El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de expedir un nuevo decreto de Emergencia Económica y Social por 8 billones de pesos para enfrentar los efectos devastadores de las lluvias e inundaciones en el Caribe colombiano y en otros departamentos, como Antioquia, Cauca y Nariño. Este monto se destinaría a la atención de damnificados, reconstrucción de infraestructura, ayudas sociales y recuperación productiva.

La medida se analizó en el Consejo de ministros realizado enel Centro de Convenciones de Montería (Córdoba), en la mañana del 10 de febrero, y aunque el decreto anterior fue suspendido de manera transitoria por la Corte Constitucional, el Gobierno insiste en volver a declararlo si no se levanta esa suspensión para poder movilizar recursos adicionales a través de un impuesto al patrimonio que, con un criterio progresivo, recaería en 15.000 empresas.

“Se hace necesaria una medida de emergencia económica con la cual el Gobierno pueda acceder a recursos complementarios económicos para enfrentar estos hechos”, afirmó el ministro Ávila.

Las lluvias han provocado inundaciones graves, especialmente en Córdoba, Sucre y Bolívar, pero son 22 los departamentos afectados por el fenómeno climático, según cifras oficiales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y autoridades locales han reportado decenas de miles de familias afectadas, daños materiales extensos y enormes retos para la atención humanitaria, sumado a la necesidad de reubicación y atención preventiva.

Según el gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara, las comunidades afectadas esperan soluciones concretas tanto para la atención inmediata como para la construcción del plan de reactivación que reclaman más de 50.000 familias que lo han perdido todo. El 80% del departamento está inundado.

El ministro de Hacienda afirmó que el Gobierno no puede ser indiferente a la crisis climática actual y debe buscar losmecanismos legales que le permitan conseguir los recursos suficientes para responder a la emergencia brindando atención a las poblaciones afectadas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la declaratoria de emergencia económica permitiría disponer de los mecanismos de financiación excepcionales para atender la calamidad.

Dicho decreto de emergencia económica y social se fundamenta en que los hechos climáticos son “sobrevinientes e impredecibles”, lo que justificaría legalmente este tipo de medidas extraordinarias para movilizar recursos fiscales fuera del marco presupuestario ordinario. Se trata de una emergencia que exige respuestas inmediatas.

Por ello, el gobierno busca que se revoque la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 a más tardar el día de hoy (11 de febrero de 2026) o, de lo contrario, se tendría que expedir una nueva declaratoria. El objetivo es contar de inmediato con el presupuesto necesario para atender la emergencia, facilitar la contratación directa, compras de urgencia y transferencias a municipios y departamentos, sin las barreras burocráticas que, en contextos de desastre, se traducen en demoras injustificables, mayores pérdidas y sufrimiento evitable para miles de familias afectadas.

Por ahora, se está haciendo entrega de insumos básicos de ayuda humanitaria, como alimentos, kits de aseo, colchonetas, vestuario y medicamentos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las zonas inundadas, especialmente en Córdoba. Además, la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, está transportando toneladas de ayuda humanitaria a poblaciones aisladas, principalmente en el litoral Pacífico (Cauca y Nariño).