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¿Qué es una operación de crédito público?

Conforme al Decreto 2681 de 1993 son operaciones de crédito público, los actos o contratos que tienen por objeto dotar a una entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.

Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.

Para efectos de lo dispuesto en el Decreto 2681 de 1993, las operaciones de crédito público pueden ser internas o externas. Son operaciones de crédito público internas las que, de conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito público externas todas las demás. Se consideran como residentes los definidos en el artículo 2º del Decreto 1735 de 1993 y las demás normas que lo complementen o modifiquen.

¿Cuáles son los actos asimilados a operaciones de crédito público?

Los actos o contratos análogos a las operaciones de crédito público, mediante los cuales se contraigan obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de crédito público.

Dentro de los actos o contratos asimilados a las operaciones de crédito público se encuentran los créditos documentarios, cuando el banco emisor de la carta de crédito otorgue un plazo para cubrir el valor de su utilización, y la novación o modificación de obligaciones, cuando la nueva obligación implique el otorgamiento de un plazo para el pago.

A las operaciones de crédito público asimiladas con plazo superior a un año, les serán aplicables las disposiciones relativas a las operaciones de crédito público, según se trate de operaciones internas o externas y la entidad estatal que las celebre. En consecuencia, las operaciones de crédito público asimiladas con plazo igual o inferior a un año, están autorizadas por vía general y no requerirán los conceptos mencionados en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

 

¿Cuáles son los créditos de corto plazo?

El Artículo 15 de Decreto 2681 de 1993 establece que los crédito de corto plazo son los empréstitos que celebren las entidades estatales con plazo igual o inferior a un año. También indica que esto pueden ser transitorios o de tesorería.

Transitorios : los que van a ser pagados con créditos de plazo mayor a un año, respecto de los cuales exista oferta en firme del negocio.

De Tesorería : los que deben ser pagados con recursos diferentes del crédito

Este artículo también estable que la celebración de créditos de corto plazo de entidades estatales diferentes de la Nación , con excepción de los créditos internos de corto plazo de las entidades territoriales y sus descentralizadas, requerirá autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En los créditos de tesorería, la autorización se podrá solicitar para toda una vigencia fiscal o para créditos determinados. Las cuantías de los créditos o los saldos adeudados, no pueden sobrepasar en conjunto el diez por ciento (10%) de los ingresos corrientes de la entidad, sin incluir los recursos de capital, de la correspondiente vigencia fiscal.

El artículo, además, indica que cuando se trate de financiar proyectos de interés social o de inversión en sectores prioritarios o se presente urgencia evidente en obtener dicha financiación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar porcentajes superiores al mencionado, si cuenta con el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.

También advierte que los créditos de tesorería no se pueden convertir en fuente para financiar adiciones en el presupuesto de gastos.

Finalmente, el artículo mencionado tiene concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, respecto a que los créditos de tesorería que contrate la Nación están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí mencionados.

 

¿Para la celebración de créditos de tesorería se requiere autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cuál es el monto máximo que se podrá contratar en cada vigencia?

De conformidad con el Artículo 15 del Decreto 2681 de 1993, las Entidades Estatales del Orden Nacional, Entidades Estatales con participación de la Nación superior al 50% e inferior al 90% de su capital social, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Universidades, la Comisión Nacional de Televisión, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios Oficiales y Mixtas, requieren autorización para la celebración de Créditos de Tesorería internos.

Las entidades territoriales y sus descentralizadas no requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para créditos de tesorería internos

Todas las entidades públicas independientemente de su naturaleza requieren de autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para créditos de tesorería externos.

El monto máximo que se puede autorizar y contratar en una vigencia fiscal no podrá sobrepasar en conjunto el 10% de los ingresos corrientes de la respectiva entidad para la correspondiente vigencia fiscal.

Para las entidades territoriales de conformidad con el artículo 15 de la Ley 819 de 2003 sus créditos de tesorería no podrán exceder la doceava parte de lo ingresos corrientes del año fiscal y deben ser pagados antes del 20 de diciembre de la misma vigencia en que se contratan.

Los créditos de tesorería no podrán convertirse en fuente de financiar adiciones en el presupuesto de gastos”.

 

¿Es necesario registrar lo créditos de tesorería en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público?

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 533 de 1999, los créditos de tesorería no requieren registro en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

 

¿La cancelación de un crédito de tesorería, libera un cupo asignado?

Los créditos de tesorería internos y/o externos no son rotativos, por lo que las autorizaciones otorgadas se entienden utilizadas en el momento en que se contrate el crédito y no podrán exceder el 10% de los ingresos corrientes presupuestados por la entidad para esa vigencia. Excepto los de las entidades territoriales, los cuales no pueden exceder la doceava parte de los ingresos corrientes de la misma, para dicha vigencia fiscal.

 

¿El leasing financiero se consideran operaciones asimiladas a una operación de Crédito Público?

Para poder enmarcar el contrato de leasing financiero como asimilado a una operación de crédito público , se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 2° del Decreto 913 de 1993, según el cual se entiende por operación de arrendamiento financiero “la entrega de título de arrendamiento de bienes adquiridos para tal efecto, financiando su uso y su goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo la opción de compra .

En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad de la compañía arrendadora, derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendamiento ejerza la opción de compra. Así mismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de duración del contrato, generando la respectiva utilidad.

El contrato de leasing financiero se considera como contrato asimilado a las operaciones de crédito público, por surgir del mismo, obligaciones con plazo para su pago (Arts. 3° Y 4°. Del Decreto 2681 de 1993), aspecto que se materializa en el pago de cánones que recibirá la compañía de leasing de parte del usuario por el uso y goce del bien durante un plazo determinado (Art. 2o del Decreto 913 de 1993).

“Las operaciones de leasing se deben considerar asimiladas a operaciones de crédito público siempre que en su celebración se den las siguientes condiciones:”

  • Intervenga como contratante una entidad estatal de las definidas en el artículo 2, numeral 1 de la ley 80 de 1993”
  • Que para efectos del contrato de leasing éste se enmarque dentro de los postulados generales consagrados en el artículo 2 del decreto 913 de 1003, como es el financiar el uso y goce de lo bienes entregados a título de arrendamiento a cambio del pago de cánones durante un plazo determinado, y con una opción de compra sobre dicho bien, al final de dicho periodo (condición suspensiva) si es así la voluntad del usuario.
  • Que dentro del objeto principal de dicho contrato se contraigan obligaciones por parte de la entidad estatal con plazo para su pago”.

Por otra parte el contrato de leasing financiero inmobiliario se considera una operación asimilada a una operación de crédito público, sólo en el evento en que se entregue a título de arrendamiento los bienes adquiridos, financiando su uso y su goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo la opción de compra.

 

¿Qué deben tener en cuenta las entidades territoriales para la celebración de operaciones de leasing financiero?

Por sus características financieras las operaciones de leasing financiero son asimiladas a una operación de crédito público, debiendo registrarse obligatoriamente como deuda. En consecuencia, las contrataciones vía leasing deben ser aprobadas por los organismos de control político (Asambleas y Concejos), y están sujetas a las regulaciones que rigen la contratación de deuda territorial.

En este orden de ideas, la realización de este tipo de operaciones afecta la capacidad de pago y por tanto su realización requiere que los bienes adquiridos por esta modalidad y los costos futuros de mantenimiento y/o administración, no excedan la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales.

Al respecto es preciso aclarar que si bien una operación de crédito público no requiere licitación ni tampoco el compromiso de vigencias futuras, cuando el objeto del gasto sectorial, por ejemplo la adquisición de maquinaria, por su cuantía excede los montos mínimos establecidos en la ley 80 de 1993 su contratación debe ser objeto de licitación. Igualmente, y siguiendo el ejemplo, cuando la adquisición de dicha maquinaria afecta el presupuesto de gastos de inversión por más de una vigencia de este tipo de gasto exige la autorización de vigencias futuras.

 

¿Cuando una entidad territorial requiere autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contratar un crédito interno?

Una Entidad Territorial debe venir a autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando se encuentra en instancia de endeudamiento crítico, es decir sus indicadores de Ley 358 de 1997, indicador de solvencia (intereses / ahorro operacional) supera el 40% o el de sostenibilidad (saldo de la deuda/ingreso corrientes) supera el 80%. Para estos casos la Entidad Territorial deberá cumplir con los requisitos y formalidades previstas en la Ley 358 de 1997 y Decreto de 696 de 1998.

Así mismo cuando una Entidad Territorial no esté cumpliendo con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 y el cumplimiento de la Ley 819 de 2003, requerirán autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la suscripción de un Plan de Desempeño en los términos establecidos en la Ley 358 de 1997 y sus disposiciones complementarias.

¿Cuando una entidad descentralizada de orden territorial va a contratar un crédito público interno debe contar con la calificación sobre su capacidad de pago expedida por una sociedad calificadora de riesgo?

De conformidad con la Ley 358 de 1997, todas las entidades descentralizadas del orden territorial para contratar operaciones de crédito público con plazo superior a un año requieren la calificación de capacidad de pago de que trata el Decreto 610 de 2002.

 

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