y los
rendimientos financieros, provenientes de la operaci�n de los juegos de suerte
y azar localizados a que se refiere este t�tulo.
Dichas
rentas deber�n ser giradas mensualmente por Coljuegos a los municipios y al
Distrito Capital, en los t�rminos establecidos en los art�culos 32 de la Ley
643 de 2001, 2.7.9.1.6. del T�tulo 9 de la presente parte y numeral 2 del
art�culo 2� del Decreto n�mero 4962 de 2011, o las normas que los modifiquen,
adicionen o compilen. Igualmente, remitir� dentro de los cinco (5) d�as
siguientes a la fecha de consignaci�n de los recursos, el informe de que trata
el Decreto n�mero 1659 de 2002.
(Art. 8 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.9.
Funci�n de Polic�a Judicial. De conformidad con las facultades otorgadas en la Ley 643 de 2001,
Coljuegos ejercer� las funciones previstas en el numeral cuatro del art�culo
202 de la Ley 906 de 2004.
Par�grafo. En desarrollo de estas
funciones, Coljuegos, dentro del �mbito de su competencia, realizar� las
actividades tendientes a brindar el apoyo necesario a las autoridades de
investigaci�n en la recolecci�n del material probatorio y su aseguramiento para
el desarrollo eficaz de la investigaci�n y actuar� coordinadamente con dichas
autoridades en los casos que se considere pertinente.
(Art. 9 Decreto
1278 de 2014)
Art�culo 2.7.5.10.
Gradualidad de la confiabilidad. Para efectos de la aplicaci�n de lo previsto en el art�culo 59 de la
Ley 1955 de 2019 y el art�culo 56 del Decreto Ley 2106 de 2019, los operadores
de juegos de suerte y azar localizados que cumplan las condiciones establecidas
por Coljuegos para la conectividad y la confiabilidad del Sistema de Conexi�n
en L�nea, en las m�quinas electr�nicas tragamonedas (MET) autorizadas en el
contrato de concesi�n, deben liquidar mensualmente con la tarifa prevista en el
mencionado art�culo.
Cuando alguna de las MET autorizadas en el contrato de concesi�n no
cumpla las anteriores condiciones, se debe liquidar de forma individual con las
tarifas previstas en el art�culo 34 de la Ley 643 de 2001.
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del presente
Decreto, Coljuegos establecer� las condiciones de confiabilidad de las MET, que
ser�n verificadas dos a�os despu�s de su expedici�n; las MET que cumplan las
condiciones, de acuerdo a la gradualidad, las etapas y plazos definidas por la
entidad administradora del monopolio para llegar a los est�ndares
internacionales, pagar�n las tarifas previstas en el art�culo 59 de la Ley 1955
de 2019, las MET que no cumplan las condiciones de la etapa respectiva pagar�n
las tarifas del art�culo 34 de la Ley 643 de 2001.
Coljuegos expedir� las condiciones de conectividad y confiabilidad de
los dem�s elementos de juegos localizados, para lo cual establecer� la
gradualidad en la implementaci�n de estos mecanismos por parte de los
operadores. Los elementos de juego que cumplan las condiciones, de acuerdo a la
gradualidad, las etapas y plazos definidas por la entidad administradora del
monopolio para llegar a los est�ndares internacionales, pagar�n las tarifas
previstas en el art�culo 59 de la Ley 1955 de 2019, los elementos de juego que
no cumplan las condiciones de la etapa respectiva pagar�n las tarifas del
art�culo 34 de la Ley 643 de 2001.
Par�grafo. Coljuegos expedir� las condiciones
para elaborar la liquidaci�n sugerida; en todo caso, no se podr�n hacer
liquidaciones de derechos de explotaci�n con valores negativos, en concordancia
con lo previsto en el art�culo 336 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 56
del Decreto Ley 2106 de 2019.
(Adicionado Art. 1, Decreto
2372 de 2019)
Art�culo 2.7.6.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente t�tulo se aplican a las apuestas en
eventos deportivos, gall�sticos, caninos, y similares de que trata el art�culo
36 de la Ley 643 de 2001, operados a trav�s de terceros.
(Art. 1 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.2.
Operaci�n a trav�s de terceros. La operaci�n del juego de apuestas en eventos deportivos, gall�sticos,
caninos, y similares, a trav�s de terceros, es aquella que se realiza por
personas jur�dicas, mediante contratos de concesi�n celebrados con la Empresa
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de
los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, en los t�rminos de la Ley 80 de 1993.
(Art. 2 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.3.
Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciaci�n del proceso contractual que tiene
como fin escoger al concesionario, ser� necesario que exista el reglamento
correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la Empresa
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de
Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.
Dicho
reglamento, determinar� el monto de los derechos de explotaci�n aplicable a
cada juego, el cual en ning�n caso podr� ser inferior al diecisiete por ciento
(17%) de los ingresos brutos del juego, de conformidad con lo establecido en el
art�culo 49 de la Ley 643 de 2001.
(Art. 3 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.4.
Derechos de explotaci�n. Para la liquidaci�n de los Derechos de Explotaci�n, se entiende por
Ingresos Brutos del Juego, el valor total de las apuestas sin incluir el valor
del impuesto sobre las ventas.
(Art. 4 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.5.
Gastos de administraci�n y operaci�n. Los Operadores de los Juegos de que trata el presente t�tulo, deber�n
pagar a t�tulo de gastos de administraci�n un porcentaje no superior al uno por
ciento (1%) de los derechos de explotaci�n, o aquel porcentaje que por ley
posterior se determine.
(Art. 5 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.6.
Declaraci�n, liquidaci�n y pago de los
derechos de explotaci�n, de los gastos de administraci�n y de los intereses
moratorios. Dentro de los primeros diez (10) d�as
h�biles de cada mes, en el formulario oficial que para el efecto emita la
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico
de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deber� declarar y
liquidar ante esta, los derechos de explotaci�n y los gastos de administraci�n,
causados en el mes anterior, as� como los intereses moratorios a que hubiere
lugar.
Dentro
del mismo t�rmino, el operador deber� consignar a la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar Coljuegos, los valores liquidados en los Bancos y Entidades
Financieras autorizadas.
(Art. 6 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.7.
Formulario de declaraci�n, liquidaci�n y
pago de los derechos de explotaci�n y gastos de administraci�n. El formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago de los derechos de
explotaci�n y gastos de administraci�n, contendr� como m�nimo lo siguiente:
1.
Raz�n social del operador.
2.
N�mero de Identificaci�n Tributaria.
3.
Direcci�n del domicilio social del operador.
4.
N�mero del contrato de concesi�n y fecha de
suscripci�n.
5.
Mes y a�o al cual corresponde la declaraci�n.
6.
Valor de los ingresos brutos.
7.
Valor de los derechos de explotaci�n.
8.
Valor de los gastos de administraci�n.
9.
Intereses moratorios.
10. Valor total a pagar.
11. Nombre, identificaci�n, firma y matr�cula profesional del contador o
revisor fiscal.
12. Nombre, identificaci�n y firma del representante legal.
Par�grafo. El operador deber� adjuntar
como anexo al formulario, el respectivo comprobante de consignaci�n de los
derechos de explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses moratorios.
(Art. 7 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.6.8.
Giro de los recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades
territoriales, los derechos de explotaci�n, los intereses de mora y los
rendimientos financieros, provenientes de la operaci�n de los juegos a que se
refiere este t�tulo.
Dichas
rentas, deber�n ser giradas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar
Coljuegos,� dentro de los primeros diez (10) d�as h�biles del mes siguiente a
su recaudo, a los Fondos de Salud Departamentales, Distritales y Municipales,
en la proporci�n y condiciones establecidas en el Cap�tulo 1 del T�tulo 9 de la
presente parte.
Igualmente,
remitir� dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la fecha de consignaci�n de
los recursos el informe recursos el informe sobre distribuci�n y giros de que
trata el citado Cap�tulo 1 del T�tulo 9.
(Art.8 Decreto
2482 de 2003)
Art�culo 2.7.7.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente t�tulo se aplican a los juegos
novedosos de que trata el art�culo 38 de la Ley 643 de 2001, operados a trav�s
de terceros.
(Art. 1 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.2.
Operaci�n a trav�s de terceros. La operaci�n de los juegos novedosos a trav�s de terceros, es aquella
que se realiza por personas jur�dicas, mediante contratos de concesi�n
celebrados con ellas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar
Coljuegos, en los t�rminos definidos por la Ley de R�gimen Propio de los Juegos
de Suerte y Azar, el Estatuto General de Contrataci�n de la Administraci�n
P�blica y las normas reglamentarias de dichos ordenamientos o las disposiciones
que las modifiquen o sustituyan.
(Art. 2 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.3.
Reglamento del juego. Con anterioridad a la iniciaci�n del proceso contractual que tiene
como fin escoger al concesionario, ser� necesario que exista el reglamento
correspondiente a cada modalidad de juego, aprobado y expedido por la Empresa
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de
Juegos de Suerte y Azar Coljuegos.
El
reglamento determinar� el monto de los derechos de explotaci�n aplicable a cada
juego, el cual en ning�n caso podr� ser inferior al diecisiete (17%) de los
ingresos brutos del juego, de conformidad con lo establecido en el art�culo 49
de la Ley 643 de 2001.
(Art. 3 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.4.
Liquidaci�n de los derechos de
explotaci�n. Ingresos brutos. Para la liquidaci�n
de los derechos de explotaci�n, se entienden por ingresos brutos del juego, el
valor total de las apuestas sin incluir el valor del impuesto sobre las ventas.
(Art. 4 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.5.
Gastos de administraci�n reconocidos a
Coljuegos. Los concesionarios de los juegos de que
trata el presente t�tulo, deber�n pagar a Coljuegos a t�tulo de gastos de
administraci�n un porcentaje definido por Coljuegos no superior al uno por
ciento (1%) de los derechos de explotaci�n o aquel porcentaje que por ley
posterior se determine.
(Art. 5 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.6.
Declaraci�n, liquidaci�n y pago de los
derechos de explotaci�n, de los gastos de administraci�n y de los intereses
moratorios. Dentro de los primeros diez (10) d�as
h�biles de cada mes, en el formulario oficial que para el efecto suministre la
Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico
de los Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, el operador deber� declarar y
liquidar ante esta, los derechos de explotaci�n, los gastos de administraci�n y
los intereses moratorios a que hubiere lugar.
Dentro
del mismo t�rmino, el concesionario deber� consignar a la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar Coljuegos, los valores liquidados en los bancos y entidades
financieras autorizadas.
(Art. 6 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.7.
Formulario de declaraci�n, liquidaci�n y
pago de los derechos de explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses. El formulario de declaraci�n, liquidaci�n y pago de los derechos de
explotaci�n y gastos de administraci�n, contendr� como m�nimo lo siguiente:
1.
Raz�n social del operador.
2.
N�mero de identificaci�n tributaria.
3.
Direcci�n del domicilio social del operador.
4.
N�mero del contrato de concesi�n y fecha de
suscripci�n.
5.
Mes y a�o al cual corresponde la declaraci�n.
6.
Valor de los ingresos brutos.
7.
Valor de los derechos de explotaci�n.
8.
Valor de los gastos de administraci�n.
9.
Intereses moratorios.
10. Valor total a pagar.
11. Nombre, identificaci�n, firma y matr�cula profesional del contador o revisor
fiscal.
12. Nombre, identificaci�n y firma del representante legal.
Par�grafo. El concesionario deber�
adjuntar como anexo al formulario, el respectivo comprobante de consignaci�n de
los derechos de explotaci�n, gastos de administraci�n e intereses moratorios.
(Art. 7 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.7.8.
Giro de recursos del monopolio. Constituyen rentas del monopolio y son de propiedad de las entidades
territoriales, los derechos de explotaci�n, los intereses de mora y los
rendimientos financieros, provenientes de la operaci�n de los juegos a que se
refiere el presente t�tulo.
Estas
rentas, deber�n ser giradas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar
Coljuegos, dentro de los primeros diez (10) d�as h�biles del mes siguiente a su
recaudo, a los fondos de salud departamentales, distritales y municipales, en
la proporci�n y condiciones establecidas en el Cap�tulo 1 del T�tulo 9 de la
presente parte.
Igualmente,
remitir� dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la fecha de consignaci�n de
los recursos el informe sobre distribuci�n y giros de que trata el citado Cap�tulo
1 del T�tulo 9.
(Art. 8 Decreto
2121 de 2004)
Art�culo 2.7.8.1.
Facultades de fiscalizaci�n y control a
la explotaci�n de juegos de suerte y azar. Sin
perjuicio de las facultades propias de la Superintendencia Nacional de Salud,
corresponde a los municipios, al Distrito Capital, a los departamentos y a las
dem�s entidades administradoras de juegos de suerte y azar de que trata la Ley
643 de 2001, ejercer oportuna y efectivamente las facultades de fiscalizaci�n y
control previstas en los art�culos 4, 43 y 44 del mencionado estatuto, teniendo
en cuenta la competencia funcional de la respectiva entidad administradora y el
�mbito territorial en el cual se opera la respectiva modalidad de juegos de
suerte y azar, as� como imponer las sanciones correspondientes, a fin de evitar
la explotaci�n ilegal de juegos de suerte y azar, la proliferaci�n de juegos no
autorizados y en general de pr�cticas contrarias al r�gimen propio del
monopolio. La omisi�n o extralimitaci�n en el ejercicio de dichas facultades
compromete la responsabilidad personal e institucional de las referidas
entidades de acuerdo con lo dispuesto en la Constituci�n Pol�tica y en la Ley.
(Art. 8 Decreto
4643 de 2005)
Art�culo 2.7.8.2.
Manuales y protocolos de fiscalizaci�n. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar adoptar� los manuales y
protocolos que deben aplicar todas las entidades territoriales que exploten,
administren u operen el monopolio rent�stico de juegos de suerte y azar, para
el ejercicio de la funci�n de fiscalizaci�n a que haya lugar, los cuales se
sujetar�n al procedimiento administrativo com�n y principal que establece el
C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Art. 3 Decreto
2341 de 2012)
Art�culo 2.7.9.1.1.
Distribuci�n de los recursos provenientes
de los juegos de suerte y azar localizados. Los
recursos provenientes de juegos de suerte y azar localizados en ciudades de
menos de cien mil (100.000) habitantes, incluidos los rendimientos financieros
generados por ellos, se destinar�n al municipio generador de los mismos y los
generados en los dem�s, se distribuir�n el cincuenta por ciento (50%) acorde
con la jurisdicci�n donde se generaron los derechos o regal�as y el otro
cincuenta por ciento (50%), se distribuir� entre los municipios, los distritos
y el Distrito Capital, con base en el porcentaje de participaci�n de la
distribuci�n efectuada para cada uno de ellos en el total de los recursos del
sistema general de participaciones para el sector salud.
El
procedimiento para efectuar la distribuci�n de los recursos acorde con el
porcentaje de participaci�n del sistema general de participaciones para el
sector salud es el siguiente:
1.
Para cada municipio, distrito y el Distrito
Capital, se efectuar� la sumatoria de los recursos del sistema general de
participaciones para salud, distribuidos por concepto de subsidios a la
demanda, prestaci�n de servicios de salud a la poblaci�n pobre, en lo no
cubierto con subsidios a la demanda y de acciones de salud p�blica.
2.
El porcentaje de participaci�n ser� el resultante
de dividir la suma del total de estos recursos para cada municipio, distrito y
el Distrito Capital, entre el total nacional de los recursos distribuidos por
concepto del sistema general de participaciones para el sector salud.
3.
El porcentaje de participaci�n de cada municipio,
distrito y el Distrito Capital, calculado en el numeral anterior, se aplicar�
al total de los recursos a distribuir, previo descuento del porcentaje del
siete por ciento (7%) con destino al Fondo de Investigaci�n en Salud,
obteniendo de esta manera los recursos que le corresponden a cada municipio,
distrito y Distrito Capital.
(Art. 1 del Decreto
1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.2.
Distribuci�n de los recursos provenientes
de los juegos de suerte y azar novedosos diferentes al lotto en l�nea, loter�a
preimpresa y loter�a instant�nea. La distribuci�n
del cincuenta por ciento (50%) del veinte por ciento (20%) de los recursos
correspondientes a los departamentos se realizar� de acuerdo con la
participaci�n de la asignaci�n de cada departamento, en el total de la
asignaci�n nacional total departamental del sistema general de participaciones
para el sector salud.
(Art. 2 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.3.
Distribuci�n de los recursos provenientes
de la explotaci�n del lotto en l�nea, loter�a preimpresa y la loter�a
instant�nea. La distribuci�n de la totalidad de
las rentas obtenidas por el administrador del monopolio por concepto de la
explotaci�n del lotto en l�nea, la loter�a preimpresa y la loter�a instant�nea,
incluyendo sus correspondientes rendimientos financieros, destinadas a la
financiaci�n del pasivo pensional territorial del sector salud, a trav�s del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, se
efectuar� semestralmente con cortes a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada
a�o, por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, con base en la
metodolog�a definida para los juegos novedosos en el art�culo anterior, y la informaci�n
remitida por el administrador del monopolio, sin efectuar el descuento del
siete por ciento (7%) para el fondo de investigaciones en salud.
(Art. 3 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.4.
Distribuci�n de recursos de rifas, juegos
promocionales, eventos deportivos, gall�sticos, caninos y similares. Los recursos por concepto de rifas, juegos promocionales, eventos
deportivos, gall�sticos, caninos y similares, explotados por la Empresa
Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los
Juegos de Suerte y Azar Coljuegos, incluidos sus rendimientos financieros, se
distribuir�n entre los municipios, distritos y el Distrito Capital, aplicando
el porcentaje de participaci�n en la distribuci�n total de los recursos del
sistema general de participaciones para el sector salud, calculado de acuerdo
con la metodolog�a descrita en el art�culo 2.7.9.1.1. del presente cap�tulo,
previa deducci�n del siete por ciento (7%) con destino al Fondo de
Investigaciones en Salud.
(Art. 4 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.5.
Distribuci�n de los recursos provenientes
de los eventos h�picos. Los recursos derivados de
las apuestas h�picas y sus rendimientos financieros, explotados por los
departamentos y Distritos previa deducci�n del siete por ciento (7%) con
destino al Fondo de Investigaciones en Salud, son de propiedad de los
municipios, distritos y el Distrito Capital, seg�n su localizaci�n, por lo
tanto su distribuci�n se efectuar� a la entidad territorial que los gener�.
(Art. 5 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.6.
Periodicidad en la distribuci�n y giro de
los recursos. Los recursos de que trata el
presente cap�tulo se distribuir�n y girar�n por parte del Administrador del
Monopolio Rent�stico de cada uno de los Juegos de Suerte y Azar, con la
siguiente periodicidad:
1) Los recursos de juegos localizados, juegos promocionales, rifas,
apuestas en eventos deportivos, gall�sticos, caninos y similares, los de
eventos h�picos, as� como los correspondientes a nuevos juegos que operen
debidamente autorizados, se distribuir�n mensualmente, dentro de los primeros
diez (10) d�as h�biles del mes siguiente a su recaudo por parte del
Administrador del Monopolio Rent�stico de cada uno de los Juegos de Suerte y
Azar, seg�n sea el caso. El giro a los fondos municipales y distritales de
salud, as� como al Fondo de Investigaci�n en Salud, se efectuar� dentro del t�rmino
antes se�alado.
2) Los recursos de juegos novedosos distintos al lotto en l�nea, loter�a
preimpresa y loter�a instant�nea, se distribuir�n semestralmente con corte a 30
de junio y a 31 de diciembre de cada a�o y su giro a los fondos
departamentales, distritales y municipales de salud, as� como al Fondo de
Investigaci�n en Salud, se efectuar� a m�s tardar el d�cimo d�a h�bil del mes
siguiente al del corte.
3) Los recursos provenientes de la explotaci�n de juegos novedosos del
lotto en l�nea, loter�a preimpresa y loter�a instant�nea, se distribuir�n
semestralmente con corte a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada a�o y su
giro al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, FONPET, se
efectuar� a m�s tardar el d�cimo d�a h�bil del mes siguiente al del corte.
Par�grafo 1�. Las entidades territoriales,
deber�n reportar al Administrador del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar de cada uno de los juegos, la informaci�n relacionada con la
cuenta corriente que se haya dispuesto para la recepci�n de los recursos de que
trata la Ley 643 de 2001.
Estos
recursos en ning�n caso podr�n hacer unidad de caja con las dem�s rentas del
ente territorial, se manejar�n en forma separada y deber�n destinarse
exclusivamente a los fines establecidos en la Ley 643 de 2001, de acuerdo con
las competencias fijadas por la Ley 715 de 2001.
Par�grafo 2�. Los recursos de la Naci�n
destinados al Fondo de Investigaciones en Salud, se girar�n por parte del
Administrador del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y Azar de cada
uno de los juegos, a la cuenta que para tal efecto le informe el Instituto
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnolog�a Francisco Jos� de
Caldas, Colciencias.
Par�grafo 3�. Los recursos provenientes de
la loter�a instant�nea, la loter�a preimpresa y del lotto en l�nea, se girar�n
por parte del Administrador del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y
Azar de cada uno de los juegos, al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales, FONPET, a las cuentas certificadas por el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico.
(Art. 6 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.7.
Informaci�n sobre el porcentaje de
participaci�n que corresponde a cada municipio, distrito, distrito capital y
departamento. El Departamento Nacional de
Planeaci�n informar� al Administrador del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar de cada uno de los juegos, previa solicitud de esta �ltima,
durante los primeros diez (10) d�as h�biles a la fecha de aprobaci�n del Conpes
Social en el que se asignen los recursos del sistema general de participaciones
para el sector salud, los porcentajes de distribuci�n que corresponden a cada
municipio, distrito, Distrito Capital y departamento, que se aplicar� a la
distribuci�n y giro de lo recaudado durante la correspondiente vigencia fiscal,
conforme a lo dispuesto en el presente cap�tulo.
(Art. 7 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.8.
Informes sobre la distribuci�n y giros. El Administrador del Monopolio Rent�stico de los Juegos de Suerte y
Azar de cada uno de los juegos, dentro de los cinco (5) d�as siguientes a la
fecha de consignaci�n de los recursos a la entidad territorial, remitir� a cada
una de las entidades territoriales un informe de los valores asignados en la
distribuci�n, discriminando:
1) Valor total asignado en la distribuci�n de los recursos originados en
juegos diferentes del lotto en l�nea, loter�a preimpresa y loter�a instant�nea.
2) Valor girado al Fondo de Investigaciones en Salud.
3) Valor girado a la respectiva entidad territorial.
(Art. 8 del Decreto 1659 de 2002)
Art�culo 2.7.9.1.1.1.
Financiaci�n del pasivo pensional del
sector salud con recursos del FONPET por concepto del lotto en l�nea. Los Departamentos, Municipios y Distritos que posean recursos en el
FONPET derivados de recaudos por concepto del Lotto en L�nea y respecto de los
cuales existan obligaciones pendientes relacionadas con la financiaci�n de
pasivos pensionales del sector salud, causado a 31 de diciembre de 1993, podr�n
hacer uso de ellos como fuente de financiaci�n de la concurrencia a su cargo,
en la siguiente forma:
a) Los recursos por concepto del Lotto en L�nea que posean en el FONPET
los� Departamentos, Municipios y Distritos que al 20 de diciembre de 2011 no
hayan suscrito los contratos de concurrencia, una vez se efect�e el cruce de
cuentas, se determinen los porcentajes y montos de las concurrencias que les
correspondan y se suscriban los respectivos contratos, se girar�n a los
patrimonios aut�nomos o encargos fiduciarios que se constituyan para la
administraci�n de los recursos de la concurrencia, a las cuentas plenamente
identificadas.
b) Los entes territoriales con los cuales ya se han suscrito contratos de
concurrencia que tienen obligaciones pendientes o que para tal fin dispusieron
de fuentes de financiaci�n amparadas en Vigencias Futuras, tambi�n podr�n hacer
uso de los recursos recaudados por concepto del Lotto en L�nea en el FONPET,
sustituyendo las dem�s fuentes y cancelando o reduciendo las vigencias futuras
hasta el monto de los recursos existentes en la cuenta del FONPET, para lo cual
se ajustar�n los contratos respectivos.
(Art. 1 Decreto
4812 de 2011)
Art�culo 2.7.9.1.1.2.
Giro de los recursos del FONPET. Para efecto del giro de los recursos del FONPET a los patrimonios
aut�nomos o encargos fiduciarios constituidos para la administraci�n de los
recursos de la concurrencia, la entidad territorial presentar� solicitud del
giro de los recursos a la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, se�alando la
cuenta a la cual deben girarse los recursos de acuerdo con lo establecido en el
contrato de concurrencia. Para el caso de las entidades territoriales
contempladas en los art�culos 2.7.9.1.1.3. y siguientes la solicitud deber� incluir
la certificaci�n de la cuenta a la que se deben girar los recursos destinados a
la atenci�n de los servicios de salud.
La
Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, una vez recibida la solicitud y con base en la
informaci�n registrada en el sistema de informaci�n del FONPET sobre el monto
de los recursos acumulados por concepto del Lotto en L�nea, a 31 de diciembre
de la vigencia anterior, autorizar� la transferencia de los recursos por cuenta
de cada una de las entidades territoriales, a los patrimonios aut�nomos o
encargos fiduciarios contratados para la administraci�n de los recursos de la
concurrencia para el pago las obligaciones pensionales del sector salud, o a la
entidad territorial, de acuerdo con lo se�alado en el art�culo anterior.
Las
entidades territoriales deber�n realizar por su cuenta las operaciones
presupuestales necesarias para efectos de la transferencia de los recursos de
que trata la presente secci�n.
(Art. 2 Decreto
4812 de 2011)
Art�culo 2.7.9.1.1.3.
Destinaci�n de los recursos acumulados
provenientes del Lotto en L�nea. Los municipios,
distritos y departamentos que no tengan obligaciones pensionales del sector
salud o las tengan plenamente financiadas, utilizar�n los recursos provenientes
del Lotto en L�nea, acumulados en el FONPET a la fecha en que se determine la
inexistencia de obligaciones pensionales de las entidades territoriales con el
sector salud o que se establezca que se encuentran plenamente financiadas, as�:
a. Para la cofinanciaci�n del aseguramiento en el R�gimen Subsidiado.
Estos recursos son adicionales a aquellos que por mandato de la ley deben
asignar los entes territoriales como esfuerzo propio para el financiamiento de
dicho R�gimen;
b. Para el saneamiento de las obligaciones pendientes de pago por concepto
de contratos del R�gimen Subsidiado suscritos hasta marzo 31 de 2011, para lo
cual, deber�n tener en cuenta los recursos asignados o por asignar, previstos
en el marco del Decreto 1080 de 2012 o la norma que lo modifique o compile y la
Ley 1608 de 2013. Para estos efectos, las entidades territoriales deber�n
informar al Ministerio de Salud y Protecci�n Social el saldo de la deuda, los
recursos asignados o por asignar con las fuentes previstas en dichas normas y
los recursos de que trata la presente secci�n;
c. Los departamentos o distritos, podr�n destinar los recursos
contemplados en este art�culo en primer lugar al saneamiento fiscal y
financiero de las Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo
financiero medio y alto en los t�rminos del art�culo 81 de la Ley 1438 de 2011,
acorde con lo definido en el art�culo 8� de la Ley 1608 de 2013. En caso de que
el saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado se encuentren
plenamente financiados, los departamentos o distritos podr�n destinar estos
recursos a la inversi�n en infraestructura de la red p�blica de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organizaci�n de la red de
prestaci�n de servicios. Estas inversiones deber�n estar incluidas en el Plan
Bienal de Inversiones en salud del respectivo departamento o distrito.
En
el caso de los departamentos con corregimientos departamentales, estas
destinaciones s�lo proceder�n cuando existan remanentes, una vez aplicados los
recursos acumulados del Lotto en L�nea al saneamiento de la deuda a que hace
referencia el literal b) del presente art�culo.
Par�grafo. Es responsabilidad del
representante legal de la entidad territorial certificar la inexistencia de
obligaciones pensionales del sector salud o que existiendo las tienen
plenamente financiadas. Los municipios, distritos y departamentos tendr�n
responsabilidad exclusiva por la precisi�n y veracidad de la informaci�n.
(Art.1 Decreto
728 de 2013)
Art�culo 2.7.9.1.1.4.
Destinaci�n de los recursos provenientes
del Lotto en L�nea. Los
recursos provenientes del Lotto en L�nea que se generen en nombre de la entidad
territorial con posterioridad a la fecha en que se determine la inexistencia de
obligaciones pensionales de estas entidades con el sector salud o que se
establezca que dichas obligaciones se encuentran plenamente financiadas, se
destinar�n a la cofinanciaci�n del R�gimen Subsidiado de salud de la respectiva
entidad territorial.
Para
estos efectos, los recursos generados en nombre de los departamentos, se
asignar�n a la cofinanciaci�n del R�gimen Subsidiado de los municipios de su
jurisdicci�n, excepto para aquellos departamentos que tienen competencias de
aseguramiento en salud.
En
caso de que con posterioridad a la aplicaci�n del art�culo anterior surjan
pasivos pensionales del sector salud no financiados, los recursos de los que
trata esta secci�n deber�n destinarse prioritariamente a la atenci�n de dicho
pasivo, para lo cual, la respectiva entidad territorial y la Empresa Industrial
y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rent�stico de los Juegos de
Suerte y Azar �Coljuegos, seguir�n las instrucciones que para el efecto imparta
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico �Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica
de la Seguridad Social.
Par�grafo. La aplicaci�n de los recursos
seg�n lo previsto en el presente art�culo, deber� reflejarse en la contabilidad
de las entidades territoriales, de acuerdo con los procedimientos contables
definidos en las normas vigentes aplicables a cada entidad.
(Art. 2 Decreto
728 de 2013)
Art�culo 2.7.9.1.1.5.
Giro de los recursos del Lotto en L�nea. Con base en las solicitudes de las entidades territoriales al FONPET y
una vez acreditados los t�rminos y condiciones del 2.7.9.1.1.1 de la presente
secci�n, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su calidad de
administrador del FONPET, girar� los recursos del Lotto en L�nea destinados a
la cofinanciaci�n del aseguramiento en el R�gimen Subsidiado al mecanismo de
recaudo y giro a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo
modifique o compile, para que sean contabilizados como parte de la
cofinanciaci�n a cargo del municipio o del departamento, seg�n el caso, de lo
cual, se informar� por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a la
respectiva entidad territorial.
Para
los recursos que se generen en nombre de la entidad territorial, con
posterioridad a la fecha en que se determine la inexistencia de obligaciones
pensionales de las entidades territoriales con el sector salud o que se
establezca que se encuentran plenamente financiadas, corresponder� directamente
a Coljuegos, el giro de los recursos de Lotto en L�nea al mecanismo de recaudo
y giro a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo modifique o
compile, dentro de los plazos previstos por el art�culo 40 de la Ley 643 de
2001 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Coljuegos
informar� a las entidades territoriales los giros efectuados, para que estas
realicen los registros presupuestales y contables respectivos.
Para
el pago de las deudas por contratos del R�gimen Subsidiado, el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico en su calidad de administrador del FONPET y previa
solicitud de las entidades territoriales, proceder� al giro de los recursos
acumulados del Lotto a la fecha de la solicitud, al mecanismo de recaudo y giro
a que refiere el Decreto 4962 de 2011 o aquella norma que lo modifique o
compile, para que este proceda a girarlos aplicando en lo pertinente, el
procedimiento previsto en el Decreto 1080 de 2012 o aquella norma que lo
modifique o compile,. As� mismo, cuando estos recursos se usen en virtud de lo
establecido en los programas de saneamiento fiscal y financiero, los recursos
se girar�n a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el marco de
los programas respectivos. En los casos de la inversi�n en infraestructura, los
recursos se girar�n a la Entidad Territorial respectiva o al Prestador
correspondiente dependiendo del tipo de inversi�n que se realice.
(Art. 3 Decreto
728 de 2013)
Art�culo 2.7.9.1.1.6.
Registros contables y presupuestales. La aplicaci�n de los recursos seg�n lo previsto en la presente
secci�n, deber� reflejarse en la contabilidad de las entidades territoriales y
en sus presupuestos, de acuerdo con los procedimientos definidos en las normas
vigentes, de lo cual, se deber� informar al Ministerio de Salud y Protecci�n
Social.
(Art. 4 Decreto
728 de 2013)
Art�culo 2.7.9.2.1.
Compensaci�n. El presente cap�tulo tiene por objeto definir el procedimiento para
llevar a cabo la compensaci�n de que trata el par�grafo del art�culo 4� de la
Ley 1393 de 2010, cuyas previsiones aplicar�n a los Departamentos y al Distrito
Capital cuando presenten disminuciones en t�rminos constantes del recaudo por
concepto de derechos de explotaci�n del juego de las apuestas permanentes o
chance, frente a lo recaudado por este mismo concepto en el a�o 2009.
(Art.1 Decreto
2550 de 2012)
Art�culo 2.7.9.2.2.
Procedimiento para efectuar la
compensaci�n. La compensaci�n a que refiere este
cap�tulo, se efectuar� de conformidad con el siguiente procedimiento:
1) Los departamentos y el Distrito Capital deber�n presentar al Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico las solicitudes de compensaci�n a m�s tardar el
30 de abril del a�o siguiente al que se pretende compensar.
La solicitud de
compensaci�n deber� contener el valor anual del recaudo de los derechos de
explotaci�n del juego de las apuestas permanentes o chance del a�o a compensar
en pesos corrientes del mismo a�o.
2) Para cada entidad territorial el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico calcular� la diferencia entre el valor recaudado por derechos de
explotaci�n del juego de las apuestas permanentes o chance del a�o a compensar
y lo recaudado por el mismo concepto en el a�o 2009, en pesos constantes del
a�o que se va a compensar. El valor de la compensaci�n a nivel nacional se
obtendr� de la sumatoria de los valores as� obtenidos.
3) En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos no supere el
equivalente a dos (2) puntos del IVA aplicable al juego de las apuestas
permanentes o chance recaudados en el respectivo a�o, certificado por la
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -- DIAN, el valor de la
compensaci�n de cada entidad territorial ser� el obtenido de acuerdo con el
numeral 2 del presente art�culo. La Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales
- DIAN certificar� al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el valor
equivalente a dos (2) puntos del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes
o chance recaudados en el a�o que se va a compensar, a m�s tardar el 15 de
abril del a�o siguiente.
4) En caso de que la sumatoria de los valores obtenidos supere el
equivalente a dos (2) puntos del lVA aplicable al juego de las apuestas
permanentes o chance recaudados en el respectivo a�o, el valor a compensar a
cada entidad territorial se determinar� aplicando al valor de los dos (2)
puntos del IVA, el porcentaje de su participaci�n en la sumatoria de los
valores inicialmente obtenidos.
5) Los valores a compensar estar�n expresados en pesos corrientes del a�o
respectivo.
Par�grafo. Validaci�n de la informaci�n.
Para efectos de aplicar el procedimiento previsto en el presente cap�tulo y
validar la informaci�n reportada por las entidades territoriales, la
Superintendencia Nacional de Salud certificar� al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico a m�s tardar el 15 de abril de cada a�o, el valor recaudado en
el a�o anterior por concepto de derechos de explotaci�n del juego de las
apuestas permanentes o chance por cada departamento y por el Distrito Capital.
(Art.2 Decreto
2550 de 2012)
Art�culo 2.7.9.2.3.
Financiamiento de la compensaci�n. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, realizar� la compensaci�n
de que trata este cap�tulo a m�s tardar dentro de los dos (2) meses siguientes
a la fecha de las certificaciones de que trata el art�culo anterior, con cargo
a los recursos recaudados por concepto del IVA aplicable al juego de las
apuestas permanentes o chance.
(Art.3 Decreto
2550 de 2012)
Art�culo 2.7.9.2.4.
Giro de los recursos. Una vez aplicado el procedimiento de que trata el art�culo 2.7.9.2.2.
de este cap�tulo y previa comunicaci�n de los resultados de la compensaci�n
realizada por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Ministerio de
Salud y Protecci�n Social, �rgano en el cual se programar�n las apropiaciones
presupuestales del IVA aplicable al juego de las apuestas permanentes o chance,
proceder� a girar los recursos a los departamentos y al Distrito Capital que
sean objeto de la compensaci�n, a m�s tardar el 15 de julio del respectivo a�o.
Par�grafo. Para efectos del giro, las
entidades territoriales deber�n remitir al Ministerio de Salud y Protecci�n
Social una certificaci�n bancaria expedida por la entidad financiera donde
conste la cuenta bancaria a la cual se girar�n los recursos, indicando n�mero,
nombre de la cuenta, tipo de cuenta y nombre y n�mero de NIT del titular.
(Art.4 Decreto
2550 de 2012)
Art�culo 2.8.1.1.
Campo de aplicaci�n. El presente t�tulo rige para los �rganos nacionales que conforman la
cobertura del Estatuto Org�nico del Presupuesto.
(Art.1 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.1.1. Objetivos y Conformaci�n del Sistema Presupuestal. Son objetivos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los
ingresos y los gastos p�blicos que permita la sostenibilidad de las finanzas
p�blicas en el mediano plazo; la asignaci�n de los recursos de acuerdo con las
disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilizaci�n
eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.
El
Sistema Presupuestal est� constituido por el Plan Financiero, incluido en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Presupuesto Anual de la Naci�n y el Plan
Operativo Anual de Inversiones.
(Art.2 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.1.2. Plan Financiero. El
Plan Financiero es un programa de ingresos y gastos de caja y sus fuentes y
usos de financiamiento. El plan define las metas m�ximas de pagos a efectuarse
durante el a�o que servir�n de base para elaborar el Programa Anual de Caja -
PAC.
�
El
Plan Financiero del sector p�blico consolidado tiene como base las proyecciones
efectivas de caja del Gobierno Nacional, de las entidades descentralizadas
dedicadas a actividades no financieras del orden nacional, de las entidades
territoriales y sus descentralizadas y de las cuentas sectoriales que por su
magnitud ameriten ser incluidas en �ste.
�
El
plan deber� ser aprobado antes de la presentaci�n del proyecto de Presupuesto
General de la Naci�n al Congreso y se revisar� con la informaci�n al cierre de
la vigencia del mismo a�o.
(Art.2 Decreto
568 de 1996, modificado por el Art. 1 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.1.2. Seguimiento al Marco Fiscal de Mediano Plazo. El CONFIS velar� por el cumplimiento del Marco Fiscal de Mediano
Plazo, para lo cual har� un seguimiento detallado de manera que, si hay cambios
en las condiciones econ�micas, recomiende la adopci�n de las medidas necesarias
para propender por el equilibrio macroecon�mico.
El
seguimiento se realizar� de manera independiente y detallada de acuerdo con la
metodolog�a que para el efecto establezca el CONFIS.
(Art.3 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.1.3. Proyecciones Sectoriales. El Gobierno
Nacional de conformidad con el art�culo 1� de la Ley 819 de 2003, desarrollar�
el Marco de Gasto de Mediano Plazo. Este contendr� las proyecciones para un
per�odo de 4 a�os de las principales prioridades sectoriales y los niveles
m�ximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del
Presupuesto General de la Naci�n. El Marco de Gasto de Mediano Plazo se
renovar� anualmente.
Al
interior de cada sector, se incluir�n los gastos autorizados por leyes
preexistentes en concordancia con lo previsto en el art�culo 39 del Estatuto
Org�nico del Presupuesto, los compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras,
los gastos necesarios para la atenci�n del servicio de la deuda y los nuevos
gastos que se pretende ejecutar. En caso que se propongan nuevos gastos, se
identificar�n los nuevos ingresos, las fuentes de ahorro o la financiaci�n
requerida para su implementaci�n.
Adicionalmente,
el Marco de Gasto de Mediano Plazo propondr� reglas para la distribuci�n de
recursos adicionales a los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
(Art.4 Decreto
4730 de 2005)
SECCION 1. Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF)
Art�culo 2.8.1.8.1.1.
Definici�n.
-Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF), es una plataforma p�blica de
transparencia, acceso a la informaci�n y apoyo a la gesti�n fiscal de las
entidades estatales, que permite la interacci�n en l�nea de los ciudadanos con
la administraci�n de los recursos p�blicos.
Par�grafo: El Portal Central de Transparencia
Fiscal (PCTF) que administra el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
referido en el art�culo 239 de la Ley 1753 de 2015 se asimila para todos los
efectos al Portal de Transparencia Econ�mica (PTE) y su direcci�n electr�nica
contin�a siendo www.pte.gov.co.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.2.
Objeto. El
Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) facilitar� el acceso al conjunto
de datos y fuentes de informaci�n p�blica relacionados con la gesti�n fiscal
del Estado, producir� interacci�n entre los datos de las operaciones
presupuestales, los recursos y las actividades desarrolladas por los entes
p�blicos del nivel central pertenecientes a las diferentes ramas del poder
p�blico, las entidades territoriales y las personas de derecho privado que
administren recursos p�blicos, y promover� la generaci�n de. informaci�n
p�blica que fortalezca la transparencia en la administraci�n y la rendici�n de
cuentas.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.3.
Interacci�n del ciudadano con el PCTF. El PCTF promover� la generaci�n, consulta y uso por parte de los
ciudadanos y los grupos de inter�s de la informaci�n publicada por las
entidades y personas obligadas a trav�s del portal en l�nea, con el fin de
fomentar la transparencia, la participaci�n y el control de la gesti�n del
gobierno y facilitar la rendici�n de cuentas.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.4.
Gesti�n fiscal. Se entiende por gesti�n fiscal todos los actos o contratos
administrativos a trav�s de los cuales se ejecutan recursos p�blicos, cuyo
prop�sito es proveer bienes y servicios en cumplimiento de los fines esenciales
del Estado.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.5.
�mbito de aplicaci�n del PCTF. Estar�n obligados a permitir el acceso a la informaci�n al
Administrador del portal:
�
Todas las entidades p�blicas del nivel central
pertenecientes a las tres ramas del poder p�blico, as� como las entidades de
derecho p�blico y los entes territoriales, en los distintos �rdenes nacional,
departamental, municipal y distrital;
�
Las personas naturales y jur�dicas, p�blicas o
privadas, que presten servicios p�blicos, respecto de la informaci�n directamente
relacionada con la administraci�n de recursos p�blicos;
�
Los partidos o movimientos pol�ticos y los grupos
significativos de ciudadanos, respecto de la informaci�n directamente
relacionada con la administraci�n de recursos p�blicos;
�
Personas de derecho privado que administren
contribuciones parafiscales, o fondos de naturaleza u origen p�blico.
Par�grafo. Las personas naturales o jur�dicas
que reciban, administren o intermedien fondos o beneficios p�blicos
territoriales, nacionales, contribuciones parafiscales o fondos de naturaleza
de origen p�blico deber�n cumplir con el presente decreto respecto de aquella
informaci�n que se produzca en relaci�n con las contribuciones parafiscales y
los fondos p�blicos que reciban, administren o intermedien.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.6.
Obligatoriedad de acceso a la
informaci�n. Las entidades p�blicas indicadas en
el art�culo anterior, as� como los entes p�blicos o privados que administren
fondos o recursos p�blicos, est�n obligados a permitir el acceso a la
informaci�n p�blica requerida por el portal, de conformidad con lo dispuesto en
el art�culo 239 de la Ley 1753 de 2015.
Par�grafo 1. El acceso a esta informaci�n se
pondr� a disposici�n de la ciudadan�a por fases, las cuales corresponden a:
a)
Presupuesto General de la Naci�n
b)
Sistema General de Regal�as
c)
Recursos p�blicos administrados por particulares
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.7.
Administraci�n. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su
condici�n de administrador del PCTF, definir los requisitos, las metodolog�as y
los procedimientos que se requieran para su funcionamiento, en los t�rminos.
se�alados en el presente decreto.
Art�culo 2.8.1.8.1.8.
Funciones del administrador. Son funciones del administrador:
1.
Definir las funcionalidades que posibiliten la exposici�n de las cifras
fiscales.
2.
Verificar que las funcionalidades del Portal operen adecuadamente y la
informaci�n coincida con la fuente original.
3.
Verificar que opere la interacci�n del Portal con los dem�s sistemas de informaci�n
que administren las entidades del nivel central pertenecientes a las diferentes
ramas del poder p�blico, territoriales y de derecho privado que administran
recursos p�blicos.
4.
Capacitar y acompa�ar a los usuarios en el uso del Portal.
5.
Coordinar con las dem�s dependencias y entidades los procesos administrativos y
desarrollos requeridos para el buen funcionamiento del Portal.
6.
Vincular la informaci�n proveniente de las fuentes oficiales de las entidades y
personas obligadas.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.9.
Obligatoriedad de estandarizar la
informaci�n requerida por el Portal. Las entidades
objeto de la presente Secci�n deber�n suministrar la informaci�n bajo los
est�ndares establecidos por el administrador del portal. Para tal fin, el
Ministerio de Hacienda, en asocio con el Ministerio de Tecnolog�as de la
Informaci�n y las Comunicaciones, establecer�n los lineamientos t�cnicos necesarios
para la estandarizaci�n de la informaci�n y la interoperabilidad con los
sistemas de informaci�n que alimenten el PCTF.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.10.
Utilizaci�n de la informaci�n del portal
por otros sistemas. Las entidades p�blicas, mixtas
y privadas que requieran utilizar la informaci�n contenida en el Portal, podr�n
obtenerla empleando los mecanismos de interacci�n e interoperabilidad definidos
por el Administrador del Sistema.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.11.
Desarrollo del portal. El PCTF tendr� tres fases, que corresponden a la vinculaci�n de las
fuentes principales de informaci�n sobre la gesti�n de los recursos p�blicos. A
su vez, cada una de ellas puede contener otras sub fases, de acuerdo con los
desarrollos tecnol�gicos necesarios para poner a disposici�n la informaci�n en
l�nea.
Las
fases se implementar�n de manera simult�nea, siempre y cuando los recursos
tecnol�gicos con que cuenten las fuentes de informaci�n sean suficientes.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.12.
Fase 1: entidades que hacen parte del
Presupuesto General de la Naci�n. Formar� parte de
esta fase la informaci�n en l�nea sobre la gesti�n fiscal de las entidades que
hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n PGN.
�
Par�grafo 1. Las entidades territoriales
deber�n facilitar el acceso a la informaci�n sobre la administraci�n de los
recursos que les transfiere la Naci�n a trav�s del PGN, quienes pondr�n en
l�nea esta informaci�n, de acuerdo con las facilidades de acceso tecnol�gico.
Par�grafo 2. Esta norma tambi�n aplicar�
frente a los actos y contratos que realicen las entidades y personas obligadas
en desarrollo de un encargo fiduciario, los cuales deber�n reflejar en l�nea la
informaci�n sobre los recursos que administran.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.13.
Fase 2: entidades beneficiarias del
sistema general de regal�as SGR. Formar� parte de
esta fase la informaci�n en l�nea sobre la gesti�n fiscal de las entidades que
sean beneficiarias de los recursos del SGR. Las mencionadas entidades deber�n
facilitar el acceso a la' informaci�n sobre la administraci�n de los recursos
del SGR en los t�rminos que defina el Administrador del Sistema, de acuerdo con
criterios de progresividad, transparencia y acceso tecnol�gico.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.14.
Fase 3: entidades privadas que
administran recursos p�blicos. Formar� parte de
esta fase la informaci�n en l�nea sobre la gesti�n fiscal de las entidades de
naturaleza privada que administran recursos p�blicos independientemente de su
r�gimen contractual.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.15.
Propiedad de la informaci�n. La informaci�n que se publique en el Portal Central de Transparencia
Fiscal (PCTF) deber� relacionar la fuente que produce la informaci�n.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.16.
Responsabilidad de los usuarios. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, como Administrador del
Portal, no ser� responsable del uso de la informaci�n que hagan los usuarios.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.17.
Obligatoriedad de publicidad de la
informaci�n de los procesos de contrataci�n de los entes p�blicos o privados
que administran fondos o recursos p�blicos. Las
entidades p�blicas de todos los niveles de la estructura estatal, as� como los
entes p�blicos o privados que administren fondos o recursos p�blicos, deben
utilizar las plataformas del Sistema Electr�nico para la Contrataci�n P�blica
-SECOP-para ofrecer al p�blico informaci�n oportuna de su ejecuci�n
presupuestal a trav�s de compras y contratos. En consecuencia, deben ofrecer
informaci�n del gasto a trav�s de compras y contratos, de la selecci�n de proveedores,
de la ejecuci�n de los contratos y de su liquidaci�n. Los procesos de
contrataci�n de las entidades fiduciarias con cargo a recursos transferidos por
entidades p�blicas deben ser objeto de esta publicidad. Los Convenios o
Contratos Interadministrativos tambi�n deben ser publicados oportunamente. Las
entidades p�blicas que celebren contratos con cargo a recursos trasferidos por
la Naci�n en virtud de convenios interadministrativos deben indicar en la
publicaci�n el convenio interadministrativo que dio origen al contrato.
Par�grafo: Para las entidades que ejecuten
contribuciones parafiscales, dicha publicaci�n deber� seguir un lineamiento
especial del administrador del portal y se circunscribir� �nicamente a los
recursos que generan esas contribuciones.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.8.1.18.
Publicidad de datos abiertos. La informaci�n generada y producida por el PCTF deber� ser publicada,
entre otros, en formato de dato abierto y observar el requisito establecido en
el literal j} del art�culo 11 de la Ley 1712 de 2014.
(Art.
1 Decreto 1268 de 2017)
Art�culo 2.8.1.2.1.
Ciclo Presupuestal. El ciclo presupuestal comprende:
-
Programaci�n del proyecto de presupuesto.
-
Presentaci�n del proyecto al Congreso de la
Rep�blica.
-
Estudio del proyecto y aprobaci�n por parte del
Congreso de la Rep�blica.
-
Liquidaci�n del Presupuesto General de la Naci�n.
-
Ejecuci�n.
-
Seguimiento y Evaluaci�n.
(Art.5 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.2.2.
Divulgaci�n del Ciclo Presupuestal. La programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n, seguimiento y
evaluaci�n as� como los informes peri�dicos y finales del ciclo presupuestal,
son de conocimiento p�blico.
(Art.6 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.2.3.
Sistema de Clasificaci�n Presupuestal. Es el conjunto integral de ordenaci�n
codificada de la informaci�n presupuestal para planificar los esfuerzos de la
sociedad en funci�n de la obtenci�n de los resultados acordados, realizar la
rendici�n de cuentas de los poderes p�blicos a la comunidad nacional, facilitar
y estimular la vigilancia de los ciudadanos a las acciones del gobierno y el
Congreso.
Mediante el Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP que establezca
la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico en desarrollo de facultades del art�culo 92 y 93 y
dem�s disposiciones aplicables del Estatuto Org�nico de Presupuesto - EOP, en
armon�a con el est�ndar internacional de finanzas p�blicas, se identifica y
ubican los conceptos de ingresos y los objetos de gasto dentro del presupuesto.
Los conceptos, definiciones, clasificaciones y convenciones presentadas en el
mismo aplican para todos los �rganos que hacen parte del Presupuesto General de
la Naci�n.
El Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal es la base de todos los
sistemas de codificaci�n de los diferentes clasificadores presupuestales que se
utilizan para definir tanto las transacciones de ingreso como de gasto en las
etapas de programaci�n, aprobaci�n y ejecuci�n del presupuesto. No contraviene
la nomenclatura de cuentas que de acuerdo con la Ley Org�nica del Presupuesto
establezca el �rgano de control fiscal para los efectos de la contabilidad del
presupuesto general del sector p�blico.
Para efectos del ciclo presupuestal se podr� utilizar los sistemas de
clasificaci�n funcional y econ�mica, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art�culo 2.8.1.4.2. del presente t�tulo.
(Art. 7 Decreto
4730 de 2005, modificado por el Art. 2 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.2.4.
Clasificaci�n econ�mica. La clasificaci�n econ�mica incluir� los siguientes componentes:
1.
Ingreso
2.
Gasto
3.
Adquisici�n de activos no financieros
4.
Fuentes y aplicaci�n del financiamiento y
5.
Resultados presupuestales
(Art.8 Decreto
4730 de 2005, modificado por el Art. 3 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.2.5.
Cat�logo �nico de clasificaci�n Presupuestal
Territorial. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico expedir� y actualizar� el Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal para
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas � CCPET, que detalle los
ingresos y los gastos en armon�a con est�ndares internacionales y con el nivel
nacional.
Par�grafo 1: La aplicaci�n del CCPET por parte
de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas, que trata el presente
art�culo, entrar� a regir en los t�rminos que para el efecto establezca el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo 2: El Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico establecer� un servicio de asistencia t�cnica permanente para
las entidades territoriales y sus descentralizadas a fin de que las mismas
cuenten con servicio de capacitaci�n, apoyo en la implementaci�n, aclaraci�n de
conceptos y aplicaci�n del CCPET.
(Art. 4 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.3.1. Remisi�n de anteproyectos de presupuesto al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Antes
de la primera semana del mes de abril, los �rganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Naci�n remitir�n el anteproyecto de presupuesto al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de acuerdo con las metas, pol�ticas y
criterios de programaci�n establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
Los
anteproyectos deben acompa�arse de la justificaci�n de los ingresos y gastos
as� como de sus bases legales y de c�lculo.
Par�grafo 1. La Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP) creada
en el acto Legislativo 01 de 2017 ser� una Secci�n Presupuestal en los t�rminos
del Decreto 111 de 1996.
Par�grafo 2. De conformidad con las facultades que se consagran
el art�culo 110 del Decreto 111 de 1996, el Secretario Ejecutivo como
representante legal y judicial de la JEP, se encargar� de la administraci�n,
gesti�n y ejecuci�n de los recursos de la Jurisdicci�n Especial para la Paz.
Para el efecto, tendr� la capacidad de suscribir convenios, contratar,�
comprometer los recursos y ordenar el gasto a nombre de la JEP en desarrollo de
las apropiaciones incorporadas en la respectiva secci�n.
(Art�culo 12 del Decreto
568 de 1996 modificado t�citamente en su inciso
primero por el Art. 12 Decreto
4730 de 2005, par�grafos 1 y 2 adicionados por
el Decreto
2107 de 2017)
Art�culo 2.8.1.3.2.
Env�o al Congreso de Anteproyecto de
Presupuesto. El Gobierno Nacional, a trav�s del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General del Presupuesto
Nacional- enviar� los anteproyectos de presupuesto de rentas y gastos
elaborados por cada �rgano a las comisiones econ�micas de Senado y C�mara
durante la primera semana del mes de abril de cada a�o.
(Art.13 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.3.3.
Comit�s Sectoriales de Presupuesto. De conformidad con la Ley 489 de 1998, para la elaboraci�n del Marco
de Gasto de Mediano Plazo y el Presupuesto General de la Naci�n se crear�n
Comit�s Sectoriales de Presupuesto, con presencia indelegable del Director
General del Presupuesto P�blico Nacional, del Director de Inversiones y
Finanzas P�blicas del Departamento Nacional de Planeaci�n y los jefes de los
�rganos de las secciones presupuestales que conforman el respectivo sector,
quienes excepcionalmente podr�n delegar su asistencia en un funcionario del
nivel directivo o asesor. El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico establecer�
el manual de funcionamiento de estos comit�s, para lo cual tendr� en cuenta las
recomendaciones del Departamento Nacional de Planeaci�n y de las secciones
presupuestales.
En
las discusiones de los Comit�s Sectoriales, se consultar� las evaluaciones de
impacto y resultados realizadas por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
y el Departamento Nacional de Planeaci�n.
(Art. 9 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.3.4.
Elaboraci�n del Marco de Gasto de Mediano
Plazo. Antes del 15 de julio de cada vigencia
fiscal, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en coordinaci�n con el
Departamento Nacional de Planeaci�n, elaborar� y someter� el Marco de Gasto de
Mediano Plazo para aprobaci�n por parte del Consejo Nacional de Pol�tica
Econ�mica y Social, Conpes, sesi�n a la cual deber�n asistir todos los
Ministros del Despacho.
El
proyecto de Presupuesto General de la Naci�n coincidir� con las metas del
primer a�o del Marco de Gasto de Mediano Plazo. Las estimaciones definidas para
los a�os siguientes del Marco de Gasto de Mediano Plazo son de car�cter
indicativo, y ser�n consistentes con el presupuesto de la vigencia
correspondiente en la medida en que no se den cambios de pol�tica fiscal o
sectorial, ni se generen cambios en la coyuntura econ�mica o ajustes de tipo
t�cnico que alteren los par�metros de c�lculo relevantes.
(Art. 10 Decreto
4730 de 2005, modificado por el Art. 4 del Decreto
1957 de 2007)
Art�culo 2.8.1.3.5.
Elaboraci�n del Plan Operativo Anual de
Inversiones. Antes del 15 de julio, el
Departamento Nacional de Planeaci�n, en coordinaci�n con el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico y las secciones presupuestales, presentar�n el Plan
Operativo Anual de Inversiones para su aprobaci�n por el CONPES. El Plan ser�
elaborado con base en los resultados de los Comit�s Sectoriales de que trata el
art�culo 2.8.1.3.3., incluyendo los proyectos debidamente inscritos y evaluados
en el Banco de Proyectos de Inversi�n y guardar� consistencia con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
(Art. 11 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.3.6.
Recursos de Cr�dito Interno y Externo �
Incorporaci�n al Presupuesto. Los recursos del
cr�dito interno y externo con vencimiento mayor a un a�o se incorporar�n al
Presupuesto General de la Naci�n de acuerdo con los cupos autorizados por el
Congreso de la Rep�blica y las estimaciones de la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico del Ministerio de Hacienda.
(Art.11 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.3.7.
Recursos Administrados por Terceros. La Direcci�n General del Presupuesto
Nacional y el Departamento Nacional de Planeaci�n deber�n tener en cuenta el
valor de los recursos administrados por terceros durante la preparaci�n y
elaboraci�n del proyecto de presupuesto del respectivo �rgano o entidad.
(Art. 6 Decreto
1738 de 1998)
Art�culo 2.8.1.4.1.
Mensaje Presidencial. El mensaje presidencial incluir� lo siguiente:
1. Resumen del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado al Congreso de la
Rep�blica. Si en la programaci�n del presupuesto dicho marco fue actualizado,
se debe hacer expl�cita la respectiva modificaci�n.
2. Informe de la ejecuci�n presupuestal de la vigencia fiscal anterior.
3. Informe de ejecuci�n presupuestal de la vigencia en curso, hasta el mes
de junio.
4. Informe donde se eval�e el cumplimiento de los objetivos establecidos
en leyes que han autorizado la creaci�n de rentas de destinaci�n espec�fica, de
conformidad con lo se�alado en el art�culo 2.8.1.4.3 del presente capitulo.
5. Anexo de la clasificaci�n econ�mica del presupuesto, de conformidad con
el art�culo 2.8.1.2.4 del Cap�tulo 2 del presente t�tulo.
6. Resumen homologado de las cifras del Presupuesto y Plan Financiero.
Adicionalmente,
se podr� presentar anexos con otras clasificaciones, siguiendo est�ndares
internacionales.
(Art. 14 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.4.2.
Clasificaci�n del Proyecto
de presupuesto. El proyecto
de presupuesto de Gastos se presentar� al Congreso de la Rep�blica clasificado
en secciones presupuestales distinguiendo entre cada una los gastos de
funcionamiento, servicio de la deuda p�blica y los gastos de inversi�n. Los
gastos de inversi�n se clasificar�n en Programas y subprogramas.
(Art. 14 Decreto
568 de 1996, modificado por el Art. 5 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.4.3.
Objetivos de gasto. En desarrollo de lo dispuesto en el art�culo 7� de la Ley 819 de 2003,
la ley que autorice una renta de destinaci�n espec�fica, debe definir su
vigencia en el tiempo y los objetivos que atender�, con metas cuantificables
para verificar su cumplimiento y por ende su eliminaci�n legal.
Par�grafo. El Gobierno Nacional en la
presentaci�n del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, incluir� un anexo donde
se eval�e el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que
autorizaron la creaci�n de rentas de destinaci�n espec�fica. Si los objetivos
se han cumplido, se propondr� un proyecto de ley en el que se proponga derogar
la ley que cre� la renta de destinaci�n espec�fica.
(Art. 13 Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.4.4.
Proyecto de Presupuesto Presentado. Para los efectos del Estatuto Org�nico del Presupuesto, se entiende
por presupuesto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso el proyecto
inicial y las modificaciones que se hicieren durante el estudio y deliberaci�n
conjunta de las comisiones econ�micas de las dos C�maras al cierre del primer
debate.
(Art. 15 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.5.1.
Decreto de Liquidaci�n del Presupuesto. La Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico preparar� el decreto de liquidaci�n del
presupuesto el cual contendr� un anexo que incluir� el detalle desagregado de
la composici�n de las rentas y apropiaciones aprobados por el Congreso de la
Rep�blica. Adicionalmente, se podr� incluir un documento con las metas que
deben cumplir las entidades con las apropiaciones asignadas.
Cuando
las partidas se incorporen en numerales rent�sticos, secciones, programas y subprogramas
que no correspondan a su objeto o naturaleza, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico-Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional las ubicar�
mediante Resoluci�n en el sitio que corresponda. Cuando se trate de inversi�n,
se requerir� del concepto previo favorable del Departamento Nacional de
Planeaci�n.
(Art. 15 Decreto
4730 de 2005, Inciso 3 derogado por el art�culo
33 el Decreto
2844 de 2010)
Art�culo 2.8.1.5.2.
Anexo del Decreto de Liquidaci�n. El anexo del decreto de liquidaci�n del presupuesto en lo
correspondiente a gastos incluir�, adem�s de las clasificaciones contempladas
en el art�culo 2.8.1.4.2, la desagregaci�n para el caso de inversi�n,
identificando los proyectos asociados a los programas de inversi�n y para el
caso de funcionamiento y servicio de la deuda de acuerdo a las cuentas, subcuentas
y objetos de gasto que determine el Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal -
CCP que establezca la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con sujeci�n a lo establecido en el
Estatuto Org�nico de Presupuesto y en armon�a con el est�ndar internacional de
finanzas p�blicas.
Igualmente,
la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico establecer� las Unidades Ejecutoras Especiales, que
se identifiquen.
(Art. 16 Decreto
568 de 1996 modificado por el art�culo 1 del Decreto
2260 de 1996, modificado por el Art. 16 del Decreto
4730 de 2005; el literal a) modificado
parcialmente por el Art. 1 del Decreto
3487 de 2007; y el numeral 7 del literal d)
modificado parcialmente por el Art. 1 del Decreto
315 de 2008, modificado por el Art. 6 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.3.
Desagregaci�n de Gastos. Las entidades podr�n realizar asignaciones
internas de las apropiaciones establecidas en el Decreto de liquidaci�n en sus
dependencias, seccionales o regionales con el fin de facilitar su manejo
operativo y gesti�n, sin que las mismas impliquen cambios en su destinaci�n.
Estas desagregaciones deber�n realizarse conforme a lo establecido en el
cat�logo de clasificaci�n Presupuestal establecido por la Direcci�n General de
Presupuesto P�blico Nacional.
La
clasificaci�n del gasto y su respectiva desagregaci�n se realiza exclusivamente
para efectos presupuestales.
Asimismo,
los recursos y sus correspondientes c�digos de identificaci�n que aparecen en
el decreto de liquidaci�n y sus anexos son de car�cter informativo, por lo
tanto, la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico deber� corregirlos, siempre que no se afecte el
presupuesto de ingresos.
(Art. 18 Decreto
568 de 1996, modificado en el inciso primero
por el Art. 2 del Decreto
2260 de 1996, modificado por el Art. 7 del Decreto
412 de 2018)
�
Art�culo 2.8.1.5.4.
Registros Internos.
(Art. 4 Decreto
2260 de 1996, derogado por el Art 21 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.5.
Ajuste al valor de rentas constitutivas de
recursos de capital. El
Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, tomando en cuenta el comportamiento de
las rentas y previo concepto del CONFIS, podr� ajustar mediante resoluci�n el
valor de las rentas constitutivas de los recursos de capital sin exceder el
monto de estos aprobado en la ley anual de presupuesto para la respectiva vigencia fiscal.
(Art. 1 Decreto
3245 de 2005)
Art�culo 2.8.1.5.6.
Modificaciones al Detalle del Gasto. Las modificaciones al anexo del decreto de liquidaci�n que no
modifiquen en cada secci�n presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los programas y subprogramas de
inversi�n aprobados por el Congreso de la Rep�blica, se realizar�n mediante
resoluci�n expedida por el jefe del �rgano respectivo. En el caso de los
establecimientos p�blicos del orden nacional, estas modificaciones se har�n por
resoluci�n o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resoluci�n del
representante legal en caso de no existir aquellas.
El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico � Direcci�n General del Presupuesto
P�blico Nacional, aprobar� las operaciones presupuestales contenidas en las
resoluciones o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el
Sistema Integrado de Informaci�n Financiera SIIF Naci�n.
Si
se trata de gastos de inversi�n, la aprobaci�n requerir� previo concepto
favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n� Direcci�n de Inversiones y
Finanzas P�blicas- sobre las operaciones presupuestales contenidas en los
proyectos de resoluciones o acuerdos y verificaci�n del registro de las
solicitudes en el Sistema Unificado de Inversi�n y Finanzas P�blicas SUIFP.
La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, con base en las
modificaciones de que tratan los incisos anteriores, realizar� los ajustes al
Programa Anual Mensualizado de Caja � PAC consultando la informaci�n registrada
en el Sistema Integrado de Informaci�n Financiera SIIF Naci�n. Los �rganos
p�blicos que requieran conocer las modificaciones al anexo del decreto de
liquidaci�n deber�n acceder a las mismas a trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n.
Par�grafo 1.- La Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional podr� solicitar ajustes al PAC cuando lo considere
pertinente. Tambi�n podr� solicitar dichos ajustes la Direcci�n de Inversiones
y Finanzas P�blicas del Departamento Nacional de Planeaci�n, cuando se trate de
gastos de inversi�n.
Par�grafo 2.- Cuando las solicitudes de
modificaciones y dem�s afectaciones al detalle de la composici�n del
Presupuesto General de la Naci�n requieran apertura de objetos, ordinales y
subordinales, estas deben incluir la indicaci�n de la clasificaci�n
correspondiente al Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal, as� como su
equivalencia en los dem�s clasificadores que se indique por la Direcci�n
General del Presupuesto P�blico Nacional.
(Art. 29 del Decreto
4730 de 2005, modificado por el art. 1 del Decreto
4836 de 2011, modificado por el Art. 8 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.7.
Clasificaci�n de los Ingresos. Los conceptos de ingreso del presupuesto de
rentas y recursos de capital del Presupuesto General de la Naci�n, Ingresos de
la Naci�n, contribuciones parafiscales de que trata el art�culo 29 del Estatuto
Org�nico del Presupuesto - EOP, fondos especiales de que trata el art�culo 30
del EOP y los ingresos de los establecimientos p�blicos nacionales de que trata
el art�culo 34 del EOP se clasificar�n y desagregar�n de acuerdo al Cat�logo de
Clasificaci�n Presupuestal - CCP que establezca la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con
sujeci�n a lo establecido en el EOP, en armon�a con el est�ndar internacional
de finanzas p�blicas, siempre y cuando cumplan con las autorizaciones
normativas para obtener recursos de las respectivas fuentes se�aladas en el
presente art�culo, por lo que su utilizaci�n se sujeta a la aprobaci�n de la
solicitud de autorizaci�n de la entidad ante la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional.
(Art. 9 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.8.
Administraci�n del Cat�logo de Clasificaci�n
Presupuestal � CCP. Con el prop�sito de asegurar
la consistencia conceptual del Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP y
la integridad del cat�logo, la Direcci�n General del Presupuesto P�blico
Nacional como centro de informaci�n presupuestal de que trata el art�culo 93
del Estatuto Org�nico de Presupuesto estar� a cargo de la administraci�n del
Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP, para lo cual deber�:
1. Aclarar conceptos y objetos de gasto de las clasificaciones.
2. Ajustar el Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP (creaci�n,
modificaci�n, habilitaci�n y eliminaci�n de rubros o conceptos).
3. Ajustar y actualizar los instrumentos requeridos para la aplicaci�n del
Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP y su relaci�n con los dem�s
clasificadores, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el
efecto.
4. Atender las solicitudes de las entidades de creaci�n, habilitaci�n,
aclaraci�n, asistencia en su aplicaci�n del Cat�logo de Clasificaci�n
Presupuestal - CCP.
5. Coordinar con la administraci�n del Sistema de Integrado de Informaci�n
Financiera SIIF Naci�n para su aplicaci�n, funcionamiento y generaci�n de
reportes de informaci�n requeridos.
Las solicitudes de administraci�n del cat�logo hechas por las entidades
a la DGPPN deber�n ser atendidas dentro de los 15 d�as h�biles siguientes a su
radicaci�n.
(Art. 10 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.9.
Servicios Compartidos. Cuando las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Naci�n realicen convenios interadministrativos que
comprendan la realizaci�n de servicios compartidos para el desarrollo y
administraci�n de actividades de gesti�n de programaci�n o ejecuci�n del
presupuesto, deber�n garantizar el cumplimiento de la normativa y de las
metodolog�as establecidas por el Estatuto Org�nico de Presupuesto, las normas
que lo reglamentan y las instrucciones de la Direcci�n General del Presupuesto
P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y la Direcci�n de
Inversiones y Finanzas P�blicas del Departamento Nacional de Planeaci�n para
cada una de las entidades y las que de manera expresa se se�alen para el
efecto, de manera que en el convenio debe indicarse por lo menos los
procedimientos, tr�mites, clasificaciones, cronogramas y capacidad
institucional de las partes, sus responsabilidades y garant�a de informaci�n en
calidad y oportunidad dentro de los tiempos establecidos.
(Art. 11 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.10.
�Periodo de transici�n. La aplicaci�n del Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP de que
trata el presente decreto, se realizar� a m�s tardar a partir del Decreto de
Liquidaci�n y ejecuci�n del Presupuesto General de la Naci�n de la vigencia
fiscal de 2019, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca
la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
La
programaci�n del presupuesto que se realice durante la vigencia 2018 deber�
efectuarse de acuerdo con lo establecido por la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional para la implementaci�n del Cat�logo de Clasificaci�n
Presupuestal - CCP de que trata el presente decreto.
(Art. 12 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.5.11. Normas transitorias relacionadas con el
Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP. Las
solicitudes de estudio de autorizaci�n de vigencias futuras y las otorgadas con
anterioridad al 2018 para su ejecuci�n a partir del 2019 deber�n clasificarse
de acuerdo con lo establecido en el art�culo 2.8.1.5.2. La Direcci�n General
del Presupuesto P�blico Nacional establecer� los mecanismos en coordinaci�n con
la Direcci�n de Inversiones y Finanzas P�blicas para la homologaci�n de las
mismas a los t�rminos del nuevo cat�logo de clasificaci�n presupuestal.
Los
nuevos rubros presupuestales que se generen por el ajuste de la clasificaci�n
presupuestal estar�n asociados a los rubros anteriores, de tal manera, que
estos nuevos rubros presupuestales soporten los actos administrativos generados
por las vigencias futuras autorizadas y se autorice el �Pago Pasivos exigibles �
Vigencias Expiradas� que cumplan las condiciones para atender el gasto durante
la ejecuci�n del presupuesto.
Las
reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia 2018 que se
constituyan para su ejecuci�n en 2019 se har�n con el cat�logo anterior y su
gesti�n durante la vigencia 2019 se realizar� mediante la homologaci�n de las
mismas a los t�rminos del nuevo clasificador.
(Art. 13 del Decreto
412 de 2018)
�INEMBARGABILIDAD DE RENTAS Y RECURSOS INCORPORADOS EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACI�N
Art�culo
2.8.1.6.1. Inembargabilidad. Las rentas y
recursos incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n son inembargables.
El incumplimiento de lo establecido en el presente
art�culo, dar� lugar a la imposici�n de las sanciones establecidas en la ley.
(Art. 1 Decreto
1807 de 1994, adicionado inciso 2 del Art. 4 Decreto
2980 de 1989)
Art�culo
2.8.1.6.1.1.
Inembargabilidad en
cuentas abiertas a favor de la Naci�n. Cuando un embargo de recursos incorporados en el
Presupuesto General de la Naci�n sea ordenado con fundamento en lo dispuesto
por el art�culo 192 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, s�lo se podr� practicar sobre la cuenta o cuentas
corrientes que reciban recursos del presupuesto nacional, abiertas a favor de
la entidad u organismo condenado en la sentencia respectiva.
Par�grafo. En ning�n caso proceder� el embargo de los
recursos depositados por la Naci�n en cuentas abiertas exclusivamente a favor
de la Naci�n - Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en el Banco de la Rep�blica o en
cualquier otro establecimiento de cr�dito.
(Art. 2 Decreto
1807 de 1994, modificado
por Art. 1 Decreto
3861 de 2004)
Art�culo
2.8.1.6.1.2.
Informe a la
Contralor�a General de la Rep�blica. El establecimiento de cr�dito que reciba una orden de
embargo en contravenci�n a lo dispuesto por el presente cap�tulo, deber�
informar inmediatamente a la Contralor�a General de la Rep�blica para que
inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que orden� el embargo.
(Art. 3 Decreto
1807 de 1994)
Art�culo
2.8.1.6.1.3.
Medidas cautelares
originadas en procesos ejecutivos. En el evento que una cuenta abierta a favor de la Naci�n -
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, resulte afectada por medidas cautelares originadas
en procesos ejecutivos en que sea parte una secci�n del Presupuesto General de
la Naci�n, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional deber�
comunicar a la entidad demandada el respectivo embargo, con el fin de que se
proceda a hacer los registros contables correspondientes de acuerdo con el
procedimiento establecido por la Contadur�a General de la Naci�n.
As� mismo la entidad demandada deber� comunicar a la Contralor�a
General de la Rep�blica, la Procuradur�a General de la Naci�n y al Consejo
Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria para los efectos propios de su competencia.
El representante legal de la entidad demandada ser� el responsable
de adelantar las gestiones establecidas en la presente� secci�n, sin perjuicio
de la obligaci�n de cada �rgano de defender los intereses del Estado, debiendo
realizar todas las actuaciones procesales necesarias en el curso de los
procesos en procura del desembargo de los citados recursos, entre ellas,
solicitar al respectivo despacho judicial el cumplimiento de lo previsto en el
art�culo 594 del C�digo
General del Proceso.
(Art. 5 Decreto
1807 de 1994 adicionado por
el Art. 2 Decreto
3861 de 2004)
Art�culo
2.8.1.6.1.4.
Ejecutoriedad de la
sentencia. Una vez
ejecutoriada la providencia judicial que apruebe la liquidaci�n final del
cr�dito correspondiente a embargos decretados sobre cuentas abiertas a favor de
la Naci�n - Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, por cuenta de procesos en que hayan sido sujetos
demandados �rganos ejecutores del Presupuesto General de la Naci�n, la entidad
demandada deber�:
1. Adelantar, conforme
a las normas presupuestales, los tr�mites necesarios para obtener de la
Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, la apropiaci�n sin situaci�n de fondos en el rubro Sentencias
y Conciliaciones, por el valor efectivamente pagado al beneficiario del t�tulo que
representa el dep�sito judicial por concepto del embargo.
2. Reintegrar los
remanentes a que hubiere lugar, de manera inmediata, en la cuenta que para el
efecto indique la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
3. Para cancelar la
obligaci�n con la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la entidad deber� expedir un acto
administrativo, en el que se reconozca y ordene el gasto, con indicaci�n del
reintegro de remanentes efectuados cuando a ello hubiere lugar y remitir copia
del mismo, a la mencionada Direcci�n para los efectos pertinentes.
Par�grafo. La Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico y la entidad demandada, deber�n efectuar los registros contables
correspondientes a la cancelaci�n del embargo, conforme al procedimiento
establecido por la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 6 Decreto
1807 de 1994 adicionado por
el Art. 3 Decreto
3861 de 2004)
Art�culo 2.8.1.6.1.5.
Medida cautelar improcedente
y levantamiento. Cuando el
funcionario judicial considere que la medida cautelar era improcedente y en
consecuencia ordene el levantamiento de la misma, la entidad demandada deber�
proceder a consignar los recursos embargados, en la cuenta que para el efecto
indique la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. As� mismo deber� reversar el registro
contable de reconocimiento del embargo, cancelando la obligaci�n para con la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, conforme al
procedimiento establecido por la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 7 Decreto
1807 de 1994 adicionado por
el Art. 4 Decreto
3861 de 2004)
�
Art�culo 2.8.1.7.1. Requisitos para afectar el presupuesto. Ning�n �rgano del Presupuesto General
de la Naci�n podr� efectuar gasto p�blico con cargo al Tesoro o transferir
cr�dito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo
disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedici�n
de un certificado de disponibilidad presupuestal.
El
certificado de disponibilidad y el registro presupuestal, podr�n expedirse a
trav�s de medios electr�nicos, de conformidad con lo se�alado en la Ley 527 de
1999, bajo la entera responsabilidad del funcionario competente, por motivos
previamente definidos en la ley, y con las formalidades legales establecidas.
(Art. 18 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.2. Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. El certificado de disponibilidad es el
documento expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el
cual se garantiza la existencia de apropiaci�n presupuestal disponible y libre
de afectaci�n para la asunci�n de compromisos.
Este
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el
compromiso y se efect�a el correspondiente registro presupuestal. En
consecuencia, los �rganos deber�n llevar un registro de �stos que permita
determinar los saldos de apropiaci�n disponible para expedir nuevas
disponibilidades.
(Art. 19 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.3. Registro Presupuestal. El registro presupuestal es la operaci�n mediante la cual
se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiaci�n,
garantizando que �sta no ser� desviada a ning�n otro fin. En esta operaci�n se
debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya
lugar.
(Art. 20 Decreto
568 de 1996)
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Art�culo 2.8.1.7.4. Sistema �nico Presupuestal. Las entidades que conforman el
Presupuesto General de la Naci�n ejecutar�n sus presupuestos a trav�s de un
Sistema Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF), el cual ser� administrado
por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo
1. La gesti�n
presupuestal y financiera de los recursos de la Jurisdicci�n Especial para la
Paz ser� desarrollada directamente con personal de la Jurisdicci�n o contratada
con una entidad especializada, a trav�s del Sistema Integrado de Informaci�n
Financiera - SIIF Naci�n, en cumplimiento de las normas vigentes en materia
financiera y contable.
Par�grafo
2. La gesti�n
presupuestal y financiera de los recursos de La Comisi�n para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetici�n ser�
desarrollada directamente con personal de �sta o contratada con una entidad
especializada, a trav�s del Sistema Integrado de Informaci�n Financiera -SIIF
Naci�n, en cumplimiento de las normas vigentes en materia financiera y
contable.
(Art. 17 del Decreto 4730 de 2005, adicionado un par�grafo por el art.2
del Decreto
2107 de 2017, adicionado un par�grafo por el
art.4 del Decreto
761 de 2018)
Art�culo 2.8.1.7.5. Registro de
la ejecuci�n presupuestal en el sistema integrado de informaci�n financiera. El
registro de la ejecuci�n del presupuesto de rentas y recursos de capital y del
presupuesto de gastos del Presupuesto General de la Naci�n en el Sistema
Integrado de Informaci�n Financiera SIIF Naci�n, deber� hacerse de conformidad
con el Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP que establezca la Direcci�n
General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico y en los tiempos que permitan conocer la situaci�n de las finanzas con
mayor cercan�a al momento de generarse el hecho econ�mico.
Par�grafo. El Departamento Nacional de
Planeaci�n para lo de su competencia, tomar� la informaci�n financiera de la
ejecuci�n de la inversi�n por proyecto y su respectiva relaci�n con los rubros
del cat�logo de clasificaci�n presupuestal, a trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n.
(Art. 5 Decreto
4836 de 2011,
modificado por el Art. 14 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.7.6. Ejecuci�n compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se
cumplen o ejecutan, trat�ndose de contratos o convenios, con la recepci�n de
los bienes y servicios, y en los dem�s eventos, con el cumplimiento de los
requisitos que hagan exigible su pago.
�
El
cumplimiento de la obligaci�n se da cuando se cuente con las exigibilidades
correspondientes para su pago.
Para
pactar la recepci�n de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de
celebraci�n del compromiso, se debe contar previamente con una autorizaci�n por
parte del Consejo Nacional de Pol�tica Fiscal - Confis o quien este delegue, de
acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a
presupuestos de vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la expedici�n de
los actos administrativos de apertura del proceso de selecci�n de contratistas
en los que se evidencie la provisi�n de bienes o servicios que superen el 31 de
diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deber� contarse con dicha
autorizaci�n.
�
Par�grafo 1.- La disponibilidad presupuestal
sobre la cual se amparen procesos de selecci�n de contrataci�n podr� ajustarse,
previo a la adjudicaci�n y/o celebraci�n del respectivo contrato. Para tal
efecto, los �rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n
podr�n, previo a la adjudicaci�n o celebraci�n del respectivo contrato,
modificar la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustituci�n
del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorizaci�n de vigencias
futuras.
Par�grafo 2.-� Las entidades ejecutoras del
Presupuesto General de la Naci�n deben garantizar que, al momento de cumplir
con los requisitos que hacen exigible el pago de la obligaci�n, esta se realice
al m�ximo nivel de desagregaci�n aplicado del Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal
- CCP, para lo cual deben realizar las gestiones necesarias con los prestadores
y proveedores para que en la documentaci�n soporte de cumplimiento se describa
el m�ximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Cat�logo de
Clasificaci�n Presupuestal - CCP.
(Art. 1 Decreto
1957 de 2007, modificado por el art. 3 del Decreto
4836 de 2011, modificado por el Art. 15 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.7.7. Recursos entregados a trav�s de negocios
jur�dicos que no desarrollan objeto de la apropiaci�n. Los recursos entregados para ser
manejados a trav�s de negocios jur�dicos que no desarrollen el objeto de la
apropiaci�n, no se constituyen en compromisos presupuestales que afecten la
apropiaci�n respectiva, con excepci�n de la remuneraci�n pactada por la
prestaci�n de este servicio.
(Art. 21 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.8. Ejecuci�n de recursos entregados a
entidades fiduciarias. Los
�rganos p�blicos fideicomitentes para la celebraci�n de contratos o expedici�n
de actos administrativos con cargo a los recursos que manejen las entidades
fiduciarias, deber�n realizar todos los tr�mites presupuestales, incluyendo los
certificados de disponibilidad, los registros presupuestales y la solicitud de
vigencias futuras.
(Art. 22 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.9. Vigilancia de los �rganos de control
interno en las conciliaciones. Las
oficinas de control interno de los diferentes �rganos p�blicos ejercer�n la
vigilancia para garantizar que en los procesos de conciliaci�n se est� ante una
responsabilidad inminente y que se proteja el inter�s patrimonial del Estado.
Los
�rganos que hacen parte del Presupuesto Nacional para cancelar los cr�ditos
judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos antes
del 30 de abril de 1995, deber�n contar con una certificaci�n expedida por el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en la cual conste que �stos no han
sido cancelados ni se encuentra en tr�mite ninguna solicitud de pago.
(Art. 23 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.10. �Fondo de Compensaci�n Interministerial. Cuando durante la ejecuci�n del
Presupuesto General de la Naci�n se hiciere indispensable utilizar los recursos
del Fondo de Compensaci�n Interministerial para atender faltantes de
funcionamiento, la Direcci�n General del Presupuesto Nacional estudiar� los
requerimientos y preparar� el acto administrativo que el Ministro de Hacienda y
Cr�dito P�blico expedir� conforme a lo ordenado por la ley.
En
los casos distintos a los mencionados en la presente disposici�n, adem�s del
estudio y evaluaci�n de la Direcci�n General del Presupuesto Nacional, se
requiere de previa calificaci�n de excepcional urgencia por parte del
Presidente de la Rep�blica y del Consejo de Ministros.
La
operaci�n presupuestal a que se refiere este art�culo se har� mediante
resoluci�n motivada, previa expedici�n del certificado de disponibilidad
presupuestal por parte del Jefe de la Divisi�n de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico o quien haga sus veces. La Direcci�n General del
Presupuesto Nacional comunicar� la resoluci�n a los respectivos �rganos.
(Art. 35 Decreto
568 de 1996)�
Art�culo 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras
ordinarias en ejecuci�n de contratos. De conformidad con el art�culo 10 de la Ley 819 de 2003, el
Confis o su delegado podr� autorizar la asunci�n de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se
encuentren en ejecuci�n, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de
disponibilidad presupuestal.
Cuando
los �rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n requieran
ampliar el plazo de los contratos en ejecuci�n, sin aumentar el monto del mismo
y ello implique afectaci�n de presupuestos de posteriores vigencias fiscales,
podr�n solicitar la sustituci�n de la apropiaci�n presupuestal que respalda el
compromiso, por la autorizaci�n de vigencias futuras, en este caso las
apropiaciones sustituidas quedar�n libres y disponibles.
La
autorizaci�n para comprometer vigencias futuras proceder� siempre y cuando se
re�nan las condiciones para su otorgamiento.
(Art. 8 Decreto
4836 de 2011)
Art�culo 2.8.1.7.1.2. Validaci�n del Impacto Fiscal de la
Declaratoria de Importancia Estrat�gica. La declaratoria de importancia estrat�gica por parte del
CONPES a que se refiere el art�culo 10 de la Ley 819 de 2003, requerir� del
concepto previo y favorable del CONFIS, donde se valide la consistencia con el
Marco de Gasto de Mediano Plazo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
(Art. 21 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.1.3. Viabilidad fiscal para la aprobaci�n de
vigencias futuras excepcionales.
Los proyectos de inversi�n que requieran vigencias futuras excepcionales y
superen el respectivo per�odo de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por
parte del CONFIS, antes de su declaratoria de importancia estrat�gica por parte
del CONPES.
La
presente disposici�n se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Econom�a Mixta sujetas al r�gimen de aquellas, del orden
nacional dedicadas a actividades no financieras.
(Art. 23 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.1.4. Excepci�n a las Vigencias Futuras. Los contratos de empr�stito, la
emisi�n, suscripci�n y colocaci�n de t�tulos de deuda p�blica, los cr�ditos de
proveedores, las asunciones de deuda p�blica y las contrapartidas que se
estipulen, no requieren de autorizaci�n por parte del CONFIS para asumir
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Dichos contratos se
regir�n por las normas que regulan las operaciones de cr�dito p�blico.
La
presente disposici�n se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y Sociedades de Econom�a Mixta sujetas al r�gimen de aquellas, del orden
nacional dedicadas a actividades no financieras.
(Art. 22 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.1.5. Operaciones de Cr�dito P�blico. Para efectos del art�culo 3 de la Ley
225 de 1995, se entiende por contratos de empr�stito las operaciones de cr�dito
p�blico definidas en el par�grafo 2� del art�culo 41 de la Ley 80 de 1993.
(Art. 5 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.1.6. Cr�ditos de proveedores. Para la suscripci�n de los cr�ditos de proveedores se tendr�n
en cuenta los mismos requisitos presupuestales establecidos para los contratos
de empr�stito. Su ejecuci�n se realizar� de conformidad con los requisitos
establecidos en cada contrato en particular.
(Art. 8 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.1.7. Vigencias Futuras Negocios fiduciarios. Los negocios fiduciarios de
administraci�n o manejo de recursos que requieran celebrar los �rganos p�blicos
que cubran m�s de una vigencia fiscal, necesitar�n autorizaci�n para
comprometer vigencias futuras previa a la apertura de la licitaci�n o concurso,
de manera general o particular. Esta autorizaci�n la dar� el Consejo Superior
de Pol�tica Fiscal � CONFIS,� �nicamente sobre la remuneraci�n de la entidad
fiduciaria.
�
El
anterior requisito ser� igualmente necesario en caso de la adici�n, pr�rroga o
reajuste de este tipo de contratos ya celebrados, siempre y cuando cubran m�s
de una vigencia fiscal.
(Art. 3 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.1.8. Autorizaci�n de Vigencias Futuras sin
especificar su valor. El
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal � CONFIS- o quien �ste delegue podr�
autorizar la asunci�n de compromisos que afecten presupuestos de vigencias
futuras sin especificar su valor, cuando se trate de la administraci�n de
fondos especiales o contribuciones parafiscales sujetos al monto de las
apropiaciones presupuestales que se hagan en la respectiva vigencia.
(Art. 4 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.1.9. Reducci�n o eliminaci�n de las
autorizaciones de vigencias futuras. El Consejo Superior de Pol�tica Fiscal � CONFIS- cuando lo
considere conveniente por razones de coherencia macroecon�mica o por cambios en
las prioridades sectoriales, podr� reducir o eliminar las autorizaciones de
vigencias futuras. En estos casos, el CONFIS no podr� reducir o eliminar las
autorizaciones de vigencias futuras que amparen compromisos perfeccionados.
(Art. 6 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.1.10. Caducidad de las vigencias futuras y los
avales fiscales.
Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no
utilizados a 31 de diciembre de cada a�o caducan sin excepci�n. En
consecuencia, los �rganos deber�n registrar en el Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n a m�s tardar el 31 de diciembre de cada a�o
la utilizaci�n de los cupos autorizados, operaci�n que refleja la utilizaci�n
de los cupos autorizados dentro de la vigencia.
Las
entidades con avales fiscales otorgados deber�n tramitar solicitud de
autorizaci�n de vigencia futura dentro de la misma vigencia fiscal del
otorgamiento, en caso contrario deber�n iniciar nuevamente tr�mite de solicitud
de otorgamiento del aval fiscal.
(Art. 7 Decreto
568 de 1996, modificado por el Art. 16 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.7.1.11.
Vigencias futuras en procesos de selecci�n. Los procesos de selecci�n amparados con vigencias futuras
excepcionales que no se adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron,
requerir�n una nueva autorizaci�n, antes de su perfeccionamiento, sin que sea
necesario reiniciar el proceso de selecci�n.
(Art. 2 del Decreto
3629 de 2004).
Art�culo 2.8.1.7.1.12.
Afectaci�n del presupuesto
para procesos de selecci�n en tr�mite: Cuando
quiera que se encuentre en tr�mite una licitaci�n, concurso de m�ritos o
cualquier otro proceso de selecci�n del contratista con todos los
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y la
celebraci�n y perfeccionamiento del respectivo contrato se efect�e en la
vigencia fiscal siguiente, este se atender� con el presupuesto de esta �ltima
vigencia.
Lo previsto en el inciso anterior s�lo proceder� cuando los
ajustes presupuestales requeridos para tal fin impliquen modificaciones al
anexo del decreto de liquidaci�n que no modifiquen en cada secci�n presupuestal
el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, o los subprogramas de
inversi�n aprobados por el Congreso.
(Art. 3 Decreto
1957 de 2007)
Art�culo 2.8.1.7.1.13.
Contratos estatales
ejecutados en distintas vigencias fiscales.- En los
contratos estatales que incluyan en su objeto varias obligaciones, tales como,
el dise�o, construcci�n y mantenimiento, y que deban ser ejecutados en
distintas vigencias fiscales, se podr� establecer que su objeto es integral y
su ejecuci�n presupuestal se realiza en los t�rminos pactados en el contrato.
Las entregas de obra por montos superiores a las
respectivas apropiaciones presupuestales no implican operaci�n de cr�dito
p�blico o asimilada.
En dichos contratos no se podr�n pactar pagos por montos
superiores a las respectivas autorizaciones de gasto.
(Art.1 Decreto
3629 de 2004)
Art�culo 2.8.1.7.2.1. Programa Anual Mensualizado
de Caja. El
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) define el monto m�ximo mensual de
pagos para el Presupuesto
General la Naci�n con el fin de cancelar las obligaciones exigibles de pago. El
monto global del PAC, junto con sus modificaciones, ser� aprobado por el
CONFIS. Las modificaciones al PAC que no afecten los montos globales aprobados
por el CONFIS, podr�n ser aprobadas por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y del Tesoro Nacional, con sujeci�n a la disponibilidad de recursos.
En
caso de los Establecimientos P�blicos con ingresos propios, corresponder� a las
Juntas o Consejos Directivos aprobar el PAC y sus modificaciones, con base en
las metas globales de pago aprobadas por el CONFIS, o por el representante
legal en caso de no existir aquellas. Esta facultad se podr� delegar en el
representante legal de cada entidad.
El
Programa Anual de Caja correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia
fiscal, tendr� como l�mite m�ximo el valor del presupuesto de ese per�odo. Se
podr�n reducir las apropiaciones, cuando se compruebe una inadecuada ejecuci�n
del PAC.
Los
Establecimientos P�blicos podr�n pagar con sus ingresos propios obligaciones
financiadas con recursos de la Naci�n, mientras la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
transfiere los dineros respectivos. Igual procedimiento ser� aplicable a los
�rganos del Presupuesto General de la Naci�n cuando administren fondos
especiales y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades
de econom�a mixta con el r�gimen de aquellas sobre los recursos de la Naci�n.
Estas operaciones deben contar con la autorizaci�n previa de la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional.
Las
apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financian con los recursos
adicionales a que hace referencia el art�culo 347 de la Constituci�n Pol�tica,
lo mismo que aquellas financiadas con recursos del cr�dito no perfeccionadas,
s�lo se incluir�n en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensi�n o cuando
lo autorice el CONFIS mientras se perfeccionan los contratos de empr�stito.
Los
desembolsos de los contratos celebrados por los �rganos que conforman el
Presupuesto General de la Naci�n, deben pactarse hasta la cuant�a de los montos
aprobados en el PAC.
(Art. 26 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.2.2. Aprobaci�n del PAC.� El CONFIS con fundamento en las metas m�ximas de pago
establecidas en el Plan Financiero aprobar� el Programa Anual de Caja, PAC, con
recursos de la Naci�n. Las juntas o consejos directivos o el representante
legal del �rgano, si no existen juntas o consejos directivos, aprobar�n el PAC
y sus modificaciones con ingresos propios de los establecimientos p�blicos, con
fundamento en las metas globales de pagos fijadas por el CONFIS.
(Art. 24 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.3. Aplicaci�n espec�fica disposiciones PAC. Las disposiciones establecidas en el presente cap�tulo que
hacen referencia a las competencias de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico con relaci�n al
Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC se aplican �nicamente a los recursos
del Presupuesto Nacional.
(Art. 25 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.4. Clasificaci�n de los Recursos Naci�n en
el PAC. El programa
anual mensualizado de caja con recursos de la Naci�n se clasificar� as�:
a) Funcionamiento: Gastos de personal, gastos generales, transferencias
corrientes y transferencias de capital.
b) Servicio de la deuda p�blica: Deuda interna y externa.
c) Gastos de inversi�n.
(Art. 26 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.5. Ajustes al PAC. Cuando se efect�en traslados presupuestales con cargo al
Fondo de Compensaci�n Interministerial, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico
y Tesoro Nacional har� de oficio los ajustes al programa anual mensualizado de
caja y los comunicar� a los �rganos afectados. Igual procedimiento se aplicar�
cuando se efect�en las distribuciones del Presupuesto Nacional autorizadas por
las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto.
(Art. 27 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.6. Expedici�n Manual de Tesorer�a PAC. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
expedir� un Manual de Tesorer�a en el cual se establezcan las directrices y
par�metros necesarios para la administraci�n del PAC. Igualmente, comunicar� a
cada �rgano los par�metros y lineamientos necesarios para la mensualizaci�n de
los pagos.
(Art. 28 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.7. Solicitud de PAC a la Direcci�n General
de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional. Los
�rganos presentar�n su solicitud de PAC a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional antes del 20 de diciembre, diferenciando los pagos
que correspondan a recursos del cr�dito externo y donaciones del exterior,
cuando en �stos se haya estipulado mecanismos especiales de ejecuci�n.
(Art. 29 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.8. �Modificaciones PAC. Las solicitudes de modificaci�n al PAC, deber�n ser
presentadas por los �rganos, oportunamente a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional, en el formato que �sta establezca.
(Art. 31 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.9. L�mite Desembolsos de Contratos. Los desembolsos de los contratos
celebrados por los �rganos que forman parte del Presupuesto General de la
Naci�n deber�n pactarse hasta la cuant�a de los montos aprobados en el Programa
Anual Mensualizado de Caja, PAC.
(Art. 33 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.2.10. Seguimiento al Programa Anual
Mensualizado de Caja.
El CONFIS har� un seguimiento trimestral al Programa Anual Mensualizado de
Caja, con el objeto de definir o modificar los montos m�ximos de pago mensuales
por entidad, teniendo en cuenta el monto global de PAC aprobado, las
prioridades de gasto, el nivel de ejecuci�n y las restricciones fiscales y
financieras.
(Art. 27 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.7.3.1.
�Reservas presupuestales y cuentas por
pagar. A trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n se definir�n, cada vigencia y con corte a 31
de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y
cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la
Naci�n.
Las
reservas presupuestales corresponder�n a la diferencia entre los compromisos y
las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las
obligaciones y los pagos.
(Art. 6 Decreto
4836 de 2011)
Art�culo 2.8.1.7.3.2.
Constituci�n de reservas presupuestales y
cuentas por pagar. A m�s tardar el 20 de enero de
cada a�o, los �rganos que conforman el Presupuesto General de la Naci�n
constituir�n las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva secci�n
presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con
los saldos registrados a 31 de diciembre a trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n. En dicho plazo, solo se podr�n efectuar los
ajustes a que haya lugar para la constituci�n de �las reservas presupuestales y
de las cuentas por pagar, sin que en ning�n caso se puedan registrar nuevos
compromisos ni obligaciones.
�
Cumplido
el plazo para adelantar los ajustes a que hace menci�n el inciso primero del
presente art�culo y constituidas en forma definitiva las reservas
presupuestales y cuentas por pagar a trav�s del Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera SIIF Naci�n, los dineros sobrantes de la Naci�n ser�n
reintegrados por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del
respectivo �rgano a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro del mismo plazo.
Las
cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31
de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepci�n.
En caso de que la entidad mantenga recursos de la Naci�n por este concepto
deben reintegrarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo
�rgano a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro de los primeros cinco (5) d�as
del mes siguiente a la expiraci�n de estas.
(Art. 7 Decreto
4836 de 2011, modificado por el Art. 17 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.7.3.3.
Fenecimiento de Reservas Presupuestales y
Cuentas por pagar. Las reservas presupuestales y
cuentas por pagar constituidas por los �rganos que conforman el Presupuesto
General de la Naci�n, que no se ejecuten durante el a�o de su vigencia
fenecer�n.
(Art.38 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.3.4.
�Extinci�n del compromiso u obligaci�n
fundamento de Reservas Presupuestales y Cuentas por pagar. Si durante el a�o de la vigencia de la
reserva o cuenta por pagar desaparece el compromiso u obligaci�n que las
origin�, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto elaborar�n un acta, la
cual ser� enviada a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
para los ajustes respectivos.
(Art.39 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.7.3.5.
�Reducci�n al Presupuesto de acuerdo con
el monto de reservas presupuestales. De
conformidad con lo previsto en el art�culo 9� de la Ley 225 de 1995 y el
art�culo 31 de la Ley 344 de 1996, en cada vigencia, el Gobierno Nacional
reducir� el presupuesto en el 100% del monto de las reservas presupuestales
constituidas sobre el presupuesto del a�o inmediatamente anterior, que excedan
el 2% de las apropiaciones de funcionamiento y el 15% de las apropiaciones de
inversi�n del presupuesto de dicho a�o.
El
presente art�culo no ser� aplicable a las transferencias de que trata el
art�culo 357 de la Constituci�n Pol�tica.
(Art. 2 Decreto
1957 de 2007)
Art�culo 2.8.1.8.1.
Seguimiento y Evaluaci�n Presupuestal. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional realizar� el seguimiento y evaluaci�n del
Presupuesto General de la Naci�n, con base en la informaci�n registrada en el
Sistema Integrado de Informaci�n Financiera SIIF Naci�n. Lo anterior, sin
perjuicio de la informaci�n adicional que la Direcci�n solicite y que no se
encuentre disponible en el sistema.
El
Departamento Nacional de Planeaci�n realizar� el seguimiento y evaluar� la
gesti�n a los proyectos de inversi�n en los t�rminos previstos por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables y mantendr� disponible la
informaci�n en el Sistema de Seguimiento de Proyectos Inversi�n P�blica �SPI,
para consulta de todas las entidades p�blicas que puedan requerirla para la
elaboraci�n de los informes a que se refiere el presente t�tulo o para el
cumplimiento de sus funciones. La informaci�n estar� adem�s disponible para la
ciudadan�a en general.
Cuando
los �rganos que conforman el Presupuesto General de la Naci�n no registren la
informaci�n en el Sistema Integrado de Informaci�n Financiera SIIF Naci�n, o en
el Sistema Unificado de Inversi�n y Finanzas P�blicas, o no reporten la
informaci�n que requiera la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y/o la Direcci�n de Inversiones y
Finanzas P�blicas del Departamento Nacional de Planeaci�n para dar cumplimiento
a lo establecido en el art�culo 92 del Estatuto Org�nico del Presupuesto, estos
podr�n abstenerse de adelantar los tr�mites presupuestales que dichos �rganos
presenten para su aprobaci�n o concepto favorable.
(Art. 34 del Decreto
4730 de 2005 modificado
por el art. 2 del Decreto
4836 de 2011, modificado por el Art. 18 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.8.1.8.2.
Seguimiento del CONFIS. Las operaciones de cr�dito p�blico de manejo y asunci�n de deuda y
prefinanciamiento, requerir�n del pronunciamiento por parte del CONFIS, con el
fin de establecer que el gasto en intereses, comisiones y gastos de deuda que
estas generan, se encuentra ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
(Art. 24 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.9.1.
�Inversiones del Fondo de Superavit de la
Naci�n.Las inversiones de los recursos del fondo
de super�vit de la Naci�n, constituido de acuerdo con lo dispuesto en el
art�culo 22 del Estatuto Org�nico del Presupuesto, se har�n por la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, de acuerdo con las atribuciones
que le confieren el Estatuto Org�nico de Presupuesto y dem�s normas
concordantes y pertinentes.
Podr�n
constituirse inversiones financieras en el pa�s, siempre y cuando no afecten la
base monetaria, tanto en el mercado primario como en el secundario, a�n
trat�ndose de t�tulos de deuda p�blica de la Naci�n, y en este caso no operar�
el fen�meno de la confusi�n, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 100 del
Estatuto Org�nico del Presupuesto.
(Art. 32 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.9.2.
Gastos funcionamiento CONFIS. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
con cargo a su presupuesto atender� los gastos que ocasione el funcionamiento
del Consejo Superior de Pol�tica Fiscal CONFIS.
(Art. 40 Decreto
568 de 1996)
Art�culo 2.8.1.9.3.
Modificaciones a las plantas de personal. Las modificaciones a las plantas de personal
que no incrementen sus costos anuales actuales o que no superen las
apropiaciones vigentes de gastos de personal entrar�n en vigencia una vez se
expida el decreto respectivo.
�
En
consecuencia, salvo que exista autorizaci�n en la Constituci�n o en la ley,
aquellas modificaciones de planta que incrementen los costos anuales actuales y
superen las apropiaciones vigentes de gastos de personal, entrar�n en vigencia
el primero de enero del a�o siguiente a su aprobaci�n.
�
Se
entiende por costos anuales actuales, el valor de la planta de personal del
primero de enero al treinta y uno de diciembre del a�o en que se efect�e la
modificaci�n.
Requerir�n
de viabilidad presupuestal expedida por la Direcci�n General del Presupuesto
P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico las
modificaciones a las plantas de personal que incrementen sus costos anuales
actuales o cuando sin hacerlo impliquen el pago de indemnizaciones a los
servidores p�blicos.
En
todo caso, la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico verificar� el cumplimiento de lo dispuesto en
este art�culo. Para tal efecto, dar� concepto previo a la expedici�n de los
correspondientes decretos, indicando si las modificaciones propuestas se
encuentran en el evento previsto en el inciso primero o si, por el contrario,
deben entrar a regir el primero de enero del a�o siguiente.
Par�grafo. El presidente de la JEP, y el
Secretario Ejecutivo, solicitar�n al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
de manera previa a la adopci�n de la planta, la viabilidad presupuestal para la
creaci�n de los empleos, en los t�rminos establecidos en el Estatuto Org�nico
del Presupuesto y dem�s normas reglamentarias.
(Art. 41 Decreto
568 de 1996, adicionado un par�grafo por el Decreto
2107 de 2017)
Art�culo 2.8.1.9.4.
Liquidaci�n de Rentas de destinaci�n
espec�fica. Las
liquidaciones de las rentas de destinaci�n espec�fica de que tratan los
numerales 2 y 3 del art�culo 359 de la Constituci�n Pol�tica, se har�n
efectivas una vez descontadas las transferencias territoriales de que tratan
los art�culos 356 y 357 de la Constituci�n Pol�tica, en los t�rminos
establecidos en el art�culo 7� de la Ley 225 de 1995.
(Art.1 Decreto
2305 de 2004)
Art�culo 2.8.1.9.5.
Liquidaci�n de Excedentes Financieros de
los Establecimientos P�blicos. Los excedentes
financieros se calcular�n con fundamento en los estados financieros a 31 de
diciembre del a�o inmediatamente anterior, y ser�n iguales al patrimonio
descontando el capital, la reserva legal y las donaciones. Adicionalmente, se
tendr� en cuenta la situaci�n de liquidez para determinar la cuant�a que se
trasladar� a la Naci�n como recursos de capital.
(Art. 25 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.9.6.
Modificaciones Presupuestales. Si durante la ejecuci�n del Presupuesto General de la Naci�n fuese
necesario modificar el monto del presupuesto para complementar los recursos
insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios
autorizados por la ley, el Gobierno presentar� al Congreso de la Rep�blica un
proyecto de ley para tales efectos.
La
modificaci�n se realizar� preferiblemente mediante un contracr�dito en la
vigencia en curso. Cuando no sea posible, las adiciones presupuestales podr�n
efectuarse cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener el car�cter de extraordinarios e imprevisibles, frente a la estimaci�n
inicial de gastos;
b) Contar con mayores ingresos.
En
caso de que ninguno de los requisitos antes previstos se cumplan, y se requiera
la respectiva adici�n, el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico preparar� una
actualizaci�n del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un an�lisis de las
implicaciones de dicha adici�n y un conjunto de recomendaciones.
(Art. 28 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.9.7.
Cr�ditos Judicialmente Reconocidos,
Laudos Arbitrales y Conciliaciones. Las
providencias que se profieran en contra de los Establecimientos P�blicos deben
ser atendidas con cargo a sus rentas propias y de manera subsidiaria con
aportes de la Naci�n.
Las
proferidas contra cualquier tipo de empresa en las que la Naci�n o una de sus
entidades tengan participaci�n en su capital, ser�n asumidas con sus propias
rentas y activos, s�lo se podr�n atender subsidiariamente con aportes de la
Naci�n y hasta el monto de su participaci�n en la empresa.
(Art. 32 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.9.8.
Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Naci�n,
incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su
recaudo. Se except�an los rendimientos financieros generados con aportes
destinados a la seguridad social.
(Art. 33 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.1.10.1.
Pasajes a�reos o terrestres. La ordenaci�n de los pasajes a�reos o
terrestres dentro del territorio nacional para los honorables congresistas en
ejercicio, as� como los desplazamientos al exterior para el Representante a la
C�mara para los colombianos residentes en el exterior, se autorizar�n por el
ordenador de gasto previa solicitud del Secretario General de cada Corporaci�n.
Para
el efecto la Secretar�a General de cada una de las Corporaciones P�blicas,
presentar� al ordenador de gasto, una solicitud mensual de los pasajes a que
tienen derecho los honorables Congresistas, indicando nombre del beneficiario y
ruta respectiva, uno por cada semana, durante el per�odo de sesiones ordinarias
o extraordinarias y un pasaje mensual en per�odo de receso, salvo que se trate
de comisiones especiales en el interior del pa�s solicitadas y aprobadas por
las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes Legales
Reglamentarias o Accidentales o de sesiones de la Comisi�n Interparlamentaria
de Cr�dito P�blico previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, casos en los cuales se podr� autorizar un n�mero mayor de
pasajes.
El
Representante a la C�mara para los colombianos residentes en el exterior,
tendr� derecho a un pasaje al mes, durante el per�odo de sesiones ordinarias o
extraordinarias, y un pasaje en cada per�odo de receso, con destino al lugar
del exterior en el cual inscribi� su candidatura, salvo que se trate de
comisiones especiales en el interior del pa�s, solicitadas y aprobadas por las
Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes Legales
Reglamentarias o Accidentales o de sesiones de la Comisi�n Interparlamentaria
de Cr�dito P�blico, previamente convocadas por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, casos en los cuales se podr� autorizar un n�mero mayor de
pasajes.
Igualmente,
la Secretar�a General de Senado y de C�mara de Representantes enviar� al
ordenador de gasto, una relaci�n de los pasajes que hayan sido utilizados o
devueltos para efecto de elaborar la correspondiente resoluci�n que ordene el
reconocimiento y pago.
(Art. 4 Decreto
870 de 1989, modificado parcialmente por el Decreto
299 de 2005, modificado por el Art 1. del Decreto
3727 de 2010, modificado por el art.1 del Decreto
2171 de 2017)
Art�culo 2.8.1.10.2.
Requisitos para la expedici�n de pasajes
a�reos. La expedici�n
de pasajes a�reos para empleados del honorable Senado de la Rep�blica y de la
honorable C�mara de Representantes, cuando en cumplimiento de sus funciones
deban trasladarse fuera de Bogot�, requiere solicitud justificada del inmediato
superior y resoluci�n de la Mesa Directiva.
�
En
la misma forma se proceder� respecto de los contratistas, cuya prestaci�n de
servicio lo amerite y as� se haya estipulado expresamente en el respectivo
contrato.
�
Par�grafo. Los Secretarios Generales de
Senado y C�mara, previa autorizaci�n del Ordenador del Gasto, solicitar� el
tiquete respectivo a la empresa a�rea, indicando el nombre del empleado o
contratista, su cargo o n�mero de contrato y la ruta.
(Art. 5 Decreto
870 de 1989)
Art�culo 2.8.1.10.3.
Vi�ticos.
El Director Administrativo de cada C�mara, se�alar�
vi�ticos a los empleados que en cumplimiento de sus funciones deban trasladarse
fuera de Bogot�, para ello, se requerir� autorizaci�n previa de la Comisi�n de
la Mesa de la respectiva corporaci�n, la cual se otorgar� mediante resoluci�n
debidamente motivada (art�culo 12 de la Ley 52 de 1978).
(Art. 6 Decreto
870 de 1989)
Art�culo 2.8.1.10.4.
Comisiones al exterior. Las comisiones al exterior se tramitar�n de
acuerdo con las resoluciones que autoricen las Mesas Directivas de cada
Corporaci�n, las cuales se elaborar�n en la Secretar�a General respectiva,
determinando el objeto de la comisi�n, ciudad y pa�s en donde se cumplir�,
tiempo de duraci�n y valor de los vi�ticos, conforme con las cuant�as que se
establezcan en el orden nacional.
(Art. 7 Decreto
870 de 1989)
Art�culo 2.8.1.10.5.
R�gimen de Contrataci�n. La compra de bienes muebles, prestaci�n de servicios y obras p�blicas
y dem�s contratos necesarios que se requieran para el desempe�o de las
funciones administrativas, se regir�n por lo previsto en la Ley 80 de 1993, y
dem�s normas que lo modifiquen y/o adicionen.
(Art. 8 Decreto
870 de 1989)
Art�culo 2.8.1.10.6.
Aplicaci�n de la normativa
del Presupuesto General de la Naci�n. La
ordenaci�n del gasto prevista en el presente cap�tulo , deber� sujetarse a las
disposiciones consagradas en la Ley normativa del Presupuesto General de la
Naci�n y las dem�s normas reglamentarias, r�gimen de apropiaciones, acuerdos de
gastos, programa anual de caja, constituci�n y pago de reservas.
(Art. 14 Decreto
870 de 1989)
Art�culo 2.8.2.1.
Campo de aplicaci�n. El presente t�tulo rige para los �rganos a
los que se refiere el inciso tercero del art�culo 12 de la Ley 179 de 1994,
modificado por el art�culo 81 de la Ley 1687 de 2013 que administren las
siguientes contribuciones:
�
a) Las contribuciones parafiscales cafeteras, agropecuarias o pesqueras.
b) Los aportes para el subsidio familiar.
c) Las estampillas que determinen contribuciones parafiscales del orden
nacional.
d) Las contribuciones parafiscales del Fondo de Promoci�n Tur�stica.
e) Las contribuciones parafiscales del Fondo de Estabilizaci�n de Precios
de los Combustibles (FEPC).
�
Par�grafo. De conformidad con el inciso
tercero del art�culo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el art�culo 81 de
la Ley 1687 de 2013, el presente t�tulo no se aplicar� a aquella parte de las
contribuciones parafiscales destinadas al financiamiento del Sistema General de
Seguridad Social establecidas en el art�culo 8� de la Ley 100 de 1993.
(Art�culo 1 del Decreto
3035 de 2013, modificado art�culo 1 Decreto
1298 de 2014 que elimina el literal f)
Art�culo 2.8.2.2.
Elaboraci�n y publicaci�n de
Presupuestos. Las entidades administradoras de las
contribuciones parafiscales a que se refiere el art�culo anterior elaborar�n
sus presupuestos, conforme a la normatividad que les aplique, los cuales
deber�n ser aprobados por sus �rganos directivos en primera instancia, antes de
ser sometidos a la aprobaci�n del Consejo Superior de Pol�tica Fiscal - CONFIS.
�
Para
garantizar la publicidad y transparencia en la administraci�n de las
mencionadas contribuciones parafiscales, los �rganos, a que se refiere este
t�tulo, deber�n enviar el presupuesto aprobado por sus �rganos directivos,
quince d�as antes de la sesi�n de aprobaci�n que realice el CONFIS, con el fin
de ser publicados en la p�gina web del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
�
(Art�culo 2 del Decreto
3035 de 2013)
�
Art�culo 2.8.2.3.
Aprobaci�n y modificaci�n de
presupuestos. Corresponde al Consejo Superior de Pol�tica
Fiscal � CONFIS, establecer las normas y procedimientos para el tr�mite de
aprobaci�n y modificaci�n de los presupuestos de los �rganos a los que se
refiere el inciso tercero del art�culo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por
el art�culo 81 de la Ley 1687 de 2013.
�
(Art�culo 3 del Decreto
3035 de 2013)
Art�culo 2.8.2.4.
Responsabilidad de Gerentes, Presidentes
y Directores. La responsabilidad de la
presentaci�n de los presupuestos aprobados por las entidades y su remisi�n al
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal - CONFIS para su posterior aprobaci�n, ser�
de los gerentes, presidentes o directores de los �rganos a los que se refiere
el inciso tercero del art�culo 12 de la Ley 179 de 1994, modificado por el
art�culo 81 de la Ley 1687 de 2013.
�
Asistir�n,
en calidad de invitados a las sesiones de aprobaci�n, el Ministro o Director
del �rgano cabeza del sector y dem�s funcionarios de los �rganos o entidades
que el CONFIS considere pertinentes, quienes tendr�n voz y no voto.
(Art�culo 4 del Decreto
3035 de 2013)
Art�culo 2.8.3.1.
Campo de aplicaci�n.� El presente t�tulo se aplica a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Econom�a Mixta
sujetas al r�gimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no
financieras, y a aquellas entidades del orden nacional que la ley les
establezca para efectos presupuestales el r�gimen de Empresas Industriales y
Comerciales del Estado. En adelante se denominar�n empresas en este t�tulo.
(Art.1 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.
Principios presupuestales. Los principios presupuestales son: la
planificaci�n, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la
programaci�n integral, la especializaci�n, la coherencia macroecon�mica y la
sostenibilidad y estabilidad fiscal. Este �ltimo de conformidad con el art�culo
8 de la Ley 1473 de 2011.
(Art. 2 Decreto
115 de 1996, modificado t�citamente por el
art�culo 8 de la Ley
1473 de 2011)
Art�culo 2.8.3.3.
Planificaci�n. El presupuesto deber� guardar concordancia con los contenidos del Plan
Nacional de Desarrollo, del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan
Operativo Anual de Inversiones.
(Art. 3 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.4.
Anualidad.
El a�o fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada a�o.
Despu�s del 31 de diciembre no podr�n asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del a�o fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiaci�n no afectados por compromisos caducar�n sin excepci�n.
(Art. 4 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.5.
Universalidad. El presupuesto contendr� la totalidad de los gastos p�blicos que se
espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia ninguna
autoridad podr� efectuar gastos p�blicos, erogaciones con cargo al Tesoro o
transferir cr�dito alguno, que no figuren en el presupuesto.
(Art.5 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.6.
Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atender�
el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.
(Art. 6 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.7.
Programaci�n integral. Todo programa presupuestal deber� contemplar simult�neamente los gastos
de inversi�n y de funcionamiento que las exigencias t�cnicas y administrativas
demanden como necesarios para su ejecuci�n y operaci�n, de conformidad con los
procedimientos y normas vigentes.
El
programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal
ejecuci�n.
(Art. 7 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.8.
Especializaci�n. Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y
funciones, y se ejecutar�n estrictamente conforme al fin para el cual fueron
programadas.
(Art. 8 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.9.
Coherencia macroecon�mica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroecon�micas
fijadas por el Gobierno en coordinaci�n con la Junta Directiva del Banco de la
Rep�blica.
(Art. 9 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.10.
Sostenibilidad y estabilidad fiscal. El presupuesto tendr� en cuenta que el
crecimiento del gasto debe ser acorde con la evoluci�n de los ingresos de largo
plazo a estructurales de la econom�a y debe ser una herramienta de
estabilizaci�n del ciclo econ�mico, a trav�s de una regla fiscal de conformidad
con el art�culo 7 de la Ley 1437 de 2011.
(Art. 10 Decreto
115 de 1996 modificado t�citamente por el
art�culo 8 de la Ley 1437 de 2011)
Art�culo 2.8.3.11.
Autonom�a Presupuestal. Las empresas tienen capacidad para contratar
y ordenar el gasto en los t�rminos previstos en el art�culo 110 del Estatuto
Org�nico del Presupuesto.
(Art. 31 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.1.
Presupuesto de Ingresos. El presupuesto de ingresos comprende la
disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante
la vigencia fiscal y los recursos de capital.
El
presupuesto de las empresas podr� incluir la totalidad de los cupos de
endeudamiento autorizados por el Gobierno.
(Art.12 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.2.
Presupuesto de Gastos. El presupuesto de gastos comprende las
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operaci�n comercial,
servicio de la deuda y gastos de inversi�n que se causen durante la vigencia
fiscal respectiva.
La
causaci�n del gasto debe contar con la apropiaci�n presupuestal
correspondiente.
Los
compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, deber�n
incluirse en el presupuesto del a�o siguiente como una cuenta por pagar y su
pago deber� realizarse en dicha vigencia fiscal.
(Art. 13 Decreto
115 de 1996, modificado por el Art. 10 del Decreto
4836 de 2011)
Art�culo 2.8.3.1.3.
T�tulos de gasto. En el presupuesto de gastos solo se podr�n
incluir apropiaciones que correspondan a:
a)
Cr�ditos judicialmente reconocidos;
b)
Gastos decretados conforme a la ley anterior;
c)
Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y
programas de desarrollo econ�mico y social y a las obras p�blicas de que tratan
los art�culos 339 y 341 de la Constituci�n Pol�tica, que fueren aprobadas por
el Congreso Nacional, y
d)
Las normas que organizan las empresas.
(Art. 14 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.4.
Disponibilidad final. La disponibilidad final corresponde a la
diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de
gastos.
(Art. 15 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.5.
Env�o de anteproyectos de presupuesto. Las empresas enviar�n a la Direcci�n General
del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional
de Planeaci�n el anteproyecto de presupuesto antes del 31 de octubre de cada
a�o.
(Art. 16 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.6.
Consulta y concepto favorable para la
preparaci�n del presupuesto. La Direcci�n General
del Presupuesto Nacional, previa consulta con el Ministerio respectivo,
preparar� el presupuesto de ingresos y gastos y sus modificaciones, con base en
los anteproyectos presentados por las empresas. Para los gastos de inversi�n se
requiere del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n.
El
concepto del Departamento Nacional de Planeaci�n para las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado y las Sociedades de Econom�a Mixta sujetas al r�gimen
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras, se emitir� en forma global
y en ning�n caso a nivel de proyectos de inversi�n.
(Art. 17 Decreto
115 de 1996, adicionado el �ltimo inciso por el
Art. 1 del Decreto
353 de 1998).
Art�culo 2.8.3.1.7.
Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Marco Fiscal de Mediano Plazo servir� de base para la aprobaci�n y
modificaci�n del presupuesto de las Empresas en cada vigencia fiscal. Para
tales efectos, la Secretar�a T�cnica del CONFIS comunicar� a m�s tardar la
primera semana de noviembre, los par�metros fijados en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo.
(Art. 35 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.3.1.8.
Presentaci�n y aprobaci�n del
Presupuesto. La
Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional presentar� al Consejo
Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, el proyecto de presupuesto de ingresos y
gastos y sus modificaciones.
El
CONFIS o quien �ste delegue, aprobar� por resoluci�n el presupuesto y sus
modificaciones.
(Art. 18 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.9.
Delegaci�n.
El CONFIS podr� delegar en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Econom�a Mixta sometidas
al r�gimen de aquellas la aprobaci�n y modificaci�n de sus presupuestos,
conforme a las directrices generales que este establezca y siempre que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Desarrollen su objeto social en competencia con otros agentes o se
desempe�en en mercados regulados.
b) Cuenten con pr�cticas de Buen Gobierno Corporativo que garanticen, entre
otros, la protecci�n de sus accionistas minoritarios e inversionistas, la
transparencia y revelaci�n de informaci�n, el cumplimiento de los deberes y
responsabilidades de los �rganos sociales y administradores en materia
presupuestal y financiera y una pol�tica de dividendos y constituci�n de
reservas, derivadas de C�digos de Buen Gobierno adoptados en cumplimiento de
estipulaciones estatutarias o legales que definir�n su contenido m�nimo.
c) Acreditar una calificaci�n anual de riesgo crediticio mayor o igual a
AA-, o su equivalente, otorgada por una entidad calificadora de riesgo
debidamente acreditada en el pa�s.
El
CONFIS verificar� el cumplimiento de lo previsto en este art�culo a trav�s de
su Secretar�a Ejecutiva. En caso que la empresa no cumpla con todos los
requisitos establecidos en este art�culo, se sujetar� al r�gimen presupuestal
previsto en el este t�tulo y dem�s normas expedidas en ejercicio del art�culo
96 del Estatuto Org�nico del Presupuesto y en el plazo que el CONFIS se�ale.
(Art. 36 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.3.1.10.
Desagregaci�n del presupuesto. La responsabilidad de la desagregaci�n del
presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuant�as aprobadas por el
CONFIS o quien �ste delegue, ser� de los gerentes, presidentes o directores,
quienes presentar�n un informe de la desagregaci�n a la Junta o Consejo
Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendaci�n mediante
resoluci�n o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada a�o.
En
la distribuci�n se dar� prioridad a los sueldos de personal, prestaciones
sociales, servicios p�blicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y
transferencias asociadas a la n�mina.
La
ejecuci�n del presupuesto podr� iniciarse con la desagregaci�n efectuada por
los gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto
distribuido se remitir� al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico-Direcci�n
General del Presupuesto P�blico Nacional y al Departamento Nacional de
Planeaci�n a m�s tardar el 15 de febrero de cada a�o.
(Art. 19 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.1.11.
�Definici�n apropiaci�n. Las apropiaciones son autorizaciones m�ximas
de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva. Despu�s del 31 de diciembre de cada a�o las autorizaciones expiran
y en consecuencia no podr�n adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse,
ni comprometerse.
(Art. 20 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.1.
Disponibilidad y Registro Presupuestal. Todos los actos administrativos que afecten
las apropiaciones presupuestales, deber�n contar con los certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaci�n suficiente
para atender estos gastos.
Igualmente,
estos compromisos deber�n contar con registro presupuestal para que los
recursos no sean desviados a ning�n otro fin.� En este registro se deber�
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya
lugar. Esta operaci�n es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos.
En
consecuencia, no se podr�n contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipaci�n a la apertura
del cr�dito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del cr�dito cuyos
contratos no se encuentren perfeccionados, o sin que cuenten con el concepto de
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional para comprometerlos
antes de su perfeccionamiento, o sin la autorizaci�n para comprometer vigencias
futuras por el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS o quien �ste
delegue. El funcionario que lo haga responder� personal y pecuniariamente de
las obligaciones que se originen.
(Art. 21 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.2.
Autorizaci�n de Vigencias Futuras. El Consejo Superior de Pol�tica Fiscal -CONFIS, o quien �ste delegue,
previo concepto t�cnico-econ�mico del Ministerio respectivo, podr� autorizar la
asunci�n de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando
su ejecuci�n se inicie con presupuesto de la vigencia en curso.
El
CONFIS, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energ�a,
comunicaciones, aeron�utica, defensa y seguridad, as� como para las garant�as a
las concesiones, podr� autorizar que se asuman obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras sin apropiaci�n en el presupuesto del a�o en
que se concede la autorizaci�n.
Cuando
las anteriores autorizaciones afecten el presupuesto de gastos de inversi�n, se
requerir� el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeaci�n.
Los
contratos de empr�stitos y las contrapartidas que en estos se estipulen no
requerir�n de la autorizaci�n del CONFIS para la asunci�n de obligaciones que
afecten presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regir�n por las
normas que regulan las operaciones de cr�dito p�blico.
Los
recursos necesarios para desarrollar estas actividades deber�n ser incorporados
en los presupuestos de la vigencia fiscal correspondiente.
Los
procesos de selecci�n amparados con vigencias futuras excepcionales que no se
adjudiquen en la vigencia fiscal en que se autorizaron, requerir�n una nueva
autorizaci�n, antes de su perfeccionamiento, sin que sea necesario reiniciar el
proceso de selecci�n.
(Art. 11 Decreto
115 de 1996, adicionado el �ltimo inciso por el
Art. 1 del Decreto
4336 de 2004)
Art�culo 2.8.3.2.3.
Modificaci�n de Apropiaciones. El detalle de las apropiaciones podr�
modificarse, mediante Acuerdo o Resoluci�n de las Juntas o Consejos Directivos,
siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de
funcionamiento, gastos de operaci�n comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversi�n.
Una
vez aprobada la modificaci�n, deber� reportarse en los diez (10) d�as
siguientes a la Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional y al
Departamento Nacional de Planeaci�n.
(Art. 23 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.4.
Adiciones, traslados o reducciones. Las adiciones, traslados o reducciones que
modifiquen el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operaci�n
comercial, servicio de la deuda y gastos de inversi�n ser�n aprobados por el
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, o quien �ste delegue. Para estos
efectos se requiere del concepto del Ministerio respectivo. Para los gastos de
inversi�n se requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento
Nacional de Planeaci�n.
La
Direcci�n General del Presupuesto P�blico Nacional y el Departamento Nacional
de Planeaci�n podr�n solicitar la informaci�n que se requiera para su estudio y
evaluaci�n.
(Art. 24 Decreto
115 de 1996)
�
Art�culo 2.8.3.2.5.
Requisitos para adiciones, traslados o reducciones y cruce de cuentas. Las adiciones, traslados o reducciones requerir�n del certificado de
disponibilidad que garantice la existencia de los recursos, expedido por el
Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.
Cuando
las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de econom�a
mixta sujetas al r�gimen de aquellas, celebren convenios de reciprocidad
comercial en desarrollo de su objeto social previsto en la ley de creaci�n con
entidades de derecho p�blico o con entidades privadas, podr�n realizar cruce de
cuentas, los cuales deber�n reflejarse en sus respectivos presupuestos.
Para
adelantar las operaciones de cruce de cuentas se requerir� adem�s de los
requisitos indicados en el inciso anterior, la autorizaci�n previa por parte de
los ordenadores de gasto de las empresas industriales y comerciales del Estado
y sociedades de econom�a mixta sujetas al r�gimen de aquellas.
(Art. 25 Decreto
115 de 1996, modificado por el Art. 1 del Decreto
1786 de 2001)
Art�culo 2.8.3.2.6.
Asignaciones y/o Distribuciones. Cuando los �rganos
que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n efect�en asignaciones y/o
distribuciones que afecten el presupuesto de las empresas, las juntas o
consejos directivos har�n los ajustes presupuestales correspondientes sin
variar la destinaci�n de los recursos, mediante acuerdo o resoluci�n. Estos
actos administrativos deben enviarse a la Direcci�n General del Presupuesto
P�blico Nacional para su informaci�n y seguimiento, y adem�s al Departamento
Nacional de Planeaci�n cuando se trate de proyectos de inversi�n.
(Art. 26 Decreto
115 de 1996 modificado t�citamente por el Art. 37
del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.3.2.7.
Modificaciones al Presupuesto de Gastos
cuya fuente de financiaci�n sean recursos de cr�dito previamente autorizados. Las modificaciones al presupuesto de gastos
de inversi�n que tengan como fuente de financiaci�n recursos del cr�dito
previamente autorizados, no requerir�n de un nuevo concepto favorable del
Departamento Nacional de Planeaci�n para adelantar los tr�mites de
incorporaci�n al presupuesto.
(Art. 27 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.8.
Suspensi�n, reducci�n o modificaci�n del
presupuesto. El
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal, CONFIS, o quien �ste delegue podr�
suspender, reducir o modificar el presupuesto cuando la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional estime que los recaudos del a�o pueden ser
inferiores al total de los gastos presupuestados; o cuando no se perfeccionen
los recursos del cr�dito; o cuando la coherencia macroecon�mica as� lo exija; o
cuando el Departamento Nacional de Planeaci�n lo determine, de acuerdo con los
niveles de ejecuci�n de la inversi�n.
(Art. 28 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.2.9.
Prohibiciones. No se podr� tramitar o legalizar actos
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no
re�nan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los
ordenadores de gastos responder�n disciplinaria, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma.
(Art. 22 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.1.
Modificaciones a las plantas de personal. Las modificaciones a las plantas de personal
requerir�n de viabilidad presupuestal expedida por la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional, para lo cual podr� solicitar la informaci�n que
considere necesaria.
(Art. 29 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.2.
Provisi�n de vacantes. Cuando se provean vacantes se requerir� de la certificaci�n de su
previsi�n en el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente. Para tal
efecto, el jefe de presupuesto garantizar� la existencia de los recursos del 1
de enero al 31 de diciembre de cada a�o fiscal.
(Art. 30 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.3.
Rendici�n de Cuentas. Los resultados y desempe�o de las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado y Sociedades de Econom�a Mixta sometidas al r�gimen de aquellas,
ser�n de conocimiento p�blico y se incorporar�n en el informe anual al Congreso
de la Rep�blica del Ministro del sector al cual pertenezca dicha empresa.
(Art. 38 del Decreto
4730 de 2005, modificado por el Art. 7 del Decreto
1957 de 2007)
Art�culo 2.8.3.3.4.
Excedentes Financieros. Los excedentes financieros de las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado no societarias se liquidar�n de acuerdo con el r�gimen previsto para
las sociedades comerciales.
(Art. 39 del Decreto
4730 de 2005, modificado por el Art. 8 del Decreto
1957 de 2007)
Art�culo 2.8.3.3.5.
Convenios. Las
entidades de car�cter financiero, rendir�n un informe trimestral al Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico y al Departamento Nacional de Planeaci�n, sobre
la ejecuci�n de los proyectos adelantados con �rganos que ejecutan recursos del
Presupuesto General de la Naci�n.
Cuando
en desarrollo de tales contratos o convenios se generen rendimientos
financieros que correspondan al �rgano contratante, la entidad de car�cter
financiero los consignar� a m�s tardar el 28 de febrero de cada a�o en la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional, y/o en las
tesorer�as de los �rganos del Presupuesto General de la Naci�n cuando
correspondan a recursos propios.
(Art. 40 del Decreto
4730 de 2005)
Art�culo 2.8.3.3.6.
Informaci�n presupuestal. Las empresas enviar�n a la Direcci�n General
del Presupuesto P�blico Nacional y a la Direcci�n de Inversiones y Finanzas
P�blicas del Departamento Nacional de Planeaci�n toda la informaci�n que sea
necesaria para la programaci�n, ejecuci�n y seguimiento financiero de sus
presupuestos, con la periodicidad y el detalle que determinen a este respecto.
(Art. 32 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.7.
Suspensi�n de Tr�mites por
incumplimientos. El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -Direcci�n General del Presupuesto
P�blico Nacional, podr� abstenerse de adelantar los tr�mites de cualquier
operaci�n presupuestal cuando las empresas no env�en los informes peri�dicos,
la documentaci�n complementaria que se le solicite o incumplan los objetivos y
metas trazados en el Plan Financiero y en el Programa Macroecon�mico del
Gobierno Nacional.
(Art. 33 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.8.
Recaudo de ingresos de otras entidades. Cuando una empresa est� facultada para recaudar ingresos que pertenecen
a otras entidades no realizar� operaci�n presupuestal alguna, sin perjuicio de
la vigilancia que deban ejercer los correspondientes �rganos de control.
(Art. 34 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.9.
Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con
recursos del presupuesto nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben
ser consignados en la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional en
el mes siguiente de su recaudo. Se except�an los rendimientos financieros
generados con aportes destinados a la seguridad social.
(Art. 35 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.10.
Aportes de la Naci�n. La Naci�n podr� hacer aportes a las Empresas durante la vigencia fiscal
para atender gastos relacionados con su objeto social.
(Art. 36 Decreto
115 de 1996)
Art�culo 2.8.3.3.11.
Cajas Menores. Las empresas podr�n constituir cajas menores y hacer avances previa
autorizaci�n de los gerentes, siempre que se constituyan las fianzas y
garant�as que �stos consideren necesarias.
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(Art. 37 Decreto
115 de 1996, inciso final derogado parcialmente
por el Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.3.3.12.
Destinaci�n de utilidades. Para que en los t�rminos del art�culo 97 del Estatuto Org�nico del
Presupuesto, el Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social, Conpes,
imparta instrucciones respecto de la destinaci�n que debe d�rsele a las
utilidades que correspondan a las entidades estatales nacionales por su
participaci�n en el capital de las Empresas Industriales y Comerciales
societarias del Estado y de las Sociedades de Econom�a Mixta con r�gimen de
aquellas, del orden nacional, las mismas deber�n enviar al Departamento
Nacional de Planeaci�n y a la Direcci�n General del Presupuesto P�blico
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a m�s tardar con un mes
de antelaci�n a la fecha de celebraci�n de la respectiva asamblea, el proyecto
de repartici�n de tales utilidades con base en estados financieros fidedignos
cortados a 31 de diciembre del a�o precedente.
Si
en la fecha de celebraci�n de la asamblea ordinaria de tales sociedades, el
Consejo Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social no ha impartido las
instrucciones de que trata el inciso anterior, las utilidades que correspondan
por su participaci�n a las entidades estatales nacionales, se registraran en el
patrimonio social como utilidades de ejercicios anteriores, hasta que el CONPES
decida sobre el particular y luego de haber apropiado los recursos
correspondientes a la reserva legal y estatutaria, si fuere del caso.
�
El
proyecto de distribuci�n de utilidades que remitan aquellas entidades que
tengan m�s de un ejercicio contable deber� corresponder al periodo comprendido
entre el 1� de enero y el 31 de diciembre y se enviara durante los dos primeros
meses del a�o, con la misma antelaci�n prevista en el primer inciso de este
art�culo, respecto de la fecha de celebraci�n de la asamblea.
(Art. 1 Decreto
205 de 1997)
Art�culo 2.8.4.1.1.
Campo de aplicaci�n. Se sujetan a la regulaci�n de este t�tulo, salvo en lo expresamente
aqu� exceptuando, los organismos, entidades, entes p�blicos, y personas
jur�dicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro P�blico.
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(Art. 1 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.1.2.
Medidas para las entidades territoriales.
Las entidades territoriales adoptar�n medidas
equivalentes a las aqu� dispuestas en sus organizaciones administrativas.
(Art. 2 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.2.1.
Comisiones al exterior. Las comisiones de servicio al exterior de los servidores p�blicos de
los �rganos adscritos o vinculados ser�n conferidas por el jefe del �rgano
p�blico respectivo.
Todas
las dem�s comisiones, incluidas las del jefe del �rgano adscrito o vinculado a
que hace referencia el inciso anterior, continuar�n siendo otorgadas de
conformidad con las disposiciones vigentes.
(Art. 16 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.2.2.
Comisiones para cumplir compromisos en
representaci�n del gobierno. �Las comisiones para cumplir compromisos en representaci�n del Gobierno
colombiano, con organismos o entidades internacionales de las cuales Colombia
haga parte, deber�n comunicarse previamente al Ministerio de Relaciones
Exteriores, con el fin de actuar coordinadamente en el exterior y mejorar la
gesti�n diplom�tica del Gobierno. Las que tengan por objeto negociar o tramitar
empr�stitos requerir�n autorizaci�n previa del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
(Art. 17 Decreto
26 de 1998, modificado por art. 1 del Decreto
2411 de 2007)
Art�culo 2.8.4.2.3.
Reembolso de pasajes. El valor de los pasajes o de los vi�ticos no utilizados deber�
reembolsarse, en forma inmediata, al �rgano p�blico.
(Art. 19 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.1.
Desembolsos sujetos al PAC. En los contratos no se podr�n pactar desembolsos en cuant�as que
excedan el programa anual de caja aprobado por el Consejo Superior de Pol�tica
Fiscal o las metas de pago establecidas por �ste.
(Art. 20 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.2.
Reservas presupuestales y
perfeccionamiento de contratos. Las reservas
presupu�stales provenientes de relaciones contractuales s�lo podr�n
constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados, cuando
se haya adjudicado una licitaci�n, concurso de m�ritos o cualquier otro proceso
de selecci�n del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efect�a en la vigencia
fiscal siguiente, se atender� con el presupuesto de esta �ltima vigencia,
previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.
Para
efectos de la previsi�n contenida en el inciso precedente, constituir�n
compromisos debidamente perfeccionados la aceptaci�n de oferta o la suscripci�n
de LOA (letter of offer and acceptance), realizadas en desarrollo de convenios
entre el Gobierno Colombiano y Gobiernos Extranjeros, con el prop�sito de adquirir
equipos para la defensa y seguridad nacional por parte del Ministerio de
Defensa Nacional con destino a la fuerza p�blica.
(Art. 21 Decreto
26 de 1998, modificado por el art. 1 del Decreto
2676 de 1999)
Art�culo 2.8.4.3.3.
Oferta m�s favorable. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 80 de
1993 y dem�s normas que lo modifiquen, para las compras que se realicen sin
licitaci�n o concurso de m�ritos, los �rganos p�blicos tendr�n en cuenta las
condiciones que el mercado ofrezca y escoger�n la m�s eficiente y favorable
para el Tesoro P�blico.
(Art. 22 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.4. Prohibiciones para el
suministro, adquisici�n, mantenimiento o reparaci�n de bienes muebles. No se podr�n iniciar
tr�mites de licitaci�n, contrataciones directas, o celebraci�n de contratos,
cuyo objeto sea la realizaci�n de cualquier trabajo material sobre bienes
inmuebles, que implique mejoras �tiles o suntuarias, tales como el
embellecimiento, la ornamentaci�n o la instalaci�n o adecuaci�n de acabados
est�ticos.
En consecuencia, s�lo se podr�n
adelantar tr�mites de licitaci�n y contrataciones para la realizaci�n de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles, cuando el contrato constituya una
mejora necesaria para mantener la estructura f�sica de dichos bienes.
Par�grafo. El Ministerio de Relaciones
Exteriores quedar� exento de la aplicaci�n del presente art�culo, cuando se
trate de la realizaci�n de obras que tiendan a la conservaci�n, mantenimiento
y/o adecuaci�n de los salones de estado y de las oficinas, ya sea que se trate
de inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores o de inmuebles tomados en arrendamiento. As� mismo, quedar� exento
de la aplicaci�n del presente art�culo, cuando se trate de obras que tiendan a
la conservaci�n, mantenimiento y/o adecuaci�n de los bienes inmuebles tomados
en arrendamiento para el funcionamiento de las oficinas y residencias asignadas
a las diferentes Misiones Diplom�ticas y Oficinas Consulares de Colombia en el
exterior.
(Art. 20 Decreto
1737 de 1998, adicionado por el art. 1 del Decreto
1202� de 1999)
Art�culo 2.8.4.3.5.
Contrataci�n o renovaci�n de contratos de
suministro, mantenimiento o reparaci�n de bienes muebles. S�lo se podr�n iniciar tr�mites para la
contrataci�n o renovaci�n de contratos de suministro, mantenimiento o
reparaci�n de bienes muebles y para la adquisici�n de bienes inmuebles, cuando
el Secretario General, o quien haga sus veces, determine en forma motivada que
la contrataci�n es indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o
para la prestaci�n de los servicios a su cargo.
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(Art. 21 Decreto
1737 de 1998, modificado por el Art. 9 del Decreto
2209 de 1998)
SECCI�N
1.� Contratos o convenios con terceros para la
administraci�n de recursos
Art�culo 2.8.4.3.1.1.
Env�o de informaci�n de contratos y
convenios con terceros para la administraci�n de recursos. Los Secretarios Generales de los �rganos que
financien gastos con recursos del Tesoro P�blico, o quien haga sus veces,
deber�n enviar semestralmente a la Direcci�n General del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico la informaci�n correspondiente a los
contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la
administraci�n de recursos, incluyendo los convenios suscritos con entidades de
derecho internacional y la informaci�n sobre el empleo de los recursos de tales
convenios.
La
informaci�n deber� incluir en forma discriminada para cada uno de los contratos
o convenios lo siguiente:
a)
La fecha de convenio o contrato y su vigencia;
b)
La fuente, fecha y el monto de los recursos
entregados en administraci�n;
c)
El monto comprometido y el monto disponible;
d)
La lista de cada una de las personas contratadas
con cargo a estos recursos, incluyendo para cada caso el valor, la vigencia y
el objeto del respectivo contrato;
e)
Las solicitudes de contrataciones en curso
dirigidas por los organismos que financien gastos con recursos del Tesoro
P�blico a las entidades que administran los recursos.
�(Art.
1 Decreto
1738 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.1.2.
Env�o de informaci�n a la DIAN.� Los Secretarios Generales de los �rganos que
financien gastos con recursos del Tesoro P�blico, o quien haga sus veces deber�n
entregar semestralmente a la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales la
informaci�n correspondiente a los pagos efectuados en los dos �ltimos a�os con
cargo a los recursos entregados para administraci�n por terceros. La
informaci�n se deber� entregar en forma discriminada para cada beneficiario de
pagos, incluyendo la identificaci�n de cada uno de ellos, el monto de cada pago
y la fecha o fechas de pago.
(Art. 2 Decreto
1738 de 1998)
�
Art�culo 2.8.4.3.1.3.
�Autorizaciones. La celebraci�n, perfeccionamiento,
renovaci�n, ampliaci�n, modificaci�n o pr�rroga de los contratos suscritos con
las entidades administradoras de los recursos y la celebraci�n, perfeccionamiento,
renovaci�n, ampliaci�n modificaci�n o pr�rroga de los contratos suscritos con
cargo a los recursos administrados por terceros, deber� contar con la
autorizaci�n escrita del jefe del respectivo �rgano, entidad o persona jur�dica
que financie gastos con recursos del Tesoro P�blico.
(Art. 4 Decreto
1738 de 1998, modificado por el Art.13 del Decreto
2209 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.1.4.
�Cumplimiento de las disposiciones. Las dependencias encargadas del control interno en cada
entidad velar�n especialmente por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta secci�n.
(Art. 7 Decreto
1738 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.1.5.
Adopci�n de medidas. Los representantes del Presidente de la
Rep�blica y del Gobierno Nacional en las entidades descentralizadas que no
est�n comprendidas en la presente secci�n, deben proponer y propender a la
mayor brevedad por la adopci�n de medidas similares a las dispuestas en la
presente secci�n, a trav�s de los �rganos de direcci�n en los cuales tengan
representaci�n.
(Art. 8 Decreto
1738 de 1998)
Art�culo 2.8.4.3.1.6.
Contratos de Asistencia T�cnica. Para todos los efectos previstos en esta
secci�n enti�ndase que los contratos de asistencia t�cnica con terceros que
impliquen la contrataci�n de personal son contratos para la administraci�n de
recursos.
(Art. 11 Decreto
2209 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.1.
Provisi�n de vacantes de personal. Cuando se provean vacantes de personal se
requerir� de la certificaci�n de disponibilidad suficiente de recursos por
todos los conceptos en el presupuesto de la vigencia fiscal del respectivo a�o.
(Art. 2 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.2.
Convenciones o Pactos Colectivos. Las convenciones o pactos colectivos se
ajustar�n a las pautas generales fijadas por el Consejo Nacional de Pol�tica
Econ�mica y Social, Conpes.
(Art. 3 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.3.
Horas extras y comisiones. La autorizaci�n de horas extras y comisiones
s�lo se har� cuando as� lo impongan las necesidades reales e imprescindibles de
los �rganos p�blicos, de conformidad con las normas legales vigentes.
(Art. 4 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.4.
Provisi�n y desvinculaci�n de cargos. Los jefes de los �rganos p�blicos velar�n
porque la provisi�n y desvinculaci�n de cargos se haga de acuerdo con la norma
vigente y previa el cumplimiento de los requisitos legales.
En
consecuencia, para los empleados de libre nombramiento y remoci�n quedan
abolidas todas las autorizaciones previas para su provisi�n o su desvinculaci�n.
(Art. 5 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.5.
Condiciones para contratar la prestaci�n
de servicios. Los contratos de prestaci�n de
servicios con personas naturales o jur�dicas, s�lo se podr�n celebrar cuando no
exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se
contratar�n.
Se
entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad,
ente p�blico o persona jur�dica, es imposible atender la actividad con personal
de planta, porque de acuerdo con los manuales espec�ficos, no existe personal
que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la
prestaci�n del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un
grado de especializaci�n que implica la contrataci�n del servicio, o cuando aun
existiendo personal en la planta, �ste no sea suficiente, la inexistencia de
personal suficiente deber� acreditarse por el jefe del respectivo organismo.
Tampoco
se podr�n celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales
vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo
autorizaci�n expresa del jefe del respectivo �rgano, ente o entidad
contratante. Esta autorizaci�n estar� precedida de la sustentaci�n sobre las
especiales caracter�sticas y necesidades t�cnicas de las contrataciones a
realizar
(Art. 3 Decreto
1737 de 1998, modificado por el Art .1 del Decreto
2209 de 1998)
Art�culo 2.8.4.4.6.
Prohibici�n de contratar prestaci�n de
servicios de forma continua. Est� prohibido el pacto de remuneraci�n para pago de servicios
personales calificados con personas naturales, o jur�dicas, encaminados a la
prestaci�n de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la
respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneraci�n total mensual
establecida para el jefe de la entidad.
Par�grafo 1�. Se entiende por remuneraci�n
total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a este en cada uno de
dichos per�odos, sin que en ning�n caso puedan tenerse en consideraci�n los
factores prestacionales.
Par�grafo 2�. Los servicios a que hace
referencia el presente art�culo corresponden exclusivamente a aquellos
comprendidos en el concepto de "remuneraci�n servicios t�cnicos"
desarrollado en el decreto de liquidaci�n del presupuesto general de la Naci�n,
con independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.
Par�grafo 3�. De manera excepcional, para
aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente
calificados, podr�n pactarse honorarios superiores a la remuneraci�n total mensual
establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podr�n exceder del valor
total mensual de remuneraci�n del jefe de la entidad incluidos los factores
prestacionales y las contribuciones inherentes a la n�mina, relacionadas con
seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos eventos el
Representante Legal de la entidad deber� certificar el cumplimiento de los
siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente
calificado. 2. Indicar las caracter�sticas y calidades espec�ficas, altamente
calificadas, que re�ne el contratista para la ejecuci�n del contrato, y 3.
Determinar las caracter�sticas de los productos y/o servicios que se espera
obtener.
Par�grafo 4�. Se entiende por servicios
altamente calificados aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de
especialidad, complejidad y detalle.
(Art.4 Decreto
1737 de 1998, modificado por el Art .2 del Decreto
2209 de 1998, modificado por el art. 1 del Decreto
2785 de 2011)
Art�culo 2.8.4.4.7.
Vinculaci�n de supernumerarios. La vinculaci�n de supernumerarios s�lo podr�
hacerse cuando no exista personal de planta suficiente para atender las
actividades requeridas. En este caso, deber� motivarse la vinculaci�n, previo
estudio de las vacantes disponibles en la planta de personal.
(Art. 5 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.5.1.
Actividades de divulgaci�n. De acuerdo con lo establecido en el art�culo
10 de la Ley 1474 de 2011, las entidades p�blicas podr�n adelantar directa o
indirectamente, actividades de divulgaci�n de sus programas y pol�ticas, para
dar cumplimiento a la finalidad de la respectiva entidad en un marco de
austeridad en el gasto y reducci�n real de costos, acorde con los criterios de
efectividad, transparencia y objetividad.
(Art. 1 Decreto
4326 de 2011)
Art�culo 2.8.4.5.2.
Actividades no comprendidas. No se consideran actividades de divulgaci�n
de programas y pol�ticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las
entidades p�blicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de
la Ley en relaci�n con los asuntos de su competencia, la satisfacci�n del
derecho a la informaci�n de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o
aquellas que tiendan simplemente a brindar una informaci�n �til a la
ciudadan�a, como pueden ser entre otras:
a) Las originadas en actividades o situaciones de riesgo, cuya difusi�n
tiende a prevenir o disminuir la consumaci�n de da�os a la ciudadan�a;
b) Las notificaciones, comunicaciones o publicaciones legalmente
dispuestas;
c) La comunicaci�n o publicaci�n de los instrumentos y dem�s documentos
que deba realizar, de acuerdo con el ordenamiento jur�dico;
d) La informaci�n de orden legal que sea de inter�s general para la
ciudadan�a.
(Art. 2 Decreto
4326 de 2011)
Art�culo 2.8.4.5.3.
Papeler�a. La papeler�a de cada uno de los �rganos
p�blicos deber� ser uniforme en su calidad, preservando claros principios de
austeridad en el gasto, excepto la que utiliza el jefe de cada �rgano p�blico,
los miembros del Congreso de la Rep�blica y los Magistrados de las Altas
Cortes.
(Art. 11 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.5.4.
Avisos institucionales. Solamente se publicar�n los avisos
institucionales que sean requeridos por la ley. En estas publicaciones se
procurar� la mayor limitaci�n, entre otros, en cuanto a contenido, extensi�n
tama�o y medios de publicaci�n, de tal manera que se logre la mayor austeridad
en el gasto y la reducci�n real de costos.
(Art. 7 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.5.5.
Impresi�n de folletos, informes y textos
institucionales. La
impresi�n de informes, folletos o textos institucionales se deber� hacer con
observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas
presidenciales en cuanto respecta a la utilizaci�n de la Imprenta Nacional y de
otras instituciones prestatarias de estos servicios.
En
ning�n caso las entidades objeto de esta reglamentaci�n podr�n patrocinar,
contratar o realizar directamente la edici�n, impresi�n o publicaci�n de
documentos que no est�n relacionados con las funciones que legalmente deben
cumplir, ni contratar o patrocinar la impresi�n de ediciones de lujo, ni de
impresiones con policrom�as, salvo cuando se trate de cartograf�a b�sica y
tem�tica, de las campa�as institucionales de comunicaci�n de la U.A.E.
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y de las publicaciones que
requieran efectuar las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden
nacional que tengan un intercambio econ�mico frecuente con empresas extranjeras
o cuyo desarrollo empresarial dependa de la inversi�n extranjera, cuando la
finalidad de tales publicaciones sea la difusi�n y promoci�n de las perspectivas
econ�micas y posibilidades de desarrollo que ofrece el pa�s.
Par�grafo 1�. El Ministerio de Relaciones
Exteriores podr� realizar publicaciones de lujo o con policrom�as, cuando se
trate de publicaciones para promocionar la imagen de Colombia en el exterior o
de impresos que se requieran para el cumplimiento de las funciones
protocolarias del mismo.
Par�grafo 2�. El Ministerio de Defensa
Nacional podr� editar la Revista Defensa Nacional en policrom�a, teniendo en
cuenta que es una publicaci�n institucional de car�cter cultural, educativa e
informativa, que difunde la filosof�a y las pol�ticas del Gobierno Nacional,
del Ministro y de los Mandos Militares, con el prop�sito de mejorar la imagen
institucional ante la opini�n nacional e internacional.
Par�grafo 3�. El Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica podr� realizar publicaciones
de lujo o con policrom�as, en atenci�n al car�cter especial de su misi�n y al
ejercicio de la funci�n p�blica, como tambi�n al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social y la Agencia Presidencial para la Cooperaci�n
Internacional de Colombia para el cumplimiento de su funci�n de promoci�n y
coordinaci�n de la Cooperaci�n Internacional y, solo con policrom�as, para el
desarrollo de programas de atenci�n a la poblaci�n vulnerable y vulnerada.
(Art. 8 Decreto
1737 de 1998, modificado por los art�culos 4�
del Decreto
2209 de 1998, Art 2� decreto 212 de 1996,
adicionado por el 1� del Decreto
85 de 1999, modificado por los art�culos 1� del
Decreto
950 de 1999, 1� del Decreto
2445 de 2000, 1� del Decreto
2465 de 2000� y 1� del Decreto
3667 de 2006)
Art�culo 2.8.4.5.6.
Prohibici�n de aplausos y /o censura. Las entidades objeto de la regulaci�n de este
t�tulo no podr�n en ning�n caso difundir expresiones de aplauso, censura,
solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus
funcionarios con cargo a recursos p�blicos.
Lo
dispuesto en el inciso anterior no ser� aplicable al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica cuando en ejercicio de las
actividades de protocolo inherentes al desempe�o de la misi�n presidencial,
requiera la ordenaci�n de publicaci�n de avisos de condolencia por el
fallecimiento de altos dignatarios y personajes de la vida nacional o sus
familiares y de dignatarios o personajes extranjeros.
(Art. 9 Decreto
1737 de 1998, modificado el art. 1 del Decreto
2672 de 2001)
Art�culo 2.8.4.5.7.
Tarjetas de navidad, presentaci�n,
conmemoraci�n. Est�
prohibido a los organismos, entidades, entes p�blicos y entes aut�nomos que
utilizan recursos p�blicos, la impresi�n, suministro y utilizaci�n, con cargo a
dichos recursos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentaci�n o tarjetas de
conmemoraciones. Se excluyen de esta restricci�n al Presidente de la Rep�blica
y al Vicepresidente de la Rep�blica.
(Art. 13 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.6.1.
Cuotas a clubes y pagos de tarjetas de
cr�dito. Est�
prohibida la utilizaci�n de recursos p�blicos para relaciones p�blicas para
afiliaci�n o pago de cuotas de servidores p�blicos a clubes sociales o para el
otorgamiento y pago de tarjetas de cr�dito a dichos servidores
(Art. 10 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.6.2.
Alojamiento y alimentaci�n. Las entidades objeto de la regulaci�n de
este t�tulo no podr�n con recursos p�blicos celebrar contratos que tengan por
objeto el alojamiento, alimentaci�n, encaminadas a desarrollar, planear o
revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen.
Cuando
reuniones con prop�sitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo los
servicios de alimentaci�n podr�n adquirirse exclusivamente dentro de las
regulaciones vigentes en materia de cajas menores.
Lo
previsto en este art�culo no se aplica a los seminarios o actividades de
capacitaci�n que de acuerdo con las normas vigentes se deban ofrecer u
organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios
que pertenecen a las sedes o regionales de los organismos, entidades, entes
p�blicos y personas jur�dicas de otras partes del pa�s.
En
este caso el ordenador del gasto deber� dejar constancia de dicha situaci�n en
forma previa a la autorizaci�n del gasto.
Tampoco
se encuentran dentro del �mbito de regulaci�n de esta disposici�n, las
actividades necesarias para la negociaci�n de pactos y convenciones colectivas,
o aquellas actividades que se deban adelantar o programar cuando el pa�s sea
sede de un encuentro ceremonia, asamblea o reuni�n de organismos
internacionales o de grupos de trabajo internacionales.
(Art. 11 Decreto
1737 de 1998, modificado por el� art. 5 del Decreto
2209 de 1998)
Art�culo 2.8.4.6.3.
Celebraci�n de recepciones, fiestas,
agasajos o conmemoraciones. Est� prohibida la
realizaci�n de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las
entidades con cargo a los recursos del Tesoro P�blico.
Se
except�an de la anterior disposici�n, los gastos que efect�en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, y los gastos para reuniones
protocolarias o internacionales que requieran realizar los Ministerios de
Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y de Defensa Nacional y la Polic�a
Nacional, lo mismo que aquellas conmemoraciones de aniversarios de creaci�n o
fundaci�n de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden
nacional cuyo significado, en criterio del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Rep�blica, revista particular importancia para la historia
del pa�s.
(Art. 12 Decreto
1737 de 1998, modificado por el art�culo 6� del
Decreto
2209 de 1998, modificado por el art. 2 del Decreto
2445 de 2000)
Art�culo 2.8.4.6.4.
Asignaci�n de c�digos para llamadas. Los organismos, entidades, entes p�blicos y
entes aut�nomos sujetos a esta reglamentaci�n deber�n, a trav�s del �rea
administrativa correspondiente, asignar c�digos para llamadas internacionales,
nacionales y a l�neas celulares. Los jefes de cada �rea, a los cuales se
asignar�n tel�fonos con c�digo, ser�n responsables del conocimiento de dichos
c�digos y, consecuentemente, de evitar el uso de tel�fonos con c�digo para
fines personales por parte de los funcionarios de las respectivas dependencias.
(Art. 14 Decreto
1737 de 1998)
Art�culo 2.8.4.6.5.
Asignaci�n de Tel�fonos celulares. Se podr�n asignar tel�fonos celulares con cargo a los recursos del
Tesoro P�blico exclusivamente a los siguientes servidores:
1. Presidente y Vicepresidente de la Rep�blica.
2. Altos Comisionados.
3. Ministros Consejeros Presidenciales.
4. Secretarios y Consejeros del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Rep�blica.
5. Ministros del Despacho.
6. Viceministros.
7. Secretarios Generales y Directores de Ministerios.
8. Directores, Subdirectores, Secretarios Generales y Jefes de Unidad de
Departamentos Administrativos y funcionarios que en estos �ltimos, de acuerdo
con sus normas org�nicas, tengan rango de directores de Ministerio.
9. Embajadores y C�nsules Generales de Colombia con rango de Embajador.
10. Superintendentes, Superintendentes Delegados y Secretarios Generales de
Superintendencias.
11. Directores y Subdirectores, Presidentes y Vicepresidentes de establecimientos
p�blicos, Unidades Administrativas Especiales y Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, as� como los Secretarios Generales de dichas entidades.
12. Rectores, Vicerrectores y Secretarios Generales de entes universitarios
aut�nomos del nivel nacional.
13. Senadores de la Rep�blica y Representantes a la C�mara, Secretarios
Generales de estas Corporaciones, Secretarios de Comisiones, Subsecretarios del
Senado y de la C�mara de Representantes.
14. Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional
Electoral.
15. Contralor General de la Rep�blica, Vicecontralor y Secretario General
de la Contralor�a General de la Rep�blica.
16. Procurador General de la Naci�n, Viceprocurador y Secretario General de
la Procuradur�a General de la Naci�n.
17. Defensor del Pueblo y Secretario General de la Defensor�a del Pueblo.
18. Registrador Nacional del Estado Civil y Secretario General de la
Registradur�a Nacional del Estado Civil.
19. Fiscal General de la Naci�n, Vicefiscal y Secretario General de la
Fiscal�a General de la Naci�n.
20. Generales de la Rep�blica.
21. Director General del Senado de la Rep�blica.
22. Auditor General de la Rep�blica, Auditor Auxiliar y Secretario General
de la Auditor�a General de la Rep�blica.
En caso de existir
regionales de los organismos antes se�alados, podr� asignarse un tel�fono
celular al servidor que tenga a su cargo la direcci�n de la respectiva
regional.
Par�grafo 1�. Se except�a de la aplicaci�n
del presente art�culo:
a) Al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica y al
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, entidades que asignar�n,
por intermedio de su Director, los tel�fonos celulares a sus funcionarios
teniendo en cuenta �nicamente las necesidades del servicio y las condiciones
para el ejercicio de la funci�n p�blica;
b) Al Ministerio de Relaciones Exteriores y se autoriza al Secretario
General de dicho Ministerio para asignar tel�fonos celulares, con cargo a los
recursos del Tesoro P�blico, a las personas que por sus funciones de car�cter
diplom�tico o protocolario as� lo requieran, teniendo en cuenta �nicamente las
necesidades del servicio y las condiciones para el ejercicio de la funci�n
p�blica;
c) A los organismos de investigaci�n y fiscalizaci�n, entendidos por
estos, la Fiscal�a General de la Naci�n, la Procuradur�a General de la Naci�n,
la Defensor�a del Pueblo, y la Contralor�a General de la Rep�blica, as� como
los de la Polic�a Nacional y de las Fuerzas Armadas, y se autoriza a los
secretarios generales de los mismos, para asignar tel�fonos celulares a otros
servidores de manera exclusiva, para el desarrollo de actividades especiales de
investigaci�n y custodia, sin que dicha asignaci�n pueda tener car�cter
permanente. As� mismo, los secretarios generales de las entidades mencionadas
en el art�culo siguiente, o quienes hagan sus veces, podr�n asignar tel�fonos
celulares para la custodia de los funcionarios p�blicos de la respectiva
entidad, cuando as� lo recomienden los estudios de seguridad aprobados en cada
caso por la autoridad competente;
d) A Radio Televisi�n Nacional de Colombia, RTVC y al Instituto Geogr�fico
Agust�n Codazzi, y se autoriza a los secretarios generales de los mismos o a
quienes hagan sus veces para asignar, bajo su responsabilidad, tel�fonos
celulares para uso del personal t�cnico en actividades espec�ficas;
e) A la Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, y se autoriza a su Secretario General para asignar tel�fonos
celulares con cargo a recursos del Tesoro P�blico a los empleados p�blicos de
la entidad, para el desarrollo de labores de investigaci�n control,
fiscalizaci�n y de ejecuci�n de operativos tendientes a optimizar la gesti�n en
la administraci�n y en el control al debido cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, y para garantizar la prestaci�n eficiente
del servicio p�blico tributario, aduanero y cambiario de car�cter esencial a
cargo de la instituci�n, de conformidad con lo establecido en el par�grafo del
art�culo 53 de la Ley 633 de 2000. As� mismo, se podr� asignar un tel�fono
celular al Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad
Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, as� como a
los servidores p�blicos del Ministerio de Transporte, que est�n a cargo de una
Inspecci�n Fluvial permanente a nivel regional y cuyos costos y tarifa resulten
menores a los consumos de l�neas fijas debidamente demostrados en forma
comparativa;
f)
Al Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y se
autoriza al Director Administrativo y Financiero del mismo para asignar
tel�fono celular, con cargo a los recursos de la entidad, a los Subdirectores
de los Centros de Formaci�n y a los Jefes de Oficina del Sena, previa
expedici�n del acto administrativo mediante el cual se�ale el monto m�ximo de
uso de los mismos;
g) A los Ministerios y Departamentos Administrativos, en cuanto sus
competencias y funciones tengan relaci�n con las actividades de prevenci�n y
atenci�n de desastres, en particular el Ministerio del Interior y de Justicia,
el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y Protecci�n Social,
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Educaci�n
Nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de
Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones y el Departamento Nacional
de Planeaci�n, en su calidad de integrantes del Sistema Nacional para la
Prevenci�n y Atenci�n de Desastres. Tales entidades asignar�n, por intermedio
de su representante legal, los tel�fonos celulares a sus funcionarios teniendo
en cuenta �nicamente las necesidades del servicio en la atenci�n y prevenci�n
de desastres, y las condiciones para el ejercicio de la funci�n p�blica.
h) A la Unidad Administrativa Especial de Aeron�utica Civil (Aerocivil) y
se autoriza a su Secretario General para asignar tel�fonos celulares con cargo
a recursos del Tesoro P�blico, a los empleados p�blicos de las dependencias
misionales, directiva y de coordinaci�n de la entidad, como son: los
administradores aeroportuarios; los jefes y supervisores de torres de control y
de centros de control; personal de soporte t�cnico, meteorolog�a, AIS/COM/MET,
planes de vuelo, seguridad a�rea, seguridad aeroportuaria, bomberos
aeron�uticos, b�squeda y rescate y atenci�n al usuario.
Par�grafo 2�. Las entidades a que se
refiere el par�grafo anterior, velaran por que exista una efectiva compensaci�n
en los gastos de adquisici�n de servicios, con la reducci�n de los costos en el
servicio de telefon�a b�sica conmutada de larga distancia.
Par�grafo 3�. La limitaci�n del presente
art�culo comprende �nicamente el suministro de los equipos terminales y el pago
del servicio por concepto de comunicaciones de voz m�vil, denominado en el
presente t�tulo indistintamente como celulares.
Las
entidades a las que se encuentran vinculados los servidores p�blicos a quienes
les aplica el presente t�tulo podr�n, con cargo a su presupuesto de servicios,
asignar a sus empleados planes de datos o de acceso a internet m�vil, para lo
cual al interior de la entidad se deber�n definir las condiciones para la
asignaci�n. Los planes asumidos por la entidad deber�n ser de aquellos que no
permitan consumos superiores a los contratados por la entidad, denominados
com�nmente como planes controlados o cerrados.
En
todo caso, los destinatarios del servicio, salvo las personas que pueden ser
beneficiarias de un servicio celular en los t�rminos del presente art�culo,
deber�n tener contratado por su cuenta el servicio m�vil de voz y asumir
integralmente su costo. De igual manera, deber�n proporcionar el equipo
terminal que permita el uso del servicio de datos.
El
director de la entidad responsable deber� adoptar las medidas necesarias para:
(i) Verificar que los planes autorizados a sus funcionarios no sean cedidos
o transferidos por estos a personal ajeno a la misma.
(ii) Verificar cuando menos semestralmente el uso que se est� dando al
servicio.
(iii) Verificar que una vez finalizada la relaci�n laboral, el proveedor del
servicio de comunicaciones con el cual tiene contratado el servicio, suspenda
su prestaci�n.
(Art. 15 Decreto
1737 de 1998, modificado y adicionado por los art�culos
7� del Decreto
2209 de 1998; 1� del Decreto
2316 de 1998; 3� del Decreto
2445 de 2000, 1� del Decreto
134 de 2001; 1� del Decreto
644 de 2001; 1� del Decreto
3668 de 2006; 1� del Decreto
4561 de 2006; 1� de los Decretos 966, 1440 y 2045
de 2007, 1� del Decreto
4863 de 2009 y el art�culo 1� del Decreto
1598 de 2011, adicionado en el literal h) del
par�grafo 1 por el Art. 1� del Decreto
1743 de 2013)
Art�culo 2.8.4.6.6. Asignaci�n de veh�culos. Se podr�n asignar veh�culos
de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro P�blico exclusivamente a los
siguientes servidores: Presidente de la Rep�blica, Altos Comisionados,
Ministros Consejeros Presidenciales, secretarios y consejeros del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, ministros del despacho,
viceministros, secretarios generales y directores de ministerios; directores,
subdirectores, secretarios generales y jefes de unidad de departamentos
administrativos y funcionarios que en estos �ltimos, de acuerdo con sus normas
org�nicas, tengan rango de directores de ministerio; embajadores y c�nsules
generales de Colombia con rango de embajador; superintendentes,
superintendentes delegados, y secretarios generales de superintendencias;
directores y subdirectores, presidentes y vicepresidentes de establecimientos
p�blicos, unidades administrativas especiales y empresas industriales y
comerciales del Estado, as� como a los secretarios generales de dichas
entidades; rectores, vicerrectores y secretarios generales de entes
universitarios aut�nomos del nivel nacional; senadores de la Rep�blica y
representantes a la C�mara, y secretarios generales de estas corporaciones;
magistrados de las altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo
Nacional Electoral); Contralor General de la Rep�blica, Vicecontralor y
Secretario General de la Contralor�a General de la Rep�blica; Procurador
General de la Naci�n, Viceprocurador, Secretario General de la Procuradur�a
General de la Naci�n; Defensor del Pueblo y Secretario General de la Defensor�a
del Pueblo; Registrador Nacional del Estado Civil y secretario general de la
Registradur�a Nacional del Estado Civil; Fiscal General de la Naci�n,
Vicefiscal y Secretario General de la Fiscal�a General de la Naci�n y generales
de la Rep�blica; al Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero de la Unidad
Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En
las altas cortes, el Congreso de la Rep�blica, los organismos de investigaci�n,
los organismos de fiscalizaci�n y control y la organizaci�n electoral, se podr�
asignar veh�culo a quienes ocupen cargos del nivel directivo equivalente a los
aqu� se�alados para los Ministerios.
En
caso de existir regionales de los organismos se�alados en este art�culo, podr�
asignarse veh�culo al servidor que tenga a su cargo la direcci�n de la
respectiva regional.
En
las Fuerzas Armadas, la Polic�a Nacional, la Fiscal�a General de la Naci�n, y
el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, la asignaci�n de veh�culos
se har� de conformidad con sus necesidades operativas y con las normas
vigentes.
Par�grafo 1�. En el evento de existir
primas o pr�stamos econ�micos para adquisici�n de veh�culo en los organismos
antes se�alados, la asignaci�n de veh�culos se sujetar� a las normas vigentes
que regulan tales primas o pr�stamos.
Par�grafo 2�. Se except�a de lo dispuesto
en el presente art�culo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Rep�blica, entidad que asignar�, por intermedio de su Director, los veh�culos
de uso oficial a sus funcionarios teniendo en cuenta �nicamente las necesidades
del servicio y las condiciones para el ejercicio de la funci�n p�blica.
Except�ase
de la aplicaci�n del presente art�culo teniendo en cuenta las funciones de
car�cter diplom�tico y protocolario que ejerce, al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El
secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores podr� asignar
veh�culos de uso oficial con cargo a los recursos del tesoro p�blico a las
personas que por sus funciones ya sean de car�cter diplom�tico o protocolarios
as� lo requieran, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y las
condiciones para el ejercicio de la funci�n p�blica.
(Art.17 Decreto
1737 de 1998, modificado por el art. 8 del Decreto
2209 de 1998, adicionado por el art 2 del Decreto
2316 de 1998, modificado por el art. 4, Decreto
2445 de 2000, adicionado por art. 2 Decreto
134 de 2001 y modificado por el art 1� del Decreto
644 de 2002)
Art�culo 2.8.4.6.7.
Veh�culos operativos. En los �rganos, organismos, entes y entidades
enumeradas en el art�culo anterior se constituir� un grupo de veh�culos
operativos administrados directamente por la dependencia administrativa que
tenga a su cargo las actividades en materia de transportes. Su utilizaci�n se
har� de manera exclusiva y precisa para atender necesidades ocasionales e
indispensables propias de las funciones de cada �rgano y en ning�n caso se
podr� destinar uno o m�s veh�culos al uso habitual y permanente de un servidor
p�blico distinto de los mencionados en el art�culo anterior.
Ser�
responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces,
observar el cabal cumplimiento de esta disposici�n. De igual modo, ser�
responsabilidad de cada conductor de veh�culo, de acuerdo con las obligaciones
de todo servidor p�blico, poner en conocimiento de aqu�l la utilizaci�n de
veh�culos operativos no ajustada a estos par�metros.
(Art.18 Decreto
1737 de 1998, inciso 1 derogado por el Decreto 2710 de 2014, art�culo 41, literal A, numeral
2.1)
Art�culo 2.8.4.6.8.
Traslado de servidores p�blicos fuera de
la sede. Los servidores p�blicos que por raz�n de
las labores de su cargo deban trasladarse fuera de su sede no podr�n hacerlo
con veh�culos de �sta, salvo cuando se trate de localidades cercanas y resulte
econ�mico.
No
habr� lugar a la prohibici�n anterior cuando el desplazamiento tenga por objeto
visitar obras para cuya inspecci�n se requiera el uso continuo del veh�culo.
(Art. 15 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.8.1.
Pagos conciliaciones judiciales. Los apoderados de los �rganos p�blicos deben garantizar que los pagos
de las conciliaciones judiciales, las transacciones y todas las soluciones
alternativas de conflictos sean oportunos, con el fin de evitar gastos
adicionales para el Tesoro P�blico.
(Art. 6 Decreto
26 de 1998)
Art�culo 2.8.4.8.2.
Verificaci�n de cumplimiento de disposiciones. Las oficinas de Control Interno verificar�n en forma mensual el
cumplimiento de estas disposiciones, como de las dem�s de restricci�n de gasto
que contin�an vigentes; estas dependencias preparar�n y enviar�n al
representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe
trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las
acciones que se deben tomar al respecto.
Si
se requiere tomar medidas antes de la presentaci�n del informe, as� lo har�
saber el responsable del control interno al jefe del organismo.
En
todo caso, ser� responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan
sus veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aqu�
contenidas.
El
informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podr� ser
objeto de seguimiento por parte de la Contralor�a General de la Rep�blica a
trav�s del ejercicio de sus auditor�as regulares.
(Art. 22 Decreto
1737 de 1998, modificado por el art. 1 del
Decreto 984 de 2012)
Art�culo 2.8.4.8.3.
�Responsabilidades asignadas a Secretarios
Generales. Las responsabilidades asignadas a los secretarios generales
referentes a la austeridad del gasto ser�n cumplidas por �stos, o por los
funcionarios que hagan sus veces.
(Art. 10 Decreto
2209 de 1998)
Art�culo 2.8.5.1.
Campo de aplicaci�n. Quedan sujetos a las disposiciones del presente t�tulo los �rganos que
conforman el Presupuesto General de la Naci�n y las entidades nacionales con
r�gimen presupuestal de Empresa Industriales y Comerciales del Estado y
Sociedades de Econom�a Mixta con el r�gimen de aquellas con car�cter no
financiero, respecto de los recursos que le asigna la Naci�n.
(Art. 1 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.2.
Constituci�n. Las
cajas menores se constituir�n, para cada vigencia fiscal, mediante resoluci�n
suscrita por el Jefe del respectivo �rgano, en la cual se indique la cuant�a,
el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. As�
mismo, se deber� indicar la unidad ejecutora y la cuant�a de cada rubro
presupuestal.
Para
la constituci�n y reembolso de las cajas menores se deber� contar con el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
En
los Ministerios, las cajas menores podr�n ser constituidas mediante resoluci�n
expedida por cada Director General, con arreglo a lo dispuesto en el art�culo
110 del Estatuto Org�nico del Presupuesto. En el Ministerio de Defensa Nacional
las cajas menores podr�n ser constituidas por el Comandante General de las
Fuerzas Militares, los Comandantes de cada una de las Fuerzas y los Directores
de las respectivas Unidades Ejecutoras.
Las
cajas menores deber�n ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo
responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de
las mismas y el cumplimiento de las reglas que aqu� se establecen.
(Art. 2 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.3.
N�mero de Cajas Menores. El Representante Legal, de acuerdo con los
requerimientos de la entidad, deber� establecer el n�mero de cajas menores y
autorizar su creaci�n con base en las reglas aqu� establecidas.
La
justificaci�n t�cnica y econ�mica deber� quedar anexa a la respectiva
resoluci�n de constituci�n de caja menor.
(Art. 3 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.4.
Cuant�a. La cuant�a
de cada una de las cajas menores se establecer� de acuerdo con la siguiente
clasificaci�n de los �rganos, dentro de cada vigencia fiscal:
�
Los
�rganos que requieran una mayor cuant�a deber�n justificarlo mediante escrito
motivado por el jefe de cada �rgano, el cual deber� quedar anexo a la
resoluci�n.
(Art. 4 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.5.
Destinaci�n. �El dinero que se entregue para la constituci�n de cajas menores debe
ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos
del Presupuesto General de la Naci�n que tengan el car�cter de urgente. De
igual forma los recursos podr�n ser utilizados para el pago de vi�ticos y
gastos de viaje, los cuales s�lo requerir�n de autorizaci�n del Ordenador del
Gasto.
Par�grafo 1�. Los dineros entregados para
vi�ticos y gastos de viaje se legalizar�n dentro de los cinco (5) d�as
siguientes a la realizaci�n del gasto y, para las comisiones al exterior, en
todo caso, antes del 29 de diciembre de cada a�o.
Par�grafo 2�. Podr�n destinarse recursos
de las cajas menores para los gastos de alimentaci�n que sean indispensables
con ocasi�n de reuniones de trabajo requeridas para la atenci�n exclusiva de la
Direcci�n Superior de cada �rgano, Direcciones Generales de los Ministerios y
Gerencias, Presidencias o Direcciones de los Establecimientos P�blicos
Nacionales, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y
autorice el gasto por escrito.
En
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica los gastos de
alimentaci�n que sean indispensables con ocasi�n de reuniones de trabajo de los
Ministros Consejeros, Consejeros Presidenciales, el Alto Comisionado y los
titulares de las Secretar�as Presidenciales requerir�n autorizaci�n previa del
Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica.
(Art. 5 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.6.
Fianzas y Garant�as. El Ordenador del Gasto deber� constituir las fianzas y garant�as que
considere necesarias para proteger los recursos del Tesoro P�blico.
(Art.6 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.7.
Legalizaci�n. La legalizaci�n de los gastos de la caja menor deber� efectuarse
durante los cinco (5) d�as siguientes a su realizaci�n.
No
se podr�n entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto no se haya
legalizado el gasto anterior.
(Art. 7 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.8.
Prohibiciones. No se podr�n realizar con fondos de cajas menores las siguientes
operaciones:
1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio.
2. Realizar desembolsos con destino a gastos de �rganos diferentes de su
propia organizaci�n.
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de
Contrataci�n Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por
escrito.
4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las
contribuciones que establece la ley sobre la n�mina, cesant�as y pensiones.
5. Cambiar cheques o efectuar pr�stamos.
6. Adquirir elementos cuya existencia est� comprobada en el almac�n o
dep�sito de la entidad.
7. Efectuar gastos de servicios p�blicos, salvo que se trate de pagos en
seccionales o regionales del respectivo �rgano, correspondiendo a la entidad
evaluar la urgencia y las razones que la sustentan.
8. Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su
legalizaci�n, tales como facturas, resoluciones de comisi�n, recibos de
registradora o la elaboraci�n de una planilla de control.
Par�grafo. Cuando por cualquier
circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podr� constituir otra o
reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su totalidad.
(Art. 8 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.9.
Manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se har� a
trav�s de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No
obstante, se podr� manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios m�nimos legales
mensuales vigentes.
Est�n
exceptuados de esta cuant�a el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la Rep�blica y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estos
recursos ser�n administrados por el funcionario facultado, debidamente
afianzado.
Par�grafo. Cuando el responsable de la
caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisi�n, el funcionario que
haya constituido la respectiva caja menor, podr� mediante resoluci�n, encargar
a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras
subsista la situaci�n, para lo cual s�lo se requiere de la entrega de los
fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo
que deber� constar en el libro respectivo.
(Art. 9 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.10.
Registro de creaci�n en el SIIF. Una vez suscrita la resoluci�n de constituci�n de la caja menor,
previa expedici�n del certificado de disponibilidad presupuestal, el �rgano
ejecutor proceder� al registro de creaci�n de la Caja Menor en el SIIF Naci�n,
as� como el registro de la gesti�n financiera que se realice a trav�s de las
mismas.
(Art. 10 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.11.
Primer giro. Se
efectuar� con base en los siguientes requisitos:
1. Que exista resoluci�n de constituci�n expedida de conformidad con el
presente t�tulo.
2. Que el funcionado encargado de su administraci�n haya constituido o
ampliado la fianza de manejo y est� debidamente aprobada, amparando el monto
total del valor de la caja menor.
(Art. 11 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.12.
Registro de Operaciones. Todas las operaciones que se realicen a trav�s de la caja menor deben
ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Naci�n. Esto
incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecuci�n, reembolso y de
legalizaci�n para el cierre de la caja menor.
Con
el fin de garantizar que las operaciones est�n debidamente sustentadas, que los
registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las
oficinas de control interno, deber�n efectuar arqueos peri�dicos y sorpresivos
independientemente de la verificaci�n por parte de las dependencias financieras
de los diferentes �rganos y de las oficinas de auditor�a. En todas las
revisiones se debe tener en cuenta que la informaci�n oficial es la que se
encuentra registrada en el SIIF Naci�n.
(Art.12 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.13.
Legalizaci�n. En la
legalizaci�n de los gastos para efectos del reembolso, se exigir� el
cumplimiento de los requisitos que a continuaci�n se indican:
1. Que se haya registrado una solicitud de reembolso en el SIIF Naci�n.
2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren
firmados por los acreedores con identificaci�n del nombre o raz�n social y el
n�mero del documento de identidad o NIT, objeto y cuant�a.
3. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda a la vigencia fiscal
que se est� legalizando.
4. Que el gasto se haya efectuado despu�s de haberse constituido o
reembolsado la caja menor seg�n el caso.
5. Que se haya expedido la resoluci�n de reconocimiento del gasto,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art�culo 110 del Estatuto Org�nico del
Presupuesto.
La
legalizaci�n definitiva de las cajas menores, constituidas durante la vigencia
fiscal, se har� antes del 29 de diciembre, fecha en la cual se deber�
reintegrar el saldo sobrante y el respectivo cuentadante responder� por el
incumplimiento de su legalizaci�n oportuna y del manejo del dinero que se
encuentre a su cargo, sin perjuicio de las dem�s acciones legales a que hubiese
lugar.
(Art.13 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.14.
Reembolso. Los
reembolsos se har�n en la cuant�a de los gastos realizados, sin exceder el
monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando
se haya consumido m�s de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de
algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.
En
el reembolso se deber�n reportar los gastos realizados en todos los rubros
presupuestales a fin de efectuar un corte de numeraci�n y de fechas.
(Art.14 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.15.
Cambio de Responsable. Cuando se cambie el responsable de la caja
menor, deber� hacerse una legalizaci�n efectuando el reembolso total de los
gastos realizados con corte a la fecha.
(Art.15 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.16.
Cancelaci�n de la Caja menor. Cuando se decida la cancelaci�n de una caja
menor, su titular la legalizar� en forma definitiva, reintegrando el saldo de
los fondos que recibi�. En este caso, se debe saldar la cuenta corriente.
(Art.16 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.17.
Vigilancia.
Corresponde a la Contralor�a General de la Rep�blica ejercer la vigilancia y el
control posterior en los t�rminos establecidos en el art�culo 268 de la
Constituci�n Pol�tica.
Los
responsables de las cajas menores deber�n adoptar los controles internos que
garanticen el adecuado uso manejo de los recursos, independientemente de las
evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a las oficinas de auditor�a
o control interno.
(Art.17 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.5.18.
Responsabilidad.�
Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del Tesoro P�blico, para
constituir cajas menores se har�n responsables por el incumplimiento en la
legalizaci�n oportuna y por el manejo de este dinero.
(Art.18 Decreto
2768 de 2012)
Art�culo 2.8.6.1.1.
Remisi�n al �rgano condenado u obligado. A partir del 1 de marzo de 1995 los cr�ditos
judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deben ser
remitidos por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al
�rgano condenado u obligado.
Cuando
dos o m�s entidades p�blicas resulten obligadas a pagar sumas de dinero y no se
especifique en la respectiva providencia la forma y el porcentaje con que cada
entidad deber� asumir el pago, la obligaci�n dineraria ser� atendida conforme a
las siguientes reglas:
1. En conflictos de naturaleza laboral, el pago deber� atenderse en su
totalidad con cargo al presupuesto de la entidad en la que preste o prest� el
servicio en forma personal y remunerada el servidor p�blico beneficiario de la
sentencia, laudo o conciliaci�n derivada de la relaci�n laboral.
2. En conflictos de naturaleza contractual, deber� afectarse el
presupuesto de la entidad que liquid� el contrato o, en su defecto, de la que
lo suscribi�.
Cuando
la causa de la condena proviniere del ejercicio de las potestades excepcionales
al derecho com�n consagradas en la Ley 80 de 1993 o en normas posteriores que
la modifiquen, adicionen o complementen, deber� afectarse el presupuesto de la
entidad que expidi� el respectivo acto administrativo.
A
falta de cualquiera de las anteriores hip�tesis, el cumplimiento del pago de la
condena deber� estar a cargo de la entidad que se benefici� con la prestaci�n
contractual.
3. En conflictos de naturaleza extracontractual, deber� afectarse, en su
orden, el presupuesto de la entidad responsable de la custodia y guarda del
bien que produjo el hecho da�oso; o el de la entidad a la que prestaba sus
servicios el servidor p�blico que caus� el perjuicio o incurri� en v�a de
hecho; o el de la entidad que omiti� el deber legal que gener� la condena; o el
de la entidad que produjo la operaci�n administrativa u ocup� inmuebles en los
t�rminos del art�culo 140 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Par�grafo 1. Cuando una entidad p�blica
sea condenada al pago de una indemnizaci�n, bonificaci�n, salario o cualquier
otra prestaci�n laboral en beneficio de un servidor p�blico que no ha estado
vinculado a su planta de personal, deber� afectarse el presupuesto de la
entidad a la que presta o prest� los servicios personales relacionados con la
causa de la condena, a�n si la indemnizaci�n consiste en el pago de prestaciones
peri�dicas.
Par�grafo 2. En los procesos de ejecuci�n
de sentencias en contra de entidades p�blicas de cualquier orden, los
mandamientos de pago, medidas cautelares y providencias que ordenen seguir
adelante la ejecuci�n, deber�n ce�irse a las reglas se�aladas en el presente
cap�tulo.
(Art. 37 Decreto 359 de 1995,
modificado por el Art 1 del Decreto
4689 de 2005)
Art�culo 2.8.6.1.2.
Tr�mite de las tutelas. Los fallos de tutela seguir�n tramit�ndose y atendi�ndose de la misma
manera que se ven�a haciendo a 31 de diciembre de 1994.
(Art. 40 Decreto 359 de 1995)
Art�culo 2.8.6.2.1.
Sentencias y conciliaciones judiciales. Las oficinas encargadas en cada organismo de dar cumplimiento a las
sentencias y conciliaciones judiciales de acuerdo con el art�culo 29 de la Ley
344 de 1996, deber�n informar sobre la existencia de la providencia o auto que
aprueba la conciliaci�n debidamente ejecutoriada, a la subdirecci�n de Recaudaci�n
de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
En
la informaci�n enviada a la subdirecci�n de Recaudaci�n de la DIAN, se
incluir�n los siguientes datos:
a. Nombres y
apellidos o raz�n social completos, del beneficiario de la sentencia o conciliaci�n;
b. N�mero de
identificaci�n personal, tarjeta de identidad, c�dula de ciudadan�a o el n�mero
de identificaci�n tributaria si lo tiene disponible, seg�n sea el caso;
c. Direcci�n
que se obtenga del respectivo expediente de los beneficiarios de las providencias
o conciliaciones, as� como el monto de la obligaci�n a cargo de la Naci�n o del
�rgano que sea una secci�n del Presupuesto General de la Naci�n seg�n sea el
caso, y
d. N�mero y
fecha de la providencia o auto de conciliaci�n y fecha de la ejecutoria de la
providencia, datos que se entender�n certificados para todos los efectos.
Esta
informaci�n ser� remitida por el obligado al pago de la sentencia o
conciliaci�n, en un t�rmino m�ximo de un (1) d�a, una vez se disponga de la
misma.
(Art 1 Decreto
2126 de 1997)
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Art�culo 2.8.6.2.2.
Tr�mite a cargo de la Direcci�n de Impuestos y
Aduanas Nacionales. La Subdirecci�n de Gesti�n de Recaudo y Cobranzas de la DIAN, luego
de establecer el domicilio de los beneficiarios de las providencias o
conciliaciones, remitir� toda la informaci�n descrita en el art�culo anterior a
la Administraci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde �sta exista, o en
los dem�s casos, a la Administraci�n de Impuestos Nacionales de la jurisdicci�n
del beneficiario, con el objeto de que �sta realice las inspecciones necesarias
tendientes a cuantificar el valor de las obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias exigibles, que puedan ser objeto de compensaci�n.
Par�grafo.
La inspecci�n consistir� en la verificaci�n a nivel nacional, de las deudas
tributarias, aduaneras o cambiarias a cargo de los beneficiarios de la
sentencia o conciliaci�n, realizada por la administraci�n que corresponda de
conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior.
(Art 2 Decreto
2126 de 1997)
Art�culo 2.8.6.2.3.
Obligaciones objeto de compensaci�n. Las obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias objeto de compensaci�n, ser�n aquellas que est�n contenidas en
liquidaciones privadas, liquidaciones oficiales y dem�s actos de la Direcci�n
de Impuestos y Aduanas Nacionales, que fijen sumas l�quidas de dinero a favor
del fisco nacional, debidamente ejecutoriadas, y las garant�as o cauciones
prestadas a favor de la Naci�n para afianzar el pago de obligaciones
tributarias, aduaneras o cambiarias, una vez ejecutoriada la providencia que
declare su incumplimiento o la exigibilidad de las obligaciones garantizadas.
�(Art 3 Decreto
2126 de 1997)
Art�culo 2.8.6.2.4.
Tr�mite. La
administraci�n respectiva, dispondr� del t�rmino m�ximo de veinte (20) d�as
contados a partir del recibo de la informaci�n, para efectuar la inspecci�n y
para expedir la resoluci�n de compensaci�n por una sola vez cuando existan
deudas exigibles, sin perjuicio de las facultades de cobro de las obligaciones
pendientes de pago.
La
resoluci�n que ordene la compensaci�n se notificar� por correo certificado a la
direcci�n informada en el respectivo proceso, a la que informe la entidad, o el
beneficiario, o a la que establezca la Administraci�n.
Contra
la resoluci�n de compensaci�n proceder�n los recursos de reposici�n y
apelaci�n, los cuales deber�n ser interpuestos dentro de los diez (10) d�as
siguientes a la notificaci�n del acto y se resolver�n dentro del t�rmino m�ximo
de quince (15) d�as.
De
manera inmediata a la ejecutoria del acto de compensaci�n, la administraci�n
respectiva informar� a los organismos el valor en que fue afectada la sentencia
o la conciliaci�n por efecto de la compensaci�n, remitiendo copia del acto
administrativo debidamente notificado y ejecutoriado. Cuando de conformidad con
la inspecci�n realizada no haya lugar a la compensaci�n, la administraci�n as�
lo informar� en el menor t�rmino posible y, en todo caso, dentro del plazo m�ximo
establecido en el primer inciso de este art�culo.
Con
base en la informaci�n anterior el �rgano p�blico encargado de dar cumplimiento
a la sentencia o conciliaci�n, dictar� el acto administrativo correspondiente,
el cual ser� notificado al beneficiario.
Par�grafo. Cuando se compensen obligaciones
exigibles por diferentes administraciones, la Administraci�n que haya realizado
la inspecci�n deber� proferir la resoluci�n por el total de la deuda a
compensar.
(Art. 4 Decreto
2126 de 1997)
Art�culo 2.8.6.3.1.
Reconocimiento de sentencias y conciliaciones
judiciales mediante bonos. Cuando el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico opte por reconocer como deuda p�blica las sentencias
y conciliaciones judiciales en contra de la Naci�n y de los establecimientos
p�blicos del orden nacional, las podr�, pagar mediante la emisi�n de bonos en
condiciones de mercado siempre y cuando cuente con la aceptaci�n del
beneficiario.
Sujeta
a la posterior ratificaci�n por parte de la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y Tesoro Nacional y antes de la expedici�n de la resoluci�n que haga el
reconocimiento de deuda p�blica y ordene la emisi�n de los bonos, la entidad
responsable del cumplimiento de la sentencia o conciliaci�n judicial formular�
una oferta al beneficiario del pago para que manifieste si acepta o no el pago
mediante bonos por el valor total o parcial de la suma a cancelar.
El
beneficiario que desee recibir el pago mediante bonos deber� aceptar la oferta
por escrito dentro de los diez (10) d�as h�biles siguientes al env�o del
requerimiento, expresando en forma clara y precisa el monto, m�ximo que acepta
recibir mediante bonos. Vencido el t�rmino para contestar el requerimiento sin
que el beneficiario, haya manifestado su voluntad de recibir bonos se entender�
que no ha aceptado.
Par�grafo 1. Los bonos que se emitan para
el reconocimiento de las sentencias y conciliaciones judiciales como deuda
p�blica se entregar�n en condiciones de mercado de acuerdo con el mecanismo que
disponga el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. En todo caso, la emisi�n
de dichos bonos deber� tener en cuenta las condiciones financieras del mercado
primario de los t�tulos de deuda p�blica de la Naci�n.
Los
bonos que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico emita en desarrollo de lo
previsto en este art�culo, podr�n ser administrados directamente por la Naci�n
o esta podr� celebrar con el Banco de la Rep�blica o con otras entidades
nacionales o extranjeras contratos de administraci�n fiduciaria y todos
aquellos necesarios para la agencia, administraci�n y/o servicio de los
respectivos t�tulos, en los cuales se podr� prever que la administraci�n de los
mismos y de los cupones que representan sus rendimientos se realice a trav�s de
dep�sitos centralizados de valores.
Par�grafo 2. Cuando en desarrollo de lo
previsto en este art�culo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico opte por
reconocer como deuda p�blica de la Naci�n las sentencias y conciliaciones
judiciales de los establecimientos p�blicos del orden nacional, �stos
celebrar�n acuerdos del pago en los cuales se establecer�n los t�rminos y
condiciones para reintegrar a la Naci�n las sumas reconocidas a trav�s de los
bonos previstos en este cap�tulo.
(Art. 5 Decreto
2126 de 1997, par�grafo 1 modificado por el art
1 del Decreto
3732 de 2005)
CAP�TULO 4
TR�MITE DE PAGO OFICIOSO
�
Art�culo 2.8.6.4.1.
Inicio del procedimiento de pago
oficioso. El abogado que haya sido designado como
apoderado deber� comunicar al ordenador del gasto de la entidad sobre la
existencia de un cr�dito judicial, en un t�rmino no mayor a quince (15) d�as
calendario, contados a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de la
conciliaci�n, sentencia o laudo arbitral, sin perjuicio de la comunicaci�n que el
despacho judicial efect�e a la entidad demandada.
Par�grafo. La comunicaci�n deber� contener
la siguiente informaci�n: a) nombres y apellidos o raz�n social completos del
beneficiario de la sentencia, laudo arbitral o conciliaci�n; b) tipo y n�mero
de identificaci�n del beneficiario; c) direcci�n de los beneficiarios de la
providencia, laudo arbitral o conciliaci�n que se obtenga del respectivo expediente;
d) n�mero de 23 d�gitos que identifica el proceso judicial; e) copia de la sentencia,
laudo arbitral o auto de aprobaci�n de la conciliaci�n con la correspondiente
fecha de su ejecutoria. Con la anterior informaci�n la entidad deber� expedir Ia
resoluci�n de pago y proceder al mismo.
�
(Art. 1, Decreto
2469 de 2015, modificado por el Art. 1 del Decreto
1342 de 2016)
Art�culo 2.8.6.4.2.
Resoluci�n de pago. Vencido el t�rmino anterior y en un t�rmino m�ximo de dos meses,
contados a partir de la fecha en que el apoderado radique la comunicaci�n con
destino al ordenador del gasto, la entidad obligada proceder� a expedir una
resoluci�n mediante la cual se liquiden las sumas adeudadas, se ordene su pago
y se adopten las medidas para el cumplimiento de la resoluci�n de pago seg�n lo
establecido en el art�culo 65 de la Ley 179 de 1994, salvo los casos en los que
exista la posibilidad de compensaci�n. Dicha resoluci�n deber� se�alar expresamente
en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecuci�n no susceptible de
recursos y ser� notificada al beneficiario de conformidad con lo previsto en
los art�culos 67 a 71 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En ning�n caso la entidad deber� esperar a que el acreedor presente la
solicitud de pago para cumplir con este tr�mite. Si durante la ejecuci�n de
este tr�mite el acreedor presenta la solicitud de pago, �ste se efectuar� en la
cuenta que el acreedor indique.
Par�grafo. En caso de que la entidad no cuente
con disponibilidad presupuestal para soportar el pago de la sentencia, laudo
arbitral o conciliaci�n, no expedir� la resoluci�n de pago, pero deber� dejar
constancia de la situaci�n en el expediente y realizar las gestiones necesarias
para apropiar los recursos a m�s tardar en la siguiente vigencia fiscal.
(Art. 1, Decreto
2469 de 2015, modificado por el Art. 2 del Decreto
1342 de 2016)
CAP�TULO 5
PAGO DE SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES POR
SOLICITUD DEL BENEFICIARIO
�
Art�culo 2.8.6.5.1.
Solicitud de pago. Sin perjuicio del pago de oficio por parte de la entidad p�blica,
quien fuere beneficiario de una obligaci�n dineraria a cargo de la naci�n
establecida en una sentencia, laudo arbitral o conciliaci�n, o su apoderado,
podr� presentar la solicitud de pago ante la entidad condenada para que los
dineros adeudados le sean consignados en su cuenta bancaria. Esta solicitud
deber� ser presentada mediante escrito donde se afirme bajo la gravedad de
juramento que no se ha presentado otra solicitud de pago por el mismo concepto,
ni se ha intentado el cobro ejecutivo. Para tales efectos se anexar� a la
solicitud, la siguiente informaci�n:
�
a)
Los datos de identificaci�n, tel�fono, correo electr�nico y direcci�n de los
beneficiarios y sus apoderados;
�
b)
Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliaci�n con la
correspondiente fecha de ejecutoria;
�
c)
El poder que se hubiere otorgado, de ser el caso, el cual deber� reunir los
requisitos de ley, incluir expl�citamente la facultad para recibir dinero y estar
expresamente dirigido a la entidad condenada u obligada;
�
d)
Certificaci�n bancaria, expedida por entidad financiera, donde se indique el
n�mero y tipo de cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios mayores de
edad que soliciten que el pago se les efect�e directamente;
�
e)
Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena
efectuar la consignaci�n;
�
f)
Los dem�s documentos que por raz�n del contenido de la condena u obligaci�n,
sean necesarios para liquidar su valor y que no est�n o no deban estar en poder
de la entidad, incluidos todos los documentos requeridos por el Sistema
Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF)-Naci�n para realizar los pagos.
�
De
conformidad con lo se�alado en el inciso quinto (5�) del art�culo 192 de la Ley
1437 de 2011 la solicitud de pago presentada por los beneficiarios dentro de
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial,
impedir� la suspensi�n de la causaci�n de intereses, siempre y cuando sea
presentada con la totalidad de los requisitos y documentos anteriormente
se�alados. De igual manera, una vez suspendida la causaci�n de intereses, la
misma se reanudar� solamente cuando la solicitud sea presentada con la
totalidad de los requisitos y documentos de que trata este art�culo.
�
(Art. 1, Decreto
2469 de 2015)
CAP�TULO 6
TASAS DE INTER�S Y F�RMULA DE C�LCULO PARA EL PAGO DE
SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y LAUDOS ARBITRALES
�
Art�culo 2.8.6.6.1.
Tasa de inter�s moratorio. La tasa de inter�s
moratorio que se aplicar� dentro del plazo m�ximo con el que cuentan las
entidades p�blicas para dar cumplimiento a condenas consistentes en el pago o
devoluci�n de una suma de dinero ser� la DTF mensual vigente certificada por el
Banco de la Rep�blica. Para liquidar el �ltimo mes o fracci�n se utilizar� la
DTF mensual del mes inmediatamente anterior. Luego de transcurridos los diez
(10) meses se�alados en el art�culo 192 del C�digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicar� la tasa
comercial, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del art�culo 195
del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En
todo caso, una vez liquidado el cr�dito y puesta a disposici�n del beneficiario
la suma de dinero que provea el pago, cesa la causaci�n de intereses. Si dentro
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria no se presenta solicitud de
pago y no ha operado el pago oficioso, cesa el pago de intereses hasta tanto se
reciba la solicitud de pago, de conformidad con el inciso 5� del art�culo 192
del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
�
Par�grafo. La liquidaci�n se realizar� con la
tasa de inter�s m oratorio y comercial establecido en el art�culo 177 del
Decreto 01 de 1984, cuando la sentencia judicial as� lo se�ale en la ratio
decidendi de la parte considerativa o en el decisum de su parte resolutiva.
(Art. 1, Decreto
2469 de 2015)
�
Art�culo 2.8.6.6.2.
Tasas de inter�s y f�rmula de c�lculo de
los intereses de mora. Para la liquidaci�n de los
intereses, sin perjuicio de la tasa de mora que se utilice para calcularlos, se
deber�n aplicar las siguientes f�rmulas matem�ticas:
�
En
primer lugar, la tasa efectiva anual publicada como un porcentaje deber� ser
transformada a su forma decimal dividiendo por cien (100), as�:
�
i
= tasa efectiva anual
�
A
continuaci�n, la tasa efectiva anual de la tasa de inter�s aplicable deber� ser
transformada a su equivalente nominal capitalizable diariamente a trav�s de la
siguiente f�rmula:
�
�
Donde
�
i
= tasa efectiva anual del inter�s aplicable
�
t
= tasa nominal anual
�
Con
esta tasa se calcular�n los intereses moratorias totales y reconocidos
diariamente de la siguiente manera:
�
I
= Intereses causados y no pagados
�
k
= Capital adeudado
�
t
�= Tasa nominal anual
�
n
= N�mero de d�as en mora
�
De
conformidad con el inciso 5� del art�culo 192 del C�digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Art. 1, Decreto
2469 de 2015)
2.8.7.1.
Recursos necesarios para el ingreso a la
OCDE. En desarrollo de lo previsto en el art�culo
47 de la Ley 1450 de 2011, el Gobierno Nacional incluir� en el Presupuesto
General de la Naci�n los recursos necesarios para sufragar los gastos que
requieran las entidades t�cnicas responsables para el ingreso de Colombia en la
OCDE, en particular los necesarios para participar o pertenecer a sus grupos y
comit�s y para cumplir las obligaciones derivadas de la preparaci�n para el
ingreso y aceptaci�n como miembro. Tales erogaciones incluyen, entre otras, las
destinadas a sufragar:
a. Las revisiones de pares y dem�s revisiones, estudios y auditor�as
(�peer reviews�, �assessments�, entre otros) sobre el Estado Colombiano, su
legislaci�n y funcionamiento, que sean necesarios para y dentro de los procesos
tendientes al acceso de Colombia a la OCDE.
b. Las revisiones de pares y dem�s revisiones, estudios y auditor�as
(�peer reviews�, �assessments�, entre otros) en relaci�n con otros Estados, su
legislaci�n y funcionamiento, en los que deba participar Colombia como parte de
los compromisos adquiridos en virtud de su participaci�n en los distintos foros
y grupos de trabajo de los que haga parte el pa�s en desarrollo de los procesos
tendientes a su acceso a la OCDE.
c.
Las misiones de los funcionarios de la OCDE o sus
grupos y comit�s a Colombia, incluidos los gastos de traslado, estad�a y
alojamiento, entre otros.
d. Las misiones de funcionarios y contratistas del Estado colombiano a la
sede o lugares de reuni�n permanente o espor�dica de la OCDE, incluidos los
gastos de traslado, estad�a y alojamiento, entre otros.
e. Las misiones de trabajo permanente de funcionarios y contratistas del
Estado colombiano que deban desarrollarse por un lapso superior a un mes
(secondment) en alguna de las sedes de la OCDE o de los foros o cuerpos de los
que la OCDE haga la secretar�a o coordinaci�n, incluidos los gastos de
traslado, estad�a y alojamiento, entre otros.
f.
La traducci�n de textos normativos, documentos de
trabajo, cuestionarios, formularios, publicaciones y dem�s material producido
por la OCDE o por el Estado colombiano dentro de los procesos tendientes al
acceso.
g. La interpretaci�n oficial al espa�ol en los eventos de la OCDE a los
que asistan funcionarios o contratistas del Estado colombiano.
h. Los eventos que deba realizar el Estado colombiano dentro de los
procesos tendientes al acceso a la OCDE, incluidos los que se celebren en sus
sedes de representaci�n en el exterior.
i.
Las contribuciones para la adhesi�n, participaci�n
o membres�a en los comit�s o grupos de la OCDE, as� como en los foros, grupos,
convenciones y dem�s instrumentos patrocinados, y/o administrados, y/o
coordinados por la OCDE, de los que Colombia deba hacer parte para efectos de
los procesos tendientes al acceso a la OCDE.
j.
Los eventos de capacitaci�n de los funcionarios
colombianos por parte de la OCDE en relaci�n con los temas trabajados por la
Organizaci�n, as� como los manuales, recomendaciones, convenciones y dem�s
instrumentos a los que Colombia deba adherir o que deba adoptar como parte de
los procesos tendientes a lograr su acceso a la Organizaci�n.
(Art. 1 Decreto
1192 de 2012)
2.8.7.2.
Certificado de disponibilidad
presupuestal. Con cargo al rubro que se
especifique para los efectos atr�s descritos, se atender�n los gastos
establecidos en el art�culo anterior del presente t�tulo, para lo cual al
inicio de cada vigencia fiscal se expedir� el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal que amparar� los compromisos necesarios para el
cumplimiento de la preparaci�n para el ingreso y aceptaci�n de Colombia en
dicha Organizaci�n.
(Art 2. Decreto
1192 de 2012)
TITULO 8
REGLA
FISCAL
Art�culo 2.8.8.1. Definiciones.
Para efectos del presente t�tulo, se tendr�n en cuenta las siguientes
definiciones:
a) ����PIB nominal: es el valor de todos los bienes y
servicios finales producidos dentro del pa�s en un a�o determinado, utilizando
los precios correspondientes al a�o analizado. Las cifras observadas
corresponder�n a las publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estad�stica (DANE) o el que haga sus veces.
b) ���PIB real: es el valor de
todos los bienes y servicios finales producidos dentro del pa�s en un a�o
determinado, tomando como base los precios de un a�o de referencia -precios
constantes-, con el fin de tener una medida de producci�n de bienes y servicios
finales que a�sle el efecto del incremento en los precios. Las cifras
observadas corresponder�n a las publicadas por el Departamento Administrativo
Nacional de Estad�stica (DANE).
c)��� PIB tendencial: Es
el nivel de PIB real que a�sla las l1uctuaciones de car�cter c�clico y
transitorio, que generan desviaciones frente a su tendencia de mediano y largo
plazo.
d) Recaudo Tributario No Petrolero: Ingresos tributarios
medidos en pesos corrientes, excluyendo aquellos derivados de la actividad
petrolera, de forma consistente con la metodolog�a para el c�lculo de los
ingresos petroleros adoptada por el CONFIS, de acuerdo con las disposiciones
del Par�grafo 1 del Art�culo 5 de la Ley 1473 de 2011.
e) Elasticidad de recaudo a PIB: Incremento en puntos
porcentuales que experimentar� la tasa de crecimiento del recaudo tributario no
petrolero, por un incremento en un punto porcentual en la tasa de crecimiento
observada del PIB nominal. Esta elasticidad podr� ser diferente para cada tipo
de impuesto.
Art�culo 2.8.8.2. Estimaci�n del Ciclo
Econ�mico. El ciclo econ�mico equivale al efecto sobre el
recaudo tributario no petrolero derivado de la diferencia entre el PIB real y
el PIB tendencial, y de la elasticidad de recaudo a PIB. El c�lculo del ciclo
econ�mico se lleva a cabo a trav�s del siguiente proceso:
Art�culo
2.8.8.3. Metodolog�a de estimaci�n del ciclo econ�mico. La
senda del PIS tendencial ser� estimada por el Comit� Aut�nomo de la Regla
Fiscal, utilizando uno o varios m�todos de estimaci�n que este establezca para
tal fin. As� mismo, el Comit� determinar� las elasticidades de recaudo a PIS.
Estos par�metros ser�n enviados al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a
m�s tardar el 30 de abril de cada a�o. El Comit� deber� propender por mantener
el principio de transparencia y replicabilidad de la metodolog�a, a partir de
la publicaci�n de un documento en el que se detalle la metodolog�a, y se
justifique y explique cualquier modificaci�n de esta. Este documento deber� ser
publicado dentro de la semana siguiente a la adopci�n de la metodolog�a en la
p�gina web del Comit� Aut�nomo de la Regla Fiscal.
Art�culo 2.8.8.4. Mesa t�cnica de
proyecciones macroecon�micas. La mesa t�cnica estar� conformada
por el equipo t�cnico del Comit� Aut�nomo de la Regla Fiscal y la Direcci�n
General de Pol�tica Macroecon�mica del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico. El objetivo de esta mesa t�cnica es la discusi�n de los resultados de
PIS tendencial y de las elasticidades de recaudo a PIS estimados por el Comit�,
y las proyecciones macroecon�micas elaboradas por el Gobierno, de forma que se
propenda por la consistencia del escenario macroecon�mico y fiscal impl�cito en
las metas de la regla fiscal. Esta mesa t�cnica deber� reunirse cada a�o por lo
menos una vez en una fecha anterior al env�o por parte del Comit� Aut�nomo de
la Regla Fiscal del PIS tendencial y las elasticidades de recaudo a PIS al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, sin perjuicio de las reuniones
extraordinarias que se convoquen por parte de cualquiera de sus miembros.
Art�culo
2.8.8.5. Duraci�n de la activaci�n de la cl�usula de escape. Al
activarse la cl�usula de escape, el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal -CONFIS
deber� establecer la duraci�n del periodo en el cual esta estar� activada. En
cualquier caso, este periodo no podr� ser mayor a tres (3) vigencias fiscales
consecutivas, contadas, inclusive, a partir de la vigencia fiscal en la cual el
Consejo Superior de Pol�tica Fiscal -CONFIS realice la activaci�n. Esta
duraci�n de la activaci�n de la cl�usula de escape puede ser revisada de forma
posterior al momento de la activaci�n, previo concepto no vinculante del Comit�
Aut�nomo de la Regla Fiscal. En este caso, el Consejo Superior de Pol�tica
Fiscal -CONFIS publicar� un documento en el que se justifique la modificaci�n
realizada al respecto.
Art�culo
2.8.8.6. Magnitud de la desviaci�n de las metas fiscales, y senda de retorno
al pleno cumplimiento de estas. Al activarse la cl�usula de
escape, el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal -CONFIS deber� establecer la
magnitud m�xima del desv�o frente a las metas fiscales establecidas en el
Art�culo 5 de la Ley 1473 de 2011, as� como la senda de retorno de los
indicadores fiscales al pleno cumplimiento de dichas metas. Lo anterior podr�
ser revisado de forma posterior al momento de la activaci�n de la cl�usula de
escape, previo concepto no vinculante del Comit� Aut�nomo de la Regla Fiscal.
En este caso, el Consejo Superior de Pol�tica Fiscal CONFIS publicar� un
documento en el que se expliquen las modificaciones realizadas.
Art�culo
2.8.8.7. Seguimiento a la aplicaci�n de la cl�usula de escape.
Durante el periodo en el cual se encuentra activada la cl�usula de escape,
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� incluir en el informe de
cumplimiento de la Regla Fiscal contemplado en el Art�culo 12 de la Ley 1473 de
2011, un cap�tulo que realice seguimiento a la cl�usula de escape. En
particular, se deber�n evaluar la magnitud de la desviaci�n incorporada en las
metas fiscales, la senda de retorno al pleno cumplimiento de estas y la
duraci�n establecida para la activaci�n de la cl�usula de escape, as� como un
monitoreo de la situaci�n que motiv� la activaci�n de la cl�usula de escape.
(Adicionado por
el art�culo 1 del Decreto 1717 de 2021)
Art�culo 2.9.1.1.1.
Objeto. El presente t�tulo determina el marco para la
administraci�n, implantaci�n, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema
Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF) Naci�n.
(Art.1 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.2.
Definici�n. El Sistema Integrado de Informaci�n
Financiera (SIIF) Naci�n es un sistema que coordina, integra, centraliza y
estandariza la gesti�n financiera p�blica nacional, con el fin de propiciar una
mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General
de la Naci�n y de brindar informaci�n oportuna y confiable.
(Art.2 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.3.
Campo de aplicaci�n. El presente t�tulo aplica a todas
las entidades y �rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Naci�n.
Para las
Corporaciones Aut�nomas Regionales y las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado y las Sociedades de Econom�a Mixta sujetas al r�gimen de aquellas,
que reciban recursos de la Naci�n a trav�s del Presupuesto General de la
Naci�n, solo aplicar� en lo relacionado con la gesti�n presupuestal del gasto
para el giro de dichos recursos.
(Art.3 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.4.
Informaci�n del Sistema. El SIIF Naci�n reflejar� el
detalle, la secuencia y el resultado de la gesti�n financiera p�blica
registrada por las entidades y �rganos que conforman el Presupuesto General de
la Naci�n, especialmente la relacionada con la programaci�n, liquidaci�n,
modificaci�n y ejecuci�n del presupuesto; la programaci�n, modificaci�n y
ejecuci�n del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), la gesti�n contable y
los recaudos y pagos realizados por la Cuenta �nica Nacional y dem�s
tesorer�as.
(Art. 4 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.5.
Obligatoriedad de utilizaci�n del Sistema. Las
entidades y �rganos ejecutores del Presupuesto General de la Naci�n, las
Direcciones Generales del Presupuesto P�blico Nacional y de Cr�dito P�blico y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y la Contadur�a
General de la Naci�n, o quienes hagan sus veces, deber�n efectuar y registrar
en el SIIF Naci�n las operaciones y la informaci�n asociada con su �rea de
negocio, dentro del horario establecido, conforme con los instructivos que para
el efecto expida el Administrador del Sistema.
El Comit�
Directivo del SIIF Naci�n, de que trata el art�culo 2.9.1.1.8 del presente
cap�tulo, determinar� qu� entidades y �rganos ejecutores, por conveniencia de
car�cter t�cnico y misional, podr�n registrar la gesti�n financiera p�blica a
trav�s de aplicativos misionales, los cuales deber�n interoperar en l�nea y
tiempo real con el SIIF Naci�n, de acuerdo al est�ndar, la seguridad y las
condiciones tecnol�gicas que para tal fin defina el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
Par�grafo.
Para efectos del presente t�tulo se entiende por l�nea y tiempo real, que las
aplicaciones se puedan conectar directamente al SIIF Naci�n y que los registros
se efect�en cuando los hechos econ�micos y financieros se generen.
(Art.5 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.6.
Alcance de la informaci�n registrada en el SIIF Naci�n.
La informaci�n registrada en el Sistema es fuente v�lida para:
a) El
desarrollo de los procesos operativos relacionados con:
1.
La programaci�n del Presupuesto General de la Naci�n.
2.
La administraci�n de apropiaciones.
3.
La ejecuci�n presupuestal de ingresos y de gastos en sus diferentes
clasificaciones.
4.
Las solicitudes, autorizaciones, modificaciones y compromisos de
vigencias futuras.
5.
La distribuci�n y administraci�n del Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC).
6.
La tramitaci�n de las �rdenes de pago para el abono en cuenta a trav�s
del sistema de Cuenta �nica Nacional y de las tesorer�as de las entidades que
administran rentas parafiscales.
7.
La gesti�n contable.
8.
La expedici�n de certificados de disponibilidad presupuestal, la
asunci�n de compromisos, el registro de obligaciones y el pago de los mismos
con cargo a las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la
Naci�n.
9.
La constituci�n de las reservas presupuestales y de las cuentas por
pagar.
b) La
generaci�n de informaci�n presupuestal b�sica y la elaboraci�n de informes de
seguimiento presupuestal;
c) La
generaci�n de informaci�n contable b�sica y la obtenci�n de consultas, reportes
e informes contables requeridos por la Contadur�a General de la Naci�n;
d) La
generaci�n de informes de tesorer�a, presupuestales y contables;
e) La
evaluaci�n financiera de la Inversi�n P�blica;
f) El
control de resultados financieros que realicen las autoridades p�blicas;
g) La
obtenci�n de los informes requeridos por las entidades de control;
Par�grafo.
Las aplicaciones administradas por las entidades y �rganos que hacen parte del
Presupuesto General de la Naci�n, empleadas para registrar negocios no
previstos en el SIIF Naci�n, servir�n como auxiliares de los c�digos contables
que conforman los estados contables. Dicha informaci�n har� parte integral del
Sistema Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF) Naci�n.
(Art. 6 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.7.
Estructura del SIIF Naci�n. El Sistema Integrado de
Informaci�n Financiera, (SIIF) Naci�n estar� conformado por los siguientes
�rganos de direcci�n y administraci�n:
a) Un Comit�
Directivo;
b) Un Comit�
Operativo y de Seguridad;
c) Un Administrador
del Sistema;
d) Un funcionario
responsable del SIIF en cada entidad usuaria del aplicativo.
(Art. 7 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.8.
Composici�n del Comit� Directivo del SIIF Naci�n. El
Comit� Directivo del SIIF Naci�n estar� conformado por:
a) El
Viceministro General de Hacienda quien lo presidir�;
b) El
Contador General de la Naci�n;
c) El
Director General del Presupuesto P�blico Nacional;
d) El
Director General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional;
e) El
Director de Tecnolog�a del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico;
f) El
Administrador del SIIF Naci�n quien ser� el Secretario T�cnico.
(Art. 8 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.9.
Funciones del Comit� Directivo. Corresponde al Comit�
Directivo del SIIF Naci�n, desarrollar las siguientes funciones:
a) Aprobar
pol�ticas respecto al funcionamiento, la seguridad, la funcionalidad y
cobertura del Sistema, de conformidad con las normas vigentes y de acuerdo con
las caracter�sticas del mismo;
b) Aprobar y
establecer el reglamento de uso del Sistema;
c) Aprobar el
modelo conceptual del sistema y los cambios en la funcionalidad, la cobertura
y/o los aspectos tecnol�gicos, propuestos por cualquiera de sus miembros,
previo concepto funcional emitido por el Administrador del Sistema;
d) Autorizar
la actualizaci�n de los requerimientos e instalaci�n de la infraestructura
tecnol�gica necesaria, cuando haya lugar a modificaciones en los componentes
tecnol�gicos sobre los cuales opera el Sistema;
e) Determinar
qu� entidades y �rganos que conforman el Presupuesto General de la Naci�n, por
conveniencia de car�cter t�cnico y misional, podr�n registrar la gesti�n
financiera p�blica a trav�s de aplicativos misionales que deber�n interoperar
en l�nea y tiempo real con el SIIF Naci�n;
f) Reglamentar
los mecanismos de coordinaci�n que sean necesarios para la definici�n y
operaci�n de las funcionalidades nuevas que el Comit� incorpore al sistema;
g) Establecer
su propio reglamento.
Par�grafo.
Las decisiones adoptadas por el Comit� Directivo, respecto al SIIF Naci�n, son
de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades, dependencias y �rganos
que conforman el Sistema.
(Art. 9 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.10.
Composici�n del Comit� Operativo y de Seguridad del SIIF
Naci�n. El Comit� Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n, estar�
conformado por:
a) El
Administrador del SIIF Naci�n, quien lo presidir�;
b) El
Subdirector de An�lisis y Consolidaci�n Presupuestal de la Direcci�n General de
Presupuesto P�blico Nacional;
c) El
Subdirector de Operaciones de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro
Nacional;
d) El
Subdirector de Ingenier�a de Software de la Direcci�n de Tecnolog�a del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico;
e) El
Subcontador de Centralizaci�n de la Informaci�n de la Contadur�a General de la
Naci�n;
f) El
Asesor de Seguridad del SIIF Naci�n quien ejercer� las funciones de Secretario
del Comit�, quien tendr� voz pero no voto.
Par�grafo.
El Contralor Delegado para Econom�a y Finanzas de la Contralor�a General de la
Rep�blica ser� invitado, con voz pero sin voto, a las sesiones del Comit�
Operativo y de Seguridad en donde se traten los temas relacionados con el
proceso de cierres de fin de a�o y apertura del nuevo a�o.
De igual
manera, asistir� el Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico con voz pero sin voto.
(Art. 10 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.11.
Funciones del Comit� Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n.
Corresponde al Comit� Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n, desarrollar las
siguientes funciones:
a) Proponer
al Comit� Directivo las pol�ticas y los est�ndares que constituyen el modelo de
seguridad del SIIF Naci�n;
b) Determinar
pautas para la implantaci�n, complementaci�n y mejoramiento permanente del
modelo de seguridad del SIIF Naci�n;
c) Trazar
directrices para la divulgaci�n e implantaci�n de est�ndares de seguridad por
parte de las entidades usuarias;
d) Solicitar
al Administrador del SIIF Naci�n informes de seguimiento sobre el modelo de
seguridad del sistema;
e) Evaluar el
informe anual de riesgos del SIIF Naci�n presentado por el Administrador del
aplicativo;
f) Mantener
actualizado al Comit� Directivo acerca del estado del modelo de seguridad del SIIF
Naci�n;
g) Determinar
los eventos en que por motivos t�cnicos u operativos no se deba realizar el
pago directo al beneficiario a trav�s del SIIF Naci�n;
h) Tomar las
medidas que considere pertinentes cuando el Administrador del Sistema le
informe del mal uso del aplicativo por parte de los usuarios;
i) Presentar
a consideraci�n de la autoridad competente propuestas de modificaci�n a las
normas presupuestales, contables o tributarias que permitan un registro
integral de la gesti�n financiera de los usuarios en el sistema;
j) Coordinar
la parametrizaci�n del aplicativo y las acciones de los �rganos rectores en
materia contable, presupuestal y de tesorer�a, que sean necesarias para el buen
funcionamiento del sistema;
k) Coordinar
el proceso de cierres de fin de a�o y apertura de nuevo a�o;
l) Aprobar
los cambios que no modifiquen el modelo conceptual aprobado por el Comit�
Directivo que presente el Administrador del SIIF Naci�n;
m) Deshabilitar o
inactivar a los usuarios cuando tenga evidencias de que no atiende las medidas
de seguridad implementadas;
n) Establecer
su propio reglamento;
o) Las dem�s
que le determine el Comit� Directivo respecto de la seguridad y operaci�n del
sistema.
(Art. 11 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.12. Administrador
del SIIF Naci�n. El Viceministerio General del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico es la dependencia encargada de la administraci�n del SIIF
Naci�n. Para tal fin, el Viceministro General de Hacienda designar� a un
funcionario de alto nivel de la planta de personal de su despacho como
Administrador del Sistema, quien tendr� a su cargo un grupo de apoyo.
(Art. 12 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.13. Funciones
del Administrador del SIIF Naci�n. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico determinar� las funciones que ejercer� el Administrador del SIIF
Naci�n, quien como m�nimo deber�:
a) Ejecutar
las decisiones adoptadas por el Comit� Directivo del SIIF Naci�n;
b) Definir la
priorizaci�n de los desarrollos requeridos para mantener actualizada la
funcionalidad del aplicativo de acuerdo con la normatividad vigente, en
coordinaci�n con los �rganos rectores;
c) Definir
las funcionalidades que posibiliten la integridad de los distintos m�dulos que
conforman el sistema;
d) Verificar
que las funcionalidades del aplicativo operen adecuadamente y registren la
informaci�n de manera correcta;
e) Proponer
mejoras y cambios a la funcionalidad del aplicativo que no modifiquen el modelo
conceptual aprobado por el Comit� Directivo, para aprobaci�n del Comit�
Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n;
f) Evaluar
y aprobar las propuestas de mejoras y cambios que hagan los �rganos rectores y
las entidades usuarias, para presentarlas al Comit� Operativo y de Seguridad
del SIIF Naci�n;
g) Definir y
ejecutar la estrategia de capacitaci�n y acompa�amiento a los usuarios en el
uso del Sistema;
h) Establecer
procedimientos para el buen uso de la aplicaci�n;
i) Velar
por el cumplimiento del modelo de seguridad aprobado por el Comit� Directivo;
j) Prestar
soporte funcional y conceptual sobre el aplicativo a los usuarios del SIIF y a
las entidades y dependencias miembros del Comit� Directivo;
k) Coordinar
con los �rganos rectores y con las entidades los procesos administrativos que
se requieran para el buen funcionamiento del aplicativo;
l) Emitir
concepto para el Comit� Directivo cuando se propongan cambios al aplicativo que
modifiquen o adicionen el modelo conceptual;
m) Hacer propuestas de
cambios normativos que permitan apoyar los negocios a trav�s de la aplicaci�n;
n) Presentar
al Comit� Directivo propuestas de cambios funcionales que modifiquen o
adicionen el modelo conceptual del Sistema para su aprobaci�n.
(Art. 13 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.14. Funcionario
responsable del SIIF en la entidad. Los Secretarios Generales o quien
haga sus veces, designar�n un funcionario del nivel directivo o asesor para que
ejerza las funciones de Coordinador SIIF Entidad, quien ser� el enlace oficial
entre la Entidad y el Administrador del Sistema.
En el evento
que la entidad tenga m�s de una unidad ejecutora, se podr� designar un
Coordinador SIIF Entidad por cada una de ellas.
(Art. 14 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.1.15. Responsabilidades
de la coordinaci�n del SIIF en la Entidad. El Coordinador SIIF Entidad
ser� responsable de la implantaci�n de las medidas de seguridad se�aladas por
el Comit� Operativo y de Seguridad y de la administraci�n de los usuarios de la
Entidad. Para tal fin deber�:
a) Responder
por la creaci�n de usuarios;
b) Replicar
oportunamente a los usuarios del SIIF Naci�n, todas la comunicaciones emitidas
e informadas por el Administrador del Sistema;
c) Verificar
las restricciones de uso del aplicativo;
d) Brindar soporte
funcional y t�cnico a los usuarios de la entidad;
e) Mantener
actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los
usuarios y del funcionario responsable del sistema;
f) Capacitar
a los usuarios nuevos, previa su creaci�n en el aplicativo;
g) Mantener
un archivo documental de los usuarios y cumplir con las pol�ticas y est�ndares
de seguridad del sistema SIIF Naci�n.
Par�grafo.
Las entidades usuarias del SIIF Naci�n que ejecuten su presupuesto a trav�s de
dependencias, subunidades, seccionales o regionales, deber�n conformar al
interior de las entidades, bajo la coordinaci�n del responsable del SIIF Naci�n
de la entidad, un equipo que preste soporte y capacitaci�n b�sica a los
usuarios de las mismas.
(Art. 15 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.1.
Pago a beneficiario final. Las entidades y �rganos
ejecutores del SIIF Naci�n efectuar�n el pago de sus obligaciones directamente
a los beneficiarios a trav�s de dicho aplicativo con abono a una cuenta
bancaria previamente registrada y validada en el mismo.
En los casos
que expresamente determine el Comit� Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n,
el pago se efectuar� a trav�s de la pagadur�a de la Entidad.
(Art. 16 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.2.
Registro de cuentas bancarias de beneficiarios. Las
entidades y �rganos deber�n registrar previamente en el SIIF Naci�n, la cuenta
bancaria a trav�s de la cual efectuar�n el pago de las obligaciones reconocidas
a favor de cada beneficiario, para que sean prenotificadas a trav�s del sistema
Cenit del Banco de la Rep�blica. Dicha cuenta se requerir� para el cumplimiento
del acto administrativo que afecte las apropiaciones presupuestales.
El Comit�
Directivo del SIIF Naci�n reglamentar� el procedimiento y los requisitos para
el registro de las cuentas bancarias en el SIIF Naci�n.
(Art. 17 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.3.
Responsabilidad del pago a beneficiario final. Todo
pago que se haga a beneficiario final en las cuentas registradas por las
entidades usuarias del SIIF Naci�n, se har� de conformidad con el acto
administrativo que lo ordena. Los usuarios que intervinieron en el mismo, ser�n
responsables por las imprecisiones e inexactitudes de la informaci�n
registrada.
Para el pago en
el exterior por concepto de servicio de la deuda o de proveedores, la
validaci�n de las cuentas ser� responsabilidad del ordenador del gasto de la
entidad que efect�a el pago o del funcionario en quien este haya delegado dicha
operaci�n.
Par�grafo
1. El Secretario General de las entidades usuarias del SIIF Naci�n, o
quien haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se
hagan pagos no debidos a trav�s del SIIF Naci�n.
Par�grafo
2. La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional, o quien
haga sus veces, no ser� responsable por los pagos ordenados por las entidades con
cargo a la Cuenta �nica Nacional.
Igualmente, no
ser�n responsables las Tesorer�as o Pagadur�as de las entidades, o quien haga
sus veces, por los pagos ordenados por los funcionarios competentes, distintos
a tales dependencias, con cargo a los recursos que no hagan parte de la Cuenta
�nica Nacional.
(Art. 18 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.4.
Exclusividad del pago a beneficiario final. El pago a
beneficiario final se efectuar� �nicamente al beneficiario y a la cuenta
bancaria registrados por medio de la cual se afectan las apropiaciones
presupuestales, salvo en los eventos definidos por el Comit� Operativo y de
Seguridad del SIIF Naci�n, en cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo
2.9.1.1.11 del presente t�tulo.
Las entidades
usuarias del SIIF Naci�n son responsables por las modificaciones que se hagan
al beneficiario de un compromiso, en virtud de una cesi�n de contratos o en los
dem�s eventos permitidos por la ley. Para tal fin, estas deber�n contar con
autorizaci�n del ordenador del gasto.
(Art. 19 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.5.
Requisitos para el registro de usuarios. El Comit�
Operativo y de Seguridad del SIIF Naci�n reglamentar� el procedimiento y los
requisitos para la creaci�n de los usuarios de la aplicaci�n.
(Art. 20 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.6.
Registro del anexo del decreto de liquidaci�n del Presupuesto
General de la Naci�n y de sus modificaciones. La Direcci�n General de
Presupuesto P�blico Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
registrar� en el SIIF Naci�n el anexo del decreto de liquidaci�n y el anexo de
la composici�n del presupuesto de rentas de la vigencia fiscal que se inicia
antes del 31 de diciembre del a�o en que se aprob�.
Las
modificaciones al decreto de liquidaci�n se realizar�n conforme a lo dispuesto
en el 2.8.1.5.6. sobre modificaciones al gasto contenido en la Parte 8 del
T�tulo 1 del Cap�tulo 5 o la norma que lo modifique o sustituya.
(Art. 21 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.7.
Desagregaci�n para la ejecuci�n del presupuesto a trav�s del
SIIF Naci�n. Con el fin de vincular la gesti�n presupuestal de los
ingresos y de los gastos a la gesti�n contable, las entidades usuarias del SIIF
Naci�n deber�n desagregar el presupuesto, al m�ximo nivel de detalle del
Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal CCP establecido por la Direcci�n General
del Presupuesto P�blico Nacional.
Cuando una
entidad usuaria requiera para su gesti�n el empleo de un mayor detalle al
Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal - CCP establecido por dicha Direcci�n,
deber� realizar la solicitud de acuerdo con lo establecido en el art�culo
2.8.1.5.9. sobre Administraci�n del Cat�logo de Clasificaci�n Presupuestal -
CCP y los procedimientos que se establezcan para el efecto.
(Art. 22 Decreto 2674 de 2012, modificado por el Art. 19 del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.9.1.2.8.
Registro de la distribuci�n inicial del Programa Anual
Mensualizado de Caja con recursos de la Naci�n y de sus modificaciones.
La distribuci�n inicial del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), con
recursos Naci�n de cada entidad y �rgano ejecutor, ser� registrada en el SIIF
Naci�n por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, antes de iniciar la ejecuci�n
presupuestal de cada vigencia fiscal.
La apropiaci�n
presupuestal de la vigencia soportar� el PAC de la vigencia actual y del rezago
del a�o siguiente, y la constituci�n de las reservas presupuestales y de las cuentas
por pagar soportar�n el PAC del rezago del a�o anterior.
Con base en la
informaci�n de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar
resultantes del cierre calendario y definitivo del SIIF Naci�n, la Direcci�n
General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico asignar� el PAC del rezago en cada vigencia fiscal.
(Art. 23 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.9.
Del registro de los ingresos en el SIIF Naci�n. Los
�rganos encargados de generar la informaci�n sobre los ingresos de las
entidades y �rganos que conforman el Presupuesto General de la Naci�n deber�n
reconocer y clasificar a trav�s del SIIF Naci�n, los recaudos por cada uno de
los conceptos que los originen de conformidad con las normas presupuestales y
contables vigentes, dentro de las fechas que defina la Direcci�n General del
Presupuesto P�blico Nacional.
(Art. 24 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.10. Soportes
documentales para el registro de la gesti�n financiera en el SIIF Naci�n. Todo
registro que realicen las entidades usuarias en el SIIF Naci�n, asociado con la
gesti�n financiera y presupuestal, debe estar soportado en documentos
legalmente expedidos, los cuales ser�n parte integral del acto administrativo o
del contrato por medio del cual se causan los ingresos y se comprometen las
apropiaciones.
(Art. 25 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.11.
Obligaciones del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico como
Administrador del SIIF Naci�n. Son obligaciones del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico como Administrador del SIIF Naci�n las siguientes:
a) Administrar
adecuadamente el Sistema para que funcione conforme al reglamento que expida el
Comit� Directivo;
b) Custodiar
la informaci�n registrada por las entidades usuarias;
c) Gestionar
los mecanismos necesarios que permitan el funcionamiento ininterrumpido y la
recuperaci�n autom�tica del Sistema durante el horario establecido;
d) Poner a
disposici�n del usuario el Sistema de acuerdo con los desarrollos que se
presenten, siempre y cuando este cumpla con el reglamento y las
especificaciones t�cnicas exigidas por la Administraci�n del Sistema;
e) Informar
al usuario sobre problemas y fallas t�cnicas que se presenten en el SIIF
Naci�n;
f) Actualizar
el sistema de acuerdo a los cambios normativos que se hagan a los negocios que
lo componen;
Par�grafo.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, como Administrador del SIIF
Naci�n, no ser� responsable, por:
a) El mal uso
de las funcionalidades de la aplicaci�n que hagan los usuarios autorizados por
las entidades;
b) El
registro de los datos que hagan los usuarios en el Sistema ni las consecuencias
judiciales que estos genere;
c) La
veracidad y validez de los datos registrados por los usuarios autorizados por
las entidades;
d) El uso del
Sistema en las entidades por parte de funcionarios o contratistas que no est�n
autorizados para tal fin;
e) Las
aperturas de per�odos presupuestales y contables que realicen y autoricen los
�rganos rectores a trav�s de las funcionalidades definidas para tal fin;
f) Las
dem�s actividades realizadas por los usuarios del Sistema que no sean de
competencia del Administrador del mismo.
(Art. 26 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.12. Obligaciones
de las entidades y de los usuarios del SIIF Naci�n. Con el fin de
propender por un registro de la gesti�n financiera p�blica, basado en criterios
de oportunidad, veracidad, confiabilidad, confidencialidad e integridad, son
obligaciones del representante legal y de los usuarios del SIIF Naci�n las
siguientes:
a) Registrar
la gesti�n financiera p�blica en l�nea y tiempo real acorde con la operaci�n
realizada;
b) Dar
cumplimiento al presente t�tulo y a los reglamentos que expida el Comit�
Directivo;
c) Acatar las
instrucciones que expida la Administraci�n del Sistema para el buen uso de la
aplicaci�n;
d) Tener a su
disposici�n y mantener en adecuado funcionamiento los equipos de c�mputo, los
canales de comunicaciones, las redes internas y los equipos de firma digital
que se requieran para la conexi�n y utilizaci�n del SIIF Naci�n;
e) Usar de
forma adecuada y con responsabilidad la aplicaci�n, las claves y dem�s
elementos de seguridad, por parte de las personas autorizadas para hacer
registros y consultas de informaci�n en el SIIF Naci�n;
f) Cumplir
con las condiciones y especificaciones de orden t�cnico que establezca la
Administraci�n del Sistema;
g) Cumplir
con las directrices generales de seguridad que determine el Comit� Operativo y
de Seguridad del Sistema;
h) Establecer
los procedimientos de control interno, administrativos, financieros y
contables, que garanticen la aplicaci�n de los requerimientos t�cnicos y de
seguridad previstos para el adecuado funcionamiento del Sistema.
(Art. 27 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.13. Responsabilidades
de las entidades y de los usuarios del SIIF Naci�n. El representante
legal de las entidades y los usuarios del SIIF Naci�n ser�n responsables por:
a) La
creaci�n de los usuarios que har�n registros o consultas en el Sistema a nombre
de la entidad;
b) El uso
adecuado del Sistema;
c) La
veracidad de los datos;
d) El
registro oportuno de la gesti�n financiera p�blica de la entidad;
e) El uso de las
claves y firmas digitales asignados;
f) El
registro de los beneficiarios y de las cuentas bancarias que se requieran para
efectuar pagos a trav�s del SIIF Naci�n.
(Art. 28 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.14. Obligatoriedad
de adopci�n del modelo de seguridad para la interoperaci�n de aplicaciones con
el SIIF Naci�n. Las entidades y �rganos que hacen parte del Presupuesto
General de la Naci�n a las que el Comit� Directivo les haya aprobado el uso de
aplicaciones misionales que deban interoperar con el SIIF Naci�n, deber�n
adoptar el modelo de seguridad que el Comit� Directivo defina para tal fin.
(Art. 29 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.15. �Del
per�odo de ajustes previos al cierre definitivo del sistema. El Sistema
Integrado de Informaci�n Financiera (SIIF) Naci�n tendr� un per�odo de
transici�n al inicio de cada a�o, con el fin de que las entidades hagan ajustes
a los compromisos y obligaciones a que haya lugar para la constituci�n de las
reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, de conformidad con lo
se�alado en el art�culo 89 del Estatuto Org�nico del Presupuesto, el cual
durar� hasta el d�a anterior al de la constituci�n legal de estas, de forma que
puedan obtener del sistema la informaci�n requerida para tal fin. En todo caso,
en concordancia con los art�culos 14 y 71 de dicho estatuto, en este per�odo no
se pondr�n asumir compromisos ni obligaciones con cargo a las apropiaciones del
a�o que se cerr�. Como m�ximo, las reservas presupuestales corresponder�n a la
diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar
por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.
Igualmente, el
sistema tendr� un per�odo de transici�n contable, con el fin de que las
entidades efect�en los ajustes respectivos a la contabilidad del a�o que se
cierra, el cual durar� hasta la fecha en que las entidades deban reportar la
informaci�n solicitada por la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 30 Decreto 2674 de 2012, modificado por el Art. 20
del Decreto
412 de 2018)
Art�culo 2.9.1.2.16. Cumplimiento
de las normas que rigen la gesti�n financiera p�blica. El uso del SIIF
Naci�n no exime a los usuarios de las responsabilidades en el cumplimiento de
las disposiciones org�nicas, legales y reglamentarias en relaci�n con la
programaci�n, aprobaci�n, modificaci�n y ejecuci�n de sus presupuestos, as�
como de la aplicaci�n de las normas contables vigentes.
(Art. 31 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.17. Solicitud
de informaci�n. Cuando los entes de control y seguimiento soliciten
informaci�n que est� registrada en el SIIF Naci�n, las entidades en l�nea la
extraer�n del mismo para su presentaci�n. Tales entes si lo consideran
conveniente, podr�n solicitar, de acuerdo a los procedimientos establecidos, su
vinculaci�n como usuarios del Sistema con un perfil especial de consulta, con
el fin de obtener la informaci�n requerida.
(Art. 32 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.9.1.2.18. Restricciones
a la adquisici�n y utilizaci�n de software financiero. Las entidades y �rganos
usuarios del SIIF Naci�n no podr�n adquirir ning�n software financiero que
contemple la funcionalidad incorporada en tal aplicativo y que implique la
duplicidad del registro de informaci�n presupuestal y contable.
Se except�an
las entidades que a criterio del Comit� Directivo del SIIF Naci�n posean
sistemas misionales que puedan interactuar en l�nea y tiempo real con dicho
aplicativo.
(Art. 33 Decreto 2674 de 2012)
Art�culo 2.10.1.1.
Disposici�n aclaratoria de vigencia. Las normas de los Cap�tulos 4 y 5 de este t�tulo se compilan para
efectos de aplicarlas, seg�n corresponda, a las coberturas previamente
otorgadas en su oportunidad y que se encuentran vigentes.
Art�culo 2.10.1.1.1.
Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n
de la Cartera Hipotecaria (FRECH). En desarrollo
de la autorizaci�n prevista en el art�culo 48 de la Ley 546 de 1999, cr�ase el
Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria - FRECH,
administrado por el Banco de la Rep�blica, como un fondo-cuenta de la Naci�n.
(Art. 1 del Decreto
2670 de 2000, modificado por el Art. 1 del Decreto
1163 de 2001, modificado por el Art. 1 del Decreto
2587 de 2004)
Art�culo 2.10.1.1.2.
Manejo presupuestal de los recursos del
FRECH.� El manejo de los recursos del Frech se
realizar� teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Los recursos provenientes del impuesto a la remuneraci�n del encaje
establecido en el numeral 1 del art�culo 48 de la Ley 546 de 1999, ser�n
retenidos al momento del pago al respectivo establecimiento y consignados
directamente en el FRECH.
2. Los recursos aportados al FRECH por los establecimientos de cr�dito de
conformidad con el mecanismo establecido en este cap�tulo, los cuales deber�n
apropiarse para su ejecuci�n.
3. Los ingresos provenientes de los rendimientos financieros de los
recursos que conformen el FRECH deber�n apropiarse para su ejecuci�n.
Par�grafo.
El Banco de la Rep�blica, en su calidad de administrador, deber� separar en dos
cuentas los recursos del FRECH. Una de las cuentas se utilizar� para registrar
los recursos efectivamente apropiados, los cuales pueden ser ejecutados por el
FRECH para el cumplimiento de su finalidad. La otra cuenta se utilizar� para
registrar las sumas no apropiadas, hasta el momento en que se surta dicho
procedimiento por el Gobierno Nacional a trav�s del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
Los movimientos
que se realicen solo pueden corresponder a la operaci�n del FRECH, previo el
cumplimiento de las normas legales respectivas.
(Art. 2 del Decreto
2670 de 2000, numeral 1 modificado por el Art. 2 del Decreto
2587 de 2004 y par�grafo modificado por el Art. 3 del Decreto
2587 de 2004)
Art�culo 2.10.1.1.3.
Administraci�n de los recursos del FRECH. Para la debida administraci�n del FRECH, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico y el Banco de la Rep�blica convendr�n la forma como se dar�n
las instrucciones para su administraci�n, mediante la suscripci�n de un
convenio en donde se establecer�n las condiciones espec�ficas para tal efecto,
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. Los recursos del FRECH ser�n administrados con criterios de seguridad,
liquidez y rentabilidad apropiados al cumplimiento de sus fines.
2. Las operaciones que debe llevar a cabo el FRECH dentro del giro
ordinario de sus actividades de tesorer�a se sujetar�n a las normas legales
vigentes.
3. Las operaciones de reporto o repo, simult�neas y de transferencias
temporales de valores se sujetar�n a lo establecido en el art�culo 2.36.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 2555 de 2010 o dem�s
normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen.
4. Los gastos en que incurra el Banco da la Rep�blica por la
administraci�n del FRECH se reconocer�n con cargo a los recursos de este,
previo el cumplimiento de las normas legales correspondientes.
(Art. 6 del Decreto
2670 de 2000, modificado por el Art. 22 del Decreto
343 de 2007)
Art�culo 2.10.1.1.4.
Contabilidad.
El Banco de la Rep�blica llevar� una contabilidad separada del FRECH,
sujet�ndose a los principios y normas que rigen para el Banco, que pondr� a
disposici�n de la Naci�n, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, luego de
finalizar cada semestre calendario. Aunque los pagos de las obligaciones
generadas en los contratos a los que se refiere el presente cap�tulo se
realicen anualmente, cada mes se contabilizar�n las posiciones pasivas o
activas de cada una de las partes.
(Art. 8 del Decreto
2670 de 2000, modificado por el Art 5 del Decreto
1163 de 2001, modificado por el Art 6 del Decreto
2587 de 2004)
Art�culo 2.10.1.1.5.
Inversi�n de los recursos del FRECH. El Banco de la Rep�blica invertir� los recursos del FRECH con
criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los t�rminos y condiciones
que establezca el Comit� de Inversiones del FRECH de que trata el art�culo siguiente.
(Art. 5 del Decreto
2670 de 2000, modificado por el Art. 5 del Decreto
2587 de 2004)
Art�culo 2.10.1.1.6.
Comit� de Inversiones. De acuerdo con el inciso 1� del art�culo 48 de la Ley 546 de 1999, la
administraci�n del FRECH le corresponde al Banco de la Rep�blica. Para el
cumplimiento de esta finalidad, contar� con un Comit� de Inversiones cuya funci�n
ser� dar las instrucciones en materia de inversiones que deben ser adoptadas
por el Banco de la Rep�blica.
El Comit� de Inversiones se compondr� por
tres personas: el Viceministro T�cnico del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico o su delegado, el Director General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado y el Director de la
Unidad Especial, Unidad de Proyecci�n Normativa y Estudios de Regulaci�n
Financiera - URF o su delegado. A dicho comit� asistir� como invitado el
Gerente General del Banco de la Rep�blica o su delegado.
La secretar�a t�cnica del Comit� de
Inversiones del FRECH ser� efectuada por el funcionario designado por el Banco
de la Rep�blica. El Comit� de Inversiones se reunir� ordinariamente, por lo
menos una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando sea convocada
por cualquiera de sus miembros o por su Secretario.
Par�grafo. Cuando
el Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria -FRECH no
cuente con recursos que sean materia de instrucciones de inversi�n por parte
del Comit� de Inversiones del FRECH, dicho Comit� no deber� reunirse.
La secretar�a t�cnica del Comit� de
inversiones del FRECH deber� convocar a reuni�n a los miembros de dicho Comit�,
una vez el Fondo cuente con recursos que sean materia de instrucci�n.
(Art. 7 del Decreto
2670 de 2000, modificado por el Art 4 del Decreto
1163 de 2001, modificado por el Art. 1 del Decreto
936 de 2004, modificado por el Art. 1 del Decreto
2875 de 2013, adicionado por Art 1 del Decreto
493 de 2023)
Art�culo 2.10.1.2.1. Subcuenta especial del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la
Cartera Hipotecaria - FRECH. De conformidad con el
par�grafo del art�culo 96 de la Ley 795 de 2003, el Banco de la Rep�blica, en
su calidad de Administrador del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la
Cartera Hipotecaria - FRECH mantendr� una subcuenta especial en el citado Fondo
por valor de cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000), cuyos recursos
se utilizar�n por Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras - Fogaf�n
para otorgar la cobertura a los cr�ditos individuales de vivienda a largo plazo
frente al riesgo de variaci�n de la UVR respecto a una tasa determinada, cuya
reglamentaci�n se prev� en los art�culos 11.3.3.1.1 y subsiguientes del Decreto 2555 de 2010 y dem�s
normas que lo modifiquen o adicionen. La subcuenta deber� estar separada y
totalmente diferenciada de los dem�s recursos del FRECH.
Par�grafo. El Banco de la Rep�blica, en su calidad de administrador del FRECH
continuar� administrando los recursos de la subcuenta.
(Art. 1 del Decreto
1269 de 2003, par�grafo adicionado en
compilaci�n del Art. 2 del Decreto
1269 de 2003)
Art�culo 2.10.1.2.2. Inversi�n y utilizaci�n de los recursos.
El Banco de la Rep�blica invertir� los recursos de la subcuenta conforme a las
instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Dichas
instrucciones versar�n sobre la inversi�n, liquidaci�n, redenci�n, reinversi�n
y entrega al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras - FOGAF�N, de los
recursos de la subcuenta.
Par�grafo 1�. Las instrucciones que deba dar el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico para efectos del presente art�culo se podr�n canalizar a trav�s del
Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras - FOGAF�N.
Par�grafo 2�. El administrador deber� abonar en la subcuenta los rendimientos
generados por los recursos del art�culo anterior.
Par�grafo 3�. La afectaci�n de la subcuenta ser� realizada hasta el agotamiento de
los cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) destinados por la Ley 795
de 2003, m�s los rendimientos generados. Una vez agotados los recursos de la
subcuenta, cesar� la obligaci�n del Banco de la Rep�blica de entregar recursos
al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras - FOGAF�N.
Par�grafo 4�. El Banco de la Rep�blica en su calidad de administrador del Fondo de
Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria - FRECH con corte al
31 de diciembre de cada anualidad, trasladar� de la Subcuenta Especial del
FRECH creada en el par�grafo del art�culo 96 de la Ley 795 de 2003 a la cuenta
principal de dicho fondo, los recursos generados por las inversiones de la
Subcuenta Especial, cuyo monto exceda la suma establecida en el par�grafo del
art�culo 96 de la Ley 795 de 2003, para lo cual el Banco de la Rep�blica podr�
trasladar t�tulos o dinero.
Para la realizaci�n de estas operaciones, se
han de contemplar las siguientes reglas:
a) Los t�tulos que se trasladen a la cuenta principal del FRECH se tomar�n
por el valor por el que se encuentren registrados en la contabilidad el d�a
anterior al que se realice la transferencia de los mismos. El Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico dar� las instrucciones correspondientes respecto a
los t�tulos a transferir.
b) La diferencia resultante entre el valor total de los recursos a
transferir y el monto de los t�tulos transferidos de conformidad con lo
previsto en el literal anterior, ser� cubierto mediante traslado de efectivo.
Par�grafo 5�. La verificaci�n del monto de los recursos de que trata el par�grafo
del art�culo 96 de la Ley 795 de 2003 ser� realizada por el Banco de la
Rep�blica en su condici�n de administrador del FRECH con corte al mes de
diciembre de cada a�o. Si, descontadas la transferencia de recursos a FOGAF�N,
se encuentra un defecto en el monto originado en variaciones en los precios de
mercado del portafolio de inversiones de la Subcuenta Especial del FRECH, se
informar� de este hecho al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien
autorizar�, si a ello hay lugar, el traslado de los recursos de la cuenta
principal del FRECH a la Subcuenta Especial y dar� las instrucciones
correspondientes.
(Art. 3 del Decreto
1269 de 2003 modificado
por el art�culo 1 del Decreto
984 de 2010)
Art�culo 2.10.1.3.1. Garant�a de cr�ditos destinados al mejoramiento de vivienda. El Banco de la Rep�blica en su calidad de administrador de los
recursos del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de Cartera Hipotecaria �
FRECH - transferir� al Fondo Nacional de Garant�as, con cargo a los recursos
del FRECH, doce mil quinientos millones de pesos ($12.500.000.000), para que
garantice cr�ditos otorgados por establecimientos de cr�dito dirigidos a
financiar el mejoramiento de vivienda en los t�rminos del presente cap�tulo.
Para tal efecto, el Banco de la Rep�blica como administrador del FRECH
transferir� los mencionados recursos al Fondo Nacional de Garant�as de
conformidad con las instrucciones que imparta el Viceministerio T�cnico del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
La ejecuci�n del programa se har� de acuerdo
con las pol�ticas generales que para el efecto defina la Junta Directiva del
Fondo Nacional de Garant�as.
(Art 1 Decreto
1142 de 2009, modificado por el Art 1 del Decreto
2731 de 2009, modificado por el Art 1 del Decreto
2497 de 2010)
Art�culo
2.10.1.3.2. Condiciones
de los cr�ditos garantizados. Los cr�ditos individuales de vivienda
objeto de la presente garant�a, deber�n cumplir las siguientes condiciones:
a) La
destinaci�n del cr�dito ser� exclusivamente el mejoramiento de unidades
habitacionales; rurales o urbanas.
b) El monto
del cr�dito no podr� superar la suma de treinta millones de pesos
($30.000.000.00) al momento de su desembolso.
c) Los
cr�ditos a que se refiere esta disposici�n podr�n estar cubiertos por garant�as
diferentes a las hipotecarias.
d) Para el
pago de las obligaciones contra�das podr� utilizarse el sistema de descuento
por n�mina por parte del empleador (libranza), en cuyo caso podr� accederse a
una cobertura del 70% del saldo del cr�dito.
Para tal efecto, el empleador est�
obligado a descontar por n�mina y a girar mensualmente los recursos
correspondientes a la entidad respectiva.
Respecto de aquellos cr�ditos que tengan
una modalidad de pago diferente de la libranza, la garant�a a otorgarse ser�
equivalente al 50 % del saldo del cr�dito.
e) Las
garant�as previstas en el presente cap�tulo se aplicar�n por una sola vez, a un
cr�dito de mejoramiento de vivienda por sujeto de cr�dito en calidad de deudor
principal o solidario. En ning�n caso, una misma persona podr� tener m�s de un
cr�dito objeto de la garant�a del presente programa.
f) Ser�n
objeto de garant�a los cr�ditos destinados al mejoramiento de vivienda que
hubiesen sido otorgados a partir del 1� de abril de 2009 y hasta el agotamiento
de los recursos destinados para este programa.
Par�grafo 1�. El Fondo Nacional de Garant�as
definir� mediante Resoluci�n a los establecimientos de cr�dito dispuestos a
colocar cr�ditos de manera directa o por intermedio de otras entidades
especializadas, los controles que permitan verificar claramente las condiciones
de acceso a la garant�a, as� como la correcta destinaci�n de los recursos
desembolsados con tal prop�sito.
Par�grafo 2�. La Junta Directiva del Fondo
Nacional de Garant�as establecer� los t�rminos y condiciones de las garant�as
de que trata el presente cap�tulo.
(Art 2 Decreto
1142 de 2009, literales e) y f) adicionados por
el Decreto
2497 de 2010)
Art�culo
2.10.1.3.3. Direccionamiento
del cr�dito cubierto por la garant�a. La utilizaci�n de los recursos de
cr�dito otorgados con la garant�a contemplada en el presente cap�tulo en
prop�sitos distintos del mejoramiento de vivienda, conllevar� la terminaci�n
inmediata de la garant�a, as� como las consecuencias previstas en el art�culo
311 del C�digo Penal, sobre "Aplicaci�n fraudulenta de cr�dito
oficialmente regulado�.
(Art. 3 del Decreto
1142 de 2009)
Art�culo
2.10.1.3.4. Restituci�n de recursos. El Viceministerio T�cnico del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
definir� en su oportunidad, la forma de restituci�n al FRECH tanto de los
recursos que no sean utilizados en desarrollo de la ejecuci�n del presente
Cap�tulo, as� como los rendimientos que se generen sobre los mismos.
(Art. 3 del Decreto
2497 de 2010)
Art�culo 2.10.1.4.1. Cobertura para cr�ditos individuales de vivienda. El Banco de la Rep�blica es quien estaba autorizado, en su calidad de
administrador del FRECH para ofrecer con recursos de este fondo una cobertura
condicionada para facilitar la financiaci�n de vivienda. Dicha cobertura
consiste en una permuta financiera calculada sobre la tasa de inter�s pactada
en cr�ditos nuevos que fueron otorgados por establecimientos de cr�dito a
deudores individuales de cr�dito hipotecario de vivienda nueva que cumplieran
las condiciones que se establec�an en el presente cap�tulo y, en todo caso,
�nicamente durante los primeros siete (7) a�os de vida del cr�dito.
Los deudores
individuales de cr�dito hipotecario de vivienda nueva que optaron por la
cobertura prevista en el presente cap�tulo, deb�an manifestar por escrito al
establecimiento de cr�dito su intenci�n de recibirla, con un se�alamiento
expreso de conocer los t�rminos de su otorgamiento y p�rdida. La vigencia de
dicha cobertura estar� condicionada a que en los primeros siete (7) a�os de
vida del cr�dito no se incurra en mora por m�s de tres (3) meses consecutivos.
En este evento,
es decir de presentarse una mora en la atenci�n de un cr�dito beneficiario de
la cobertura por m�s de tres (3) meses consecutivos, el beneficio de la
cobertura se perder� definitivamente.
No obstante, el
tratamiento en caso de retraso o mora inferiores al t�rmino se�alado en
precedencia ser� objeto de instrucci�n por parte del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, como parte del procedimiento de acceso y vigencia de la
cobertura.
Par�grafo.� La Resoluci�n 954 de 2009
expedida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y todas aqu�llas que
la modifiquen, sustituyan o adicionen, establece las instrucciones al Banco de la Rep�blica, en su calidad de
administrador del FRECH, relativas al procedimiento que deben cumplir los
deudores individuales de vivienda beneficiarios de la cobertura y la forma como
los establecimientos de cr�dito certifican el cumplimiento de la condici�n a
cargo de los deudores referida al pago oportuno, as� como los dem�s aspectos
procedimentales derivados de la aplicaci�n del presente cap�tulo.
En todo caso,
el Banco de la Rep�blica, en su calidad de administrador del FRECH, podr�
contratar con un tercero la operaci�n del esquema de cobertura previsto en el presente
cap�tulo, con cargo a los recursos del FRECH.
(Art 1 Decreto 1143 de 2009)
Art�culo 2.10.1.4.2. Condiciones generales para quienes accedieron a la cobertura. Deber�n cumplirse las siguientes condiciones:
1. Solo aplicaba a un cr�dito individual de vivienda nueva por sujeto de
cr�dito, siempre que sea otorgado por los establecimientos de cr�dito:
a) Cr�ditos
que no hubiesen sido desembolsados a 1 de abril de 2009, pero que se hayan
desembolsado antes del 31 de marzo de 2012 o hasta la fecha en que se agotaron
el n�mero de cupos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
y que cumplen las dem�s condiciones previstas en este art�culo.
b) Cr�ditos aprobados con posterioridad al 1 de abril de 2009, y que se
hubiesen desembolsado antes del 31 de marzo de 2012 o hasta la fecha en que se
agotaron el n�mero de cupos establecidos por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico y que cumplen las dem�s condiciones contempladas en este
art�culo.
c) La subrogaci�n de un cr�dito objeto de la cobertura descrita en el
presente cap�tulo, genera la p�rdida de la misma.
2. Los recursos de los cr�ditos de que trata el presente cap�tulo deben
destinarse exclusivamente para financiar la construcci�n de vivienda propia, o
la compra de vivienda nueva.
3. La cobertura opera de acuerdo con la siguiente graduaci�n, seg�n los
valores de la respectiva vivienda:
3.1. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el aval�o del
establecimiento de cr�dito, sea de hasta ciento treinta y cinco (135) salarios m�nimos
mensuales legales vigentes (SMMLV): La entidad
otorgante del cr�dito se compromete a entregar al FRECH el equivalente mensual
de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a su equivalente en
pesos cuando �sta se encuentre referida a la UVR, menos el equivalente mensual
de cinco (5) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del
cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.
Por su parte, el FRECH se compromete a entregar el equivalente mensual de la
tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a su equivalente en pesos
cuando �sta se encuentre referida a la UVR, liquidada sobre el saldo remanente
del cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre referido a la
UVR.
Durante la vigencia de la
cobertura el deudor pagar� mensualmente el equivalente mensual de la tasa de
inter�s pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando �sta se encuentre
referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cinco (5) puntos
porcentuales, liquidada sobre el saldo remanente del cr�dito, a su vez
convertido en pesos cuando se encuentre referido a la UVR.
3.2. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el aval�o del
establecimiento de cr�dito, sea mayor a ciento treinta y cinco (135) SMMLV y
hasta doscientos treinta y cinco (235) SMMLV: La
entidad otorgante del cr�dito se compromete a entregar al FRECH el equivalente
mensual de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a su
equivalente en pesos cuando �sta se encuentre referida a la UVR, menos el
equivalente mensual de cuatro (4) puntos porcentuales, liquidados sobre el
saldo remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre
referido a la UVR. Por su parte, el FRECH se compromete a entregar el
equivalente mensual de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a
su equivalente en pesos cuando �sta se encuentre referida a la UVR, liquidada
sobre el saldo remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se
encuentre referido a la UVR.
�
Durante la vigencia de la
cobertura el deudor pagar� mensualmente el equivalente mensual de la tasa de
inter�s pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando �sta se encuentre
referida a la UVR, menos el equivalente mensual de cuatro (4) puntos porcentuales,
liquidada sobre el saldo remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos
cuando se encuentre referido a la UVR.
3.3. Vivienda cuyo valor de venta o comercial, de acuerdo con el aval�o del
establecimiento de cr�dito, sea mayor a doscientos treinta y cinco (235) SMMLV
y hasta trescientos treinta y cinco (335) SMMLV: La
entidad otorgante del cr�dito se compromete a entregar al FRECH el equivalente
mensual de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a su
equivalente en pesos cuando �sta se encuentre referida a la UVR, menos el
equivalente mensual de tres (3) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo
remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se encuentre
referido a la UVR. Por su parte, el FRECH se compromete a entregar el equivalente
mensual de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito, convertida a su
equivalente en pesos cuando �sta se encuentre referida a la UVR, liquidada
sobre el saldo remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos cuando se
encuentre referido a la UVR.
Durante la vigencia de la
cobertura el deudor pagar� mensualmente el equivalente mensual de la tasa de
inter�s pactada, convertida a su equivalente en pesos cuando �sta se encuentre
referida a la UVR, menos el equivalente mensual de tres (3) puntos porcentuales,
liquidada sobre el saldo remanente del cr�dito, a su vez convertido en pesos
cuando se encuentre referido a la UVR.
�
Par�grafo 1. El pago producto de la permuta descrita en los numerales anteriores se
har� por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes.
Par�grafo 2. Los locatarios en contratos nuevos de leasing habitacional pod�an
optar por la cobertura aqu� prevista, la cual se aplica sobre el valor del
canon mensual y s�lo en el evento en el que efectivamente se ejerza la opci�n de
compra por parte del locatario. En caso contrario, es decir, de no ejercer la
mencionada opci�n, deber� restituirse el valor de la cobertura de la que fue
beneficiario. Estos contratos de leasing habitacional deben cumplir con los
mismos requisitos previstos para los cr�ditos individuales de vivienda de que
trata el presente cap�tulo.
Par�grafo 3. Dado que la cobertura prevista est� dirigida a los nuevos deudores
individuales de cr�dito de vivienda, en los procesos de titularizaci�n, cesi�n,
venta o enajenaci�n de cualquier especie de la cartera por parte de la entidad
financiera, el mismo se mantendr� vigente.
Par�grafo 4. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico al establecer las
condiciones de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes
intervinientes en el mecanismo de la cobertura, podr� se�alar eventos de
terminaci�n anticipada de los beneficios de la cobertura para los deudores, as�
como la imposibilidad de presentar las cuentas de cobro para los
establecimientos de cr�dito en caso de tramitaci�n indebida y/o inoportuna de
las mismas o de sus soportes, en cuyo caso no se ver� afectado el derecho del
deudor.
(Art. 2 Decreto 1143 de 2009, Literales a) y b) del
numeral 1 modificados por el art�culo 1 del Decreto 1729 de 2009, modificados por el
art�culo 1 del Decreto 1176 de 2010, modificados por el
art�culo 1 del Decreto 4864 de 2011, par�grafo cuarto
adicionado por el art�culo 2 del Decreto 1729 de 2009)
Art�culo 2.10.1.5.1.1.
Cobertura de tasa de inter�s para la
financiaci�n de vivienda nueva. El Gobierno
Nacional, a trav�s del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de Cartera
Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la Rep�blica, ofreci�
coberturas de tasa de inter�s para facilitar la financiaci�n de vivienda nueva,
a trav�s de cr�ditos para la compra de vivienda y contratos de leasing
habitacional, de acuerdo con la focalizaci�n, condiciones y t�rminos
establecidos en el presente cap�tulo, y la reglamentaci�n que para el efecto ha
expedido el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
El Banco de la Rep�blica, como administrador
del FRECH, cre� una subcuenta para el manejo de los recursos requeridos para la
cobertura que por el presente cap�tulo se establece, separada y diferenciada
presupuestal y contablemente de los dem�s recursos del FRECH, la cual se
denomina FRECH � Contrac�clico 2013.
La cobertura consiste en una permuta
financiera calculada sobre la tasa de inter�s pactada en cr�ditos o contratos
de leasing habitacional, otorgados por los establecimientos de cr�dito a
deudores que cumplan las condiciones que se establecen en el presente cap�tulo
y en la normativa aplicable. La cobertura solo ser� aplicable durante los
primeros siete (7) a�os de vigencia contados a partir del desembolso del
cr�dito o de la fecha de inicio del contrato de leasing habitacional.
�
La permuta financiera consiste en un
intercambio de flujos que se presenta cuando el establecimiento de cr�dito
entrega al FRECH � Contrac�clico 2013 el equivalente mensual de la tasa de
inter�s pactada en el cr�dito o contrato de leasing habitacional, descontando
lo correspondiente a la cobertura y el FRECH � Contrac�clico 2013 a su vez
entrega al establecimiento de cr�dito el equivalente mensual de la tasa de
inter�s pactada en el cr�dito o contrato de leasing habitacional. Cuando se
trate de operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de inter�s
pactada en el cr�dito o contrato de leasing habitacional se convertir� a su
equivalente en pesos.
El pago producto de la permuta financiera por
parte del FRECH � Contrac�clico 2013 a los establecimientos de cr�dito se
realizar� por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas
del intercambio de flujos.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
por medio de la Resoluci�n 1263 del 24 de abril de 2013 y todas aqu�llas que la
modifiquen, sustituyan o adicionen, ha se�alado al Banco de la Rep�blica y a
los establecimientos de cr�dito, entre otras cosas, los t�rminos y condiciones
para realizar el intercambio de flujos derivados de la cobertura y precisa el
alcance y contenido de los contratos marco de cobertura a que se refiere el
art�culo 2.10.1.5.5.1. de este cap�tulo, as� mismo ha se�alado a los
Establecimientos de Cr�dito los aspectos derivados de la aplicaci�n del
presente cap�tulo.
(Art. 1 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.1.2.
Graduaci�n de la cobertura. La cobertura prevista en el presente cap�tulo es graduada de acuerdo
con el valor de la vivienda financiada a los deudores del cr�dito o locatarios
del leasing habitacional que la soliciten, seg�n los siguientes segmentos:
1. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el aval�o del establecimiento
de cr�dito, sea mayor a ciento treinta y cinco salarios m�nimos mensuales
legales vigentes (135 SMMLV) y hasta doscientos treinta y cinco salarios
m�nimos mensuales legales vigentes (235 SMMLV), la cobertura es equivalente a
2,5 puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del cr�dito o del
contrato de leasing habitacional.
2. Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el aval�o del establecimiento
de cr�dito, sea mayor a doscientos treinta y cinco salarios m�nimos mensuales
legales vigentes (235 SMMLV) y hasta trescientos treinta y cinco salarios
m�nimos mensuales legales vigentes (335 SMMLV), la cobertura es equivalente a
2,5 puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo remanente del cr�dito o del
contrato de leasing habitacional.
El deudor del cr�dito o locatario del leasing
habitacional beneficiarios de la cobertura, durante la vigencia de la misma,
pagar� mensualmente a los establecimientos de cr�dito, el equivalente mensual
de la tasa de inter�s pactada para el respectivo per�odo, descontando lo correspondiente
a la cobertura, de acuerdo con la graduaci�n establecida en los numerales 1 y 2
del presente art�culo. Cuando se trate de operaciones en UVR, el equivalente
mensual de la tasa de inter�s pactada en el cr�dito o contrato de leasing
habitacional se convertir� a pesos.
En el evento que por cualquier circunstancia
el establecimiento de cr�dito cobre al deudor una tasa de inter�s diferente a
la pactada, la tasa de inter�s efectivamente cobrada ser� la utilizada para el
c�lculo del intercambio de flujos derivado de la cobertura. En ning�n caso la
cobertura resultante podr� ser superior a la tasa pactada del cr�dito o a la
efectivamente cobrada al deudor seg�n sea el caso
(Art. 2 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.1.3.
Condiciones para quienes accedieron a la
cobertura. Los deudores del cr�dito o locatarios
del contrato de leasing habitacional, para acceder a la cobertura deb�an
cumplir la siguiente condici�n, adem�s de las previstas en este cap�tulo y en
la reglamentaci�n que se ha expedido para el efecto.
No haber sido beneficiario a cualquier t�tulo
de las coberturas establecidas en el presente cap�tulo o de aquellas otorgadas
en desarrollo de lo dispuesto en el Cap�tulo 4 del presente t�tulo y en el
Decreto 1190 de 2012 compilado en el Decreto �nico Reglamentario del Sector
Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio y las normas que los
reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
�
Los beneficiarios deben haber manifestado por
escrito al establecimiento de cr�dito, su intenci�n de recibirla, antes del
desembolso del cr�dito o de la suscripci�n del respectivo contrato de leasing
habitacional, se�alando expresamente que conocen y aceptan los t�rminos y
condiciones para el acceso, vigencia y terminaci�n anticipada de la cobertura,
en particular que el beneficio de la cobertura estaba sujeto a la
disponibilidad de coberturas para los cr�ditos y contratos de leasing al
momento del desembolso del cr�dito o del inicio del contrato de leasing.
Los establecimientos de cr�dito deben
verificar y controlar lo relativo a la condici�n de acceso a la cobertura
establecida en el presente art�culo, de conformidad con lo previsto en el
art�culo 2.10.1.5.6.1 del presente cap�tulo.
(Art. 3 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.1.4.
Cr�ditos o Contratos de Leasing
Habitacional que eran elegibles. La cobertura se
aplica a los cr�ditos o contratos de leasing habitacional que cumplen, como
m�nimo, con las condiciones que a continuaci�n se relacionan y, las dem�s que
se prevean en las normas que reglamenten, modifiquen, adicionen, sustituyan o
complementen el presente cap�tulo.
1. Financiaci�n objeto de la cobertura: Cr�ditos
o contratos de leasing habitacional que se otorgaron por los establecimientos
de cr�dito para financiar el acceso a una vivienda nueva.
Por vivienda nueva, se
entender� la que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en
construcci�n y la que estando terminada no haya sido habitada.
En cualquier caso, no se
consideran elegibles para efectos de la cobertura los siguientes cr�ditos o
contratos de leasing habitacional:
a) Los
otorgados para la reparaci�n, subdivisi�n o ampliaci�n del inmueble.
b) Los
originados en las reestructuraciones, refinanciaciones o consolidaciones.
2. Fecha de desembolso: Cr�ditos que se hayan
desembolsado o contratos de leasing habitacional que hayan iniciado a partir
del 6 de mayo de 2013 y hasta la fecha en que se agotaron el n�mero de
coberturas establecidas por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
3. Unicidad: La cobertura se aplica a un cr�dito
individual de vivienda nueva o contrato de leasing habitacional nuevo por
sujeto de cr�dito, a cualquier t�tulo.
4. Tasa de inter�s pactada: Corresponder� a la
tasa de inter�s remuneratoria de los cr�ditos y contratos de leasing
habitacional.
a) Para las viviendas de que trata el numeral 1 del art�culo 2.10.1.5.1.2�
del presente cap�tulo, cuando se trata de cr�ditos y contratos de leasing
habitacional denominados en moneda legal, la tasa de inter�s pactada no puede�
exceder de 9,5 puntos porcentuales efectivos anuales.
Cuando se trata de
cr�ditos y contratos de leasing habitacional denominados en UVR, la tasa de
inter�s pactada no puede exceder de 6,5 puntos porcentuales efectivos anuales,
calculados sobre la UVR;
b) Para las viviendas de que trata el numeral 2 del art�culo 2.10.1.5.1.2
del presente cap�tulo, cuando se trate de cr�ditos y contratos de leasing
habitacional denominados en moneda legal, la tasa de inter�s pactada no puede�
exceder de 10,5 puntos porcentuales efectivos anuales.
Cuando se trate de
cr�ditos y contratos de leasing habitacional denominados en UVR, la tasa de
inter�s pactada no puede exceder de 7,5 puntos porcentuales efectivos anuales,
calculados sobre el UVR.
(Art. 4 Decreto
701 de 2013, numeral 4 modificado por el Art. 2
del Decreto
154 de 2014)
Art�culo 2.10.1.5.1.5.
L�mite de Coberturas. El n�mero de coberturas disponibles definidas por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, al que se refiere el art�culo 2.10.1.5.1.2. de la
presente secci�n, que pod�an ser� objeto del beneficio previsto en este
Cap�tulo 5, no pod�a superar 12.600 coberturas para los cr�ditos desembolsados
o contratos de leasing habitacional iniciados a partir de febrero 5 de 2014,
siempre y cuando existiera disponibilidad presupuestal para el efecto.
(Art. 1 Decreto
154 de 2014)
2.10.1.5.2.1. Terminaci�n anticipada de la cobertura. La
cobertura se terminar� en forma anticipada en los siguientes eventos:
- Por pago anticipado del cr�dito o
hacer uso de la opci�n de compra trat�ndose de contratos de leasing
habitacional.
- Por mora en el pago de tres (3)
cuotas o c�nones consecutivos a cargo del deudor o locatario del leasing
habitacional. En este caso, la cobertura se perder� a partir del d�a
siguiente al vencimiento de la �ltima cuota o canon incumplido.
- Por petici�n del deudor o locatario.
- Por cesi�n del cr�dito por parte del
deudor.
- Por cesi�n del contrato de leasing
habitacional, por parte del locatario.
- Por reestructuraci�n del cr�dito o
del contrato de leasing habitacional que implique el incremento de los
montos o saldos de las obligaciones o ampliaci�n del plazo de los cr�ditos
o los contratos.
- Por aceleraci�n del plazo conforme a
los t�rminos contractuales.
- Las dem�s que establezca el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de acuerdo a la naturaleza y
finalidad de la cobertura.
Par�grafo.
La cobertura se mantendr� vigente en los casos de cesi�n, venta o enajenaci�n
de la cartera con cobertura, entre establecimientos de cr�dito, y en los
procesos derivados de titularizaci�n de cartera con cobertura.
Par�grafo Transitorio. El otorgamiento de periodos de
gracia o pr�rrogas en capital e intereses y/o la aplicaci�n de cualquier medida
para la redefinici�n o modificaci�n de las condiciones, tales como aumentos de
los montos o saldos de las obligaciones o ampliaciones del plazo, en los
cr�ditos para adquisici�n de vivienda o contratos de leasing habitacional que
cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de inter�s, que se pacten entre
los beneficiarios y la respectiva entidad en el marco de las instrucciones
impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante circulares externas
007, 014 Y 022 de 2020 y las dem�s que las adicionen, modifiquen o
complementen, no se entender� como causal de terminaci�n anticipada de la
cobertura.
Las entidades que otorguen periodos de
gracia o pr�rrogas en capital e intereses
o apliquen medidas orientadas a la redefinici�n
o modificaci�n de las condiciones a los cr�ditos para adquisici�n de vivienda o
contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de
tasa de inter�s, deber�n informar dicha circunstancia al Banco de la Rep�blica
como administrador del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera
Hipotecaria -FRECH.
En todo caso, el reconocimiento y pago de
la cobertura mensual por parte del FRECH no podr� exceder el monto mensual
proyectado para la cobertura de cada cr�dito para adquisici�n de vivienda o
contrato de leasing habitacional, de acuerdo con el acto administrativo que
para el efecto expida el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, ni se
entender� que las condiciones anteriormente se�aladas generan una ampliaci�n en
el plazo de la cobertura.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico dar� al Banco de la Rep�blica, como administrador del FRECH y a los
establecimientos de cr�dito las instrucciones relacionadas con el intercambio
de flujos y las dem�s a que haya lugar para hacer efectivo lo dispuesto en el
presente par�grafo transitorio.
(Par�grafo
Transitorio modificado por Art. 1, Decreto 1420 de 2020, Par�grafo Transitorio Adicionado por el
Art. 1, Decreto 493 de 2020; Art. 5 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.3.1.
Recursos para la cobertura. Los recursos del FRECH que fueron comprometidos para las coberturas
otorgadas en el Cap�tulo 4 del T�tulo 1 de la presente parte, de acuerdo con el
documento elaborado por el Viceministerio T�cnico del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico de fecha 19 de marzo de 2013, fueron utilizados para el
otorgamiento y pago de las coberturas previstas en este cap�tulo y transferidos
a la subcuenta denominada FRECH � Contrac�clico 2013.
Los recursos adicionales requeridos para el
otorgamiento y pago de las coberturas previstas en este cap�tulo, fueron
apropiados en el Presupuesto General de la Naci�n, y comprometidos con cargo al
presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a favor del FRECH �
Contrac�clico 2013, dando cumplimiento a las disposiciones en materia
presupuestal.
La apropiaci�n de estos recursos debi�
guardar concordancia con la disponibilidad fiscal establecida tanto en el Marco
de Gasto de Mediano Plazo del sector, as� como en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo.
(Art. 6 Decreto
701 de 2013)
�
Art�culo 2.10.1.5.3.2.
Giro de los recursos. Los recursos asignados para financiar la cobertura de que trata el
presente cap�tulo, que no hagan parte de los que se transfieran del FRECH, de
acuerdo con el art�culo anterior, ser�n girados a la subcuenta denominada FRECH
� Contrac�clico 2013 en la oportunidad que establezca el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico de conformidad con los compromisos que se deriven del
otorgamiento, ejecuci�n y vencimiento de dichas coberturas.
El Viceministerio T�cnico del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico definir� el procedimiento, oportunidad, plazo y
cuant�as requeridas para el giro al FRECH � Contrac�clico 2013 de los recursos
l�quidos necesarios para el cubrimiento y pago de las coberturas de que trata
el presente cap�tulo.
El Banco de la Rep�blica, como administrador
del FRECH, no ser� responsable por el cubrimiento y pago de las coberturas de
que trata este cap�tulo cuando el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no
haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias para el pago de
estas coberturas y cuando el Ministerio no haya hecho la entrega y giro de los
recursos correspondientes al FRECH � Contrac�clico 2013.
Los tr�mites de apropiaci�n, ejecuci�n,
registro y desembolso presupuestales estar�n a cargo del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico.
Par�grafo.
Los gastos en que incurra el Banco de la Rep�blica en la realizaci�n de la
permuta financiera se har�n con cargo a los recursos del FRECH.
(Art. 7 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.3.3.
Restituci�n de los recursos de la
cobertura. Las sumas provenientes de las
restituciones de recursos que deban realizar los establecimientos de cr�dito al
FRECH � Contrac�clico 2013 respecto de cr�ditos cuyos deudores o locatarios no
tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso, o por haber
perdido la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la cobertura, o
cualquier otra suma que deba restituirse, ser�n trasladadas a la subcuenta
FRECH � Contrac�clico 2013. El Viceministerio T�cnico del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico impartir� las instrucciones para la restituci�n de
estos recursos.
(Art. 8 Decreto
701 de 2013)
Art�culo 2.10.1.5.3.4.
Nuevos Recursos para la Cobertura. Los recursos del FRECH que no fueron comprometidos para el pago de las
coberturas otorgadas en el Cap�tulo 4 del T�tulo 1 de la presente parte 10,
podr�n ser utilizados para el pago de las coberturas previstas en este cap�tulo
y transferidos a la subcuenta denominada FRECH-Contrac�clico 2013.
(Art. 1 Decreto
2454 de 2015)
2.10.1.5.4.1. Inversi�n de los recursos del FRECH. El Banco de la Rep�blica invertir� los recursos del FRECH con criterios
de seguridad, liquidez y rentabilidad, en los t�rminos y condiciones que
establezca el Comit� de Inversiones del FRECH de que trata el art�culo
2.10.1.1.6 del Cap�tulo 1 del presente T�tulo.
(Art. 9 Decreto
701 de 2013)
2.10.1.5.5.1. Contratos marco de permuta financiera de tasas de inter�s. Los establecimientos de cr�dito que accedieron� a la cobertura
ofrecida por el Gobierno Nacional a trav�s del FRECH � Contrac�clico 2013,
debieron� celebrar con el Banco de la Rep�blica, como administrador del FRECH,
un contrato marco de permuta financiera de tasas de inter�s para realizar el
intercambio de flujos derivado de la cobertura prevista en este cap�tulo.
Dichos contratos marco deben tener en cuenta
de conformidad con lo dispuesto en este cap�tulo y dem�s normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, entre otras, las
siguientes obligaciones:
�
1. Para los establecimientos de cr�dito:
a) Informar
al FRECH � Contrac�clico 2013, para su registro, los cr�ditos y contratos de
leasing habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo
dispuesto en este cap�tulo.
b) Presentar
al FRECH � Contrac�clico 2013, la cuenta de cobro correspondiente a los
cr�ditos desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a
la cobertura, registrados en el FRECH � Contrac�clico 2013, por el valor neto
del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo
dispuesto en este cap�tulo.
c) Certificar
al Banco de la Rep�blica, como administrador del FRECH:
ii) Que los cr�ditos o contratos de leasing habitacional objeto de la
cobertura cumplen los requisitos y condiciones establecidos para el acceso y
vigencia de la cobertura de tasa de inter�s, se�alados en los art�culos
2.10.1.5.1.2, 2.10.1.5.1.3, 2.10.1.5.1.4, 2.10.1.5.3.3. y 2.10.1.5.6.1 de este
cap�tulo.
iii) La
veracidad de toda la informaci�n enviada al FRECH � Contrac�clico 2013, en
concordancia con los requisitos y condiciones para el acceso, vigencia,
terminaci�n anticipada, de la cobertura de tasa de inter�s y aquella
relacionada con el intercambio de flujos, establecidos en este cap�tulo y en la
normativa aplicable.
iv) Los
cr�ditos o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH � Contrac�clico
2013, que no tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas
de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en este cap�tulo.
d) Suministrar
la informaci�n que requiera el Banco de la Rep�blica para la realizaci�n de la
permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto.
e) Restituir
a la subcuenta FRECH � Contrac�clico 2013 los recursos de que trata el art�culo
2.10.1.5.3.3 del presente cap�tulo.
�
2. Para el Banco de la Rep�blica:
a) Validar
que el contenido de la informaci�n remitida por los establecimientos de cr�dito
al FRECH � Contrac�clico 2013, para efectos del registro de los cr�ditos
desembolsados o contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura y
para el pago de la misma, sea consistente con el presente cap�tulo y su
reglamentaci�n.
b) Registrar
en el FRECH � Contrac�clico 2013, atendiendo la fecha de recibo en el Banco de
la Rep�blica en orden de llegada, los cr�ditos desembolsados o contratos de
leasing habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el n�mero
de coberturas disponibles para los cr�ditos y contratos de leasing establecidos
por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el n�mero de cr�ditos y
contratos de leasing habitacional con cobertura registrados en el FRECH �
Contrac�clico 2013, de acuerdo con lo informado por los establecimientos de
cr�dito.
c) Pagar
el valor neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, de
acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
d) Excluir
de la cobertura los cr�ditos o contratos de leasing habitacional registrados en
el FRECH � Contrac�clico 2013, que no tengan derecho a esta y registrar las
terminaciones anticipadas de la misma, as� como los cr�ditos o contratos
respecto de los cuales no sea posible realizar el intercambio de flujos, de
conformidad con la informaci�n presentada por los establecimientos de cr�dito.
e) Informar
mensualmente a los establecimientos de cr�dito y al Viceministerio T�cnico del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el n�mero de cr�ditos desembolsados y
los contratos de leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en
el FRECH � Contrac�clico 2013.
Par�grafo 1�. En los contratos marco se estipular� que los establecimientos de
cr�dito perder�n la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la
cobertura en los eventos que defina el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, cuando haya lugar a ello, de acuerdo con la naturaleza y prop�sito de
dicho mecanismo.
Par�grafo 2�. En todo caso el registro y pago de la cobertura estar� condicionada a
la suscripci�n de los contratos marco aqu� establecidos, entre los
establecimientos de cr�dito y el Banco de la Rep�blica.
(Art. 10 Decreto
701 de 2013)
2.10.1.5.6.1. Responsabilidad de los establecimientos de cr�dito. Los establecimientos de cr�dito son los �nicos responsables de
verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el
acceso, vigencia, y terminaci�n anticipada de la cobertura de tasa de inter�s a
los cr�ditos o contratos de leasing habitacional de que trata el presente
cap�tulo; as� como de la veracidad de la informaci�n presentada al FRECH �
Contrac�clico 2013 y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
contrato marco que suscriba con el Banco de la Rep�blica.
Los
establecimientos de cr�dito deb�an informar a los potenciales deudores de
cr�ditos de vivienda y locatarios de contratos de leasing habitacional acerca
de las condiciones de acceso, vigencia, y terminaci�n anticipada de la
cobertura, en las condiciones establecidas en el presente cap�tulo y dem�s
normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan,
as� como las dem�s condiciones que establezca la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Los
establecimientos de cr�dito no pod�an desembolsar cr�ditos o suscribir contratos
de leasing con derecho a la cobertura, sin haber recibido de parte de los
potenciales deudores de los cr�ditos y locatarios de leasing habitacional, la
manifestaci�n escrita prevista en el art�culo 2.10.1.5.1.3 de este cap�tulo.
Igualmente
los establecimientos de cr�dito, deber�n haber informado al deudor o locatario:
a) que su cobertura se encuentra sujeta a que en el momento del desembolso
o al inicio del contrato de leasing no se hayan agotado las coberturas
disponibles y,
b) en el extracto de la obligaci�n, el c�lculo y aplicaci�n de la
cobertura, y remitir dentro de la proyecci�n anual de los cr�ditos individuales
de vivienda lo que corresponda a la discriminaci�n de los valores del
beneficio.
Los
establecimientos de cr�dito debieron implementar un mecanismo que les
permitiera verificar al momento de efectuar el desembolso del cr�dito o del
inicio del contrato de leasing habitacional:
i) La disponibilidad de coberturas para cada uno de los segmentos de
vivienda establecidos y, en esa medida, no pod�an desembolsar cr�ditos o dar
inicio del contrato de leasing habitacional con derecho a la cobertura, en
exceso del n�mero de coberturas que estableci� el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, so pena de asumir el pago de la misma con sus propios
recursos.
ii) Que la cobertura se hubiere otorgado �nicamente a un cr�dito o contrato
de leasing habitacional y que aquella se aplique a los deudores del cr�dito o
locatarios del contrato de leasing habitacional, a cualquier t�tulo. As� mismo,
debieron verificar que los potenciales deudores o locatarios no hab�an sido
beneficiarios, a cualquier t�tulo, de la cobertura establecida en el presente
cap�tulo o de aquellas otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el Cap�tulo 4
de la presente parte y el Decreto 1190 de 2012 compilado en el Decreto �nico
Reglamentario del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio y las
normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
Corresponde
a los establecimientos de cr�dito determinar al momento del inicio del contrato
de leasing o del desembolso del cr�dito si tienen derecho a la cobertura y en
este evento, informarlo al Banco de la Rep�blica para efectos de su registro y
pago de la cobertura y comunicar lo pertinente a los deudores de los cr�ditos o
a los locatarios del contrato seg�n sea el caso.
El
uso de los recursos otorgados como cobertura no puede destinarse a prop�sitos diferentes
a los indicados en el presente cap�tulo y las normas que lo reglamenten,
complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de incurrir en la
conducta descrita en el art�culo 311 del C�digo Penal.
(Art. 11 Decreto
701 de 2013)
2.10.1.6.1.
Nuevas entidades que pueden realizar
operaciones de tesorer�a con los recursos del FRECH. Las Sociedades Fiduciarias, Sociedades
Comisionistas de Bolsa y Sociedades Administradoras de Inversi�n, as� como los
fondos de inversi�n colectiva por ellas administrados, podr�n realizar
operaciones de tesorer�a, con cargo a los recursos disponibles del Fondo de
Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera Hipotecaria - FRECH. Los t�rminos
y condiciones de estas operaciones ser�n definidas por el Comit� de Inversiones
previsto en el art�culo 2.10.1.1.6.del Cap�tulo 1 del presente t�tulo.
(Art. 1 Decreto
1524 de 2013)
CAP�TULO 7
FRECH PARA LA FINANCIACI�N DE VIVIENDA URBANA NUEVA � FRECH NO VIS
�
SECCI�N 1.
COBERTURA CONDICIONADA DE TASA DE INTER�S PARA CR�DITOS DE VIVIENDA Y
CONTRATOS DE LEASING HABITACIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA FRECH NO VIS
�
Art�culo 2.10.1.7.1.1.
Cobertura condicionada de Tasa de Inter�s para cr�ditos de
vivienda y contratos de leasing habitacional FRECH NO VIS. El Gobierno
nacional, a trav�s del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de Cartera
Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la Rep�blica, ofrecer�
coberturas de tasa de inter�s que faciliten la financiaci�n de vivienda urbana
nueva NO VIS, a trav�s de cr�ditos otorgados por establecimientos de cr�dito y
cajas de compensaci�n familiar para la compra de vivienda y contratos de
leasing habitacional celebrados por los establecimientos de cr�dito, de acuerdo
con la focalizaci�n, las condiciones y t�rminos establecidos en el presente
cap�tulo, y sus modificaciones, y la reglamentaci�n que para el efecto expida
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
El Banco de la
Rep�blica, como administrador del FRECH, crear� una subcuenta para el manejo de
los recursos requeridos para la cobertura que por el presente Cap�tulo se
establece, separada y diferenciada contablemente de los dem�s recursos del
FRECH, la cual se denominar� FRECH NO VIS.
�
La cobertura
consistir� en una permuta financiera calculada sobre la tasa de inter�s pactada
en cr�ditos de vivienda otorgados por los establecimientos de cr�dito y las
cajas de compensaci�n familiar o en contratos de leasing habitacional
celebrados por los establecimientos de cr�dito con locatorios, que cumplan las
condiciones que se establecen en el presente Cap�tulo y en la normativa
aplicable. La cobertura solo ser� aplicable durante los primeros siete (7) a�os
de vigencia contados a partir del desembolso del cr�dito de vivienda o de la
fecha de inicio del contrato de leasing habitacional.
La permuta
financiera consiste en un intercambio de flujos que se presenta cuando el
establecimiento de cr�dito o la caja de compensaci�n familiar, seg�n sea el
caso, entrega al FRECH NO VIS el equivalente mensual de la tasa de inter�s
pactada en el cr�dito de vivienda o contrato de leasing habitacional,
descontando lo correspondiente a la cobertura y el FRECH NO VIS a su vez
entrega, seg�n corresponda, al establecimiento de cr�dito o caja de
compensaci�n familiar el equivalente mensual de la tasa de inter�s pactada en
el cr�dito de vivienda o contrato de leasing habitacional. Cuando se trate de
operaciones en UVR, el equivalente mensual de la tasa de inter�s pactada en el
cr�dito de vivienda o contrato de leasing habitacional se convertir� a su
equivalente en pesos.
El pago
producto de la permuta financiera por parte del FRECH NO VIS a los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar se realizar�
por el monto neto de las obligaciones generadas mes a mes, derivadas del
intercambio de flujos bajo el procedimiento y las condiciones que establezca
para el efecto el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo 1.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, se�alar� al Banco de la Rep�blica,
a los establecimientos de cr�dito y a las cajas de compensaci�n familiar, entre
otros, los t�rminos y condiciones para realizar el intercambio de flujos
derivados de la cobertura, as� como los aspectos derivados de la aplicaci�n del
presente Cap�tulo y el alcance y contenido de los contratos marco de cobertura
a que se refiere el art�culo 2.10.1.7.3.1 de este Decreto.
Par�grafo 2.
Para la aplicaci�n de lo dispuesto en el presente Cap�tulo, las cajas de
compensaci�n familiar deber�n cumplir las condiciones establecidas para el
efecto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentadas en el
art�culo 1� de la Resoluci�n 0178 del 2 de abril de 2020 y dem�s normas que la
modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
(Incisos 1,
3, 4, 5 y par�grafo 1 modificados y �par�grafo 2 adicionado por Art. 1, Decreto 1233 de 2020; Art.1, Decreto 2500 de 2015)
Art�culo 2.10.1.7.1.2.
Cobertura y Segmentos de vivienda. La cobertura
prevista en el presente Cap�tulo se graduar� de acuerdo con el valor de la
vivienda no VIS financiada a los deudores del cr�dito de vivienda o locatarios
del contrato de leasing habitacional que la soliciten as�:
1. La cobertura
ser� de dos punto cinco (2.5) puntos porcentuales, liquidados sobre el saldo
remanente del cr�dito de vivienda otorgado o del contrato de leasing
habitacional celebrado y se aplicar� a:
1.1 Para
los cr�ditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing habitacional
iniciados desde el 5 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 y
desde el10 de febrero de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 se tendr�n en
cuenta los siguientes segmentos:
1.1.1. Viviendas cuyo valor,
de acuerdo con el aval�o del establecimiento de cr�dito, sea mayor a ciento
treinta y cinco (135) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y
hasta doscientos treinta y cinco (235) salarios m�nimos mensuales legales
vigentes (SMMLV).
1.1.2. Viviendas cuyo valor,
de acuerdo con el aval�o del establecimiento de cr�dito, sea mayor a doscientos
treinta y cinco (235) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y
hasta trescientos treinta y cinco (335) salarios m�nimos mensuales legales
vigentes (SMMLV).
1.2 Para
los cr�ditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing habitacional
iniciados desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 y
desde el 12 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre 2018 se tendr� en
cuenta el siguiente segmento:
Viviendas cuyo valor,
de acuerdo con el avalu� del establecimiento de cr�dito, sea mayor a ciento
treinta y cinco (135) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y
hasta cuatrocientos treinta y cinco (435) salarios m�nimos mensuales legales
vigentes (SMML V).
Para efectos de lo
previsto en los subnumerales 1.1. y 1.2. anteriores, cuando por cualquier
circunstancia el establecimiento de cr�dito cobre al deudor o locatario una
tasa de inter�s diferente a la pactada, la tasa de inter�s efectivamente
cobrada ser� la utilizada para el c�lculo del intercambio de flujos derivado de
la cobertura. En ning�n caso la cobertura resultante podr� ser superior a la
tasa pactada o a la efectivamente cobrada al deudor o locatario seg�n sea el
caso.
2. La cobertura
equivaldr� a un monto m�ximo mensual en pesos resultante de dividir cuarenta y
dos (42) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) al momento del
desembolso del cr�dito de vivienda o de inicio del contrato de leasing
habitacional, entre ochenta y cuatro (84) mensualidades, as�:
Para los cr�ditos de
vivienda que se desembolsen o contratos de leasing habitacional que se inicien
a partir del 18 de septiembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 se
tendr�n en cuenta los siguientes segmentos:
2.1 Para viviendas no
ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el Titulo 9 de la Parte
1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 cuyo valor, de acuerdo con el aval�o del
establecimiento de cr�dito o la caja de compensaci�n familiar, sea mayor a
ciento treinta y cinco (135) salarios m�nimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) y hasta quinientos (500) salarios m�nimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).
2.2 Para viviendas
ubicadas en los municipios y distritos establecidos en el Titulo 9 de la Parte
1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, cuyo valor, de acuerdo con el aval�o
del establecimiento de cr�dito o la caja de compensaci�n familiar, sea mayor a
ciento cincuenta (150) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y
hasta quinientos (500) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
El valor de la cobertura se
destinar� a cubrir el monto mensual de los intereses causados sobre el saldo
del capital vigente no vencido del cr�dito de vivienda o del contrato de
leasing habitacional y se abonar� al componente de intereses corrientes de las
primeras ochenta y cuatro (84) cuotas o c�nones mensuales del cr�dito de
vivienda o del contrato de leasing habitacional, seg�n corresponda. En ning�n
caso el monto de la cobertura mensual podr� ser superior al monto causado por
intereses corrientes en el respectivo mes.
Par�grafo
1. El deudor del cr�dito de vivienda o locatario del leasing
habitacional beneficiario de la cobertura, durante la vigencia de la misma,
pagar� mensualmente a los establecimientos de cr�dito o las cajas de
compensaci�n familiar, el equivalente mensual de la tasa de inter�s pactada
para el respectivo per�odo, descontando lo correspondiente a la cobertura.
Cuando se trate de operaciones denominadas en UVR, el equivalente mensual de la
tasa de inter�s pactada en el cr�dito de vivienda o contrato de leasing
habitacional se convertir� a pesos.
En el
evento que por cualquier circunstancia el establecimiento de cr�dito o la caja
de compensaci�n familiar cobre al deudor o locatario, seg�n sea el caso, una
tasa de inter�s diferente a la pactada, la tasa de inter�s efectivamente
cobrada ser� la utilizada para el c�lculo del intercambio de flujos derivado de
la cobertura. En ning�n caso la cobertura resultante podr� ser superior a la
tasa pactada o a la efectivamente cobrada al deudor o locatario seg�n sea el
caso.
Par�grafo 2.
Para los efectos previstos en este Cap�tulo, por vivienda urbana nueva, se
entender� la que se encuentre en proyecto, en etapa de preventa, en
construcci�n y la que estando terminada no haya sido habitada.
Par�grafo 3. Trat�ndose
de la cobertura establecida en el numeral 2 del presente art�culo, para la
adquisici�n de viviendas nuevas que incorporen requisitos de sostenibilidad
conforme con los lineamientos y criterios t�cnicos que para el efecto
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cobertura
equivaldr� a un monto m�ximo mensual en pesos resultante de dividir cincuenta y
dos (52) salarios m�nimos mensuales legales vigentes (SMMLV) al momento del
desembolso del cr�dito de vivienda o del inicio del contrato de leasing
habitacional, entre ochenta y cuatro (84) mensualidades. Esta cobertura estar�
disponible para los cr�ditos de vivienda que se desembolsen o contratos de
leasing habitacional que se inicien a partir del 10 de febrero de 2022 hasta el
31 de diciembre de 2022.
(Adicionado
por art�culo 1 del Decreto 1727 de 2021)
Art�culo 2.10.1.7.1.3.
Condiciones para el acceso a la cobertura. Para
acceder a la cobertura, los potenciales deudores del cr�dito o locatarios del
contrato de leasing habitacional, adem�s de lo previsto en este Cap�tulo y la
reglamentaci�n que se expida para el efecto por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, se sujetar�n a lo siguiente:
1. No haber
sido beneficiarios a cualquier t�tulo, de las coberturas establecidas en el
Decreto n�mero 1077 de 2015 y las normas que los reglamenten, modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan.
�
2. Deber�n
manifestar por escrito al establecimiento de cr�dito o a la caja de compensaci�n
familiar, su intenci�n de recibirla, antes del desembolso del cr�dito de
vivienda o de la suscripci�n del respectivo contrato de leasing habitacional,
se�alando expresamente que conocen y aceptan los t�rminos y condiciones para el
acceso, vigencia y terminaci�n anticipada de la cobertura, y en particular que
el beneficio de la cobertura estar� sujeto a la disponibilidad de coberturas
para los cr�ditos de vivienda o contratos de leasing habitacional al momento
del desembolso del cr�dito o del inicio del contrato de leasing.
�
El derecho a la
cobertura se adquirir� al momento del respectivo desembolso del cr�dito o al
inicio del contrato de leasing, por lo que su acceso se encontrar� sujeto a la
disponibilidad de las coberturas en dicho momento.
�
Los establecimientos
de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar deber�n verificar y controlar
lo relativo a la condici�n de acceso a la cobertura establecida en el presente
art�culo, de conformidad con lo previsto en el art�culo 2.10.1.7.3.2 del
presente Decreto.
Par�grafo. El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico definir� el porcentaje de cupos de
coberturas para cuyo otorgamiento se exigir� que el deudor o locatario no sea
propietario de una vivienda en el territorio nacional y se�alar� la forma como los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar controlar�n
dicho porcentaje.
Par�grafo 2. Para la
cobertura a que hace referencia el Par�grafo 3 del art�culo 2.10.1.7.1.2.
anterior, adicionalmente a lo establecido en el presente art�culo, el deudor o
locatario deber� aportar los documentos que acrediten que la vivienda cumple
con los requisitos de construcci�n sostenible, de conformidad con lo que
establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico se�alar� la forma como los establecimientos de
cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar verificar�n estos requisitos.
(Adicionado
por art�culo 1 del Decreto 1727 de 2021)
Art�culo 2.10.1.7.1.4.
Cr�ditos o Contratos de Leasing Habitacional elegibles.
La cobertura se aplicar� a los cr�ditos o contratos de leasing habitacional que
cumplan, como m�nimo, con las condiciones que a continuaci�n se relacionan y
las dem�s que se prevean en el presente Cap�tulo y dem�s normas que lo
reglamenten, modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.
�
1. Financiaci�n
objeto de la cobertura: Cr�ditos de vivienda o contratos de leasing
habitacional que otorguen los establecimientos de cr�dito o las cajas de
compensaci�n familiar para financiar el acceso a una vivienda urbana nueva en
los t�rminos indicados en el par�grafo 2� del art�culo 2.10.1.7.1.2 de este Decreto.
�
En cualquier
caso, no se considerar�n elegibles para efectos de la cobertura los siguientes
cr�ditos o contratos de leasing habitacional.
�
1.1 Los
otorgados para la reparaci�n, subdivisi�n o ampliaci�n del inmueble;
�
1.2 Los
originados en las reestructuraciones, refinanciaciones o consolidaciones.
�
2. Fecha de
desembolso: Cr�ditos de vivienda que se desembolsen o contratos de leasing
habitacional que inicien a partir del 18 de septiembre de 2020 y que no podr�n
en ning�n caso, m�s all� del 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento del
n�mero de coberturas dispuestas para cada vigencia, de acuerdo con lo previsto
en el art�culo 2.10.1.7.2.4 de este Decreto.
�
3. Unicidad: La
cobertura se otorgar� por una sola vez y se aplicar� a todos los deudores del
cr�dito o locatarios, a cualquier t�tulo.
(Modificado
por Art. 4, Decreto 1233 de 2020; Art.1, Decreto 2500 de 2015, modificado por el Art.2, Decreto 1442 de 2017) ��
�
Art�culo 2.10.1.7.1.5.
Terminaci�n anticipada de la cobertura. La cobertura se terminar� en
forma anticipada en los siguientes eventos.
�
1. Por pago
anticipado del cr�dito o hacer uso de la opci�n de compra trat�ndose de
contratos de leasing habitacional.
�
2. Por mora en
el pago de tres (3) cuotas o c�nones consecutivos a cargo del deudor o
locatario del leasing habitacional. En este caso, la cobertura se perder� a
partir del d�a siguiente al vencimiento de la �ltima cuota o canon incumplido.
�
3. Por petici�n
del deudor o locatario.
�
4. Por cesi�n
del cr�dito por parte del deudor.
�
5. Por cesi�n
del contrato de leasing habitacional, por parte del locatario.
�
6. Por modificaci�n
del cr�dito de vivienda o del contrato de leasing habitacional que implique el
incremento de los montos o saldos de las obligaciones y tambi�n los que
impliquen ampliaci�n del plazo de los cr�ditos de vivienda o los contratos de
leasing habitacional, excepto cuando se trate de la cobertura prevista en el
numeral 2 del art�culo 2.10.1.7.1.2. del presente Decreto.
�
7. Por
aceleraci�n del plazo conforme a los t�rminos contractuales.
�
8. Las dem�s
que establezca el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de acuerdo a la naturaleza
y finalidad de la cobertura.
�
Par�grafo 1.
La cobertura se mantendr� vigente en los casos de cesi�n, venta o enajenaci�n
de la cartera con cobertura, entre establecimientos de cr�dito, y en los
procesos derivados de titularizaci�n de cartera con cobertura.
�
Par�grafo 2.
El otorgamiento de periodos de gracia en capital e intereses en los cr�ditos de
vivienda para adquisici�n de vivienda o contratos de leasing habitacional que
cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de inter�s de que trata el
presente Cap�tulo se entender� como causal de terminaci�n anticipada de la
cobertura, excepto cuando el Gobierno nacional, por medio de un acto
administrativo de car�cter general as� lo disponga, caso en el cual las
entidades que otorguen periodos de gracia en capital e intereses a los
beneficiarios de las coberturas de tasa de inter�s de que trata el presente
Cap�tulo deber�n informar dicha circunstancia al Banco de la Rep�blica como
administrador del Fondo de Reserva para la Estabilizaci�n de la Cartera
Hipotecaria -FRECH, en los t�rminos que establezca el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico."
(Modificado numeral 6
y adicionado par�grafo 2 por Art. 5, Decreto 1233 de
2020; Art.1, Decreto 2500 de
2015)
SECCI�N 2.
RECURSOS PARA LA COBERTURA
�
Art�culo 2.10.1.7.2.1.
Recursos para la cobertura. Los recursos requeridos
para el otorgamiento y pago de las coberturas previstas en este Cap�tulo, as�
como los gastos de gesti�n en que incurra el Banco de la Rep�blica en la
realizaci�n de la permuta financiera, ser�n apropiados en el Presupuesto
General de la Naci�n, y ser�n comprometidos con cargo al presupuesto del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a favor del FRECH NO VIS, dando
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia presupuestal.
�
La apropiaci�n
de estos recursos deber� guardar concordancia con la disponibilidad fiscal
establecida tanto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, as� como en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
(Art.1, Decreto 2500 de 2015)
�
Art�culo 2.10.1.7.2.2.
Giro de los recursos. Los recursos asignados para
financiar la cobertura de que trata el presente Cap�tulo, ser�n girados a la
subcuenta denominada FRECH NO VIS de conformidad con los compromisos que se
deriven del otorgamiento, ejecuci�n y vencimiento de dichas coberturas.
�
El
Viceministerio T�cnico del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico definir� el
procedimiento, oportunidad y plazo requeridos para el giro al FRECH NO VIS, de
los recursos l�quidos necesarios para el cubrimiento y pago de las coberturas
de que trata el presente Cap�tulo.
�
El Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico girar� al Banco de la Rep�blica, como
administrador del FRECH, los recursos l�quidos necesarios para el cubrimiento y
pago de estas coberturas, previa solicitud que en tal sentido le presente el
Banco de la Rep�blica a dicho Ministerio de conformidad con las obligaciones
generadas mes a mes derivadas de la permuta financiera.
�
El Banco de la Rep�blica,
como administrador del FRECH, no ser� responsable por el cubrimiento y pago de
las coberturas de que trata este Cap�tulo cuando el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico no haya realizado las apropiaciones presupuestales necesarias
para el pago de estas coberturas y cuando el Ministerio no haya hecho la
entrega y giro de los recursos correspondientes al FRECH NO VIS.
�
Los tr�mites de
apropiaci�n, ejecuci�n, registro y desembolso presupuestales estar�n a cargo
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
�
Par�grafo. Los
gastos en que incurra el Banco de la Rep�blica en la realizaci�n de la permuta
financiera se har�n con cargo a los recursos del FRECH NO VIS.
(Art.1, Decreto 2500 de 2015)
�
Art�culo 2.10.1.7.2.3.
Restituci�n de los recursos de la cobertura. Las sumas
provenientes de las restituciones de recursos que deban realizar los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar al FRECH NO
VIS respecto de cr�ditos de vivienda o leasing habitacional cuyos deudores o
locatarios no tengan derecho a la cobertura o que se haya entregado en exceso,
o por haber perdido la posibilidad de realizar el intercambio de flujos de la
cobertura, o cualquier otra suma que deba restituirse, ser�n reintegradas a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico. El Viceministerio T�cnico del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico impartir� las instrucciones para el reintegro de
estos recursos.
(Modificado por
Art. 6, Decreto 1233 de 2020;< Art.1, Decreto 2500 de 2015)
Art�culo 2.10.1.7.2.4.
L�mite de Coberturas. El Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico definir� el n�mero de coberturas disponibles para los cr�ditos de
vivienda y contratos de leasing habitacional en cada uno de los segmentos de
vivienda se�alados en el art�culo 2.10.1.7.1.2 de este Decreto, conforme a la
disponibilidad presupuestal que exista para el efecto. En dicha reglamentaci�n
se definir� el porcentaje m�nimo de cupos que debe destinarse al otorgamiento
de coberturas a cr�ditos de vivienda o contratos de leasing habitacional a
cargo de deudores o locatarios que no sean propietarios de una vivienda en el
territorio nacional.
�
En todo caso,
de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las particulares en
las que los establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n otorguen
los cr�ditos de vivienda o contratos de leasing habitacional objeto de la
cobertura, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� optar por ampliar,
restringir, modificar o suspender el n�mero de coberturas elegibles.
(Modificado por
Art. 7, Decreto 1233 de 2020; Art.1, Decreto 2500 de 2015)
SECCI�N 3.
CONTRATOS MARCO, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
�
Art�culo 2.10.1.7.3.1.
Contratos marco de permuta financiera de tasas de inter�s.
Los establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar interesados
en acceder a la cobertura que ofrece el Gobierno nacional a trav�s del FRECH NO
VIS deber�n celebrar con el Banco de la Rep�blica, como administrador del
FRECH, un contrato marco de permuta financiera de tasas de inter�s para
realizar el intercambio de flujos derivado de la cobertura prevista en este
Cap�tulo.
Dichos
contratos marco deber�n tener en cuenta de conformidad con lo dispuesto en este
Cap�tulo y dem�s normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen
o sustituyan, entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Para los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar.
1.1. Informar al
FRECH NO VIS, para su registro, los cr�ditos de vivienda y contratos de leasing
habitacional elegibles con derecho a la cobertura, de acuerdo con lo dispuesto
en este Cap�tulo;
1.2. Presentar al
FRECH NO VIS, la cuenta de cobro correspondiente a los cr�ditos de vivienda
desembolsados o a los contratos de leasing habitacional con derecho a la
cobertura, registrados en el FRECH NO VIS, por el valor neto del intercambio de
flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo con lo dispuesto en este
Cap�tulo;
1.3. Certificar al
Banco de la Rep�blica, como administrador del FRECH:
1.3.1. Que los cr�ditos de
vivienda o contratos de leasing habitacional objeto de la cobertura cumplen los
requisitos y condiciones establecidos para el acceso y vigencia de la cobertura
de tasa de inter�s, se�alados en este Cap�tulo.
�
1.3.2. La veracidad de toda
la informaci�n enviada al FRECH NO VIS, en concordancia con los requisitos y
condiciones para el acceso, vigencia, terminaci�n anticipada de la cobertura de
tasa de inter�s y aquella relacionada con el intercambio de flujos,
establecidos en este Cap�tulo y en la normativa aplicable.
1.3.3. Los cr�ditos de
vivienda o contratos de leasing habitacional registrados en el FRECH NO VIS que
no tengan el derecho a la cobertura y las terminaciones anticipadas de la
misma, de acuerdo con lo dispuesto en este Cap�tulo;
�
1.4. Suministrar la
informaci�n que requiera el Banco de la Rep�blica para la realizaci�n de la
permuta financiera en la oportunidad que se establezca para el efecto;
1.5. Reintegrar a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico los recursos de que trata el art�culo 2.10.1.7.2.3.
del presente Decreto.
2. Para
el Banco de la Rep�blica.
2.1. Validar operativamente
que el contenido de la informaci�n remitida por los establecimientos de cr�dito
y las cajas de compensaci�n familiar al FRECH NO VIS, para efectos del registro
de los cr�ditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing habitacional
con derecho a la cobertura y para el pago de la misma, sea consistente con el
presente Cap�tulo y su reglamentaci�n;
2.2. Registrar en el
FRECH NO VIS, atendiendo la fecha de recibo en el Banco de la Rep�blica en
orden de llegada, los cr�ditos de vivienda desembolsados o contratos de leasing
habitacional con derecho a la cobertura, teniendo en cuenta el n�mero de
coberturas disponibles para los cr�ditos de vivienda y contratos de leasing
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el n�mero de
cr�ditos de vivienda y contratos de leasing habitacional con cobertura
registrados en el FRECH NO VIS, de acuerdo con lo informado por los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar;
2.3. Pagar el valor
neto del intercambio de flujos derivado de la permuta financiera, de acuerdo
con las instrucciones que para el efecto imparta el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico. En ning�n caso, el Banco de la Rep�blica pagar� con sus
propios recursos las coberturas de tasa de inter�s;
2.4. Excluir de la cobertura
los cr�ditos de vivienda o contratos de leasing habitacional registrados en el
FRECH NO VIS, que no tengan derecho a esta y registrar las terminaciones
anticipadas de la misma, as� como los cr�ditos de vivienda o contratos de
leasing habitacional respecto de los cuales no sea posible realizar el
intercambio de flujos, de conformidad con la informaci�n presentada por los
establecimientos de cr�dito y las cajas de compensaci�n familiar;
2.5. Informar
mensualmente a los establecimientos de cr�dito y a las cajas de compensaci�n
familiar el n�mero de cr�ditos de vivienda desembolsados y los contratos de
leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH NO VIS;
2.6. Suministrar al
Viceministerio T�cnico del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, la
informaci�n de los cr�ditos de vivienda� desembolsados y los contratos de
leasing habitacional con derecho a la cobertura registrados en el FRECH NO VIS,
con el fin de realizar las estimaciones de la utilizaci�n de las coberturas.
Par�grafo 1.
En los contratos marco se estipular� que los establecimientos de cr�dito y las
cajas de compensaci�n familiar perder�n la posibilidad de realizar el
intercambio de flujos de la cobertura en los eventos que defina el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, cuando haya lugar a ello, de acuerdo con la
naturaleza y prop�sito de dicho mecanismo.
Par�grafo 2.
En todo caso el registro y pago de la cobertura estar� condicionada a la
suscripci�n y/o modificaci�n de los contratos marco aqu� establecidos, entre los
establecimientos de cr�dito o las cajas de compensaci�n familiar y el Banco de
la Rep�blica."
�(Modificado
por Art.8, Decreto 1233 de 2020; Art.1, Decreto 2500 de 2015)
Art�culo 2.10.1.7.3.2.
Responsabilidad de los establecimientos de cr�dito y las cajas
de compensaci�n familiar. Los establecimientos de cr�dito y las cajas
de compensaci�n familiar ser�n los �nicos responsables de verificar el
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para el acceso,
vigencia, y terminaci�n anticipada de la cobertura de tasa de inter�s a los
cr�ditos de vivienda o contratos de leasing habitacional de que trata el
presente Cap�tulo; as� como de la veracidad de la informaci�n presentada al
FRECH NO VIS y del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato
marco que suscriba con el Banco de la Rep�blica.
En desarrollo
de lo previsto en el presente Cap�tulo, los establecimientos de cr�dito y las
cajas de compensaci�n familiar deber�n:
1. Informar a los
potenciales deudores de cr�ditos de vivienda y locatarios de contratos de
leasing habitacional acerca de las condiciones de acceso, vigencia, y terminaci�n
anticipada de la cobertura, en las condiciones establecidas en el presente
Cap�tulo y dem�s normas que lo reglamenten, complementen, adicionen, modifiquen
o sustituyan, as� como las instrucciones que establezca la Superintendencia
Financiera de Colombia para los establecimientos de cr�dito y la
Superintendencia del Subsidio Familiar para las cajas de compensaci�n familiar.
�
2. No podr�n
desembolsar cr�ditos de vivienda o suscribir contratos de leasing con derecho a
la cobertura, sin haber recibido de parte de los potenciales deudores de los
cr�ditos de vivienda y locatarios de leasing habitacional, la manifestaci�n
escrita prevista en el numeral 2 del art�culo 2.10.1.7.1.3. de este Decreto.
3. Informar al
deudor o locatario: 3.1. que su cobertura se encuentra sujeta a que en el
momento del desembolso o al inicio del contrato de leasing habitacional no se
hayan agotado las coberturas disponibles; 3.2. en el extracto de la obligaci�n,
el c�lculo y aplicaci�n de la cobertura, y remitir dentro de la proyecci�n
anual de los cr�ditos individuales de vivienda lo que corresponda a la
discriminaci�n de los valores del beneficio y; 3.3. que la duraci�n de la
cobertura tendr� un plazo m�ximo de ochenta y cuatro (84) meses.
4. Verificar y
controlar lo relativo a las condiciones y requisitos para el acceso, vigencia,
y terminaci�n anticipada de la cobertura establecida en este Cap�tulo.
5. Determinar al
momento del inicio del contrato de leasing habitacional o del desembolso del
cr�dito de vivienda si tienen derecho a la cobertura y en este evento,
informarlo al Banco de la Rep�blica para efectos de su registro y pago de la
cobertura y comunicar lo pertinente a los deudores de los cr�ditos de vivienda
o a los locatarios del contrato de leasing habitacional seg�n hayan sido o no
beneficiarios de la cobertura. Cuando se pacten periodos de gracia en capital e
intereses se deber� informar dicha circunstancia al Banco de la Rep�blica como
administrador del FRECH seg�n lo establecido en el Par�grafo 2� del art�culo 2.10.1.7.1.5.
del presente Decreto.
6. Implementar un
mecanismo que les permita verificar al momento de efectuar el desembolso del
cr�dito de vivienda o del inicio del contrato de leasing habitacional:
6.1. La disponibilidad de
coberturas para cada uno de los segmentos de vivienda establecidos y, en esa
medida, no podr�n desembolsar cr�ditos de vivienda o dar inicio al contrato de
leasing habitacional con derecho a la cobertura, en exceso del n�mero de
coberturas que establezca el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, so pena
de asumir el pago de la misma con sus propios recursos.
6.2. Que la cobertura se
otorgue �nicamente a un cr�dito de vivienda o contrato de leasing habitacional
y que aquella se aplique a los deudores del cr�dito de vivienda o locatarios
del contrato de leasing habitacional, a cualquier t�tulo. As� mismo, deber�n
verificar que los potenciales deudores o locatarios no hayan sido beneficiarios
a cualquier t�tulo de las coberturas a la tasa de inter�s establecidas en el
presente Cap�tulo o en los Cap�tulos 4 y 5 de este T�tulo o de aquellas
otorgadas en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015 y las normas
que los reglamenten, modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.
6.3. Que la cobertura se
otorgue dentro de los l�mites establecidos para la adquisici�n de vivienda a
potenciales deudores y locatarios no propietarios de la misma, de conformidad
con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en aplicaci�n
de los art�culos 2.10.1.7.1.3. y 2.10.1.7.2.4. del presente Decreto, so pena de
asumir el pago de la misma con sus propios recursos.
Par�grafo.
Los recursos otorgados como cobertura no podr�n destinarse a prop�sitos
diferentes a los indicados en el presente Cap�tulo y las normas que lo
reglamenten, complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, so pena de
incurrir en la conducta descrita en el art�culo 311 del C�digo Penal.
(Modificado por Art.9, Decreto 1233 de 2020; Art.1, Decreto 2500 de 2015)
Art�culo 2.11.1.1.
Clasificaci�n de las entidades vigiladas
en niveles de supervisi�n. Las entidades sujetas a
la inspecci�n, control y vigilancia de la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria, se clasificar�n en tres niveles de supervisi�n, de acuerdo con su
nivel de activos y el desarrollo o no de actividad financiera.
Par�grafo. Los par�metros de supervisi�n
que se se�alan en el presente t�tulo, para los diferentes niveles de
supervisi�n, deber�n ser cumplidos de manera permanente por parte de las
entidades vigiladas.
(Art. 1 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.2.
�Primer nivel de supervisi�n. El primer nivel se considera como el m�s alto y exigente de
supervisi�n. En este caso la supervisi�n, vigilancia y control, aplicar� para
todas las cooperativas que ejerzan la actividad financiera, en los t�rminos del
art�culo 39 de la ley 454 de 1998.
Para
esta labor se aplicar�n especialmente los par�metros que a continuaci�n se
establecen:
-
Control estricto de participantes en el mercado
teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, el v�nculo de asociaci�n y
los estados financieros.
-
Revisi�n de cualquier cambio en la estructura de la
propiedad y cambios en la administraci�n.
-
Revisi�n de la evaluaci�n y calificaci�n de los
riesgos inherentes a la actividad financiera.
-
Revisi�n peri�dica del cumplimiento de las normas
contables, principalmente lo relacionado con las provisiones sobre los activos
conforme a la calidad de los mismos.
-
Control de los costos de agencia a trav�s de la
evaluaci�n del endeudamiento de los administradores y vinculados con la entidad
vigilada.
-
Control permanente del cumplimiento del monto m�nimo
de aportes sociales.
-
Evaluaci�n constante de las causales de disoluci�n
y de las pr�cticas y procedimientos relativos a la operaci�n de la cooperativa.
-
Visitas de inspecci�n a las entidades vigiladas
cuando se estime necesario.
-
Evaluaci�n del cumplimiento de las normas legales,
contables, as� como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el
cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y caracter�sticas
propias de la entidad vigilada.
-
Control sobre la distribuci�n de excedentes y la
destinaci�n de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.
-
Control de conflictos de intereses de los miembros
de los �rganos de administraci�n y vigilancia.
-
Control de las reformas estatutarias, as� como de
los reglamentos y dem�s decisiones que tomen los �rganos de administraci�n y
vigilancia.
-
Evaluaci�n del sistema del control social interno,
buscando que sea adecuado a la escala y naturaleza de la entidad vigilada.
-
Cumplimiento de las normas de regulaci�n prudencial
vigentes.
-
Revelaci�n adecuada y fidedigna de la situaci�n
financiera por parte de las cooperativas a sus asociados y al p�blico en
general.
-
Verificaci�n del cumplimiento de las directrices,
instrucciones y �rdenes impartidas por la Superintendencia.
(Art. 2 Decreto
2159 de 1999)
�����������
Art�culo 2.11.1.3.
�Reportes de las entidades del primer
nivel de supervisi�n. La periodicidad de los
reportes que deben enviar, a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria, las
cooperativas del primer nivel de supervisi�n ser� trimestral, sin perjuicio de
que la Superintendencia de la Econom�a Solidaria establezca per�odos
inferiores, para el reporte de determinados indicadores. La informaci�n ser�
enviada en los formatos que para el efecto determine la Entidad de inspecci�n,
vigilancia y control.
Los
reportes a que hace referencia este art�culo ser�n los que se relacionan a
continuaci�n:
-
Balance y Estado de Resultados de acuerdo con el
Plan �nico de Cuentas del sector solidario.
-
Informaci�n detallada de las principales cuentas
del activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con los formatos que para el efecto
determine la Superintendencia de la Econom�a Solidaria.
-
Informaci�n relativa al cumplimiento de normas
sobre margen de solvencia, clasificaci�n y calificaci�n de cartera de cr�dito y
de inversi�n.
-
Evaluaci�n de la gesti�n de activos y pasivos, de
acuerdo a la metodolog�a que con este fin se adopte.
-
Cualquier otro informe que la Superintendencia
considere necesario solicitar.
(Art. 3 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.4.
�Segundo nivel de supervisi�n: El segundo nivel de supervisi�n, se aplicar� a aquellas entidades de la
econom�a solidaria que no adelanten actividad de ahorro y cr�dito con sus
asociados y posean m�s de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000,00)
de activos.
Para
esta labor se aplicar�n especialmente los par�metros que a continuaci�n se
establecen:
-
Evaluaci�n de las pr�cticas y procedimientos
relativos a la operaci�n de la entidad, as� como de la gesti�n de sus
administradores.
-
Revisi�n del cumplimiento de las normas contables,
principalmente de la adecuada aplicaci�n de las provisiones de acuerdo con la
calidad de los activos.
-
Revelaci�n adecuada y fidedigna de la situaci�n
financiera de la entidad a sus asociados y al p�blico en general.
-
Control del cumplimiento del monto m�nimo de
aportes sociales.
-
Evaluaci�n de las causales de disoluci�n y de las
pr�cticas y procedimientos relativos a la operaci�n de la cooperativa.
-
Visitas de inspecci�n a las entidades vigiladas
cuando se estime necesario.
-
Evaluaci�n del cumplimiento de las normas legales,
contables, as� como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el
cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y caracter�sticas
propias de la entidad vigilada.
-
Control sobre la distribuci�n de excedentes y de la
destinaci�n de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.
-
Control de conflictos de intereses de los miembros
de los �rganos de administraci�n y vigilancia.
-
Control de las reformas estatutarias, as� como de
los reglamentos y dem�s decisiones que tomen los �rganos de administraci�n y
vigilancia.
-
Verificaci�n del cumplimiento de las directrices,
instrucciones y �rdenes impartidas por la superintendencia.
(Art. 4 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.5.
�Reportes de las entidades del segundo
nivel de supervisi�n. La periodicidad de los
reportes que deben enviar a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria, las
entidades de la econom�a solidaria del segundo nivel de supervisi�n ser�
semestral, sin perjuicio de que la Superintendencia de la Econom�a Solidaria
establezca per�odos inferiores, para el reporte de determinados indicadores. La
informaci�n ser� enviada en los formatos que para el efecto establezca la
entidad de inspecci�n, vigilancia y control.
Los
reportes a que hace referencia este art�culo son los que se relacionan a
continuaci�n:
-
Balance y Estado de Resultados de acuerdo con el
Plan �nico de Cuentas del sector solidario.
-
Informaci�n detallada de las principales cuentas
del activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con los formatos que para el efecto
determine la superintendencia de la Econom�a Solidaria.
-
Cualquier otro informe que la Superintendencia
considere necesario solicitar.
(Art. 5 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.6.
�Tercer nivel de supervisi�n. El tercer nivel de supervisi�n, se aplicar� a las entidades de la
econom�a solidaria que no se encuentren dentro de los par�metros de los dos
primeros niveles de supervisi�n y cumplan a criterio de la Superintendencia de
la Econom�a Solidaria, con las caracter�sticas se�aladas en el art�culo 6 de la
ley 454 de 1998.
Para
esta labor se aplicar�n especialmente los par�metros que a continuaci�n se
establecen:
-
Control del cumplimiento del monto m�nimo de
aportes sociales.
-
Evaluaci�n de las causales de disoluci�n y de las
pr�cticas y procedimientos relativos a la operaci�n de la cooperativa.
-
-
Visitas de inspecci�n a las entidades vigiladas
cuando se estime necesario.
-
Evaluaci�n del cumplimiento de las normas legales,
contables, as� como de lo consagrado en los estatutos, especialmente en el
cumplimiento del objeto social, principios, valores, fines y caracter�sticas
propias de la entidad vigilada.
-
Control sobre la distribuci�n de excedentes y la
destinaci�n de los ingresos obtenidos en operaciones con terceros.
-
Control de conflicto de intereses de los miembros
de los �rganos de administraci�n y vigilancia.
-
Control de las reformas estatutarias, as� como de
los reglamentos y dem�s decisiones que tomen los �rganos de administraci�n y
vigilancia.
-
Verificaci�n del cumplimiento de las directrices,
instrucciones y �rdenes impartidas por la Superintendencia.
Par�grafo 1. La verificaci�n de los
par�metros correspondientes a este nivel por parte de la Superintendencia se
realizar� en forma selectiva de acuerdo a la metodolog�a definida por la
entidad.
Par�grafo 2. La periodicidad de los
reportes, que deben enviar las organizaciones solidarias de este nivel de
supervisi�n, es anual y la informaci�n ser� enviada en los formatos que para el
efecto determine la Superintendencia de la Econom�a Solidaria.
(Art. 6 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.7.
�Funciones del Superintendente para los
niveles de supervisi�n. El Superintendente de la
Econom�a Solidaria ejercer� todas las funciones que se le asignan en el
art�culo 36 de la Ley 454 de 1998 para todos los niveles de supervisi�n, en el
momento y periodicidad que considere conveniente, para facilitar la operaci�n de
las entidades de los tres niveles de supervisi�n, que se definen en el presente
t�tulo.
(Art. 7 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.8.
�Modificaci�n Nivel de Supervisi�n. Cuando a juicio del Superintendente de la Econom�a Solidaria la
situaci�n jur�dica, financiera o administrativa de alguna de las entidades
vigiladas as� lo requiera, en ejercicio de las atribuciones previstas en el
numeral 19 del art�culo 36 de la ley 454 de 1998, �ste podr� someter a
cualquier entidad a un nivel de supervisi�n m�s elevado y aplicar los
principios de supervisi�n que corresponda.
(Art. 8 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.1.9.
Ajuste. Los
valores absolutos indicados en este t�tulo se ajustar�n anual y
acumulativamente a partir del a�o 2000, mediante la aplicaci�n de la variaci�n
del �ndice de precios al consumidor, total nacional, que calcula el DANE.
(Art. 9 Decreto
2159 de 1999)
Art�culo 2.11.2.1.
Plazo para subsanar causales de disoluci�n. La Superintendencia de la Econom�a Solidaria dar� a las organizaciones
de la econom�a solidaria bajo su supervisi�n, que se encuentren en las causales
de disoluci�n previstas en los numerales 2, 3 y 6 del art�culo 107 de la Ley 79
de 1988 y en los numerales 2 y 4 del art�culo 56 del Decreto Ley 1480 de 1989,
un plazo hasta de seis (6) meses para que subsanen la causal de disoluci�n
respectiva o para que en el mismo plazo convoquen a asamblea general con el fin
de acordar la disoluci�n.
(Art.1 Decreto
1934 de 2002)
Art�culo 2.11.2.2.
Procedimiento en caso de vencimiento del
plazo. Si vencido el plazo anterior, dichas
organizaciones de la econom�a solidaria no acreditan ante la Superintendencia
de la Econom�a Solidaria que han subsanado la causal de disoluci�n en la que se
encuentran, o que han convocado a asamblea general con el fin de acordar la
disoluci�n, la Superintendencia de la Econom�a Solidaria decretar� la
disoluci�n de las mismas y nombrar� liquidador o liquidadores con cargo a sus
presupuestos.
(Art.2 Decreto
1934 de 2002)
Art�culo 2.11.3.1.
�mbito de aplicaci�n. El presente t�tulo ser� aplicable a las organizaciones solidarias
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria,
diferentes de las cooperativas de ahorro y cr�dito y cooperativas multiactivas
o integrales con secci�n de ahorro y cr�dito, a las cuales les ser� aplicable
lo dispuesto en el Decreto 756 de 2000 o las disposiciones que lo modifiquen o
compilen.
(Art. 1 Decreto
455 de 2004)
Art�culo 2.11.3.2.
Normas aplicables. Ser�n aplicables a las entidades de que trata el presente T�tulo, en
lo pertinente, las siguientes disposiciones:
Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero: Art�culos 114, 116, 117, 291, 293, 294, 295,
excepto el numeral 4 y el literal o) del numeral 9; art�culo 296 numeral 1
literales a) y b), y numeral 2; art�culos 297, 299 numerales 1, 2 literales a),
b), c), d) y j); art�culo 300 numerales 3, 4 y 6; y art�culos 301 y 302.
(Art. 2 Decreto
455 de 2004, derogado el numeral 2 por el Art.
64 del Decreto
2211 de 2004)
Art�culo 2.11.3.3.
Reg�menes Especiales. A los Fondos de Empleados, las Asociaciones Mutualistas, las
Cooperativas de Trabajo Asociado y en general a las entidades que de acuerdo
con la ley pueden captar ahorro, diferentes de las cooperativas de ahorro y
cr�dito y multiactivas con secci�n de ahorro y cr�dito, le ser�n aplicables,
adem�s de las previstas en sus disposiciones especiales, las se�aladas en el
art�culo 2.11.3.2 del presente t�tulo, as� como de las normas que las
modifiquen o adicionen.
(Art. 3 Decreto
455 de 2004)
Art�culo 2.11.3.4.
Remisi�n normativa. En lo no previsto en el presente t�tulo y siempre que por virtud de la
naturaleza de las entidades solidarias sus disposiciones no sean contrarias a
las normas que rigen este tipo de entidades, se aplicar�n las normas sobre
procesos de toma de posesi�n y liquidaci�n forzosa administrativa para
entidades financieras previstas en el Estatuto Org�nico del Sistema Financiero
y en especial lo establecido en la Ley 510 de 1999, Parte 9, Libro 1, T�tulo 1,
Cap�tulo 1 del Decreto 2555 de 2010, as� como
lo previsto en las disposiciones que las adicionen o modifiquen.
(Art. 4 Decreto
455 de 2004)
Art�culo 2.11.3.5.
Menciones. Las
menciones a la Superintendencia Financiera de Colombia, o al Fondo de Garant�as
de Instituciones Financieras en las normas de que trata el art�culo 2.11.3.2
del presente t�tulo, se entender�n hechas a la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria o a la entidad que haga sus veces. Las efectuadas al Director del
Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, se entender�n hechas al
Superintendente de la Econom�a Solidaria.
(Art. 5 Decreto
455 de 2004)
Art�culo 2.11.4.1.
Reactivaci�n. Si dentro de la liquidaci�n, una vez cancelado el pasivo externo
subsistieren recursos, el liquidador convocar� a una audiencia de acreedores
internos para que estos decidan si optan por la reactivaci�n de la entidad,
para desarrollar nuevamente su objeto social, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente t�tulo, o por la devoluci�n de sus
aportes.
La
convocatoria se realizar� mediante la publicaci�n de por lo menos dos (2)
avisos en un diario de amplia circulaci�n nacional y en otro del domicilio
principal de la intervenida. El �ltimo aviso deber� publicarse cuando menos con
un (1) mes de anticipaci�n a la realizaci�n de la audiencia. Los avisos
indicar�n los requisitos previstos en este t�tulo para reactivar la entidad y
la posibilidad que tienen los acreedores internos de solicitar la devoluci�n de
los aportes.
La
audiencia tendr� por objeto la discusi�n y aprobaci�n o rechazo de las f�rmulas
de reactivaci�n de la entidad intervenida propuestas por los acreedores
internos. La audiencia podr� suspenderse por una sola vez, a solicitud de la
mayor�a absoluta de los asistentes, para lo cual se fijar� en la misma
audiencia fecha y hora para su reanudaci�n, la cual deber� producirse dentro de
los cinco (5) d�as h�biles siguientes.
En
todo caso, el acuerdo requerir� para su validez del voto favorable de por lo
menos el 51% del monto de las acreencias internas.
El
acuerdo ser� oponible a todos los acreedores internos cuando haya sido aprobado
con la mayor�a prevista en el presente art�culo, sin perjuicio de la
posibilidad que tengan los que no hayan votado a favor del mismo, de solicitar
el reembolso de su aporte, conforme al r�gimen legal y estatutario
correspondiente.
Par�grafo 1�. Cuando las circunstancias
as� lo ameriten, la audiencia podr� llevarse sucesivamente en diferentes
lugares, siempre y cuando todas las reuniones se lleven a cabo en los per�odos
que se se�alan a continuaci�n, seg�n el n�mero de acreedores internos:
�
a)
Hasta 20 d�as h�biles para las cooperativas que
tengan menos de 1.000 acreedores internos.
b)
Hasta 40 d�as h�biles para las cooperativas que
tengan entre 1.000 y 10.000 acreedores internos.
c)
Hasta 60 d�as h�biles para las cooperativas que
tengan entre 10.001 y 30.000 acreedores internos.
d)
Hasta 80 d�as h�biles para las cooperativas que
tengan m�s de 30.000 acreedores internos.
�
Par�grafo 2�. Todo acreedor interno podr�
hacerse representar en las reuniones mediante poder otorgado por escrito. En
tal caso ser�n aplicables las disposiciones de los art�culos 184 y 185 del
C�digo de Comercio.
Par�grafo 3�. Cuando el plan de
reactivaci�n de la entidad contemple la fusi�n o la incorporaci�n con otra
entidad y este sea aprobado en los t�rminos establecidos en el presente
art�culo, no ser� necesario realizar una nueva asamblea para efectos de la
aprobaci�n prevista en el art�culo 32 de la Ley 79 de 1988, siempre que dicha
decisi�n haya sido adoptada con las mayor�as y dem�s requisitos establecidos en
esta �ltima norma.
Par�grafo 4�. Las disposiciones del
presente t�tulo no ser�n aplicables si no se logra el qu�rum necesario para la
reuni�n de acreedores internos. En todo caso, s�lo aquellas cooperativas con
actividad financiera que se encuentren en liquidaci�n y se sometan al
procedimiento de reactivaci�n previsto en el presente t�tulo, podr�n ejercer
nuevamente el objeto social que ven�an desarrollando con anterioridad a la
orden de disoluci�n y liquidaci�n.
(Art. 1 del Decreto
4030 de 2006, modificado el par�grafo y
adicionado un par�grafo por el Art. 1� del Decreto
1538 de 2007, modificado el inciso 4� por el
Art.1 del Decreto
1533 de 2008, adicionado el par�grafo 4� por el
Art.1 del Decreto
557 de 2009)
�
Art�culo 2.11.4.2.
Contenido m�nimo de los acuerdos de
acreedores internos para la reactivaci�n de la entidad. El acuerdo de acreedores internos para la reactivaci�n de la entidad
deber� contener un plan de reorganizaci�n, el cual contemplar� para cada caso
particular la reestructuraci�n financiera, administrativa, operativa y
jur�dica, entre otros, seg�n sea el caso, conducentes a solucionar los hechos
que dieron origen a la toma de posesi�n y para poner a la entidad en
condiciones de desarrollar en forma adecuada su objeto social. En el acuerdo se
incluir� un cronograma preciso de actividades dirigidas a enervar cualquier
posible causal de toma de posesi�n.
Los
recursos en exceso de los aportes deber�n constituirse como reserva
patrimonial, no susceptible de repartici�n.
(Art. 2 del Decreto
4030 de 2006)
Art�culo 2.11.4.3.
Aprobaci�n del acuerdo y levantamiento de
la medida de toma de posesi�n. Celebrado el
acuerdo de acreedores, el liquidador deber� presentarlo a consideraci�n de la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria para su aprobaci�n, acompa�ado de su
concepto.
La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria podr� aprobar el acuerdo cuando,
previo an�lisis, considere que permite subsanar en su integridad las causales
que dieron origen a la toma de posesi�n en un plazo razonable y resulte
conducente para poner a la entidad en condiciones de desarrollar en forma
adecuada su objeto social.�
En
tal evento, la Superintendencia de la Econom�a Solidaria levantar� la medida de
toma de posesi�n para liquidar. No obstante, la misma Superintendencia, en
ejercicio de sus facultades legales de vigilancia y control, velar�
especialmente por el estricto cumplimiento de los t�rminos y plazos del
cronograma incorporado al acuerdo de acreedores, tomando las medidas que
considere apropiadas a tal fin.
El
funcionamiento de la entidad reactivada estar� sujeto a las normas que de
conformidad con su actividad y tipo asociativo le correspondan as� como al
acuerdo de reactivaci�n correspondiente. En el evento en que se presentaren
retrasos considerables en la ejecuci�n del cronograma incorporado en el mismo
acuerdo, cualquier persona interesada podr� solicitar a la Superintendencia de
Econom�a Solidaria la liquidaci�n de la entidad o esta hacerlo de oficio.�
(Art. 3 del Decreto
4030 de 2006)
Art�culo 2.11.4.4.
Fracaso de la audiencia. De no lograrse el acuerdo de acreedores internos para la reactivaci�n
de la entidad, el liquidador deber� proceder a la devoluci�n de aportes, a dar
cumplimiento a las previsiones del art�culo 121 de la Ley 79 de 1988 y a la
terminaci�n de la existencia de la persona jur�dica.
(Art. 4 del Decreto
4030 de 2006)
CAP�TULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art�culo 2.11.5.1.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente t�tulo se expiden con el fin de:
a. Promover y fortalecer la solidez del sector de Fondos de Empleados, y
establecer mecanismos de protecci�n a los asociados -ahorradores y
depositantes- de dicho sector.
b. Dotar a los Fondos de Empleados de la regulaci�n prudencial adecuada
para la prestaci�n de servicios de ahorro y cr�dito, que les permita contar con
herramientas de fortalecimiento patrimonial y adecuada administraci�n de
riesgos crediticios, considerando los est�ndares aceptados internacionalmente
para organizaciones de econom�a solidaria que prestan servicios de ahorro y
cr�dito exclusivamente a sus asociados, y la naturaleza, caracter�sticas y
heterogeneidades existentes entre los Fondos de Empleados.
c. Proveer a las autoridades que ejercen labores de supervisi�n y
regulaci�n de los Fondos de Empleados, de mecanismos de informaci�n oportuna
sobre la existencia y constituci�n de dichas organizaciones.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.1.2.
�mbito de aplicaci�n. El presente t�tulo aplica a los Fondos de Empleados que se encuentren
desarrollando operaciones o se propongan adelantarlas, bajo la forma asociativa
prevista en el Decreto Ley 1481 de 1989 modificado por la Ley 1391 de 2010.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.1.3.
�Categor�a de Fondos de Empleados para la
aplicaci�n de normas prudenciales. Para la aplicaci�n de normas prudenciales,
los Fondos de Empleados de que trata el art�culo 2.11.5.1.2. del presente
decreto, se clasificar�n en las siguientes categor�as:
1.
B�sica. En esta categor�a se clasifican los Fondos de Empleados cuyo monto total
de activos sea igual o inferior a tres mil seiscientos millones de pesos
($3.600.000.000).
2.
Intermedia. En esta categor�a se clasifican los Fondos de Empleados cuyo monto
total de activos sea superior a tres mil seiscientos millones de pesos
($3.600.000.000) e inferior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
3.
Plena. En esta categor�a se clasifican los Fondos de Empleados cuyo monto total
de activos sea igualo superior a diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).
Par�grafo 1. La Superintendencia de la
Econom�a Solidaria podr� clasificar en la categor�a plena a los Fondos de
Empleados de categor�a intermedia que a su juicio lo ameriten cuando, dentro
del marco de lo previsto en el art�culo 4 del Decreto Ley 1481 de 1989,
modificado por la Ley 1391 de 2010, el v�nculo de asociaci�n del respectivo
Fondo difiera del generado exclusivamente por una misma empresa o instituci�n
p�blica o privada, o de varias sociedades en las que se declare la unidad de
empresa, o de matrices y subordinadas, o de entidades principales y adscritas y
vinculadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando un grupo
empresarial.
Par�grafo 2. De acuerdo con las categor�as de
Fondos de Empleados previstas en el presente art�culo, el cambio de condiciones
de la respectiva entidad que la clasifique dentro de una categor�a diferente,
implicar� el cumplimiento de las normas prudenciales aplicables a la respectiva
categor�a. La Superintendencia de la Econom�a Solidaria deber� realizar un
proceso de actualizaci�n de la clasificaci�n de todos los Fondos de Empleados
como m�nimo con periodicidad anual, a partir de' la fecha en que se efect�e la
primera clasificaci�n. Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de la
Econom�a Solidaria podr� actualizar la categor�a de un Fondo de Empleados con
una periodicidad diferente.
Para
efectos de la actualizaci�n de categor�a, se tomar� en cuenta el �ltimo reporte
realizado por la organizaci�n a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria o,
en su defecto, la informaci�n de los activos que reporte el Fondo de Empleados
a corte 131 de diciembre del respectivo a�o anterior. Adicionalmente, los
Fondos de Empleados de categor�a intermedia deber�n suministrar a la
Superintendencia, con anterioridad a la fecha en que se realice el proceso de
actualizaci�n, una constancia reciente del v�nculo de asociaci�n que figure en
sus estatutos expedida por el representante legal y en la que se especifique la
naturaleza de las empresas a las que pertenecen sus asociados de manera que el
supervisor pueda hacer uso de la facultad prevista en el par�grafo 1 del
presente art�culo; el incumplimiento de este deber dar� lugar a que el Fondo de
Empleados se clasifique en la categor�a plena. Dicha Superintendencia
establecer�, mediante instrucciones de car�cter general, el procedimiento para
dar cumplimiento a lo previsto en el presente par�grafo.
Par�grafo 3. Los valores indicados en el
presente art�culo se ajustar�n anualmente en forma autom�tica en el mismo
sentido y porcentaje en que var�e el �ndice de Precios al Consumidor que
surninistre el DANE. El valor resultante se aproximar� al m�ltiplo en millones
de pesos inmediatamente superior. El primer ajuste se realizar� en enero de
2018 tomando como base la variaci�n del �ndice de Precios al Consumidor durante
el a�o 2017.
Par�grafo 4. La clasificaci�n establecida en
el presente art�culo s�lo aplica para el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente t�tulo y no reemplaza ni modifica la clasificaci�n en niveles de
supervisi�n dispuesta en el T�tulo 1 de la Parte 11 del Libro 2 del presente
decreto.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
CAP�TULO 2
NORMAS PRUDENCIALES APLICABLES A LOS FONDOS DE EMPLEADOS
SECCI�N 1
REGLAS SOBRE PATRIMONIO
Art�culo 2.11.5.2.1.1.
Objetivo y �mbito de aplicaci�n. Con el fin de proteger la confianza del p�blico en el sector y
asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad, los Fondos
de Empleados de la categor�a plena deber�n cumplir las normas sobre niveles
adecuados de patrimonio e indicador de solidez en los t�rminos previstos en la
presente secci�n.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.2.
Indicador de solidez. El indicador de solidez se define como el valor del patrimonio t�cnico
de que trata el art�culo 2.11.5.2.1.3. del presente decreto, dividido por el
valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio a que se refiere
el art�culo 2.11 .5.2.1.7. del presente decreto. Este indicador se expresa en
t�rminos porcentuales.
El
indicador de solidez m�nimo de los Fondos de Empleados de categor�a plena ser�
del nueve por ciento (9%).
La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria establecer� la periodicidad en la que
verificar� el cumplimiento del indicador de solidez m�nimo. Independientemente
de las fechas de reporte, las entidades deber�n cumplir con los niveles m�nimos
del indicador de solidez en todo momento.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.3.
Patrimonio t�cnico. El cumplimiento del indicador de solidez se efectuar� con base en el
patrimonio t�cnico que refleje cada Fondo de Empleados, calculado mediante la
suma del patrimonio b�sico neto de deducciones y el patrimonio adicional, de
acuerdo con las reglas contenidas en los art�culos siguientes.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.4.
Patrimonio b�sico. El patrimonio b�sico de los Fondos de Empleados de categor�a plena
comprender�:
a.
El monto m�nimo de aportes no reducibles previsto en los estatutos, el cual no
podr� disminuir durante la existencia del Fondo de Empleados, de acuerdo con lo
previsto en el numeral 5 del art�culo 6 de la Ley 454 de 1998.
b.
La reserva de protecci�n de los aportes sociales descrita en el numeral 1 del
art�culo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989.
c.
El fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales a que hace
referencia el art�culo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989, modificado por la Ley
1391 de 2010.
d.
Las dem�s reservas y fondos permanentes de orden patrimonial creados lde
acuerdo con lo establecido en el art�culo 20 del Decreto Ley 1481 de 1989.
e.
Las donaciones, siempre que sean irrevocables;
f.
Los aportes sociales amortizados o readquiridos por el fondo de empleados en
exceso del que est� determinado en los estatutos como monto m�nimo de aportes
sociales no reducibles.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017, literal
f adicionado por el Art 2 del Decreto 962 de 2018)
Art�culo 2.11.5.2.1.5.
Deducciones del patrimonio b�sico. Se deducir�n del patrimonio b�sico los siguientes conceptos:
a.
Las p�rdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso.
b.
El valor de las inversiones de capital, as� como de las inversiones en bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente convertibles
en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada, efectuadas en
forma directa o indirecta en entidades sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia o de la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria, sin incluir sus valorizaciones.
Los
aportes que los Fondos de Empleados de categor�a plena posean en otras
organizaciones de naturaleza solidaria se consideran inversiones de capital.
c.
Los activos intangibles registrados.
d.
El c�lculo actuarial del pasivo pensional.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.6.
Patrimonio adicional. El patrimonio adicional de los Fondos de Empleados de categor�a plena
comprender�
a.
Los excedentes del ejercicio en curso, en el porcentaje en el que la asamblea
general de asociados, se comprometa irrevocablemente a destinar para el
incremento de la reserva de protecci�n de los aportes sociales, durante o al
t�rmino del ejercicio.
Para
tal efecto, dichos excedentes s�lo ser�n reconocidos como capital regulatorio
una vez la Superintendencia de la Econom�a Solidaria apruebe el documento de
compromiso.
Entre
el 10 de enero y la fecha de celebraci�n de la asamblea general ordinaria de
asociados, se reconocer�n los excedentes del ejercicio anterior en el mismo
porcentaje al que se ha hecho referencia en este literal.
b.
El cincuenta por ciento (50%) de la reserva fiscal a la que hace referencia el
art�culo 1.2.1.6.8. del Decreto 1625 de 2016.
c.
El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones o ganancias no realizadas
en inversiones en valores clasificados como disponibles para la venta en
t�tulos de deuda y t�tulos participativos con alta o media bursatilidad,
exceptuando las valorizaciones de las inversiones a que se refiere el literal
b) del art�culo 2.11.5.2.1.5. del presente decreto. De dicho monto se deducir�
el 100% de sus p�rdidas, exceptuando las asociadas a las inversiones a que se
refiere el literal b) del art�culo 2.11.5.2.1.5. del presente decreto.
d.
El valor de las provisiones de car�cter general constituidas por el Fondo de
Empleados. El presente instrumento se tendr� en cuenta hasta por un valor
m�ximo equivalente al 1.25% de los activos ponderados por nivel de riesgo
crediticio. No se tendr�n en cuenta los excesos sobre las provisiones generales
regulatorias.
Par�grafo. El valor total del patrimonio
adicional no podr� exceder del cien por ciento (100%) del patrimonio b�sico
neto de deducciones.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.7.
Activos ponderados por nivel de riesgo
crediticio. Para determinar el valor de los activos ponderados por nivel de
riesgo crediticio, los Fondos de Empleados de categor�a plena tendr�n en cuenta
sus activos y contingencias. Para el efecto, se multiplicar� el valor del
respectivo activo o contingencia, por un porcentaje de ponderaci�n de su valor
seg�n corresponda de acuerdo con la clasificaci�n en las categor�as se�aladas
en los art�culos 2.11.5.2.1.8. y 2.11.5.2.1.9. de este decreto.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.8.
Clasificaci�n y ponderaci�n de activos por
nivel de riesgo. Los activos y contingencias de los Fondos de Empleados de
categor�a plena se computar�n por un porcentaje de su valor, de acuerdo con la
siguiente clasificaci�n:
Categor�a
I: Activos de m�xima seguridad, tales como caja, dep�sitos a la vista en
entidades sometidas a inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia y de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria, y valores de la
Naci�n o del Banco de la Rep�blica, o emitidos para el cumplimiento de
inversiones obligatorias.
Categor�a
II: Activos de muy alta seguridad, tales como los t�tulos emitidos por
entidades p�blicas del orden nacional, los dep�sitos a t�rmino en establecimientos
de cr�dito o en cooperativas, pactos de reventa y pagos anticipados.
Categor�a
III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como
cr�ditos hipotecarios otorgados para financiar la construcci�n o adquisici�n de
vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados.
Categor�a
IV: Los dem�s activos de riesgo, tales como la cartera de cr�ditos, cuentas por
cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en propiedad, planta y
equipos incluida su valorizaci�n, bienes realizables y recibidos en daci�n en
pago, bienes de arte y cultura, remesas en tr�nsito y las contingencias que se
refieren a los bienes y valores entregados en garant�a.
Los
activos incluidos en las categor�as anteriores se computar�n por el 0%, 20%,
50% y 100% de su valor, respectivamente.
Par�grafo 1. Los activos que de conformidad
con el art�culo 2.11.5.2.1.5. de este decreto se deduzcan para efectuar el
c�lculo del patrimonio b�sico, no se computar�n para efectos de determinar el
total de activos ponderados por riesgo de las entidades de que trata el
presente t�tulo.
Par�grafo 2. El fondo de liquidez de que trata
el Cap�tulo II del T�tulo 7 de la Parte 11 del Libro 2 del presente Decreto se
clasificar� de acuerdo con la categor�a que corresponda a las inversiones que lo
componen.
(Modificado
Par�grafo 2 por Art. 1, Decreto
704 de 2019; Art. 1 del
Decreto 344 de 2017)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.5.2.1.9.
Clasificaci�n y ponderaci�n de las
contingencias. Las contingencias ponderar�n, para
efectos de la aplicaci�n de lo previsto en la presente secci�n, seg�n se
determina a continuaci�n:
a.
El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversi�n
crediticio que corresponda a dicha operaci�n, seg�n la siguiente clasificaci�n:
Los
sustitutos directos de cr�dito, tales como los contratos de apertura de cr�dito
irrevocables, tienen un factor de conversi�n crediticio del cien por ciento
(100%).
Los
procesos administrativos o judiciales, los cr�ditos aprobados no desembolsados,
y los contratos de apertura de cr�dito revocables, en los cuales el riesgo de
cr�dito permanece en el Fondo de Empleados, tienen un factor de conversi�n
crediticio del veinte por ciento (20%).
Las
otras contingencias, tienen un factor de conversi�n crediticio del cero por
ciento (0%).
b.
El monto resultante se computar� de acuerdo con las categor�as se�aladas en el
art�culo 2.11.5.2.1.8. de este decreto, teniendo en cuenta las caracter�sticas
de la contraparte.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.10.
Detalle de la clasificaci�n de activos y
contingencias. La Superintendencia de la Econom�a
Solidaria impartir� las instrucciones necesarias para facilitar la debida
clasificaci�n de la totalidad de los activos y las contingencias dentro de las
categor�as determinadas en los art�culos precedentes y de acuerdo con los
criterios all� se�alados.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.1.11.
Valoraciones y provisiones. Para efectos del presente t�tulo, los activos se valorar�n por su
costo ajustado pero se computar�n netos de su respectiva provisi�n.
Conforme
lo dispuesto en el art�culo 16 del Decreto Ley 1481 de 1989, el valor de cada
uno de los cr�ditos que componen la cartera se computar� neto de los aportes
sociales y ahorro permanente del respectivo asociado, teniendo en cuenta que tanto
los aportes como el ahorro permanente quedan afectados desde su origen a favor
del Fondo de Empleados como garant�a de las obligaciones que el asociado
contraiga con �ste.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
SECCI�N 2
L�MITES A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CR�DITO Y LA CONCENTRAC��N
DE OPERACIONES
Art�culo 2.11.5.2.2.1.
Objetivo y �mbito de aplicaci�n. Los l�mites de exposici�n establecidos en la presente secci�n ser�n de
obligatorio cumplimiento para los Fondos de Empleados que pertenezcan a la
categor�a plena, con el fin de mitigar la p�rdida m�xima que podr�a resultar
del incumplimiento de las operaciones realizadas con un mismo asociado o grupo
conectado de asociados.
Para efectos de la aplicaci�n de lo dispuesto en la presente secci�n,
conformar�n un grupo conectado de asociados aquellos que sean c�nyuges,
compa�eros o compa�eras permanentes, o parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y �nico civil.
Par�grafo. Las organizaciones podr�n exceptuar del concepto de grupo
conectado previsto en el segundo inciso del presente art�culo aquellos eventos en
que el asociado, respecto de la cual se predique la acumulaci�n, haya declarado
previamente bajo juramento al respectivo Fondo de Empleados que act�a bajo
intereses econ�micos contrapuestos o independientes. Estas declaraciones
estar�n a disposici�n de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria para el
ejercicio de sus funciones de supervisi�n.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017, modificado
por el Art 3 del Decreto 962 de 2018)
Art�culo 2.11.5.2.2.2.
Cuant�a m�xima del cupo individual. Ning�n Fondo de Empleados de categor�a plena podr� realizar con un mismo
asociado o grupo conectado de asociados, directa o indirectamente, operaciones
activas de cr�dito, que conjunta o separadamente excedan del diez por ciento
(10%) del patrimonio t�cnico de la entidad, si la �nica garant�a de la
operaci�n es el patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones
respectivas cuenten con garant�as o seguridades admisibles suficientes, las
operaciones de que trata el presente art�culo pueden alcanzar hasta el veinte
por ciento (20%) del patrimonio t�cnico de la entidad.
Para el efecto, se computar�n los cr�ditos desembolsados y aprobados
por desembolsar, los contratos de apertura de cr�ditos y dem�s operaciones
activas de cr�dito, que se celebren con un mismo asociado o grupo conectado de
asociados. El valor de cada uno de los cr�ditos se computar� neto de
provisiones, y de los aportes sociales y ahorro permanente del respectivo
asociado, de acuerdo a lo previsto en el art�culo 2.11.5.2.1.11. del presente
decreto.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017 , modificado por el Art 4 del Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.5.2.2.3.
Garant�as admisibles y no admisibles. Para efectos de la aplicaci�n del art�culo 2.11.5.2.2.2. del presente
decreto, se consideran garant�as o seguridades admisibles aquellas que cumplen
las siguientes condiciones:
a.
Que la garant�a o seguridad tenga un valor, establecido con base en criterios
t�cnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto garantizado
durante la vigencia de la obligaci�n.
b.
Que la garant�a o seguridad ofrezca un respaldo jur�dicamente eficaz al pago de
la obligaci�n garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor
derecho para obtener el pago de la obligaci�n.
No
ser�n admisibles las garant�as o seguridades que consistan en la entrega de
t�tulos valores, salvo que se trate de la pignoraci�n de t�tulos valores
emitidos, aceptados o garantizados por entidades financieras o entidades
emisoras de valores en el mercado p�blico.
Tampoco
ser�n admisibles para un Fondo de Empleados los t�tulos valores, certificados
de dep�sito a t�rmino, o cualquier otro documento de su propio cr�dito o que
haya sido emitido por una entidad subordinada a �l.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.2.4.
Informaci�n al Comit� de control social y
Junta Directiva. Toda situaci�n de concentraci�n
de cupo individual superior al diez por ciento (10%) del patrimonio t�cnico,
cualesquiera que sean las garant�as que se presenten, deber� ser reportado
mensualmente por el representante legal al Comit� de control social y a la
Junta Directiva de la respectiva entidad.
Igualmente,
dentro del mismo t�rmino deber�n informarse las clases y montos de las
garant�as vigentes para la operaci�n, pr�rrogas, renovaciones o
refinanciaciones de las obligaciones que constituyen la concentraci�n del
riesgo.
Par�grafo. Para el cumplimiento de lo previsto
en el presente art�culo. la junta directiva y el comit� de control social
actuar�n de manera independiente y exclusivamente bajo el cumplimiento de las
funciones que corresponden a cada �rgano. El comit� de control social actuar�
con sujeci�n a las funciones establecidas en los art�culos 59 de la Ley 454 de
1998 y 2.11.11.6.2. del presente decreto.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017, adicionado un
par�grafo por el Art 5 del Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.5.2.2.5.
Concentraci�n de aportes sociales y
captaciones. La Superintendencia de la Econom�a
Solidaria impartir� las instrucciones necesarias para la identificaci�n, medici�n,
control y monitoreo del riesgo de liquidez de los Fondos de Empleados de
categor�a plena, derivado de la concentraci�n de aportes sociales y captaciones
en dep�sitos de ahorro a la vista, a t�rmino, contractual, y dem�s modalidades
de captaci�n, en un solo asociado o grupo conectado de asociados.
(Modificado
Art. 2, Decreto
704 de 2019)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.5.2.2.6.
Periodicidad del reporte. La Superintendencia de la Econom�a Solidaria establecer� la
periodicidad en la que verificar� el cumplimiento de los l�mites previstos en
la presente secci�n. Independientemente de las fechas de reporte, las entidades
deber�n cumplir con estos l�mites en todo momento.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
SECCI�N 3
IDONEIDAD PARA LA PRESTACI�N DE SERVICIOS DE AHORRO Y CR�DITO
Art�culo 2.11.5.2.3.1.
Reporte inicial de idoneidad. Con sujeci�n a lo previsto en el inciso primero del art�culo 22 del
Decreto Ley 1481 de 1989 y el numeral 2 del art�culo 36 de la Ley 454 de 1998,
los Fondos de Empleados deber�n, dentro de los diez (10) d�as h�biles
siguientes al registro de los documentos de constituci�n ante la C�mara de
Comercio, o quien haga sus veces, presentar ante la Superintendencia de la
Econom�a Solidaria los siguientes documentos e informaci�n:
1.
Para todos los Fondos de Empleados:
a.
Acta de la asamblea de constituci�n, que contenga los par�metros establecidos
en el art�culo 5 del Decreto Ley 1481 de 1989.
b.
Estatuto aprobado y firmado por el presidente y secretario de la asamblea,
indicando la fecha de aprobaci�n del mismo, en el que conste el v�nculo de
asociaci�n y el monto de los aportes sociales m�nimos no reductibles de la
entidad.
2.
Para los Fondos de Empleados que se clasifiquen en categor�a plena
adicionalmente se exigir�:
a.
Hoja de vida de los administradores y asociados fundadores, as� como la
informaci�n que permita establecer su car�cter, responsabilidad, idoneidad y
situaci�n patrimonial.
b.
Estudio de factibilidad que demuestre la viabilidad del Fondo de Empleados que
se pretende constituir, as� como las razones que la sustentan.
c.
Proyecci�n de estados financieros para los primeros cinco a�os de operaciones,
de acuerdo con el marco t�cnico normativo contable que le sea aplicable.
d.
Procedimientos y herramientas que se van a utilizar para manejar los riesgos de
cr�dito, las tasas de inter�s, operativo y el r�gimen de control y prevenci�n
de lavado de activos y financiaci�n del terrorismo.
e.
Manuales o reglamentos internos de buen gobierno y de �rganos de control
social.
Par�grafo 1. Se entender� cumplido el
procedimiento de presentaci�n de documentos e informaci�n previsto en el
presente art�culo, con el recibo de los mismos por parte de la Superintendencia
de la Econom�a Solidaria.
Par�grafo 2. La Superintendencia de la
Econom�a Solidaria fijar� las condiciones conforme las cuales se dar�
cumplimiento a lo previsto en el presente art�culo.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
Art�culo 2.11.5.2.3.2.
Reporte extraordinario de idoneidad. La Superintendencia de la Econom�a Solidaria podr�, en cualquier
momento, requerir particularmente a un Fondo de Empleados el reporte de
idoneidad de que trata el art�culo 2.11.5.2.3.1. del presente decreto con toda
o parte de la informaci�n y documentaci�n que corresponda de acuerdo a la
categor�a en que se clasifique el respectivo Fondo. En todo caso, conforme lo
dispuesto en el art�culo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, no se podr�n exigir
documentos o informaci�n con los que cuente dicha Superintendencia.
(Art.
1 del Decreto 344 de 2017)
El presente t�tulo se complementa con los siguientes
art�culos del decreto 344 de 2017:
�
Art�culo 2. Clasificaci�n
de Fondos de Empleados vigentes por categor�as. Con la entrada en vigencia
del presente decreto, los Fondos de Empleados que se encuentren operando, se
clasificar�n dentro de la categor�a que les corresponda de acuerdo a lo
previsto en el art�culo 2.11.5.1.3. del Decreto 1068 de 2015, y en consecuencia
deber�n sujetarse inmediatamente a sus respectivas reglas.
Par�grafo. Los
Fondos de Empleados de que trata el presente art�culo se clasificaran conforme
al monto total de activos que figure en sus estados financieros a corte 31 de
diciembre de 2015.
Los Fondos de Empleados de categor�a intermedia deber�n suministrar a la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria una constancia reciente del v�nculo
de asociaci�n que figure en sus estatutos expedida por el representante legal y
en la que se especifique la naturaleza de las empresas a las que pertenecen sus
asociados de manera que el supervisor pueda hacer uso de la facultad prevista
en el par�grafo 1 del art�culo 2.11.5.1.3. del Decreto 1068 de 2015; el
incumplimiento de este deber dar� lugar a que el Fondo de Empleados se
clasifique en la categor�a plena.
Si la Superintendencia de la Econom�a Solidaria determina que el
v�nculo de asociaci�n de un Fondo de Empleados vigente no se ajusta a la naturaleza
de la forma asociativa establecida en el Decreto Ley 1481 de 1989, deber� hacer
uso de las atribuciones sancionatorias y medidas previstas en el art�culo 36 de
la Ley 454 de 1998.
Art�culo 3. R�gimen
de transici�n. Los Fondos de Empleados de categor�a plena que se encuentren
operando a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, deber�n
cumplir con las disposiciones previstas en las secciones 1 y 2 del Cap�tulo 2
del T�tulo 5 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, dentro de los
dos (2) a�os siguientes a su entrada en vigencia.
Para efectos de lo anterior, dentro de los tres (3) meses siguientes a
la entrada en vigencia del presente decreto, la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria deber� expedir un instructivo de car�cter general en el que se
se�alen los procedimientos para el cumplimiento de estas disposiciones.
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del
presente decreto, los mencionados Fondos de Empleados deber�n presentar a la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria, para su aprobaci�n, el plan de
acci�n que se implementar� para cumplir lo previsto en las secciones 1 y 2 del
Cap�tulo 2 del T�tulo 5 de la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015.
Excepcionalmente, la Superintendencia de la Econom�a Solidaria podr�,
en el acto de aprobaci�n del plan de acci�n, disponer la ampliaci�n del t�rmino
de cumplimiento del indicador de solidez m�nimo establecido en el art�culo
2.11.5.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015, hasta por dos (2) a�os adicionales al
previsto en el inciso primero del presente art�culo, previa solicitud del
respectivo Fondo de Empleados y con fundamento en criterios t�cnicos
previamente definidos por dicha Superintendencia.
Par�grafo.
Dentro del plan de acci�n a que se refiere el inciso tercero del presente
art�culo, los Fondos de Empleados podr�n incluir como medida el traslado de
recursos de los fondos de que trata el art�culo 19 del Decreto Ley 1481 de
1989, modificado por la Ley 1391 de 2010, que figuren en los �ltimos estados
financieros peri�dicos reportados a la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, a la reserva
de protecci�n de los aportes sociales. Este traslado requerir� de la previa
aprobaci�n de la asamblea general de asociados y deber� informarse a la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria.
Art�culo 2.11.6.1.1.
Remisi�n normativa. En lo relacionado con la toma de posesi�n, las disposiciones
contenidas en el T�tulo 2 del Libro 4 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010
son aplicables a las cooperativas de ahorro y cr�dito y las cooperativas
multiactivas o integrales con secci�n de ahorro y cr�dito, en los t�rminos all�
dispuestos.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Modificado
Art. 3, Decreto
704 de 2019)
CAPITULO 1
Principios y procedimientos aplicables al riesgo de liquidez
Art�culo 2.11.7.1.1.
�Definici�n de riesgo de liquidez. Para efectos de lo previsto en el presente T�tulo, se entender� por
riesgo de liquidez la contingencia de que la entidad incurra en p�rdidas
excesivas por la enajenaci�n de activos a descuentos inusuales y
significativos, con el fin de disponer r�pidamente de los recursos necesarios
para cumplir con sus obligaciones contractuales.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.7.1.2.
�Identificaci�n, medici�n, control y
monitoreo del riesgo de liquidez. Las cooperativas
de ahorro y cr�dito, las cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de
ahorro y cr�dito, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales deber�n
realizar una efectiva gesti�n y administraci�n del riesgo de liquidez, que les
permita identificar, medir, controlar y monitorear su exposici�n, tanto en las
posiciones del balance como fuera de �l, con el objeto de protegerse de
eventuales cambios que ocasionen p�rdidas en los estados financieros
La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria impartir� las instrucciones
necesarias para la identificaci�n, medici�n, control y monitoreo del riesgo
liquidez, a partir de lo previsto en el presente T�tulo. En lo no previsto, la
entidad de vigilancia y control tomar� en cuenta las recomendaciones del Comit�
de Basilea para la Supervisi�n Bancaria, consultando en todo caso la naturaleza
de las entidades de que trata el presente T�tulo.
Sin
perjuicio de lo anterior, la Superintendencia de la Econom�a Solidaria
verificar� que las entidades de que trata el presente T�tulo cuenten, para la
identificaci�n, medici�n, control y monitoreo del riesgo de liquidez, con una
estructura organizacional acorde con sus caracter�sticas, su tama�o, y la
complejidad de sus operaciones, y adopten pol�ticas para el manejo de liquidez
que cumplan los siguientes principios y que las mismas sean incorporadas en sus
manuales y procedimientos internos:
1. Cada entidad debe contar con una estrategia general para la gesti�n de
su riesgo de liquidez, la cual debe ser aprobada por el Consejo de
Administraci�n y la Alta Gerencia y comunicada a toda la organizaci�n. Dicha
estrategia debe incorporar la definici�n de planes que permitan mitigar la
exposici�n al riesgo de liquidez en situaciones normales de operaci�n de la
entidad, as� como los planes de contingencia que se ejecutar�n en situaciones
excepcionales o de crisis de la organizaci�n o del mercado.
2. El Consejo de Administraci�n debe asegurarse que los gerentes toman las
medidas necesarias para monitorear y controlar el riesgo de liquidez, y deber�
ser informado de cualquier cambio significativo.
3. La estrategia para el manejo de liquidez debe contener, entre otros
aspectos, las pol�ticas para su mitigaci�n, los l�mites de exposici�n y los procedimientos
para la adecuada implementaci�n y funcionamiento del sistema de administraci�n
de dicho riesgo.
4. Cada entidad debe tener un sistema adecuado de control interno sobre su
proceso de administraci�n de riesgo de liquidez, que incluya entre otros elementos,
an�lisis regulares y evaluaciones permanentes, internos o externos, de la
efectividad del sistema para garantizar que se efect�en adecuadas revisiones y
mejoras. Los resultados de dichas revisiones deben estar disponibles para las
autoridades de supervisi�n.
5. Cada entidad debe tener un mecanismo para asegurarse que exista un
nivel adecuado de revelaci�n de informaci�n de la organizaci�n de econom�a
solidaria, con el fin de permitir la percepci�n del p�blico sobre la realidad
de la organizaci�n y de su situaci�n financiera.
(Modificado
Art. 4, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.1.3.
Criterios para la identificaci�n, medici�n,
control y monitoreo del riesgo de liquidez. La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria impartir� instrucciones de car�cter
general para definir, entre otros, la metodolog�a y par�metros para el c�lculo
del grado de exposici�n al riesgo de liquidez, la forma de distribuci�n de
saldos de acuerdo con sus vencimientos contractuales o esperados, los
horizontes de an�lisis y las fechas de corte para su evaluaci�n. Para el
efecto, se considerar�n los diferentes niveles de supervisi�n, lo previsto en
el inciso segundo del art�culo 2.11.7.1.2 y, en el caso de los Fondos de
Empleados de categor�a plena, las disposiciones del art�culo 2.11.5.2.2.5 del
presente Decreto.
El
an�lisis del grado de exposici�n al riesgo de liquidez no deber� contener proyecciones
de futuras captaciones y colocaciones respecto de las cuales no exista un
compromiso contractual.
Par�grafo. Se entiende por vencimiento
esperado aquel que es necesario estimar mediante an�lisis estad�sticos de datos
hist�ricos, debido a que para algunos pasivos no se conocen las fechas ciertas
de vencimiento.
(Modificado
Art. 5, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.1.4.
Comit� Interno de Administraci�n del
Riesgo de Liquidez. Las entidades deben contar con
un comit� interno de administraci�n de riesgo de liquidez, cuya estructura se
definir� de conformidad con el esquema organizacional de la instituci�n y
depender� del Consejo de Administraci�n o quien haga sus veces, el cual ser� el
responsable del nombramiento de sus integrantes.
Cada
entidad deber� mantener a disposici�n de la Superintendencia una copia del acta
del Consejo de Administraci�n en la que conste la creaci�n del comit�, su
conformaci�n, estructura y funciones. As� mismo, deber�n estar disponibles las
actas en las que se realicen modificaciones al Comit� de Liquidez en lo que se
refiere a su composici�n, funciones y responsabilidades. El Comit� Interno de
Administraci�n del Riesgo de Liquidez deber� reunirse ordinariamente por lo
menos una vez al mes, y en forma extraordinaria, cada vez que la situaci�n lo
amerite.
La existencia de este
comit� no eximir� de las responsabilidades que, en el proceso de identificaci�n,
medici�n, control y monitoreo de los riesgos, tienen el Consejo de Administraci�n,
los representantes legales y los dem�s administradores de la entidad.
(Inciso
Tercero modificado por Art. 6, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.1.5.
Objetivos del Comit� Interno de
Administraci�n del Riesgo de Liquidez. El objetivo
primordial del Comit� de Liquidez ser� el de apoyar al Consejo de
Administraci�n y a la Alta Gerencia de la instituci�n en la definici�n del
apetito y la tolerancia al riesgo de liquidez, as� como la definici�n,
seguimiento y control de lo previsto en los art�culos 2.11.7.1.2. y 2.11.7.1.3
del presente Decreto, para lo cual deber�, cuando menos, cumplir con las
siguientes funciones:
1.
Establecer las pol�ticas, procedimientos y mecanismos adecuados para la gesti�n
y administraci�n del riesgo de liquidez, velar por la capacitaci�n del personal
de la entidad en lo referente a este tema y propender por el establecimiento de
los sistemas de informaci�n necesarios.
2.
Asesorar al Consejo de Administraci�n en la definici�n de los l�mites de
exposici�n al riesgo de liquidez, los planes que permitan mitigar la exposici�n
a este riesgo en situaciones normales de operaci�n, los planes de contingencia
y las medidas de mitigaci�n de dicho riesgo.
3.
Presentar informes peri�dicos al Consejo de Administraci�n sobe el an�lisis y
recomendaciones en relaci�n con la exposici�n al riesgo de liquidez de la
organizaci�n y las acciones correctivas que deben adoptarse.
(Modificado por Art. 7, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
CAPITULO 2
Fondo de liquidez para cooperativas de ahorro y cr�dito,
cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y cr�dito, fondos
de empleados y asociaciones mutuales
(Modificado por Art. 8, Decreto
704 de 2019)
Art�culo 2.11.7.2.1.
Monto exigido. Las entidades de que trata el presente T�tulo deber�n mantener
permanentemente un monto equivalente a por lo menos el diez por ciento (10%) de
los dep�sitos en las siguientes entidades:
1. Establecimientos de cr�dito vigilados por la Superintendencia Financiera
de Colombia. Para el efecto, los recursos se deber�n mantener en cuentas de
ahorro, cuentas corrientes, certificados de dep�sito a t�rmino, certificados de
ahorro a t�rmino o bonos ordinarios, emitidos por la entidad.
2. En fondos de inversi�n colectiva administrados por sociedades
fiduciarias o sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Estos fondos deben corresponder
exclusivamente a fondos de inversi�n colectiva del mercado monetario o fondos
de inversi�n colectiva abiertos sin pacto de permanencia cuya pol�tica de
inversi�n y/p composici�n se asimilen a los fondos de inversi�n colectiva del
mercado monetario.
En
ambos casos los recursos deben mantenerse en instrumentos o t�tulos de m�xima
liquidez y seguridad.
El
monto del fondo se establecer� tomando para el efecto, el saldo de dep�sitos registrado
en los estados financieros del periodo objeto de reporte, verificados por el
revisor fiscal.
Par�grafo 1. Respecto de los ahorros permanentes,
el monto m�nimo a mantener como fondo de liquidez ser� el dos por ciento (2%) del
saldo de estos dep�sitos, siempre y cuando los estatutos de la entidad establezcan
que los mismos pueden ser retirados �nicamente al momento de la desvinculaci�n
definitiva del asociado. Si los estatutos establecen que los ahorros
permanentes pueden ser retirados en forma parcial, el monto m�nimo a mantener
en el fondo de liquidez por este concepto ser� del diez por ciento (10%).
Par�grafo 2. La Superintendencia de la
Econom�a Solidaria podr� establecer l�mites individuales para los diferentes
instrumentos previstos en los numerales 1 y 2 del presente art�culo.
(Modificado por Art. 9, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.2.2.
Cumplimiento del fondo de liquidez. El fondo se deber� mantener constante y en forma permanente durante el
respectivo per�odo. El fondo de liquidez podr� disminuir solamente por la
utilizaci�n de los recursos para atender necesidades de liquidez originadas en
la atenci�n de obligaciones derivadas de los dep�sitos de la entidad, o por
efecto de una disminuci�n de los dep�sitos de la entidad.
Par�grafo. Los t�tulos y dem�s valores
permanecer�n bajo la custodia del establecimiento de cr�dito, la sociedad
fiduciaria o en un Dep�sito Centralizado de Valores vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, y deber�n permanecer libres de todo
gravamen.
(Modificado por Art. 10, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.2.3.
Condiciones especiales para el uso del
fondo de liquidez. Las entidades de que trata el
presente T�tulo podr�n utilizar el fondo de liquidez, previo aviso a la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria, entidad que verificar� que su
utilizaci�n obedeci� exclusivamente a las causas descritas en el art�culo
2.11.7.2.2. del presente Decreto. Con el aviso, las entiodades deber�n informar
el monto de los recursos que ser�n utilizados y un plan de acci�n para la
reconstrucci�n del fondo.
Par�grafo 1. El deber de avisar en forma
previa a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria no implica autorizaci�n
previa por parte de la entidad de vigilancia y control.
Par�grafo 2.� Para todos sus efectos, desatender el plan de acci�n
de reconstituci�n del fondo de liquidez propuesto, corresponde a un
incumplimiento de la obligaci�n de constituir y mantener el fondo de liquidez.
(Modificado por Art. 11, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.2.4.
Presentaci�n de informes. Las entidades de que trata el presente T�tulo deber�n informar a la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria el monto y composici�n del fondo de
liquidez, as� como el saldo de sus dep�sitos,en el formato que para el efecto
defina el ente de control y con la periodicidad correspondiente a cada nivel de
supervisi�n. Los extractos de cuenta y dem�s comprobantes que determine la
Superintendencia de la Econom�a Solidaria, expedidos por la entidad depositaria
de los recursos, deben reposar en la organizaci�n y estas disponibles en todo
momento para las autoridades de supervisi�n.
Los
informes a que se refiere el presente art�culo, deber�n presentarse debidamente
validados y auditados por parte del revisor fiscal de la entidad.
(Modificado por Art. 12, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
CAPITULO 3
Otras disposiciones
Art�culo 2.11.7.3.1.
�Supervisi�n, vigilancia y control.
La verificaci�n del cumplimiento de lo previsto en el presente T�tulo estar� a
cargo de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria, entidad que adem�s
impartir� las instrucciones necesarias para la identificaci�n, medici�n,
control y monitoreo del riesgo de liquidez y dem�s disposiciones necesarias,
para la aplicaci�n de lo previsto en el presente T�tulo.
En
todo caso, la respectiva entidad de supervisi�n deber� efectuar, un seguimiento
mensual de los costos de las captaciones de cada una de las entidades de
acuerdo con los formatos que se adopten para el efecto.
(Modificado por Art. 13, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.7.3.2.
Sanciones.
El incumplimiento de lo previsto en el presente T�tulo, acarrear� las sanciones
personales e institucionales pertinentes por parte de la Superintendencia de la
Econom�a Solidaria.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.7.3.3.
Armonizaci�n de terminolog�a. Para efectos del presente T�tulo debe entenderse que las referencias
hechas a Consejos de Administraci�n se entienden extensivas a las Juntas
Directivas de los fondos de empleados y de las asociaciones mutuales. Del mismo
modo cuando este T�tulo se refiere a las Juntas de Vigilancia, tal referencia
se extiende a las juntas de control social de las asociaciones mutuales y a los
comit�s de control social de los fondos de empleados.
(Modificado por Art. 14, Decreto
704 de 2019; Art 1, Decreto
961 de 2018)
(Vigencia: Ver Art. 16 y Art 17 del Decreto
704 de 2019).
Art�culo 2.11.8.1.
Servicios prestados por medio de
corresponsales. Las cooperativas de ahorro y
cr�dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y
cr�dito que cumplan con los requisitos previstos en este T�tulo, podr�n
prestar, bajo su plena responsabilidad, los servicios a que se refiere el art�culo
2.36.9.1.4 del Decreto 2555 de 2010 con excepci�n de aquellos que no est�n
expresamente autorizados por su r�gimen legal, a trav�s de terceros
corresponsales conectados a trav�s de sistemas de transmisi�n de datos, quienes
actuar�n en todo caso por cuenta de tales cooperativas, en los t�rminos del
presente T�tulo.
Los
corresponsales contratados por las cooperativas de que trata el presente
T�tulo, podr�n promocionar bajo la responsabilidad de �stas, los servicios de
la respectiva cooperativa, o la asociaci�n a estas �ltimas, siempre y cuando
informen debidamente a los interesados en asociarse a la entidad, sobre los
derechos y deberes inherentes a la calidad de asociado, as� como las
caracter�sticas propias de los aportes, distingui�ndolas de los dep�sitos de
ahorro, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del art�culo 43 de la
Ley 454 de 1998, modificado por el art�culo 103 de la Ley 795 de 2003, y las�
instrucciones impartidas para el efecto por parte de la Superintendencia de la
Econom�a Solidaria.
Los
interesados deber�n ser informados adem�s, de los costos inherentes a la
asociaci�n, tales como cuotas de sostenimiento de la cooperativa, aportes
mensuales obligatorios y similares. En todo caso, de acuerdo con el numeral 2
del art�culo 22 de la Ley 79 de 1988, s�lo el �rgano competente de la
cooperativa, podr� aceptar el ingreso de los interesados.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.8.2.
Disposiciones aplicables. A las cooperativas de que trata el presente T�tulo y a los
corresponsales que estas contraten, les ser� aplicable el r�gimen previsto en
el T�tulo 9 del Libro 36 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010,
correspondi�ndole a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria las funciones
previstas en �ste para la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sin
embargo, las instrucciones sobre calidades de los corresponsales,
administraci�n de riesgos impl�citos tales como el operativo y de lavado de
activos, las especificaciones m�nimas que deber�n tener los medios electr�nicos
que se utilicen para la prestaci�n de los servicios y las pertinentes para la
realizaci�n de las distintas operaciones previstas en el art�culo 2.36.9.1.4
del Decreto 2555 de 2010, ser�n las mismas impartidas por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las entidades sometidas a su vigilancia, con el fin
de asegurar que la prestaci�n de servicios financieros por parte de los
establecimientos de cr�dito y las cooperativas de que trata este T�tulo por
medio de corresponsales, se realice en igualdad de condiciones.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.8.3.
Requisitos para prestar servicios
financieros a trav�s de corresponsales. La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria s�lo podr� autorizar la prestaci�n de
servicios financieros a trav�s de corresponsales a las cooperativas de ahorro y
cr�dito y cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y
cr�dito que re�nan las siguientes condiciones:
1.
Contar con autorizaci�n de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria para
adelantar actividad financiera.
2.
Estar inscritos en el Fondo de Garant�as de Entidades Cooperativas�Fogacoop.
3.
Demostrar la capacidad t�cnica necesaria para operar a trav�s de
corresponsales, de tal forma que su plataforma tecnol�gica pueda estar
conectada en l�nea con los terminales electr�nicos situados en las instalaciones
de los corresponsales.
Par�grafo. La Superintendencia de la Econom�a
Solidaria podr� establecer requisitos adicionales a los previstos en el
presente T�tulo, de acuerdo con la situaci�n particular de la respectiva
cooperativa.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
CAPTACI�N DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CR�DITO Y SECCIONES DE
AHORRO Y CR�DITO DE COOPERATIVAS MULTIACTIVAS O INTEGRALES A TRAV�S DE AHORRO
CONTRACTUAL
Art�culo 2.11.9.1.
Captaci�n de recursos a trav�s del ahorro
contractual. Las cooperativas de ahorro y cr�dito
y las multiactivas o integrales con secci�n de ahorro y cr�dito autorizadas por
la Superintendencia de la Econom�a Solidaria para adelantar actividad
financiera e inscritas en el Fondo de Garant�as de Entidades Cooperativas,
pueden celebrar contratos con sus asociados con el objeto de pagar, en el
tiempo que se convenga, dep�sitos de sumas fijas, hechos a intervalos
regulares, con sus respectivos intereses, o pagar dichos dep�sitos cuando, con
los r�ditos acreditados, igualen una suma determinada.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.9.2.
Contratos de ahorro contractual. Los contratos que celebren las cooperativas con sus asociados, de
acuerdo con el art�culo anterior, no podr�n estipular la p�rdida de las sumas
depositadas en caso de que no se hagan los pagos convenidos; no obstante, podr�
pactarse la p�rdida para el depositante de los intereses devengados con
anterioridad a dicho incumplimiento.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.9.3.
Prueba de los contratos. Las cooperativas
podr�n expedir, como prueba del contrato celebrado, una certificaci�n en la que
conste la suma que deber� acumularse en los dep�sitos convenidos, o el tiempo
durante el cual los dep�sitos y los intereses deban acumularse.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
CAP�TULO 1
Reglas sobre patrimonio
Art�culo 2.11.10.1.1.
Patrimonio adecuado. Las cooperativas de ahorro y cr�dito y las cooperativas multiactivas e
integrales con secci�n de ahorro y cr�dito, deber�n cumplir las normas sobre
niveles adecuados de patrimonio y relaci�n m�nima de solvencia contemplados en
este T�tulo, con el fin de proteger la confianza del p�blico en el sistema y
asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.2.
Relaci�n de solvencia. la relaci�n de solvencia se define como el valor del patrimonio
t�cnico de que trata el art�culo 2.11.10.1.3. del presente Decreto, dividido
por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio a que se
refiere el art�culo 2.11.10.1.7. del presente Decreto. Esta relaci�n se expresa
en t�rminos porcentuales.
La
relaci�n de solvencia m�nima de las cooperativas de ahorro y cr�dito y las
cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y cr�dito ser� del
nueve por ciento (9%).
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Par�grafo. Para las cooperativas de ahorro y
cr�dito y las cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y
cr�dito que tengan autorizado un monto de aportes sociales m�nimos inferior a
los previstos en el art�culo 42 de la Ley 454 de 1998, la relaci�n de solvencia
m�nima ser� del veinte por ciento (20%).
Art�culo 2.11.10.1.3.
Patrimonio t�cnico. El cumplimiento de la relaci�n de solvencia se efectuar� con base en
el patrimonio t�cnico que refleje cada cooperativa, calculado mediante la suma
del patrimonio b�sico neto de deducciones y el patrimonio adicional, de acuerdo
con las reglas contenidas en los art�culos siguientes.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.4.
Patrimonio b�sico. El patrimonio b�sico de las cooperativas a que se refiere el presente
T�tulo comprender�:
a)
La reserva de protecci�n de los aportes sociales descrita en el art�culo 54 de
la Ley 79 de 1988.
b)
El monto m�nimo de aportes no reducibles previsto en los estatutos, el cual no
podr� disminuir durante la existencia de la cooperativa, de acuerdo con el
numeral 7 del art�culo 50 de la Ley 79 de 1988. .
c)
El fondo no susceptible de repartici�n constituido para registrar los
excedentes que se obtengan por la prestaci�n de servicios a no afiliados, de
acuerdo con el art�culo 10 de la Ley 79 de 1988. La calidad de no repartible,
impide el traslado total o parcial de los recursos que componen el fondo a
otras cuentas del patrimonio.
d)
Los aportes sociales amortizados o readquiridos por la entidad cooperativa en
exceso del que est� determinado en los estatutos como monto m�nimo de aportes
sociales no reducibles.
e)
El fondo de amortizaci�n o readquisici�n de aportes a que hace referencia el
art�culo 52 de la Ley 79 de 1988, bajo el entendido de que la destinaci�n
especial a la que se refiere la disposici�n, determina que los recursos de este
fondo no pueden ser objeto de traslado a otras cuentas del patrimonio, ni
utilizados para fines distintos a la adquisici�n de aportes sociales.
f)
Las donaciones, siempre que sean irrevocables.
g)
Cualquier otro instrumento emitido, avalado o garantizado por el Fondo de
Garant�as de Entidades Cooperativas, Fogacoop; utilizado para el
fortalecimiento patrimonial de las entidades.
h)
Las dem�s reservas y fondos permanentes de orden patrimonial creados de acuerdo
con lo establecido en el art�culo 56 de la Ley 79 de 1988.
(Art 1, Decreto
961 de 2018, adicionado el literal h) por el
Art 6 del Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.5.
Deducciones del patrimonio b�sico. Se deducir�n del patrimonio b�sico los siguientes conceptos:
a)
Las p�rdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso.
b)
El valor de las inversiones de capital, as� como de las inversiones en bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, en bonos subordinados opcionalmente
convertibles en acciones o, en general, en instrumentos de deuda subordinada,
efectuadas en forma directa o indirecta en entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la
Superintendencia de la Econom�a Solidar�a, con sujeci�n a lo previsto en el
numeral 1 y el par�grafo 20 del art�culo 50 de la Ley 454 de 1998, sin incluir
sus valorizaciones.
Los
aportes que las cooperativas de que trata el presente T�tulo posean en otras
entidades de naturaleza solidaria se consideran inversiones de capital.
c)
Los activos intangibles registrados.
d)
El valor no amortizado del c�lculo actuarial del pasivo pensional.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.6.
Patrimonio adicional. El patrimonio adicional de las cooperativas a que se refiere el
presente T�tulo comprender�:
a)
Los excedentes del ejercicio en curso, en el porcentaje en el que la Asamblea
General de Asociados, se comprometa irrevocablemente a destinar para el
incremento de la reserva de protecci�n de los aportes sociales, durante o al
t�rmino del ejercicio.
Para
tal efecto, dichos excedentes solo ser�n reconocidos como capital regulatorio
una vez la Superintendencia de Econom�a Solidaria apruebe el documento de
compromiso.
Entre
el 10 de enero y la fecha de celebraci�n de la Asamblea General Ordinaria de
Asociados, se reconocer�n los excedentes del ejercicio anterior en el mismo
porcentaje al que se ha hecho referencia en este literal;
b)
El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones o ganancias no realizadas
en inversiones en valores clasificados como disponibles para la venta en
t�tulos de deuda y t�tulos participativos con alta o media bursatilidad,
exceptuando las valorizaciones de las inversiones a que se refiere el literal
b) del art�culo 2.11.10.1.5. del presente Decreto. De dicho monto se deducir�
el cien por ciento (100%) de sus p�rdidas, exceptuando las asociadas a las
inversiones a que se refiere el literal b) del art�culo 2.11.10.1.5. del
presente Decreto.
c)
El valor de las provisiones de car�cter general constituidas por la
cooperativa. El presente instrumento se tendr� en cuenta hasta por un valor
m�ximo equivalente al uno punto veinticinco por ciento (1.25%) de los activos
ponderados por nivel de riesgo crediticio. No se tendr�n en cuenta los excesos
sobre las provisiones generales regulatorias.
Par�grafo. El valor total del patrimonio adicional
no podr� exceder del cien por ciento (100%) del patrimonio b�sico neto de
deducciones.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.7.
Activos ponderados por nivel de riesgo
crediticio. Se entiende por riesgo crediticio la
posibilidad de que una cooperativa incurra en p�rdidas y se disminuya el valor
de su patrimonio t�cnico como consecuencia de que sus deudores fallen en el
cumplimiento oportuno de sus obligaciones o cumplan imperfectamente las
obligaciones financieras en los t�rminos acordados.
Para
determinar el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio,
las cooperativas tendr�n en cuenta sus activos y contingencias. Para el efecto,
se multiplicar� el valor del respectivo activo o contingencia, por un
porcentaje de ponderaci�n de su valor seg�n corresponda de acuerdo con la
clasificaci�n en las categor�as se�aladas en los art�culos 2.11.10.1.8. y
2.11.10.1.9. de este Decreto.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.8.
Clasificaci�n y ponderaci�n de activos
por nivel de riesgo. Los activos y contingencias
de las cooperativas a que se refiere el presente T�tulo se computar�n por un
porcentaje de su valor, de acuerdo con la siguiente clasificaci�n:
Categor�a
I: Activos de m�xima seguridad, tales como caja, dep�sitos a la vista en
entidades sometidas a inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia y de la Superintendencia de la Econom�a Solidaria, valores de la
Naci�n o del Banco de la Rep�blica, o emitidos para el cumplimiento de
inversiones obligatorias, y los cr�ditos a la Naci�n o garantizados por esta.
Categor�a
II: Activos de muy alta seguridad, tales como los t�tulos emitidos por
entidades p�blicas del orden nacional, los dep�sitos a t�rmino en
establecimientos de cr�dito o en otras cooperativas, cr�ditos garantizados
incondicionalmente con t�tulos emitidos por la Naci�n o el Banco de la
Rep�blica, operaciones activas de cr�dito relacionadas con fondos
interbancarios vendidos, pactos de reventa, pagos anticipados, cr�ditos
garantizados incondicionalmente con t�tulos emitidos por la Naci�n o el Banco
de la Rep�blica, gobiernos o bancos centrales de los pa�ses que autorice
expresamente la Superintendencia Financiera de Colombia.
Categor�a
III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como
cr�ditos hipotecarios otorgados para financiar la construcci�n o adquisici�n de
vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados.
Categor�a
IV: Los dem�s activos de riesgo, tales como la cartera de cr�ditos, cuentas por
cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en propiedad, planta y
equipos incluida su valorizaci�n, bienes realizables y recibidos en daci�n en
pago, deudores por aceptaciones, bienes de arte y cultura, remesas en tr�nsito
y las contingencias que se refieren a los bienes y valores entregados en
garant�a, las fianzas y avales otorgados.
Los
activos incluidos en las categor�as anteriores se computar�n por el 0%, 20%,
50% y 100% de su valor, respectivamente.
Par�grafo 1. Los activos que de conformidad
con el art�culo 2.11.10.1.5 de este Decreto se deduzcan para efectuar el
c�lculo del patrimonio b�sico, no se computar�n para efectos de determinar el
total de activos ponderados por riesgo de las entidades de que trata el
presente T�tulo.
Par�grafo 2. El fondo de liquidez de que trata
el Cap�tulo 2 del T�tulo 7 de la Parte 11 del Libro 2 del presente Decreto se
clasificar� de acuerdo con la categor�a que corresponda a las inversiones que
lo componen.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.9.
Clasificaci�n y ponderaci�n de las
contingencias. Las contingencias ponderar�n, para
efectos de la aplicaci�n de lo previsto en el presente T�tulo, seg�n se
determina a continuaci�n:
a)
El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversi�n
crediticio que corresponda a dicha operaci�n, seg�n la siguiente clasificaci�n:
Los
sustitutos directos de cr�dito, tales como los contratos de apertura de cr�dito
irrevocables, tienen un factor de conversi�n crediticio del cien por ciento
(100%).
Los
procesos administrativos o judiciales, los cr�ditos aprobados no desembolsados,
y los contratos de apertura de cr�dito revocables, en los cuales el riesgo de
cr�dito permanece en la cooperativa, tienen un factor de conversi�n crediticio
del veinte por ciento (20%).
Las
otras contingencias, tienen un factor de conversi�n crediticio del cero por
ciento (0%);
b)
El monto resultante se computar� de acuerdo con las categor�as se�aladas en el
art�culo 2.11.10.1.8. de este Decreto, teniendo en cuenta las caracter�sticas
de la contraparte.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.10.
Detalle de la clasificaci�n de activos y
contingencias. La Superintendencia de la Econom�a
Solidaria impartir� las instrucciones necesarias para facilitar la debida
clasificaci�n de la totalidad de los activos y las contingencias dentro de las
categor�as determinadas en los art�culos precedentes y de acuerdo con los
criterios all� se�alados.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.1.11.
Valoraciones y provisiones. Para efectos del presente T�tulo, los activos se valorar�n por su
costo ajustado pero se computar�n netos de su respectiva provisi�n .
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
CAP�TULO 2
L�mites a los cupos individuales de cr�dito y la
concentraci�n de operaciones
Art�culo 2.11.10.2.1.
Cuant�a m�xima del cupo individual. Ninguna de las cooperativas a que se refiere el presente decreto podr�
realizar con una misma persona natural o jur�dica, directa o indirectamente.
operaciones activas de cr�dito, que conjunta o separadamente excedan del diez
por ciento (10%) del patrimonio t�cnico de la entidad, si la �nica garant�a de
la operaci�n es el patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones
respectivas cuenten con garant�as o seguridades admisibles suficientes. las operaciones
de que trata el presente art�culo pueden alcanzar hasta el veinte por ciento
(20%) del patrimonio t�cnico de la entidad.
(Art 1, Decreto
961 de 2018, modificado por el Art 7 del Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.10.2.2.
Informaci�n a las Juntas de Vigilancia y
Consejos de Administraci�n. Toda situaci�n de
concentraci�n de cupo individual superior al diez por ciento (10%) del
patrimonio t�cnico, cualesquiera que sean las garant�as que se presenten,
deber� ser reportado mensualmente por el representante legal a la Junta de Vigilancia
y al Consejo de Administraci�n de la respectiva entidad.
Igualmente,
dentro del mismo t�rmino deber�n informarse las clases y montos de las
garant�as vigentes para la operaci�n, pr�rrogas, renovaciones o
refinanciaciones de las obligaciones que constituyen la concentraci�n del
riesgo.
Par�grafo. Para el cumplimiento de lo previsto
en el presente art�culo, el consejo de administraci�n y la junta de vigilancia
actuar�n de manera independiente y exclusivamente bajo el cumplimiento de las
funciones que corresponden a cada �rgano. La junta de vigilancia actuar� con
sujeci�n a las funciones establecidas en los art�culos 59 de la Ley 454 de 1998
y 2.11.11.6.2. del Decreto 1068 de 2015.
(Art 1, Decreto
961 de 2018, adicionado un par�grafo por el Art
8 del Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.10.2.3.
Remisi�n normativa. Las cooperativas de ahorro y cr�dito y las multiactivas o integrales
con secci�n de ahorro y cr�dito, se continuar�n sujetando en los dem�s aspectos
a las disposiciones del T�tulo 2 y 3 del Libro 1 de la Parte 2 del Decreto 2555
de 2010 y las que lo modifiquen, adicionen o complementen.
Art�culo 2.11.10.2.4.
L�mites a las inversiones. Las inversiones de capital de las cooperativas de ahorro y cr�dito y
de las secciones de ahorro y cr�dito de las cooperativas multiactivas o
integrales se deben sujetar a lo dispuesto en el par�grafo 1� del art�culo 50
de la Ley 454 de 1998, modificado por el art�culo 107 de la Ley 795 de 2003.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.2.5.
L�mite individual a las captaciones. Las cooperativas de ahorro y cr�dito y las cooperativas multiactivas
con secci�n de ahorro y cr�dito podr�n recibir de una misma persona natural o
jur�dica dep�sitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del total de su patrimonio t�cnico.
Para
el efecto, se computar�n las captaciones en dep�sitos de ahorro a la vista, a
t�rmino, contractual y dem�s modalidades de captaciones, que se celebren con
una misma persona natural o jur�dica, de acuerdo con los par�metros previstos
en las normas establecidas en el presente Cap�tulo sobre cupo individual de
cr�dito.
Par�grafo. Para los fines del presente
art�culo, los recaudos por concepto de servicios p�blicos se exceptuar�n del
c�mputo de l�mite individual a las captaciones.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
Art�culo 2.11.10.2.6.
Acumulaci�n en personas naturales. Conformar�n un grupo conectado de personas naturales aquellos asociados
que sean c�nyuges. compa�eros o compa�eras permanentes, o parientes dentro del
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y �nico civil.
Par�grafo. Las organizaciones podr�n exceptuar
del concepto de grupo conectado previsto en el presente art�culo aquellos
eventos en que la persona natural. respecto de la cual se predique la
acumulaci�n. haya declarado previamente bajo juramento a la respectiva
cooperativa que act�a bajo intereses econ�micos contrapuestos o independientes.
Estas declaraciones estar�n a disposici�n de la Superintendencia de la Econom�a
Solidaria para el ejercicio de sus funciones de supervisi�n.
(Art 9, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 3
Otras disposiciones
Art�culo 2.11.10.3.1.
Sanciones.
De acuerdo con lo previsto en los numerales 6 y 7 del art�culo 36 de la Ley 454
de 1998, corresponde a la Superintendencia de la Econom�a Solidaria imponer las
sanciones previstas en la Ley por el incumplimiento de las anteriores
disposiciones y a las normas que lo modifiquen, o sustituyan.
(Art 1, Decreto
961 de 2018)
CAP�TULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art�culo 2.11.11.1.1.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones del presente T�tulo ser�n aplicables a las
cooperativas de ahorro y cr�dito, las cooperativas multiactivas e integrales
con secci�n de ahorro y cr�dito, y los fondos de empleados de categor�a plena
de que trata el art�culo 2.11.5.1.3. del presente decreto.
Par�grafo. Los fondos de empleados de
categor�a b�sica e intermedia, las asociaciones mutuales, y los organismos de
segundo y tercer grado y las instituciones auxiliares del cooperativismo que,
respectivamente, agrupen o sean creadas por las organizaciones de que trata el
presente art�culo, adoptar�n facultativamente las disposiciones previstas en
este T�tulo.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.1.2.
Instrumentos de formalizaci�n. Los requisitos, condiciones y criterios planteados en el presente
T�tulo ser�n incorporados para su cumplimiento dentro de los reglamentos o
manuales de las organizaciones con sujeci�n a los lineamientos generales que se
establezcan en los estatutos sociales, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley 454 de 1998, y los Decretos Ley 1480 y 1481 de 1989, seg�n corresponda.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 2
INFORMACI�N A LOS ASOCIADOS, CONVOCATORIA Y POL�TICAS M�NIMAS
PARA LA ASAMBLEA GENERAL
Art�culo 2.11.11.2.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente cap�tulo tienen por objeto establecer
algunos instrumentos de informaci�n y fortalecer la implementaci�n de
iniciativas que motiven la participaci�n plural y democr�tica de los asociados
en los �rganos de administraci�n, la toma de decisiones, la gesti�n de riesgos
y el desarrollo de buenas pr�cticas de gobierno de las organizaciones.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.2.2.
Informaci�n permanente a los asociados. Las organizaciones deber�n establecer requisitos de informaci�n a los
asociados, con los que como m�nimo se garantice" previo a la vinculaci�n
del asociado y durante todo el tiempo de vinculaci�n:
1.
La obligaci�n de ponerle en conocimiento de los derechos y obligaciones que de
acuerdo
con la normatividad vigente, los estatutos y el reglamento, le corresponden a
los asociados de la entidad y en general a los asociados de organizaciones de
econom�a solidaria, y las caracter�sticas de sus aportes y dep�sitos.
2.
Los programas de capacitaci�n, rendici�n de cuentas, perfiles e informes de los
�rganos de administraci�n, control y vigilancia.
3.
Los canales de comunicaci�n de que dispone la organizaci�n, a trav�s de los
cuales se puede acceder a la informaci�n de la entidad.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.2.3.
Convocatoria a Asamblea General. Con sujeci�n a lo previsto en el art�culo 30 de la Ley 79 de 1988 y en
el art�culo 30 del Decreto Ley 1481 de 1989, para las convocatorias a reuniones
de asamblea general se seguir�n criterios de transparencia, oportunidad y
motivaci�n a la participaci�n democr�tica de los asociados. Para el efecto,
como m�nimo:
1.
La convocatoria a asamblea general ordinaria se realizar� con una anticipaci�n
no menor a 15 d�as h�biles, informando la fecha, hora, lugar, orden del d�a en
que se realizar� la reuni�n y los asuntos que van a someterse a decisi�n. Para
las asambleas extraordinarias se remitir� la misma informaci�n y la
anticipaci�n m�nima ser� de 5 d�as h�biles.
2.
Cuando dentro de una asamblea se vayan a realizar elecciones de �rganos de
administraci�n, control y vigilancia, con la convocatoria se acompa�ar�n los
perfiles que deber�n cumplir los candidatos que se postulen y las reglas de votaci�n
con las que se realizar� la elecci�n. Adicionalmente, las organizaciones
establecer�n pol�ticas de informaci�n para divulgar el perfil de los candidatos
con anterioridad a la elecci�n del respectivo �rgano.
3.
Previo a la celebraci�n de la asamblea general, se informar� a los asociados
inh�biles, si los hubiere, sobre esta condici�n, las razones por la que
adquirieron la inhabilidad, los efectos que le representan y los mecanismos con
que cuenta para superar dicha situaci�n.
Par�grafo
1. Para la aplicaci�n del numeral 2 del presente art�culo, previo a la
realizaci�n de la asamblea se dar� cumplimiento a lo previsto en el par�grafo 1
del art�culo 2.11.11.4.2. del presente decreto y en general, se verificar� por
el �rgano o
funcionario
competente el cumplimiento de los requisitos que se requieren para la
postulaci�n.
Par�grafo
2. La postulaci�n de candidatos a miembros de �rganos de administraci�n,
control y vigilancia se realizara de forma separada para los diferentes
�rganos, de manera que en una misma asamblea cada candidato se postule
solamente a uno de ellos.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.2.4.
Informaci�n sobre la asamblea general. Las organizaciones adoptar�n pol�ticas de comunicaci�n e informaci�n
dirigidas a los asociados sobre las decisiones tomadas en asamblea general.
Entre estas pol�ticas se establecer�n canales de comunicaci�n para todos los
asociados, incluyendo aquellos que no hayan participado en la asamblea.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 3
NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS
Art�culo 2.11.11.3.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente cap�tulo tienen por objeto fortalecer
las relaciones de representaci�n de los asociados con sus delegados, con base
en pol�ticas de comunicaci�n que aseguren informaci�n completa y permanente
sobre las decisiones adoptadas en la asamblea general con la participaci�n de
los delegados.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.3.2.
Elecci�n de delegados. Con sujeci�n a lo previsto en el art�culo 29 de la Ley 79 de 1988 y el
art�culo 32 del Decreto Ley 1481 de 1989, el consejo de administraci�n o junta
directiva de la organizaci�n someter� a aprobaci�n de la asamblea general, el
n�mero y per�odo de elecci�n de los delegados, con lo cual deber� garantizar la
adecuada informaci�n y participaci�n de los asociados por lo menos con base en
las siguientes pol�ticas:
1.
Criterios de sustituci�n de asamblea de asociados por asamblea de delegados:
para lo cual debe justificarse alguna o algunas de las razones previstas en el
inciso primero del art�culo 29 de la Ley 79 de 1988 o en el inciso primero del
art�culo 32 del Decreto Ley 1481 de 1989.
2.
N�mero de delegados: que aseguren que los asociados est�n plena y permanentemente
informados sobre las decisiones tomadas en asamblea, y que todos los segmentos
de asociados est�n representados por al menos un delegado.
Par�grafo.
Para la aplicaci�n del numeral 2 del presente art�culo, enti�ndase por segmento
de asociados aqu�l conformado por asociados que comparten caracter�sticas en
raz�n de su ubicaci�n geogr�fica, actividad econ�mica, vinculaci�n a una
empresa, etc., distintas al v�nculo de asociaci�n previsto en los estatutos de
la organizaci�n.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 4
ELECCI�N DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI�N O JUNTA DIRECTIVA
Art�culo 2.11.11.4.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente cap�tulo tienen por objeto establecer
mecanismos que procuren la idoneidad de los miembros del consejo de
administraci�n o junta directiva, como medida de fortalecimiento del sector y
de estabilidad de las organizaciones.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.4.2.
Elecci�n de miembros de consejo de
administraci�n o junta directiva. Para la
postulaci�n de candidatos como miembros del consejo de administraci�n o junta
directiva, las organizaciones requerir�n que los aspirantes cuenten como m�nimo
con los siguientes requisitos:
1.
Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad �tica y
destrezas id�neas para actuar como miembros.
2.
Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organizaci�n
y/o experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las
responsabilidades y funciones.
3.
No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administraci�n o junta
directiva de una organizaci�n de econom�a solidaria, exclusivamente por hechos
atribuibles al candidato a miembro de consejo o junta y con ocasi�n del
ordenamiento de medidas de intervenci�n.
Par�grafo 1. Los requisitos de que trata el
presente art�culo deber�n ser acreditados al momento en que los candidatos se
postulen para ser elegidos. La junta de vigilancia o comit� de control social,
verificar� el cumplimiento de tales requisitos, de acuerdo con las funciones
que le han sido atribuidas por la Ley, y en consonancia con lo previsto en el
art�culo 2.11.11.6.2. del presente decreto.
Par�grafo 2. Ser� requisito de postulaci�n la
manifestaci�n expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para el
consejo de administraci�n o junta directiva. Las organizaciones establecer�n y
formalizar�n la forma en que se realizar� esta manifestaci�n expresa.
Par�grafo 3. Las organizaciones fijar�n el
nivel de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del presente art�culo,
considerando sus caracter�sticas y la complejidad de sus operaciones. En todo
caso, deber�n propender por la formaci�n y capacitaci�n de todos sus asociados,
especialmente en relaci�n con estos requisitos.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.4.3.
Conformaci�n y retribuci�n del consejo de
administraci�n o junta directiva. El consejo de
administraci�n o junta directiva, deber� contar con un n�mero impar de miembros
principales, y estar� conformado por asociados que cumplan, en todo momento,
los requisitos previstos en el presente T�tulo.
En
caso que la organizaci�n permita la permanencia de miembros por per�odos que
superen los 6 a�os consecutivos, se fijar�n condiciones de participaci�n
posterior en otros �rganos de administraci�n, controlo vigilancia.
Con
sujeci�n a lo previsto en el inciso segundo del art�culo 35 de la Ley 79 de
1988, y los art�culos 36 y 37 del Decreto Ley 1481 de 1989, y 7 de la Ley 454
de 1998, para la conformaci�n y retribuci�n del consejo de administraci�n o
junta directiva, las organizaciones establecer�n como m�nimo:
1.
La composici�n, n�mero de miembros, per�odo y procesos para la realizaci�n de
las reuniones del consejo de administraci�n o junta directiva.
2.
Los mecanismos de evaluaci�n de desempe�o del consejo de administraci�n o junta
directiva, que permitan hacerle seguimiento a su labor, periodicidad de la
evaluaci�n y los efectos de la misma.
3.
Los mecanismos de rotaci�n o renovaci�n de los miembros del consejo de
administraci�n o junta directiva que hayan sido dispuestos por la organizaci�n,
si los hubiere.
4.
Las pol�ticas de retribuci�n, atenci�n de gastos y destinaci�n de presupuesto
para la inducci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de las operaciones del consejo de
administraci�n o junta directiva, en caso que en los estatutos sociales se haya
autorizado el pago de estos conceptos.
5.
Los criterios, de participaci�n de los miembros suplentes, que en todo caso
estar�n. apropiadamente delimitados para garantizar que esta participaci�n no
afecte la toma de decisiones por los miembros principales.
6.
Los mecanismos de suministro de informaci�n a la junta de vigilancia o comit�
de control social. En el desarrollo de las sesiones de consejo de
administraci�n o junta directiva se velar� por su independencia de la junta de
vigilancia o comit� de control social.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 5
LA GERENCIA
Art�culo 2.11.11.5.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente cap�tulo tienen por objeto fortalecer
el proceso de selecci�n de los gerentes de las organizaciones y su relaci�n con
el consejo de administraci�n o junta directiva.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.5.2.
Selecci�n del gerente. El gerente de las organizaciones ser� nombrado en forma indelegable
por el consejo de administraci�n o junta directiva, considerando criterios que
garanticen su idoneidad �tica y profesional, y la formaci�n y experiencia para
el desarrollo de sus funciones. Los estatutos sociales de la organizaci�n
establecer�n los criterios de selecci�n del gerente general, exigiendo como
m�nimo los siguientes aspectos:
1.
Formaci�n en �reas relacionadas con el desarrollo de operaciones de la organizaci�n,
tales como administraci�n, econom�a, contadur�a, derecho, finanzas o afines.
2.
Experiencia en actividades relacionadas con el objeto social de la
organizaci�n.
3.
No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administraci�n o junta
directiva de una organizaci�n de econom�a solidaria, exclusivamente por hechos
atribuibles al candidato a gerente con ocasi�n del ordenamiento de medidas de
intervenci�n.
Par�grafo. El consejo de administraci�n o
junta directiva verificar� el cumplimiento de los requisitos previstos en el
presente art�culo, siguiendo los procedimientos de calificaci�n del perfil y de
decisi�n previamente establecidos en los reglamentos.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.5.3.
Relaci�n con otros �rganos de
administraci�n, control o vigilancia. Para el
adecuado funcionamiento en las relaciones entre la gerencia y otros �rganos de
administraci�n, control o vigilancia, las organizaciones fijar�n respecto de
sus gerentes condiciones para:
1.
El seguimiento a las decisiones o recomendaciones realizadas por el consejo de
administraci�n o junta directiva, junta de vigilancia o comit� de control
social, auditor�a interna, cuando aplique, revisor�a fiscal y a los
requerimientos del supervisor.
2.
La presentaci�n del informe de gesti�n al consejo de administraci�n o junta
directiva, y mecanismos de comunicaci�n e informaci�n con dicho �rgano, en el
que se disponga que la informaci�n ser� enviada con no menos de tres (3) d�as
h�biles de anticipaci�n a cada reuni�n.
3.
La participaci�n en otros �rganos. El gerente no podr� ser simult�neamente
miembro de consejo de administraci�n o junta directiva, de junta de vigilancia
o comit� de control social. .
4.
La suplencia. Las suplencias del gerente, no podr�n ser ejercidas por ninguno
de los miembros del consejo de administraci�n o junta directiva, o de la junta
de vigilancia o comit� de control social.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 6
JUNTA DE VIGILANCIA O COMIT� DE CONTROL SOCIAL
Art�culo 2.11.11.6.1.
Objeto. Las
disposiciones contenidas en el presente cap�tulo tienen por objeto propiciar
que las organizaciones generen pr�cticas de coordinaci�n entre sus �rganos de
administraci�n y sus �rganos de control o vigilancia, garantizando
independencia y adecuada distribuci�n funcional en aras del apropiado
desarrollo del objeto social.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.6.2.
Funciones de la junta de vigilancia o comit�
de control social. La conformaci�n de la junta de
vigilancia o comit� de control social es obligatoria y sus funciones deben
estar relacionadas con actividades de control social y ser diferentes de las
funciones que le corresponden al consejo de administraci�n o junta directiva, a
la revisor�a fiscal o a la auditor�a interna, salvo en aquellas organizaciones
eximidas de revisor fiscal por la Superintendencia de la Econom�a Solidaria.
De
acuerdo con lo previsto en el art�culo 59 de la Ley 454 de 1998, las funciones
de la junta de vigilancia o comit� de control social ser�n ejercidas
exclusivamente con fines de control social, entendi�ndose por �ste el que se
ejerce a efectos de garantizar la satisfacci�n de las necesidades para las
cuales fue creada la organizaci�n de econom�a solidaria, la verificaci�n de que
los procedimientos internos se ajusten al cumplimiento normativo y estatutario,
y la vigilancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones de los
asociados.
La
funci�n de control social debe tratarse de un control t�cnico ejercido con
fundamento en criterios de investigaci�n, valoraci�n y procedimientos
previamente establecidos y formalizados, que no deber� desarrollarse sobre
materias que sean de competencia de los �rganos de administraci�n.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.6.3.
Elecci�n de miembros de la junta de
vigilancia o comit� de control social. Con
sujeci�n a lo previsto en los art�culos 39 de la Ley 79 de 1988 y 42 del
Decreto Ley 1481 de 1989, para la postulaci�n de candidatos como miembros de la
junta de vigilancia o comit� de control social, las organizaciones requerir�n
que los aspirantes cuenten como m�nimo con los siguientes requisitos:
1.
Contar con calidades id�neas para la funci�n de control social y para actuar en
. representaci�n de todos los asociados.
2.
Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad �tica y
destrezas id�neas para actuar como miembros.
3.
No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente
removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administraci�n o junta
directiva de una organizaci�n de econom�a solidaria, exclusivamente por hechos
atribuibles al candidato a miembro de junta de vigilancia o comit� de control
social y con ocasi�n del ordenamiento de medidas de intervenci�n.
Par�grafo 1. Ser� requisito de postulaci�n la
manifestaci�n expresa del candidato de conocerlas funciones, los deberes y las
prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los estatutos para la
junta de vigilancia o comit� de control social. Las organizaciones establecer�n
y formalizar�n la forma en que se realizar� esta manifestaci�n expresa.
Par�grafo 2. Las organizaciones fijar�n el
nivel de los requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del presente art�culo,
considerando sus caracter�sticas y la complejidad de sus operaciones. En todo
caso, deber�n propender por la formaci�n y capacitaci�n de todos sus asociados,
especialmente en relaci�n con estos requisitos.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.6.4.
Conformaci�n de la junta de vigilancia o
comit� de control social. La junta de vigilancia o
comit� de control social, deber� contar con un n�mero impar de miembros
principales, y estar� conformada por asociados que cumplan, en todo momento,
los requisitos previstos por la organizaci�n y en el art�culo 2.11.11.6.3. del
presente decreto. En el caso de las cooperativas de ahorro y cr�dito, y
cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y cr�dito, el
n�mero de miembros principales no podr� ser superior a tres.
En
caso que la organizaci�n permita la permanencia de miembros por per�odos que
superen los 6 a�os consecutivos, se fijar�n condiciones de participaci�n
posterior en otros �rganos de administraci�n, controlo vigilancia.
Para
el funcionamiento de la junta de vigilancia o comit� de control social, las
organizaciones fijar�n como m�nimo los siguientes requisitos:
1.
La composici�n, n�mero de miembros, per�odo y procesos para la realizaci�n de
reuniones.
2.
Los mecanismos de rotaci�n o renovaci�n de miembros que hayan sido dispuestos
por la entidad, si los hubiere.
3.
Las pol�ticas de retribuci�n, atenci�n de gastos y destinaci�n de presupuesto
para la inducci�n, capacitaci�n y evaluaci�n de las operaciones de la junta de vigilancia
o comit� de control social, en caso que en los estatutos sociales se haya
autorizado el pago de estos conceptos.
5.
Los criterios de participaci�n de los miembros suplentes, que en todo caso
estar�n apropiadamente delimitados para garantizar que esta participaci�n no
afecte la toma de decisiones por los miembros principales.
6.
Los mecanismos de suministro de informaci�n al consejo de administraci�n o
junta directiva. En el desarrollo de las sesiones de junta de vigilancia o
comit� de control social se velar� por su independencia del consejo de
administraci�n o junta directiva.
Par�grafo. Los miembros de la junta de
vigilancia o comit� de control social no podr�n usar o difundir en beneficio
propio o ajeno, la informaci�n confidencial a la que tengan acceso. Para el
efecto, las organizaciones fijar�n requisitos de confidencialidad y revelaci�n
de la informaci�n.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.6.5.
Sesiones de la junta de vigilancia o
comit� de control social. La junta de vigilancia o
comit� de control social, se reunir� por lo menos con periodicidad trimestral,
o extraordinariamente cuando los hechos o circunstancias los exijan.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 7
REVISOR�A FISCAL
Art�culo 2.11.11.7.1.
Objeto. Las
disposiciones previstas en el presente capitulo tienen por objeto asegurar la
independencia de la funci�n de revisor�a fiscal con fines de control de la
calidad de la informaci�n financiera.
La
funci�n de revisor�a fiscal debe considerarse una funci�n preventiva y de
aseguramiento de la exactitud de las posiciones financieras y los riesgos
financieros globales que se debe cumplir con sujeci�n a lo previsto en el
art�culo 207 del C�digo de Comercio.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.7.2.
Per�odo del revisor fiscal. Con sujeci�n a los requisitos previstos en los art�culos 41,42 y 43
de la Ley 79 de 1988, y 41 del Decreto Ley 1481 de 1989, los estatutos sociales
deber�n contener el per�odo de nombramiento del revisor fiscal y su suplente, y
criterios de rotaci�n que garanticen su independencia.
La
forma de retribuci�n y evaluaci�n de la revisor�a fiscal deber� ser aprobada
por la asamblea general.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.7.3.
Prestaci�n de servicios adicionales. El revisor fiscal no podr� prestar a la respectiva organizaci�n
servicios distintos a la auditor�a que ejerce en funci�n de su cargo.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
CAP�TULO 8
CONFLICTOS DE INTER�S Y TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS
Art�culo 2.11.11.8.1.
Objetivo.
Las disposiciones del presente cap�tulo tienen por objetivo promover la
adecuada administraci�n de conflictos de inter�s y la revelaci�n correcta de
informaci�n sobre las transacciones realizadas con partes relacionadas.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.8.2.
Pol�ticas y procedimientos de
administraci�n de conflictos de inter�s. Para los
efectos del presente decreto, enti�ndase por conflicto de inter�s la situaci�n
en virtud de la cual una persona en raz�n de su actividad se enfrenta a
distintas alternativas de conducta con relaci�n a intereses incompatibles,
ninguno de los cuales puede privilegiar en atenci�n a sus obligaciones legales
o contractuales.
Las
organizaciones contar�n con pol�ticas y procedimientos de administraci�n de
situaciones de conflicto de inter�s, incluyendo como m�nimo las que puedan
surgir para los miembros del consejo de administraci�n o junta directiva, para
los miembros de la junta de vigilancia o comit� de control social, para el
gerente o representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de
cumplimiento.
La
Superintendencia de la Econom�a Solidaria impartir� instrucciones de car�cter
general sobre las condiciones m�nimas de identificaci�n, evaluaci�n, control y
monitoreo para el cumplimiento de lo previsto en el presente art�culo.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
Art�culo 2.11.11.8.3.
Partes relacionadas. Cuando el marco normativo contable aplicable a la organizaci�n
contemple la obligaci�n de revelar en las notas a los estados financieros las
transacciones con partes relacionadas, dicha revelaci�n deber� incluir como
m�nimo las transacciones con los miembros del consejo de administraci�n o junta
directiva, con los miembros de la junta de vigilancia o comit� de control
social, y con el gerente o representante legal.
(Art 1, Decreto
962 de 2018)
El presente t�tulo se complementa con los siguientes art�culos del
decreto 962 de 2018:
Art�culo 10. R�gimen de transici�n. Las cooperativas de ahorro y
cr�dito, las cooperativas multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y
cr�dito, y los fondos de empleados de categor�a plena, deber�n cumplir las
disposiciones que se se�alan en el art�culo 1 del presente decreto (T�tulo 11
de la Parte 11 del Libro 2) a partir del 2 de mayo de 2019.
T�TULO 12
CONDICIONES PARA LA
ASOCIACI�N DE MICRO, PEQUE�AS Y MEDIANAS EMPRESAS A COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CR�DITO Y A COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCI�N DE AHORRO Y
CR�DITO
Art�culo 2.11.12.1. Condiciones para la asociaci�n de micro, peque�as y
medianas empresas -MIPYMES -a cooperativas de ahorro y cr�dito y a cooperativas
multiactivas e integrales con secci�n de ahorro y cr�dito. las cooperativas de ahorro y cr�dito y las cooperativas multiactivas e
integrales con secci�n de ahorro y cr�dito podr�n asociar micro, peque�as y
medianas empresas -Mipymes -, bajo el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1. Las Mipymes que soliciten asociarse a una cooperativa deber�n acreditar
su tama�o empresarial acogiendo los requisitos, criterios, rangos y
definiciones establecidos en el Cap�tulo 13 del T�tulo 1 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y/o en las disposiciones que lo modifiquen,
sustituyan o adicionen.
2. Las cooperativas deber�n preservar en todo momento su prop�sito de
servicio. Para efectos del presente T�tulo, esta condici�n se cumple cuando la
asociaci�n de Mipymes a la cooperativa: i) es acorde con el objeto social de
esta �ltima y con el v�nculo de asociaci�n establecido en sus estatutos; ii) no
desvirt�a la vocaci�n de servicio social o comunitario de la cooperativa; y
iii) mantiene la igualdad de todos sus asociados, sin importar la naturaleza jur�dica
de los mismos ni el monto de sus aportes sociales, con sujeci�n a lo dispuesto
en el numeral 6 del art�culo 5, los numerales 1 y 5 del art�culo 23, el inciso
primero del art�culo 33 y el art�culo 50 de la Ley 79 de 1988 y el numeral 4
del art�culo 6 de la Ley 454 de 1998.
3. Las cooperativas deber�n preservar su car�cter no lucrativo atendiendo
lo previsto en el art�culo 4 de la Ley 79 de 1988.
4. Las cooperativas deber�n prever los efectos de la asociaci�n de Mipymes
en sus sistemas de gesti�n y administraci�n de riesgos, con el fin de evitar
que sus operaciones con estas comprometan la estabilidad patrimonial de la
cooperativa.
5. En el formulario de asociaci�n o en el instrumento que haga sus veces,
la cooperativa informar� a la Mipyme que aspire a asociarse la prohibici�n de
extenderle los beneficios y prerrogativas que le son otorgados a las
cooperativas por ley. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2
del art�culo 6 de la Ley 79 de 1988 y el numeral 2 del art�culo 13 de la Ley
454 de 1998.
Art�culo 2.11.12.2. Instrumentos de formalizaci�n para la asociaci�n de
Mipymes y su contenido m�nimo. Para el cumplimiento de
lo previsto en el presente T�tulo, los estatutos y reglamentos de las
cooperativas de ahorro y cr�dito y de las cooperativas multiactivas e
integrales con secci�n de ahorro y cr�dito deber�n establecer: i) la
posibilidad de asociar Mipymes, ii) los procedimientos y requisitos que deber�n
cumplir para el proceso de asociaci�n de Mipymes y iii) los procedimientos y
mecanismos que se seguir�n para garantizar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente T�tulo. Para el efecto, los estatutos y reglamentos
contendr�n, como m�nimo, los siguientes aspectos:
1. Los �rganos de gobierno encargados de definir la pol�tica de
asociaci�n, aprobar las solicitudes de vinculaci�n y verificar el cumplimiento
de las condiciones previstas en el presente T�tulo.
2. Las caracter�sticas que deben cumplir las Mipymes que aspiren a
asociarse, las cuales deber�n ser acordes con el objeto social de la
cooperativa y con el v�nculo de asociaci�n establecido en sus estatutos y no
desvirtuar la vocaci�n de servicio social o comunitario de la cooperativa.
3. Las pol�ticas de buen gobierno que definan los procedimientos para
administrar los conflictos de inter�s que pudieran surgir entre la cooperativa,
las Mipymes y los representantes de las Mipymes que participen en los �rganos
de administraci�n, control y vigilancia de la cooperativa.
4. Las herramientas de divulgaci�n y rendici�n de cuentas, incluyendo el
informe de gesti�n del Consejo de Administraci�n, que permitan mantener
informados a los asociados sobre la participaci�n de las Mipymes en los aportes
sociales y las operaciones realizadas con estas."
(Adicionado por el Art. del Decreto
627 de 2023)
Art�culo 2.12.1.1.
Definiciones. Las expresiones contenidas en
este t�tulo tendr�n los siguientes alcances:
�
1. Contribuciones
Parafiscales del Sistema de la Protecci�n Social: Se refieren a los aportes
con destino al Sistema de Seguridad Social Integral conformado por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y a los
establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al R�gimen de Subsidio
Familiar.
�
2. Administradora:
Comprende a las entidades administradoras de pensiones del r�gimen solidario de
prima media con prestaci�n definida, a las entidades administradoras de
pensiones del r�gimen de ahorro individual con solidaridad, a las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) o a las que hagan sus veces, a las entidades
obligadas a compensar y a las dem�s entidades autorizadas para administrar el
r�gimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
a las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), a las Cajas de
Compensaci�n Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
�
3. Omisi�n
en la afiliaci�n: Es el incumplimiento de la obligaci�n de afiliar o
afiliarse a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la
Protecci�n Social y como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las
respectivas contribuciones parafiscales, cuando surja la obligaci�n conforme
con las disposiciones legales vigentes.
�
4. Omisi�n
en la vinculaci�n: Es el no reporte de la novedad de ingreso a una
administradora del Sistema de la Protecci�n Social cuando surja la obligaci�n
conforme con las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no
se efect�a el pago de los aportes a su cargo a alguno o algunos de los
subsistemas que integran el Sistema de la Protecci�n Social.
�
5. Inexactitud:
Es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la autoliquidaci�n
de aportes frente a los aportes que efectivamente el aportante estaba obligado
a declarar y pagar, seg�n lo ordenado por la ley.
�
6. Mora:
Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliaci�n no se genera la
autoliquidaci�n acompa�ada del respectivo pago de las Contribuciones
Parafiscales de la Protecci�n Social en los plazos establecidos en las
disposiciones legales vigentes.
(Art. 1 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.2.
Control a la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago
de las Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social por parte de la
UGPP. La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) efectuar� las
labores de determinaci�n y cobro de las contribuciones parafiscales de la
protecci�n social, en los casos de omisi�n, inexactitud y mora por acci�n
preferente.
�
Cuando la UGPP
adelante un proceso de determinaci�n de obligaciones parafiscales y detecte
omisi�n, inexactitud y mora en el pago de los aportes al Sistema de la
Protecci�n Social, la Unidad asumir� la gesti�n integral de determinaci�n y cobro
de los valores adeudados al sistema.
�
Par�grafo.
Los procesos de determinaci�n y cobro en materia de inexactitud iniciados por
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), y dem�s administradoras de naturaleza p�blica con
anterioridad a la fecha de expedici�n de la Ley 1607 de 2012, deber�n ser
culminados por dichas entidades, sin perjuicio de las competencias que sobre
esta materia ostenta la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP).
(Art. 2 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.3.
Control a la adecuada, completa y oportuna liquidaci�n y pago
de las Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social por parte de las
administradoras. Las entidades administradoras del Sistema de la
Protecci�n Social deber�n verificar la exactitud y consistencia de la
informaci�n contenida en las declaraciones de autoliquidaci�n de aportes de las
contribuciones que estas entidades administran, para lo cual solicitar�n de los
aportantes, afiliados o beneficiarios las explicaciones y correcciones sobre
las inconsistencias detectadas.
�
Si realizadas
estas acciones los aportantes no corrigen las inconsistencias detectadas, informar�n
de este hecho a la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) para que conforme
con sus competencias, pol�ticas, estrategias y procedimientos adelante las
acciones a que hubiere lugar.
(Art. 3 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.4.
Determinaci�n del n�mero de empleados para la aplicaci�n de la
sanci�n por omisi�n en la afiliaci�n y/o vinculaci�n. Para
efectos de la sanci�n prevista en el numeral 1 del art�culo 179 de la Ley 1607
de 2012, enti�ndase que el n�mero de empleados que la Unidad Administrativa
Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n
Social (UGPP) deber� tener en cuenta para la imposici�n de la sanci�n, ser� el
n�mero de trabajadores que estuvieren vinculados en el respectivo periodo
mensual en que se configur� la falta, sean estos trabajadores permanentes u
ocasionales, con independencia del tiempo laborado en el periodo
correspondiente.
(Art. 4 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.5.
Del procedimiento para la liquidaci�n y cobro por no
suministro de informaci�n. La sanci�n de cinco (5) UVT por cada
d�a de retraso en la entrega de la informaci�n, prevista en el numeral 3 del
art�culo 179 de la Ley 1607 de 2012, se contabilizar� desde el d�a siguiente a
la finalizaci�n del t�rmino otorgado para dar respuesta al requerimiento de
informaci�n o pruebas, hasta la fecha en que se entregue la informaci�n
requerida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP).
�
No obstante lo
anterior, se har�n liquidaciones parciales de esta sanci�n por periodos
consecutivos no mayores a 180 d�as hasta la entrega de la informaci�n
respectiva sin que el plazo total supere el t�rmino de caducidad aplicable a la
Unidad, seg�n lo dispuesto en el par�grafo 2� del art�culo 178 de la Ley 1607
de 2012 o las normas que la modifiquen o la sustituyan.
(Art. 5 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.6.
Selecci�n de la administradora en el caso de requerirse
afiliaci�n transitoria. La afiliaci�n transitoria es un
mecanismo excepcional a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP), en los
casos de omisos que no se encuentran afiliados a alguno o algunos de los
subsistemas de la protecci�n social y no atiendan la invitaci�n a afiliarse,
haciendo uso del derecho de elecci�n, dentro de los ocho (8) d�as siguientes al
env�o de dicha invitaci�n.
�
En tal evento,
la UGPP proceder� a efectuar la afiliaci�n y presentar� a nombre del aportante
el formulario de afiliaci�n a una administradora p�blica, que se entender�
efectiva en la fecha de recibo de la solicitud por parte de la administradora,
quien deber� informar al afiliado tal condici�n dentro de los cinco (5) d�as
calendario siguientes.
�
Par�grafo
1�. En caso de no existir una administradora p�blica, la afiliaci�n
transitoria deber� ser efectuada a una administradora con participaci�n
accionaria estatal as� no sea mayoritaria y en su defecto, a una administradora
de naturaleza privada seleccionada de acuerdo con los procedimientos que para
tal efecto establezca la UGPP mediante resoluci�n, consultando los principios
de transparencia, igualdad y eficiencia, que deber� ser publicada en la p�gina
web de la Unidad.
�
Par�grafo
2�. Los afiliados transitorios podr�n ejercer su derecho al traslado a
otra administradora, una vez cumplan con el periodo m�nimo de permanencia
exigido por las disposiciones legales vigentes.
(Art. 6 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.7.
Mecanismo de pago de las Contribuciones Parafiscales de la
Protecci�n Social. El pago de los recursos correspondientes a
las Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social y las sanciones
correspondientes se realizar� haciendo uso de la Planilla Integrada de
Liquidaci�n de Aportes (PILA). La entidad que tenga a su cargo la
administraci�n de la planilla, debe implementar los ajustes y cambios solicitados,
a m�s tardar dentro de los treinta (30) d�as calendario siguientes a la fecha
de radicaci�n de la respectiva solicitud por parte de la UGPP.
(Art. 7 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.8.
Destinaci�n de los recursos de las Contribuciones Parafiscales
de la Protecci�n Social correspondientes a periodos de omisi�n. Los
recursos del Sistema de la Protecci�n Social, recuperados a trav�s de las
acciones adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) en los procesos de
determinaci�n y cobro a omisos del Sistema, sobre periodos de omisi�n en la
afiliaci�n, tendr�n la siguiente destinaci�n:
�
a) Los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Fondo de
Solidaridad y Garant�a (FOSYGA), o la entidad que haga sus veces, quien
efectuar� las imputaciones correspondientes de conformidad con las
disposiciones legales vigentes;
b) Los recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a la administradora a la
cual quede afiliado el omiso, para que de conformidad con las disposiciones
legales vigentes efect�e las respectivas imputaciones;
c) Los
recursos del Sistema General de Seguridad Social de Riesgos Laborales, al Fondo
de Riesgos Laborales, administrado por el Ministerio de Trabajo;
d) Los
recursos con destino al R�gimen de Subsidio Familiar, se girar�n a la Caja a la
cual se afilie el omiso, quien deber� efectuar las imputaciones, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes;
e) Los
recursos que correspondan al SENA e ICBF, se girar�n a cada una de estas
entidades en las proporciones establecidas, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
(Art. 8 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.1.9.
Responsabilidad de los obligados aportantes por las
contingencias prestacionales que se presenten como consecuencia de la evasi�n
por omisi�n, inexactitud o mora. Los pagos que realicen los
obligados aportantes, con ocasi�n de las acciones de determinaci�n y cobro, de
las Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social que adelante la Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social (UGPP) en ejercicio de sus funciones, no los exime de la
responsabilidad por las contingencias prestacionales que se presenten como
consecuencia de la evasi�n por omisi�n, inexactitud o mora, conforme con las
disposiciones legales vigentes.
(Art. 9 Decreto 3033 de 2013)
Art�culo 2.12.2.1.
Aplicaci�n del esquema de presunci�n de
costos. La Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP,
podr� aplicar el esquema de presunci�n de costos siempre y cuando se cumplan
las condiciones previstas en el art�culo 244 de la Ley 1955 de 2019 adicionado
por el art�culo 139 de la Ley 2010 de 2019, a los procesos de fiscalizaci�n en
curso y a los que se inicien respecto de cualquier vigencia fiscal y a los que,
siendo procedente y sin requerir el consentimiento previo, est�n o llegaren a
estar en tr�mite de resolver a trav�s de revocaci�n directa y no dispongan de
una situaci�n jur�dica consolidada por pago, en concordancia con lo que resulte
aplicable de los art�culos 93 a 97 de la Ley 1437 de 2011 .
Conforme
con lo previsto en el inciso anterior, en las etapas de determinaci�n oficial y
discusi�n de las contribuciones parafiscales de la protecci�n social, as� como
en el tr�mite de la revocatoria directa de oficio, a petici�n de parte, u
ofertada ante las autoridades contencioso administrativas, resulta aplicable el
esquema de presunci�n de costos en el requerimiento para declarar y/o corregir,
la liquidaci�n oficial, la resoluci�n que decide el recurso de reconsideraci�n,
los actos administrativos que resuelven la revocatoria directa de oficio, a
petici�n de parte, y en la oferta de revocatoria ante las autoridades
contencioso administrativas. El esquema de presunci�n de costos tambi�n resulta
aplicable a los actos administrativos que resolvieron el recurso de
reconsideraci�n o la solicitud de revocatoria directa, siempre que se cumpla
con lo previsto en el primer inciso del presente art�culo.
Par�grafo 1. La
solicitud de revocatoria del acto de determinaci�n de obligaciones, para la
aplicaci�n del esquema de presunci�n de costos y la decisi�n que sobre ella
recaiga, no reviven los t�rminos legales para demandar el acto administrativo
ante la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo. Contra el acto
administrativo que aplique el esquema de presunci�n de costos, mediante
revocatoria directa de oficio o a petici�n de parte, no procede recurso.
Par�grafo 2. Cuando se
trate de procesos r:�ue se encuentren en tr�mite de expedir una liquidaci�n
oficial, de resolver un recurso de reconsideraci�n, una solicitud de
revocatoria directa, o respecto de los cuales proceda la revocatoria directa de
oficio o a petici�n de parte u oferta de revocatoria ante las autoridades
contencioso administrativas, se aplicar� el esquema de presunci�n de costos
siempre que el obligado no hubiere probado totalmente a trav�s de los medios de
prueba id�neos, conducentes y pertinentes. los costos y deducciones.
Par�grafo 3. Lo
dispuesto en el presente art�culo es aplicable hasta el vencimiento de las (2)
dos legislaturas ordinarias siguientes, contadas a partir de la notificaci�n de
la Sentencia C-068 de 19 de febrero de 2020 que declar� la inexequibilidad del
art�culo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el art�culo 139 de la Ley
2010 de 2019, sin perjuicio de la aplicaci�n del esquema de presunci�n de
costos en la terminaci�n por mutuo acuerdo y en la conciliaci�n judicial,
dentro de los t�rminos previstos en los art�culos 118,119 Y 139 de la Ley 2010
de 2019, los primeros, modificados por el art�culo 3 del Decreto Legislativo
688 de 2020.
(Sustituido por Art. 1, Decreto 1377 de 2020, Art. 1 Decreto 1302 de 2015, sustituido por el Art.1 del Decreto 938 de 2017)
Art�culo 2.12.2.2.
Verificaci�n de la situaci�n jur�dica
consolidada por pago. Previamente a la aplicaci�n
del esquema de presunci�n de costos de que trata el art�culo 244 de la Ley 1955
de 2019, adicionado por el art�culo 139 de la Ley 2010 de 2019, o a la
presentaci�n de la oferta de revocatoria en las conciliaciones de que trata el
art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, la Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP,
verificar� que no se haya efectuado el pago del valor total mensual por
concepto de aportes, incluido el valor de intereses, determinados en el
respectivo acto administrativo.
En
aquellos periodos en los que el aportante hubiere pagado aportes, intereses y
sanciones, iguales o superiores a los derivados de la aplicaci�n del esquema,
se mantendr� el valor pagado por el aportante y se tendr� como un pago de lo
debido, sin que haya lugar a devoluciones.
A
los periodos mensuales donde se haya consolidado la situaci�n jur�dica por
pago, no les resulta aplicable el esquema de presunci�n de costos de que trata
el art�culo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el art�culo 139 de la
Ley 2010 de 2019.
(Sustituido
por Art. 1, Decreto 1377 de 2020, Art. 1 Decreto 1302 de 2015, sustituido por el Art.1 del Decreto 938 de 2017)
Art�culo 2.12.2.3.
Revocatoria directa y terminaci�n por
mutuo acuerdo. En las terminaciones por mutuo
acuerdo de que trata el art�culo 119 de la Ley 2010 de 2019, la Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social -UGPP, podr� previamente revocar directamente en los casos
en que resulte procedente, los actos administrativos expedidos, en los t�rminos
del par�grafo 2�del art�culo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el
art�culo 139 de la Ley 2010 de 2019, y aplicar el esquema de presunci�n de
costos, previa aprobaci�n del Comit� de Conciliaci�n y Defensa Judicial de la
entidad.
Par�grafo. La
terminaci�n por mutuo acuerdo de que trata el art�culo 119 de la Ley 2010 de
2019, no ser� aplicable a los intereses generados con ocasi�n a la
determinaci�n de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los
aportantes deber�n acreditar el pago del 100% de los mismos o del c�lculo
actuarial cuando sea el caso.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
Art�culo 2.12.2.4.
Oferta de revocatoria en las conciliaciones
del art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019. En las conciliaciones de que trata el
art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, la Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP,
podr� ofertar la revocatoria contra los actos impugnados con la aplicaci�n del
esquema de presunci�n de costos, conforme con lo previsto en el inciso 3 del
par�grafo 8 del art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, y dem�s disposiciones
consonantes y aplicables, previa aprobaci�n del Comit� de Conciliaci�n y
Defensa Judicial de la entidad.
Par�grafo: La conciliaci�n de que trata el art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, no
ser� aplicable a los intereses generados con ocasi�n a la determinaci�n de los
aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deber�n
acreditar el pago del 100% de los mismos o del c�lculo actuarial cuando sea el
caso.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
Art�culo 2.12.2.5.
Presentaci�n de la oferta de revocatoria en las conciliaciones
de que trata el art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019. La
oferta de revocatoria en las conciliaciones de que trata el art�culo 118 de la
Ley 2010 de 2019, por la Unidad de Gesti�n Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP, deber�:
1. Ser presentada
en el curso del proceso judicial hasta antes del 30 de noviembre de 2020.
2. Se�alar los
actos administrativos y decisiones objeto de la revocatoria.
3. Indicar los
t�rminos de aplicaci�n del esquema de presunci�n de costos de que trata el par�grafo
2 del art�culo 244 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el art�culo 139 de la
Ley 2010 de 2019.
4. Informar a la
autoridad contencioso-administrativa que, aceptada la oferta de revocatoria por
el demandante en el t�rmino se�alado para el efecto, y determinadas las
obligaciones por la autoridad judicial, �stas podr�n ser objeto de la
conciliaci�n judicial en los t�rminos del art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019.
5. Informar que, a
m�s tardar, el treinta (30) de noviembre de 2020 el demandante podr� acreditar
ante la autoridad contencioso-administrativa el cumplimiento de los requisitos
para la procedencia de la conciliaci�n, de que trata el art�culo 118 de la Ley
2010 de 2019.
6. Informar que la
Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP o el aportante, seg�n el caso,
cumplir�n con el requisito de presentaci�n oportuna ante la autoridad
contencioso-administrativa para su aprobaci�n, del acta de conciliaci�n
debidamente suscrita.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
Art�culo 2.12.2.6. Procedimiento para la conciliaci�n del art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019 con posterioridad a
la aceptaci�n de la oferta de revocatoria. Una vez aceptada por el demandante la oferta de revocatoria
de que trata el art�culo 2.12.2.5. del presente decreto y determinadas las
obligaciones por la autoridad judicial, el demandante, para acceder a la
conciliaci�n respecto del acto ofertado, podr� acreditar lo siguiente:
1. El cumplimiento
de los requisitos para la procedencia de la conciliaci�n de que trata el
art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, previa aprobaci�n del Comit� de
Conciliaci�n y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP, y
2. La manifestaci�n
de haber presentado ante la autoridad contencioso-administrativa, por
cualquiera de las partes, para su aprobaci�n dentro de los diez (10) d�as
h�biles siguientes a la suscripci�n, el acta de conciliaci�n.
Una vez
aceptada la oferta de revocatoria por el demandante y aceptada la conciliaci�n
por la autoridad judicial, el proceso termina.
Par�grafo: La presentaci�n de la oferta de revocatoria para la
aplicaci�n del esquema de presunci�n de costos no suspende el t�rmino se�alado
en el art�culo 118 de la Ley 2010 de 2019, para solicitar la conciliaci�n judicial.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
Art�culo 2.12.2.7. Acta de no conciliaci�n por incumplimiento de
requisitos. Cuando el Comit�
de Conciliaci�n y Defensa Judicial de la Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP
evidencie que no se cumplen los requisitos se�alados en el art�culo 118 de la
Ley 2010 de 2019, sus disposiciones reglamentarias, y en el presente t�tulo,
expedir� un acta de no conciliaci�n por incumplimiento de requisitos, que ser�
presentada ante la autoridad contencioso administrativa, por cualquiera de las
partes, para su conocimiento, dentro de los diez (10) d�as h�biles siguientes a
su suscripci�n, acompa�ando los documentos que acreditan el incumplimiento de
los requisitos legales.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
Art�culo 2.12.2.8. Tasa de inter�s moratorio para el pago de
obligaciones del Sistema General de la Protecci�n Social, que son objeto de
verificaci�n por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP hasta el
treinta (30) de noviembre de 2020. Oe
conformidad con lo dispuesto en el art�culo 1 del Decreto Legislativo 688 de
2020, a las obligaciones del Sistema General de la Protecci�n Social, que son
objeto de verificaci�n por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP en
las etapas de determinaci�n oficial, liquidaci�n, discusi�n y cobro, que se
paguen hasta el treinta (30) de noviembre de 2020 y para las facilidades o
acuerdos de pago que se suscriban hasta el treinta (30) de noviembre de 2020,
les resulta aplicable la tasa de inter�s de mora establecida en el art�culo 635
del Estatuto Tributario, liquidada diariamente a una tasa de inter�s diario que sea equivalente a la tasa de inter�s bancario
corriente para la modalidad de cr�ditos de consumo y ordinario, certificado por
la Superintendencia Financiera de Colombia.
En el caso de los
contribuyentes con actividades econ�micas especialmente afectadas por la
emergencia sanitaria de que tratan el par�grafo 3 del art�culo 1.6.1.13.2.11. y
el par�grafo 4 del art�culo 1.6.1.13.2.12. del Decreto 1625 de 2016, �nico
Reglamentario en Materia Tributaria, que paguen o acuerden el pago, de las
obligaciones tributarias hasta el treinta (30) de noviembre de 2020, les
resulta aplicable la tasa de inter�s de mora establecida en el art�culo 635 del
Estatuto Tributario que ser� liquidada diariamente a una tasa de inter�s diario
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de inter�s bancario
corriente para la modalidad de cr�ditos de consumo y ordinario, certificado
por� la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Art. 1, Decreto
1377 de 2020)
CAP�TULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Art�culo
2.12.3.1.1. Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales. El Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, creado por el
Art�culo� 3� de la Ley 549 de 1999 es un fondo sin personer�a jur�dica,
administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. El FONPET tendr�
por objeto recaudar de la Naci�n y de las entidades territoriales los recursos
definidos en la Ley 549, asignarlos en las cuentas respectivas, y
administrarlos a trav�s de patrimonios aut�nomos en los t�rminos del presente
cap�tulo.
(Art. 1 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.2. Administraci�n de recursos. Los recursos del FONPET ser�n administrados a
trav�s de patrimonios aut�nomos que se constituir�n para el efecto en las
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesant�a, sociedades
fiduciarias o en compa��as de seguros de vida que est�n facultadas para
administrar los recursos del Sistema General de Pensiones y de los reg�menes
excepcionados del sistema por ley.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su
condici�n de administrador del FONPET, seleccionar� los administradores de
dichos patrimonios mediante un proceso de licitaci�n p�blica que se
desarrollar� de conformidad con las reglas de la Ley 80 de 1993, sus normas
reglamentarias, y el presente cap�tulo. As� mismo, el Ministerio celebrar� los
contratos respectivos.
(Art. 2 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.3. �Calidades de los administradores. Para efectos de la selecci�n de las entidades
financieras administradoras de recursos del FONPET, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico tendr� en cuenta, entre otros, que los proponentes cumplan con
las siguientes calidades:
1. Las entidades administradoras ser�n sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesant�a, sociedades fiduciarias y compa��as
de seguros de vida que est�n facultadas para administrar los recursos del
Sistema General de Pensiones y de los reg�menes excepcionados del sistema por
ley. Dichas entidades deber�n estar legalmente establecidas en Colombia y
sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
2. Las entidades administradoras deber�n acreditar �ndices
de solvencia suficientes para administrar los recursos que les sean asignados
como consecuencia del proceso de selecci�n. El cumplimiento de dicho requisito
deber� verificarse mensualmente por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Para este prop�sito, el �ndice de solvencia de las
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesant�as, AFP, y de las
sociedades fiduciarias se establecer� de acuerdo con el Decreto 2555 de 2010 y las disposiciones que los modifiquen o adicionen.
Las compa��as de seguros de vida autorizadas para administrar
los recursos del FONPET, deber�n mantener el �ndice o margen de solvencia
aplicable a sus operaciones de seguros conforme a la normatividad vigente, con
la obligaci�n adicional de que el valor de todos los activos de los patrimonios
aut�nomos que administren, incluyendo el que constituyan con los recursos del
FONPET, no sea superior en ning�n momento a cuarenta y ocho (48) veces el
excedente de patrimonio de la respectiva compa��a. Para este efecto, al
patrimonio t�cnico de la compa��a se le restar� el monto del margen de
solvencia requerido para respaldar su actividad aseguradora, y el saldo ser� el
patrimonio que se tendr� en cuenta para el manejo de los recursos del FONPET y
dem�s patrimonios a trav�s de los cuales se administren reservas pensionales.
En los casos en que durante la ejecuci�n del contrato, el
margen o �ndice de solvencia de cualquier administradora llegue a ser
insuficiente, �sta deber� tomar las medidas conducentes para cumplirlo dentro
de los diez (10) d�as h�biles siguientes a la fecha en la que sea requerida por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Pasado el t�rmino se�alado, el
incumplimiento en el margen o �ndice de solvencia requerido dar� lugar a la
devoluci�n proporcional de los recursos entregados en virtud del contrato,
quedando s�lo con aquellos recursos que su �ndice o margen de solvencia
permita. En consecuencia de la devoluci�n de los recursos, se proceder� a su
redistribuci�n de conformidad con el art�culo 2.12.3.1.4.
de este Decreto, en particular, por
lo dispuesto en el numeral 4) del mismo.
3. �Los recursos del FONPET podr�n ser administrados a
trav�s de uniones temporales o consorcios por dos o m�s entidades de las
mencionadas en el numeral 1) de este art�culo. En tal caso, se dar� aplicaci�n
al art�culo� 2.5.3.1.4. del Decreto 2555 de 2010.
3.
(Art. 3 Decreto
1044 de 2000; numeral 2
modificado por el Art. 1 Decreto
1266 de 2001)
Art�culo
2.12.3.1.4. �Administraci�n de recursos. Para la administraci�n de los recursos del FONPET se
seguir�n las siguientes reglas:
1. Con anterioridad a la apertura de una licitaci�n, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, calcular� en forma aproximada, de
acuerdo con sus estimativos y proyecciones, el monto de los recursos a
administrar, especificando el monto correspondiente a cada uno de los a�os
calendario, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley 549 de 1999, en cuanto a
la causaci�n para cada tipo de recurso. Si estos recursos se han causado con
anterioridad a la ejecuci�n del contrato, el Ministerio indicar� los montos
estimados, diferenci�ndolos de los proyectados para el futuro;
2. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones,
AFP, las sociedades fiduciarias y las compa��as de seguros de vida que est�n
facultadas para administrar los recursos del Sistema General de Pensiones y de
los reg�menes excepcionados del Sistema por ley, podr�n presentar propuestas
individuales o conjuntas de administraci�n de patrimonios aut�nomos del FONPET,
indicando el monto m�ximo de los recursos que administrar�an para cada uno de
los a�os se�alados en el pliego de condiciones, tomando en cuenta los datos
suministrados en calidad de estimativos y proyecciones, siempre que su margen
de solvencia sea suficiente;
3. �Con fundamento en la adjudicaci�n realizada, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico celebrar� con las entidades
adjudicatarias contratos de administraci�n de patrimonios aut�nomos. El total
adjudicado ser� la suma de los montos adjudicados a cada contratista. En la
medida en que se reciban los aportes, a cada entidad administradora se le
entregar� los correspondientes recursos de acuerdo con lo que disponga el
respectivo pliego de condiciones, siempre teniendo en cuenta sus m�rgenes de
solvencia. Los recursos que reciba cada administradora se reflejar�n en
unidades cuyo valor inicial ser� de mil pesos ($ 1.000). En todo caso, la
adjudicaci�n no implicar� la obligaci�n de entregar al adjudicatario el monto
propuesto por �ste, cuando el recaudo efectivo de los recursos sea inferior a
lo proyectado;
4. �Las entidades administradoras podr�n recibir recursos
adicionales a los asignados seg�n su propuesta, si expresan su voluntad de
hacerlo, siempre que su margen de solvencia se lo permita, y con sujeci�n a las
reglas del pliego de condiciones y a los l�mites previstos en la Ley 80 de
1993, en cualquiera de los siguientes casos:
4.1. Los recursos recaudados excedan los estimados y
proyectados en una vigencia fiscal.
4.2. �Alguna de las administradoras durante el
contrato presente incumplimiento en su margen de solvencia.
4.3. �Se produzca la terminaci�n anticipada del
contrato de alguna� administradora;
5. En cualquier evento en que no sea posible asignar los
recursos adicionales de que trata el numeral 4) anterior, o no sea viable
prorrogar los contratos de administraci�n o suscribir nuevos contratos, o
cuando los cupos ofrecidos por las entidades licitantes no sean suficientes
para atender los recaudos del FONPET, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico podr� disponer la administraci�n transitoria de los recursos del FONPET
a trav�s de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional.
6. �En los casos en que el portafolio de un administrador se
transfiera a otro, la transacci�n se har� a precios de mercado de acuerdo con
la metodolog�a establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia;
7. En caso de cesi�n de uno o varios consorciados o miembros
de la uni�n temporal, se observar�n cuando fuere del caso, las restricciones
previstas en la Ley 80 de 1993.
(Art. 4 Decreto
1044 de 2000, modificado
por el art. 2�� Decreto
1266 de 2001. Numeral 5
modificado por el art. 22 del Decreto
4105 de 2004, modificado
por el art. 4 del Decreto
4758 de 2005, modificado
por el art. 7 del Decreto
4478 de 2006)
Art�culo
2.12.3.1.5. �Administraci�n de cuentas de las entidades territoriales. Corresponder� a las entidades administradoras,
directamente o mediante los mecanismos que para el efecto se establezcan en el
pliego de condiciones y en los contratos respectivos, realizar el registro de
los recursos asignados por la Naci�n a cada entidad territorial y los que se
reciban de las mismas, de acuerdo con la ley, as� como de los rendimientos
obtenidos.
Los recursos correspondientes a cada entidad territorial
se registrar�n tanto en pesos como unidades del FONPET en las cuentas
respectivas.
Los rendimientos financieros de los recursos
administrados se distribuir�n entre las cuentas de las entidades territoriales,
con base en el valor de las unidades correspondientes a cada entidad.
Las entidades administradoras registrar�n en cuentas
separadas los recursos correspondientes a cada entidad territorial. En la
cuenta de cada entidad territorial se establecer�n subcuentas para cada uno de
los sectores que generan pasivos pensionales separados y sus fuentes
espec�ficas de financiaci�n, si fuere el caso.
Una vez elaborados los c�lculos actuariales a que hace
referencia el Art�culo 9� de la Ley 549 de 1999, las entidades administradoras
deber�n registrar el valor de dicho c�lculo, teniendo en cuenta tambi�n los
sectores que generan pasivos pensionales separados.
Para efectos de determinar la cobertura del c�lculo
actuarial, se tendr�n en cuenta, adem�s de los recursos que efectivamente hayan
ingresado al FONPET, los que existan en los fondos territoriales de pensiones y
en los patrimonios aut�nomos constituidos por las entidades territoriales para
la garant�a y pago de obligaciones pensionales, y en el caso de las entidades
descentralizadas, los activos liquidables que respalden el pago de las
obligaciones pensionales.
Para el cumplimiento de este art�culo el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, como entidad encargada de la administraci�n del
FONPET, impartir� las instrucciones t�cnicas correspondientes.
(Art. 7 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.6. �Otras obligaciones de las administradoras. Adem�s de las responsabilidades establecidas en
la ley, el presente cap�tulo y en los contratos respectivos, las entidades
administradoras tendr�n las siguientes responsabilidades en materia de
recolecci�n, procesamiento y suministro de informaci�n:
1. �Recaudar la informaci�n de las entidades
territoriales, sus descentralizadas y dem�s entidades del nivel territorial en
materia de pasivos pensionales y reservas existentes para su pago, de acuerdo
con los par�metros t�cnicos que se�ale el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico. El Gobierno distribuir� esta responsabilidad entre los diversos
administradores teniendo en cuenta su participaci�n en la administraci�n de los
recursos;
2. Suministrar la informaci�n requerida por la
Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico en materia de saldo de recursos, composici�n de los portafolios y dem�s
que se establezca en los t�rminos de referencia, con la periodicidad que all�
mismo se determine. As� mismo, los t�rminos de referencia podr�n prever el
mecanismo y periodicidad con los cuales deber� suministrarse informaci�n a las
entidades territoriales.
(Art. 8 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.7. �Recaudo de los recursos. El recaudo de los recursos del FONPET se realizar� de la siguiente
manera:
1) Los recursos previstos en los numerales 1� a 6�, 10 y
11 del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, ser�n transferidos directamente por
la Naci�n a las cuentas del FONPET, dando aplicaci�n a las reglas de
distribuci�n all� previstas y en los siguientes plazos: las transferencias
correspondientes al numeral 1�, se realizar�n dentro de los primeros tres (3)
meses del a�o 2001; las correspondientes al numeral 2�, se realizar�n en las
oportunidades previstas para la transferencia de las participaciones a las
entidades territoriales; las de los numerales 3�, 4�, 5� primer inciso, 6� y
11, dentro de los quince (15) d�as h�biles siguientes al vencimiento de cada
semestre calendario, las de los incisos segundo y siguientes del numeral 5�, en
la forma indicada en el Art�culo� 2� de la Ley 549; las del numeral 10, dentro
de los quince (15) d�as h�biles siguientes al vencimiento del mes calendario de
su recaudo.
2) Los recursos previstos en los numerales 7, 8 y 9 del
Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999, ser�n transferidos por las entidades
territoriales a la cuenta del FONPET dentro de los primeros quince (15) d�as
h�biles del mes de enero del a�o calendario siguiente a aquel en que sean
recaudados.
Cuando las entidades territoriales hubieren celebrado
convenios para el recaudo de los recursos a su cargo, deber�n incluir en dichos
convenios la instrucci�n irrevocable al recaudador para que este realice
directamente los pagos al FONPET en los montos correspondientes.
(Art. 9 Decreto
1044 de 2000, numeral 2
modificado por el art. 1 Decreto
4478 de 2006)
Art�culo
2.12.3.1.8. �Retiro de recursos por las entidades territoriales. Sin perjuicio de lo establecido en el Art�culo
5� de la Ley 549, no se podr�n retirar recursos de la cuenta de cada entidad
territorial en el FONPET hasta tanto, sumado el monto acumulado en la cuenta
territorial en el Fondo Nacional de Pasivos de las Entidades Territoriales con
los recursos que tengan en sus fondos territoriales de pensiones o en sus
Patrimonios Aut�nomos o en las reservas legalmente constituidas por las
entidades descentralizadas o dem�s entidades del nivel territorial, en los
t�rminos de la Ley 549, se haya cubierto el ciento por ciento (100%) del pasivo
pensional, de conformidad con el respectivo c�lculo actuarial.
Cumplido dicho monto, la entidad podr� destinar los
recursos del fondo al pago de pasivos pensionales, siempre y cuando, en todo
caso el saldo de la cuenta en el FONPET, en los Fondos Territoriales de
Pensiones, en los Patrimonios Aut�nomos que tengan constituidos o las reservas constituidas
por las entidades descentralizadas u otras entidades del nivel territorial,
cubra el c�lculo del pasivo pensional total de la entidad.
Mientras la suma de estos saldos, no cubra dicho c�lculo,
la entidad deber� cubrir sus pasivos pensionales exigibles con los recursos del
Fondo Territorial de Pensiones, el Patrimonio Aut�nomo constituido, las
reservas constituidas con ese fin, o con otros recursos.
(Art. 10 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.9. �Responsabilidad de la Naci�n y del FONPET. En ning�n caso el FONPET se har� cargo del pago
directo de pensiones ni asumir� responsabilidades diferentes de las que le
incumben en su condici�n de administrador de los recursos. En consecuencia, ni
la Naci�n ni el FONPET� asumir�n las responsabilidades que en condici�n de
empleadores y �nicos responsables de los pasivos pensionales corresponden a las
entidades territoriales.
(Art. 11 Decreto
1044 de 2000)
Art�culo
2.12.3.1.10.
Comit� Directivo
del FONPET. El Comit�
Directivo del FONPET estar� integrado de la siguiente forma:
1. El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado,
quien lo presidir�;
2. �El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado;
3. El director del Departamento Nacional de Planeaci�n o su
delegado;
4. El Ministro del Interior o su delegado;
5. Dos (2) representantes de los departamentos designados por
la Federaci�n Nacional de Departamentos;
6. Dos (2) representantes de los municipios designados por
la Federaci�n Colombiana de Municipios;
7. Un (1) representante de los distritos, y
8. Un (1) representante de los pensionados designado por los
presidentes de las asociaciones de pensionados que est�n en vigencia legal.
El Comit� Directivo sesionar� con la presencia de al
menos siete (7) de sus miembros y decidir� con el voto favorable de la mayor�a
de los asistentes. No obstante, para las decisiones en materia de aceptaci�n de
activos fijos a que hace referencia el Art�culo� 5� de la Ley 549, ser�
necesario el voto favorable del Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico o su
delegado.
(Art. 13 Decreto
1044 de 2000)
CAP�TULO 2
RECAUDO DE LOS RECURSOS DEL FONPET
Art�culo
2.12.3.2.1. Recaudo de los Recursos. Corresponde
a la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico el recaudo de los recursos de que
tratan los numerales 1�, 2�, 3�, 4� y 11 del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999.
(Art. 1 Decreto
2757 de 2000)
Art�culo
2.12.3.2.2. �Manejo
de los Recursos. Hasta tanto
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico contrate la administraci�n de los
patrimonios aut�nomos correspondientes al Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales, FONPET, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del
Tesoro Nacional deber� manejar los recursos mencionados en el art�culo
2.12.3.2.1., en forma independiente del resto de los recursos que maneje o
administre.
Lo anterior deber� quedar implementado a m�s tardar el 31
de diciembre de 2000 respecto de los recursos y los respectivos rendimientos
generados durante el a�o 2000, y para aquellos que se generen en los a�os
subsiguientes, en las siguientes fechas y plazos:
1. Los recursos del numeral 2� a los que hace referencia el
Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999, en los t�rminos previstos en el Art�culo�
24 de la Ley 60 de 1993 para el giro correspondiente a la participaci�n de los
municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n. Para tal efecto, el
Departamento Nacional de Planeaci�n deber� informar a la Direcci�n General de
Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional, a m�s tardar el �ltimo d�a h�bil del mes
anterior al del giro a los municipios, el monto correspondiente;
2. �Los recursos del numeral 4� del
art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, a
m�s tardar el �ltimo d�a h�bil del mes durante el cual se produzca el ingreso.
Para tal efecto, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico deber� informar al
Tesoro Nacional, a m�s tardar en la misma fecha del ingreso, el monto
correspondiente al diez por ciento (10%) a que hace referencia el citado
numeral;
3. �Los recursos del numeral 11 del
art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, a
m�s tardar el �ltimo d�a h�bil de los dos meses siguientes a aquel en que se
produzca el recaudo, con base en la certificaci�n que para el efecto expida la
Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
PAR�GRAFO 1. Respecto de los recursos de que trata el numeral 2� del
Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, los rendimientos del a�o 2000 corresponder�n
a la tasa promedio de colocaci�n durante el a�o de los excedentes en moneda
nacional de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional,
desde las fechas previstas para la transferencia de las participaciones a las
entidades territoriales.
En relaci�n con los recursos de que trata el numeral 3�,
los rendimientos del a�o 2000 corresponder�n a la tasa promedio de colocaci�n
de los recursos del Fondo Nacional de Regal�as.
La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro
Nacional establecer� la metodolog�a para la determinaci�n de las tasas de
colocaci�n, con base en las cuales se realizar� la subsiguiente estimaci�n de
los rendimientos.
PAR�GRAFO 2. Para dar cumplimiento al manejo independiente a que hace
referencia el presente Cap�tulo, respecto de los recursos generados durante el
a�o 2000, las entidades responsables del suministro de informaci�n a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional, deber�n reportar a
�sta, a m�s tardar el 28 de diciembre de 2000, el valor de los recursos con
destino al FONPET. Para los recursos generados con posterioridad a esta fecha
pero correspondientes al a�o 2000, se les aplicar�n las disposiciones previstas
en los numerales 1 al 3 del presente art�culo.
(Art. 2 Decreto
2757 de 2000, numeral 3 modificado por el art. 1 Decreto
4755 de 2005.)
Art�culo
2.12.3.2.3. �Operaciones. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional con los recursos del
FONPET podr� realizar todas aquellas operaciones a ella legalmente autorizadas
para el manejo de sus excedentes y de los fondos que administre. El manejo de
los recursos deber� efectuarse teniendo en cuenta los criterios de seguridad,
liquidez, rentabilidad y realizarse en condiciones de mercado.
(Art. 3 Decreto
2757 de 2000)
Art�culo
2.12.3.2.4. �Incumplimiento.La Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del
Tesoro Nacional deber� informar a los organismos de control, los incumplimientos
en que incurran las entidades y organismos responsables de la remisi�n y
reporte de la informaci�n prevista en el presente Cap�tulo.
(Art. 4 Decreto
2757 de 2000)
CAP�TULO 3
C�LCULO ACTUARIAL DE REFERENCIA
Art�culo
2.12.3.3.1. �C�lculos
actuariales. Mientras se
termina el proceso que permitir� obtener los c�lculos actuariales a que hace
referencia el Art�culo 9� de la Ley 549 de 1999, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico con base en la informaci�n que le sea remitida por cada entidad
territorial, elaborar� un c�lculo de referencia, el cual enviar� a las
respectivas entidades territoriales, para que en un plazo no mayor a un mes, a
partir de su recibo, realice las observaciones pertinentes sobre el mismo. Si
el Ministerio recibe observaciones, ajustar� el c�lculo si es procedente, y lo
adoptar� como dato de referencia. Vencido este plazo sin observaciones, el
c�lculo efectuado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico se tomar�
como dato de referencia para los diferentes aspectos de la administraci�n del
FONPET.
(Art. 5 Decreto
1266 de 2001)
Art�culo
2.12.3.3.2. �Distribuci�n de transferencias. La distribuci�n de lo que corresponde a las
entidades territoriales, del situado fiscal y de la participaci�n de los
municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n, de conformidad con lo
dispuesto por los numerales 1� y 2� del Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999,
deber� ser elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Planeaci�n
-Unidad de Desarrollo Territorial-, quien deber� reportar dicha distribuci�n al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en las condiciones y plazos
establecidos en la Ley 60 de 1993 y en sus normas reglamentarias.
PAR�GRAFO. El monto de ingresos que se deben tener en cuenta para
la distribuci�n dispuesta en el numeral 1� del Art�culo� 2� de la Ley 549 de
1999, ser� el causado por el impuesto a las transacciones en los per�odos del
1� de enero a 25 de mayo y del 19 de octubre a 31 de diciembre de 2000. Se
trasladar� lo que corresponda al FONPET en relaci�n con este recurso, dentro
del primer semestre del a�o 2001.
(Art.7 Decreto
1266 de 2001)
CAP�TULO� 4
RECURSOS DEL SITUADO FISCAL Y DE LA PARTICIPACI�N DE LOS
MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACI�N, RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES Y OTROS RECURSOS
Art�culo
2.12.3.4.1. Recursos del situado fiscal y de la participaci�n
de los municipios en los ingresos corrientes de la Naci�n. Para la distribuci�n de los recursos
correspondientes al situado fiscal y a la participaci�n de los municipios en
los ingresos corrientes de la Naci�n a que se refieren los numerales 1 y 2 del
Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, que se hayan causado a favor del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, durante los a�os
2000 y 2001, se aplicar� la distribuci�n que se realiz� para cada uno de dichos
conceptos por parte del Departamento Nacional de Planeaci�n para cada uno de
estos a�os. Los recursos se trasladar�n al FONPET y se abonar�n en las cuentas
de las entidades territoriales, una vez se efect�en las operaciones presupuestales
a que haya lugar.
(Art. 1 Decreto
1584 de 2002)
Art�culo
2.12.3.4.2. �Otros recursos. Los
recursos previstos en los numerales 5, 6, y 11 del Art�culo� 2� de la Ley 549
de 1999, se distribuir�n en la forma prevista en el Art�culo 2.12.3.4.1. del presente Decreto, de acuerdo al periodo anual al cual
correspondan. La transferencia de estos recursos al FONPET se llevar� a cabo en
los plazos se�alados en el art�culo 2.12.3.1.7 de este Decreto, previo
cumplimiento de los tr�mites presupuestales respectivos y de los requisitos
se�alados en el par�grafo tercero del Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999.
Los recursos a los que se refiere el numeral 10 del
Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999 que se hubieran causado con anterioridad a
la vigencia de la Ley 643 de 2001 se distribuir�n en la forma prevista en el�
art�culo 2.12.3.4.1. del presente Decreto.
Los recursos a los que se refiere el numeral 10 del
Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999 que se hubieren causado con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 643 de 2001, se distribuir�n en la forma y en
la misma medida en que se hagan las distribuciones de acuerdo con el Art�culo�
40 de la ley 643 de 2001 y sus decretos reglamentarios.
(Art. 3 Decreto
1584 de 2002)
Art�culo
2.12.3.4.3. �Inversi�n en t�tulos que tengan por finalidad la financiaci�n de
vivienda. De conformidad con
el numeral 7 del Art�culo� 7� de la Ley 549 de 1999, el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, invertir� hasta el treinta
por ciento (30%) de los recursos que administra en los bonos y t�tulos de que
tratan los Art�culos 9� y 12 de la Ley 546 de 1999, cuyos emisores u
originadores sean establecimientos de cr�dito.
(Art. 4 Decreto
1584 de 2002)
Art�culo
2.12.3.4.4. �Ingresos corrientes de libre destinaci�n de los departamentos. Para los efectos del numeral 9 del Art�culo 2�
de la Ley 549 de 1999 se entiende por ingresos corrientes de libre destinaci�n
de los departamentos todos los ingresos corrientes de los departamentos o la
porci�n de los mismos que no hayan sido asignados por la Constituci�n, la ley o
las ordenanzas departamentales a una finalidad espec�fica antes de la entrada
en vigencia de la Ley 549 de 1999.
(Art. 5 Decreto
1584 de 2002)
Art�culo
2.12.3.4.5. �Traslado de recursos al FONPET. El traslado de los recursos al FONPET por parte de la
Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� efectuarse mediante la
situaci�n de recursos o la transferencia de t�tulos valores autorizados a la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional para el manejo de
sus excedentes y de los fondos que administra.
El abono de recursos en las cuentas de las entidades
territoriales consistir� en la contabilizaci�n de los mismos en las cuentas que
el FONPET maneje para cada entidad territorial.
(Art. 6 Decreto
1584 de 2002)
CAP�TULO 5
ANTICIPOS PARA PAGO DE MESADAS PENSIONALES ATRASADAS
Art�culo
2.12.3.5.1. �Anticipo para el pago de mesadas atrasadas.
De conformidad con el par�grafo 6� del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, el
Gobierno Nacional anticipar� a los departamentos, distritos y municipios que
tengan pendientes de pago mesadas atrasadas al 30 de octubre de 1999, el valor
correspondiente para cubrir dicha deuda pensional, descontando el valor del
anticipo o del mismo a�o o en los a�os subsiguientes de los recursos que deba
girar la Naci�n al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales,
FONPET, en la parte que corresponda a la respectiva cuenta de las entidades
territoriales, tomando en consideraci�n la destinaci�n de estos recursos.
(Art�culo 1 Decreto
227 de 2000)
CAP�TULO 6
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Art�culo
2.12.3.6.1. �Distribuci�n
de los recursos que aporta la Naci�n al FONPET. La Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la
Seguridad Social �- �DGRESS- del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
realizar� la distribuci�n y asignaci�n de todos los recursos que aporte la
Naci�n al FONPET y los que se encuentren pendientes por distribuir de ese
origen, registrados en el Sistema de Informaci�n del Fonpet -SIF-, entre todas
las entidades territoriales que el a�o inmediatamente anterior a la vigencia en
la cual se hace la distribuci�n, tengan pasivo pensional no cubierto (PPNC) en
todos o en alguno de sus tres sectores (Salud, Educaci�n y Prop�sito Genera/),
conforme a los siguientes criterios, as�:
6.
Se determinar� la
participaci�n porcentual de cada grupo de entidades territoriales en el monto
total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren registrados en
el Sistema de Informaci�n del FONPET -SIF-, as�: i) Un grupo correspondiente a
los departamentos y al Distrito Capital, el cual se denominar� el Grupo 1 y ii)
Un grupo correspondiente a los municipios y dem�s distritos, el cual se
denominar� el Grupo 2.
7.
Al interior de cada uno de
estos Grupos, se distribuir�n los recursos entre las entidades territoriales,
atendiendo los siguientes criterios:
2.1. El 5% seg�n la participaci�n de la entidad territorial en la
poblaci�n total del grupo respectivo, para lo cual se tomar�n las proyecciones
de poblaci�n de las entidades territoriales certificadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estad�stica -DANE- para cada vigencia en que se
realiza la distribuci�n.
2.2. El 5% seg�n la pobreza relativa, para lo cual se tomar� el grada
de pobreza de cada entidad territorial del respectivo Grupo, medido con el
�ndice de Necesidades B�sicas Insatisfechas (NB/) , dividido por el NBI
nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica -DANE-
certificar� los valores del NBI a que se refiere este numeral para cada
vigencia en que se realiza la distribuci�n.
2.3. El 90% seg�n la participaci�n del PPNC de la entidad territorial
en el PPNC total del grupo respectivo.
Los
criterios se�alados en los numerales 10 y 20 de este Art�culo se aplicar�n de
la siguiente manera, para cada Grupo por separado:
1. La participaci�n de cada entidad
territorial elegible en la poblaci�n total de las entidades que conforman el
respectivo Grupo, se elevar� al exponente 5%, obteni�ndose el factor de
poblaci�n.
2. El �ndice de Necesidades B�sicas
Insatisfechas (NB/) de cada entidad territorial elegible en cada Grupo
respectivo dividido por el NBI nacional se elevar� al exponente 5% para tener
una medida del factor de pobreza.
3. La participaci�n del PPNC de cada
entidad territorial elegible en el PPNC total de las entidades que conforman el
respectivo Grupo, se elevar� al exponente 90%, obteni�ndose el factor de pasivo
pensional no cubierto.
4. Se multiplicar�n para cada entidad
territorial elegible en cada grupo respectivo el factor de poblaci�n, el factor
de pobreza y el factor de pasivo pensional no cubierto. El porcentaje de los
recursos por distribuir destinados al ahorro pensional territorial que le
corresponder� a cada entidad territorial en cada grupo ser� igual al producto
de estos tres factores, dividido por la suma de estos productos para todas las
entidades territoriales elegibles que conforman cada Grupo.
Los
recursos se�alados ser�n distribuidos y asignados entre las entidades
territoriales que no hayan cubierto su pasivo pensional en los sectores Salud,
Educaci�n y Prop�sito General del FONPET a 31 de diciembre de la vigencia
anterior a la distribuci�n.
Para
ejecutar las anteriores operaciones se efectuar�n los correspondientes ajustes
en el Sistema de Informaci�n del FONPET -SIF-.
PAR�GRAFO. Para los efectos del presente
Cap�tulo se entiende por recursos nacionales distintos a las transferencias
constitucionales, los establecidos en los numerales 4, 5, 6 Y 11 del Art�culo
2� de la Ley 549 de 1999".
(Modificado� por el art. 1 del Decreto
256 de 2022)
Art�culo
2.12.3.6.2. �Cumplimiento de las normas relativas al r�gimen pensional. A efectos de verificar el cumplimiento de las
normas relativas al r�gimen pensional por parte de las entidades territoriales,
para los fines del par�grafo 3� del Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999, las
entidades deber�n acreditar que se encuentran cumpliendo con los siguientes
requisitos:
�1. Que los servidores p�blicos de la entidad se
encuentran afiliados al Sistema General de Pensiones.
�2. Que la entidad no se encuentra en mora en el pago de
las cotizaciones correspondientes a los servidores de que trata el numeral
anterior.
La acreditaci�n del cumplimiento de los requisitos de que
trata el presente art�culo se realizar� anualmente por parte de la entidad
territorial, a trav�s de una certificaci�n expedida por su representante legal,
en los formatos que establecer� el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Las certificaciones deber�n expedirse con corte a diciembre 31 de cada a�o, y
se presentar�n dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio podr�
realizar cruces de informaci�n aleatorios y selectivos con las administradoras
del Sistema General de Pensiones. Si como resultado del cruce se hace necesaria
alguna aclaraci�n por parte de la entidad territorial, esta deber� realizarse
dentro del mes siguiente al recibo del requerimiento por parte del Ministerio.
De no recibirse la aclaraci�n en el plazo mencionado, se entender� no cumplido
el requisito.
PAR�GRAFO. La certificaci�n correspondiente al a�o 2011 se emitir�
dentro de los dos (2) meses siguientes al 3 de octubre de 2012 y servir� de
base para la distribuci�n de los recursos provenientes de los aportes de la
Naci�n acumulados y pendientes de distribuci�n hasta el a�o 2011. Las
certificaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda con anterioridad al 3
de octubre de 2012, que cumplan con las condiciones previstas en el mismo, se
considerar�n v�lidamente expedidas.
(Art. 2 Decreto
1308 de 2003, modificado
por el art. 2 Decreto
32 de 2005; modificado
por el art. 1 Decreto
4597 de 2011, modificado
por el art. 2 Decreto
2029 de 2012)
Art�culo
2.12.3.6.3. �Cumplimiento de la Ley 549 de 1999. A efectos de establecer el cumplimiento de la Ley 549 de
1999 por parte de las entidades territoriales, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico verificar� las siguientes condiciones:
1. Que la entidad haya realizado los aportes a su
cargo en el FONPET, establecidos en el Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999. Esta
verificaci�n se realizar� con corte a 31 de diciembre de cada a�o, con base en
los informes de recaudo y cartera elaborados peri�dicamente por las entidades
administradoras de recursos del FONPET.
�2. Que la entidad haya cumplido con la obligaci�n de
suministrar la informaci�n requerida por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico para la elaboraci�n de los c�lculos actuariales, de conformidad con lo
establecido en el Art�culo 9� de la Ley 549 de 1999. Esta verificaci�n se
realizar� semestralmente con corte a junio 30 y diciembre 31 de cada a�o,
teniendo en cuenta las condiciones de avance en la calidad de la informaci�n
que establezca el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
PAR�GRAFO. La verificaci�n del cumplimiento de los requisitos de que
trata el presente art�culo que se realizar� con corte a 31 de diciembre de
2011, servir� de base para la distribuci�n de los recursos acumulados y
pendientes de distribuci�n a diciembre 31 de 2011.
(Art. 3 Decreto
1308 de 2003; numeral 1 modificado
por el art. 2 Decreto
4478 de 2006; par�grafo�
modificado por el art. 3 Decreto
32 de 2005. Modificado
�ntegramente por el art. 3 del Decreto
2029 de 2012)
�Par�grafo Transitorio 1. Para los efectos del Par�grafo Transitorio del Artfculo
2.12.3.16.3, y de conformidad con lo dispuesto en el Art�culo 9� de la Ley 549
de 1999, las entidades territoriales que durante la vigencia 2020 hayan enviado
por lo menos una vez la informaci�n de sus historias laborales a PASIVOCOL,
podr�n solicitar hasta el 10% del desahorro del sector Prop�sito General del
FONPET. A su vez, las entidades territoriales que en las tres �ltimas vigencias
no hayan obtenido c�lculo actuarial aprobado en el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, por no cumplir los est�ndares de calidad en la informaci�n,
podr�n solicitar hasta el 10% de este desahorro, siempre y cuando hayan enviado
al menos una vez la informaci�n de sus historias laborales a PASIVOCOL durante
la vigencia 2020. En ambas situaciones, siempre y cuando, cumplan con el
porcentaje de cubrimiento del pasivo pensional (100%) y los dem�s requisitos
habilitantes.�
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 3 Decreto
1206 de 2021)
�Par�grafo Transitorio 2. Las entidades territoriales que no hayan cumplido con el
suministro de informaci�n al Programa PASIVOCOL, con corte a 31 de diciembre de
la vigencia 2020, y cumplan con los dem�s requisitos habilitantes, podr�n
solicitar el retiro de recursos del FONPET para el pago de sus obligaciones
pensionales, �nicamente durante la vigencia 2021".
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 3 Decreto
1206 de 2021)
Par�grafo Transitorio 3. Para las vigencias 2022 y 2023, de conformidad con lo
dispuesto en los art�culos 6� y 9� de la Ley 549 de 1999 y el inciso s�ptimo
del art�culo 199 de la Ley 1955 de 2019, las entidades territoriales que
superen el porcentaje de cubrimiento de su pasivo pensiona/ en el sector
Prop�sito General del FONPET, establecido en el art�culo 2. 12. 3. 16. 3 del
presente Decreto (110%), cuenten con c�lculo actuaria/ aprobado y actualizado
financieramente, y que durante la vigencia inmediatamente anterior (2021 o 2022)
hayan enviado s�lo una vez la informaci�n de sus historias laborales a
PASIVOCOL, podr�n solicitar el desahorro de hasta el 30% de recursos excedentes
del sector Prop�sito General del FONPET. A su vez, para las vigencias 2022 y
2023, de conformidad con Jo dispuesto en los art�culos 6� y 9� de la Ley 549 de
1999 y el inciso s�ptimo del art�culo 199 de la Ley 1955 de 2019, las entidades
territoriales que superen el porcentaje de cubrimiento de su pasivo pensiona/
en el sector Prop�sito General del FONPET, establecido en el art�culo
2.12.3.16.3 del presente Decreto (110%), cuenten con c�lculo actuaria/ aprobado
y actualizado financieramente, y que en las tres �ltimas vigencias no hayan
obtenido un nuevo c�lculo actuaria/ aprobado por parte del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, podr�n solicitar el desahorro de hasta el 30% de estos
recursos excedentes, siempre y cuando hayan enviado al menos una vez la
informaci�n de sus historias laborales a PASIVOCOL durante la vigencia
inmediatamente anterior (2021 o 2022). En ambas situaciones, siempre y cuando,
se hayan cubierto los pasivos pensiona/es de los sectores Salud y Educaci�n del
FONPET, en un 100%, y se hayan cumplido los dem�s requisitos fijados en las
normas vigentes; al tiempo que, los recursos retirados se deben destinar a los
fines permitidos en la ley.
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 1 Decreto
2326 de 2022)
Par�grafo Transitorio 4. Las entidades territoriales que hayan cumplido, por Jo
menos una vez, con el env�o de informaci�n al Programa PASIVOCOL, con corte a
31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior (2021 o 2022), y cumplan
con los dem�s requisitos habilitantes, podr�n solicitar el retiro de recursos
del FONPET para el pago de sus obligaciones pensiona/es, �nicamente para las
vigencias 2022 y 2023".
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 1 Decreto
2326 de 2022)
Art�culo
2.12.3.6.4. Efectos de los acuerdos de reestructuraci�n o de
pagos. Cuando quiera que se
celebren acuerdos de reestructuraci�n en desarrollo de la ley 550 de 1999 a
partir de la suscripci�n de dichos acuerdos y en tanto los mismos se cumplan en
las oportunidades en ellos previstas se considerar� que la entidad no se
encuentra en mora respecto de dichas obligaciones y por ello, siempre que se
cumplan las dem�s obligaciones, la entidad tendr� derecho a que a partir de la
fecha de suscripci�n del acuerdo se le abonen recursos nacionales en la forma
establecida en la ley. La entidad que haya celebrado acuerdos de pago o de
reestructuraci�n no tendr� derecho a que se le abonen recursos nacionales que
correspondan a los per�odos en que hubiera estado en mora, con anterioridad a
los acuerdos de pago o de reestructuraci�n.
PAR�GRAFO. En desarrollo de lo previsto en el Art�culo 41 de la Ley
550 de 1999, como parte de la normalizaci�n del pasivo pensional, en los
acuerdos de reestructuraci�n deber� contemplarse expresamente la forma y las
condiciones como se pagar� la deuda pendiente con el FONPET, tanto por capital
como por intereses.
(Art. 5 Decreto
1308 de 2003)
Art�culo
2.12.3.6.5. �Abono a las cuentas de las entidades territoriales. Una vez recibida la certificaci�n de que trata
el art�culo 2.12.3.6.2. y verificado el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el art�culo 2.12.3.6.3., el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico proceder� a autorizar a las entidades administradoras del FONPET para
que realicen el abono de los recursos nacionales a las cuentas de las entidades
territoriales.
En el evento en que el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico llegare a verificar que alguna de las declaraciones contenidas en la
certificaci�n no se ajusta a la realidad, los recursos que se hubieren abonado
en la cuenta de la entidad territorial ser�n redistribuidos entre las dem�s
entidades territoriales, sin que esta redistribuci�n constituya un nuevo acto
de ejecuci�n presupuestal.
(Art. 6 Decreto
1308 de 2003)
CAP�TULO 7
DESTINACI�N RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGAL�AS CON
DESTINO AL FONPET
Art�culo
2.12.3.7.1. �Recursos del Sistema General de Regal�as. Las
entidades que hayan alcanzado el cubrimiento del pasivo pensional en el Sector
Prop�sito General del FONPET, conforme a lo establecido en el Cap�tulo 16 del
presente T�tulo y en el presente decreto, podr�n destinar los recursos del
Sistema General de Regal�as acumulados en el Fondo, con corte a diciembre 31 de
la vigencia inmediatamente anterior, para:
1. Financiar el valor de
las mesadas pensionales, teniendo en cuenta lo establecido en el presente
t�tulo respecto al pago de obligaciones pensionales corrientes.
2. Financiar los
patrimonios aut�nomos de que trata el par�grafo del art�culo 10� de la Ley 1744
de 2014, o la norma que haga sus veces, dirigidos a atender compromisos
pensionales relacionados con los pasivos pensionales registrados en el FONPET,
en este caso hasta por el monto de los recursos que exceden el cubrimiento del
pasivo pensional.
(Art. 14 Decreto
630 de 2016)
CAP�TULO 8
SALDO EN CUENTA Y RETIRO DE RECURSOS
SECCI�N 1. Saldo en cuenta
Art�culo
2.12.3.8.1.1.
Saldo en cuenta de
la entidad Territorial en el FONPET. Para la determinaci�n del saldo en cuenta de la entidad
territorial que sirve de base para el c�lculo de los recursos disponibles para
el retiro de recursos del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales,
FONPET, de que trata el Art�culo� 6� de la Ley 549 de 1999 y 51 de la Ley 863
de 2003, se tendr� en cuenta el siguiente procedimiento:
El saldo en cuenta ser� igual al valor acumulado de los
recursos en la cuenta individual de la entidad territorial en el FONPET,
teniendo como fecha de corte el 31 de diciembre del a�o inmediatamente
anterior, incluyendo los saldos en cuenta independientes relacionados en el
siguiente inciso.
Teniendo en cuenta que los sectores de salud y educaci�n
tienen asignados recursos de destinaci�n espec�fica, se calcular�n saldos en
cuenta independientes para dichos sectores. Los recursos no afectos a los
anteriores sectores se denominar�n "recursos de prop�sito general",
los cuales podr�n utilizarse cuando los recursos de los sectores de salud y
educaci�n no sean suficientes para atender sus pasivos pensionales.
El saldo en cuenta para retiros se calcular� anualmente y
ser� la base para establecer el monto m�ximo de recursos que una entidad
territorial puede retirar anualmente de su cuenta en el FONPET.
(Art. 1 Decreto
4105 de 2004, Par�grafo 1
modificado por el art. 4 del Decreto
4810 de 2010. Modificado
en su integridad por el art. 5 del Decreto
2191 de 2013)
Art�culo
2.12.3.8.1.2.
Distribuci�n de
retiros entre las administradoras. Los retiros de recursos de que trata el presente
Cap�tulo se distribuir�n entre las administradoras del FONPET a prorrata de su
participaci�n en el total de recursos de capital administrados a la fecha de
autorizaci�n del desembolso. A partir de la fecha de autorizaci�n de la entrega
de recursos, las administradoras tendr�n un plazo de diez (10) d�as h�biles
para efectuar los desembolsos. Para la asignaci�n de nuevos recursos recaudados
entre las administradoras se utilizar�n los mecanismos de asignaci�n de
recursos previstos en los contratos respectivos.
(Art. 2 Decreto
4105 de 2004, modificado
por el art. 1 Decreto
690 de 2005, modificado
por el art. 4 del Decreto
4478 de 2006,� modificado
por el art. 2 Decreto
2176 de 2007)
Art�culo
2.12.3.8.1.3.
Contabilizaci�n de
los retiros. Los retiros de
recursos de FONPET y los reembolsos que deban realizar las entidades
territoriales de conformidad con el presente cap�tulo, se contabilizar�n por su
valor en unidades del FONPET a la fecha de retiro.
En todo caso, las solicitudes de retiros y las
autorizaciones de las mismas se realizar�n en pesos.
(Art. 3 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.1.4.
Registro de los pasivos
pensionales de las entidades territoriales en el Sistema de Informaci�n del
FONPET. Los pasivos
pensionales de las entidades territoriales correspondientes a los sectores
Salud, Educaci�n y Prop�sito General, actualizados a 31 de diciembre de la vigencia
anterior, deber�n ser registrados en el Sistema de Informaci�n del FONPET a m�s
tardar el 31 de mayo de cada vigencia.� A partir de esta fecha, se podr�
determinar los recursos excedentes por Sector para cada entidad territorial.
(Art. 6 Decreto
630 de 2016)
Art�culo 2.12.3.8.1.5.
Registros contables
y presupuestales. La
aplicaci�n de los recursos seg�n lo previsto en el presente t�tulo, deber�
reflejarse en la contabilidad de las entidades territoriales y en sus
presupuestos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas
vigentes.
(Art. 15 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.1.6.
Certificaci�n sobre
el cumplimiento de la ley.
Para el retiro de los recursos de que trata el presente cap�tulo, las entidades
territoriales deber�n acreditar ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico-Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social, el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el cap�tulo 6 del presente
t�tulo, y las normas que lo modifiquen o adicionen.
(Art. 4 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.1.7.
Sujeci�n a las
apropiaciones presupuestales.
La ejecuci�n de estos recursos estar� en cabeza de las entidades territoriales,
quienes deber�n incluir en sus presupuestos las partidas correspondientes para
su pago, con sujeci�n a lo que dispongan las normas que regulan el manejo del
Fondo.
(Art. 5 Decreto
4105 de 2004)����������������������������������������������������������������������������
SECCI�N 2. Autorizaci�n para el retiro de recursos
Art�culo
2.12.3.8.2.1.
Solicitud de la
entidad territorial. Para
efectos de la autorizaci�n de los retiros de que trata el Art�culo 5� de la Ley
549 de 1999, la entidad territorial deber� presentar una solicitud escrita al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de
la Seguridad Social. La solicitud deber� contener el monto del retiro
solicitado, descripci�n de los activos que se entregar�n a cambio de los
recursos y su correspondiente aval�o, as� como del esquema del negocio
fiduciario que se propone para su administraci�n y venta.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n
de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social, evaluar� la solicitud
presentada por la entidad territorial y solicitar� las aclaraciones e
informaci�n adicional que considere pertinentes.
(Art. 6 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.2.2.
Par�metros para la
autorizaci�n de retiros. De
conformidad con el Art�culo� 5� de la Ley 549 de 1999, el Comit� Directivo de
FONPET podr� autorizar que se entregue a las entidades territoriales un monto
de recursos l�quidos no superior al treinta por ciento (30%) del saldo de la
cuenta de la entidad, con destino al pago de las obligaciones pensionales,
proveniente de las fuentes de recursos previstas en los numerales 1, 2, 3, 8, 9
y 11 del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, de acuerdo con los siguientes
par�metros:
1 El SIF, suministrar� anualmente, de acuerdo con los
�ltimos estados financieros de FONPET que hubiere aprobado el Comit� Directivo,
el saldo en cuenta para efectos de retiros, de conformidad con lo previsto en
el presente Cap�tulo.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2 Los activos admisibles para efectos de la operaci�n
deber�n ser activos fijos, que tengan el car�cter de bienes fiscales f�cilmente
realizables. Los activos deber�n estar libres de grav�menes o cualquier
limitaci�n de dominio. Para el efecto, a la solicitud se acompa�ar� la copia
del acuerdo u ordenanza que autoriza la enajenaci�n.
3 El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n
de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social, verificar� el cumplimiento de
los requisitos de que tratan los Art�culos 2.12.3.6.2. y 2.12.3.6.3. del
presente Decreto y presentar� la solicitud para tr�mite ante el Comit�
Directivo, con una recomendaci�n t�cnica sobre la viabilidad de la operaci�n.
Para efectos de la recomendaci�n, el Ministerio tendr� en cuenta adem�s el
cumplimiento de la entidad territorial en las metas de desempe�o fiscal
establecidas en la Ley 617 de 2000.
4 Las autorizaciones de retiros se presentar�n al Comit�
Directivo para su aprobaci�n en el mismo orden en que se acredite el
cumplimiento de los requisitos de que trata el presente cap�tulo. Las
solicitudes aprobadas por el Comit� Directivo se desembolsar�n respetando el
mismo orden.
5. Para la aprobaci�n de los retiros ser� necesario el
voto favorable del Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado en el
Comit� Directivo del Fonpet.
(Art. 7 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.2.3.
Valor de los
activos. Los activos ser�n
recibidos por su valor de mercado, el cual se establecer� de acuerdo con
aval�os emitidos seg�n las disposiciones legales aplicables. En ning�n caso el
valor de mercado de los activos podr� ser superior al valor en libros
registrado en la contabilidad de la entidad territorial para la vigencia
inmediatamente anterior. El valor de mercado de los activos recibidos deber�
revisarse anualmente por parte de la entidad territorial y dicha revisi�n deber�
ser comunicada al FONPET por la entidad administradora de los activos.
En cualquier evento en
que el valor de mercado de los activos sea inferior a aquel por el cual se
recibieron, la entidad territorial deber� iniciar las gestiones presupuestales
para aportar la diferencia en la vigencia fiscal siguiente, de tal manera que
los recursos cubran el valor del pasivo pensional, de acuerdo con el c�lculo
actuarial. El incumplimiento de la entidad territorial en su obligaci�n de
aportar la diferencia, de acuerdo con el inciso anterior, implicar� el
incumplimiento de la Ley 549 de 1999 para todos los efectos previstos en las
disposiciones vigentes.
La liquidez de los activos deber� ser garantizada por la
entidad territorial mediante la pignoraci�n de rentas de su propiedad, la cual
deber� constar en el contrato de encargo fiduciario de que trata el art�culo 2.12.3.8.2.4.
Dicha pignoraci�n deber� cubrir adem�s la diferencia resultante del menor valor
de los activos de que trata el inciso anterior.
(Art. 8 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.2.4.
Constituci�n de
encargo fiduciario. Una vez
autorizado el retiro de recursos por el Comit� Directivo de FONPET, y en todo
caso como condici�n previa al desembolso, la entidad territorial deber�
constituir un encargo fiduciario en favor de FONPET, en entidades legalmente
autorizadas para este efecto. Para estos efectos, el plazo de treinta (30) d�as
se contar� a partir de la entrega del contrato de encargo fiduciario,
debidamente legalizado, al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico -Direcci�n
de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de las autorizaciones requeridas legalmente
para la celebraci�n de este tipo de contratos, la entidad territorial deber�
prever de manera expresa los recursos necesarios para atender los gastos que
demande el negocio fiduciario.
Para los efectos del Art�culo 5� de la Ley 549 de 1999,
se entiende que se requiere la enajenaci�n de los activos si dentro de los dos
(2) a�os siguientes al desembolso de los recursos la entidad territorial no ha
restituido al FONPET el valor de los recursos entregados de acuerdo con este
cap�tulo, actualizados con la rentabilidad promedio obtenida por los patrimonios
aut�nomos del FONPET, para lo cual el contrato de administraci�n que se celebre
deber� establecer las previsiones necesarias. Los recursos obtenidos de la
enajenaci�n de los activos deber�n entregarse a FONPET ingresar�n a la cuenta
de la entidad territorial. Si los activos no fueren enajenados dentro de dicho
plazo, o el valor de la venta no fuese suficiente para cubrir el valor
actualizado de los recursos entregados, la entidad territorial deber�
reembolsar al FONPET el valor actualizado de los recursos o la diferencia
resultante, dentro de la vigencia fiscal siguiente, sin perjuicio de la
facultad del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico de hacer efectiva la
garant�a de liquidez de que trata el art�culo 2.12.3.8.2.3.
El incumplimiento de la entidad territorial en su
obligaci�n de reembolsar el valor actualizado de los recursos o la diferencia
resultante, de acuerdo con el inciso anterior, implicar� el incumplimiento de
la Ley 549 de 1999 para todos los efectos previstos en las disposiciones vigentes.
Corresponder� a la entidad administradora de los activos
verificar que la entidad territorial haya obtenido las autorizaciones
necesarias para celebrar el contrato y enajenar los activos.
(Art. 9 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.2.5.
Destinaci�n de los
retiros. Los recursos cuyo
retiro se autoriza de conformidad con la presente Secci�n solamente podr�n
destinarse al pago de las obligaciones pensionales de la entidad territorial en
el sector correspondiente. Sin perjuicio de las sanciones previstas en las
normas legales aplicables, la destinaci�n de los recursos a otros fines implica
el incumplimiento de la Ley 549 de 1999, para todos los efectos previstos en
las disposiciones pertinentes.
(Art. 10 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo 2.12.3.8.2.6.
Utilizaci�n de los recursos
acumulados en el Sector Salud del FONPET para financiar Contratos de
Concurrencia. Las entidades
territoriales que tienen una responsabilidad financiera con el Sector Salud,
derivada o que pueda derivar de los Contratos de Concurrencia que se hayan
suscrito o se suscriban en virtud de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 y las
dem�s normas que las reglamenten, modifiquen o sustituyan, podr�n utilizar los
recursos acumulados en el Sector Salud del FONPET para financiar las
obligaciones contenidas en los mismos, en los siguientes casos:
�
1.
Cuando en el Contrato de Concurrencia
se incluya como fuente de financiaci�n los recursos acumulados en el Sector
Salud del FONPET para financiar la parte de la concurrencia a su cargo.
2.
En aquellos casos en que la entidad
territorial tiene un Contrato de Concurrencia suscrito, pero no ha realizado el
pago de la obligaci�n, puede solicitar que se realice un modificatorio al
Contrato con el fin de que se incluya como fuente de financiaci�n los recursos
acumulados en el Sector Salud del FONPET.
3.
Para pagar las actualizaciones
financieras de los Contratos de Concurrencia que sean susceptibles de ser
modificadas a trav�s de un Otros�, que incluyan como fuente de financiaci�n los
recursos acumulados en el Sector Salud del FONPET.
4.
En el evento en que a�n no se haya
suscrito el Contrato de Concurrencia, la entidad territorial podr� solicitar,
en la forma que establezca la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico en el instructivo
que expida para el efecto, el retiro de los recursos acumulados en el Sector
Salud del FONPET para financiar la parte de la concurrencia que resulte a cargo
de la entidad territorial siempre y cuando se realice el respectivo corte de
cuentas de que trata el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993. Una vez se suscriba
el respectivo contrato de concurrencia se tendr�n en cuenta los valores pagados
por la Entidad Territorial.
5.
En aquellos casos en que la
Instituci�n Hospitalaria haya asumido con sus propios recursos el pago de
obligaciones pensionales que puedan ser financiados a trav�s de los contratos
de concurrencia, la entidad territorial podr� solicitar el retiro de los
recursos abonados en el Sector Salud del FONPET para reembolsar a la
Instituci�n Hospitalaria lo pagado por este concepto. Sin embargo, previamente
deber� realizarse el corte de cuentas de que trata el art�culo 242 de la Ley
100 de 1993, con el fin de determinar el valor que le corresponde abonar a la
entidad territorial de acuerdo con su porcentaje de concurrencia.
Una vez se suscriba el respectivo contrato de
concurrencia se tendr�n en cuenta los valores pagados por la Entidad
Territorial a la Instituci�n Hospitalaria.
(Art. 1 Decreto
630 de 2016)
Art�culo 2.12.3.8.2.7.
Giro de los recursos
acumulados en el Sector Salud del FONPET, diferentes a los de Lotto en L�nea,
para financiar Contratos de Concurrencia. El giro de los recursos acumulados en el Sector Salud del FONPET,
diferentes a los de Lotto en L�nea, para financiar el valor comprometido por la
entidad territorial en los Contratos de Concurrencia, deber� realizarse a los
patrimonios aut�nomos o a los encargos fiduciarios constituidos para
administrar los recursos de la concurrencia o a los Fondos Territoriales de Pensiones.
Para estos efectos, la entidad territorial presentar� la
solicitud de retiro de los recursos en los formatos establecidos para tal fin
por la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien la revisar�, y si la encuentra
conforme a las normas vigentes, autorizar� el giro de los recursos
comprometidos con base en el monto de recursos registrados en el Sistema de
Informaci�n del FONPET a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente
anterior.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Art. 2 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.2.8.
Uso de los recursos
acumulados en el Sector Salud del Fonpet, diferentes a los de Lotto en L�nea,
para pagar las otras obligaciones pensionales con el Sector Salud. Las entidades territoriales tambi�n podr�n
financiar con los recursos acumulados en el Sector Salud del Fonpet, diferentes
a los de Lotfo en L�nea, los siguientes pasivos pensionales con el Sector
Salud, bajo la condici�n de que los hayan asumido, o los asuman, como propios:
1. El pasivo pensional
con el Sector Salud de aquellas personas que no fueron incluidas dentro de la
Certificaci�n de Beneficiarios del extinto Fondo Nacional del Pasivo
Prestacional del Sector Salud, de acuerdo con el Art�culo 2.12.4.2.7 de este
Decreto.
2. El pasivo pensional
causado por las Instituciones Hospitalarias desde el 10 de enero de 1994 hasta
e/30 de junio de 1995, fecha en que entr� a regir el Sistema General de
Pensiones en las entidades territoriales.
3. Las dem�s obligaciones
pensionales con el Sector Salud que la entidad territorial haya decidido asumir
como propias.
PAR�GRAFO 1�. Las entidades territoriales podr�n financiar con
los recursos acumulados en el Sector Salud del Fonpet, diferentes a los de
Lotfo en L�nea, el pago de las mesadas pensionales corrientes del sector Salud
correspondientes a las otras obligaciones pensiona les no incluidas en los
Contratos de Concurrencia suscritos entre las Naci�n y las entidades
territoriales en el marco de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.
PAR�GRAFO 2�. Las entidades territoriales tambi�n podr�n
financiar con los recursos acumulados en el Sector Salud del Fonpet, diferentes
a los de Lotto en L�nea, el pago de bonos pensionales y cuotas partes de bonos
pensiona les, as� como compensar y/o pagar las cuotas partes pensionales
causadas, corrientes y/o valor del c�lculo actuarial correspondientes a las otras
obligaciones pensiona les no
incluidas en los Contratos de Concurrencia
suscritos entre las Naci�n y las entidades territoriales en el marco de las
Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, y sus normas reglamentarias.
PARAGRAFO 3�. Para
estos efectos, la entidad territorial deber� enviar a la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social ~DGRESS del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, el acto administrativo de reconocimiento y asunci�n de las
otras obligaciones pensionales con el Sector Salud, de que trata este Art�culo.
Adem�s, deber�n incluirse los bonos pensionales en el Sistema de Certificaci�n
Electr�nica de Tiempos Laborados -CET/L~, y las mesadas pensionales y las
cuotas partes pensionales, dentro de la base de datos enviada por las entidades
territoriales al Programa PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico".
(Modificado por el
art. 2 del Decreto
256 de 2022)
Art�culo
2.12.3.8.2.9.
C�lculo del pasivo
pensional de las otras obligaciones pensionales asumidas por las entidades
territoriales. Para efectos de
realizar el c�lculo actuarial del pasivo pensional asumido por las entidades
territoriales de que trata el art�culo 2.12.3.8.2.8. de este Decreto, �stas
deber�n registrar la informaci�n de las historias laborales de los funcionarios
activos, pensionados, beneficiarios y retirados de la Instituci�n o
Instituciones Hospitalarias, en el Programa PASIVOCOL, del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 4 Decreto
630 de 2016)
Art�culo 2.12.3.8.2.10.
Giro de los recursos
acumulados en el Sector Salud del FONPET, diferentes a los de Lotto en L�nea,
para pagar las otras obligaciones pensionales con el Sector Salud. El giro de los
recursos acumulados en el Sector Salud del FONPET, diferentes a los de Lotto en
L�nea, destinados a pagar las otras obligaciones pensionales con el Sector
Salud, deber� efectuarse a los patrimonios aut�nomos o a los encargos
fiduciarios constituidos para tal fin, al Fondo Territorial de Pensiones o a
una cuenta especial creada con este prop�sito por la entidad territorial que
autoriza el retiro de los recursos del FONPET.
Para estos efectos, la entidad territorial presentar� la
solicitud de retiro de los recursos a la Direcci�n General de Regulaci�n
Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
quien deber� revisarla y si la encuentra conforme a las normas vigentes,
autorizar� el giro de los recursos comprometidos, con base en el monto de
recursos registrados en el Sistema de Informaci�n del FONPET a 31 de diciembre
de la vigencia inmediatamente anterior.
(Art. 5 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.2.11.
Traslado de recursos del
Sector Prop�sito General para financiar el pasivo pensional de los Sectores
Salud y/o Educaci�n del Fonpet. De
conformidad con Jo previsto en el inciso primero del art�culo 1 � de la Ley 549
de 1999, el inciso tercero del art�culo 2. 12. 3. 8. 1. 1 de este Decreto y el
inciso primero del art�culo 40 de la Ley 2159 de 2021, o la norma que haga sus
veces, una vez registrado el pasivo pensiona/ por sector en el Sistema de
Informaci�n del FONPET, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, como
administrador del Fondo, realizar� la reserva o el traslado de los recursos del
Sector Prop�sito General que superen el porcentaje de cobertura establecido en
el art�culo 2. 12. 3. 16. 3 del presente Decreto (110%), a los sectores Salud
y/o Educaci�n del FONPET, cuando estos �ltimos no cuenten con los recursos
suficientes para atender sus pasivos pensiona/es (121%, en cada caso).
El traslado de los recursos del
sector Prop�sito General aplicar� �nicamente para las entidades territoriales
que hayan alcanzado el cubrimiento del pasivo pensiona/ de dicho sector, el
cual se realizar� con base en el monto de recursos registrados en el Sistema de
Informaci�n del FONPET a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente
anterior.
Los recursos trasladados podr�n
ser utilizados por las entidades territoriales durante la misma vigencia en la
cual se efect�e el traslado, para el cumplimiento de las obligaciones por
concepto del saldo de la deuda establecido en el art�culo 18 de la Ley 715 de
2001, en el caso del Sector Educaci�n, y para el pago del pasivo pensiona/ del
Sector Salud, en los t�rminos del presente cap�tulo.
(Modificado
por el art. 2 del Decreto
2326 de 2022)
Par�grafo. Si una vez cubierto el pasivo pensiona/ de los sectores
Salud y Educaci�n, llegaran a presentarse saldos no requeridos de los recursos
trasladados provenientes del sector Prop�sito General, la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, realizar� por cada entidad territorial el traslado de estos
recursos al sector Prop�sito General en el FONPET.
(Modificado por el art. 2 del Decreto 2326 de 2022)
Par�grafo Transitorio 1. Cuando las entidades territoriales no cuenten con
cobertura del pasivo pensiona/ en los sectores Salud y/o Educaci�n en un 100%,
solamente para la vigencia 2021 y, para los efectos del Par�grafo Transitorio
del Art�culo 2.12.3.16.3 del presente Decreto, la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, como administradora del FONPET, deber� realizar la reserva o el
traslado de los recursos que superen el porcentaje de cobertura establecido en
el inciso primero del Art�culo 6 de la Ley 549 de 1999, del sector Prop�sito
General del FONPET a los citados sectores, hasta cubrir el porcentaje se�alado
en este par�grafo.
(Modificado por el art. 2 del Decreto 2326 de 2022)
Par�grafo Transitorio 2. Para las vigencias 2022 y 2023, la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, como administradora del FONPET, cuando las entidades
territoriales no cuenten con la cobertura del pasivo pensiona/ en los sectores
Salud y/o Educaci�n, establecida en el inciso primero del Art�culo 6� de la Ley
549 de 1999 (en un 100%), deber� realizar la reserva o el traslado de los recursos
del sector Prop�sito General del FONPET que superen el porcentaje de cobertura
se�alado en el art�culo 2. 12. 3. 16. 3 del presente Decreto (110%), para
atender sus pasivos pensiona/es en dichos sectores".
(Modificado por el art. 2 del Decreto 2326 de 2022)
FONPET. Una vez registrado el pasivo pensional por sector en el
Sistema de Informaci�n del FONPET, las entidades territoriales podr�n autorizar
el traslado de los recursos del Sector Prop�sito General a los Sectores Salud
y/o Educaci�n del FONPET, cuando �stos �ltimos no cuenten con los recursos
suficientes para atender sus pasivos pensionales.�
El traslado de los recursos del Sector Prop�sito General
aplicar� �nicamente para las entidades territoriales que hayan alcanzado el
cubrimiento del pasivo pensional de dicho sector, el cual se realizar� con base
en el monto de recursos registrados en el Sistema de Informaci�n del FONPET a
31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior.
Los recursos trasladados podr�n ser utilizados por las
entidades territoriales durante la misma vigencia en la cual se efect�e el
traslado, para el cumplimiento de las obligaciones por concepto del saldo de la
deuda establecido en el art�culo 18 de la Ley 715 del 2001, en el caso del
Sector Educaci�n, y para el pago del pasivo pensional del Sector Salud, en los
t�rminos del presente cap�tulo.
PAR�GRAFO. Si una
vez cubierto el pasivo pensional de los Sectores Salud y Educaci�n, llegaran a
presentarse saldos no requeridos de los recursos trasladados provenientes del
Sector Prop�sito General, la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la
Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, realizar� por
cada entidad territorial el traslado de estos recursos al Sector Prop�sito
General en el FONPET.
"Par�grafo Transitorio. Cuando las entidades territoriales no cuenten con
cobertura del pasivo pensional en los sectores Salud y/o Educaci�n en un 100%,
solamente para la vigencia 2021 y, para los efectos del Par�grafo Transitorio
del Art�culo 2.12.3.16.3 del presente Decreto, la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, como administradora del FONPET, deber� realizar la reserva o
el traslado de los recursos que superen el porcentaje de cobertura establecido
en el inciso primero del Art�culo 6� de la Ley 549 de 1999, del sector
Prop�sito General del FONPET a los citados sectores, hasta cubrir el porcentaje
se�alado en este par�grafo".
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 2 Decreto
1206 de 2021)
(Art. 8 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.2.12.
Pago de mesadas
pensionales corrientes. �Las entidades territoriales podr�n solicitar
anualmente el retiro de recursos del Sector Prop�sito General del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET-, para financiar
el pago de las mesadas pensionales corrientes a cargo de la administraci�n
central territorial, de la vigencia fiscal en curso.
El Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico a trav�s de la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de
la Seguridad Social -DGRESS~ del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
determinar� el monto de recursos que pueden retirar las entidades territoriales
del FONPET para financiar el pago de las mesadas pensionales corrientes,
teniendo en cuenta los recursos disponibles en el Fondo, al cierre del semestre
anterior, y hasta por el valor total apropiado para financiar el pago de las
mesadas pensionales de la vigencia en curso, aplicando el porcentaje de
cubrimiento del pasivo pensional del sector Prop�sito General del FONPET, sobre
dicho valor.
El FONPET deber� efectuar
el giro de estos recursos al Fondo Territorial de Pensiones, al patrimonio
aut�nomo, encargo fiduciario constituido, o a la cuenta bancaria especial
designada por la entidad territorial para el pago de mesadas pensionales
corrientes, de acuerdo con la certificaci�n que el representante legal de la
entidad territorial presente a la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de
la Seguridad Social.
De los recursos
transferidos por el FONPET a las entidades territoriales por concepto de
mesadas pensionales corrientes, �stas podr�n reembolsar durante la vigencia en
curso, los recursos propios que utiliz� para pagar las mesadas pensionales
corrientes de los meses transcurridos antes de que les llegara el giro de estos
recursos. Con los recursos remanentes las entidades territoriales deber�n
continuar pagando las mesadas pensionales corrientes de los meses que restan de
la vigencia en la que se solicitaron los recursos al FONPET, y si a�n quedaren
reservas pensionales, �stas se deber�n incorporar al presupuesto de la
siguiente vigencia con destinaci�n espec�fica al pago de obligaciones
pensionales.
La autorizaci�n de pago
de las mesadas pensiona les corrientes que deba emitir la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social-DGRESS de Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico en favor de las entidades territoriales con
recursos del FONPET, proceder�, siempre y cuando, estas obligaciones
pensionales se encuentren incluidas dentro de la base de datos enviada por las
entidades territoriales al Programa PASIVOCOL".
(Modificado por el art. 3 del Decreto
256 de 2022)
Art�culo
2.12.3.8.2.13.
Cumplimiento de la
metodolog�a dise�ada por PASIVOCOL. Acorde con la
obligaci�n de suministrar la informaci�n requerida en el Art�culo 9� de la Ley
549 de 1999 y la verificaci�n semestral de que trata el numeral 2� del Art�culo
2.12.3.6.3 del presente Decreto, las entidades de los sectores central y
descentralizado del orden territorial, deber�n realizar el env�o de la
informaci�n correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior para calcular
y actualizar su pasivo pensional dentro del Programa PASIVOCOL, hasta el 25 de
octubre de cada vigencia, o seg�n la fecha que determine la Direcci�n General
de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social -DGRESS- del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
No obstante, lo anterior, para el env�o de
informaci�n semestral por cumplimiento de requisitos distintos a la aprobaci�n
por c�lculo actuarial, las entidades territoriales podr�n enviar informaci�n a
PASIVOCOL hasta el31 de diciembre de cada vigencia.
Para efectos del presente Art�culo, enti�ndase
como entidades rezagadas, aquellas entidades territoriales que dentro de las
tres �ltimas vigencias no hayan obtenido por lo menos un c�lculo actuarial
aprobado por la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad
Social -DGRESS- del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - PASIVOCOL, como
consecuencia al incumplimiento de los est�ndares de calidad en la informaci�n
reportada en las bases de datos de las historias laborales. La Direcci�n
General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social -DGRESSdel Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico no podr� autorizar la devoluci�n de recursos
excedentes del sector Prop�sito General del FONPET, hasta tanto, la entidad
territorial, supere su condici�n de rezagada.
El Programa Pasivocol informar� al FONPET, la
relaci�n de entidades territoriales que han superado la condici�n de rezagada,
una vez les sea aprobado el correspondiente c�lculo actuaria/".
(Adicionado por el art. 4 del Decreto
256 de 2022)
SECCI�N 3. Obligaci�n de cubrimiento del pasivo pensional
Art�culo
2.12.3.8.3.1.
Cubrimiento del
pasivo pensional. Teniendo
en cuenta la obligaci�n de cobertura integral del pasivo pensional prevista en
el Art�culo 1� de la Ley 549 de 1999, para efectos de establecer el cubrimiento
del ciento por ciento (100%) del pasivo pensional de que trata el Art�culo� 6�
de la misma ley, se calcular�, en t�rminos porcentuales, la proporci�n
existente entre las reservas y los pasivos de las entidades territoriales y sus
descentralizadas as�:
1.
Las reservas ser�n el resultado de sumar:
1.1.
Los recursos de la cuenta en FONPET de la entidad territorial.
1.2.
Los recursos existentes en los fondos de pensiones territoriales.
1.3.
Los recursos existentes en los patrimonios aut�nomos de garant�a o patrimonios
aut�nomos pensionales constituidos por la entidad territorial de conformidad
con el Cap�tulo 3 sobre Patrimonios Aut�nomos o Encargo Fiduciarios, T�tulo 9,
y con lo estipulado en los art�culos 2.2.8.8.20 al 2.2.8.8.38 del Decreto 1833
de 2016.
1.4.
Los recursos existentes en los patrimonios aut�nomos de garant�a o patrimonios
aut�nomos pensionales constituidos por las entidades descentralizadas de
conformidad con el Cap�tulo 3 sobre Patrimonios Aut�nomos o Encargo
Fiduciarios, T�tulo 9, y con lo estipulado en los art�culos 2.2.8.8.20 al
2.2.8.8.38 del Decreto 1833 de 2016.
1.5.
Los dem�s activos liquidables destinados de manera espec�fica por las�
entidades descentralizadas para respaldar el pago de sus obligaciones
pensionales.
2.
Los pasivos ser�n el resultado de sumar:
2.1.
Las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el valor correspondiente
a las reservas matem�ticas de pensiones y las cuotas partes de bonos y de
pensiones de la entidad territorial de conformidad con el respectivo c�lculo
actuarial.
2.2.
Las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el valor correspondiente
a las reservas matem�ticas de pensiones y las cuotas partes de bonos y de
pensiones de las entidades descentralizadas de conformidad con el respectivo
c�lculo actuarial.
PAR�GRAFO. Para los efectos del presente
art�culo, las entidades territoriales deber�n acreditar que tienen constituidos
los Fondos Territoriales de Pensiones, los Patrimonios Aut�nomos y las reservas
correspondientes, con las certificaciones que en tal sentido requiera el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de
la Seguridad Social.
(Art. 11 Decreto
4105 de 2004)�����������������������������������������������������������������������������
Art�culo
2.12.3.8.3.2.
Cesaci�n de
obligaciones. Mientras el
cubrimiento del pasivo pensional sea inferior al ciento por ciento (100%), la
entidad territorial deber� continuar realizando aportes al FONPET con las
fuentes a su cargo previstas en el Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999 y las
disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
Cuando la entidad territorial haya cubierto el ciento por
ciento (100%) de su pasivo pensional, cesar� su obligaci�n de continuar
realizando aportes a FONPET en relaci�n con las fuentes a su cargo previstas en
la Ley 549 de 1999. Dichos recursos podr�n ser destinados por la entidad
territorial a los mismos fines que correspondan de acuerdo con las leyes que
regulan su destinaci�n.
Asimismo, cesar� la obligaci�n de la Naci�n de transferir
a la cuenta de la entidad territorial en FONPET los recursos de origen nacional
previstos en la Ley 549 de 1999 y las disposiciones que la modifiquen o
adicionen. Los recursos de origen nacional se distribuir�n entre las dem�s entidades
territoriales.
En cualquier evento en que se demuestre que la entidad
territorial ha asumido nuevas obligaciones pensionales o el monto de
cubrimiento del pasivo es inferior al inicialmente previsto, se reiniciar� su
obligaci�n de realizar aportes al FONPET y, correlativamente, la Naci�n
reiniciar� la transferencia de recursos de origen nacional. Para estos efectos,
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica
de la Seguridad Social, realizar� la actualizaci�n anual de los c�lculos
actuariales y la revisi�n de las reservas existentes.
(Art. 12 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.3.3.
Retiro de recursos. Mientras el cubrimiento del pasivo pensional sea
inferior al ciento por ciento (100%), no se podr�n retirar recursos de la
cuenta de la entidad territorial en el FONPET. En este evento, la entidad
deber� atender sus obligaciones pensionales exigibles con los recursos del
Fondo Territorial de Pensiones, el Patrimonio Aut�nomo o las reservas
constituidas para ese fin, o con otros recursos.
Cuando el cubrimiento del pasivo pensional sea igual o
superior al ciento por ciento (100%), la entidad territorial tendr� derecho a
retirar del FONPET una suma no superior al monto de sus obligaciones corrientes
de cada vigencia fiscal, con destino al pago de los pasivos de que trata el
numeral 2.1. del art�culo 2.12.3.8.3.1. de este Decreto.
Los recursos ser�n transferidos por el FONPET al Fondo
Territorial de Pensiones o al Patrimonio Aut�nomo constituido por la entidad
territorial para el pago de obligaciones pensionales.
En todo caso, las obligaciones pensionales de la entidad
territorial se continuar�n atendiendo de manera preferente con los recursos del
Fondo Territorial de Pensiones o del Patrimonio Aut�nomo hasta su agotamiento.
En consecuencia, para que pueda efectuarse la transferencia de recursos de que
trata el presente Art�culo, la entidad territorial deber� acreditar ante el
FONPET que el monto de las reservas de que tratan los numerales 1.2. y 1.3. del
art�culo 2.12.3.8.3.1.del presente Decreto son insuficientes para atender sus
obligaciones pensionales corrientes.
Par�grafo: Para el retiro de recursos de que trata el
presente Cap�tulo, las entidades territoriales deber�n acreditar ante el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de
la Seguridad Social, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los art�culos
2.12.3.6.2. y 2.12.3.6.3. del presente Decreto, y las normas que lo modifiquen
o adicionen, en aquellos aspectos que les fueren aplicables.
Cuando la entidad territorial no cumpla con la totalidad
de los requisitos aplicables de acuerdo con el inciso anterior, pero haya
alcanzado un cubrimiento de su pasivo pensional no inferior a tres (3) veces el
monto previsto en el art�culo 2.12.3.16.3 del presente decreto, podr� solicitar
por una sola vez al FONPET la entrega, de hasta el 30% del saldo en cuenta de
la entidad. Estos recursos deber�n destinarse por la entidad territorial a los
mismos fines que correspondan de acuerdo con las leyes que regulan su
destinaci�n original.
Cuando la entidad territorial tenga obligaciones
pendientes por aportes al FONPET, el Ministerio de Hacienda descontar� dicha
suma antes de efectuar el desembolso de que trata el inciso anterior.
(Art.13 Decreto
4105 de 2004, par�grafo
adicionado por el art. 4 Decreto
2948 de 2010)
Art�culo
2.12.3.8.3.4.
Nuevas entidades
territoriales. El
cubrimiento del pasivo pensional por parte de las nuevas entidades
territoriales ser� verificado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico-Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social, con base en
el acto de creaci�n y en cruces de informaci�n que realice con la Contadur�a
General de la Naci�n, los organismos de control y las entidades de las cuales
las nuevas entidades fueren segregadas.
(Art. 14 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.3.5.
Destinaci�n
espec�fica. Los recursos
entregados de acuerdo con el presente cap�tulo deber�n destinarse
exclusivamente al pago de obligaciones pensionales de la misma entidad
territorial, de acuerdo con el art�culo� 2.12.3.8.3.1., numeral 2 de este
decreto. Si la entidad territorial no tuviere pasivos a cargo, los recursos
previstos en los numerales 1 y 2 del Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999 y los
recursos del Sistema General de Participaciones conservar�n en todo caso la
destinaci�n prevista en la Constituci�n y en la ley.
(Art. 15 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.8.3.6.
Procedimiento para
realizar el giro de los recursos excedentes acumulados en el Sector Salud del
FONPET, diferentes a los de Lotto en L�nea. Las entidades territoriales que no tengan obligaciones
pensionales con el Sector Salud o que las tengan plenamente financiadas,
destinar�n los recursos excedentes acumulados en el Sector Salud del FONPET,
diferentes a los de Lotto en L�nea, exclusivamente para el financiamiento del
R�gimen Subsidiado.
Para estos efectos, se aplicar� el procedimiento previsto
por la Ley, siguiendo las instrucciones operativas definidas por la Direcci�n
General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, la cual proceder� a efectuar el giro de estos
recursos al mecanismo �nico de recaudo y giro de que trata el art�culo 31 de la
Ley 1438 de 2011, o a quien haga sus veces, para que sean aplicados a la
respectiva entidad territorial.
A su vez, cuando las entidades territoriales tienen
pasivo pensional con el Sector Salud, pero se encuentra plenamente financiado,
la entidad territorial presentar� solicitud de retiro de los recursos
excedentes acumulados en el Sector Salud del FONPET, diferentes a los de Lotto
en L�nea, a la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien la revisar�, y si la
encuentra conforme a las normas vigentes, autorizar� el giro de estos recursos
excedentes al mecanismo �nico de recaudo y giro de que trata el art�culo 31 de
la Ley 1438 de 2011, o a quien� haga sus veces, con base en el monto de
recursos acumulados en el Sistema de Informaci�n del FONPET a 31 de diciembre
de la vigencia anterior.
(Art. 9 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.3.7.
Retiro de los recursos
excedentes acumulados en el Sector Educaci�n del FONPET. Las entidades territoriales que no tengan
obligaciones pensionales con el Sector Educaci�n o que las tengan plenamente
financiadas, en los t�rminos del art�culo 2.12.3.9.2. del presente Decreto, una
vez trasladados los recursos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
�FOMAG-, destinar�n los recursos excedentes acumulados en el Sector Educaci�n
del FONPET para la financiaci�n de proyectos de inversi�n y atender� la
destinaci�n espec�fica de la fuente de que provengan estos recursos.
Para estos efectos la entidad territorial presentar� la
solicitud de retiro de los recursos excedentes del Sector Educaci�n a la
Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, quien la revisar�, y si la encuentra conforme,
autorizar� el giro de los recursos solicitados en retiro, con base en el monto
de recursos registrados en el Sistema de Informaci�n del FONPET a 31 de
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior.
(Art. 10 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.8.3.8.
Retiro de los recursos
excedentes acumulados en el Sector Prop�sito General. Las entidades territoriales que no tengan obligaciones
pensionales con el Sector Central de la Administraci�n, o que las tengan plenamente
financiadas y una vez hayan efectuado la reserva necesaria para dar
cumplimiento a lo establecido en el art�culo 2.12.3.8.2.11 del presente
Decreto,� destinar�n los recursos excedentes acumulados en el Sector Prop�sito
General para la financiaci�n de proyectos de inversi�n y atender�n la
destinaci�n espec�fica de la fuente de que provengan estos recursos.
(Art. 11 Decreto
630 de 2016)
CAP�TULO 9
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA AMORTIZACI�N DE LA DEUDA
CONSOLIDADA CON EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
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Art�culo
2.12.3.9.1. �Saldo consolidado de la deuda. De conformidad con el par�grafo 4� del Art�culo� 18 de
la Ley 715 de 2001, el valor del c�lculo actuarial por concepto de pensiones
que representa el saldo consolidado de la deuda, de que trata el mismo
Art�culo� se establecer� en la forma prevista en el art�culo� 2.4.4.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 y se verificar� por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social. Para
establecer el saldo consolidado de la deuda se tendr�n en cuenta los aportes y
amortizaciones de deuda realizados por la entidad territorial, los cuales se
actualizar�n de conformidad con el par�grafo 1� del art�culo� 2.4.4.2.1.5. del
Decreto 1075 de 2015.
El valor del c�lculo actuarial deber� actualizarse
anualmente, con el fin de mantener ajustado el saldo de la deuda con respecto
al valor real del pasivo.
Mientras se establece el valor del c�lculo actuarial por
concepto de pensiones, se tendr� en cuenta como saldo consolidado de la deuda
el valor del pasivo que por este concepto se encuentre registrado en el SIF.
(Art. 16 Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.9.2. �Transferencia de recursos por el FONPET. El FONPET transferir� anualmente de la cuenta de cada
una de las entidades territoriales al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FPSM) recursos del sector educaci�n, para el cumplimiento de las
obligaciones por concepto del saldo de la deuda establecido en el Art�culo� 18
de la Ley 715 del 2001. Cumplidas dichas obligaciones, los recursos que se
trasladen al FONPET mantendr�n su destinaci�n al pago de obligaciones
pensionales del sector educaci�n.
Previa solicitud del FPSM, la DRESS verificar� anualmente
el saldo de la deuda por las obligaciones pensionales de la entidad
territorial, con el fin de establecer si se presentan excedentes para el pago
de las dem�s obligaciones adquiridas con el FPSM, una vez cubierto el pasivo
pensional. Se except�an de este pago las obligaciones por concepto de los
aportes directos descontados a los docentes con destino al FPSM. Si se
presentan excedentes en la cuenta de la entidad, la DRESS autorizar� la
transferencia al FPSM hasta por el monto del excedente anual.
Cuando la entidad territorial solicite el retiro de los
excedentes de los recursos del sector educaci�n para obligaciones distintas a
las pensionales, la DRESS autorizar� el retiro previa la realizaci�n de una
reserva especial del 20% del monto del c�lculo actuarial del sector educaci�n,
para fines de la actualizaci�n de dicho c�lculo, en adici�n a los factores
previstos en el Art�culo 2.12.3.16.3 del presente Decreto.
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Para los efectos anteriores, las entidades territoriales
deber�n incluir en sus presupuestos, m�ximo, el monto de los recursos del
sector de educaci�n registrado en el SIF a 31 de diciembre de la vigencia
anterior. La apropiaci�n de esta partida por parte de cada entidad territorial
ser� verificada por el FPSM y ser� indispensable para que el FONPET le
transfiera los recursos a �ste, quien informar� a la Direcci�n de Regulaci�n
Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
el cumplimiento de esta condici�n, para que proceda a autorizar la
transferencia de estos recursos.
El valor de la transferencia que realice el FONPET no
podr� ser superior, para cada entidad territorial, al monto de los recursos
registrados en el SIF a 31 de diciembre de la vigencia anterior ni al saldo
consolidado de la deuda de la entidad con el FPSM.
Mientras no se haya cubierto el saldo de la deuda con el
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, las entidades territoriales
ser�n responsables del pago de las obligaciones que no sean cubiertas con los
recursos del FONPET. Por lo anterior, si los recursos transferidos por el
FONPET en cumplimiento del mencionado Art�culo no fueren suficientes para el
cubrimiento de dichas obligaciones, la entidad territorial seguir� aportando
los recursos faltantes, en concordancia con lo establecido en el convenio
respectivo.
En todo caso, mientras se realiza el ajuste de los
convenios previsto la Secci�n 1 del Cap�tulo 2 Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, del Decreto 1075 de 2015, para efectos de las
transferencias por parte del FONPET se tomar� el valor del c�lculo actuarial
que aparezca registrado en el FONPET.
(Art. 17 Decreto
4105 de 2004, modificado
por el art. 3 del Decreto
2948 de 2010)
CAP�TULO 10
RETIRO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS
PARTES DE BONOS PENSIONALES
Art�culo
2.12.3.10.1.
Procedimiento. Para el retiro de recursos con destino al pago
de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales previsto en el
Art�culo� 51 de la Ley 863 de 2003 deber�n cumplirse los siguientes requisitos:
1. La administradora de pensiones presentar� la solicitud
a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
a la cual deber� adjuntarse la aprobaci�n del bono pensional o de la cuota
parte por parte de la entidad territorial y la autorizaci�n del representante
legal de la entidad territorial para realizar el pago con los recursos de
FONPET. La Oficina de Bonos Pensionales elaborar� los formatos requeridos para
estos efectos.
2. La Oficina de Bonos Pensionales verificar� la
liquidaci�n del bono pensional o de la cuota parte y solicitar� el pago al
FONPET con base en los cupos por entidad territorial y subcuenta suministrados
por el FONPET. El FONPET determinar� los cupos con base en el saldo de la
cuenta de la entidad territorial, de acuerdo con lo establecido en el art�culo
2.12.3.8.1.1. de este Decreto.
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3. El pago se realizar� directamente por el FONPET a la
entidad administradora de pensiones en que se encuentre afiliado el
beneficiario, previos los tr�mites presupuestales a que haya lugar por parte de
la entidad territorial.
4. No podr� realizarse pago parcial de bonos pensionales
o cuotas partes de bonos pensionales con recursos del FONPET. Si el saldo en
cuenta para retiros es insuficiente, FONPET no realizar� el pago solicitado.
(Art. 18 del Decreto
4105 de 2004)
Art�culo
2.12.3.10.2.
Pago de intereses
de mora. Los recursos del
FONPET no podr�n destinarse al pago de intereses de mora por concepto de bonos
pensionales o cuotas partes de bonos pensionales. Si dichos intereses llegaren
a causarse, deber�n ser pagados con recursos propios de la entidad territorial.
La administradora de pensiones deber� en todo caso certificar que los recursos
entregados por este concepto se destinaron exclusivamente en la forma prevista
en el presente art�culo.
(Art. 19 Decreto
4105 de 2004)
CAP�TULO 11
CONDICIONES PARA EL PAGO Y COBRO COACTIVO
Art�culo
2.12.3.11.1.
Condiciones de pago
y cobro coactivo. Cuando la
entidad no haya cumplido oportunamente con su obligaci�n de transferir recursos
al FONPET, la entidad podr� acogerse a las condiciones de pago que establezca
de manera general mediante resoluci�n el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, en su calidad de administrador del FONPET. Los plazos para el pago
tendr�n en cuenta la capacidad financiera de la entidad y no exceder�n el
t�rmino previsto para la cobertura de los pasivos pensionales en el art�culo 1�
de la Ley 549 de 1999. Cuando se trate de aportes que haya debido realizar la
Naci�n, el CONFIS determinar� el mecanismo para que el monto de los aportes
pendientes de pago y su actualizaci�n se incorporen en el Marco Fiscal de
Mediano Plazo y en presupuestos de las vigencias fiscales correspondientes.
Con el prop�sito de preservar la capacidad adquisitiva de
las reservas pensionales de las entidades territoriales en el FONPET, los
aportes no transferidos oportunamente se actualizar�n conforme al valor de la
unidad del FONPET, desde la fecha en que ha debido realizarse el aporte hasta
la fecha del pago efectivo.
Antes del inicio del procedimiento de cobro coactivo, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico comunicar� a la entidad el monto de
las obligaciones exigibles, tanto por la �ltima vigencia fiscal de la cual se
tenga informaci�n como por las vigencias anteriores, y la respectiva
actualizaci�n, con el fin de que la entidad manifieste su inter�s en acogerse a
las condiciones de pago de que trata el presente Art�culo. La entidad deber� pronunciarse
en el plazo que el Ministerio se�ale en la comunicaci�n. El silencio de la
entidad territorial o su respuesta negativa dar�n lugar al inicio del
procedimiento de cobro coactivo, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria a que hubiere lugar.
Para los efectos del presente art�culo, el monto de la
deuda de los departamentos se determinar� anualmente por la Direcci�n General
de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, DRESS, con fundamento en el informe emitido por la Direcci�n
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, DAF, sobre
recaudos efectivos de los recursos de que tratan los numerales 7, 8 y 9 del
art�culo 2� de la Ley 549 de 1999. La DAF podr� utilizar directamente las
ejecuciones presupuestales certificadas por la entidad territorial u obtenerlas
a trav�s de la Contralor�a General de la Rep�blica o la Contadur�a General de
la Naci�n.
Para los mismos efectos, el monto de la deuda de los
municipios y distritos se determinar� anualmente por la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, DRESS, con fundamento en la informaci�n que sobre el recaudo
efectivo de los recursos de que trata el numeral 7 del art�culo 2� de la Ley
549 de 1999 suministre la Contadur�a General de la Naci�n.
Para los aportes que deban realizar al FONPET entidades
distintas de las entidades territoriales, la DRESS determinar� el total de la
deuda con la informaci�n oficial que corresponda y aplicar� los mismos
criterios de actualizaci�n y plazos ordenados en el presente Art�culo.
Para establecer el monto de la deuda de las entidades
territoriales, la DRESS tomar� como fecha de corte el decimoquinto d�a h�bil
del mes de enero de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se efectuaron
los recaudos por parte de las entidades territoriales.
PAR�GRAFO. Cuando de conformidad con las disposiciones aplicables,
se establezca como condici�n para la distribuci�n de recursos nacionales o para
el retiro o reembolso de recursos del FONPET que la entidad territorial se
encuentre al d�a en el pago de aportes al Fondo, se entender� que dicha
condici�n tambi�n se cumple cuando la entidad se haya acogido a las condiciones
de pago establecidas por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
En el evento en que se presenten controversias jur�dicas
respecto a la determinaci�n del monto adeudado, la entidad podr� acogerse
parcialmente a las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico. Para el efecto, bastar� con que la entidad territorial
manifieste por escrito su decisi�n de aceptar las sumas no controvertidas, as�
como el resto de las dem�s condiciones, proponiendo el mecanismo que permita
resolver las sumas objeto de controversia.
Una vez resuelta la controversia, si resulta un mayor
valor a cargo de la entidad, la entidad podr� solicitar que el pago de este
valor adicional se realice utilizando el Modelo de Administraci�n Financiera
previsto en el par�grafo 8� del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, siempre y
cuando cumpla con los dem�s requisitos establecidos para la aplicaci�n del
Modelo.
(Art. 20 Decreto
4105 de 2004, modificado
por el art. 3 Decreto
4478 de 2006, y
modificado por el art. 2 del Decreto
2948 de 2010)
Art�culo
2.12.3.11.2.
Comisiones de
administraci�n. Teniendo en
cuenta lo dispuesto en el numeral 6 del Art�culo 72 de la Ley 549 de 1999, para
el pago de las comisiones de administraci�n de los patrimonios aut�nomos del
FONPET, la distribuci�n de los recursos del Presupuesto General de la Naci�n
que se realice por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico incluir�
el valor de las comisiones que las entidades administradoras deban descontar de
los rendimientos obtenidos en las cuentas de las entidades territoriales en el
FONPET.
Para estos efectos, las entidades administradoras
distribuir�n el valor de las comisiones entre las entidades territoriales de
acuerdo con la participaci�n de cada una de ellas en el total de los
rendimientos financieros obtenidos por los patrimonios aut�nomos durante cada
trimestre calendario.
(Art. 21 Decreto
4105 de 2004)
CAP�TULO 12
CONSIDERACIONES POR VENTA DE ACTIVOS
Art�culo
2.12.3.12.1.
Enajenaci�n de
acciones y activos de las entidades territoriales. Para los efectos del numeral 7 del Art�culo 2� de la Ley
549 de 1999, se entienden tambi�n como ingresos producto de la enajenaci�n al
sector privado de acciones o activos de las entidades territoriales, los
ingresos obtenidos en la venta de acciones o activos a entidades en las cuales
la participaci�n estatal, directa o indirecta, sea inferior al 50% de su
capital social.
No se considerar�n ingresos obtenidos por la venta de
acciones o activos de las entidades territoriales, cuando la operaci�n
corresponda a la administraci�n del portafolio de las inversiones financieras
de la entidad. Para este prop�sito se tendr� en cuenta el Cat�logo General de
Cuentas del Plan General de Contabilidad P�blica expedido por la Contadur�a
General de la Naci�n, de conformidad con las instrucciones que a este respecto
expida la misma entidad
(Art. 4 Decreto
32 de 2005)
CAP�TULO 13
ADMINISTRACI�N DE LOS RECURSOS DEL FONPET
Art�culo
2.12.3.13.1.
Patrimonios Aut�nomos. De conformidad
con lo previsto en el Art�culo 3� de la Ley 549 de 1999, los recursos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, ser�n
administrados a trav�s de patrimonios aut�nomos. Los recursos que se destinen
al FONPET por las entidades aportantes deber�n haber sido apropiados con dicho
objeto y su entrega constituir� ejecuci�n de la respectiva partida
presupuestal. En consecuencia, en caso de pr�rroga de los contratos de
administraci�n o para adelantar procesos de selecci�n y posterior suscripci�n y
ejecuci�n de los mismos, no requerir�n el certificado de disponibilidad
presupuestal ni la autorizaci�n de vigencias futuras.
(Art. 1 Decreto
4758 de 2005)
Art�culo
2.12.3.13.2.
Rendimientos Financieros. Los
rendimientos financieros obtenidos en la gesti�n de los recursos del FONPET
tendr�n el mismo tratamiento establecido en la excepci�n que para los recursos
de los �rganos de previsi�n y seguridad social establece el par�grafo 2� del
Art�culo 16 del Estatuto Org�nico del Presupuesto y no se incorporar�n al
Presupuesto General de la Naci�n ni a los presupuestos de las entidades
territoriales, mientras no se haya autorizado su retiro.
(Art. 2 Decreto
4758 de 2005)
Art�culo 2.12.3.13.3.
Comisiones de administraci�n.
Las comisiones de administraci�n de los patrimonios aut�nomos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET se pagar�n con
cargo a los rendimientos financieros de los recursos, de tal suerte que las
entidades administradoras deben descontar previa autorizaci�n del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico el valor de las mismas de los rendimientos obtenidos
en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET. El
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� ordenar la constituci�n de
reservas con los rendimientos obtenidos para el pago de las comisiones que se
establezcan en los contratos de administraci�n.
(Art. 3 Decreto
4758 de 2005, adicionado
por el art. 5 del Decreto
946 de 2006, Art. 1 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.13.4.
Giro voluntar�o de
otros recursos de las entidades territoriales al FONPET. Para determinar la cobertura de los pasivos pensionales,
las entidades territoriales podr�n girar voluntariamente al FONPET, otros
recursos que acumulen y est�n registrados en sus Estados Financieros para el
pago de su pasivo pensional, para lo cual deber�n certificar con firma del
representante legal de la Entidad Territorial a la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social-DGRESS- del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, el monto de recursos l�quidos a trasladar, las entidades
bancarias y cuentas en las que se encuentren ubicados los recursos y la fuente
origen de los mismos.
La administraci�n y
desahorro de estos recursos tendr�n las mismas condiciones existentes para la
cuenta individual de la entidad territorial en el FONPET.
El FONPET, previo a la
consignaci�n de los recursos, informar� a trav�s de las entidades
administradoras o quien haga sus veces, el procedimiento para el giro y
registro de la fuente de los recursos dentro del Sistema de Informaci�n del
Fonpet -SIF-".
(Adicionado por el art. 5 del Decreto
256 de 2022)
CAP�TULO 14
REEMBOLSO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES
Art�culo
2.12.3.14.1.
Pago de Bonos Pensionales y
Reembolso. En desarrollo de lo previsto en el Art�culo 51 de
la Ley 863 de 2003, las entidades territoriales podr�n utilizar hasta el
cincuenta por ciento (50%) del saldo disponible en la cuenta del Fondo Nacional
de Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, aun cuando la reserva
constituida no haya alcanzado el ciento por ciento (100%) del pasivo pensional,
con destino al cubrimiento de las obligaciones por concepto de bonos
pensionales y cuotas partes de bonos pensionales.
El FONPET reembolsar� a las entidades territoriales los
pagos de bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales que hayan
realizado durante el per�odo comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley
863 de 2003 y el 31 de marzo de 2006.
Al reembolso de que trata el presente Cap�tulo no se
aplicar� el procedimiento previsto en los art�culos 2.12.3.10.1 y 2.12.3.10.2
del presente Decreto. No obstante, estar� sometido al l�mite de que trata el Art�culo
51 de la Ley 863 de 2003, en concordancia con lo establecido en el art�culo
2.12.3.8.1.1 del presente Decreto.
(Art. 1 Decreto
946 de 2006)
Art�culo
2.12.3.14.2.
Solicitud para el
reembolso. Para efectos del reembolso de que trata el
Art�culo anterior, el representante legal de la entidad territorial deber�
presentar la solicitud correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico - Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social. En la
solicitud se deber� certificar:
1. Que la entidad ha realizado los aportes a su cargo en
el FONPET, establecidos en el Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, o que ha
celebrado un acuerdo de pago respecto de los aportes adeudados.
2. Que la entidad ha cumplido con la Ley 100 de 1993, en
cuanto a afiliaci�n de los servidores p�blicos al Sistema de Seguridad Social.
Igualmente se deber� certificar la situaci�n de la entidad en cuanto al pago de
cotizaciones y pago de mesadas pensionales.
Si la entidad no se encuentra al d�a en cuanto al pago de
cotizaciones y mesadas pensionales, los recursos que se reciban por concepto
del reembolso deber�n destinarse exclusivamente al pago de estas obligaciones.
Si la entidad se encuentra en un proceso de
reestructuraci�n de pasivos de conformidad con la Ley 550 de 1999, la certificaci�n
deber� referirse a las obligaciones causadas con posterioridad a la iniciaci�n
del proceso.
3. Que las sumas cuyo reembolso se solicitan correspondan
a pagos efectivamente realizados durante el per�odo comprendido entre la
entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003 y el 31 de Marzo de 2006.
La solicitud deber� estar acompa�ada de la constancia de
pago de los bonos y cuotas partes de bono emitida por COLPENSIONES o de las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant�as sin incluir los
intereses de mora que se hubieren causado y pagado por parte de la entidad
territorial.
(Art. 2 Decreto 946 de 2006)
CAP�TULO 15
ADMINISTRACI�N DE T�TULO DE TESORER�A
Art�culo
2.12.3.15.1.
Representante de
los pensionados en el Comit� Directivo del FONPET. Para efectos de lo dispuesto en el Art�culo 8� de la Ley
549 de 1999, el Ministerio del Trabajo publicar� un aviso en un diario de
amplia circulaci�n nacional, invitando a los Presidentes de las Agremiaciones
de Pensionados de las Entidades Territoriales que se encuentren debidamente
registradas en las diferentes Direcciones Territoriales del Ministerio del
Trabajo, para que postulen candidatos ante dicho Ministerio con el fin de
elegir el representante de los pensionados en el FONPET. En el aviso se establecer�
el plazo para la postulaci�n, la fecha de la elecci�n, la forma del escrutinio,
y todas las dem�s condiciones para llevar a cabo la elecci�n.
El candidato que haya obtenido el mayor n�mero de votos
ser� declarado elegido como miembro del Comit� Directivo del FONPET, mediante
acto administrativo emitido por el Ministerio del Trabajo, por un per�odo de
dos a�os. En caso de presentarse empate, el Ministerio del trabajo elegir�
dicho miembro entre los candidatos que hayan obtenido el mayor n�mero de votos.
(Art. 5 Decreto
4478 de 2006)
Art�culo
2.12.3.15.2.
Recursos de que
trata el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003. Los recursos correspondientes al 5% de las regal�as
directas de que trata el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003, se trasladar�n al
FONPET con la misma periodicidad y oportunidad prevista en las normas
pertinentes para el traslado de los recursos al Fondo Nacional de Regal�as y a
las entidades territoriales beneficiarias de las mismas, respectivamente, por
parte de las entidades recaudadoras de estos recursos.
Los recursos por concepto de regal�as que no se hubieren
transferido al FONPET por parte de las entidades recaudadoras, se trasladar�n a
m�s tardar dentro del mes siguiente al 15 de diciembre de 2006 junto con los
rendimientos financieros netos que se hubieren causado hasta la fecha de
traslado de acuerdo con la certificaci�n que para el efecto expida el
representante legal de la entidad recaudadora de las regal�as.
(Art. 6 Decreto
4478 de 2006, inciso
primero derogado parcialmente por el art. 6 Decreto
3250 de 2011)
Art�culo
2.12.3.15.3.
Administraci�n
transitoria de recursos por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del
Tesoro Nacional. Para
efectos de la administraci�n transitoria de recursos del FONPET prevista en las
disposiciones vigentes, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, recibir� los T�tulos de
Tesorer�a TES, Clase B, valorados a precios de mercado a la tasa de valoraci�n
vigente en la fecha de entrega, de acuerdo con la metodolog�a establecida por
la Superintendencia Financiera de Colombia. Los TES deber�n ser trasladados a
la cuenta en el Dep�sito Central de Valores en el Banco de la Rep�blica que
para tal efecto informe por escrito la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y
del Tesoro Nacional a cada entidad de la cual se van a recibir los t�tulos.
Si hubiere lugar al traslado de disponibilidades de caja,
la mencionada Direcci�n General deber� informar previamente por escrito a cada
entidad la cuenta en el Banco de la Rep�blica a la cual se deber�n trasladar
estos recursos.
El proceso de entrega de los t�tulos respectivos deber�
constar en un acta de recibo, que en se�al de aceptaci�n deber� suscribir la
Direcci�n de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional junto con el representante
legal de las entidades y los supervisores de los contratos.
(Art. 8 Decreto
4478 de 2006)
Art�culo
2.12.3.15.4.
Inversiones de la
Direcci�n de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional.� Los T�tulos de Tesorer�a TES, Clase B, y las
disponibilidades de caja del FONPET ser�n administrados en las cuentas y en un
portafolio de inversi�n independiente de los dem�s recursos que para tal fin
administre la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Para el manejo y administraci�n de
este portafolio, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional
podr� realizar todas aquellas operaciones legalmente autorizadas para el manejo
de sus excedentes y de los fondos que administre.
La rentabilidad de los recursos del Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales, FONPET, que administre en forma transitoria
la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, conforme al presente Cap�tulo, no se tendr� en
cuenta para efectos del c�lculo de la rentabilidad m�nima de que trata el
numeral 5 del Art�culo� 7o de la Ley 549 de 1999 y sus disposiciones
reglamentarias.
Con el objeto de que la administraci�n transitoria de la
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional mantenga actualizada
la informaci�n relacionada con los recursos de las entidades territoriales en
el FONPET, la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� suministrar diariamente la
informaci�n que para tal efecto previamente determine la Direcci�n de Regulaci�n
Econ�mica de Seguridad Social del mismo Ministerio.
(Art. 9 Decreto
4478 de 2006)
CAP�TULO 16
EXCLUSI�N DE REALIZAR APORTES AL FONPET
Art�culo
2.12.3.16.1.
Entidades excluidas
de la obligaci�n de realizar aportes por concepto de regal�as, derechos o
compensaciones al FONPET. De
conformidad con el Art�culo� 48 de la Ley 863 de 2003 las entidades
territoriales que hayan cubierto el ciento por ciento (100%) de las provisiones
del pasivo pensional en los t�rminos previstos en la Ley 549 de 1999, est�n
excluidas de la obligaci�n de realizar aportes al FONPET� por concepto de
regal�as, derechos o compensaciones provenientes de la explotaci�n de recursos
no renovables, de acuerdo con la certificaci�n que expida al efecto el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Para efectos de la expedici�n de la certificaci�n a que
hace referencia el presente art�culo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico tendr� en cuenta las disposiciones que respecto del cubrimiento del
pasivo pensional se establecen en el art�culo 2.12.3.16.3. del presente Decreto. Copia de esta
certificaci�n se remitir� a las entidades responsables del recaudo de los
aportes.
(Art. 1 Decreto
55 de 2009)
Art�culo
2.12.3.16.2.
Entidades excluidas
de la obligaci�n de realizar aportes por concepto de recursos de la
participaci�n de prop�sito general. De conformidad con el Art�culo� 22 de la Ley 1176 de
2007, est�n excluidos de la obligaci�n de realizar aportes al FONPET por
concepto de recursos de la participaci�n de prop�sito general del Sistema
General de Participaciones, los departamentos, distritos o municipios, que no
tengan pasivo pensional, y aquellos que teniendo pasivo pensional est�n dentro
de un acuerdo de reestructuraci�n de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999, o a
las normas que la sustituyan o modifiquen, siempre y cuando estos recursos se
encuentren comprometidos en dicho acuerdo de reestructuraci�n.
Para las entidades que no tengan pasivo pensional, la
Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico certificar� dicha circunstancia, de acuerdo con lo
previsto en el art�culo 2.12.3.16.3.del presente Decreto. Copia de esta certificaci�n
se remitir� al Departamento Nacional de Planeaci�n.
Para las entidades que se encuentren en acuerdo de
reestructuraci�n, la Direcci�n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico remitir� a la Direcci�n de Regulaci�n Econ�mica de la
Seguridad Social copia de la certificaci�n que expida con destino al
Departamento Nacional de Planeaci�n, en la cual se manifieste que se han
reorientado recursos del Sistema General de Participaciones para financiar el
acuerdo de reestructuraci�n.
(Art. 2 Decreto
55 de 2009)
Art�culo
2.12.3.16.3.
Cubrimiento del
pasivo pensional. Para los
efectos del presente decreto se entender� que una entidad tiene cubierto su
pasivo pensional cuando (i) la suma de las reservas constituidas en el FONPET y
las reservas l�quidas constituidas en el Fondo Territorial de Pensiones y los
dem�s patrimonios aut�nomos de la entidad territorial que tengan por finalidad
el pago de pasivos pensionales, sean equivalentes al valor del pasivo
pensional, en los t�rminos del inciso 4� del presente Art�culo, y (ii) cuando
sus entidades descentralizadas hayan cubierto su pasivo pensional en los
t�rminos del inciso 5� del presente Art�culo.
Las reservas constituidas en el FONPET para cada entidad
territorial se obtendr�n de la cuenta en FONPET de la entidad, de acuerdo con
el Sistema de Informaci�n del FONPET previsto en los cap�tulos 8 y 9 del
presente decreto.
Las reservas l�quidas constituidas en el Fondo
Territorial de Pensiones y en los patrimonios aut�nomos ser�n certificadas por
los administradores del Fondo Territorial de Pensiones o del patrimonio aut�nomo
respectivo. Las reservas l�quidas deber�n corresponder a inversiones admisibles
de los Fondos de Pensiones Obligatorias y ser�n certificadas a precios de
mercado.
El valor del pasivo pensiona/, por sector del FONPET
(Salud, Educaci�n y Prop�sito General), ser� igual a la suma de los c�lculos
actuaria/es de las entidades territoriales registradas en el FONPET (100%),
adicionados en una provisi�n general del uno por ciento (1%) para gastos de
administraci�n y, en otra provisi�n especial, para cubrir desviaciones del
c�lculo actuaria/ y contingencias. En el caso del sector Prop�sito General,
esta ser� del nueve por ciento (9%), mientras que para los sectores Salud y
Educaci�n, la provisi�n especial ser� en cada caso de un veinte por ciento
(20%).
(Modificado por el art. 3 del Decreto 2326 de 2022)
En relaci�n con las entidades descentralizadas de las
entidades territoriales, se entender� que estas tienen cubierto el pasivo
pensional cuando hayan adoptado un mecanismo de normalizaci�n de pasivos
pensionales, de conformidad con las reglas contenidas en el Art�culo 39 de la
Ley 1151 de 2007 y las dem�s normas legales y reglamentarias previstas en dicha
disposici�n. La entidad territorial deber� acreditar la normalizaci�n del
pasivo pensional de sus entidades descentralizadas.
Para el retiro de los recursos de la cuenta en FONPET de
la entidad territorial, que excedan los montos se�alados en el presente
Art�culo, se aplicar� el procedimiento previsto en el cap�tulo 8 del presente
Decreto, as� como la destinaci�n se�alada para los mismos en dicho cap�tulo.
Par�grafo: Para efectos del retiro de los
recursos para el pago de obligaciones pensionales corrientes del sector
Prop�sito General, no se tendr�n en cuenta dentro del valor del pasivo
pensional, las provisiones de gastos de administraci�n y desviaciones del
c�lculo actuarial y contingencias, se�aladas en el inciso anterior.
(Art. 3 Decreto
55 de 2009, par�grafo
adicionado por el art. 13 Decreto
630 de 2016)
"Par�grafo
Transitorio. Las entidades territoriales que hayan alcanzado la cobertura
de su pasivo pensiona! en el sector Prop�sito General del FONPET, establecida
en el inciso primero del Art�culo 60 de la Ley 549 de 1999, podr�n solicitar el
desahorro de los recursos que superen dicho porcentaje, registrados en el
Sistema de Informaci�n del FONPET, a la fecha de corte 31 de diciembre de 2020,
para que sean destinados por la entidad territorial a financiar proyectos de
inversi�n, y atender�n la destinaci�n espec�fica de la fuente de que provengan
estos recursos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del
Art�culo 147 de la Ley 1753 de 2015. Dichos recursos deber�n ejecutarse por
parte de las entidades territoriales de acuerdo con las normas,
reglamentaciones y procedimientos vigentes.
Para estos efectos, el cubrimiento del
pasivopensional, �nicamente para la vigencia 2021, no tendr� en cuenta las
provisiones adicionales del cinco por ciento (5%) para gastos de administraci�n
ni del veinte por ciento (20%) para desviaciones del c�lculo actuarial y
contingencias.
El desahorro a que refiere este par�grafo
solo recaer� sobre los recursos excedentes por cubrimiento del pasivo pensional
del Sector Prop�sito General del FONPET para aquellas entidades territoriales
que est�n cumpliendo con los dem�s requisitos de ley, y que no tengan
obligaciones pensionales con los sectores Salud y Educaci�n del FONPET, o que
las tengan financiadas en un 100%.
Para los efectos de la aplicaci�n del
presente par�grafo, el porcentaje de cobertura y la solicitud de desahorro de
recursos excedentes, aplicar�n �nicamente para la vigencia 2021, una vez se
haya comunicado el porcentaje de cubrimiento del pasivo pensional conforme a
las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico como
administrador del FONPET, seg�n el Art�culo 3� de la Ley 549 de 1999".
(Par�grafo Transitorio adicionado por el art. 1 Decreto
1206 de 2021)
Art�culo
2.12.3.16.4.
Reducci�n o
suspensi�n de aportes al FONPET con base en el modelo de administraci�n
financiera. �De acuerdo con
lo establecido en el par�grafo 8� del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, las
entidades territoriales que cumplan las metas se�aladas en el modelo de
administraci�n financiera de aportes al FONPET adoptado por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, podr�n solicitar a dicho Ministerio la reducci�n o
suspensi�n de los aportes al FONPET� con cargo a los ingresos de origen
territorial.
Cuando quiera que los aportes de la entidad territorial
se reduzcan o suspendan en virtud de lo dispuesto en este art�culo, la participaci�n
de la entidad en los ingresos de origen nacional se reducir� o suspender� en la
misma proporci�n.
Para los anteriores efectos se entiende por ingresos de
origen territorial, los previstos en los numerales 7, 8 y 9 del Art�culo 2� de
la Ley 549 de 1999, en el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003 y en el Art�culo 78
de la Ley 715 de 2001, modificado por el Art�culo 21 de la Ley 1176 de 2007.
Para los mismos efectos, se entiende por ingreso de origen nacional, los
previstos en los numerales 4 y 11 del Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999.
El modelo de administraci�n financiera del FONPET tendr�
en cuenta el monto del pasivo pensional, de acuerdo con el art�culo� 2.12.3.16.3.
del presente Decreto, las reservas acumuladas en el FONPET� y el comportamiento
esperado de los pagos a cargo de la entidad territorial. De acuerdo con el
comportamiento esperado de los pagos y las necesidades de financiaci�n de
pasivos pensionales por sectores espec�ficos, el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico podr� autorizar la reducci�n o suspensi�n parcial de aportes
por tipos de ingreso de origen territorial.
En cualquier evento en que la entidad territorial
solicite la reducci�n de aportes al FONPET de conformidad con el presente
art�culo, deber� cumplir con las condiciones previstas para el retiro de recursos
de acuerdo con el Cap�tulo 8 del presente T�tulo.
Cuando quiera que los recursos disponibles en el Fondo
Territorial de Pensiones o en el patrimonio aut�nomo de garant�a se reduzcan,
los aportes al FONPET deber�n continuarse realizando en la forma inicialmente
prevista en la Ley 549 de 1999 y sus disposiciones complementarias.
(Art. 4 Decreto
55 de 2009)
Art�culo
2.12.3.16.5.
Cubrimiento del Pasivo
Pensional por Sector del FONPET.
Se entender� cubierto el pasivo pensional de la entidad territorial, cuando
para cada sector se cumplan las condiciones establecidas en el art�culo 2.12.3.16.3. del presente Decreto.
Para calcular el cubrimiento del pasivo pensional por
cada sector, las entidades territoriales deber�n certificar a la Direcci�n
General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, el valor de las reservas constituidas en los Fondos
Territoriales de Pensiones, patrimonios aut�nomos, encargos fiduciarios y/o
cuentas especiales, que tengan por finalidad el pago de pasivos pensionales.
Las certificaciones deber�n expedirse con corte a 31 de diciembre del a�o
inmediatamente anterior, en los formatos que establezca el Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico y se presentar�n dentro de los dos meses siguientes a esta
fecha.
(Art. 7 Decreto
630 de 2016)
Art�culo
2.12.3.16.6.
Distribuci�n de
recursos. Las entidades responsables
del giro de recursos al FONPET en cumplimiento de lo dispuesto en el Art�culo
2� de la Ley 549 de 1999 y el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003, y el
Ministerio que haya elaborado el programa de enajenaci�n de que trata el
Art�culo 6� de la Ley 226 de 1995, para el caso de las privatizaciones de que
trata el numeral 4 del Art�culo� 2� de la Ley 549 de 1999, deber�n expedir un
acto administrativo motivado en el cual se distribuyan porcentualmente los
recursos entre las cuentas de las entidades territoriales en el FONPET y se
explique el mecanismo utilizado para este prop�sito.
Para el caso de los aportes al FONPET que est�n
incorporados en el Presupuesto General de la Naci�n y con fundamento en el acto
administrativo mencionado, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico asignar�
mediante resoluci�n los recursos en las cuentas de las entidades territoriales,
a medida que dichos recursos se apropien presupuestalmente.
(Art. 6 Decreto
55 de 2009)
Art�culo
2.12.3.16.7.
Saldo en cuenta
para retiros. Para los
efectos de la Secci�n 2, Cap�tulo 8 del presente T�tulo, el saldo en cuenta
para retiros incluir� las fuentes de recursos previstas en el numeral 7� del
Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999 que se encuentren acreditadas en la cuenta de
FONPET a la fecha de la solicitud.
(Art. 7 Decreto
55 de 2009)
Art�culo
2.12.3.16.8.
Autorizaci�n de
retiro. La autorizaci�n del
retiro de recursos del FONPET a que se refieren el Art�culo 51 de la Ley 863 de
2003 y la Secci�n 3 del Cap�tulo 8, y Capitulo 9 y 10 del presente T�tulo se
realizar� mediante comunicaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico,
en su condici�n de administrador del FONPET, a trav�s de la Direcci�n de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social, previo el cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables para el efecto.
(Art 8 Decreto
55 de 2009)
CAP�TULO 17
REGLAMENTACI�N PARCIAL DEL ART�CULO 48 DE LA LEY 863 DE 2003
Art�culo
2.12.3.17.1.
Distribuci�n de los
recursos. El Departamento
Nacional de Planeaci�n distribuir�, anualmente, entre las entidades
territoriales existentes a diciembre 31 de cada vigencia, los recursos a que se
refiere el inciso 3� del Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003, teniendo en cuenta
la participaci�n porcentual de cada grupo de entidades territoriales en el
monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren
registrados en el sistema de informaci�n del FONPET, as�: i) un grupo
correspondiente a los Departamentos y Distrito Capital, y ii) un grupo
correspondiente a los Municipios y dem�s Distritos.
Al interior de cada uno de estos grupos, se distribuir�n
los recursos entre las entidades territoriales de la siguiente forma: i) El 30%
en proporci�n a la proyecci�n de poblaci�n certificada por el DANE para la
vigencia en que se realiza la distribuci�n; ii) el 35% en proporci�n al �ndice
de desempe�o fiscal del a�o anterior al que se realiza la distribuci�n,
calculado por el DNP, y iii) el 35% restante en proporci�n inversa al �ndice de
desarrollo del a�o anterior al que se realiza la distribuci�n, calculado por el
DNP.
El Departamento Nacional de Planeaci�n junto con el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico establecer�n en un documento t�cnico,
la metodolog�a de combinaci�n de los criterios se�alados en este art�culo.
Par�grafo. Los recursos se�alados ser�n distribuidos
entre las entidades territoriales que no hayan cubierto su pasivo pensional en
los t�rminos del art�culo 2.12.3.16.3. de este Decreto, de conformidad con la
certificaci�n que expida para tal efecto el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
(Art. 1 Decreto
3250 de 2011)
Art�culo
2.12.3.17.2.
Certificaci�n del
monto a distribuir. La
distribuci�n anual de los recursos, convertidos a Unidades FONPET, con corte a
31 de diciembre de cada vigencia, se har� con base en el monto de reservas
acumuladas, registrado con cargo a las fuentes "Fondo Nacional de
Regal�as" en el sistema de informaci�n del FONPET, sobre el 50% de los
recursos del FNR que ingresaron al FONPET, en los t�rminos se�alados por el
inciso 3� del Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003. Esta informaci�n ser� suministrada
por la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social -DRESS-
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico al Departamento Nacional de
Planeaci�n.
(Art. 2 Decreto
3250 de 2011)
Art�culo
2.12.3.17.3.
Certificaci�n del
monto total del pasivo pensional y su composici�n. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s de
la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social -DRESS, a
m�s tardar el �ltimo d�a h�bil del mes de junio de cada vigencia, certificar�
de conformidad con el anterior Capitulo al Departamento Nacional de Planeaci�n,
junto con lo requerido en el Art�culo anterior, el monto total del pasivo
pensional a 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior y los
porcentajes de composici�n de los pasivos por grupos de entidades territoriales
mencionados en el art�culo� 2.12.3.17.1. del presente Decreto. As� mismo, certificar� el
monto individual del pasivo pensional de cada entidad territorial y su
porcentaje de cobertura del pasivo pensional a la fecha en que se est�
suministrando la informaci�n.
(Art. 3 Decreto
3250 de 2011)
Art�culo
2.12.3.17.4.
Informaci�n y
Abono. El Departamento
Nacional de Planeaci�n, establecer�, mediante acto administrativo, el monto
asignado a cada entidad territorial por concepto de los recursos a que se
refiere el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003, el cual debe informar al
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para su abono, a m�s tardar el �ltimo
d�a h�bil del mes de agosto de cada a�o, y a las entidades territoriales
beneficiarias mediante comunicaci�n y publicaci�n en la p�gina web del
Departamento Nacional de Planeaci�n.
(Art. 4 Decreto
3250 de 2011)
CAP�TULO 18
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONPET
Art�culo
2.12.3.18.1.
Gastos
Administrativos. Para
efectos de lo dispuesto en el Art�culo 25 de la Ley 1450 de 2011, se entiende
por gastos administrativos los indispensables para garantizar el funcionamiento
del FONPET en el momento de publicaci�n de la Ley en menci�n, dentro de los
cuales se encuentran:
1. Las comisiones que deban pagarse a las entidades
administradoras de los patrimonios aut�nomos del Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales � FONPET.
2. Los gastos asociados al Sistema de Informaci�n del
Fondo, siempre y cuando estos gastos no se encuentren incluidos dentro del pago
de las comisiones.
3. La auditor�a especializada a que se refiere el
Art�culo 25 de la Ley 1450 de 2011.
4. Los gastos administrativos para el seguimiento y
actualizaci�n de c�lculos actuariales, los del Programa de Historias Laborales
y del Modelo de Administraci�n Financiera, en consonancia con lo dispuesto en
el Art�culo 48 de la Ley 863 de 2003.
5. Los gastos ordenados en el Art�culo 243 de la Ley 1450
de 2011.
6. Los gastos asociados a la implementaci�n de la
contabilidad del FONPET conforme lo ordenado en la Resoluci�n 423 de diciembre
de 2011, de la Contadur�a General de la Naci�n.
(Art. 1 Decreto
1094 de 2012)
Art�culo
2.12.3.18.2.
L�mite de gastos. En cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo
25 de la Ley 1450 de 2011, los gastos administrativos anuales del FONPET no
podr�n superar el equivalente al 8% de los rendimientos financieros que genere
la administraci�n de estos � recursos. Para estos efectos, se tendr� en cuenta
el valor promedio anual de los rendimientos financieros generados durante los
�ltimos cinco a�os".
(Modificado por el art. 4 del Decreto 2326 de 2022)
CAP�TULO 19
LA RENTABILIDAD M�NIMA DEL FONPET Y OTRAS DISPOSICIONES
Art�culo
2.12.3.19.1.
R�gimen de
Inversiones aplicable. El R�gimen de Inversiones aplicable a los patrimonios aut�nomos del
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET y a otros
patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones,
estar� sujeto a los activos se�alados en el art�culo 2.6.12.1.2. del T�tulo 12
del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, con los siguientes l�mites:
1.
Hasta en un cincuenta por ciento
(50%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.1.
2.
Hasta en un veinte por ciento
(20%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.1.2.
3.
Hasta en un treinta por ciento
(30%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.2.
4.
Hasta en un quince por ciento
(15%) para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.3.
5.
Hasta en un cinco por ciento (5%)
para los instrumentos descritos en los subnumerales 1.4 y 1.9.5.
6.
Hasta un sesenta por ciento (60%)
para los instrumentos descritos en el subnumeraI1.6.
7.
Hasta en un cinco por ciento (5%)
para la suma de los instrumentos descritos en los subnumerales 1.7 Y 1.9.3.
8.
Hasta en un diez por ciento (10%)
para los instrumentos descritos en el subnumeral 1.9.
9.
Hasta en un cuarenta por ciento
(40%) para los instrumentos descritos en el numeral 2 y el subnumeral 3.3. Los
t�tulos o valores de emisores del exterior que hagan parte de los instrumentos
descritos en los subnumerales 1.7 y 1.9.3 computar�n para efectos del l�mite establecido
en el presente numeral.
10. Hasta en un veinte por ciento (20%) para las
participaciones en fondos representativos de �ndices de acciones, incluidos los
ETF's descritos en el subnumeral 2.6.1 teniendo en cuenta lo dispuesto en el
art�culo 2.6.12.1.4 del T�tulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
2555 de 2010.
11. Hasta en un diez por ciento (10%) para los dep�sitos
del subnumeral 3.2.
12. Hasta un cinco por ciento (5%) para la suma de los
dep�sitos descritos en los subnumerales 3.1 y 3.3. Para determinar el l�mite
previsto en este numeral no se deben tener en cuenta dentro del saldo de los
dep�sitos del fondo, las sumas recibidas durante los �ltimos veinte (20) d�as
h�biles por concepto de aportes, traslados de otros fondos y vencimientos de
capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las condiciones nominales
de las mismas, as� como aquellos recursos que por disposici�n expresa deben
mantenerse en dep�sitos a la vista con antelaci�n a la fecha de cumplimiento de
la adquisici�n de la inversi�n. Tampoco ser�n tenidos en cuenta dentro del
saldo de los dep�sitos a la vista las sumas asociadas a las operaciones a que
hacen referencia los subnumerales 3.5.2 y 3.7.
13. Hasta en un cinco por ciento (5%) en las operaciones
se�aladas en el subnumeraI3.4.1 y hasta en un tres por ciento (3%) para las
operaciones se�aladas en el subnumeral 3.4.2.
14. Hasta en un dos por ciento (2%) para los instrumentos
descritos en el subnumeral 3.5.2. As� mismo, los activos subyacentes objeto de
estas operaciones computar�n para el c�lculo de todos los l�mites previstos en
el T�tulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
2555 de 2010.
Para
el efecto, los l�mites se calcular�n con base en el precio fijado en el
contrato y en el caso de las opciones compradas computar�n por el valor del
derecho contabilizado, de conformidad con las instrucciones impartidas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
15. Hasta en un diez por ciento (10%) para las operaciones
se�aladas en el subnumeral 3.7.
16. La suma de las inversiones en moneda extranjera sin
cobertura cambiar�a no podr� exceder del quince por ciento (15%) del valor del
fondo. Dentro de esta suma deber�n tenerse en cuenta las inversiones en moneda
extranjera que tengan los instrumentos descritos en los subnumerales 1.7 y
1.9.3 del art�culo 2.6.12.1.2 del T�tulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
2555 de 2010.
17. Hasta en un cinco por ciento (5%) en los
instrumentos previstos en los subnumerales 1.10 y 2.7, siempre y cuando los
fondos de capital privada destinen el aporte de la inversi�n del Fondo Nacional
de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET o de los otros patrimonios
aut�nomos p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones, exclusivamente
a proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones P�blico Privadas
(APP), que correspondan a los proyectos de iniciativa p�blica previstos en los
art�culos 26 y 27 de la Ley 1508 de 2012.
18. Hasta
en un cien por ciento (100%) para las operaciones se�aladas en el
subnumeral 1.5.
No se podr� invertir en los instrumentos descritos en los
subnumerales 1.8, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.4, 1.11, 2.6.2,
2.8, 2.9, 2.10 Y 3.6 del art�culo 2.6.12.1.2 del T�tulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
2555 de 2010.
Par�grafo 1�. No se
podr�n generar comisiones adicionales a las que se establezcan en los contratos
de administraci�n respectivos, por la administraci�n de los recursos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET y a otros
patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones.
Par�grafo 2�.
Cuando el monto de los recursos administrados en los patrimonios aut�nomos
p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones que se encuentren en
etapa de desacumulaci�n sea inferior a diez mil (10.000)
salarios m�nimos legales
mensuales vigentes, ser�n aplicables los l�mites globales de inversi�n
establecidos para el Portafolio de Corto Plazo del Fondo de Cesant�a previstos
en el art�culo 2.6.12.1.9. del T�tulo 12 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto
n�mero 2555 de 2010.
(Art. 1 Decreto
1861 de 2012; numeral 6 derogado por el art. 2 Decreto
2581 de 2012, de los
par�grafos 5 y 6 adicionados por los arts. 1 y 2 Decreto
849 de 2013 derogado por
el Decreto
1601 de 2015, Art. 2 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo
2.12.3.19.2.
Gobierno
Corporativo. Las entidades
administradoras de los patrimonios aut�nomos del Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos
destinados a la garant�a y pago de pensiones deber�n cumplir las reglas de
gobierno corporativo comunes al proceso de inversi�n previstas en el T�tulo 13
del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto n�mero 2555 de 2010, que resulten
aplicables.
Cuando los recursos sean administrados mediante consorcios
o uniones temporales, deber�n definirse claramente las reglas que se aplicar�n
internamente para el cumplimiento de lo previsto del T�tulo 13 del Libro 6 de
la Parte 2 del Decreto n�mero 2555 de 2010. En los contratos de administraci�n
de los recursos, se deben establecer los procedimientos y controles para
verificar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo requeridas por
este art�culo.
(Art. 2 Decreto
1861 de 2012, Art. 10 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo
2.12.3.19.3.
R�gimen de
Transici�n. Las entidades
administradoras que como resultado de la distribuci�n de recursos asociados a
un nuevo contrato de administraci�n, presenten excesos en los l�mites se�alados
o tengan inversiones no autorizadas, deber�n convenir con la Superintendencia
Financiera de Colombia un plan de ajuste orientado a adecuarse al r�gimen de
inversiones previsto en el presente Cap�tulo, el cual podr� considerar la
posibilidad de mantener las inversiones hasta su redenci�n o vencimiento. Lo
anterior deber� realizarse dentro de los veinte (20) d�as h�biles posteriores a
la fecha de entrega de los t�tulos en administraci�n.
El plan de ajuste o de desmonte se deber� ejecutar dentro
de un plazo no superior a seis (6) meses. En todo caso no podr�n realizarse
nuevas inversiones en la clase de activos que se encuentren excedidos mientras
no se ajusten a los l�mites vigentes.
(Art. 3 Decreto
1861 de 2012, modificado
por el art. 1 del Decreto
2581 de 2012)
Art�culo
2.12.3.19.4.
Criterios para la
realizaci�n de las inversiones.
Sin perjuicio de las reglas y l�mites establecidos en el art�culo 2.12.3.19.1. de este Decreto, la constituci�n, administraci�n, redenci�n y
liquidaci�n de las inversiones con cargo a los recursos de los patrimonios
aut�nomos previstos en el presente Cap�tulo, deber� realizarse en condiciones
de mercado, de acuerdo con los deberes de diligencia y responsabilidad
profesionales propios de esta actividad, atendiendo a criterios de seguridad,
rentabilidad y liquidez, y teniendo en cuenta la destinaci�n especial de los
recursos y el car�cter p�blico de los patrimonios.
(Art. 4 Decreto
1861 de 2012)
Art�culo
2.12.3.19.5.
Determinaci�n de la
Rentabilidad M�nima del FONPET.
La rentabilidad m�nima, neta de comisi�n causada, que deber�n garantizar las
administradoras de los patrimonios aut�nomos del FONPET, ser� la que resulte de
calcular el retorno m�nimo, neto de comisi�n, que se obtenga de combinaciones
de clases de activos representativos de las inversiones de los patrimonios
aut�nomos del FONPET.
Para el efecto del c�lculo de la Rentabilidad M�nima del
FONPET se tendr� en cuenta lo siguiente:
1. Se tomar�n �ndices que representen el comportamiento
del mercado, tanto para las inversiones en renta fija como para renta variable,
tanto en moneda local como extranjera, as� como para los dep�sitos a la vista
nacional.
2. Se establecer�n rangos de participaci�n para cada una
de las clases de activos.
3. El retorno m�nimo se calcular� considerando los rangos
de participaci�n asociados a cada clase de activo y la rentabilidad generada
por cada �ndice para el per�odo de c�lculo de rentabilidad m�nima de acuerdo
con lo dispuesto en el art�culo 2.12.3.19.6. del presente Decreto.
La rentabilidad m�nima ser� la m�s baja obtenida entre
todas las combinaciones posibles de las clases de activos, dentro de sus rangos
de participaci�n, utilizando los �ndices respectivos. Esta rentabilidad se
expresar� en t�rminos efectivos anuales.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico establecer�
mediante resoluci�n los rangos de participaci�n de cada clase de activo, as�
como los �ndices que se utilizar�n y las fuentes de informaci�n para cada uno
de los �ndices. En caso de no contarse con �ndices adecuados para alguna o
algunas de las clases de activos, corresponder� al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico su implementaci�n y publicaci�n de acuerdo con lo que se
establezca en la resoluci�n.
(Art. 5 Decreto
1861 de 2012)
Art�culo
2.12.3.19.6.
Verificaci�n y
Per�odo de C�lculo de la Rentabilidad M�nima del FONPET. La Superintendencia Financiera de Colombia
calcular�, verificar� e informar� la rentabilidad m�nima obligatoria de los
recursos del FONPET.
La verificaci�n del cumplimiento de la rentabilidad
m�nima se efectuar� trimestralmente, con corte al 31 de marzo, al 30 de junio,
al 30 de septiembre y al 31 de diciembre, para per�odos de c�lculo de los
�ltimos treinta y seis (36) meses. La primera verificaci�n se har� cuando las
administradoras lleven por lo menos dieciocho (18) meses administrando
recursos, momento en el cual el per�odo de c�lculo ser� el transcurrido entre
la fecha de inicio de la administraci�n y la fecha de corte, y de all� en
adelante se incorporar� un trimestre adicional hasta completar los treinta seis
(36) meses.
(Art. 6 Decreto
1861 de 2012)
Art�culo
2.12.3.19.7.
Reserva de
Estabilizaci�n del FONPET.
Con el fin de garantizar la rentabilidad m�nima ordenada por la Ley 1450 de
2011, las entidades administradoras de los recursos del FONPET deber�n mantener
una reserva de estabilizaci�n de rendimientos, constituida con sus propios
recursos. El monto m�nimo de la reserva de estabilizaci�n de rendimientos ser�
equivalente al uno por ciento (1%) del promedio mensual del valor a precios de
mercado de los activos que constituyen los patrimonios aut�nomos que administren.
Para efectos de la Reserva de Estabilizaci�n se tendr� en cuenta lo establecido
en el Art�culo� 2.6.4.1.6 T�tulo 4 del Libro 6 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
Cuando la rentabilidad acumulada en t�rminos efectivos
anuales obtenida por alguna de las entidades administradoras durante el per�odo
de c�lculo correspondiente sea inferior a la rentabilidad m�nima obligatoria
exigida, las mismas deber�n responder con sus propios recursos por los
defectos. En este caso, se afectar� en primer t�rmino la reserva de
estabilizaci�n de rendimientos constituida, mediante el aporte de la diferencia
entre el valor del patrimonio aut�nomo al momento de la verificaci�n y el valor
que este deber�a tener para alcanzar la rentabilidad m�nima obligatoria.
(Art. 7 Decreto
1861 de 2012)
Art�culo
2.12.3.19.8.
L�mites de
concentraci�n por emisor FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos
destinados a la garant�a y pago de pensiones. La exposici�n
a una misma entidad o emisor, incluidas sus filiales y subsidiarias, su matriz
y las filiales y subsidiarias de esta no podr� exceder del diez por ciento
(10%) del valor del fondo. Se entiende por exposici�n la suma de las
inversiones en uno o varios instrumentos de una misma entidad o emisor,
incluyendo los dep�sitos a la vista realizados en ella, las exposiciones netas
de la contraparte resultantes de las operaciones descritas en los numerales 12
y 13 del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto y las exposiciones
crediticias en operaciones con instrumentos financieros derivados, en las que
dicha entidad es la contraparte, salvo
que su compensaci�n y liquidaci�n se realice a trav�s de c�maras de riesgo
central de contraparte.
Para efectos de
lo previsto en el presente art�culo, dentro del saldo de los dep�sitos a la
vista descritos en los numerales 12 y 13 del art�culo 2.12.3.19.1. del presente
decreto no se incluir�n las sumas recibidas durante los �ltimos veinte (20)
d�as h�biles por concepto de aportes, traslados entre administradoras y
vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las
condiciones nominales de las mismas, as� como aquellos recursos que por
disposici�n expresa deben mantenerse en dep�sitos a la vista con antelaci�n a
la fecha de cumplimiento de la adquisici�n de inversiones en el exterior. En
ning�n caso, el saldo a tener en cuenta por -este concepto podr� ser negativo.
Se entiende
como exposici�n neta en las operaciones descritas en el numeral 14 del art�culo
2.12.3.19 del presente decreto, el monto que resulte de restar la posici�n
deudora de la posici�n acreedora de la contraparte en cada operaci�n, siempre
que este monto sea positivo. Para el c�lculo de dichas posiciones deber�n
tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad
se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operaci�n, as�
como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma.
As� mismo, para determinar la exposici�n crediticia en
operaciones con instrumentos financieros derivados ser�n aplicables las
definiciones que para el efecto determine la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Los l�mites individuales establecidos en este art�culo no
son aplicables a los emisores de los t�tulos descritos en los numerales 1 y 2
del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto, ni a los t�tulos de deuda
emitidos por el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras FOGAFIN y el
Fondo de Garant�as de Entidades Cooperativas -FOGACOOP.
Respecto a la inversi�n en
t�tulos derivados de procesos de titularizaci�n, los l�mites de concentraci�n
por emisor se aplicar�n sobre el valor total de cada universalidad o patrimonio
aut�nomo. Cuando la titularizaci�n prevea alg�n tipo de garant�a sobre los
t�tulos emitidos, para efectos del c�lculo de los l�mites individuales la
proporci�n garantizada computar� para el l�mite del garante y el porcentaje no
garantizado s�lo computar� para el l�mite de cada universalidad o patrimonio
aut�nomo. Para efectos del c�lculo de los l�mites individuales en el caso de
t�tulos aceptados o garantizados, la proporci�n garantizada computar� para el
l�mite del garante o aceptante y la no garantizada o aceptada para el l�mite
del emisor.
Par�grafo 1. Las administradoras de los recursos del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPET y los dem�s
patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones de
que trata el presente art�culo, deber�n aplicar los l�mites de inversi�n en
vinculados previstos en el Art�culo 2.6.12.1.15. del T�tulo 12 del Libro 6 de
la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010.
(Adicionado Art. 3 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.9.
L�mites m�ximos de
inversi�n por emisi�n. Con el valor de los recursos administrados del Fondo
Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales FONPET y para cada uno de los dem�s patrimonios aut�nomos
p�blicos destinados a la garant�a y pago de pensiones, no podr�n adquirirse m�s
del treinta por ciento (30%) de cualquier emisi�n de t�tulos. Quedan
exceptuadas de este l�mite las inversiones en Certificados de Dep�sito a
T�rmino (CDT) y de Ahorro a T�rmino (CDAT) emitidos por establecimientos de
cr�dito y las inversiones en los instrumentos descritos en los numerales 1 y 2
del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto, as� como los titulas de deuda
emitidos o garantizados por el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras -FOGAFIN y el Fondo de Garant�as
de Entidades Cooperativas -FOGACOOP.
Trat�ndose de la inversi�n en Fondos de Capital Privado,
los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
-FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos
destinados a la garant�a y pago de pensiones,
no podr� mantener una participaci�n que exceda el cincuenta por ciento (50%)
del patrimonio del fondo de inversi�n colectiva.
(Adicionado Art. 4 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo
2.12.3.19.10.
Inversiones en
t�tulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y mecanismos de
transacci�n. Todas las inversiones del art�culo 2.12.3.19.1. del
presente decreto, en los instrumentos descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, deben realizarse sobre t�tulos� inscritos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores, salvo que se trate de emisiones de emisores nacionales
colocadas exclusivamente en el exterior que hayan dado cumplimiento a las
normas de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las negociaciones de las inversiones de los numerales 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto de emisores
nacionales y los emitidos en Colombia por emisores del exterior deber�n
realizarse a trav�s de sistemas de negociaci�n de valores o sistemas de
cotizaci�n de valores extranjeros aprobados por la Superintendencia Financiera
de Colombia, o en el mercado mostrador registradas en un sistema de registro de
operaciones sobre valores debidamente autorizado por la Superintendencia
Financiera de Colombia, siempre y cuando las mismas sean compensadas y
liquidadas mediante un sistema de liquidaci�n y compensaci�n de valores,
autorizado por dicha Superintendencia.
Toda transacci�n de las inversiones a las que se refieren
los numerales 1, 2,3,4,5,6,7,8 del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto
debe realizarse a trav�s de las bolsas de valores que establezca la
Superintendencia Financiera de Colombia, la que tendr� en cuenta para el efecto
consideraciones tales como el riesgo pa�s, las caracter�sticas de los sistemas
institucionales de regulaci�n, fiscalizaci�n y control sobre el emisor y sus
t�tulos en el respectivo pa�s, la liquidez del mercado secundario, los
requisitos m�nimos que las bolsas de valores exigen a los emisores y a sus
respectivos t�tulos para que estos puedan ser cotizados en las mismas y los
sistemas de regulaci�n, fiscalizaci�n y control sobre la bolsa de valores por
parte de la autoridad reguladora pertinente. La relaci�n de las bolsas de
valores autorizadas deber� ser publicada por la Superintendencia Financiera de
Colombia en su p�gina de Internet. Las inversiones admisibles de los numerales
9 y 10 del art�culo 2.12.3.19.1. del presente decreto podr�n negociarse a
trav�s de sistemas de cotizaci�n de valores extranjeros, previamente
autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Adicionado Art. 5 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.11.
Mecanismo de registro de
operaciones. Las
Administradoras de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales -FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la
garant�a y pago de pensiones deber�n implementar un mecanismo que permita
identificar de manera completa, clara y suficiente el portafolio para el cual
se efect�a la operaci�n. Los efectos y/o resultados de las operaciones
realizadas, directamente o a trav�s de un intermediario de valores, no podr�n
afectar el portafolio administrado distinto del que se haya identificado en
dicho mecanismo, ni a la administradora.
Par�grafo 1�. La Superintendencia Financiera de Colombia establecer�,
mediante instrucciones de car�cter general, las reglas y requisitos para el
funcionamiento del mecanismo de registro de operaciones que se establece en el
presente art�culo.
Par�grafo 2�. Los sistemas de negociaci�n de valores y los sistemas de
registro de valores deber�n adoptar las medidas necesarias para permitir la
identificaci�n del portafOlio al momento de la recepci�n de las �rdenes o la
informaci�n sobre las operaciones realizadas. La Superintendencia Financiera,
mediante instrucciones de car�cter general, definir� las condiciones requeridas
para el efecto.
(Adicionado Art. 6 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.12.
Excesos en las
inversiones u operaciones.
Cuando se presenten excesos en los l�mites previstos en este decreto, como
consecuencia de la valorizaci�n o desvalorizaci�n de las inversiones que
conforman cada uno de los patrimonios aut�nomos, y los mismos permanezcan de
manera continua durante los quince (15) d�as calendario siguientes, las
administradoras de los recursos, el d�a h�bil siguiente al vencimiento del
citado plazo, deber�n someter a consideraci�n de la Superintendencia Financiera
de Colombia un plan que permita ajustar el patrimonio aut�nomo a los l�mites
vigentes en un plazo no superior a los siguientes cuarenta y cinco (45) d�as
calendario. La Superintendencia Financiera de Colombia podr� prorrogar el plazo de ajuste definido en el presente inciso,
previo an�lisis de las razones, evidencias y evaluaciones de riesgo e impacto
suministradas por la administradora de los recursos en su solicitud de
pr�rroga, con las cuales justifique el no haberse ajustado a los l�mites
legales dentro del plazo antes mencionado.
Cuando una inversi�n o jurisdicci�n pierda la calificaci�n
de grado de inversi�n, que torne en inadmisible dicha inversi�n con
posterioridad a su adquisici�n, la administradora deber� remitir a la
Superintendencia Financiera de Colombia dentro de los diez (10) d�as h�biles
siguientes a la ocurrencia del hecho, un plan de ajuste o de desmonte con los
respectivos an�lisis de riesgo e impacto.
As� mismo, cuando las inversiones, la celebraci�n de
operaciones repo, simult�neas y de transferencia temporal de valores y la
realizaci�n de operaciones con instrumentos financieros derivados sean
efectuadas excediendo los l�mites de que trata el numeral 14 del art�culo
2.12.3.19.1 del presente decreto, la �dministradora deber� adoptar de manera
inmediata las acciones conducentes al cumplimiento de los l�mites, sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
(Adicionado Art. 7 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.13.
Custodia. La totalidad de los t�tulos o valores representativos de
las inversiones del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
-FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la garant�a y pago
de pensiones susceptibles de ser custodiados deben mantenerse en todo momento
en los dep�sitos centralizados de valores debidamente autorizados para
funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de los
dep�sitos se tendr�n en cuenta los t�rminos establecidos en los reglamentos de
operaciones de los citados dep�sitos centralizados de valores, contados a
partir de la fecha de la adquisici�n o de la transferencia de propiedad del
t�tulo o valor.
Las inversiones en t�tulos de emisores del exterior o
nacionales que se adquieran y permanezcan en el extranjero y que por su
naturaleza sean susceptibles de ser custodiados tambi�n podr�n mantenerse en
dep�sito y custodia en bancos extranjeros, instituciones constituidas en el
exterior que presten servicios de custodia o en instituciones de dep�sito y
custodia de valores constituidas en el exterior que tengan como giro exclusivo
el servicio de custodia, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:
a.
Tener una experiencia m�nima de cinco
(5) a�os en servicios de custodia;
b.
Trat�ndose de bancos extranjeros o
instituciones constituidas en el exterior que presten servicios de custodia,
estos deben estar calificados como grado de inversi�n;
c.
La entidad de custodia se encuentre
regulada y supervisada en el Estado en el cual se encuentre constituida, y
d.
En los contratos de custodia, se haya
establecido:
i.
La obligaci�n del custodio
extranjero de remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, cuando esta
la solicite, en la forma prevista en el contrato de custodia o en el celebrado
con el depositante directo, las posiciones mantenidas en las cuentas de
custodia de cada uno de los portafolios y los movimientos de las mismas o, la
obligaci�n para que el custodio le permita a la Superintendencia Financiera de
Colombia el acceso directo a trav�s de medios inform�ticos a las cuentas de
custodia.
ii.
Que el custodio no puede
prestar los activos de los portafolios ni usar los mismos para liquidar deudas
que tenga con las administradoras de los recursos. Para el efecto, las
administradoras deber�n remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia,
dentro de los quince (15) d�as siguientes a su suscripci�n, una copia del
respectivo contrato y de sus modificaciones, con traducci�n oficial al espa�ol,
si fuere el caso."
(Adicionado Art. 8 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.14.
Ajuste en los portafolios de
inversiones. Si como efecto de la
aplicaci�n del art�culo 2.12.3.19.1 del presente decreto se hiciere necesario
acordar un ajuste en los portafolios de inversiones, las administradoras de los
recursos podr�n dentro de los treinta (30) d�as h�biles siguientes a la fecha
de entrada en vigencia del presente r�gimen de inversi�n, convenir con la Superintendencia
Financiera de Colombia, un plan de ajuste o de desmonte con los respectivos
an�lisis de riesgo e impacto, cuando de acuerdo con las condiciones
particulares de determinada clase de inversi�n se requiera.
(Adicionado Art. 9 Decreto
1913 de 2018)
Art�culo 2.12.3.19.15.
Supervisi�n de los sistemas
de administraci�n de riesgos. Las
administradoras de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales -FONPET y otros patrimonios aut�nomos p�blicos destinados a la
garant�a y pago de pensiones, deber�n garantizar que cuentan con los sistemas
adecuados de administraci�n de riesgos en el cumplimiento de los l�mites
se�alados en el presente decreto.
(Adicionado Art. 11 Decreto
1913 de 2018)
CAP�TULO 20
DEL IMPUESTO DE REGISTRO EN EL FONPET
Art�culo
2.12.3.20.1.
Destinaci�n del Impuesto de
Registro. �A partir de la vigencia de la Ley 1450 de 2011,
el monto del impuesto de registro que se incorporaba a la base de los ingresos
corrientes de libre destinaci�n de los departamentos en los t�rminos del
numeral 9 Art�culo 2� de la Ley 549 de 1999, no har� base para el c�lculo del
aporte al Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET.
En consecuencia, el porcentaje que del impuesto de
registro se destinaba al FONPET en los t�rminos del numeral 9� del Art�culo 2�
de la Ley 549 de 1999, se destinar� por los departamentos al pago de cuotas
partes pensionales y de mesadas pensionales.
PAR�GRAFO 1. Lo establecido en el presente Art�culo se aplicar� sin
perjuicio de lo establecido en el numeral 8 del Art�culo 2� de la Ley 549 de
1999.
PAR�GRAFO 2. En caso de cancelaci�n total de la deuda por concepto de
cuotas partes pensionales y de mesadas pensionales de la respectiva entidad
territorial, de conformidad con el respectivo c�lculo actuarial, el monto del
impuesto de registro al que se refiere el presente Art�culo, se ejecutar� como
un ingreso corriente de libre destinaci�n que no hace parte de la base de
c�lculo del aporte al FONPET.
(Art. 1 Decreto
2128 de 2012)
CAP�TULO 21
DISPOSICIONES PARA LA DISTRIBUCI�N DE RECURSOS DEL FONPET
Art�culo
2.12.3.21.1.
Certificaciones
para la distribuci�n de recursos nacionales. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr�
requerir, por una sola vez, a las entidades territoriales que al 29 de agosto
de 2013 no hubieran allegado a esa entidad la certificaci�n de que tratan los
art�culos 2.12.3.6.1., 2.12.3.6.2., 2.12.3.6.3. de este Decreto, con el fin de
que cumplan con dicho requisito en un plazo que no podr� exceder de tres (3)
meses contados a partir de la fecha del requerimiento.
(Art. 1 Decreto
1852 de 2013)
CAP�TULO 22
COMPENSACI�N Y/O PAGO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES CON RECURSOS DEL FONPET
Art�culo
2.12.3.22.1.
Compensaci�n y/o
pago de cuotas partes pensionales entre entidades territoriales con recursos
del FONPET. Las entidades
territoriales podr�n utilizar los recursos disponibles en sus cuentas
individuales del sector Prop�sito General del FONPET, para compensar y/o pagar
cuotas partes pensiona/es adeudadas a otras entidades territoriales ya sean
causadas, corrientes y/o valor del c�lculo actuarial, teniendo en cuenta para
este prop�sito, las instrucciones establecidas por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
Las operaciones
correspondientes a la compensaci�n y/o pago de cuotas partes pensionales entre
entidades territoriales se deber�n realizar mediante el traslado de recursos
entre las cuentas individuales del FONPET, o el giro a la entidad territorial
acreedora, siempre cuando, esta �ltima tenga cubierto su pasivo pensional de
acuerdo con las normas vigentes.
La compensaci�n y/o pago
de cuotas partes pensionales causadas, corrientes y/o valor del c�lculo
actuarial con recursos del FONPET, operar� solo para aquellas obligaciones
pensionales que se encuentren incluidas dentro de la base de datos enviada por
las entidades territoriales al Programa PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, sin el/o, no se proceder� a autorizar el giro de los recursos
porparte del FONPET. El Programa PASIVOCOL podr� hacer uso de esta informaci�n
y de la contenida en su Liquidador de Cuotas Partes Pensiona les para la
elaboraci�n del c�lculo actuarial.
Para efectos de la
compensaci�n y/o pago de cuotas partes pensionales con recursos del FONPET, las
entidades territoriales deber�n remitir anexo a la solicitud de retiro, la
liquidaci�n realizada a trav�s del Liquidador de Cuotas partes pensionales -
PASIVOCOL y los formatos que para ello disponga el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
PARAGRAFO 1�. La compensaci�n y/o pago de cuotas partes
pensionales corrientes de la vigencia en curso se efectuar� de acuerdo con el
procedimiento que Direcci�n establezca General para de este Regulaci�n prop�sito
Econ�mica el Ministerio de la de Seguridad Hacienda Social-DGRESS-".
PARAGRAFO 2�.
Durante la vigencia fiscal, las entidades territoriales deber�n registrar
presupuestalmente estas operaciones y realizar el respectivo registro contable
con base en la informaci�n que les suministre la Unidad de Gesti�n del
FONPET".
(Modificado por el Art. 6 Decreto
256 de 2022)
Art�culo
2.12.3.22.2.
Acuerdos de Pago de
cuotas partes pensionales entre Entidades Territoriales. Para
efectos de la autorizaci�n de compensaci�n y/o pago que debe expedir el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, en su condici�n de administrador del
Fonpet, las entidades territoriales que soliciten las compensaciones y/o pagos
de que trata el art�culo 2.12.3.22.1. de
este Decreto, deber�n remitir anexo
a la solicitud un Acuerdo de Pago suscrito por los representantes legales de
cada una de las entidades territoriales involucradas, en el cual deber� constar
el valor actuarial de las cuotas partes pensionales, o el valor exigible dentro
de los tres a�os inmediatamente anteriores al perfeccionamiento del Acuerdo,
teniendo en cuenta el tipo de inter�s y el t�rmino de prescripci�n establecidos
en el art�culo 4� de la Ley 1066 de 2006. Dicho valor incluir� las obligaciones
respecto de las cuales se hubiere interrumpido o suspendido la prescripci�n de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Lo anterior se implementar� de
conformidad con el Instructivo Operativo y los Formatos que se expidan para el
efecto, seg�n lo previsto en el art�culo 2.12.3.22.6. del presente Decreto.
Los Acuerdos de Pago v�lidos para
compensar y/o pagar cuotas partes pensionales con los recursos disponibles de
las entidades territoriales en el Fonpet, ser�n los diligenciados en los
t�rminos del presente Cap�tulo y en los Formatos que se expidan para ello, y en
ning�n caso ser�n admitidos los acuerdos de pago firmados con anterioridad por
las partes.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico verificar� que el Acuerdo de Pago cumpla con los requisitos
establecidos en el presente Cap�tulo y en el Instructivo que para tal efecto se
expida.
(Art. 2 Decreto
2191 de 2013, modificado
por el art. 1 del Decreto
1658 de 2015)
Art�culo
2.12.3.22.3.
Compensaci�n y/o
pago de cuotas partes pensionales entre entidades territoriales y otras
entidades p�blicas con recursos del FONPET. De conformidad con lo previsto en el Art�culo 357 de la
Ley 1819 de 2016 y el Art�culo 199 de la Ley 1955 de 2019, , las cuotas partes
pensionales causadas, corrientes y/o valor del c�lculo actuarial adeudadas
entre entidades territoriales con otras entidades p�blicas, se podr�n compensar
y/o pagar con recursos del FONPET, en los mismos t�rminos definidos para
compensaciones y/o pagos entre entidades territoriales, excepto, que en este
caso, los recursos se girar�n a la cuenta bancaria que indiquen las entidades
acreedoras de este tipo de obligaciones pensionales, incluidas las sociedades
fiduciarias o . cualquier otra entidad que administre cuotas partes pensionales
en nombre de entidades del orden territorial o nacional".
(Modificado por el Art. 7 Decreto
256 de 2022)
Art�culo
2.12.3.22.4.
Priorizaci�n de
recursos. El Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico solo podr� autorizar la utilizaci�n de los recursos
del FONPET para el pago o compensaci�n de cuotas partes, en el caso de los
departamentos, cuando dicha entidad demuestre haber agotado, para la respectiva
vigencia fiscal, los recursos de que trata el inciso 3 del Art�culo 25 de la
Ley 1450 de 2011, provenientes del impuesto de registro y destinados al pago de
cuotas partes pensionales, de acuerdo con certificaci�n expedida por la
respectiva entidad territorial.
(Art. 4 Decreto
2191 de 2013)
Art�culo
2.12.3.22.5.
Recursos
disponibles en la cuenta de la entidad Territorial para el retiro de recursos
del FONPET. Los recursos
disponibles en la cuenta de la entidad territorial para el retiro o traslado de
recursos del FONPET, ser�n los siguientes:
1. Para los retiros de que trata la Secci�n 2, Cap�tulo 8
del presente T�tulo, hasta el 30% del saldo en cuenta total.
2. Para los retiros de que tratan el Cap�tulo 10 del
presente T�tulo y el art�culo 2.12.3.14.1.
del presente Decreto, hasta el 50%
del saldo en cuenta para cada sector.
3. Para el traslado de recursos entre cuentas de FONPET,
destinado a los pagos y compensaciones entre entidades territoriales por
concepto de cuotas partes pensionales, hasta el 50% del saldo en cuenta para
retiros.
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4. Para el retiro de recursos del FONPET, destinados al
pago de los saldos resultantes de las compensaciones por cuotas partes con
entidades del orden nacional, hasta el 50% del saldo en cuenta para retiros
5. Los excedentes para el retiro de recursos FONPET por
cubrimiento del pasivo pensional se determinar�n como la diferencia entre el
saldo en cuenta total y el pasivo pensional determinado conforme a lo
establecido en el Cap�tulo 16 del presente T�tulo.
6. Los excedentes para el retiro de recursos del FONPET
para el pago de obligaciones pensionales corrientes se determinar�n como la
diferencia entre el valor de los recursos acumulados en la cuenta de� la
entidad territorial, al cierre del semestre anterior a la fecha de solicitud, y
el pasivo pensional determinado conforme a lo establecido en el Cap�tulo 16 del
presente T�tulo.
El l�mite anual para los retiros acumulados de los
numerales 1, 2 y 4 ser� de hasta el 50% del saldo de la cuenta total de la
entidad territorial.
El Sistema de Informaci�n del FONPET suministrar� los
saldos en cuenta y los saldos disponibles para los retiros, de tal manera que
sirva de fuente de consulta para las entidades territoriales y para las dem�s
entidades que lo requieran.
(Art. 6 Decreto
2191 de 2013. Numeral 5
modificado por el art. 1 Decreto
2689 de 2014 y numeral 6
adicionado por el art. 2 Decreto
2689 de 2014)
�
Art�culo
2.12.3.22.6.
Instructivo. Los Ministerios de Hacienda y Cr�dito P�blico y
del Trabajo, expedir�n de manera conjunta el instructivo operativo de que trata
el presente decreto.
(Art. 7 Decreto
2191 de 2013)
�
CAP�TULO 1
NORMAS RELATIVAS A LA SUPRESI�N DEL FONDO.
�
Art�culo
2.12.4.1.1. Supresi�n del fondo. El ejercicio de las competencias relacionadas con el
fondo del pasivo prestacional para el sector salud, cuya supresi�n fue ordenada
a trav�s del art�culo 61 de la Ley 715 de 2001, se efectuar� por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico a trav�s de la Direcci�n General de Regulaci�n
Econ�mica de la Seguridad Social que ser� la responsable de la preparaci�n
t�cnica y actuarial de los convenios de concurrencia, as� como de su revisi�n y
actualizaci�n
La administraci�n y giro de los recursos destinados al
pago del porcentaje de concurrencia de la Naci�n en estos convenios, estar� a
cargo de la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional.
Al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico como secci�n
presupuestal, le corresponde la programaci�n y ejecuci�n presupuestal de los
recursos administrados por la Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro
Nacional.
(Art. 1 Decreto
de 1338 de 2002)
Art�culo
2.12.4.1.2. Responsables. El
traslado de la totalidad de la informaci�n, expedientes, actos administrativos,
corte de cuentas de los recursos administrados por el Ministerio de Salud y de
Protecci�n Social� y dem�s documentos del Fondo del Pasivo Prestacional del
Sector Salud, as� como su contenido, ser� responsabilidad del Ministerio de
Salud.
Respecto de los convenios ya suscritos y en ejecuci�n, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico responder� en el porcentaje de
concurrencia que le corresponda a la Naci�n, por la deuda causada o acumulada a
31 de diciembre de 1993, solamente por aquellos beneficiarios que reconocidos
como tales en las resoluciones de reconocimiento de beneficiarios, dieron lugar
a su suscripci�n, sin perjuicio de las facultades que le asigna el art�culo 62
de la Ley 715 de 2001.
(Art. 3 Decreto
de 1338 de 2002)
Art�culo
2.12.4.1.3. Traslado de recursos.
El Fondo Nacional de Ahorro trasladar� a la Direcci�n General de Cr�dito
P�blico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a
la cuenta que para tal efecto se�ale la mencionada direcci�n, los recursos
junto con sus rendimientos transferidos a esa entidad por parte del Ministerio
de Salud y Protecci�n Social, correspondientes al fondo del pasivo prestacional
para el sector salud, suprimido por el art�culo 61 de la Ley 715 de 2001.
(Art. 6 Decreto
de 1338 de 2002)
Art�culo
2.12.4.1.4. Unidad de caja. La
Direcci�n General de Cr�dito P�blico y del Tesoro Nacional deber� aplicar el
principio de unidad de caja al manejo de los recursos recibidos, en virtud de
lo dispuesto en el presente cap�tulo.
(Art. 9 Decreto
de 1338 de 2002)
Art�culo
2.12.4.1.5. Giro en desarrollo de los convenios de
concurrencia. En los casos
en que no sea posible efectuar el giro a trav�s de los mecanismos previstos en
el art�culo 61 de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico proceder� a hacerlos en desarrollo de los convenios de concurrencia
para lo cual podr� celebrar, los convenios y contratos que la ley le autoriza.
(Art. 1 Decreto
de 2794 de 2002)
CAP�TULO 2
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL PASIVO
PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD
Art�culo
2.12.4.2.1. Objeto. El presente cap�tulo tiene por objeto reglamentar el
procedimiento general para el reconocimiento y pago del Pasivo Prestacional del
Sector Salud causado a diciembre 31 de 1993 por concepto de cesant�as netas y
reservas requeridas para el pago de pensiones legalmente reconocidas de las
instituciones de salud p�blicas o privadas, en cuya financiaci�n deban contribuir
en virtud de la Ley 715 de 2001, la Naci�n a trav�s del Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico y los entes territoriales cuando a ello hubiere lugar.
(Art. 1 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.2. Pasivo prestacional. El pasivo prestacional causado a 31 de diciembre de 1993
est� constituido por:
1.
Cesant�as. Las cesant�as
pendientes de pago, una vez liquidadas y reconocidas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso 5� del art�culo 242 de la Ley 100 de 1993;
2.
Pensiones. Las pensiones de
jubilaci�n o vejez, invalidez y sustituciones pensionales que las entidades
beneficiarias ten�an a su cargo, siempre y cuando correspondan a derechos
adquiridos, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5� del art�culo 242 de
la Ley 100 de 1993;
3.
Reserva pensional de activos.
Las reservas requeridas para el pago de las obligaciones pensionales de trabajadores
privados y servidores p�blicos reconocidos como beneficiarios, la cual estar�
representada en bonos o t�tulos pensionales;
4.
�Reserva pensional de
retirados. Las reservas requeridas para el pago de bonos o las cuotas partes de
bonos de los servidores p�blicos que prestaron sus servicios en las
instituciones hospitalarias beneficiarias y se encontraban retirados a dicha
fecha.
PAR�GRAFO. Igualmente se incluyen dentro del pasivo prestacional
las obligaciones pensionales convencionales vigentes a 31 de diciembre de 1993,
v�lidamente pactadas por la respectiva instituci�n de acuerdo con la modalidad
de vinculaci�n del funcionario o servidor, as� como las obligaciones
correspondientes a la pensi�n compartida con COLPENSIONES, cuando a ello
hubiere lugar.
Para determinar las obligaciones correspondientes al
pasivo prestacional, se considerar�n los requisitos consagrados en las
disposiciones legales y convencionales vigentes en el momento de causarse el
derecho sobre cesant�as y pensiones de jubilaci�n, de acuerdo con la modalidad
de vinculaci�n del funcionario o servidor p�blico.
(Art. 2 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.3. Reconocimiento del pasivo prestacional.
El pasivo prestacional que al 3 de febrero de 2004 a�n no hubiere sido
reconocido por el entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador del
extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, ser� reconocido por el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecuci�n de los contratos de
concurrencia que fueron suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en
vigencia la Ley 715 de 2001 y para la suscripci�n de los nuevos contratos, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr�:
1.
Revisar los c�lculos
actuariales de cada instituci�n hospitalaria teniendo en cuenta �nicamente el
pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
2.
Revisar y modificar las
certificaciones de beneficiarios expedidas por el entonces Ministerio de Salud
verificando que los reconocimientos prestacionales est�n ajustados a las normas
legales y convencionales que reg�an a la fecha del c�lculo del pasivo para cada
una de estas instituciones;
3.
Expedir o modificar los actos
administrativos de reconocimiento del monto del pasivo, de beneficiarios y de
porcentajes de concurrencia;
4.
�Establecer o modificar en
concertaci�n con los entes territoriales los plazos y los mecanismos para el
pago de las obligaciones;
5.
Celebrar los contratos que se
encuentran pendientes o suscribir los modificatorios de los que se encuentran
en ejecuci�n, de acuerdo con las revisiones efectuadas. En los convenios o en
sus modificatorios deber�n incluirse los mecanismos de actualizaci�n de los
montos de la concurrencia a la fecha de pago de las mismas.
PAR�GRAFO. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr�
reconocer, suscribir contratos y pagar el pasivo prestacional de cesant�as y
pensiones en actos separados.� Igualmente, el Ministerio podr� hacer contratos
donde se incluyan parcialmente beneficiarios ya reconocidos.
(Art. 3 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.4. Cesant�as. El procedimiento para el reconocimiento y pago de las
cesant�as se desarrollar� conforme a los siguientes par�metros:
El valor neto de la cesant�a de una persona activa o
retirada a 31 de diciembre de 1993 equivaldr� a las cesant�as causadas y
pendientes de pago a dicha fecha, descontando los valores cancelados por
concepto de cesant�as parciales, todo debidamente actualizado.
La Naci�n a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico se abstendr� de pagar con sus recursos la retroactividad de cesant�as
que corresponda al servidor p�blico o el trabajador privado afiliado con
anterioridad al 23 de diciembre de 1993 al Fondo Nacional del Ahorro o a otra
Administradora de Fondo de Cesant�as legalmente constituida, teniendo en cuenta
que el r�gimen que administran dichas entidades no contempla a su cargo el pago
de dicha retroactividad.
Cuando la negligencia imputable al empleador en el pago
oportuno de los aportes para cesant�as de sus trabajadores d� origen a la
cancelaci�n de intereses de mora, estos no podr�n ser cancelados con la
concurrencia a cargo de las entidades que colaboran en la financiaci�n del
pasivo prestacional del sector salud.
(Art. 4 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.5. Administraci�n de los recursos por concepto de
cesant�as. Los aportes de la
Naci�n, de las entidades territoriales y de las instituciones hospitalarias
cuyos servidores sean beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional
del Sector Salud en los t�rminos del art�culo 242 de la Ley 100 de 1993,
deber�n manejarse como una subcuenta especial y separada denominada
"Subcuenta del Pasivo Prestacional", dentro del patrimonio aut�nomo
que tenga a su cargo la administraci�n de los aportes patronales por concepto
de cesant�as de los servidores p�blicos del sector salud afiliados a los fondos
de cesant�as creados por la Ley 50 de 1990 y de los servidores p�blicos del
mismo sector con r�gimen retroactivo de cesant�as.
A la administraci�n de estos recursos se aplicar�n en lo
pertinente las disposiciones relativas a la administraci�n de los aportes
patronales de que trata el inciso anterior.
La subcuenta especial de que trata el presente art�culo
se administrar� de manera global para todo el grupo de beneficiarios y solo se
debitar� cuando haya lugar a la liquidaci�n parcial o definitiva del auxilio de
cesant�as, sin perjuicio de la obligaci�n de la entidad administradora de
mantener la informaci�n detallada sobre los pagos efectuados y sobre las
personas beneficiarias.
Los recursos de esta subcuenta en ning�n caso podr�n
destinarse al pago de cesant�as de los servidores vinculados a las entidades
empleadoras con posterioridad al 31 de diciembre de 1993.
A la terminaci�n de los contratos de administraci�n, los
recursos deber�n mantener siempre su destinaci�n especial y ser�n transferidos
a la nueva administradora que se contrate para estos efectos.
Si la entidad empleadora hubiere realizado pagos del
auxilio de cesant�a en la porci�n correspondiente a la concurrencia de la
Naci�n o de las entidades territoriales, en el contrato de concurrencia deber�
preverse el cruce de cuentas
(Art. 5 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.6. Pensiones. Para
garantizar el pago de las pensiones de los servidores p�blicos y trabajadores
privados jubilados o retirados con derecho a pensi�n a cargo de las
instituciones hospitalarias frente al cual se deba concurrir para su
financiaci�n, las instituciones deber�n establecer alguno de los mecanismos
previstos en el presente cap�tulo, para que se les puedan girar los recursos
que les permitan constituir la respectiva reserva pensional
(Art. 6 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.7. Beneficiarios. Se consideran beneficiarios del Pasivo Prestacional del
Sector Salud aquellos servidores p�blicos y trabajadores privados que fueron
certificados como tales por el Ministerio de Salud de conformidad a la
normatividad entonces vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que haya
lugar con ocasi�n de la revisi�n que efect�e el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico.
Ser�n considerados como beneficiarios los trabajadores
del sector salud que a diciembre de 1993 pertenec�an a una de las siguientes
entidades o dependencias y ten�an acreencias prestacionales legales a las que
se refiere el art�culo 2.12.4.2.2 del presente Decreto, vigentes con las
mismas:
1.
Instituciones o dependencias
de salud del subsector oficial del sector salud;
2.
Entidades del subsector
privado del sector salud, cuando hayan estado sostenidas o administradas por el
Estado, o cuyos bienes se hayan destinado a una entidad p�blica en un evento de
liquidaci�n;
3.
Entidades de naturaleza
jur�dica indefinida del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan
estado sostenidas y administradas por el Estado, o que se liquiden y cuyos
bienes se destinen a una entidad p�blica
(Art. 8 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.8. Reconocimiento de nuevos beneficiarios.
El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico s�lo podr� reconocer como nuevos
beneficiarios a quienes re�nan los requisitos legalmente establecidos, siempre
y cuando se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
1.
Que una vez asumidas las
funciones por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, se establezca
que el entonces Ministerio de Salud a cuyo cargo se encontraba el extinto Fondo
del Pasivo Prestacional del Sector Salud, no les hab�a efectuado el
reconocimiento como beneficiarios siempre y cuando la reclamaci�n haya sido
presentada dentro del t�rmino previsto en su momento por el Decreto 530 de
1994;
2.
Que la instituci�n a la cual
pertenecen haya interpuesto recurso de reposici�n contra la resoluci�n de
reconocimiento de beneficiarios en los t�rminos del C�digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y este se encuentre pendiente
de resolver, siempre y cuando el Ministerio resuelva favorablemente la decisi�n
al recurrente;
3.
Que hayan obtenido u obtengan
por v�a judicial la declaraci�n de sus derechos en materia de cesant�as y
pensiones.
PAR�GRAFO. Si realizada la revisi�n por parte del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico se establece que algunos beneficiarios reconocidos
como tales por el Ministerio de Salud fueron pensionados sin reunir los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones colectivas, el pago del
pasivo causado en relaci�n con dichos beneficiarios quedar� a cargo de la respectiva
entidad empleadora, sin perjuicio de la posibilidad de las instituciones de
proceder de conformidad con lo establecido en los art�culos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003.
(Art. 9 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.9. Contratos de concurrencia. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico al
revisar los contratos de concurrencia en ejecuci�n y suscribir los nuevos contratos
seg�n lo establecido en la ley, determinar� la concurrencia para la
colaboraci�n a las instituciones p�blicas de salud a cuyo cargo est� el pasivo
prestacional causado a 31 de diciembre de 1993, que fueron reconocidas como
beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, de
conformidad con las ejecuciones presupuestales de cada instituci�n de los
�ltimos cinco (5) a�os anteriores al 1� de enero de 1994, tal como lo se�ala el
presente cap�tulo.
Establecida la responsabilidad financiera de cada una de
las entidades participantes se firmar�n los contratos de concurrencia entre la
Naci�n a trav�s del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, los entes
territoriales que participan en el pago del pasivo.
PAR�GRAFO. El giro de los recursos de la concurrencia a cargo de la
Naci�n estar� sujeto al cumplimiento de las obligaciones de las entidades que
suscriben el contrato; en consecuencia, la Naci�n podr� abstenerse de girar los
recursos correspondientes a su concurrencia cuando se establezca que las dem�s
entidades concurrentes no han cumplido con las obligaciones de giro.
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico deber� comprobar la afiliaci�n del personal activo de las instituciones
a las administradoras de fondos de pensiones y cesant�as, Fondo Nacional de
Ahorro y a las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones de
conformidad con la Ley 100 de 1993, en la medida que la Naci�n solo puede girar
su concurrencia teniendo en cuenta la normatividad que rige cada uno de los
sistemas: El sistema pensional y el de cesant�as
(Art. 11 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.10.
Ordenador del gasto. El
ordenador del gasto para el giro de los recursos correspondientes a la
concurrencia a cargo de la Naci�n ser� el Ministro de Hacienda y Cr�dito
P�blico.
(Art. 12 Decreto
306 de 2004)
Art�culo
2.12.4.2.11.
Financiaci�n del
pasivo prestacional del sector salud. La
financiaci�n del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto
de cesant�as y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido
reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del
Sector Salud, es responsabilidad de la Naci�n y de las entidades territoriales.
(Art. 1 Decreto
700 de 2013)
Art�culo
2.12.4.2.12.
Determinaci�n de
las concurrencias. Para determinar la responsabilidad que asumir�n
la Naci�n y las entidades territoriales para el pago de la concurrencia frente
al pasivo prestacional de las instituciones de salud beneficiarias, se
proceder� as�:
1.
La Naci�n a trav�s del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, asumir� el pago de la concurrencia,
en una suma equivalente a la proporci�n de la participaci�n del situado fiscal
en la financiaci�n de las instituciones de salud, en los cinco (5) a�os
anteriores al 1� de enero de 1994.
2.
Los Departamentos, los
Municipios y los Distritos en donde est� localizada la instituci�n de salud,
deber�n concurrir en una proporci�n equivalente al porcentaje en que participan
las rentas de destinaci�n especial para salud incluyendo las cedidas, en la
financiaci�n de las instituciones de salud en los cinco a�os anteriores al 1�
de enero de 1994.
3.
El porcentaje restante, esto
es, el derivado de los recursos propios de cada entidad hospitalaria, ser�
asumido por la Naci�n y las entidades territoriales, a prorrata de la
participaci�n de cada entidad en la concurrencia.
(Art. 2 Decreto
700 de 2013)
CAP�TULO 3
PASIVO PENSIONAL DE LOS EX -TRABAJADORES DEL SAN JUAN DE DIOS
RETIRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 1993
Art�culo 2.12.4.3.1. C�lculo Actuarial. Es responsabilidad del
liquidador de la Fundaci�n San Juan de Dios en Liquidaci�n, elaborar el c�lculo
actuarial de las obligaciones pensionales causadas a treinta y uno (31) de
diciembre de 1993, antes de la culminaci�n del proceso liquidatorio, en lo que
corresponda al personal retirado de la entidad y por los tiempos no incluidos
dentro del c�lculo actuarial inicialmente elaborado del personal activo desde
su vinculaci�n laboral.�
Para
el efecto el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� aprobar el c�lculo
actuarial presentado por el liquidador de la Fundaci�n San Juan de Dios, de
acuerdo con lo establecido por el art�culo 10 del Decreto Ley 254 de 2000.
La
elaboraci�n del referido c�lculo actuarial, y su posterior aprobaci�n deber�
quedar finiquitada antes de la terminaci�n del proceso liquidatorio.
(Art. 1 Decreto
1970 de 2016)
Art�culo
2.12.4.3.2. Reconocimiento
y pago de los bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales.� La
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
deber� reconocer y pagar los bonos pensionales y cuota parte de los bonos
pensionales correspondientes a los tiempos laborados o servidos en la Fundaci�n
San Juan de Dios en Liquidaci�n hasta el treinta y uno (31) de diciembre de
1993, para lo cual deber� realizarse el tr�mite presupuestal que corresponda.
Par�grafo 1�. Para los efectos
mencionados, la Fundaci�n San Juan de
Dios en liquidaci�n, deber� entregar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico � Oficina de Bonos Pensionales
toda la informaci�n adicional que sea necesaria.
Par�grafo 2�. La Fundaci�n San
Juan de Dios en Liquidaci�n elaborar� y llevar� a t�rmino las acciones que
conduzcan a la aprobaci�n por parte del Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico de los c�lculos actuariales por los derechos pensionales que no se
encuentren incluidos en el c�lculo aprobado. La Oficina de Bonos Pensionales
pagar� los bonos y cuotas partes de bonos de los funcionarios activos y retirados
a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, siempre que se encuentren en el
c�lculo actuarial debidamente aprobado.
(Art. 2 Decreto
1970 de 2016)
Art�culo 2.12.4.3.3. Certificaci�n laboral y c�lculo actuarial posterior al cierre de
liquidaci�n. La Fundaci�n
San Juan de Dios en Liquidaci�n deber� expedir las
certificaciones de Historia Laboral que se requieran conforme a lo establecido
en el Decreto 1833 de 2016 y en la Circular No. 013 de 2007 del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico y Ministerio de Trabajo y las dem�s normas que as�
los dispongan, hasta la fecha de su liquidaci�n.
Par�grafo 1�. Una vez se
efect�e la liquidaci�n la entidad responsable de emitir las certificaciones de
historia laboral ser� la entidad que sea designada por la norma reglamentaria
para llevar a cabo esta actividad.
Par�grafo 2�. Terminado el
proceso liquidatorio, la entidad que sea designada para emitir las
certificaciones laborales, ser� la encargada de la elaboraci�n del c�lculo
actuarial del personal no incluido en la actual cuantificaci�n, para que a
trav�s de la Oficina de Bonos Pensionales sea pagado el respectivo bono
reclamado.
(Art. 3 Decreto
1970 de 2016)
Art�culo 2.12.4.3.4. Traslado de t�tulos pensionales del personal activo. Cuando se hubiere pagado un t�tulo pensional
por una persona activa, al anteriormente denominado Instituto de Seguro Social (ISS),
hoy COLPENSIONES, y dicha persona se hubiere trasladado al R�gimen de Ahorro
Individual con solidaridad, COLPENSIONES deber� efectuar el traslado del t�tulo
a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda, de conformidad con
lo establecido en el art�culo 2.2.4.4.11 del Decreto 1833 de 2016.
(Art. 4 Decreto
1970 de 2016)
CAP�TULO 4
PROCEDIMIENTO PARA El C�LCULO Y PAGO DEL PASIVO PENSIONAL DEL
SECTOR SALUD CAUSADO A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 1993, DEL PERSONAL
CERTIFICADO COMO RETIRADO DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD BENEFICIARIAS DEL FONDO
DEL PASIVO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD
Art�culo
2.12.4.4.1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto, establecer el
procedimiento para el c�lculo del pasivo pensional del sector salud, generado
por el personal retirado a treinta y uno (31) de diciembre de 1993, que haya
sido certificado por el extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud,
as� como el procedimiento para el pago de las reservas asociadas a dicho pasivo
y establecer presupuestos para la suscripci�n de los contratos de concurrencia,
la administraci�n y giro de estos recursos y la responsabilidad de las
instituciones hospitalarias y los entes territoriales.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.2. Procedimiento para el c�lculo y pago del pasivo
pensional del sector salud generado por el personal retirado a treinta y uno
(31) de diciembre de 1993.
Para determinar el monto total del pasivo a concurrir por parte de la Naci�n,
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, y de las entidades territoriales, en
el financiamiento del pasivo prestacional causado al treinta y uno (31) de
diciembre de 1993, de las Instituciones Hospitalarias por su personal retirado
certificado como beneficiario conforme con lo dispuesto en el art�culo
2.12.4.2.7. del presente Decreto y para el pago, a continuaci�n se establece el
siguiente procedimiento:
1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
expedici�n del presente Decreto, la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica
de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dise�ar�
el formato que las instituciones hospitalarias deber�n diligenciar para la
entrega de la informaci�n que detalle la relaci�n de las personas por las
cuales las instituciones hospitalarias han recibido solicitudes de pago de bonos
pensionares, cuotas partes de bonos pensiona les, t�tulos pensionales, o cuotas
partes pensiona les; as� como los pagos efectuados a las administradoras de
pensiones u otras entidades que han reconocido pensiones.
2. Una vez dise�ado el formato para la entrega de la
informaci�n de que trata el presente Cap�tulo, la Direcci�n General de
Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, lo enviar� a las instituciones hospitalarias que lo soliciten
ante esa dependencia, para su diligenciamiento, anexo de soportes, y posterior
env�o.
3. Recibido el formato en las instituciones
hospitalarias que lo soliciten previamente, �stas proceder�n a diligenciarlo y
anexar los soportes que acrediten: i) los cobros de bonos pensiona les, cuotas
partes de bonos pensionales, t�tulos pensionales, o cuotas partes pensionales,
por las personas que las instituciones hospitalarias han recibido solicitudes
de pago por estos conceptos; ii) los pagos efectuados por las entidades
territoriales o las instituciones hospitalarias a las entidades p�blicas o
privadas reconocedoras de pensiones, y iii) el reconocimiento de las
respectivas pensiones expedido por el competente.
4. Dentro de los seis (6) meses siguientes al recibo
del formato en las instituciones hospitalarias, �ste deber� ser enviado una vez
diligenciado, a la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad
Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, junto con los soportes a
que alude el numeral 3 del presente art�culo.
5. Una vez recibida la informaci�n de manera
oportuna en la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, es decir dentro de los seis (6)
meses siguientes al recibo del formato por parte de las instituciones
hospitalarias, se proceder� a su revisi�n y validaci�n, o devoluci�n seg�n el
caso.
6. Luego de revisar la informaci�n remitida por las
instituciones hospitalarias, validar los soportes, y establecer que son
pertinentes los valores cobrados por concepto de bonos pensionales, cuotas
partes de bonos pensiona les, t�tulos pensiona les, o cuotas partes pensiona
les, as� como los pagos efectuados a las administradoras de pensiones u otras
entidades que han reconocido pensiones, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico, expedir� el acto administrativo que corresponda para determinar el
monto total del pasivo a concurrir por parte de la Naci�n, Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico y de las entidades territoriales, en el
financiamiento del pasivo prestacional causado al treinta y uno (31) de
diciembre de 1993, de las instituciones hospitalarias por su personal retirado
certificado como beneficiario conforme con lo dispuesto en el art�culo
2.12.4.2.7. del presente Decreto, y para determinar los porcentajes de
concurrencia.
El valor a pagar por
concepto de la reserva de retirados al treinta y uno (31) de diciembre de 1993,
corresponde al valor de bonos pensionales, cuotas partes de bonos pensiona les,
t�tulos pensiona les, o cuotas partes pensionales, cobradas a la instituci�n
hospitalaria, de las personas que fueron certificadas como beneficiarias por el
Extinto Fondo Territorial del Pasivo Prestacional del Sector Salud dentro del
formulario 18, que contiene el reporte detallado del personal retirado a cargo
de la instituci�n hospitalaria.
El Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, previo agotamiento del tr�mite establecido en el presente
Cap�tulo, reconocer� los valores cobrados conforme con el tiempo y monto contenidos
en el c�lculo actuarial.
7. Contra el acto administrativo que se profiera
para determinar el monto total del pasivo a concurrir por parte de la Naci�n,
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, y de las entidades territoriales, en
el financiamiento del pasivo prestacional causado al treinta y uno (31) de
diciembre de 1993, de las instituciones hospitalarias por su personal retirado
certificado como beneficiario conforme con lo dispuesto en el art�culo
2.12.4.2.7. del presente Decreto y determinar los porcentajes de concurrencia,
proceder� el recurso de reposici�n en los t�rminos del art�culo 74 de la Ley
1437 de 2011.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.3. Env�o anual de la informaci�n. Con posterioridad al env�o de la informaci�n a
la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro del t�rmino previsto en el
art�culo 2.12.4.4.2. del presente Decreto, los representantes legales de las
instituciones hospitalarias y de las entidades territoriales, o los funcionarios
que se deleguen para tal fin, deber�n seguir entregando a m�s tardar el treinta
y uno (31) de marzo de cada a�o la respectiva informaci�n.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.4. Contratos de concurrencia. Una vez efectuada la verificaci�n del valor de
la reserva pensional de retirados y determinado el valor del pasivo conforme
con lo establecido en el art�culo 2.12.4.4.2. del presente Decreto, la
Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, proceder� a la suscripci�n de los contratos de
concurrencia de acuerdo con lo previsto en los art�culos 2.12.4.2.9.,
2.12.4.2.11. y 2.12.4.2.12. del presente Decreto. En la medida en que se
realicen nuevos cobros a la instituci�n hospitalaria, se proceder� a celebrar
un nuevo contrato de concurrencia o una adici�n al contrato inicial, previo
agotamiento del procedimiento previsto en el art�culo 2.12.4.4.2. del presente
Decreto.
Par�grafo 1�. Los pagos efectuados por concepto de bonos pensionales,
cuotas partes de bonos pensiona les, t�tulos pensiona les, o cuotas partes
pensionales, por las instituciones hospitalarias o las entidades territoriales,
se reembolsar�n hasta el valor que resulte de la revisi�n de los tiempos
contenidos en el c�lculo actuarial con base en la informaci�n y los soportes
remitidos a la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para el corte de cuentas que se
realice, valor que quedar� contenido dentro del contrato de concurrencia o sus
adiciones.
Par�grafo 2�. En aquellos casos en que no se haya efectuado el corte
de cuentas, ni suscrito el contrato de concurrencia o sus adiciones o
modificaciones, se deber� dar aplicaci�n a lo consagrado en el inciso quinto 5�
del art�culo 242 de la Ley 100 de 1993.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.5. Anticipo a la concurrencia. En el evento en que no se haya suscrito el
contrato de concurrencia, el Departamento, Municipio o Distrito, podr� efectuar
anticipos a su concurrencia con los recursos acumulados en el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), abonados en el sector salud,
de conformidad con lo establecido en el art�culo 147 de la Ley 1753 de 2015, el
art�culo 2.12.3.8.2.6. del presente Decreto y dem�s normas reglamentarias
vigentes.
Para tal efecto es necesario que se efect�e el corte de
cuentas de que trata el art�culo 242 de la Ley 100 de 1993.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.6. Administraci�n y giro de los recursos. Una vez suscrito el contrato de concurrencia, la
Naci�n Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y las entidades territoriales,
girar�n los recursos correspondientes a la reserva de retirados conforme con lo
establecido en el contrato, al encargo fiduciario, al patrimonio aut�nomo, a
las administradoras de pensiones, a los fondos de que trata el art�culo 23 del
Decreto Ley 1299 de 1994, o a los fideicomisos a que se refiere el art�culo 19,
numeral 3 del mismo Decreto Ley, para que �stos a su vez realicen el pago a la
entidad que reconoci� la pensi�n.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
Art�culo
2.12.4.4.7. Responsabilidad de las entidades territoriales y
las instituciones hospitalarias.
Las entidades territoriales y las instituciones hospitalarias deber�n impartir
instrucciones claras, precisas y oportunas, a los encargos fiduciarios, los
patrimonios aut�nomos, las administradoras de pensiones, los fondos de que
trata el art�culo 23 del Decreto Ley 1299 de 1994, o los fideicomisos a que se
refiere el art�culo 19, numeral 3 del mismo Decreto Ley, seg�n el caso, para
que los recursos girados por los conceptos mencionados, se ejecuten en
cumplimiento de las finalidades del presente Cap�tulo y dem�s normas que
regulan la materia.
As� mismo, deber�n verificar que los recursos fueron
ejecutados conforme con las respectivas instrucciones, ya m�s tardar al treinta
y uno (31) de enero de cada a�o la entidad territorial o instituci�n
hospitalaria deber� presentar ante la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica
de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, un informe
detallado con corte a treinta y uno (31) de diciembre del a�o anterior de toda
la gesti�n realizada con los recursos de la concurrencia, en el formato que
dise�e y publique la Direcci�n General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad
Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
De encontrarse alguna inconsistencia o de haberse
efectuado un pago sin tener lugar a su reconocimiento, se notificar� a la
respectiva entidad que haya contratado el encargo fiduciario, patrimonio
aut�nomo, administradora de pensiones, fondos de que trata el art�culo 23 del
Decreto Ley 1299 de 1994, o los fideicomisos a que se refiere el art�culo 19,
numeral 3 del mismo Decreto Ley, para que proceda a restituir los valores
pagados indebidamente.
(Art.1
Decreto 586 de 2017)
CAP�TULO 1
Concurrencia en el pasivo
pensional de las universidades p�blicaS
Art�culo
2.12.5.1.1. Concurrencia en el pago del pasivo pensional. La
Naci�n concurrir� en el pago del pasivo pensional de las universidades
estatales del orden nacional, en los t�rminos de la Ley 1371 de 2009, y de
conformidad con el presente reglamento.
Las universidades objeto de la
concurrencia son aquellas que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993
ten�an a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, bien fuera de manera
directa o a trav�s de una caja de previsi�n.
El pasivo objeto de concurrencia
estar� conformado por las pensiones de vejez o jubilaci�n, de invalidez, de
sobrevivientes o sustituciones reconocidas antes de la Ley 100 de 1993, los
bonos pensionales, las cuotas partes de bonos y de pensiones, as� como las
pensiones que se reconozcan o se hayan reconocido por efecto de la aplicaci�n
de la Ley 100 de 1993 y las dem�s obligaciones pensionales derivadas del
r�gimen pensional vigente.
Las obligaciones por bonos
pensionales tambi�n incluir�n las obligaciones relacionadas con las personas
que hubieran cumplido los requisitos para pensi�n a la fecha de entrada en
vigencia del presente cap�tulo, y que no se les hubiere reconocido la
prestaci�n.
(Art. 1 Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.2. �Estimaci�n de la concurrencia. La
concurrencia en el pago del pasivo pensional de que trata el presente decreto
se estimar� de la siguiente manera:
1. Concurrencia de la universidad:
ser� igual a la suma denominada �Recursos para Pensiones del A�o Base� prevista
en la Ley 1371 de 2009, actualizada con el IPC causado anualmente. Este valor
corresponde a la suma destinada para el pago de pensiones en el a�o 1993, y que
fue incluida en la base para determinar la transferencia para funcionamiento
establecida en el art�culo 86 de Ley 30 de 1992.
2. Concurrencia de la Naci�n: ser�
igual a la diferencia entre el valor del pasivo pensional legalmente reconocido
y la concurrencia de la universidad.
Los Recursos para Pensiones del A�o
Base ser�n certificados para cada una de las universidades por la Direcci�n
General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, mediante
resoluci�n, dentro de los tres (3) meses al 14 de marzo de 2012.
(Art. 2 Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.3. �Pago de la concurrencia. La
concurrencia de que trata el art�culo 2.12.5.1.2 se calcular� por anualidades,
y se pagar� por cuatrimestre anticipado mediante el giro de los recursos
respectivos al Fondo, de acuerdo con el mecanismo previsto para la elaboraci�n
y aprobaci�n de las proyecciones de pago de las obligaciones pensionales de que
trata el art�culo siguiente.
La concurrencia a cargo de la
universidad se pagar� exclusivamente con los Recursos para Pensiones del A�o
Base, sin perjuicio de su obligaci�n de transferir al Fondo la titularidad y el
recaudo efectivo de los recursos que de acuerdo con la ley le han sido
asignados, seg�n lo previsto en el inciso 3� del art�culo 3� de la Ley 1371 de
2009. Ning�n otro recurso de la universidad podr� ser utilizado para pagar
estas obligaciones.
La concurrencia a cargo de la Naci�n
se pagar� con los recursos destinados en la ley anual de presupuesto para el
pago de pensiones en cada una de las universidades, descontando los Recursos
para Pensiones del A�o Base y las reservas y dem�s recursos en cabeza del
Fondo, y adicionando las dem�s sumas que sean necesarias para realizar el pago
anual del pasivo pensional legalmente reconocido. Estos recursos deber�n
siempre estar discriminados en el rubro presupuestal respectivo, con el fin de
garantizar su afectaci�n al fin previsto, y son distintos de aquellos que
corresponde transferir a la Naci�n de conformidad con el art�culo 86 de la Ley
30 de 1992.
(Art. 3 Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.4. �C�lculo actuarial y proyecciones anuales. Para
la estimaci�n del pasivo pensional la universidad deber� elaborar un c�lculo
actuarial, con corte a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con los est�ndares y
especificaciones t�cnicas establecidas en las normas aplicables, el cual deber�
someterse a la aprobaci�n del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. El
c�lculo actuarial inicial se presentar� por parte de la universidad durante los
tres meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el
Ministerio de Hacienda enviar� a la universidad sus observaciones dentro de los
tres (3) meses siguientes al recibo del c�lculo. En todo caso, el c�lculo
actuarial permitir� distinguir con claridad el valor total de las obligaciones
de que trata el art�culo 2.12.5.1.1. y dentro de ellas, las obligaciones
pensionales que son objeto de revisi�n administrativa y judicial, de acuerdo
con el inciso 2� del art�culo 2.12.5.1.5. del presente Decreto.
Durante el primer semestre de cada
a�o, la universidad presentar� ante el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
la proyecci�n anual del valor de las obligaciones pensionales de la siguiente
vigencia fiscal, teniendo en cuenta el requerimiento real de recursos, para
efectos de determinar el valor de la concurrencia a cargo de ambas partes, el
cual se transferir� por la Naci�n al Fondo por cuatrimestre anticipado en la
vigencia siguiente.
(Art. 4 Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.5. �Convenios interadministrativos de concurrencia. La
concurrencia en el pago del pasivo pensional de que trata este decreto se
instrumentar� en un convenio interadministrativo de concurrencia que
suscribir�n para el efecto la Naci�n - Ministerios de Hacienda y Cr�dito
P�blico y de Educaci�n, y la universidad. El convenio tendr� por objeto
realizar las acciones necesarias para la determinaci�n y pago del monto del
pasivo pensional total y de la concurrencia anual de las partes, as� como la
organizaci�n del Fondo para el Pago del Pasivo Pensional, e incluir� las
actividades a cargo de cada una de las partes para la debida ejecuci�n de dicho
objeto.
El convenio interadministrativo de
concurrencia definir� los mecanismos para la revisi�n administrativa y judicial
de las pensiones, de acuerdo con el art�culo 19 de la Ley 797 de 2003, los
instrumentos que utilizar� la Naci�n para financiar transitoriamente el pago de
estas obligaciones a trav�s del Fondo mientras se profieren las decisiones
judiciales respectivas, los mecanismos de seguimiento y control que deber�n
instaurarse en protecci�n de los recursos p�blicos, entre otros.
(Art. 5 Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.6. �Fondos para el Pago del Pasivo Pensional. Las
universidades de que trata el presente cap�tulo deber�n constituir un Fondo
para el Pago del Pasivo Pensional, que tendr� las funciones de que trata el
art�culo 6� de la Ley 1371 de 2009, y las que especialmente se le asignen en el
convenio de concurrencia.
El Fondo se organizar� como una
cuenta especial sin personer�a jur�dica de la respectiva universidad, y ser�
administrado mediante patrimonio aut�nomo por una sociedad fiduciaria. La
fiduciaria ser� seleccionada por la universidad de acuerdo con las normas aplicables.
La sociedad fiduciaria y el Fondo
estar�n sometidos a las disposiciones aplicables en materia de administraci�n
de pasivos pensionales y a la gesti�n de recursos p�blicos destinados al mismo
fin.
(Art. 6, Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.7. �Recursos de los Fondos para el Pago del Pasivo
Pensional. Los Fondos para
el Pago del Pasivo Pensional de las universidades estatales del orden nacional
tendr�n como recursos:
1. El valor de las transferencias
anuales que realice la Naci�n, en su nombre y de la universidad, por concepto
de la concurrencia de que trata el presente cap�tulo.
2. Las reservas que fueron acumuladas
por las cajas de previsi�n de las universidades y que formaban parte de los
activos de dichas entidades al momento de su liquidaci�n, bien sean recursos
l�quidos o en otros activos.
3. Las cuotas partes pensionales que
hayan ingresado o ingresen en el futuro, por concepto de pensiones reconocidas
por la universidad o por la caja de previsi�n.
4. Los aportes que por ley deban
devolver los empleadores o administradoras de pensiones a nombre de los
pensionados de las universidades.
5. Las cotizaciones provenientes de
la respectiva universidad de quienes al 1� de abril de 1994 ten�an la condici�n
de afiliados a sus cajas de previsi�n hasta el cierre o liquidaci�n de la
respectiva caja.
6. Los rendimientos de los recursos
anteriores.
Los recursos y los rendimientos del
Fondo tendr�n destinaci�n espec�fica para pagar el pasivo pensional y los
gastos de administraci�n del patrimonio aut�nomo.
(Art. 7, Decreto
530 de 2012)
Art�culo
2.12.5.1.8. Sustituci�n en el pago de obligaciones. Colpensiones, podr� sustituir a la universidad
en el pago de las obligaciones pensionales a su cargo, a cambio de la
transferencia del valor del c�lculo actuarial correspondiente a dichas
obligaciones y previa celebraci�n de un contrato con dicho objeto entre ambas
partes. Si existiera un valor en revisi�n administrativa o judicial, de acuerdo
con lo previsto en el inciso 1� del art�culo 2.12.5.1.4. del presente
decreto, dicho valor deber� seguir siendo pagado por la universidad con cargo a
la misma fuente de recursos de que trata el numeral 1� del art�culo 2.12.5.1.2.
�del presente decreto.�
El c�lculo actuarial que se realice para efecto de la
sustituci�n de las mencionadas obligaciones tendr� en cuenta tanto las
cotizaciones efectivamente pagadas como las no pagadas al Instituto durante el
tiempo que el servidor estuvo afiliado a este.
(Art. 8, Decreto
530 de 2012)
CAP�TULO 2
Concurrencia de la Naci�n
Art�culo
2.12.5.2.1. �Contrato de concurrencia. Para la ejecuci�n del mecanismo de concurrencia
previsto en el art�culo 131 de la Ley 100 de 1993, en aquellos eventos en los
cuales dicho pasivo se encuentra a cargo de las cajas de previsi�n
territoriales o quienes las hubieren sustituido, ser� necesario que el
departamento o el fondo territorial de pensiones que hubiere sustituido a la
caja de previsi�n suscriba con la universidad y la Naci�n un contrato de
concurrencia en el que se establezcan las obligaciones a cargo de cada una de
las partes, previa aprobaci�n del c�lculo actuarial respectivo, y de las
proyecciones correspondientes, por parte de la Direcci�n General de Regulaci�n
Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Para los efectos anteriores, se
entender� que si la universidad territorial ven�a cumpliendo integralmente con
las disposiciones legales aplicables antes y despu�s de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, no tiene a su cargo obligaciones pensionales y por tanto
no est� obligada a concurrir financieramente en el pago del pasivo pensional.
Si la universidad incumpli� con el deber de afiliar oportunamente a sus
servidores al Sistema General de Pensiones o reconoci� pensiones de manera
irregular, deber� asumir estas obligaciones por su cuenta.
(Art. 1 Decreto
3734 de 2008)
Art�culo
2.12.5.2.2. �R�gimen de transici�n. Mientras se suscribe el contrato de concurrencia
de que trata el art�culo 2.12.5.2.1., el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico podr� expedir bonos de valor constante en los t�rminos del art�culo 131
de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, con el fin de reconocer la
responsabilidad por la concurrencia a cargo de la Naci�n.
El primero de los t�tulos mencionados
en el inciso anterior comprender� el per�odo completo transcurrido entre el 1�
de enero y el 31 de julio de 2008 y el segundo comprender� el per�odo completo
transcurrido entre el 1� de agosto y el 31 de diciembre de 2008.
Previo el visto bueno de la Direcci�n
General de Regulaci�n Econ�mica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico, dichos t�tulos ser�n expedidos con fundamento en el
c�lculo actuarial con fecha de corte al 23 de diciembre de 1993 que fue
presentado por la universidad y las proyecciones de pagos que suministren o
hayan sido suministradas por la universidad o el departamento. Este reconocimiento
se realizar� por per�odos vencidos de cuatro (4) meses.
Los t�tulos de deuda p�blica a que
hace referencia el presente cap�tulo podr�n ser expedidos en nombre de la
universidad, previa autorizaci�n del departamento o el fondo territorial de
pensiones, de conformidad con el convenio interadministrativo que para este
efecto suscriban las dos entidades.
En dicho convenio deber�n preverse
adem�s las condiciones para la entrega de la informaci�n de historias laborales
de las extintas Cajas de Previsi�n y de la universidad y las dem�s que sean
necesarias para la elaboraci�n de los c�lculos actuariales.
(Art. 2 Decreto
3734 de 2008)
Art�culo
2.12.5.2.3. �Sustituci�n de obligaciones por Colpensiones. Colpensiones,
podr� sustituir a la universidad en el pago de las obligaciones pensionales
legales, a cambio de la transferencia del valor del c�lculo actuarial
correspondiente a dichas obligaciones.
El c�lculo actuarial que se realice
para efecto de la sustituci�n de las mencionadas obligaciones tendr� en cuenta
tanto las cotizaciones efectivamente pagadas como las no pagadas al Instituto
durante el tiempo que el servidor estuvo afiliado a �ste.
Si existiera un mayor valor por raz�n
de una convenci�n o pacto colectivo u otras, estas deber�n seguir siendo
pagadas por la universidad mientras se realiza la revisi�n correspondiente en
los casos en que a ello hubiere lugar.
(Art. 3 Decreto
3734 de 2008)
CAP�TULO 3
Fondo para el pago del
pasivo pensional de las universidades oficiales
Art�culo
2.12.5.3.1. �Objeto. El presente cap�tulo tiene por objeto establecer el
r�gimen general para el reconocimiento del pasivo pensional de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior
de naturaleza territorial.
(Art. 1 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.2. �Reconocimiento del pasivo pensional.
El presente cap�tulo, se aplicar� a aquellas universidades oficiales e
instituciones oficiales de educaci�n superior, que con anterioridad al 23 de
diciembre de 1993, ten�an a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones
en calidad de empleadoras y as� mismo a aquellas que a trav�s de una caja con
personer�a jur�dica, reconoc�an y pagaban directamente las obligaciones pensionales,
de los servidores p�blicos, trabajadores oficiales y personal docente, con
vinculaci�n contractual, legal o reglamentaria con las universidades o
instituciones de educaci�n superior.
PAR�GRAFO 1�. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los
servidores p�blicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas
instituciones que reconoc�an y pagaban directamente las pensiones, la
afiliaci�n a uno de los dos reg�menes del Sistema General de Pensiones, debe
haberse efectuado a m�s tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, venc�a
el plazo para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para las
entidades territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 2.2.4.1.2.
del Decreto 1833 de 2016.
Con respecto al pago de las cotizaciones
recibidas o causadas entre la fecha de entrada en vigencia del sistema en la
respectiva universidad o instituci�n y la de afiliaci�n a una de las
administradoras de pensiones, la modalidad de transferencia de los
correspondientes recursos, podr� ser convenida entre la universidad o
instituci�n y la administradora seleccionada por el afiliado.
PAR�GRAFO 2�. Las cajas con personer�a jur�dica, declaradas
solventes y autorizadas por la autoridad competente para administrar el r�gimen
solidario de Prima Media con prestaci�n definida, lo har�n mientras subsistan y
con respecto a los afiliados que ten�an a 30 de junio de 1995 o en la fecha en
la cual entr� en vigencia el Sistema General de Pensiones en la respectiva
universidad o instituci�n oficial de naturaleza territorial y se regir�n por lo
dispuesto en el Decreto 1888 de 1994.
(Art. 2 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.3. Naturaleza de los fondos para el pago del pasivo
pensional. Los fondos que de conformidad con la ley deber�n
constituir para el pago del pasivo pensional, las universidades oficiales y de
las instituciones oficiales de Educaci�n Superior de naturaleza territorial,
que en su calidad de empleadoras reconoc�an y pagaban las pensiones
correspondientes, ser�n cuentas especiales, sin personer�a jur�dica, de la
respectiva universidad o instituci�n de educaci�n superior, cuyos recursos
ser�n administrados en forma independiente de conformidad con lo dispuesto en
el art�culo 2.12.5.3.5.� del presente Decreto. Los recursos y los rendimientos
tendr�n destinaci�n espec�fica para pagar el pasivo pensional, esto es,
pensiones de vejez o jubilaci�n, de invalidez, de sobrevivientes o sustituci�n
y dem�s obligaciones pensionales derivadas del r�gimen pensional vigente, legal
o extralegal v�lidamente definidas o pactadas.
Este fondo para pago de pasivo
pensional que deben constituir cada una de las universidades o instituciones de
educaci�n superior, tendr� las siguientes subcuentas independientes:
1. Subcuenta o fondo del pasivo
pensional causado hasta el 23 de diciembre de 1993: Ser� igual al resultado del
c�lculo actuarial al 23 de diciembre de 1993, m�s los rendimientos financieros,
calculados en la forma prevista en el inciso 1� del par�grafo 1� del art�culo
2.12.5.3.7. de este Decreto,� que debieran haberse causado entre el 23 de
diciembre de 1993 y la fecha en que efectivamente sea reconocido dicho pasivo
por las partes a quienes corresponda esta obligaci�n, menos las reservas en las
Cajas de Previsi�n o Fondos autorizados cuando ellos existan y descontando el
valor actuarial de las futuras cotizaciones en la forma prevista en el art�culo
131 de la Ley 100 de 1993.
2. Subcuenta del pasivo pensional
causado con posterioridad al 23 de diciembre de 1993: este pasivo comprende las
obligaciones pensionales legales y extralegales regidas por las normas
expedidas con anterioridad al 23 de diciembre de 1993; eI cual es equivalente a
la diferencia entre el c�lculo actuarial al 23 de diciembre de 1993 m�s sus
rendimientos, y el c�lculo a la fecha de entrada en vigencia del sistema en la
respectiva entidad territorial, a m�s tardar el 30 de junio de 1995.
3. Subcuenta del pasivo pensional
causado por obligaciones pensionales extralegales: Este pasivo comprende las
obligaciones pensionales extralegales v�lidamente definidas o pactadas por la
universidad o instituci�n, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, con
respecto a sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 283 de
la Ley 100 de 1993 y en el inciso 2� del par�grafo 1� del art�culo 2.12.5.3.7.
del presente Decreto. Esta subcuenta deber� tener la caracter�stica prevista en
el inciso 2� del art�culo 283 de la Ley 100 y deber� constituirse cuando la
respectiva entidad no haya destinado activos l�quidos para cubrir en su
totalidad, las reservas necesarias para estos efectos.
4. Subcuenta para las cotizaciones:
Comprende las cotizaciones dejadas de pagar desde la entrada en vigencia del
sistema y la fecha en que efectivamente los trabajadores de la respectiva
universidad o instituci�n de educaci�n superior se afiliaron al sistema, en los
t�rminos del Decreto 1642 de 1995; y las cotizaciones que deban realizarse al
sistema de acuerdo con la Ley 100 de 1993, para los trabajadores de estas
entidades.
(Art. 3 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.4. �Funciones de los fondos para pagar el pasivo
pensional. Los fondos para
el pago del pasivo pensional en favor de los empleados p�blicos, trabajadores
oficiales y personal docente, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educaci�n superior de car�cter
oficial y naturaleza territorial, tendr�n las siguientes funciones:
1. El pago de las pensiones de vejez
o jubilaci�n, de invalidez y de sobrevivencia o sustituci�n de los pensionados
que estas entidades ten�an a su cargo, y el reconocimiento y pago de quienes
ten�an cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensi�n de vejez o
jubilaci�n, invalidez y sobrevivencia de acuerdo con el r�gimen pensional
vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las
pensiones de vejez o jubilaci�n, de invalidez y de sobrevivencia o sustituci�n
de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993 y el 30
de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones en el orden territorial o en la respectiva instituci�n, seg�n sea el
caso, o entre esta �ltima fecha y el 31 de diciembre de 1996.
3. El reconocimiento y pago de las
pensiones de aquellos empleados p�blicos, trabajadores oficiales y personal
docente que han cumplido con el tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996
y no han llegado a la edad se�alada para adquirir el derecho a la pensi�n, de
acuerdo con el r�gimen que los ven�a rigiendo, siempre y cuando no se
encuentren afiliados a algunas de las Administradoras del Sistema General de
Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales
de los empleados p�blicos, personal docente y trabajadores oficiales, que se afiliaron
al r�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida administrado por Colpensiones
o al r�gimen de ahorro individual con solidaridad administrado por las
Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con los art�culos 118 y
119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos Ley 1299 y 1314 de 1994 y sus
decretos reglamentarios.
La expedici�n de los bonos
pensionales se har� de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor p�blico,
trabajador oficial y personal docente, �nicamente haya tenido vinculaci�n
contractual, legal y reglamentaria con la respectiva universidad o instituci�n,
tendr� derecho a que dicha instituci�n efect�e la emisi�n del bono pensional,
de acuerdo con la reglamentaci�n para el efecto.
5. El pago de la cuota parte
correspondiente de conformidad con lo establecido en los Decretos 1299 y 1314
de 1994 de las universidades e instituciones de educaci�n superior a la cual
hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para contribuir
a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones
pensionales extralegales, v�lidamente definidas o pactadas por la respectiva
instituci�n, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993, as� como el pago de
las obligaciones correspondientes a la pensi�n compartida con Colpensiones
cuando a ella haya lugar.
7. Garantizar el estricto control del
uso de los recursos y constituir una base de datos de los pensionados, de las
personas a las cuales deber�n efectuar el reconocimiento y pago de las
pensiones, de los beneficiarios de los bonos pensionales y de las cuotas
partes, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia pensional
deba atender el respectivo fondo y administrar los recursos de las subcuentas
correspondientes establecidas en el art�culo 2.12.5.3.3. del presente Decreto.
8. Velar por que la Naci�n, los
departamentos, los distritos y los municipios cumplan oportunamente con la emisi�n
de los bonos de valor constante y su redenci�n a medida que se haga exigible el
pago de las obligaciones pensionales.
9. Velar por el cumplimiento de todas
las obligaciones que las entidades territoriales, la Naci�n y la misma
universidad o instituci�n de educaci�n superior, contraigan con el Fondo y en
particular recaudar oportunamente y de acuerdo con los convenios que lo
establezcan los valores que correspondan a las obligaciones adquiridas en favor
del Fondo.
10. Recibir los recursos destinados a
cubrir las cotizaciones para pensiones de los trabajadores de la universidad o
instituci�n de educaci�n superior y girarlos a las administradoras
correspondientes.
PAR�GRAFO 1�. En el evento que los empleados p�blicos,
trabajadores oficiales y personal docente de que trata el numeral 2� del
presente art�culo, contin�en con su vinculaci�n contractual, legal o
reglamentaria con la instituci�n, con posterioridad a la entrada en vigencia
del sistema en la respectiva entidad territorial o instituci�n, seg�n sea el
caso, ser�n pensionados por dicha instituci�n a trav�s del fondo de que trata
el presente Cap�tulo.
En el evento en que estas personas se
hayan afiliado al ISS, los tiempos de servicio en la universidad y las semanas
cotizadas al ISS se suman, y el ISS -hoy Colpensiones- les reconocer� la cuota
parte correspondiente al respectivo fondo, teniendo en cuenta el tiempo total
efectivamente cotizado o laborado v�lido para el reconocimiento de pensi�n. La
cual podr� ser cancelada en un pago �nico, tomando en cuenta el valor presente
de la cuota parte o en pagos anuales.
PAR�GRAFO 2�. En el c�lculo del pasivo pensional causado en
las universidades e instituciones de educaci�n superior, no se incluir�n las
cuotas partes correspondientes a aquellos empleados p�blicos, trabajadores
oficiales y personal docente, que con anterioridad a la fecha del c�lculo del
pasivo pensional en la respectiva instituci�n, se hubiesen retirado de la misma
y no hubieren solicitado la emisi�n de su bono pensional.
En la fecha en que dichos afiliados
soliciten la emisi�n de su respectivo bono pensional, la universidad o la
instituci�n de educaci�n superior incluir� en el c�lculo anual de su pasivo
pensional el monto del c�lculo de las cuotas partes del bono pensional que le correspondan
a la respectiva instituci�n, y dicha instituci�n, la Naci�n y las entidades
territoriales concurrir�n a prorrata del aporte, a que se refiere el art�culo
2.12.5.3.7. de este Decreto, en el pago de esta obligaci�n en la fecha de
redenci�n del bono pensional. El c�lculo anual del pasivo pensional deber� ser
presentado al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, dentro de los dos (2)
primeros meses del a�o.
(Art. 4 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.5. �Inversi�n de los recursos. Los recursos, sus rendimientos financieros y las
inversiones de estos, ser�n administrados mediante encargo fiduciario, en el
cual se mantendr�n debidamente separados los recursos correspondientes a cada
subcuenta, con las caracter�sticas previstas en la Ley 100 de 1993.
Los bonos de valor constante que se
emitan con el fin de cancelar la porci�n del pasivo pensional a cargo de la
Naci�n, que haya sido pagada por las Universidades o Instituciones de Educaci�n
Superior, se emitir�n a la orden con las condiciones financieras se�aladas en
el art�culo 2.12.5.3.9. de este Decreto y para su expedici�n no se
requerir� que previamente se haya firmado el contrato previsto en este mismo
art�culo, �nicamente se requerir� la suscripci�n de un documento en el cual
conste la extinci�n de las obligaciones a cargo de la Naci�n por la porci�n del
pasivo cancelado suscrito por el representante legal de la entidad
correspondiente.
La Naci�n expedir� t�tulos con las
mismas caracter�sticas anteriormente indicadas con el fin de reembolsar la
porci�n del pasivo pensional a cargo de la Naci�n, determinada de acuerdo con
lo estipulado en el inciso 2� del art�culo 131 de la Ley 100 de 1993, que haya
sido pagada por las Universidades o Instituciones de Educaci�n Superior. Dichos
t�tulos tendr�n plazo de un a�o, a partir de la fecha de su expedici�n, que
ser� la de la correspondiente acta de emisi�n. Esta porci�n del pasivo
pensional deber� corresponder a los estudios del c�lculo actuarial, lo cual se
manifestar� por el representante legal de la respectiva universidad o
instituci�n de Educaci�n Superior, al solicitar la emisi�n del respectivo bono.
Cada t�tulo podr� expedirse por las
sumas pagadas correspondientes a per�odos semestrales, cuando se trate de pagos
correspondientes a mesadas anteriores al 31 de diciembre de 2000. Cuando se
trate de reembolsos de pagos realizados con posterioridad a dicha fecha, el
t�tulo podr� expedirse por per�odos de cuatro meses, hasta que se celebre el
contrato a que se refiere el art�culo 2.12.5.3.9.de este Decreto. En todo caso
los t�tulos se expedir�n por los saldos a cargo de la Naci�n no incluidos en
t�tulos anteriores.
Los Bonos de Valor Constante, en todo
caso, solo se emitir�n siempre y cuando se acredite al Icfes, en los t�rminos
que este se�ale, que la respectiva Universidad o Instituci�n de Educaci�n
Superior se encuentra cumpliendo con lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, en
materia pensional.
(Art. 5 Decreto
2337 de 1996, modificado
por los arts. 1 y 6 Decreto
3088 de 1997, modificado
por el art. 1 del Decreto
1181 de 1998, modificado
por el art. 1 Decreto
93 de 2001)
Art�culo
2.12.5.3.6. Cajas de las universidades y de las instituciones
de educaci�n superior. De conformidad con lo establecido en el
par�grafo 2� del art�culo 2.12.5.3.2. del presente Decreto,� las cajas de las
instituciones que ten�an personer�a jur�dica antes del 23 de diciembre de 1993
y fueron declaradas solventes, podr�n administrar el r�gimen de Prima Media con
Prestaci�n Definida, y sus afiliados con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia el sistema General de Pensiones en la entidad territorial o
instituci�n, seg�n el caso, podr�n continuar vinculados a dicha caja, mientras
no se ordene su liquidaci�n. Se regir�n por lo establecido en el Decreto 1888
de 1994, y los art�culos compilados el el decreto 1833 de 2016, con respecto al
decreto 1068 de 1995 �y dem�s normas que lo complementen o adicionen.
A partir del 30 de junio de 1995 o en
aquella fecha anterior en que entr� a regir el Sistema General de Pensiones en
la respectiva entidad territorial o instituci�n, seg�n sea el caso, estas cajas
no podr�n recibir nuevos afiliados, de conformidad con el art�culo 14 del
Decreto 1068 de 1995, y de la Ley 100 de 1993.
Los recursos de la cuenta especial de
que trata el art�culo 131 de la Ley 100 de 1993, destinados al pago del pasivo
pensional, los recursos y los rendimientos de los aportes destinados al pago
del pasivo pensional de las cajas de las universidades y de las instituciones
de educaci�n superior, har�n parte del fondo com�n de naturaleza p�blica de las
administradoras del r�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida, al cual
ingresan los aportes de los afiliados y sus rendimientos, en los t�rminos del
art�culo 32 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1888 de 1994. Los recursos del
fondo se manejar�n de acuerdo con el Plan �nico de Cuentas que rige para el
r�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida.
Los bonos pensionales que deber�
emitir la respectiva caja a aquellos empleados p�blicos, trabajadores oficiales
y personal docente que se trasladen al r�gimen de ahorro individual con
solidaridad, se regir�n por lo dispuesto en el literal a) del inciso 2� del
art�culo 115 de la Ley 100 de 1993.
El r�gimen legal de las cajas de las
universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n superior,
autorizadas para administrar el R�gimen de Prima Media con Prestaci�n Definida
de que trata este art�culo, ser� el establecido para dichas cajas por la Ley
100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios para todos los efectos.
(Art. 6 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.7. �Aportes para el pago del pasivo pensional de
las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educaci�n
superior del orden territorial.
Los recursos para el pago del pasivo pensional de las instituciones de que
trata el presente Cap�tulo, causado hasta el 23 de diciembre de 1993, ser�n
sufragados, adem�s de por la respectiva instituci�n, por la Naci�n y por cada
una de las entidades territoriales correspondientes, de acuerdo con la
ejecuci�n presupuestal, en un monto equivalente a su participaci�n en la
financiaci�n de las universidades o instituciones de educaci�n superior, en los
�ltimos cinco (5) a�os anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 de
conformidad con lo establecido en su art�culo 131. Para determinar la
participaci�n en la financiaci�n de este pasivo, de la ejecuci�n presupuestal
se descontar�n los ingresos recibidos por la universidad por venta de servicios
de investigaci�n con destinaci�n espec�fica, clasificados como "otras
rentas", de acuerdo con lo establecido en las ejecuciones presupuestales
anuales de las instituciones. Estas participaciones quedar�n recogidas en el
contrato de que trata el art�culo 2.12.5.3.9. del presente Decreto.
Las entidades que participar�n en la
financiaci�n del fondo seg�n corresponda ser�n las siguientes:
1. La Naci�n.
2. El departamento.
3. El distrito.
4. El municipio.
5. La universidad oficial o la
instituci�n oficial de educaci�n superior.
Las universidades o instituciones de
educaci�n superior deber�n presentar los c�lculos actuariales de su pasivo
pensional contra�do hasta el 23 de diciembre de 1993 al Ministerio de Hacienda
y Cr�dito P�blico, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 131 de la Ley
100 de 1993, y en los t�rminos sugeridos en el instructivo que para el efecto
elabor� dicho Ministerio sobre el c�lculo del pasivo por pensiones de
jubilaci�n de las instituciones de educaci�n superior del nivel territorial.
Adicionalmente, a las obligaciones de
que trata el inciso anterior, las universidades e instituciones de educaci�n
superior del nivel territorial, deber�n presentar al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, las proyecciones presupuestales y el plan financiero que
contenga la forma y los plazos en los que dichas entidades deber�n cumplir con
la obligaci�n de efectuar el aporte correspondiente.
Por medio de un convenio que consulte
la situaci�n financiera particular de cada instituci�n de educaci�n superior,
suscrito entre �sta, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y, si es del
caso, la entidad territorial respectiva, se establecer� (n) la (s) fecha (s) en
las cuales la Naci�n, las entidades territoriales y la propia instituci�n de
educaci�n superior efectuar�n los aportes que resulten a su cargo. Para el
efecto, ser� indispensable la aprobaci�n previa por parte del Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico de los c�lculos actuariales, las proyecciones
presupuestales y del plan financiero presentado por cada instituci�n.
PAR�GRAFO 1�. Los aportes que debe efectuar la Naci�n de
acuerdo con el presente art�culo, tendr�n en cuenta el valor del pasivo
pensional derivado de las obligaciones legales del r�gimen pensional respectivo
y las extralegales vigentes antes del 23 de diciembre de 1993, debidamente
establecidas, actualizado con los rendimientos financieros equivalentes a una
tasa efectiva anual del inter�s compuesto de la inflaci�n anual representada en
la variaci�n del IPC, adicionado en la tasa de inter�s t�cnico contemplada en
los c�lculos actuariales realizados al 23 de diciembre de 1993, correspondiente
a los a�os o fracciones de a�o anteriores a la fecha en la cual la Naci�n
efect�e la emisi�n de los bonos de valor constante que representan su aporte.
El incremento del valor del pasivo
pensional correspondiente a las obligaciones pensionales legales o extralegales
determinadas por convenci�n o pacto colectivo de trabajo o definidas de
conformidad con las normas legales aplicables para tales efectos, con
posterioridad al 23 de diciembre de 1993, estar�n a cargo de la universidad o
instituci�n de educaci�n superior, y har�n parte de la subcuenta del fondo para
pagar el pasivo pensional, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 283 de la
Ley 100 de 1993 y en el n�mero 3� del art�culo 2.12.5.3.3.del presente Decreto.
El fondo para pagar el pasivo
pensional tendr� a su cargo el pago de las prestaciones pensionales a trav�s
del mecanismo de pensi�n compartida con Colpensiones, de conformidad con la ley
y los reglamentos de ese instituto. Para ello se emitir�n los bonos pensionales
de acuerdo con los reg�menes legales que Colpensiones debe administrar. La
diferencia entre lo que pagar� Colpensiones y aquellas obligaciones pensionales
que se derivan de pactos o convenciones colectivas de trabajo, laudos
arbitrales, ser�n pagados por el fondo. Esta normatividad no vulnera los
derechos adquiridos por los empleados p�blicos, trabajadores oficiales y
personal docente, sin perjuicio del derecho de denuncia que asiste a las partes
de conformidad con el inciso 3� del art�culo 11 de la Ley 100 de 1993.
PAR�GRAFO 2�. El incremento del pasivo correspondiente al
tiempo de servicios o al n�mero de semanas cotizadas generado desde el 23 de
diciembre de 1993, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hasta la
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones en el orden
territorial o en la respectiva universidad, seg�n sea el caso, a m�s tardar el
30 de junio de 1995 estar� a cargo de las respectivas universidades e
instituciones de educaci�n superior y no har�n parte del pasivo pensional de
que trata el art�culo 131 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que a partir
del 1� de julio de 1995, los trabajadores no se hubieren afiliado a uno de los
dos reg�menes del Sistema General de Pensiones, se regir�n por lo dispuesto en
el Art. 2.2.4.1.2. del Decreto 1833 de 2016 y lo dispuesto en el presente
Decreto.
PAR�GRAFO 3�. Como modalidades de pago de las obligaciones
contenidas en los bonos BVC, las entidades aportantes podr�n acordar
amortizaciones anticipadas y compensaciones.
El acuerdo sobre estas modalidades de
pago deber� constar en el contrato de concurrencia o en sus modificaciones.
Cuando se acuerden compensaciones el contrato de concurrencia deber� prever los
mecanismos que aseguren el pago completo y oportuno de las obligaciones
pensionales, los cuales ser�n verificados y aprobados por el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 7 Decreto
2337 de 1996, par�grafo 3
Adicionado por el art. 10 Decreto
1050 de 2007)
Art�culo
2.12.5.3.8. �Caracter�sticas de los Bonos de Valor
Constante (BVC). Los Bonos
de Valor Constante (BVC) tendr�n las siguientes caracter�sticas:
1. Su valor expresado en pesos.
2. No ser�n negociables, salvo en el
caso previsto en el art�culo 2.12.5.3.5. del presente Decreto.
3. Incorporar�n la obligaci�n de
hacer pagos, en la forma en que se acuerde en el contrato previsto en el
art�culo 2.12.5.3.9. del presente Decreto.
4. Tendr�n un rendimiento equivalente al establecido en el
inciso 1� del par�grafo 1� del art�culo 2.12.5.3.7. del presente Decreto. que se pagar� en su totalidad al vencimiento del t�tulo.
5. Se emitir�n a favor de la
universidad o instituci�n de educaci�n superior, indicando claramente la
subcuenta respectiva.
6. Fecha y lugar de expedici�n.
7. Nombre de la entidad emisora.
8. Los Bonos de Valor Constante a que
se refiere el art�culo 2.12.5.3.5. �de este decreto son negociables y se
identificar�n como "Serie A", y aquellos a que se refiere el art�culo
2.12.3..7.� no son negociables y se identificar�n como "Serie B".
9. El Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico podr� determinar que la totalidad o parte de la emisi�n de los
Bonos de Valor Constante sean administrados en un dep�sito central de valores
legalmente autorizado por la Superintendencia de Valores, evento en el cual
estos t�tulos circular�n en forma desmaterializada.
En el evento de que la Naci�n
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico determine que la totalidad o parte de
los Bonos de Valor Constante se entreguen a un dep�sito central de valores y
contrate su administraci�n, el t�tulo representativo de la emisi�n consistir�
en el acta de emisi�n de los respectivos bonos.
10. Los t�tulos de la "Serie
A" podr�n fraccionarse en m�ltiplos de cien millones de pesos
($100.000.000)
(Art. 8 Decreto
2337 de 1996, numeral 4
modificado por el art. 7 Decreto
3088 de 1997, numeral 8,
9 y 10 adicionado por el art. 5 Decreto
3088 de 1997)
Art�culo
2.12.5.3.9. �Contratos. Una vez
determinada la responsabilidad financiera de las entidades de que trata el
art�culo 2.12.5.3.7. del presente Decreto, se firmar�n contratos entre las
universidades o instituciones de educaci�n superior y la Naci�n, los
departamentos, los distritos y los municipios, los cuales deben contener como
m�nimo lo siguiente:
1. El valor de la deuda reconocida
por las partes, para el pago del pasivo pensional causado hasta del 23 de
diciembre de 1993 y el monto del aporte de la Naci�n, el departamento, el
distrito, el municipio y la respectiva universidad o instituci�n de educaci�n
superior.
2. Los plazos y la forma en que la
Naci�n, los departamentos, los distritos, los municipios y la universidad o
instituci�n de educaci�n superior, cumplir�n con la obligaci�n de efectuar el
aporte, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 2.12.5.3.7. del presente
Decreto.
3. El plazo para la emisi�n de los
bonos de valor constante de que trata el art�culo 131 de la Ley 100 de 1993 y para la redenci�n de �stos una vez se haga exigible
el pago de la obligaci�n pensional.
4. La duraci�n del contrato que
deber� extenderse hasta garantizar el saneamiento efectivo del pasivo
pensional, causado hasta del 23 de diciembre de 1993.
5. El fondo para pagar el pasivo
pensional o la caja que vaya a administrar los recursos, a los cuales deben
efectuarse los giros.
6. La periodicidad y el
mecanismo a trav�s del cual ser�n revisados estos contratos.
7. Los mecanismos definidos
entre las partes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del Sistema General de Pensiones por parte de los empleadores, tales como las
derivadas de la subcuenta para las cotizaciones de que trata el art�culo 2.12.5.3.3
del presente Decreto al sistema de que trata la subcuenta de cotizaciones.
(Art. 9 Decreto
2337 de 1996)
Art�culo
2.12.5.3.10.
Vigilancia y
control de los fondos para el pago del pasivo pensional y de las cajas que
administren el r�gimen de Prima Media. La
vigilancia y control de los fondos para el pago del pasivo pensional de las
universidades e instituciones de educaci�n superior de naturaleza territorial
estar� a cargo de las autoridades correspondientes.
De acuerdo con el literal k) del
art�culo 13 y el art�culo 52 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el literal a) del numeral
2� del art�culo 325 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, la vigilancia
y control de las cajas autorizadas para administrar el r�gimen de Prima Media
con prestaci�n definida, estar� a cargo de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
La vigilancia y control de los
patrimonios aut�nomos y encargos fiduciarios que administran las reservas
destinadas a la emisi�n y redenci�n de bonos pensionales y del pago de las
cuotas partes correspondientes, estar� a cargo de la Superintendencia
Financiera de Colombia, por virtud de lo dispuesto en el literal a) del numeral
2� del art�culo 325 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, en
concordancia con el art�culo 23 del Decreto 1299 de 1994.
(Art. 10 Decreto
2337 de 1996)
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Art�culo 2.12.6.1. �rgano de Administraci�n del RUA. La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP), ser� el
�rgano de Administraci�n del Registro �nico de Aportantes -RUA, entidad a la
cual corresponder� administrar el sistema de informaci�n que conforma el RUA.
Dicha administraci�n podr� ejercerla en forma directa o a trav�s de un tercero
especializado.
La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) ejercer� las
funciones definidas para el �rgano de Administraci�n del RUA.
La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP) con base en los recursos que le sean apropiados, deber�
adelantar los procesos contractuales que sean necesarios para la administraci�n
del Registro �nico de Aportantes-RUA.
(Art. 1, Decreto
2128 de 2011)
Art�culo 2.12.6.2. Registro Derecho de Autor. La Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social (UGPP), deber�
continuar con los tr�mites de registro de derecho de autor ante las autoridades
competentes, para formalizar el derecho patrimonial sobre el Registro �nico de
Aportantes - RUA. Para tal efecto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
deber� proporcionarle toda la documentaci�n que reposa en sus archivos y que
sea necesaria para adelantar los tr�mites ante dichas autoridades.
(Art. 2, Decreto
2128 de 2011)
Art�culo 2.12.6.3. Ajustes Presupuestales. El Gobierno Nacional realizara los traslados y
ajustes presupuestales que permitan atender el traslado de la funci�n que se
deriva del presente T�tulo seg�n lo previsto en el art�culo 86 del Estatuto
Org�nico de Presupuesto compilado en el Decreto 111 de 1996.
(Art. 3, Decreto
2128 de 2011)
Art�culo 2.12.7.1.
Obligados a
reportar informaci�n. Todos
los operadores p�blicos y privados de bancos de informaci�n y/o bases de datos
deben reportar la informaci�n relevante y actualizada que requiera la Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social-UGPP, relativa a la ubicaci�n de los obligados a efectuar
los aportes, ingresos, pagos, contratos, registro de bienes, movimientos
financieros y dem�s informaci�n necesaria requerida por la Unidad.
La informaci�n relevante requerida
por la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP, deber� ser conducente, pertinente,
necesaria y �til, para efectos del control a la evasi�n ya la elusi�n de los
aportes parafiscales al Sistema de Protecci�n Social.
Para efectos del presente art�culo se
entienden como operadores de bancos de informaci�n y/o bases de datos, los
definidos en el art�culo 3� de la Ley 1266 de 2008, entre los que se
encuentran, las entidades p�blicas, privadas, financieras, centrales de
riesgos, empresas de telefon�a celular, y dem�s personas naturales o jur�dicas
que administren o dispongan de informaci�n.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
�
Art�culo
2.12.7.2. Definici�n de la informaci�n relevante a
suministrar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP. La informaci�n relevante es la que administran
y/o disponen los operadores de informaci�n definidos en el art�culo 3� de la
Ley 1266 de 2008 que permitan a la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP tener
informaci�n actualizada de la ubicaci�n de los obligados a efectuar los
aportes, ingresos, pagos, contratos, registro de bienes, movimientos
financieros y dem�s informaci�n requerida por la Unidad Administrativa Especial
de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP
para el control a la evasi�n y a la elusi�n de los aportes parafiscales al
Sistema de Protecci�n Social.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
Art�culo
2.12.7.3. Caracter�sticas y especificaciones t�cnicas de la
informaci�n. Conforme con las
condiciones y t�rminos previstos en el presente T�tulo, la Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social -UGPP, definir� mediante resoluci�n las caracter�sticas y
especificaciones t�cnicas para el env�o de la informaci�n relevante, que
requiera la entidad para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
La informaci�n aqu� prevista deber� ser suministrada a
trav�s de medios magn�ticos y/o electr�nicos, o mediante la habilitaci�n del
acceso a las bases de datos a favor de la Unidad Administrativa Especial de
Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social -UGPP
cuando a ello haya lugar.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
Art�culo
2.12.7.4. T�rmino para el suministro de la informaci�n
relevante a la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP. Las personas naturales y jur�dicas obligadas al
suministro de la informaci�n de que trata el presente T�tulo, deber�n
suministrar la informaci�n relevante requerida por la Unidad Administrativa
Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci�n
Social-UGPP, a m�s tardar dentro del mes siguiente, contado a partir de la
fecha del recibo de la solicitud enviada por la Unidad.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
Art�culo
2.12.7.5. Calidad en la entrega de la informaci�n. Los operadores p�blicos y privados de bancos de
informaci�n y/o bases de datos deber�n suministrar la informaci�n relevante a
la Unidad Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protecci�n Social-UGPP, atendiendo las caracter�sticas,
especificaciones t�cnicas y t�rminos previstos en los art�culos 2.12.7.3. y
2.12.7.4 del presente T�tulo de manera completa y exacta.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
Art�culo
2.12.7.6. Protecci�n, reserva y confidencialidad de la
informaci�n. La Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social -UGPP, garantizar� la protecci�n, reserva y la
confidencialidad de la informaci�n relevante suministrada y recibida, conforme
con los protocolos de seguridad y control de acceso al sistema de informaci�n
previstos por la entidad y atendiendo las instrucciones que se impartan a los
usuarios de la informaci�n.
El uso de la informaci�n reportada a la Unidad
Administrativa Especial de Gesti�n Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protecci�n Social -UGPP, se efectuar� conforme con lo previsto en las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, en especial
el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 4� de la Ley 1581 de
2012.
(Art. 1, Decreto
2438 de 2018)
Art�culo 2.13.1.1.
R�gimen contractual. Los contratos que celebre el
Fondo Adaptaci�n para la construcci�n y reconstrucci�n necesarios para la
superaci�n de los efectos derivados de la ocurrencia de desastres naturales a
su cargo, y en general todos aquellos necesarios para la ejecuci�n de estas actividades,
se regir�n por el derecho privado, estar�n sujetos a las disposiciones
contenidas en los art�culos 209 y 267 de la Constituci�n Pol�tica, con plena
observancia de lo dispuesto en el art�culo 13 de la Ley 1150 2.6.7.4.de 2007,
sin perjuicio de la facultad de incluir las cl�usulas excepcionales a que se
refieren los art�culos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto
en el art�culo 17 de la Ley 1150 2007.
Los dem�s
contratos estar�n sometidos al Estatuto General de Contrataci�n de la Administraci�n
P�blica, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que los
modifiquen o adicionen.
(Art.1 Decreto 203 de 2015, modificado por el
Art.1 del Decreto 2387 de 2015)
Art�culo 2.13.1.2.
Modalidades de Selecci�n. La escogencia del
contratista se efectuar� con arreglo a las modalidades de selecci�n de Invitaci�n
Abierta, Invitaci�n Cerrada y Contrataci�n Directa, con base en siguientes
reglas:
8. Invitaci�n Abierta:
Modalidad de selecci�n mediante la cual el Fondo Adaptaci�n formular�
invitaci�n p�blica para que todos aquellos interesados en participar presenten
sus ofertas y, entre ellas, seleccionar� objetivamente la m�s favorable a los
fines e intereses de la Entidad.
Corresponde a la
modalidad de selecci�n prevista para aquellos casos en que el monto de la
contrataci�n sea igual o superior a 1 .000 SMLMV.
Esta modalidad podr�
estar precedida de una precalificaci�n de interesados, en las condiciones que
def�nanlos t�rminos de condiciones contractuales.
�
9. Invitaci�n Cerrada: Modalidad
de selecci�n objetiva mediante la cual el Fondo Adaptaci�n, previa definici�n
del presupuesto y de los requerimientos financieros y de experiencia requeridos
para la ejecuci�n futuro contrato, formular� invitaci�n a presentar oferta a
m�nimo dos (2) oferentes, mediante la aplicaci�n de criterios objetivos
previamente determinados, seleccionar� entre ellos el ofrecimiento m�s
favorable a los intereses de la entidad.
Esta modalidad ser� aplicable
para los contratos cuyo valor sea superior 1.000 SMLMV e inferior a 132.000
SMLMV.
Esta modalidad podr� estar
precedida de manifestaciones de inter�s, en las condiciones que defina la
entidad.
3.
Contrataci�n Directa: Modalidad mediante la cual el Fondo Adaptaci�n
contratar� de manera directa al contratista, en los siguientes eventos:
a) Contratos cuya
cuant�a sea igualo inferior a 1.000 SMLMV.
b) Contratos o
Convenios que se celebren con otras entidades p�blicas, siempre que el objeto
de la entidad contratada tenga relaci�n directa con el objeto a contratar.
c) Contratos para
el desarrollo de actividades cient�ficas o tecnol�gicas.
d) Contratos para
la ejecuci�n de actividades que puedan encomendarse a determinadas personas, en
consideraci�n a las calidades t�cnicas, de experiencia y amplio reconocimiento
en el mercado de la persona natural o jur�dica a contratar debidamente
justificada.
e) Contratos de
prestaci�n de servicios profesionales y los relacionados con actividades
operativas, log�sticas o asistenciales.
f) Contratos
de Consultor�a.
g) Contratos para
el desarrollo de actividades de acompa�amiento social o para el desarrollo de
proyectos de reactivaci�n socio econ�mica en los territorios objeto de
intervenci�n.
h) Contratos para
proveer soluciones de vivienda.
i) Contratos
de arrendamiento, comodato y adquisici�n de bienes inmuebles.
j) Cuando el
estudio de mercado demuestre que s�lo hay una persona con capacidad para
proveer el bien o servicio, por ser el titular o representante de los derechos
de propiedad industrial, propiedad intelectual o de los derechos de autor o por
ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.
k) Cuando no se
presente propuesta alguna o se declare fallida la invitaci�n abierta o la
cerrada.
Par�grafo
1�. Sin perjuicio de las causales definidas en el numeral 3� del presente
art�culo, en aquellos casos en que por las caracter�sticas del objeto a
contratar se considere conveniente, se podr� adelantar un proceso de invitaci�n
abierta o cerrada seg�n se determine.
Par�grafo
2�. Las reglas para la ejecuci�n de cada una de las modalidades de
selecci�n a que se refiere el presente art�culo, estar�n se�aladas en el Manual
de Contrataci�n que adopte el Fondo.
(Art.2
Decreto 203 de 2015, modificado por el Art.2 del Decreto 2387 de 2015)
Art�culo 2.13.1.3.
Determinaci�n de garant�as o seguros. El Fondo
Adaptaci�n, establecer� las garant�as o seguros que debe exigir a los
contratistas para la ejecuci�n de sus contratos teniendo en cuenta para cada
caso, la naturaleza y objeto del contrato, las condiciones de ejecuci�n del
mismo y los riesgos identificados, que deban ser cubiertos.
Para los
efectos previstos en el presente art�culo el Fondo Adaptaci�n podr� sujetarse
al r�gimen de garant�as establecido en el Decreto 1082 de 2015, en aquello que
resulte aplicable.
(Art.3
Decreto 203 de 2015, modificado por el Art.3 del Decreto 2387 de 2015)
Art�culo 2.13.1.4.
Autorizaci�n. Se requerir� autorizaci�n del Consejo
Directivo para la contrataci�n directa prevista en las causales contenidas en
los literales b), d), f), e i) del numeral 3� del art�culo 2.13.1.2 del
presente decreto, en aquellos casos en que la cuant�a del futuro contrato,
supere los 20.000 SMLMV.
(Art.4
Decreto 203 de 2015, modificado por el Art.4 del Decreto 2387 de 2015)
Art�culo 2.13.1.5.
Del r�gimen sancionatorio. Las actuaciones
contractuales del Fondo Adaptaci�n observar�n el principio del debido proceso
en materia sancionatoria.
En
consecuencia, y en los t�rminos se�alados en el art�culo 17 de la Ley 1150 de
2007 o en la norma que lo modifique o adicione, el Fondo Adaptaci�n, tendr� la facultad
de imponer las multas que hayan sido pactadas en sus contratos, con el objeto
de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. La imposici�n de
multas s�lo proceder� en aquellos casos en que se encuentre pendiente la
ejecuci�n de las obligaciones a cargo del contratista. De igual manera, el Fondo
Adaptaci�n tendr� la facultad de declarar el incumplimiento, con el prop�sito
de hacer efectiva la cl�usula penal pecuniaria incluida en el contrato.
La imposici�n
de multas y la declaratoria de incumplimiento deber�n estar precedidas de una
audiencia del afectado en la que se garantice su derecho al debido proceso, en
los t�rminos previstos en el art�culo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la norma que
lo modifique o adicione.
Par�grafo
1�. La cl�usula penal y las multas as� impuestas, se har�n efectivas
directamente por el Fondo Adaptaci�n, para lo cual podr� acudir entre otros, a
los mecanismos de compensaci�n de las sumas adeudadas al contratista, cobro de
la garant�a, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la
jurisdicci�n coactiva.
Par�grafo
2�. El Fondo Adaptaci�n har� efectiva la cl�usula penal y las garant�as y
en consecuencia, declarar� el siniestro, a trav�s de uno de los siguientes
mecanismos
5. Por medio del acto
administrativo en el cual el Fondo Adaptaci�n declare la caducidad del contrato
y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cl�usula penal o
de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad
constituye el siniestro.
6. Por medio del acto
administrativo en el cual el Fondo Adaptaci�n impone multas, debe ordenar el
pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente
constituye el siniestro.
7. Por medio del acto
administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede
hacer efectiva la cl�usula penal, si est� pactada en el contrato, y ordenar su
pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la
reclamaci�n para el garante.
(Art.5 del Decreto 2387 de 2015)
Art�culo 2.14.1.
Informaci�n solicitada a entidades p�blicas. En desarrollo
del art�culo 9� de la Ley 526 de 1999, la Unidad de Informaci�n y An�lisis
Financiero podr� solicitar a cualquier entidad p�blica, salvo la informaci�n
reservada en poder de la Fiscal�a General de la Naci�n, la informaci�n que
considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Las entidades
p�blicas y sus funcionarios deber�n prestar toda su colaboraci�n, de acuerdo
con lo previsto en el art�culo 6� de la Ley 489 de 1998 y el art�culo 34 de la
Ley 734 de 2002, no podr�n oponer reserva de la informaci�n solicitada y
deber�n hacerla llegar en el plazo que determine la Unidad de Informaci�n y
An�lisis Financiero. El plazo se fijar� de acuerdo con el tipo de informaci�n
que se solicite y su complejidad.
Par�grafo.
En todo caso, las Superintendencias y la Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN, informar�n a la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero
sobre las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos de las
que tengan conocimiento por virtud de sus funciones.
(Art.1 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.2.
Sectores econ�micos obligados a informar sobre operaciones.
Sin perjuicio de las obligaciones de las entidades que adelantan las
actividades financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, las
entidades p�blicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes a estos,
deber�n reportar a la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero la
informaci�n de que tratan el literal d) del numeral 2� del art�culo 102 y los
art�culos 103 a 104 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero, cuando dicha
Unidad lo solicite, en la forma y oportunidad que esta se�ale.
Par�grafo
1. Las personas naturales o jur�dicas, independientemente de su
denominaci�n que en forma profesional se dediquen a la compra y venta de
divisas, deber�n reportar a la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero,
adem�s de la informaci�n de que trata el presente art�culo, la exigida por la
Resoluci�n Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica y
sus modificaciones.
Par�grafo
2. Las entidades que administren sistemas de tarjetas de cr�dito, de
d�bito o de cajeros autom�ticos, deber�n reportar a la Unidad de Informaci�n y
An�lisis Financiero, la informaci�n sobre transacciones que por su n�mero, por
las cantidades transadas o por las caracter�sticas particulares de las mismas,
puedan conducir razonablemente a sospechar que las entidades est�n siendo
utilizadas para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos
provenientes de actividades delictivas.
(Art. 2 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.3.
Caracter�sticas de la informaci�n. De acuerdo con el
art�culo 11 de la Ley 526 de 1999, las entidades dedicadas a la actividad
financiera, aseguradora o propias del mercado de valores, las entidades
obligadas a cumplir con lo previsto en los art�culos 102 a 107 del Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero, as� como las entidades incorporadas en el
art�culo 2.14.2 de la presente Parte, deben reportar en forma inmediata y
suficiente a la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero cualquier
informaci�n relevante sobre manejo de fondos cuya cuant�a o caracter�sticas no
guarden relaci�n con la actividad econ�mica de sus clientes o sobre
transacciones de sus usuarios que por su n�mero, por las cantidades transadas o
por las caracter�sticas particulares de las mismas, puedan conducir
razonablemente a sospechar que los mismos est�n usando a la entidad para
transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de
actividades delictivas.
Las entidades
de que trata el art�culo 2.14.2 de la presente Parte deber�n informar las
operaciones que re�nan las caracter�sticas se�aladas en el presente art�culo
con independencia de la naturaleza del bien o activo involucrado.
(Art. 3 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.4.
Informaci�n adicional. Las entidades obligadas a
cumplir con lo previsto en los art�culos 102 a 107 del Estatuto Org�nico del
Sistema Financiero y las incorporadas en el art�culo 2.14.2 de la presente
Parte, deber�n aportar la informaci�n adicional que requiera la Unidad de Informaci�n
y An�lisis Financiero, en el plazo y con las especificaciones que establezca
dicha Unidad. Las entidades y funcionarios que incumplan con los plazos o
especificaciones de la solicitud, ser�n responsables administrativamente ante
los �rganos competentes, de acuerdo con las normas que rigen la materia.
(Art. 4 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.5.
Reserva de informaci�n. De acuerdo con el art�culo 42
de la Ley 190 de 1995, las personas naturales y jur�dicas obligadas a cumplir
con los deberes establecidos en los art�culos 102 a 107 del Estatuto Org�nico
del Sistema Financiero, en la presente Parte y dem�s normas aplicables, no
ser�n sujetos de ning�n tipo de responsabilidad por virtud de la informaci�n
aportada en cumplimiento de las disposiciones citadas.
La informaci�n
remitida a la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero en desarrollo de la
Ley 526 de 1999, la presente Parte y dem�s normas aplicables, ser� objeto de la
reserva prevista en el inciso cuarto del art�culo 9� y los incisos segundo y
tercero del art�culo 11 de la misma ley.
(Art. 5 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.6.
Informaci�n a autoridades. En desarrollo de lo
dispuesto en el numeral 9 del art�culo 4� y en el art�culo 9� de la Ley 526 de
1999, la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero podr� abstenerse de
entregar informaci�n a autoridades diferentes a la Fiscal�a General de la Naci�n
y de las entidades legitimadas para ejercitar la acci�n de extinci�n del
dominio, no obstante que dichas autoridades cuenten con funciones relacionadas
con el lavado de activos, cuando de la evaluaci�n efectuada se concluya que no
existe fundamento jur�dico para acceder a la solicitud.
Por lo
anterior, las autoridades que soliciten informaci�n a la Unidad de Informaci�n
y An�lisis Financiero, deber�n indicar claramente la funci�n para cuyo
ejercicio requieren de la misma y la norma legal que se las atribuye, con el
fin de que la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero establezca su
pertinencia.
(Art. 6 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.7.
Bases de datos de entidades financieras. En desarrollo
de lo previsto en el art�culo 3� de la Ley 526 de 1999, la Unidad de
Informaci�n y An�lisis Financiero tendr� acceso a las bases de datos de las
entidades financieras, mediante la celebraci�n de convenios con tales
entidades.
(Art. 7 Decreto 1497 de 2002)
Art�culo 2.14.1.1.
Verificaci�n de informaci�n. Contenido m�nimo. En
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1� del art�culo 5� de la Ley 1445 de
2011, la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero (UIAF), recibida la
declaraci�n juramentada por parte del Representante Legal del Club con
deportistas profesionales y el listado de los aportes del Club, realizar�
mediante actividades reservadas de inteligencia financiera, una verificaci�n de
la informaci�n recaudada respecto de la contenida en sus bases de datos.
El listado de
los socios, asociados y/o accionistas del Club con deportistas profesionales
deber� contener como m�nimo lo siguiente:
�
1. NIT del
equipo reportante.
2.
Raz�n social del club.
3.
Tipo de identificaci�n del socio, asociado y/o accionista.
4.
N�mero de identificaci�n del socio, asociado y/o accionista.
5.
Nombre completo o raz�n social del socio, asociado y/o accionista.
6.
Direcci�n de residencia del socio, asociado o accionista.
7.
N�mero telef�nico del socio, asociado o accionista.
8.
C�digo municipio al que corresponde la direcci�n de residencia del
suscriptor (de acuerdo con la codificaci�n del DANE).
9.
C�digo departamento al que corresponde la direcci�n de residencia del
suscriptor (de acuerdo con la codificaci�n del DANE).
10.
C�digo del pa�s (de acuerdo con la codificaci�n del DANE).
11.
N�mero de acciones o aportes sociales.
12.
Valor de las acciones o aportes sociales en pesos.
13.
Porcentaje de participaci�n y fecha de ingreso al club.
Efectuada esta
verificaci�n, la Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero (UIAF), dentro de
los diez (10) d�as h�biles siguientes informar� por escrito al Director de
Coldeportes que la misma se efectu�, indicando que de encontrar posibles nexos
o v�nculos con los delitos de lavado de activos y/o financiaci�n del terrorismo
en cumplimiento de sus competencias legales, lo comunicar� a la Fiscal�a
General de la Naci�n para que se adelanten las acciones penales
correspondientes.
�
Par�grafo.
Si la informaci�n enviada a la UIAF es incompleta o inexacta, esta informar�
por escrito al Representante Legal del Club con deportistas profesionales que
cuenta con cinco (5) d�as h�biles para enviar la informaci�n faltante o para
ajustarla con los criterios y especificaciones que se requieran en los t�rminos
del presente t�tulo. Si transcurrido este t�rmino no se env�a la informaci�n
requerida, la UIAF informar� al Director de Coldeportes que no fue posible
realizar la verificaci�n y que no debe continuarse con el proceso de
conversi�n, hasta tanto se subsanen las deficiencias identificadas en la
informaci�n.
(Art. 1
Decreto 3160 de 2011)
Art�culo 2.15.1. Naturaleza del Fondo para el Desarrollo del Plan
Todos Somos PAZc�fico. El Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZc�fico (en
adelante el Fondo), creado mediante el art�culo 185 de la Ley 1753 de 2015 es
un patrimonio aut�nomo administrado por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico o por la entidad o entidades que �ste defina.
Par�grafo 1. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico en uso de la facultad otorgada por el art�culo 185 de la Ley 1753 de
2015 y para efectos de la operatividad y funcionamiento del Fondo, podr�
definir a trav�s de resoluci�n, la administraci�n del mismo en: (i) una entidad
encargada de la ejecuci�n y ordenaci�n del gasto (en adelante la Entidad
Ejecutora) y/o; (ii) en una entidad que conserve y transfiera los recursos, y
que act�e como vocera del patrimonio aut�nomo (en adelante Entidad Fiduciaria).
�
Par�grafo 2. La Entidad Ejecutora y la Entidad
Fiduciaria tendr�n que definir a trav�s de un reglamento (en adelante
Reglamento Operativo), las condiciones en las que se desarrollar� la relaci�n
entre ambas entidades para la realizaci�n de las funciones y obligaciones
asignadas a cada una en esta Parte 15 (en adelante Parte), incluyendo la
definici�n de la comisi�n fiduciaria.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.2. Objeto del Fondo. El Fondo tendr� por objeto la
financiaci�n y/o la inversi�n en el Litoral Pac�fico, en proyectos de agua
potable, infraestructura, educaci�n y vivienda entre otros, y en general en las
necesidades m�s urgentes para promover el desarrollo integral de dicha zona.
Par�grafo. Para efectos de lo aqu� dispuesto,
la zona de influencia del Litoral Pac�fico estar� conformada por los siguientes
50 municipios y distritos (en adelante Zona de Influencia):
|
Departamento del Cauca
|
Departamento del Choc�
|
Departamento de Nari�o
|
Departamento del Valle del Cauca
|
|
�
Argelia
�
Balboa
�
Buenos Aires
�
El Tambo
�
Guap�
�
L�pez de
��
Micay
�
Morales
�
Su�rez�
�
Timbiqu�
|
�
Quibd�
�
Acand�
�
Alto Baud�
�
Atrato
�
Bagad�
�
Bah�a Solano
�
Bajo Baud�
�
Bojay�
�
Cant�n del San
Pablo
�
Carmen del
Dari�n
�
C�rtegui
�
Condoto
�
El Carmen de
Atrato
�
Litoral del
San Juan
�
Istmina
�
Jurad�
�
Llor�
�
Medio Atrato
�
Medio Baud�
�
Medio San Juan
�
N�vita
�
Nuqu�
�
R�o Iro
�
Rio Quito
�
Riosucio
�
San Jos� del
Palmar
�
Sip�
�
Tad�
�
Ungu�a�
�
Uni�n
Panamericana
|
�
Barbacoas
�
El Charco
�
La Tola
�
Mag�i-Pay�n
�
Mosquera
�
Olaya Herrera
�
Francisco�����
��
Pizarro
�
Roberto Pay�n�
�
Santa B�rbara
��
Iscuand�
�
Tumaco
|
�
Buenaventura
|
Podr�n ser beneficiarios directos
del Fondo las entidades territoriales que hagan parte de esta Zona de
Influencia, sin perjuicio de las intervenciones estrictamente necesarias en
otras entidades territoriales para el desarrollo del objeto del Fondo, seg�n la
viabilidad t�cnica que defina en cada caso la instancia sectorial respectiva.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.3. Recursos del Fondo. Los recursos del Fondo estar�n constituidos por:
1.
Las partidas que se le asignen e incorporen en el
Presupuesto Nacional y dem�s recursos que transfiera o aporte el Gobierno
Nacional.
2.
Los aportes a cualquier t�tulo de las entidades
territoriales beneficiarias directas de las actividades del Fondo.
3.
Los recursos provenientes de operaciones de
financiamiento interno o externo, que a nombre del Fondo celebre la Entidad
Fiduciaria.
4.
Las donaciones que reciba, tanto de origen nacional
como internacional, con el prop�sito de desarrollar su objeto.
5.
Los dem�s recursos que obtenga o se le asignen a
cualquier t�tulo.
Par�grafo 1. El Fondo podr� suscribir operaciones
de financiamiento interno o externo, a trav�s de la Entidad Fiduciaria y a su
nombre.
La celebraci�n de las operaciones de financiamiento y las asimiladas a �stas por parte
del Fondo, de car�cter
interno o externo y con plazo superior a un a�o, requerir�
de la autorizaci�n previa del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico. Cuando
se trate de financiamiento dirigido a gastos de inversi�n, la mencionada
autorizaci�n podr� otorgarse una vez se cuente con el concepto favorable del
Departamento Nacional de Planeaci�n.
No obstante, cuando se trate
de operaciones de financiamiento que vayan a ser garantizadas por la Naci�n, no
se requerir� concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci�n,
sino el del Consejo Nacional de
Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES.
La celebraci�n de operaciones para el manejo de la deuda requerir� de
autorizaci�n previa del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.
Par�grafo 2. La Naci�n o las entidades
territoriales podr�n otorgar avales o garant�as a las operaciones de
financiamiento. La Naci�n podr� otorgar su aval o garant�a al Fondo una vez
cuente con lo siguiente:
1. Concepto favorable del Consejo
Nacional de Pol�tica Econ�mica y Social, CONPES, respecto del otorgamiento del
aval o la garant�a;
2. Concepto de la Comisi�n
Interparlamentaria de Cr�dito P�blico, respecto del aval o la garant�a de la
Naci�n, si �stas se otorgan por plazo superior a un a�o; y
3. Autorizaci�n para celebrar el
contrato de aval o de garant�a, impartida por el Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, una vez se hayan constituido a favor de la Naci�n las
contragarant�as adecuadas, a juicio del mencionado Ministerio. El Fondo podr�
utilizar para la constituci�n de las contragarant�as a favor de la Naci�n,
entre otras, las vigencias futuras aprobadas para el Fondo por el Consejo Superior
de Pol�tica Fiscal.
Cuando el aval o la garant�a vayan a ser otorgadas por una
entidad territorial, deber� realizarse conforme a las normas y procedimientos
vigentes.
Cuando alguna obligaci�n de pago
del Fondo sea garantizada por la Naci�n, �ste deber� aportar al Fondo de
Contingencias de las Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido por el
T�tulo 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 o las normas que lo
modifiquen, sustituyan o adicionen.
Par�grafo 3. El Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico transferir� los recursos que sean requeridos por el Fondo con
el fin de que �ste atienda:
(i) El equivalente al servicio de la deuda,
incluidos capital e intereses, derivados de las operaciones de financiamiento
interno o externo que celebre para el desarrollo de proyectos, as� como las
comisiones que se cobren en relaci�n con dichas operaciones de financiamiento;
(ii) Los aportes al Fondo de Contingencias de las
Entidades Estatales de que trata el par�grafo 2 del presente art�culo;
(iii) La comisi�n de administraci�n del Fondo por
parte de la Entidad Fiduciaria
Para efectos de la transferencia de los respectivos
recursos, la Entidad Fiduciaria deber� presentar al Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico, una comunicaci�n con el soporte y la certificaci�n de la
existencia y necesidad de atender alguno de los gastos antes relacionados.
Previa disponibilidad presupuestal, se ordenar� la transferencia de los recursos
a trav�s de acto administrativo.
En todo caso, la vigilancia y responsabilidad de la
ejecuci�n de los recursos y proyectos, estar� a cargo de la Entidad Ejecutora, sin
perjuicio de las obligaciones que le corresponden a la Entidad Fiduciaria como
vocera del Fondo y responsable de la conservaci�n y transferencia de los recursos.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015, par�grafo 3
adicionado por el Art. 1 del Decreto 120 de 2017)
Art�culo 2.15.4. �rganos del Fondo. Para la ejecuci�n de los planes, programas y
proyectos, as� como su funcionamiento, el Fondo contar� con los siguientes
�rganos:
1. Junta Administradora.
2. Director Ejecutivo.
3. Entidad Ejecutora.
4. Entidad Fiduciaria.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.5. Junta Administradora del Fondo. La Junta Administradora del Fondo (en adelante la
Junta), estar� integrada de la siguiente manera:
a) El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico quien lo presidir� y
�nicamente podr� delegar su participaci�n en los Viceministros, en el
Secretario General y en los Directores Generales.
b) El Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeaci�n,
quien �nicamente podr� delegar su participaci�n en el Subdirector Territorial y
de Inversi�n P�blica, en el Subdirector Sectorial, en el Secretario General o
en los Directores T�cnicos.
c) Tres delegados del Presidente de la Rep�blica.
d) Dos gobernadores y dos alcaldes de la Zona de Influencia seg�n lo
dispuesto por el art�culo 2.15.6, quienes no
podr�n delegar su participaci�n.
Par�grafo
1. La Entidad Ejecutora
ejercer� la secretar�a t�cnica (en adelante Secretar�a T�cnica) de la Junta, de
conformidad con lo que se disponga en su reglamento y ser� la encargada de
convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta.
Par�grafo 2. El
Director Ejecutivo y el Representante Legal de la Entidad Ejecutora asistir�n a
las sesiones de la Junta con voz pero sin voto.
A
las sesiones de la Junta podr�n invitarse representantes de otras entidades
p�blicas o privadas, y todos aquellos que a juicio de los integrantes de la
Junta puedan aportar elementos sobre las materias o asuntos que deban ser
decididos por la misma.
Par�grafo
3. La Junta se reunir� por lo menos una vez
cada seis (6) meses y podr� ser convocada de forma extraordinaria, siempre que
se estime necesario por parte de su Presidente. �sta podr� sesionar con la
asistencia de cinco (5) de sus miembros, y podr� adoptar decisiones con el voto
favorable de la mayor�a de los miembros asistentes.
La Junta podr� sesionar de manera presencial o no
presencial.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.6. Elecci�n de alcaldes y gobernadores que har�n parte de
la Junta. La elecci�n de los alcaldes que har�n parte de la Junta, se
realizar� cada dos (2) a�os a trav�s de una votaci�n, en la cual podr�n
participar todos los alcaldes de la Zona de Influencia, conforme a las
siguientes reglas:
1. La Secretar�a T�cnica
convocar� cada dos (2) a�os a todos los alcaldes de la Zona de Influencia para
que, por un periodo de dos (2) semanas, se inscriban ante la misma como
candidatos a la Junta.
2. Una vez se tenga conformada
la lista de inscritos, la Secretar�a T�cnica convocar� a todos los alcaldes de
la Zona de Influencia con una antelaci�n de m�nimo cinco (5) d�as h�biles, para
que se adelante una votaci�n presencial o no presencial. La votaci�n se
desarrollar� por el t�rmino de un (1) d�a.
3. La Secretar�a T�cnica
levantar� un acta sobre el desarrollo y el resultado de la votaci�n, para ser
presentada a la Junta.
4. Para que la votaci�n sea
v�lida, deber�n votar al menos cinco (5) alcaldes.
5. El periodo de los alcaldes
ser� de dos (2) a�os y no podr�n ser reelegidos para el siguiente periodo.
6. Ning�n Departamento podr�
tener representaci�n de alcaldes por dos (2) periodos consecutivos.
7. El alcalde de Buenaventura
s�lo se podr� postular para la primera elecci�n y para los siguientes periodos
deber� intercalar su participaci�n en la Junta, con el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca.
8. Cuando no le corresponda el
turno de pertenecer a la Junta al alcalde de Buenaventura, resultar�n elegidos
los dos (2) alcaldes que reciban la mayor cantidad de votos y pertenezcan a
Departamentos diferentes. El procedimiento de desempate ser� definido por la
Secretar�a T�cnica. Cuando al alcalde de Buenaventura le corresponda el turno
de participar en la Junta, resultar� elegido el alcalde que reciba la mayor
cantidad de votos.
9. Los gobernadores que har�n
parte de la Junta ser�n los de los dos (2) Departamentos a los que no
pertenezcan los alcaldes elegidos y tendr�n el mismo periodo de los alcaldes.
10. En caso de cumplimiento del
per�odo institucional del alcalde y/o el gobernador en el ente territorial, o
cualquier otra causal de retiro, el miembro de Junta continuar� siendo, por el
periodo restante en la Junta, el alcalde y/o gobernador que lo reemplace.
11. En caso de renuncia de un
alcalde a la Junta, se llamar� a elecciones extraordinarias siempre y cuando el
per�odo restante sea mayor a un (1) a�o. Si el per�odo es menor a un (1) a�o,
la Junta ser� la encargada de elegir entre los cincuenta (50) municipios
teniendo en cuenta los criterios de representaci�n que debe tener la misma,
seg�n lo dispuesto en el art�culo 185 de la Ley 1753 de 2015. En caso de
renuncia del alcalde de Buenaventura, se tendr� que esperar a que se realicen
elecciones ordinarias para suplir la vacancia.
12. En caso de renuncia de un
gobernador a la Junta, se tendr� que esperar a que se realicen elecciones
ordinarias para suplir la vacancia.
Par�grafo. La Secretar�a T�cnica convocar� a la primera elecci�n de alcaldes
que har�n parte de la Junta, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
expedici�n del presente decreto.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.7. Funciones de la Junta Administradora del Fondo. La Junta tendr� las siguientes funciones:
1. Definir las pol�ticas generales de inversi�n de los recursos y velar
por su seguridad y adecuado manejo. La Junta determinar� el r�gimen de
inversi�n de los excedentes de liquidez y la destinaci�n de los rendimientos
financieros de los recursos pertenecientes al Fondo, procurando su uso para las
obras que est�n en ejecuci�n.
2. Aprobar los planes y l�neas estrat�gicas de inversi�n que deban
ejecutarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.
3. Aprobar el presupuesto del Fondo.
4. Aprobar la transferencia de dominio de los bienes a favor de una
entidad territorial beneficiaria directa del Fondo o a favor de una entidad del
Estado competente para recibir y administrar los bienes. En todo caso, s�lo
podr� hacerse dicha transferencia cuando se cumplan las condiciones
establecidas por la respectiva Instancia Sectorial, para garantizar la sostenibilidad
de las inversiones, y bajo la condici�n de enmarcarse dentro de los planes y
l�neas estrat�gicas de inversi�n aprobados por la Junta. El reglamento de la
Junta establecer� el r�gimen de legalizaci�n de los bienes que se transfieran,
conforme a la normativa vigente.
5. Aprobar el manual de contrataci�n y procedimientos del Fondo, de
conformidad con el r�gimen de contrataci�n y administraci�n de los recursos del
Fondo correspondiente al derecho privado, con plena observancia de los
principios de transparencia, econom�a, igualdad, publicidad y selecci�n
objetiva, y conforme al r�gimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente. En todo caso, para la ejecuci�n de los
recursos producto de operaciones reembolsables o no reembolsables con
organismos multilaterales, entidades de fomento y gobiernos extranjeros, se
deber� dar cumplimiento al r�gimen de contrataci�n y dem�s normas dispuestas
para estas materias por dichos organismos.
6. Aprobar previamente el Reglamento Operativo que se acordar� entre la
Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria, as� como sus modificaciones y
adiciones.
7. Designar el Director Ejecutivo del
Fondo.
8. Darse su propio reglamento y fijar las condiciones para el
funcionamiento del Fondo, en desarrollo de lo dispuesto por la ley y esta
Parte.
Impartir las instrucciones que correspondan
para el cumplimiento del objeto del Fondo
Aprobar las operaciones de financiamiento interno o externo, sin
perjuicio de los dem�s requisitos necesarios para su celebraci�n dispuestos en
esta Parte
11. Las
dem�s que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del Fondo, y las
que se definan en su propio reglamento.
Par�grafo
1. Los planes y l�neas
estrat�gicas de inversi�n que ser�n presentados a consideraci�n de la Junta
para su aprobaci�n, deber�n haber surtido el proceso de validaci�n previa,
priorizaci�n y concepto favorable establecido por las instancias sectoriales
(en adelante Instancias Sectoriales).
Par�grafo 2. Ser�n Instancias Sectoriales para efecto de lo establecido en esta
Parte, las que establezca el CONPES en el marco del concepto favorable a la
Naci�n para el otorgamiento de la garant�a al Fondo y la declaratoria de
importancia estrat�gica del programa de inversi�n para financiamiento parcial
con recursos de cr�dito externo del Plan Todos Somos Pazc�fico, o en otros
documentos CONPES donde se definan esas instancias.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.8. Direcci�n Ejecutiva del Fondo. El
Director Ejecutivo del Fondo, ser� designado por la Junta, quien podr�
removerlo cuando lo considere pertinente.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.9. Funciones del Director Ejecutivo del Fondo. El Director Ejecutivo del Fondo
tendr� las siguientes funciones:
1. Actuar como comisionado de la Junta
para la verificaci�n del cumplimiento de las pol�ticas generales definidas por
�sta, a trav�s del seguimiento al desarrollo de los planes
y proyectos del Fondo.
2. Verificar el cumplimiento de las instrucciones y decisiones adoptadas
por la Junta.
3. Presentar recomendaciones a la Junta sobre el seguimiento a la
ejecuci�n de los recursos del Fondo, en atenci�n a las conclusiones que obtenga
a partir del ejercicio de las actividades 1 y 2. Tales recomendaciones no ser�n
obligatorias para la Junta.
4. Coordinar y gestionar con entidades p�blicas y privadas, nacionales e
internacionales, actividades y acciones necesarias para el cumplimiento del
objeto del Fondo.
5. Coordinar y gestionar la comunicaci�n e interacci�n entre las entidades
territoriales beneficiarias del Fondo, as� como la comunicaci�n e interacci�n
entre �stas, los �rganos del Fondo y las Instancias Sectoriales.
6. Presentar proyectos y l�neas estrat�gicas ante las Instancias
Sectoriales, para su validaci�n previa, priorizaci�n y concepto favorable, si
cumplen los requisitos dispuestos por tales instancias.
7. Participar en las reuniones de la Junta para recomendar, seg�n las necesidades identificadas
con las autoridades locales, los planes y proyectos validados,
priorizados y con concepto favorable otorgado por las Instancias Sectoriales. Tales recomendaciones no ser�n obligatorias para la Junta.
8. Acompa�ar a la Entidad Ejecutora en el tr�mite de consulta previa
cuando las intervenciones a desarrollar as� lo requieran.
9. Acompa�ar a la Entidad Ejecutora en los procesos de elecci�n de
alcaldes y gobernadores que har�n parte de la Junta.
10. Las dem�s que le sean asignadas por la Junta,
enmarcadas dentro de su objeto.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.10. Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora ser� la entidad definida por
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para la ejecuci�n de los recursos del Fondo y la
ordenaci�n de su gasto.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.11. Funciones
de la Entidad Ejecutora. La Entidad Ejecutora tendr� las siguientes funciones:
1. Ejercer la ordenaci�n del gasto del Fondo en cumplimiento de lo
se�alado en esta Parte y lo aprobado por la Junta, impartiendo para ello las
instrucciones necesarias a la Entidad Fiduciaria, seg�n los t�rminos acordados
en el Reglamento Operativo.
2. Dise�ar y estructurar la implementaci�n de los procedimientos
requeridos para cada una de las l�neas estrat�gicas de inversi�n del Fondo, de
acuerdo a lo estipulado por las Instancias Sectoriales.
3. Presentar y postular a la Junta los planes y l�neas estrat�gicas de
inversi�n priorizadas y validadas por las Instancias Sectoriales.
4. Presentar a la Junta informes de ejecuci�n.
5. Ejecutar los planes
y l�neas estrat�gicas de inversi�n aprobados por la Junta, que deban
adelantarse con cargo a los recursos del Fondo, en desarrollo de su objeto.
6. Estructurar y adjudicar los contratos que se requieran para el
desarrollo del Fondo, y dar las instrucciones necesarias a la Entidad
Fiduciaria para la celebraci�n de los mismos, de conformidad con el manual de
contrataci�n y procedimientos del Fondo.
7. Ejercer la supervisi�n de los contratos que suscriba la Entidad
Fiduciaria.
8. Gestionar y adelantar los tr�mites necesarios para la celebraci�n de
las operaciones de financiamiento interno o externo que celebre el Fondo y para
la obtenci�n de avales y garant�as.
9. Aportar todos sus conocimientos y experiencia para la ejecuci�n del
objeto del Fondo.
10. Velar
por el adecuado desarrollo y ejecuci�n del Reglamento Operativo acordado con la
Entidad Fiduciaria.
11. Presentar el presupuesto del Fondo a la Junta.
12. Mantener
permanente comunicaci�n con el Director Ejecutivo y la Junta.
13. Responder
por las actuaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y funciones
en relaci�n con el Fondo.
14. Responder
las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y funciones del
Fondo que le sean formuladas.
15. Las
dem�s que establezca el Gobierno Nacional en el marco de esta estrategia.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.12. Entidad Fiduciaria. La Entidad Fiduciaria ser� la entidad definida por
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico para la conservaci�n y transferencia de los
recursos y la vocer�a del Fondo, seg�n lo dispuesto en las normas que regulan
lo correspondiente a las obligaciones y deberes fiduciarios de las sociedades
administradoras de patrimonios aut�nomos y seg�n lo se�alado en esta Parte.
La Entidad Fiduciaria ser� la
competente para comprometer jur�dicamente al Fondo, incluyendo la suscripci�n
de las operaciones de financiamiento interno y externo que deban ser celebradas
a su nombre, as� como la atenci�n del servicio de la deuda. De igual manera, le
corresponder� ejercer los derechos y obligaciones del Fondo y representarlo
judicial y extrajudicialmente.
Para lo anterior, la Entidad
Fiduciaria deber� atender a las pol�ticas definidas por la Junta y a las
precisas instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora, cumpliendo con lo
acordado con �sta en el Reglamento Operativo.
Se mantendr� una absoluta
separaci�n entre los recursos de la Entidad Ejecutora, los de la Entidad
Fiduciaria, los de otras cuentas administradas por �sta y los del Fondo, de
modo tal, que todos los costos y gastos del Fondo se financien con sus recursos
y no con los de otras entidades. Para el cumplimiento de las obligaciones del
Fondo, no se podr� perseguir el patrimonio de ninguna de las entidades
se�aladas.
La responsabilidad por los actos, contratos y convenios del Fondo ser�
asumida de manera exclusiva con su patrimonio. No obstante, la Entidad
Fiduciaria responder� con su patrimonio por el incumplimiento de sus deberes
fiduciarios y hasta por la culpa leve en el cumplimiento de su gesti�n.
La Entidad Fiduciaria celebrar� de
manera diligente y eficiente todos los actos jur�dicos necesarios para cumplir
con el objeto del Fondo, en atenci�n a las pol�ticas definidas por la Junta y
seg�n las instrucciones que reciba de la Entidad Ejecutora.
La Entidad Fiduciaria expedir� las
certificaciones de las donaciones recibidas.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.13. Aspectos que se
regular�n en el Reglamento Operativo. El Reglamento Operativo que acuerden
la Entidad Ejecutora y la Entidad Fiduciaria, deber� recoger lo dispuesto en
esta Parte para la administraci�n y ejecuci�n de los recursos, y el desarrollo
del objeto del Fondo, as� como todo aquello que sea necesario para la adecuada
regulaci�n de la relaci�n entre tales entidades, incluyendo lo relativo a las
instrucciones que se otorguen en desarrollo de dicha relaci�n, la forma y
tiempos en que se le dar� cumplimiento a tales instrucciones, las obligaciones
y derechos de cada entidad de conformidad con las actividades y competencias
propias de cada una de ellas, incluyendo la comisi�n fiduciaria, el comit�
fiduciario, la forma en que se efectuar�n los pagos, los desembolsos y
transferencias de bienes, instancias de comunicaci�n entre ambas entidades y
dem�s aspectos que se requieran.
Par�grafo. La Entidad Fiduciaria transferir� el
dominio de los bienes para su administraci�n en cabeza de
los entes territoriales
beneficiarios directos del Fondo o de la entidad del Estado competente para tales fines, atendiendo las instrucciones que imparta la
Junta en ese sentido. En el documento que ordene la
transferencia se indicar� la destinaci�n de los bienes transferidos y las
responsabilidades que de dicha transferencia se deriven.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.14. Prohibici�n de pago de obligaciones de la
Naci�n o de las entidades territoriales. Con los recursos del Fondo no
podr�n hacerse pagos de obligaciones de la Naci�n o de las entidades
territoriales.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.15.15. Liquidaci�n del Fondo. Cumplido el prop�sito del Fondo, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico podr� liquidarlo. En ese momento si el
Fondo tuviere recursos, bienes y activos, se deber�n
transferir de acuerdo con lo definido por la Junta.
(Art. 1, Decreto 2121 de 2015)
Art�culo 2.16.1.1.1.
Garant�a de la Naci�n sobre riesgos
pol�ticos y extraordinarios. La Naci�n, en virtud de la obligaci�n contemplada en el Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero, garantizar� las operaciones de seguro de
cr�dito a las exportaciones que amparen riesgos pol�ticos y extraordinarios
�nicamente cuando el Banco de Comercio Exterior de Colombia participe en las
entidades aseguradoras autorizadas para explotar ese ramo de seguro
constituy�ndolas, haci�ndose socio o contratando con ellas la prestaci�n del
servicio en los t�rminos previstos en la ley.
Para
estos efectos la Naci�n celebrar� con las entidades aseguradoras autorizadas
para explotar el seguro de cr�dito a la exportaci�n, un contrato de
administraci�n de la garant�a otorgada por aqu�lla sobre los riesgos pol�ticos
y extraordinarios propios de las operaciones de seguro de cr�dito a la
exportaci�n de conformidad con lo previsto en este t�tulo.
(Art. 1 Decreto
2569 de 1993, inciso 1� modificado por el 1�
del Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.1.2.
Monto de la Garant�a sobre los Riesgos
Pol�ticos y Extraordinarios. El monto anual de la garant�a de la Naci�n equivaldr� al total del
valor de las exportaciones aseguradas contra riesgos pol�ticos y
extraordinarios durante el respectivo a�o.
(Art. 2 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.1.3.
Cubrimiento de la Garant�a. La garant�a de la Naci�n sobre las operaciones de seguro de cr�dito a
las exportaciones que amparen riesgos pol�ticos y extraordinarios, solamente se
har� efectiva cuando resulte insuficiente o se agote la reserva t�cnica a la
cual se refiere el art�culo 2.16.1.4.1. del presente t�tulo.�
(Art. 3 Decreto
2569 de 1993, modificado por el art�culo 2� del
Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.1.4.
Partida presupuestal para atender la
garant�a sobre riesgos pol�ticos y extraordinarios. El Gobierno Nacional incluir� anualmente en el Proyecto de Presupuesto
General de la Naci�n la proyecci�n de las partidas necesarias para atender las
obligaciones legales y contractuales que surjan del cubrimiento de los riesgos
pol�ticos y extraordinarios, as� como los costos de las acciones judiciales o
extrajudiciales requeridas para procurar el recobro de las sumas pagadas a los
beneficiarios de las respectivas p�lizas, a t�tulo de indemnizaci�n.
Como procedimiento para hacer efectiva la garant�a, la Naci�n situar�
en Bancoldex, a t�tulo de anticipo del contrato de garant�a que suscriba la
Naci�n-Ministerio de Hacienda Cr�dito P�blico y el Banco de Comercio Exterior
de Colombia, los recursos apropiados anualmente en el presupuesto, para que con
ellos atienda la obligaci�n de la Naci�n y/o se reembolse las sumas que hubiere
desembolsado el Banco de Comercio Exterior de Colombia como entidad financiera
garante de aqu�lla, junto con los intereses causados por tales desembolsos.
Si los recursos anualmente situados por la Naci�n-Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico - a t�tulo de anticipo del contrato de garant�a
antes mencionado resultaren insuficientes para atender las obligaciones a su
cargo, Bancoldex, se reembolsar� las sumas que haya tenido que desembolsar, con
los fondos que le sean situados con cargo a la apropiaci�n presupuestal
correspondiente, a m�s tardar dentro de la vigencia fiscal inmediatamente
siguiente a aquella en la cual el Banco de Comercio Exterior de Colombia haya
hecho tales desembolsos.
La Naci�n ejecutar� las apropiaciones mencionadas, de tal forma que los
recursos se sit�en directamente a Bancoldex y permanezcan en poder de �ste
hasta su utilizaci�n si fuere el caso o hasta la terminaci�n de la vigencia
fiscal correspondiente.
Terminado el contrato de garant�a mencionado, se proceder� a su
liquidaci�n para cuyo efecto se tendr� en cuenta las siguientes reglas:
a. Si existiere remanentes de los fondos situados a Bancoldex, �ste los
reintegrar� a la Naci�n junto con sus rendimientos financieros.
b. Si existieren sumas a favor de Bancoldex, �stas le ser�n reembolsadas
por la Naci�n junto con sus intereses, con cargo a la apropiaci�n presupuestal
correspondiente, a m�s tardar dentro de la vigencia fiscal inmediatamente
siguiente a aquella dentro de la cual haya terminado el contrato.
(Art. 4 Decreto
2569 de 1993, modificado por el art�culo 3� del
Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.1.5.
Pago de la garant�a. En los t�rminos del contrato interadministrativo que para el efecto
suscriban la Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico - y en virtud de
la obligaci�n consagrada en el literal g) del art�culo 282 del Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero y el Banco de Comercio Exterior de Colombia,
como garante de la Naci�n, atender� las obligaciones que surjan a cargo de esta
�ltima con las entidades aseguradoras para el pago de los siniestros derivados
de los riesgos pol�ticos y extraordinarios en los t�rminos contractuales, as�
como los costos de las acciones judiciales o extrajudiciales para procurar el
recobro de los montos pagados a los beneficiarios de las respectivas p�lizas, a
t�tulo de indemnizaci�n, sumas que ser�n reembolsadas junto con sus intereses
con cargo al Presupuesto General de la Naci�n.
(Art. 5 Decreto
2569 de 1993, modificado por el art�culo 4� del
Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.2.1.
Comit� para riesgos pol�ticos y
extraordinarios. Cr�ase el Comit� para Riesgos
Pol�ticos y Extraordinarios, como organismo para administrar la garant�a de la
Naci�n sobre las operaciones de seguro de cr�dito a las exportaciones que
amparen tales riesgos.
El
Comit� directivo para Riesgos Pol�ticos y Extraordinarios estar� integrado as�:
el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico o su delegado, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Viceministro T�cnico de
Hacienda y Cr�dito P�blico, un experto en seguros designado por el Presidente
de la Rep�blica, el Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia o su
delegado que ser� un Vicepresidente designado por �ste y dos delegados
designados por la entidad o entidades aseguradoras que exploten el ramo de
seguro de cr�dito a la exportaci�n, en las cuales participe el Banco de
Comercio Exterior de Colombia en los t�rminos previstos en la ley.
(Art. 6 Decreto
2569 de 1993, inciso 1 modificado por el
art�culo 5� del Decreto
1649 de 1994 e inciso 2 modificado por el
art�culo 1� del Decreto 1176 de 1995)
Art�culo 2.16.1.2.2.
Funciones del Comit� para riesgos
Pol�ticos y Extraordinarios. El Comit� a que alude
el art�culo anterior sesionar� por lo menos una vez al mes de conformidad con
el reglamento que para el efecto adopte y tendr� las siguientes funciones:
a) Identificar, para efectos de las p�lizas que se ofrezcan en el mercado,
los riesgos pol�ticos y extraordinarios que cuenten con la garant�a de la
Naci�n o aquellos que no gocen de la misma.
b) Establecer las tarifas que deber�n ser aplicadas a la cobertura de los
riesgos pol�ticos y extraordinarios, para que estos riesgos cuenten con la
garant�a de la Naci�n. Para este efecto tomar� en cuenta la informaci�n
peri�dica sobre la operaci�n del seguro presentada por las entidades
aseguradoras; en la determinaci�n de tarifas se deber�n acoger las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
c) Establecer, para efecto de la garant�a, la clasificaci�n de los pa�ses
por nivel de riesgo y las tarifas diferenciales correspondientes, sujet�ndose a
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
d) Recomendar al Gobierno Nacional el monto m�ximo de las
responsabilidades que est� en capacidad de aceptar anualmente el sistema del
seguro de Cr�dito a la Exportaci�n, en relaci�n con los riesgos pol�ticos y
extraordinarios, para lo cual tendr� en cuenta la informaci�n suministrada por
las entidades aseguradoras que operen este ramo de seguro. Con sujeci�n a dicho
monto m�ximo, el Comit� establecer� los pa�ses a los cuales se fijar�n l�mites
de cobertura y definir� el valor de los mismos.
e) Determinar el valor de los deducibles, los cuales no podr�n ser
inferiores al 10% del valor del siniestro amparado.
f) Recomendar al Gobierno Nacional el monto de la partida que anualmente deber�
incluir en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Naci�n o en sus
adiciones, para atender las obligaciones que surjan de la garant�a que otorga
la Naci�n sobre los riesgos pol�ticos y extraordinarios.
g) Se�alar las pol�ticas de selecci�n de riesgos de naturaleza pol�tica o
extraordinaria garantizados por la Naci�n, a las cuales deban ce�irse las
entidades aseguradoras.
h) Remitir a las entidades competentes las medidas que adopte en ejercicio
de sus funciones y la informaci�n necesaria para la supervisi�n y control de
las operaciones del seguro de cr�dito a la exportaci�n en lo referente a los
riesgos pol�ticos y extraordinarios.
i) Darse su propio reglamento.
j) Aprobar la modalidad de la identificaci�n de riesgos de que trata el
literal a) del presente art�culo. Tal aprobaci�n deber� contar con el visto
bueno del Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico.
(Art. 7 Decreto
2569 de 1993, literal d) modificado por el Art
2� del Decreto 1176 de 1995, literal e) modificado por el Art 1� del Decreto
1082 de 1996)
Art�culo 2.16.1.2.3.
Identificaci�n de los Riesgos Pol�ticos y
Extraordinarios.� En la identificaci�n de los
riesgos pol�ticos y extraordinarios el Comit� deber� seguir los siguientes
par�metros:
a) El amparo de riesgos pol�ticos y extraordinarios no podr� cubrir
eventos que correspondan a riesgos comerciales.
b) El riesgo de tasa de cambio no contar� con la garant�a de la Naci�n.
c) Los riesgos pol�ticos son, en general, los asociados a medidas
adoptadas por gobiernos extranjeros, la imposibilidad derivada de situaciones
econ�micas o pol�ticas de car�cter general o de medidas adoptadas por gobiernos
extranjeros para convertir moneda local en las divisas acordadas para realizar
el pago de una transacci�n y/o para transferir dichas divisas; y los
extraordinarios son los asociados a sucesos catastr�ficos.
Paragrafo. Constituir� riesgo de tasa de
cambio aquel que da lugar a p�rdidas econ�micas en una transacci�n denominada
en moneda extranjera, por raz�n de variaciones en la cotizaci�n de las monedas.
(Art. 8 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.2.4.
Solicitud de Informacion. El Comit� para riesgos pol�ticos y extraordinarios podr� solicitar a
las entidades aseguradoras, que cuenten con la garant�a de la Naci�n prevista
en este t�tulo, toda clase de informaciones respecto al tr�mite de expedici�n
de p�lizas y manejo de siniestros y hacer observaciones al respecto.
(Art. 11 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.3.1.
Operaci�n del Sistema de Seguro de
Cr�dito a la Exportaci�n. Las entidades
aseguradoras que operen el seguro de cr�dito a la exportaci�n en los t�rminos
establecidos en el presente t�tulo se encargar�n de la expedici�n de las
respectivas p�lizas, de la selecci�n de riesgos de acuerdo con las pol�ticas
trazadas por el Comit� para Riesgos Pol�ticos y Extraordinarios, del
reconocimiento y aceptaci�n de siniestros y de las dem�s funciones
administrativas inherentes a la actividad aseguradora.
(Art. 10 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.3.2.
Elaboraci�n de las P�lizas. La elaboraci�n de las p�lizas, en el caso de seguros que cuenten con
garant�a de la Naci�n, estar� a cargo de la entidad o entidades aseguradoras en
las cuales el Banco de Comercio Exterior de Colombia participe en los t�rminos
previstos en el art�culo 2.16.1.1.1. del presente t�tulo, las cuales se
sujetar�n en todo a lo previsto en las disposiciones legales vigentes. En lo
relacionado con los riesgos pol�ticos y extraordinarios, las p�lizas deber�n
ajustarse a la identificaci�n de estos riesgos realizada por el Comit� para
Riesgos Pol�ticos y Extraordinarios.
(Art. 9 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.3.3.
Contratos.
La Naci�n, el Banco de Comercio Exterior de Colombia y las entidades
aseguradoras celebrar�n los contratos necesarios para hacer efectiva la
garant�a a cargo de la Naci�n respecto de las operaciones de seguro de cr�dito
a la exportaci�n que amparen riesgos pol�ticos y extraordinarios, entre los
cuales deber� suscribirse:
a) Contrato de garant�a entre la Naci�n y el Banco de Comercio Exterior de
Colombia. En el cual deber� consignarse, entre otros, las condiciones en que el
Banco de Comercio Exterior de Colombia proveer� a las entidades aseguradoras, a
t�tulo de garante de la Naci�n, los recursos que aquellas requieran para
atender el pago de las indemnizaciones derivadas de los siniestros en relaci�n
con las operaciones de seguro de cr�dito a la exportaci�n por riesgos pol�ticos
y extraordinarios, dentro de los cuales se incluir�n los costos de adelantar
las acciones judiciales o extrajudiciales para procurar el recobro de las sumas
pagadas a t�tulos de indemnizaci�n a los beneficiarios de las respectivas p�lizas,
al igual que la forma y las condiciones en que la Naci�n suministrar� a
Bancoldex recursos para la efectividad de la garant�a y efectuar� el pago de
las sumas desembolsadas por el mismo junto con sus intereses con fondos
provenientes del Presupuesto General de la Naci�n.
b) Contrato entre el Banco de Comercio Exterior de Colombia y las
entidades aseguradoras. En el cual deber�n establecerse las condiciones y el
procedimiento para que el Banco de Comercio Exterior de Colombia, a t�tulo de
garante de la Naci�n provea a las entidades aseguradoras de recursos para el
pago de siniestros derivados de los riesgos pol�ticos y extraordinarios, as�
como para que cubra los costos de las acciones judiciales o extrajudiciales
requeridas para procurar el recobro de las sumas pagadas a los beneficiarios de
las respectivas p�lizas que cuenten con la garant�a de la Naci�n.
c) Contrato entre la Naci�n y las entidades aseguradoras. En el cual se
consignar�n las condiciones de la presentaci�n del servicio del seguro de
cr�dito a la exportaci�n en cuanto a los riesgos pol�ticos y extraordinarios,
as� como las condiciones relacionadas con la garant�a de la Naci�n sobre las
operaciones propias de esta especie de seguro y las causales de suspensi�n de
la misma.
En
este contrato debe estipularse que basta con que la p�liza haya sido expedida,
que el siniestro ocurra dentro de su vigencia y que el asegurador decida pagar
con base en la misma un determinado siniestro para que la garant�a opere.
�
As�
mismo debe incluirse que el asegurador responder� ante la Naci�n y reembolsar�
a la misma las sumas que se hubieren cubierto indebidamente con cargo a dicha
garant�a, cuando haya expedido p�lizas de seguro de cr�dito a la exportaci�n
para riesgos pol�ticos y extraordinarios, en contradicci�n con pol�ticas de
expedici�n y limites de responsabilidad por riesgo o por pa�s que le hayan sido
se�aladas comunicadas oportunamente por el Comit� para Riesgos Pol�ticos y
Extraordinarios, o cuando haya utilizado en la identificaci�n de los riesgos
contenidos en las p�lizas, textos que no concuerden con lo establecido por el
mismo Comit�.
�
Igualmente deber� establecerse que no habr� garant�a de la Naci�n y el
asegurador responder� con sus propios recursos en los casos en que por culpa
leve haya asumido obligaciones, dentro de la operaci�n del seguro de cr�dito a
la exportaci�n por riesgos pol�ticos y extraordinarios, que no correspondan
legalmente, por no haberse afectado el riesgo realmente asumido o por mediar
una causal de ineficacia del contrato de seguro o, en general, por haberse
hecho un pago de lo no debido.
(Art. 13 Decreto
2569 de 1993 modificado por el Art 7� del Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.3.4.
Gastos de Administraci�n. Las entidades aseguradoras emisoras de las p�lizas mediante las
cuales se cubran riesgos pol�ticos y extraordinarios devengar�n el veintisiete
por ciento (27%) del total de las primas emitidas por este concepto con el fin
de sufragar los costos de administraci�n e intermediaci�n.
(Art. 15 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.4.1.
Reservas de Desviaci�n de Siniestralidad
sobre Riesgos Pol�ticos y Extraordinarios. Sobre
las primas emitidas por concepto de riesgos pol�ticos y extraordinarios
garantizados por la Naci�n, las entidades aseguradoras emisoras de las p�lizas
constituir�n una reserva de desviaci�n de siniestralidad tomando como base el
setenta por ciento (70%) de las primas emitidas. Dicha reserva cumplir� con los
siguientes requisitos:
1. La reserva se constituir� por el cien por ciento (100%).
2. Esta reserva ser� acumulable y no podr� liberarse, salvo en los casos
en que se destine al pago de siniestros, o a la devoluci�n de las primas no
devengadas, o al recobro de las sumas pagadas a t�tulo de indemnizaciones, en
relaci�n con las operaciones de seguro de cr�dito a la exportaci�n que ampare
en riesgos pol�ticos y extraordinarios.
(Art. 16 Decreto
2569 de 1993, numeral 2 modificado por el Art.
9 del Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.4.2.
Rendimiento de la Inversi�n de la Reserva
para Desviaci�n de Siniestralidad de los Riesgos Pol�ticos y Extraordinarios. Los rendimientos que genere la inversi�n de la reserva de que trata el
art�culo anterior del presente cap�tulo ser�n sumados a la misma, y por tanto
no constituir�n ingresos de la aseguradora.
(Art. 17 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.4.3.
Reserva de Riesgos en Curso sobre Riesgos
Pol�ticos y Extraordinarios Garantizados por la Naci�n. Las entidades aseguradoras emisoras de las p�lizas deber�n constituir
una reserva sobre el tres por ciento (3%) de las primas emitidas por concepto
de riesgos pol�ticos y extraordinarios, aplicando el m�todo de octavos
previstos en la ley.
(Art. 18 Decreto
2569 de 1993)
Art�culo 2.16.1.4.4.
Traslado de la Reserva a la Naci�n. En los contratos a que se refiere el art�culo 2.16.1.3.3. del Cap�tulo
3 del presente t�tulo se pactar� que cuando por cualquier causa se produzca la
liquidaci�n de entidades que exploten el seguro de cr�dito a la exportaci�n y�
que amparen riesgos pol�ticos y extraordinarios garantizados por la Naci�n o
cuando �stas no contin�en prestando los servicios en las condiciones
establecidas en este t�tulo, se trasladar�n las reservas t�cnicas constituidas
por este concepto a entidades aseguradoras que contin�en explotando el ramo en
las condiciones previstas en este t�tulo, previa transferencia de los respectivos
contratos de seguros y seg�n se acuerde entre la Naci�n y las entidades
aseguradoras involucradas.
Si no fuere posible esta transferencia, las reservas t�cnicas
constituidas por este concepto pasar�n a la Naci�n como contraprestaci�n por la
garant�a otorgada por esta, de acuerdo con lo previsto en este t�tulo.
(Art. 14 Decreto
2569 de 1993, inciso 2 modificado por el Art. 8
del Decreto
1649 de 1994)
Art�culo 2.16.1.5.1.
R�gimen de inversiones. Las reservas t�cnicas constituidas para los amparos de riesgos
pol�ticos y extraordinarios garantizados por la Naci�n, se sujetar�n a lo
previsto en el art�culo 2.31.3.1.8 del Decreto 2555 de 2010. No
obstante, las reservas no podr�n ser invertidas en los activos descritos en los
subnumerales 1.10, 1.11, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 3.5 del art�culo 2.31.2.1.2
del Decreto 2555 de 2010.
(Art. 19 Decreto
2569 de 1993 modificado por el Art. 10 del Decreto
1649 de 1994, modificado por el Art. 18 del Decreto
2103 de 2016)
Art�culo 2.17.1.1.�
Operaciones de Cambio. Def�nanse como operaciones de cambio todas las comprendidas dentro de
las categor�as se�aladas en el art�culo 4 de la Ley 9� de 1991, y
espec�ficamente las siguientes:
1. Importaciones y exportaciones de bienes y servicios;
2. Inversiones de capitales del exterior en el pa�s;
3. Inversiones colombianas en el exterior;
4. Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el
pa�s;
5. Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias
de moneda extranjera entre residentes y no residentes en el pa�s;
6. Todas las operaciones que efect�en residentes en el pa�s con residentes
en el exterior que impliquen la utilizaci�n de divisas, tales como dep�sitos y
dem�s operaciones de car�cter financiero en moneda extranjera;
7. Las entradas o salidas del pa�s de moneda legal colombiana y de t�tulos
representativos de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera
con moneda legal colombiana o t�tulos representativos de la misma;
8. Las operaciones en divisas o t�tulo representativos de las mismas que
realicen el Banco de la Rep�blica, los intermediarios del mercado cambiario y
los dem�s agentes autorizados, con otros residentes en el pa�s.
(Art. 1 Decreto
1735 de 1993)
Art�culo 2.17.1.2.�
Definici�n de residencia para fines
cambiarios. Sin perjuicio de lo establecido en
tratados internacionales y leyes especiales, para efectos del r�gimen
cambiario:
1.
Se consideran como residentes:
�a)
Las personas naturales nacionales colombianas que habiten en el territorio
nacional o las extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en el
pa�s por m�s de ciento ochenta y tres (183) d�as calendario, incluyendo los
d�as de entrada y de salida del pa�s, durante un periodo de trescientos sesenta
y cinco (365) d�as calendario consecutivos.
b)
Las entidades de derecho p�blico, las personas jur�dicas, incluidas las
entidades sin �nimo de lucro, que tengan su domicilio principal en el pa�s.
Igualmente, tienen la condici�n de residentes para efectos cambiarios las
sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el pa�s.
2.
Se consideran como no residentes:
a)
Las personas naturales nacionales colombianos o extranjeros que no cumplan la
condici�n de permanencia prevista en el literal a) del numeral 1 de este
art�culo;
b)
Las personas jur�dicas que no tengan su domicilio principal dentro del
territorio nacional, incluidas aquellas sin �nimo de lucro, y
c)
Otras entidades que no tengan personer�a jur�dica ni domicilio dentro del
territorio nacional.
(Art. 2 Decreto
1735 de 1993. Modificado por el Art.1 del Decreto
119 de 2017)
Art�culo 2.17.1.3.�
Operaciones Internas. Salvo autorizaci�n expresa en contrario, ning�n contrato, convenio u
operaci�n que se celebre entre residentes se considerar� operaci�n de cambio.
En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios
u operaciones, deber�n cumplirse en moneda legal colombiana.
(Art. 3 Decreto
1735 de 1993)
Art�culo 2.17.1.4.�
Negociaci�n de Divisas. �nicamente las operaciones de cambio que a continuaci�n se indican,
deber�n canalizarse a trav�s del mercado cambiario:
1. Importaciones y exportaciones de bienes;
2. Operaciones de endeudamiento celebradas por residentes en el pa�s, as�
como los costos financieros inherentes a las mismas;
3. Inversiones de capital del exterior en el pa�s, as� como los
rendimientos asociados a las mismas;�
4. Inversiones de capital colombiano en el exterior, as� como los
rendimientos asociados a las mismas;
5. Inversiones financieras en t�tulos emitidos o en activos radicados en
el exterior as� como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando las
inversiones se efect�en con divisas provenientes de operaciones que no deban
canalizarse a trav�s del mercado cambiario;
6. Avales y garant�as en moneda extranjera;
7. Operaciones de derivados y operaciones peso-divisas.
(Art 4 Decreto
1735 de 1993)
Art�culo 2.17.2.1.1.
R�gimen de Inversiones Internacionales. El R�gimen de Inversiones Internacionales del
pa�s contenido en el presente Titulo regula el r�gimen de la inversi�n de capitales
del exterior en Colombia y de las inversiones colombianas en el exterior.
Todas
las disposiciones en materia de inversiones internacionales deber�n ce�irse a
las prescripciones contenidas en este T�tulo, sin perjuicio de lo pactado en
los tratados o convenios internacionales vigentes.
En
consecuencia, se consideran como inversiones internacionales sujetas al
presente T�tulo:
a)
La inversi�n de capitales del exterior en el pa�s, por parte de no residentes
en Colombia, y
b) Las inversiones realizadas por un residente del pa�s en el extranjero.
Se
entiende por residente y no residente lo establecido en el art�culo 2.17.1.2.
del presente Decreto y las dem�s normas que lo modifiquen, sustituyan o
adicionen.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAP�TULO 2
R�GIMEN GENERAL DE LA INVERSI�N DE CAPITALES DEL EXTERIOR EN
COLOMBIA
SECCI�N 1. Principio general y definiciones
Art�culo 2.17.2.2.1.1.
�Principio de igualdad en el trato.
La inversi�n de capitales del exterior en Colombia ser� tratada para todos los
efectos, de igual forma que la inversi�n de residentes.
En
consecuencia, y sin perjuicio de lo establecido en reg�menes especiales, no se
podr�n fijar condiciones o tratamientos discriminatorios a los inversionistas de
capitales del exterior frente a los inversionistas residentes, ni tampoco
conceder a los inversionistas de capitales del exterior ning�n tratamiento m�s
favorable que el que se otorga a los inversionistas residentes.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.1.2.
Definiciones sobre la inversi�n de
capitales del exterior. Se define como inversi�n
de capitales del exterior en Colombia, aquella que se realice sobre los activos
que se indican a continuaci�n, siempre que hayan sido adquiridos por un no residente
a cualquier t�tulo, en virtud de un acto, contrato u operaci�n l�cita, sujeto a
los t�rminos y condiciones previstos en el presente T�tulo y las dem�s normas
que rigen la materia.
Son
inversiones de capitales del exterior, la inversi�n directa y la inversi�n de
portafolio.
a)
Se considera inversi�n directa la que se realice sobre cualquiera de los
siguientes activos:
i) Las participaciones, en
cualquier proporci�n, en el capital de una empresa residente en Colombia, en
acciones, cuotas sociales, aportes representativos de capital, o bonos
obligatoriamente convertibles en acciones, siempre y cuando estos no se
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE o en
un Sistema de Cotizaci�n de Valores del Extranjero, de acuerdo con el Cap�tulo
1 del T�tulo 6 del Libro 15 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010;
ii) Las participaciones
mencionadas en el ordinal anterior, realizadas en una sociedad residente en
Colombia y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores
� RNVE, cuando el inversionista declare que han sido adquiridas con �nimo de
permanencia;
iii) Los derechos o
participaciones en negocios fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias
sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, cuyo objeto no se constituya en lo se�alado en el literal b) del
presente art�culo;
iv) Los inmuebles ubicados
en el pa�s, adquiridos a cualquier t�tulo, bien sea directamente o mediante la
celebraci�n de negocios fiduciarios, o como resultado un proceso de titularizaci�n
inmobiliaria de un inmueble o de proyectos de construcci�n, y siempre que el
t�tulo respectivo no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Valores y
Emisores -RNVE;
v) Las participaciones o
derechos econ�micos derivados de actos o contratos, tales como los de
colaboraci�n, concesi�n, servicios de administraci�n, licencia, consorcios o
uniones temporales o aquellos que impliquen transferencia de tecnolog�a, cuando
estos no representen una participaci�n en una sociedad y las rentas o ingresos
que genere la inversi�n dependan de las utilidades de la empresa;
vi) Las participaciones en
el capital asignado e inversiones capital asignado de una sucursal de una
sociedad extranjera establecida en el pa�s.
vii) Las participaciones
en fondos de capital privado de que trata el Libro Tercero de la parte Tercera del
Decreto 2555 de 2010 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan, se encuentren inscritas o no en el
Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE; y
viii) Los activos
intangibles adquiridos con el prop�sito de ser utilizados para la obtenci�n de
un beneficio econ�mico en el pa�s.
b)
Se considera inversi�n de portafolio la que se realice sobre cualquiera de los
siguientes activos:
i) Los valores inscritos
en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE o listados en Sistemas de Cotizaci�n
de Valores del Extranjero, de acuerdo con el Cap�tulo 1 del T�tulo 6 del Libro
15 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, excepto
los mencionados en los ordinales ii) y vii) del literal a) del presente art�culo.
ii) Las participaciones en
fondos de inversi�n colectiva de que trata la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010 o la norma
que lo modifique o sustituya.
iii) Las participaciones
en programas de certificados de dep�sitos negociables representativos de
valores.
Par�grafo 1. No constituyen inversi�n
extranjera los cr�ditos y operaciones que impliquen endeudamiento. Constituye
infracci�n cambiaria la realizaci�n por residentes en el pa�s de operaciones de
endeudamiento externo con divisas que hayan sido declaradas como inversi�n
extranjera.
En
ning�n caso, los negocios fiduciarios que realice un no residente en el pa�s y
que constituyan inversi�n extranjera, podr�n tener por objeto el otorgamiento
de cr�dito a residentes o no residentes, o servir como medio para eludir el
cumplimiento de las regulaciones cambiarias adoptadas por la Junta Directiva
del Banco de la Rep�blica, incluyendo las relativas al endeudamiento externo.
Lo anterior, sin perjuicio de lo autorizado en el par�grafo 2� del art�culo
3.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Par�grafo 2. Trat�ndose de las inversiones a
las que se refiere el ordinal ii) del literal a) de este art�culo, corresponder�
al inversionista o su apoderado declarar al momento del registro respectivo si
la misma se realiza con �nimo de permanencia y si, en consecuencia, esta
califica como inversi�n directa. De lo contrario, la inversi�n deber� ser
declarada y registrada como inversi�n de portafolio. En ning�n caso, dicha
declaraci�n podr� ser utilizada o servir como medio para eludir el cumplimiento
de las regulaciones cambiarias adoptadas por la Junta Directiva del Banco de la
Rep�blica o de los controles que establezca el Gobierno Nacional en ejercicio
de sus potestades legales y reglamentarias.
Par�grafo 3. La adquisici�n por parte de un no
residente, de la titularidad de activos ubicados en el pa�s, en los t�rminos
establecidos en este T�tulo, derivada de procesos de fusi�n, escisi�n, cesi�n
de activos y pasivos, intercambio de acciones o reorganizaciones empresariales
ser� considerada como inversi�n extranjera. En todo caso, el inversionista
deber� informar sus participaciones en las empresas respectivas a la Unidad Administrativa
Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y a la
Superintendencia correspondiente, seg�n le resulte aplicable a la actividad de
la empresa o empresas. Esta obligaci�n se entender� surtida a trav�s de la informaci�n
del registro de la respectiva inversi�n ante el Banco de la Rep�blica, quien la
suministrar� a las autoridades correspondientes, de acuerdo con lo previsto en
el art�culo 2.17.2.7.2. del presente Decreto. Lo anterior, sin perjuicio del
deber de informaci�n previa de una operaci�n de integraci�n empresarial ante la
autoridad correspondiente, en los casos en que las normas vigentes as� lo
requieran.
Par�grafo 4. Para efectos del presente T�tulo
se entiende por empresa lo previsto en el art�culo 25 del C�digo de Comercio,
as� como las sociedades, los consorcios, las uniones temporales, las entidades
sin �nimo de lucro y las entidades de naturaleza cooperativa.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.1.3.
Inversi�n directa en sucursales de
sociedades extranjeras. Las sucursales de
sociedades extranjeras podr�n registrar como inversi�n extranjera directa las
disponibilidades de capital en forma de divisas que permanezcan en la cuenta
corriente contable que mantengan con la casa matriz durante la vigencia anual a
la que correspondan sus utilidades. El valor en divisas de estas disponibilidades
deber� ser incluido en una cuenta especial que se denominar� en el balance de la
sucursal como inversiones suplementarias al capital asignado y quedar� sujeto
al r�gimen cambiario que se aplica a dicho capital asignado. En ning�n caso las
sucursales podr�n tener saldos negativos por concepto de inversi�n
suplementaria al capital asignado.
Se
except�an de lo anterior, las sucursales de sociedades extranjeras de los
sectores de hidrocarburos y miner�a, sujetas al r�gimen cambiario especial
establecido por la Directiva del Banco de la Rep�blica, las cuales podr�n
contabilizar como inversi�n suplementaria al capital asignado, adem�s de las disponibilidades
de divisas, las disponibilidades de capital en forma de bienes o servicios. Estas
sucursales podr�n tener saldos negativos por concepto de inversi�n
suplementaria al capital asignado.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.1.4.
Operaciones adicionales autorizadas en la
inversi�n de capitales del exterior. Los
inversionistas de capitales del exterior est�n autorizados para realizar, en
los mismos t�rminos, condiciones y utilizando los mismos canales e intermediarios
que los inversionistas locales, las operaciones del mercado monetario a las que
se refieren los art�culos 2.36.3.1.1., 2.36.3.1.2 y 2.36.3.1.3. del Decreto 2555 de 2010 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan, o constituir las garant�as que se
requieran para el efecto.
De
igual forma, podr�n realizar operaciones con instrumentos financieros derivados
y constituir las respectivas garant�as; as� como constituir las garant�as
requeridas para el cumplimiento de las operaciones aceptadas por una C�mara de
Riesgo Central de Contraparte sometida a la inspecci�n y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia; al igual que la realizaci�n de las
actividades y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo ante los miembros
de la referida C�mara a trav�s de los cuales participen en la compensaci�n y
liquidaci�n y ante tales c�maras, de conformidad con lo establecido en los
respectivos reglamentos.
Finalmente,
los inversionistas de capitales del exterior podr�n mantener los recursos
necesarios para la liquidaci�n de las operaciones a ellos autorizadas o para la
constituci�n y ajuste de las respectivas garant�as en cuentas corrientes,
cuentas de ahorro o en cualquier otro mecanismo o para cualquier otra
destinaci�n que se autorice para el efecto en los t�rminos de la regulaci�n
cambiaria.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.1.5.
Inversionista de capitales del exterior. Se considera inversionista de capitales del exterior a toda persona
natural o jur�dica u otras entidades no residentes conforme con la definici�n del
art�culo 2.17.1.2. del presente Decreto, titulares de una inversi�n extranjera
directa o de portafolio en los t�rminos previstos en el presente T�tulo.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 2. Destinaci�n, Autorizaci�n y Representaci�n
Art�culo 2.17.2.2.2.1.
Destinaci�n.
Podr�n realizarse inversiones de capitales del exterior en todos los sectores de
la econom�a, con excepci�n los siguientes ya sea directa o por interpuesta
persona:
a)
Actividades defensa y seguridad nacional;
b)
Procesamiento, disposici�n y desecho basuras t�xicas, peligrosas o radiactivas
no producidas en el pa�s.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.2.2.
Autorizaci�n. Salvo lo previsto en normas especiales contempladas en presente
T�tulo, la realizaci�n de una inversi�n extranjera no requiere autorizaci�n.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.2.3.
Representaci�n de inversionistas de
capitales del exterior. Los inversionistas de
capitales del exterior deber�n nombrar un apoderado en Colombia, de acuerdo con
los t�rminos previstos en la legislaci�n colombiana. El inversionista podr�
nombrar un apoderado diferente para cada una de sus inversiones. En los casos
en que exista m�s de un apoderado, cada uno deber� cumplir con las obligaciones
aqu� establecidas respecto de las inversiones en las que act�a como apoderado.
Toda
inversi�n de capitales del exterior de portafolio se har� por medio de un
administrador quien para los efectos de este T�tulo, actuar� como apoderado.
Solamente
podr�n ser apoderados de la inversi�n de capitales del exterior de portafolio
las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias o las
sociedades administradoras de inversi�n, sometidas a la inspecci�n y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia. En el caso de las sociedades fiduciarias
que tengan autorizada la actividad de custodia a que se refiere el Libro 37 de
la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y las
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, dichas entidades podr�n ser
apoderados de inversionistas de capitales de portafolio en calidad de custodios
y bajo las normas que regulan la referida actividad.
En
todo caso, la entidad designada como apoderado de una inversi�n de capitales de
portafolio deber� cumplir con lo establecido en el art�culo 2.37.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010 o la norma
que lo modifique o sustituya.
Los
apoderados de inversionistas de capitales de portafolio deber�n cumplir con las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las dem�s que deba cumplir de conformidad
con las normas que los rigen:
a)
Las tributarias;
b)
Las cambiarias;
c)
Las de informaci�n que deba suministrar a las autoridades cambiar�as o de inspecci�n,
vigilancia y control;
d)
Las dem�s que se�ale la autoridad de inspecci�n, vigilancia y control en
ejercicio de sus facultades.
Par�grafo 1. Cuando se trate de operaciones
trasnacionales realizadas en desarrollo de acuerdos de integraci�n de bolsas de
valores que trata el Cap�tulo 2 del T�tulo 6 del Libro 15 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 o la norma
que lo modifique o sustituya, los dep�sitos centralizados de valores locales cumplir�n
las obligaciones de registro o informaci�n que sean del caso, de conformidad
con lo exigido por el Banco de la Rep�blica y la Superintendencia Financiera de
Colombia. Las dem�s obligaciones deber�n ser cumplidas por el apoderado
designado.
Par�grafo 2. En el evento que los apoderados
de inversi�n de capitales del exterior deban presentar declaraciones
tributarias en nombre y por cuenta de sus poderdantes, el r�gimen de responsabilidad
corresponder� al previsto en las normas tributarias aplicables.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.2.4.
Control de l�mites en la inversi�n de
capitales del exterior. El inversionista ser�
responsable de dar cumplimiento a cualquier norma relacionada con l�mites
aplicables a las inversiones que realiza, tales como el previsto en el art�culo
6.15.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 o las
normas que lo modifiquen o sustituyan, con independencia de tener varios
apoderados. En caso de que los apoderados requieran informaci�n que sea
indispensable para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, el
inversionista deber� suministrar la informaci�n que sea necesaria para el
efecto.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 3. Derechos cambiarios y otras garant�as
Art�culo 2.17.2.2.3.1.
Derechos cambiarios. Efectuada la inversi�n de capitales del exterior en los t�rminos
establecidos en este T�tulo y presentada la declaraci�n de registro de la
inversi�n ante el Banco de la Rep�blica en los t�rminos y condiciones que establezca
dicha entidad, el inversionista podr� ejercer los siguientes derechos cambiarios:
a)
Reinvertir utilidades, o retener en el super�vit las utilidades no distribuidas
con derecho a giro;
b)
Capitalizar las sumas con derecho a giro, que comprendan recursos en moneda
nacional o cualquier otro bien o derecho, producto de obligaciones derivadas de
la inversi�n;
c)
Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas
comprobadas que generen peri�dicamente sus inversiones, con base en los
balances de fin de cada ejercicio social o con base en estos y el acto o
contrato que rige el aporte cuando se trata de inversi�n directa, o con base en
el cierre de cuentas del respectivo administrador cuando se trate de inversi�n
de portafolio; y
d)
Remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas
producto de la enajenaci�n de la inversi�n dentro del pa�s, o de la liquidaci�n
de la empresa o portafolio o de la reducci�n de su capital.
Par�grafo.
Lo dispuesto en el presente T�tulo se entiende sin perjuicio de las facultades
de la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica como autoridad monetaria,
cambiaria y crediticia.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.3.2.
Garant�a de Derechos Cambiarios. Las condiciones de reembolso de la inversi�n y de la remisi�n de
utilidades legalmente vigentes a la fecha del registro de la inversi�n de
capitales del exterior, no podr�n ser cambiadas de manera que afecten
desfavorablemente al inversionista, salvo temporalmente cuando las reservas
internacionales sean inferiores a tres (3) meses de importaciones.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 4. Soluci�n de controversias y controles
Art�culo 2.17.2.2.4.1.
Ley y jurisdicci�n aplicables. Salvo lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales
vigentes, en la soluci�n de controversias o conflictos derivados de la
aplicaci�n del r�gimen de la inversi�n de capitales del exterior, se aplicar�
lo dispuesto en la legislaci�n colombiana.
Con
la misma salvedad contemplada en el inciso anterior y sin perjuicio de las
acciones que puedan instaurarse ante jurisdicciones extranjeras, todo lo
atinente a la inversi�n de capitales del exterior, tambi�n estar� sometido a la
jurisdicci�n de los tribunales y normas arbitrales colombianas, salvo que las
partes hayan pactado el arbitraje internacional.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.4.2.
Cancelaci�n del Registro por solicitud de
la autoridad de control y vigilancia. Sin
perjuicio de las sanciones y dem�s acciones que le corresponda adoptar a la
respectiva autoridad competente en materia de control y vigilancia del r�gimen
de inversiones internacionales, esta proceder� a solicitar al Banco de la
Rep�blica la cancelaci�n del registro de la inversi�n, previo el agotamiento
del procedimiento respectivo, ante la ocurrencia de cualquiera de los
siguientes eventos:
a)
La inversi�n se registr�, pero dicho capital del exterior no fue invertido
efectivamente en el pa�s o en el exterior, seg�n sea el caso;
b)
La inversi�n se realiz� en sectores prohibidos o en forma no autorizada cuando
�sta se requiera, conforme a lo establecido en el presente T�tulo;
c)
La operaci�n realizada no corresponde a inversi�n, de acuerdo con lo previsto en
este T�tulo; y
d)
El acto, contrato u operaci�n que dio origen a la inversi�n no es l�cito.
Cualquier
inversi�n de capitales del exterior que se realice en contravenci�n a lo
dispuesto en este T�tulo, carecer� de derechos y garant�as cambiarias.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.4.3.
Competencia.
El control y vigilancia del cumplimiento de lo previsto en el presente T�tulo
estar� a cargo de las entidades u organismos previstos en la Ley.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 5. Calificaci�n de inversionistas y empresas
Art�culo 2.17.2.2.5.1.
Calificaci�n de persona natural
extranjera como inversionista nacional. Corresponde
al Banco de la Rep�blica, calificar como inversionistas nacionales a las
personas naturales extranjeras que as� lo soliciten, cuando demuestren su
calidad de residentes conforme con el art�culo 2.17.1.2. del presente Decreto o
las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.2.5.2.
�mbito subregional. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa solicitud del
interesado, certificar� como de inversionistas nacionales, las inversiones de
origen subregional cuyos titulares sean inversionistas nacionales de Pa�ses
Miembros del Acuerdo de Cartagena, siempre que se acredite el car�cter de
inversionista nacional en el pa�s de origen, mediante certificaci�n expedida
por el organismo nacional competente de dicho pa�s.
Los
t�rminos inversionista nacional, subregional, extranjero, empresa nacional,
mixta y extranjera y empresa multinacional andina, tendr�n el significado que
establecen las Decisiones 291 y 292 del Acuerdo de Cartagena o las decisiones
que las modifiquen, sustituyan o complementen.
Par�grafo 1. Para los efectos de la
calificaci�n de la empresa como nacional, mixta o extranjera, el organismo
competente ser� el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Par�grafo 2. Las empresas extranjeras que
tengan convenio vigente de transformaci�n en los t�rminos del cap�tulo 11 de la
Decisi�n 220 del Acuerdo de Cartagena, podr�n solicitar al Departamento
Nacional de Planeaci�n la terminaci�n de dicho convenio.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAPITULO 3
REG�MENES ESPECIALES DE LA INVERSI�N DE CAPITALES DEL
EXTERIOR
SECCI�N 1. Sector financiero
Art�culo 2.17.2.3.1.1.
Participaci�n extranjera. Los inversionistas de capitales del exterior podr�n participar en el
capital de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, suscribiendo o adquiriendo acciones, bonos obligatoriamente
convertibles en acciones, o aportes sociales de car�cter cooperativo, en
cualquier proporci�n.
Igualmente,
los bancos y compa��as de seguros del exterior podr�n realizar aportes
iniciales o subsiguientes al capital asignado de las sucursales que constituyan
en Colombia de conformidad con las normas aplicables, en especial, el Estatuto
Org�nico del Sistema Financiero y el Decreto 2555 de 2010. En todo
caso, en dichas sucursales no habr� lugar a realizar aportes de capital por v�a
de la cuenta de inversi�n suplementaria al capital asignado.
El
registro de la inversi�n de capitales del exterior en el sector financiero s�lo
podr� hacerse una vez se obtengan las autorizaciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia para la constituci�n u organizaci�n y/o adquisici�n de
acciones de cualquier entidad vigilada, conforme a lo previsto en el Estatuto Org�nico
del Sistema Financiero y dem�s disposiciones que lo modifiquen.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.3.1.2.
R�gimen general aplicable. inversi�n capitales del en instituciones financieras se regir� por
disposiciones la materia en todo aquello no haya sido regulado por el presente
Cap�tulo.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 2. Sector de Hidrocarburos y Miner�a
Art�culo 2.17.2.3.2.1.
Normas especiales. El r�gimen general de inversi�n de capitales del exterior referente al
sector de hidrocarburos y miner�a estar� sujeto a las normas de esta Secci�n,
las que en consecuencia prevalecer�n, cuando sea del caso, sobre las
establecidas por otras normas del presente T�tulo.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.3.2.2.
Normas aplicables. La inversi�n de capitales del exterior para la exploraci�n y
explotaci�n de petr�leo y gas natural, para proyectos refinaci�n, transporte y
distribuci�n de hidrocarburos y para la exploraci�n, explotaci�n, beneficio y
transformaci�n de minerales, estar�n sujetas al �cumplimiento de las normas que
regulan dichas actividades en especial y, cuando a ello hubiere lugar, a las previstas
en el contrato respectivo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH o la
Agencia Nacional de Miner�a - ANM y el inversionista del exterior.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.3.2.3.
Sectores de miner�a e hidrocarburos. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Cap�tulo 2 de este T�tulo, el r�gimen
cambiario de los sectores de hidrocarburos y miner�a, incluidas las actividades
de exploraci�n y explotaci�n de petr�leo, gas natural, carb�n, ferron�quel o
uranio, estar� sujeto a las regulaciones de la Junta Directiva del Banco de la
Rep�blica conforme con sus competencias
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.3.2.4.
Inversiones en diferentes actividades. Cuando una misma sucursal con inversi�n de capitales del exterior en
el sector de hidrocarburos y miner�a desarrolle varias actividades econ�micas dentro
del sector, a las cuales deban aplicarse normas cambiarias diferentes, deber� suministrar
la informaci�n de acuerdo con lo que disponga el Banco de la Rep�blica. En
estos casos no se aceptar�n activos ni pasivos comunes a las distintas
actividades.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAP�TULO 4
R�GIMEN GENERAL DE LAS INVERSIONES COLOMBIANAS EN EL EXTERIOR
SECC��N 1. Definici�n y autorizaci�n
Art�culo 2.17.2.4.1.1.
Inversi�n de capital colombiano en el
exterior. Se definen como inversiones colombianas
en el exterior las acciones, cuotas, derechos u otras participaciones en el capital
de sociedades, sucursales o cualquier tipo de empresa en cualquier proporci�n,
ubicadas fuera de Colombia, adquiridas por un residente en virtud de un acto,
contrato u operaci�n l�cita.
Par�grafo. Ser� susceptible de registro como
inversi�n colombiana en el exterior, la adquisici�n por parte de un residente
de la titularidad de activos de los que trata el presente art�culo, ubicados
por fuera del pa�s, derivada de procesos de fusi�n, escisi�n, cesi�n de activos
y pasivos, intercambio de acciones o reorganizaciones empresariales. En todo caso,
el inversionista residente deber� informar sus participaciones en las empresas
respectivas a la Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN y a la Superintendencia correspondiente, seg�n le resulte aplicable
a la actividad del residente. Esta obligaci�n se entender� surtida a trav�s de
la informaci�n del registro de la respectiva inversi�n ante el Banco la
Rep�blica, quien la suministrar� a las autoridades correspondientes, de acuerdo
con lo previsto en art�culo 2.17.2.7.2. del presente Decreto.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.4.1.2.
Inversionista colombiano en el exterior. Se considera inversionista colombiano en el exterior a toda persona
residente en Colombia, de acuerdo con el art�culo 2.17.1.2 del presente
decreto, titular de una inversi�n colombiana en el exterior en los t�rminos
previstos en este t�tulo.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.4.1.3.
Autorizaci�n. Salvo lo previsto en reg�menes especiales contemplados en este T�tulo
o en normas de car�cter especial, la inversi�n colombiana en el exterior, se
trate de inversi�n inicial o adicional, no requiere de autorizaci�n.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 2. Inversiones con r�gimen especial
�
Art�culo 2.17.2.4.2.1.
R�gimen especial de inversiones en el sector
financiero, de valores y de seguros del exterior.
�
a)
Las entidades sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia podr�n realizar inversiones de capitales en el exterior,
de conformidad con lo establecido en el Estatuto Org�nico del Sistema
Financiero o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
�
b)
Las inversiones de entidades no sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia en entidades financieras, de valores y
de seguros del exterior, se someter�n al r�gimen general de las inversiones
colombianas en el exterior de que trata el Cap�tulo 4 del presente t�tulo.
�
c)
Cuando los inversionistas sean socios en forma directa de instituciones
sometidas a la inspecci�n y vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia, deber�n informar previamente a esta entidad sus operaciones con el
prop�sito de que se pueda realizar una supervisi�n comprensiva y consolidada,
en la forma que esta Superintendencia reglamente.
�
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAP�TULO 5
REGISTRO DE LAS INVERSIONES
�
SECCI�N 1. Procedimiento de registro y conservaci�n de la
informaci�n del registro por parte de los inversionistas
�
Art�culo 2.17.2.5.1.1.
Procedimiento de Registro. Los inversionistas de capitales del exterior y los residentes que
realicen inversiones en el exterior, deber�n registrar sus inversiones seg�n el
procedimiento que establezca el Banco de la Rep�blica mediante reglamentaci�n
de car�cter general.
�
Los
inversionistas o sus apoderados deber�n presentar al Banco de la Rep�blica,
directamente o por conducto de las entidades que este determine, una
declaraci�n de registro de: i) las inversiones iniciales o adicionales; ii) los
cambios en los titulares, en la destinaci�n o en la empresa receptora de la
misma, y iii) la cancelaci�n de las inversiones.
�
Para
los anteriores efectos, el Banco de la Rep�blica podr� establecer formularios
y/o instrumentos f�sicos o electr�nicos.
�
�nicamente
para el caso del registro de los cambios en los titulares, la destinaci�n o en
la empresa receptora de la inversi�n y de las cancelaciones de inversiones, el
plazo dentro del cual los inversionistas o sus apoderados deber�n realizar el
respectivo registro ante el Banco de la Rep�blica es de seis (6) meses,
contados a partir del momento en que se realice el respectivo cambio o
cancelaci�n. Sin perjuicio de las sanciones derivadas del incumplimiento de los
plazos establecidos para el registro, el Banco de la Rep�blica podr� registrar
extempor�neamente aquellas declaraciones que se presenten inoportunamente,
siempre que la inversi�n se haya realizado de manera efectiva y cumpla con lo
dispuesto en las disposiciones legales correspondientes.
�
No
obstante las obligaciones previstas a cargo de los inversionistas, los
representantes legales de las empresas receptoras de la inversi�n podr�n
presentar la declaraci�n de registro de las inversiones iniciales o
adicionales, sus cambios, as� como la cancelaci�n de las inversiones de sus
inversionistas en cualquier tiempo, de acuerdo con el procedimiento que
establezca el Banco de la Rep�blica, conforme con las normas legales y
reglamentarias vigentes.
�
El
procedimiento de registro se sujetar� a las siguientes reglas, sin perjuicio de
lo previsto en disposiciones legales y reglamentarias vigentes:
�
1.
Se entender�n registradas las inversiones iniciales o adicionales que incluyen,
los cambios en los titulares, la destinaci�n o en la empresa receptora, as�
como las cancelaciones correspondientes, con la presentaci�n de la declaraci�n
de registro en la forma y condiciones que se�ale el Banco de la Rep�blica.
�
Trat�ndose
de inversiones internacionales efectuadas en divisas, la declaraci�n de cambio
correspondiente a su canalizaci�n a trav�s del mercado cambiario har� las veces
de declaraci�n de registro y en aquellas sin canalizaci�n de divisas a trav�s
del mercado cambiario, el registro de la inversi�n se efectuar� conforme a los
procedimientos que establezca el Banco de la Rep�blica.
�
2.
De manera excepcional, el Banco de la Rep�blica podr� establecer procedimientos
especiales de registro, teniendo en cuenta la naturaleza o clase de la
inversi�n y/o los mecanismos de transacci�n o adquisici�n de los activos que
constituyen inversi�n.
�
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.5.1.2.
Modificaciones al registro. Los inversionistas, sus apoderados o los representantes legales de las
empresas receptoras de inversi�n de capitales del exterior en el pa�s podr�n en
cualquier tiempo modificar la informaci�n contenida en el registro, conforme
con el procedimiento que establezca el Banco de la Rep�blica mediante
reglamentaci�n de car�cter general.
�
Los
documentos que soporten dichas modificaciones deber�n ser conservados conforme
con lo previsto en el art�culo 2.17.2.5.1.4. de este decreto.
�
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.5.1.3.
Veracidad de la informaci�n. La informaci�n contenida en la declaraci�n de registro se entender�
presentada bajo la gravedad del juramento. En tal sentido, la veracidad e
integridad de esta informaci�n ser�n responsabilidad exclusiva del
inversionista o de quien la suministre, raz�n por la cual no habr� examen o
calificaci�n de la misma, para efectos de su registro.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.5.1.4.
Conservaci�n de informaci�n. Quienes realicen el registro de las inversiones deber�n conservar la
informaci�n y documentos que acrediten el monto, caracter�sticas y dem�s
condiciones de la inversi�n registrada, los cambios en los titulares, en la
destinaci�n o en la empresa receptora de la inversi�n, su cancelaci�n o las
modificaciones al registro, la cual deber� mantenerse a disposici�n de las
autoridades encargadas del control y vigilancia del r�gimen cambiario y de
inversiones, que los requieran para el cumplimiento de sus funciones, por un
per�odo igual al de caducidad o prescripci�n de la acci�n sancionatoria por
infracciones al r�gimen cambiario y de inversiones.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
SECCI�N 2. Procedimientos especiales de registro
�
Art�culo 2.17.2.5.2.1.
Inversi�n de portafolio. En el caso de la inversi�n de capitales del exterior de portafolio
previstas en el literal b) del art�culo 2.17.2.2.1.2. de este T�tulo, los
aportes de valores o de recursos en moneda extranjera canalizados por conducto
del mercado cambiario, podr�n ser objeto de neteo, sin perjuicio de que las
inversiones deban registrarse por su monto total, en las condiciones que
establezca el Banco de la Rep�blica.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.5.2.2.
Inversi�n de sucursales del r�gimen
cambiario especial. En el caso de la inversi�n
suplementaria al capital asignado de las sucursales de los sectores de
hidrocarburos y miner�a sujetas al r�gimen cambiario especial establecido por
la Junta Directiva del Banco de la Rep�blica, el registro se efectuar� en las condiciones
que establezca el Banco de la Rep�blica.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAP�TULO 6
OTRAS DISPOSICIONES
�
Art�culo 2.17.2.6.1.
Negociaciones internacionales. El Departamento Nacional de Planeaci�n, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y el Banco de la Rep�blica, dentro de la �rbita
de su competencia, deber�n conceptuar y participar activamente en la
negociaci�n de los Acuerdos Internacionales de Inversi�n.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.6.2.
Seguros a la inversi�n. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo certificar� lo relativo
a seguros o garant�as a la inversi�n, derivados de convenios internacionales
ratificados por Colombia, cuando as� lo exijan los respectivos acuerdos
internacionales.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
CAP�TULO 7
DISPOSICIONES FINALES
�
Art�culo 2.17.2.7.1.
Inversiones no sujetas al presente
t�tulo. No estar�n sujetas al presente t�tulo las
inversiones y activos en el exterior de que trata el art�culo 17 de la Ley 9�
de 1991, ni la tenencia de divisas por residentes en el pa�s en los t�rminos
del art�culo 7� de la misma ley.
�
Tampoco
estar�n sujetas al presente t�tulo las inversiones temporales realizadas en el
exterior por residentes en el pa�s, ni la tenencia y posesi�n en el exterior,
por residentes en el pa�s, de las divisas que deban ser transferidas o
negociadas por medio del mercado cambiario, las cuales estar�n reguladas por
las normas generales sobre la materia que adopte la Junta Directiva del Banco
de la Rep�blica conforme al art�culo 10 y dem�s normas pertinentes de la Ley 9�
de 1991.
�
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.7.2.
�Informaci�n. El Banco de la
Rep�blica podr� solicitar a los inversionistas o a las empresas receptoras de
la inversi�n, la informaci�n adicional que considere necesaria sobre las
inversiones internacionales para efectos estad�sticos. La solicitud de
informaci�n adicional se realizar� de manera independiente al procedimiento de
registro y en nada incidir� con el mismo, ni con los derechos cambiarios del
inversionista.
�
La
autoridad de supervisi�n y control del inversionista o de la empresa receptora
de la inversi�n, podr� tomar las medidas que se deriven del incumplimiento en
el suministro de la informaci�n adicional conforme con el r�gimen sancionatorio
por la omisi�n al cumplimiento del deber de remitir informaci�n que sea
requerida por el Banco de la Rep�blica.
�
Par�grafo 1�. El Banco de la Rep�blica
mantendr� a disposici�n de las entidades de control y vigilancia del r�gimen
cambiario y de inversiones internacionales, y de las dem�s autoridades
administrativas y judiciales que lo requieran para el cumplimiento de sus
funciones, la informaci�n sobre el registro de las inversiones de que trata
este t�tulo.
�
Par�grafo 2�. El Banco de la Rep�blica
informar� peri�dicamente al Ministerio de Minas y Energ�a, en relaci�n con las
empresas sometidas al r�gimen especial del sector de hidrocarburos y miner�a,
sobre los movimientos de capital del exterior, identificando los inversionistas
del exterior, la empresa receptora, y los montos de inversi�n registrados.
�
Par�grafo 3�. El Banco de la Rep�blica
informar� peri�dicamente los datos mensuales sobre las inversiones que registre
al Departamento Nacional de Planeaci�n (DNP), la Unidad Administrativa Especial
Direcci�n de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, identificando por lo menos, el inversionista, la empresa
receptora, y el monto de la inversi�n registrado.
�
Par�grafo 4�. El Banco de la Rep�blica
informar� peri�dicamente a la Superintendencia Financiera de Colombia en
relaci�n con las entidades sometidas a su inspecci�n y vigilancia sobre los
movimientos de las inversiones identificando los inversionistas residentes o no
residentes, la empresa receptora, las inversiones y montos registrados.
�
Par�grafo 5�. Si la informaci�n que
suministren las entidades en desarrollo de lo previsto en este art�culo tiene
el car�cter de p�blica calificada como clasificada o reservada, seg�n los
t�rminos previstos en la Ley 1712 de 2014 y dem�s normas que resulten
aplicables, la entidad que remite los datos deber� advertirle de tal
circunstancia a la entidad que los recibe, para que esta �ltima excepcione
tambi�n su divulgaci�n. La entidad que clasifica originalmente la informaci�n
ser� la responsable de dar respuesta a las solicitudes de acceso a dicha
informaci�n.
�
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
Art�culo 2.17.2.7.3.
Impuestos.
Los asuntos tributarios relacionados con la inversi�n continuar�n rigi�ndose
por el Estatuto Tributario y sus normas complementarias.
�
Todo
lo establecido en el presente t�tulo, debe entenderse sin perjuicio del pago
previo de impuestos seg�n lo ordenen las normas fiscales.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
�
Art�culo 2.17.2.7.4.
Transparencia regulatoria. De manera previa a su expedici�n, el Banco de la Rep�blica publicar�
para comentarios del p�blico a trav�s de su p�gina web, los proyectos
reglamentarios de car�cter general en los cuales establezca los procedimientos
y condiciones aplicables al registro de la inversi�n de capitales del exterior
en el pa�s y de inversiones colombianas en el exterior, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 8 del art�culo 8� de la Ley 1437 de 2011 y dem�s
normas que lo modifiquen o reglamenten.
(Art.2
del Decreto 119 de 2017)
GARANT�A CARTERA
HIPOTECAR�A Y LEASING HABITACIONAL
(modificado por el Art. 1 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo 2.18.1.1.
Garant�a Cartera VIS Subsidiable. La Naci�n-Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s del Fondo de Garant�as de Instituciones
Financieras, Fogaf�n, otorgar� su garant�a a los bonos hipotecarios para
financiar cartera VIS subsidiable y a los t�tulos emitidos en procesos de
titularizaci�n de cartera VIS subsidiable, que se emitan sobre cartera
originada por los establecimientos de cr�dito, de conformidad con lo dispuesto
en los art�culos 9�, 10 y 12 la Ley 546 de 1999 con sujeci�n a lo previsto en
el presente t�tulo.
Par�grafo 1.
Las garant�as a que se refiere el presente art�culo se otorgar�n a los bonos
hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y a los t�tulos emitidos en
procesos de titularizaci�n de Cartas VIS subsidiable que se emitan desde la fecha
de entrada en vigencia del Decreto 2215 de 2015 y hasta el 31 diciembre
de 2018, con sujeci�n a los recursos que se destinen para el efecto.
Par�grafo 2.
El monto liberado del cupo de la garant�a por el valor de los t�tulos
recomprados, bien sea por las amortizaciones o por el prepago de las carteras subyacentes
de dichos t�tulos, operar� de forma rotativa y podr� ser utilizado de nuevo para
el otorgamiento de garant�as dentro del plazo establecido por el Gobierno
Nacional.
(Art.1 Decreto 2782 de 2001, modificado � por el
Art. 1 del Decreto 576 de 2004, modificado por el Art
1� del� Decreto 2753 de 2005, modificado por el�
Art. 1 del Decreto 2717 de 2006. El Art. 1 del Decreto 2322 de 2010, modificado por el
Art.1 del Decreto 2711 de 2012, modificado por el
Art.1 del Decreto 2215 de 2015)
Art�culo 2.18.1.2.
Recursos. Para pagar las garant�as a que se refiere el
art�culo precedente y para atender los gastos y costos de la administraci�n de
la garant�a, el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, Fogaf�n
contar� principalmente con los siguientes recursos, los cuales se mantendr�n en
una reserva especial y separada:
a)
Los recursos que reciba de la Naci�n Ministerio de Hacienda y Cr�dito
P�blico para pagar oportunamente las garant�as, as� como para cubrir los gastos
directos que demande el sistema de garant�as;
b)
Los recursos provenientes de las comisiones o primas por el otorgamiento
de las garant�as, de conformidad con el art�culo 2.18.1.5 de esta parte;
c)
Otros recursos que obtenga directamente el Fondo de Garant�as de
Instituciones Financieras, Fogaf�n, provenientes de operaciones realizadas con
cargo a los recursos de la reserva.
(Art. 2 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo 2.18.1.3.
Alcance de la Garant�a. La garant�a se otorgar� a los
bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y a los t�tulos
emitidos en procesos de titularizaci�n de cartera VIS subsidiable que cumplan
con lo previsto en los art�culos 9� y 12 de la Ley 546 de 1999 y las normas que
los desarrollen.
(Art. 3 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo 2.18.1.4.
Requisitos. Previo al otorgamiento de la garant�a, se
deber� remitir al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, Fogaf�n la
calificaci�n del establecimiento de cr�dito emisor de los bonos o la
calificaci�n, reservada de la emisi�n de los t�tulos que se vayan a emitir en
procesos de titularizaci�n. En todo caso, la garant�a de la Naci�n s�lo podr�
otorgarse cuando la calificaci�n corresponda a grado de inversi�n.
El
establecimiento de cr�dito emisor de los bonos hipotecarios o el agente de
manejo del respectivo proceso de titularizaci�n deber� suscribir con el Fondo
de Garant�as de Instituciones Financieras, Fogaf�n los contratos respectivos,
en los t�rminos generales que apruebe su Junta Directiva, en los cuales se
determinar�n el valor y la forma en que habr� de pagarse la comisi�n por la
garant�a, los requisitos de la cartera hipotecaria VIS subsidiable financiada
mediante la emisi�n de bonos o que respalda la emisi�n de t�tulos del proceso
de titularizaci�n y los aspectos operativos de la garant�a.
(Art. 4 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo 2.18.1.5.
Comisi�n. �La comisi�n por el otorgamiento de
la garant�a ser� fijada de conformidad con lo establecido en el literal b),
numeral 2 del art�culo 318 del Estatuto Org�nico del Sistema Financiero,
teniendo en cuenta, entre otros criterios, el valor en riesgo y los costos y
gastos de administraci�n de la garant�a. El Fondo de Garant�as de Instituciones
Financieras, Fogaf�n podr� establecer la informaci�n y documentaci�n que
requiera como condici�n para solicitar el acceso a la garant�a y verificar el
comportamiento de las emisiones.
(Art. 5 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo 2.18.1.6.
Disponibilidad de Recursos. La Naci�n
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico dispondr� de los mecanismos necesarios
para garantizar que en todo momento existan los recursos suficientes para
honrar las garant�as.
Para tal
efecto, el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, Fogaf�n deber�
presentar al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico las proyecciones y
c�lculos estimados de los recursos que se requerir�n cada a�o para pagar las
garant�as.
Cuando los
recursos de la reserva especial y separada a que alude el art�culo 2.18.1.2 del
presente t�tulo no sean suficientes para pagar las garant�as, el Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico deber� suministrar los recursos que permitan pagar a
los tenedores de Bonos y T�tulos, mediante la entrega de t�tulos de deuda
p�blica.
(Art. 6 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo 2.18.1.7.
Convenio. Con el fin de regular los aspectos
administrativos y operativos del sistema de garant�as a que se refiere el
presente t�tulo, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Fondo de
Garant�as de Instituciones Financieras, Fogaf�n, suscribir�n un convenio en el
cual regular�n los derechos y obligaciones de la Naci�n y del Fondo de
Garant�as de Instituciones Financieras respecto del sistema de garant�as.
(Art. 7 Decreto 2782 de 2001)
Art�culo
2.18.1.8 Garant�a de Cartera Hipotecaria y Leasing Habitacional. La Naci�n
-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, a trav�s del Fondo Nacional de
Garant�as -FNG, otorgar� garant�as a los bonos hipotecarios para financiar
cartera hipotecaria y de leasing habitacional y a los t�tulos emitidos en
procesos de titularizaci�n de cartera hipotecaria y de leasing habitacional,
que se emitan sobre cartera originada por los establecimientos de cr�dito, de
conformidad con lo dispuesto en los art�culos 9, 10 Y 12 de la Ley 546 de 1999 y
las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen con sujeci�n a lo
previsto en el presente t�tulo, y que se emitan desde la fecha de expedici�n
del presente Titulo y hasta el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la
disponibilidad de recursos que se destinen para el efecto.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo 2.18.1.9.
Transferencia de las garant�as otorgadas por el Fondo de Garant�as de
Instituciones Financieras FOGAF�N al Fondo Nacional de Garant�as FNG-. El
Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras -FOGAFIN trasladar� al Fondo
Nacional de Garant�as -FNG la administraci�n de las garant�as previamente
otorgadas a los bonos hipotecarios para financiar cartera VIS subsidiable y a
los t�tulos emitidos en procesos de titularizaci�n de cartera VIS subsidiable,
emitidas sobre cartera originada por los establecimientos de cr�dito en
vigencia del Convenio Interadministrativo suscrito el 20 de marzo de 2002 con
la Naci�n -Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, y lo dispuesto en los
art�culos anteriores del presente T�tulo.
PAR�GRAFO:
Para lo anterior, la Naci�n -Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, el Fondo
de Garant�as Financieras -FOGAFIN y el Fondo Nacional de Garant�as FNG,
adelantar�n los tramites contractuales necesarios con el fin de trasladar la
administraci�n de las garant�as mencionadas.
PAR�GRAFO
TRANSITORIO. Con el fin de garantizar el pago de las obligaciones derivadas
de las garant�as de que trata el presente art�culo, el Fondo Nacional de Garant�as
-FNG asumir� el pago de las mismas, una vez el Fondo de Garant�as de Instituciones
Financieras -FOGAFIN le transfiera los recursos para tal efecto.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo
2.18.1.10. Recursos. Para pagar las garant�as a que se refiere el art�culo
2. 18. 1.9 del presente Decreto, el Fondo Nacional de Garant�as contar� con los
siguientes recursos, los cuales se mantendr�n en una reserva especial y separada:
a) Los recursos que reciba de la
Naci�n-Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico
para pagar oportunamente las garant�as,
as� como para cubrir los gastos directos
que demande el sistema de garant�as;
b) Los recursos provenientes de las
comisiones o primas por el otorgamiento de las garant�as, de conformidad con el
art�culo 2. 18. 1. 13. de esta parte;
c) Otros recursos que obtenga
directamente el Fondo Nacional de Garant�as, FNG provenientes de operaciones
realizadas con cargo a los recursos de la reserva;
d) Los recursos que reciba de las
entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda, cuando estas hagan uso
de la facultad establecida en el art�culo 30 de la Ley 546 de 1999, modificado
por el art�culo 11 de la Ley 2079 de 2021.
PAR�GRAFO.
El monto liberado del cupo de la garant�a por el valor de los t�tulos
recomprados,
bien sea por las amortizaciones o por el prepago de las carteras
subyacentes de
dichos t�tulos podr� ser utilizado de nuevo para el otorgamiento de
garant�as
dentro del plazo establecido en el art�culo 2.18.1.8 del presente Decreto.
Art�culo 2.18.1.11.
Alcance de la Garant�a. La garant�a por parte del Fondo Nacional de
Garant�as -FNG se otorgar� a los bonos hipotecarios para financiar cartera
hipotecaria y de leasing habitacional y a los t�tulos emitidos en procesos de titularizaci�n
de cartera hipotecaria y de leasing habitacional que cumplan con lo previsto en
los art�culos 9 y 12 de la Ley 546 de 1999 y las normas que los desarrollen,
modifiquen o complementen.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo 2.18.1.12.
Requisitos. Previo al otorgamiento de la garant�a, se deber� remitir al
Fondo Nacional de Garant�as -FNG la calificaci�n del establecimiento de cr�dito
emisor de los bonos o la calificaci�n reservada de la emisi�n de los t�tulos que
se vayan a emitir en procesos de titularizaci�n. En todo caso, la garant�a de
la Naci�n s�lo podr� otorgarse cuando la calificaci�n corresponda a grado de inversi�n.
El
establecimiento de cr�dito emisor de los bonos hipotecarios o el agente de
manejo
del respectivo
proceso de titularizaci�n deber� suscribir con el Fondo Nacional de Garant�as
-FNG los contratos respectivos, en los t�rminos generales que apruebe su Junta
Directiva, en los cuales se determinar�n el valor y la forma en que habr� de
pagarse la comisi�n por la garant�a, los requisitos de la cartera hipotecaria y
de leasing habitacional financiada mediante la emisi�n de bonos o que respalda
la emisi�n de t�tulos del proceso de titularizaci�n y los aspectos operativos
de la garant�a.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo 2.18.1.13.
Comisi�n. La comisi�n por el otorgamiento de las garant�as por parte del
Fondo Nacional de Garant�as -FNG ser� fijada de conformidad con las operaciones
autorizadas en los literales e) y f), del art�culo 241 del Estatuto Org�nico
del Sistema Financiero, teniendo en cuenta, entre otros criterios: el valor en
riesgo y los costos y gastos de administraci�n de la garant�a. El Fondo
Nacional de Garant�as -FNG establecer� la informaci�n y documentaci�n que
requiera como condici�n para solicitar el acceso a la garant�a y verificar el
comportamiento de las emisiones.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo
2.18.1.14. Disponibilidad de Recursos. La Naci�n -Ministerio de Hacienda y
Cr�dito P�blico dispondr� de los mecanismos necesarios para garantizar que en
todo momento existan los recursos suficientes para honrar las garant�as de las
que estar� a cargo el Fondo Nacional de Garant�as -FNG.
Para tal
efecto, el Fondo Nacional de Garant�as -FNG deber� presentar al Ministerio de
Hacienda y Cr�dito P�blico las proyecciones y c�lculos estimados de los
recursos que se requerir�n cada a�o para pagar las garant�as.
Cuando los
recursos de la reserva especial y separada a que alude el art�culo 2.18.1. 10
del presente T�tulo no sean suficientes para pagar las garant�as, el Ministerio
de Hacienda y Cr�dito P�blico har� los tr�mites necesarios para suministrar los
recursos que permitan pagar a los tenedores de Bonos y T�tulos, mediante la
entrega de t�tulos de deuda p�blica. Estos recursos estar�n sujetos a la
disponibilidad del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano
Plazo del Sector Hacienda."
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo
2.18.1.15. Contrato. Con el fin de regular los aspectos administrativos y
operativos del sistema de garant�as a que se refiere el presente t�tulo, el
Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y el Fondo Nacional de Garant�as -FNG,
suscribir�n un convenio interadministrativo en el cual se establecer�n los
derechos y obligaciones de la Naci�n y del Fondo Nacional de Garant�as -FNG
respecto de la administraci�n de las garant�as incluidos sus costos y gastos
con cargo a lo establecido en el literal b) del art�culo 2.18.1.10. de este
T�tulo cedidas por el Fondo Nacional de Garant�as de Instituciones Financieras
FOGAFIN y las que en adelante, para los prop�sitos de los art�culos precedentes
y en el marco de lo dispuesto en el art�culo 30 de la Ley 546 de 1999 y las
normas que lo modifiquen, se otorguen."
PAR�GRAFO.
Una vez se efect�e la transferencia establecida en el art�culo 2.18. 1.8 del
presente Decreto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico deber� liquidar
el Convenio suscrito con el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras
-FOGAF�N�.
(Adicionado por el Art. 2 del Decreto
347 de 2023)
Art�culo 2.18.2.1.
Definici�n. Para los efectos del Decreto 2920 de 1982,
se entiende que una persona natural o jur�dica capta dineros del p�blico en
forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando su
pasivo para con el p�blico est� compuesto por obligaciones con m�s de veinte
(20) personas o por m�s de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los
dos casos contra�das directamente o a trav�s de interpuesta persona.
Por pasivo para con el p�blico se
entiende el monto de las obligaciones contra�das por haber recibido dinero a
t�tulo de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestaci�n
el suministro de bienes o servicios.
2. Cuando,
conjunta o separadamente, haya celebrado en un per�odo de tres (3) meses
consecutivos m�s de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de
administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administraci�n
o para invertirlos en t�tulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido
t�tulos de cr�dito o de inversi�n con la obligaci�n para el comprador de
transferirle la propiedad de t�tulos de la misma especie, a la vista o en un
plazo convenido, y contra reembolso de un precio.
Para determinar el per�odo de los tres
(3) meses a que se refiere el inciso anterior, podr� tenerse como fecha inicial
la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las
operaciones de venta.
Par�grafo
1. En cualquiera de los casos se�alados debe concurrir adem�s una de
las siguientes condiciones:
a) Que el
valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones
indicadas sobrepase el 50% del patrimonio l�quido de aquella persona; o
b) Que las
operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas
p�blicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro
sistema con efectos id�nticos o similares.
Par�grafo
2. No quedar�n comprendidos dentro de los c�mputos a que se refiere el
presente art�culo las operaciones realizadas con el c�nyuge o los parientes
hasta el 4� grado de consanguinidad, 2� de afinidad y �nico civil, o con los
socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva
sociedad o asociaci�n durante un per�odo de seis (6) meses consecutivos, posean
individualmente una participaci�n en el capital de la misma sociedad o
asociaci�n superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital.
Tampoco se
computar�n las operaciones realizadas con las instituciones financieras
definidas por el art�culo 24 del Decreto 2920 de 1982.
(Art. 1 Decreto 3227 de 1982, modificado por el Art
1 del Decreto 1981 de 1988)
T�TULO 3
MECANISMO DE PAGO CONTINGENTE Al INGRESO PARA NUEVAS OBLIGACIONES
CONTRA�DAS CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CR�DITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS T�CNICOS
EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA EN ADELANTE ICETEX
CAP�TULO 1
Deducci�n y retenci�n como mecanismo pago contingente al ingreso para
nuevas obligaciones contra�das con eI ICETEX, personas naturales sujetas a la
deducci�n y retenci�n, retenedores, obligaciones, porcentajes de la deducci�n y
retenci�n, traslado de la deducci�n y retenci�n, pago de la deducci�n y retenci�n,
medios de pago, sanci�n, control del mecanismo de pago y env�o de informaci�n.
Art�culo 2.18.3.1.1. Deducci�n y
retenci�n como mecanismo che pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX. La deducci�n y retenci�n es un
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX, al cual pueden acceder de forma voluntaria las personas
naturales beneficiarias de las nuevas obligaciones, el cual ser� proporcional
al monto de los ingresos recibidos por los beneficiarios de dichas
obligaciones.
La
deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX, se realizar� al momento de cada pago o
abono en cuenta a las personas naturales que hayan accedido al mismo
Par�grafo
1. Para efectos de la aplicaci�n del presente Cap�tulo son nuevas
obligaciones las contra�das con el ICETEX a partir de ta entrada en vigencia
del presente Cap�tulo y respecto de las cuales los beneficiarios del cr�dito
hayan accedido al nuevo mecanismo de pago contingente al ingreso, conforme las
condiciones establecidas por el ICETEX.
Par�grafo 2. Para efectos de la aplicaci�n del
presente cap�tulo son ingresos los valores ordinarios, fijos o variables,
percibidos por la persona natural, por la ejecuci�n de una o m�s actividades,
labores o servicios prestados y que generen una contraprestaci�n, remuneraci�n
y/o compensaci�n, independientemente de su denominaci�n o forma de remuneraci�n
Par�grafo 3. El solicitante podr�
optar de forma voluntaria al mecanismo de pago contingente al ingreso de las
nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX, para lo cual deber� suscribir los
documentos que para este efecto disponga el ICETEX. Con la vinculaci�n a este
mecanismo, la persona acepta pagar la obligaci�n en las condiciones
establecidas para esta, reportar informaci�n futura sobre sus ingresos en el
pa�s o en el exterior, autorizar al ICETEX para poder acceder a dicha
informaci�n en los centros de informaci�n y/o bases de datos que sean
necesarios para obtenerla, asi como diligenciar el formato de que trata el
numeral 5.1. del art�culo 2.18.3.1.5. del presente cap�tulo que se entender�
suscrito bajo la gravedad del juramento y que constituye la autorizaci�n al
retenedor para efectuar la deducci�n y retenci�n.
Par�grafo
4. La
deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX en ning�n caso har� parte de las
obligaciones tributarias de los retenedores, ni de las personas naturales que
accedan al mecanismo. Del mismo modo, no los har� acreedores de beneficios
tributarios.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.2. Personas naturales sujetas a la deducci�n y
retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX. Son sujetos de la deducci�n y
retenci�n, las personas naturales que hayan accedido voluntariamente al
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX, y que generen ingresos provenientes de la ejecuci�n de una o m�s
actividades, prestando sus servicios a otra persona natural o jur�dica, p�blica
o privada, nacional o extranjera, sea cual sea la naturaleza jur�dica de la
relaci�n existente entre estos.
Par�grafo. No se efectuar�n
deducciones y retenciones a los beneficiarios cuyos ingresos sean inferiores o
iguales a un salario m�nimo mensual legal vigente.
Art�culo 2.18.3.1.3. Retenedores
del pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el
ICETEX. Son retenedores del pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX, las personas naturales o jur�dicas,
p�blicas o privadas a quienes las personas naturales beneficiarias de nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX presten sus servicios.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.4. Personas naturales sujetas a la
deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX que generen ingresos en o desde el
exterior. Los sujetos que hayan accedido al mecanismo de pago contingente
al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX que generen
ingresos en o desde el exterior, deber�n efectuar el pago de la obligaci�n
conforme con los porcentajes se�alados en los art�culos 2.18.3.1.6. y
2.18.3.1.6.7, dependiendo de si los ingresos provienen de la prestaci�n de
servicios a trav�s de una vinculaci�n laboral o de manera independiente, por
medio del sistema que el ICETEX establezca para ello.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.5. Obligaciones de los retenedores
del pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el
ICETEX. Son obligaciones de los retenedores del pago contingente al ingreso
para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX, las siguientes:
5.1.���� Recibir
debidamente diligenciado, firmado y expedido bajo la gravedad del juramento, el
formato que para el efecto disponga el ICETEX y que permita establecer si las
personas naturales que les prestan sus servicios son sujetos a la deducci�n y
retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX. El formato deber� contener las
siguientes casillas:
5.1.1.� Nombre
de la persona natural vinculada
5.1.2.� Tipo
y n�mero de identificaci�n.
5.1.3.� La
informaci�n sobre si es o no persona natural sujeta a la deducci�n y retenci�n
como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones
contra�das con el ICETEX.
5.1.4.� Si
el valor anual de los desembolsos de la nueva obligaci�n fue menor, igual o
superior a veinticuatro (24) salarios m�nimos legales mensuales vigentes (en adelante
SMLMV).
El
ICETEX podr� agregar nuevas casillas al formato de que trata el presente
numeral y deber� ponerlo a disposici�n de los retenedores a trav�s de su sitio
web.
5.2.
Efectuar al momento de cada pago o abono en cuenta a las personas
naturales sujetas a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente
al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX, las deducciones y
retenciones a que haya lugar.
5.3.������� Consignar
de manera oportuna los valores deducidos y retenidos por concepto del mecanismo
de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el
ICETEX, en los lugares y dentro de los plazos se�alados en el art�culo
2.18.3.1.9., del presente Cap�tulo.
Cuando no se consignen
los valores retenidos por concepto del mecanismo de pago contingente al ingreso
para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX, la entidad denunciar� el
hecho ante las autoridades conforme con lo establecido en el art�culo 67 del
C�digo de Procedimiento Penal, seg�n corresponda.
5.4.
����Remitir oportunamente al ICETEX la informaci�n que solicite conforme con
los requerimientos efectuados a los retenedores.
5.5
��Expedir, a m�s tardar el quince (15) de abril de cada a�o, a las personas
naturales sujetas a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente
al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX, un certificado
sobre las deducciones y retenciones que hayan sido practicadas en la vigencia
inmediatamente anterior. El certificado deber� contener los siguientes datos:
5.5.1.� Nombre
o raz�n social del retenedor.
5.5.2.� C�dula
o N�mero de Identificaci�n Tributaria - NIT del retenedor.
5.5.3.� Direcci�n
del retenedor.
5.5.4.� Apellidos
y nombre de la persona natural sujeta a la deducci�n y retenci�n como mecanismo
de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el
ICETEX.
5.5.5��
Tipo y n�mero de identificaci�n de la persona
natural sujeta a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de
pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX.
5.5.6��� A�o en que se practicaron las deducciones y retenciones como mecanismo
de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX.
5.5.7��� Firma del pagador
o retenedor, quien certificar� que los datos consignados son verdaderos.
Par�grafo. Los retenedores solo
est�n obligados a efectuar la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago
contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX,
siempre que el prestador de servicios indique, en el formato de que trata el
numeral 5.1., que es persona natural sujeta a la deducci�n y retenci�n como
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.6. Porcentaje de la
deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con e/ ICETEX, para personas naturales que generan
ingresos provenientes de la prestaci�n de sus servicios a trav�s de una
vinculaci�n laboral de cualquier tipo. El porcentaje
de la deducci�n y retenci�n Como mecanismo de pago contingente al ingreso para
nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX aplicable a las personas naturales
que generan ingresos provenientes de la prestaci�n de sus servicios, a trav�s
de una vinculaci�n laboral de cualquier tipo, ser� proporcional a los ingresos
percibidos por aquellas considerando los valores anuales de los desembolsos de
la nueva obligaci�n y acorde con los porcentajes que se incluyen en la
siguiente tabla:
Par�grafo: Cuanndo por
inicio o terminaci�n de la prestaci�n del servicio resulte un periodo inferior
a un (1) mes, la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al
ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX se efectuar� sobre el
valor proporcional seg�n el n�mero de d�as que corresponda.
� (Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.7. Porcentaje de la deducci�n y retenci�n como
mecanismo de pago contingente a/ ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX para las Personas naturales que generan ingresos por la
prestaci�n de sus servicios de manera independiente. El
porcentaje de la de deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al
ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX aplicable a las
personas naturales que generan ingresos por la prestaci�n de sus servicios de
manera independiente ser� proporcional a los ingresos percibidos por aquellas
considerando los valores anuales de los desembolsos de la nueva obligaci�n y
acorde con los porcentajes que se incluyen en la siguiente tabla:
Par�grafo: Cuando por
inicio o terminaci�n de la prestaci�n del servicio resulte un periodo inferior
a un (1) mes, la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al
ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX se efectuar� sobre el
valor proporcional seg�n el n�mero de d�as que corresponda.
Cuando los pagos por la prestaci�n de servicios se efect�en
por periodos superiores a un (1) mes, para efectos de la deducci�n y retenci�n,
el retenedor deber� dividirlos en valores que permitan identificar a cu�nto
ascendieron los pagos mensuales a fin de establecer el porcentaje de la
deducci�n y retenci�n aplicable.
En aquellos casos en que el contratista
tenga suscritos varios contratos de prestaci�n de servicios, la deducci�n y
retenci�n se efectuar� sobre el valor resultante en cada uno de los contratos.
(Adicionado por art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.8. Traslado che la deducci�n y retenci�n por concepto
che/ mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones
contra�das con el ICETEX. El traslado de la deducci�n
y retenci�n por concepto del mecanismo de pago contingente al ingreso para
nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX se realizar� diligenciando el
formulario que ponga a disposici�n el ICETEX, y, deber� contener, como m�nimo:
8.1.
El nombre o raz�n social del retenedor.
8.2.
La c�dula o N�mero de Identificaci�n Tributaria -
NIT del retenedor.
8.3.
Los apellidos y nombre de la persona natural sujeta
a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para
nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX.
8.4.
El tipo y n�mero de identificaci�n de la persona
natural sujeta a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al
ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX.
8.5.
El valor anual de los desembolsos de la nueva
obligaci�n: menor o igual o superior a veinticuatro (24) SMLMV.
8.6.
Los ingresos de la persona natural sujeta a la
deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas
obligaciones contra�das con el ICETEX.
8.7.
El(los) porcentaje(s) de deducci�n y retenci�n
aplicados.
8.8.
El valor retenido.
8.9.
El pago total.
8.10.
La firma del retenedor.
8.11.
El instructivo para el diligenciamiento del
formulario para el traslado de la deducci�n y retenci�n por concepto del
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Par�grafo. El ICETEX podr� agregar nuevas
casillas al formulario de que trata el presente art�culo y deber� ponerlo a disposici�n
de los retenedores a trav�s de su sitio web.
El formulario de que trata el presente art�culo equivale a la solicitud
de pago del ICETEX para fines de aplicar la deducci�n y retenci�n como
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con
el ICETEX.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.9. Pago de la deducci�n y retenci�n por concepto del
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con e/ ICETEX. La deducci�n y retenci�n por concepto
del mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones
contra�das con el ICETEX ser� pagada por los retenedores dentro de los primeros
diez (10) d�as siguientes al mes en que se efectuaron las respectivas
deducciones y retenciones. Este pago podr� realizarse en el territorio nacional
por ventanilla en los bancos y dem�s entidades autorizadas por el ICETEx o,
virtualmente a trav�s de los sistemas inform�ticos dispuestos para el efecto.
Los medios
de pago ser�n en efectivo, tarjetas d�bito, tarjeta de cr�dito o mediante cheque
de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que lo recibe y
�nicamente a la orden de la entidad financiera receptora, cuando sea del caso,
o cualquier otro medio de pago como transferencias electr�nicas o abonos en
cuenta, bajo su responsabilidad, a trav�s de canales presenciales y/o electr�nicos.
Par�grafo. En el caso de las personas
naturales sujetas a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente
al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX que generen
ingresos en o desde el exterior, el pago de la obligaci�n se har� conforme lo
dispuesto en el presente art�culo, a trav�s de los mecanismos inform�ticos definidos
por el ICETEX.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.10. Sanci�n. El retenedor
que no cumpla con la obligaci�n de retener y pagar al ICETEX los valores
correspondientes incurrir� en una sanci�n correspondiente al diez por ciento
(10%) de los valores no retenidos. La imposici�n de la sanci�n por el ICETEX est�
sujeta al procedimiento previsto en los art�culos 47 y siguientes del C�digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.11. Cobro de la sanci�n. El
cobro al retenedor de las sanciones en firme y ejecutoriadas impuestas por el
ICETEX, est� sujeto al procedimiento previsto en los art�culos 98 y siguientes
del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.12. Intercambio de informaci�n. La Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN y el ICETEX suscribir�n un convenio por medio del cual se
establezcan los requisitos formales para la solicitud y entrega de la informaci�n
del sistema de facturaci�n electr�nica respecto de quienes hayan accedido voluntariamente
al mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX. En todo caso, el ICETEX deber� garantizar la confidencialidad y
protecci�n de los datos personales incluidos en la informaci�n entregada por la
Unidad Administrativa Especial Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN y s�lo podr� utilizarla para los efectos establecidos en el art�culo 117
de la Ley 2159 de 2021, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.13. Control del
mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das
con el ICETEX.
El ICETEX ser� el encargado de realizar el control del mecanismo de pago
contingente al ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX. Como
parte del control, el ICETEX deber� reportar al beneficiario y al retenedor que
corresponda, las novedades que se presenten con la obligaci�n, incluyendo que
se ha realizado el pago total de esta.
(Adicionado por
art�culo 1, Decreto
1009 de 2022)
Art�culo 2.18.3.1.14. Env�o de
informaci�n anualmente al ICETEX. �Los retenedores remitir�n al ICETEX, a m�s tardar e!�
treinta y uno (31) de enero de cada a�o, la relaci�n de las personas naturales
sujetas a la deducci�n y retenci�n como mecanismo de pago contingente al
ingreso para nuevas obligaciones contra�das con el ICETEX a quienes hayan
efectuado retenciones por este concepto.
Dicha
relaci�n deber� contener lo siguiente:
